Cámara de Diputados - Derechos Humanos - 11 de junio de 2025

Gracias. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 107 queda a disposición de la Comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta, muy buenas tardes, estimadas diputadas.

Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos, a todas. Secretario, tengo aquí una solicitud del alcalde que invitamos la semana pasada y me dice que está por Zoom, y yo le dije que cuando iniciáramos la sesión se lo iban a hacer. Bien, entonces, el acta de la sesión 97 será por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 queda a disposición de la Comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. La Comisión recibió los siguientes documentos: Una nota del activista defensor de los derechos humanos, señor Claudio Enríquez, quien remite un informe sobre contaminación ambiental y vulneración de derechos humanos en San Bernardo. En él señala brevemente que se enfrenta a una grave crisis ambiental por vertederos, industrias y residuos tóxicos, que han causado enfermedades respiratorias, cáncer y vulneración de derechos humanos. El informe propone acciones urgentes, fiscalización y educación ambiental con enfoque en derechos, destacando el proyecto comunitario "Vivir Limpio, Vivir Digno". Asimismo, se recibió un oficio en respuesta a uno de los requerimientos de esta Comisión, de parte del Cementerio General de Recoleta, en el que se informa sobre un acto de vandalismo ocurrido el 12 de mayo de 2025. En dicho acto, don Diego Sotomontero realizó acrobacias en patineta sobre el mausoleo del expresidente Salvador Allende, causando rayaduras en el mármol. Se valoraron los daños en 52.500 pesos, se realizaron denuncias a la PDI y a la Fiscalía Centro Norte, y la Municipalidad de Recoleta presentó también una querella por ultraje de su cultura, daño a monumentos y otras infracciones legales. Esas son las acciones que se habrían ejecutado con ocasión a este acto. También se recibió, de manera presencial, una nota de Diego Vivanco del Valle, estudiante autista de la Universidad de San Sebastián, en la que solicita formalmente la aplicación de ajustes razonables, la reprogramación de prácticas y estimulaciones. Denuncia discriminación, falta de respuestas claras y retraso en la implementación de apoyos comprometidos a pesar de cumplir con los conductos regulares. La Fundación Doctora Vicena respalda su caso y advierte sobre vulneraciones similares en otras universidades, pidiendo intervención urgente de las autoridades para evitar nuevas situaciones de exclusión y daño psicosocial. Por otro lado, el rector de la Universidad de San Sebastián, don Hugo Lavado, respondió a la Fundación Doctora Vicena respecto al caso del estudiante, afirmando que la universidad ha actuado conforme a la normativa y se niega a responder a terceros no vinculados directamente. Finalmente, se recibió una nota de la bancada de Renovación Nacional y del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario Independientes, mediante la cual se informa que en la comisión de hoy la diputada Gloria Navellán será reemplazada por el diputado Hugo Rey, quien ya está presente en sala. También se recibió un pareo de los diputados señores Hernán Palma y Cristóbal Urriti Oechea. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Palma tiene la palabra. Sí, presidenta. Solo refrendo algo que se leyó en la cuenta, que no es menor, y que lo venimos advirtiendo varios parlamentarios y parlamentarias.

Hace mucho tiempo ya, que existe el acoso académico en contextos de nivel superior, lo que ha derivado en suicidios. De hecho, en la quinta región se han registrado varios suicidios de estudiantes de carreras de la salud. El último ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un residente de medicina se suicidó en la Universidad Valparaíso, San Antonio. Asimismo, sucedió en la Universidad André Bello, hace unos meses, con un estudiante de Derecho; y en el Sur, con una chica que estudiaba Tecnología Médica. Es un tema de alto impacto. En algún momento propusimos la creación de una comisión investigadora, pero no se concretó por otras prioridades. Sin embargo, considero menester, Presidenta, que, por su intermedio, esta comisión recabe el acuerdo necesario para que la Superintendencia de Educación u otro organismo competente se pronuncie y fiscalice, ya que, aunque se ha argumentado que muchas universidades son autónomas, al igual que las corporaciones municipales, funcionan con recursos públicos, lo que genera una contradicción. A propósito de esto, Secretario, ¿a quién podríamos oficiar para dar curso a lo que menciona el diputado Palma respecto a estos casos que se están produciendo en distintas universidades y que incluso se han abordado en algunos proyectos en sala? Recuerdo que en la Comisión de Educación se trabajó un proyecto al respecto, en el que participó, por ejemplo, la diputada Schneider. No obstante, me parece importante que oficiemos al diputado que propone a la Superintendencia de Educación y, quizás, evaluemos la participación de algún otro organismo que pueda ser útil. ¿Me permite agregar algo, Presidenta? No es un tema menor. En el hospital donde se dio la génesis de la ley Karin, en el que falleció Karin Salgado, hace apenas dos semanas se registraron denuncias de varios estudiantes de nutrición, de kinesiología y de otras carreras de la salud, quienes continúan siendo acosados, mientras ella era una profesional de la salud. Parece, pues, que la situación es un tiro al vacío, sin respuesta. Por ello, propongo que oficiemos en este sentido, y además tengo entendido que se están presentando algunas iniciativas para perfeccionar esta ley. ¿Habría acuerdo para esto? Sobre otros puntos, diputado Palma, y considerando el poco tiempo disponible, solicito por su intermedio recabar el acuerdo de esta comisión para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a una materia que considero pertinente, tanto a mi juicio como al de varios otros parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil preocupados por temas medioambientales. El Estado chileno podría estar incurriendo en la desprotección de los ciudadanos producto de la famosa ley de permisología. Recordemos que la Constitución Política de la República establece la obligación de proteger la vida, la salud y el ambiente libre de contaminación de las personas. Por lo tanto, podrían estar vulnerándose derechos fundamentales, tanto de las personas como de las futuras generaciones, debido a la falta de sostenibilidad en el tiempo que ofrece esta ley, la cual debilita la exigencia frente a los mecanismos de evaluación de impacto ambiental preexistentes. Además, existen convenciones internacionales de derechos humanos, suscritas por nuestro país, que obligan al Estado chileno—quien ha refrendado dichas convenciones—a prevenir daños a la población mediante mecanismos de regulación y supervisión. Tanto el Tribunal Constitucional como la Ilustrísima Corte Suprema han manifestado que el Estado no puede abstenerse de asumir su rol fiscalizador en estas materias y en otras relacionadas. Se estarían vulnerando, pues, principios constitucionales clave, como los de prevención, precaución, no regresión y el rol indelegable del Estado frente a estas materias. Por ello, solicito que se recabe el acuerdo para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de que se pronuncie específicamente sobre el impacto en derechos humanos—considerando el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente libre de contaminantes—que el proyecto de permisología podría estar afectando negativamente. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Palma. Diputado Lavella, a continuación, diputado...

Muchas gracias, Presidenta, saludo a todos los que están acá en la sala. Hemos recibido, junto a todos los parlamentarios, un libro titulado Informe Anual 2024: Situación de los Derechos Humanos en Chile. Es un libro que se muestra bastante contundente en materia; si bien aún no he tenido la oportunidad de ojearlo, pronto lo haré. La pregunta es si podemos oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nos explique o nos indique cuántos ejemplares se produjeron, dónde se distribuyeron, cuánto costaron y, además, por qué, mientras la ley lo permite, no se hicieron versiones digitales para cuidar los árboles, considerando la preocupación medioambiental manifestada por el diputado que me antecedió. Dado que existen numerosos arbolitos que se están muriendo, sería importante conocer por qué no se ha optado por digitalizar este contenido, sobre todo considerando que a cada parlamentario se le asigna un dispositivo, pudiendo utilizar un computador o una tablet para contribuir a la modernización del sistema y de las distintas entidades de gobierno –o financiadas por la planta de los chinos–. En ese sentido, considero que este oficio es importante para esclarecer la materia que he planteado al Instituto Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que el diputado Labé me sacó las palabras de la boca. Quisiera, además, aclarar que la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos no aplica en materia de gasto. Por otro lado, siguiendo la información de orden general que se ha transmitido, es pertinente señalar, en coordinación con la Presidenta, que el informe es anual y no resulta adecuado hablar de lo sucedido durante la revuelta popular, pues esos hechos ocurrieron hace ya varios años. Se trata, en efecto, del análisis de lo que acontece anualmente en relación a los derechos humanos. Quizás se pretendan incorporar otros temas, pero no corresponde referirse a hechos de 2019 en el contexto del presente año. Sí, mire, Presidenta, puedo estar de acuerdo con lo expuesto, pero en el capítulo 1, específicamente en la sección que comprende desde la página 17 hasta la 66, se aborda la temática de la violación masiva y sistemática ocurrida entre 1973 y 1990, así como el desplazamiento, la movilidad y el traslado forzoso de internos. Este libro se concentra en hechos de hace 50 años y, por ello, no puede extenderse a temas actuales como los derechos de los carabineros –quienes fueron maltratados por el lumpen–, ni abordar la situación de iglesias y negocios saqueados o quemados por ese mismo grupo, así como tampoco los derechos de todos los chilenos a desplazarse libre y sistemáticamente por donde deseen. Esto deja en evidencia que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta un sesgo y un favoritismo hacia ciertos temas, dejando otros de lado y evidenciando una memoria selectiva. Para finalizar, es importante recordar que estos temas se abordan en el ámbito internacional debido a la violación sistemática de derechos humanos y a la responsabilidad del Estado, que difiere de la de los particulares. Así mismo, resulta fundamental reconocer los logros de la comunidad internacional, actualmente tan fragilizada en lugares como Palestina, en relación con las obligaciones de los Estados. Por ello, aunque a algunos no les agrade rememorar episodios de dictaduras civil y militar –donde hubo torturadores y asesinos–, estos hechos siempre saldrán a la luz al tratarse de crímenes de lesa humanidad; y, en ese sentido, compartir un poco de conocimiento resulta beneficioso. Por último, quisiera aclarar que, conforme a lo conversado con el secretario y en el marco de las intervenciones efectuadas, ello corresponde a una obligación que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos según la ley. En efecto, el artículo tercero de dicha ley establece que se debe elaborar este informe anual y presentarlo al Presidente de la República, al Congreso y a diversas instancias.

Más, pero no voy a leer toda la norma, ¿cierto? Por lo tanto, creo yo, sin perjuicio, que podemos hacer el oficio. Yo no tengo ningún problema en que hagamos un oficio y preguntemos. Creo que eso está bien, pero para efectos de aclarar, a mí particularmente no me llegó el libro, pero responde justamente a aquello. Así que oficiamos a lo que había pedido el diputado Lave. Ya se acordó el oficio, diputado Kays. Muchas gracias. Solamente para aclarar y recordar que nosotros solicitamos un informe a la Biblioteca del Congreso y ese informe dejó claramente establecido que no son solamente los Estados los que pueden violar los derechos humanos; lo pueden hacer también organizaciones civiles o paraestatales. Y en ese sentido, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en ocasiones anteriores, se había referido a la violación de derechos humanos, por ejemplo, por omisión por parte del Estado, pero también por grupos violentos. Este año no lo hace. Eso es para dejar claro que aquí no solamente pueden violar los derechos humanos los Estados; también lo pueden hacer organizaciones, algunas de las cuales se disfrazan como civiles, pero reciben plata, por ejemplo, de gobiernos extranjeros. Muchas gracias. Bien. Si no hay más puntos varios, procederemos al objeto de esta comisión. ¿O usted también tenía, diputado? ¿No? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están acordados? Lo vamos a dejar acá en la comisión, como documento de la comisión, para que todos puedan tener el informe anual del año 2024. Bien, entonces vamos a proceder a pasar al objeto de esta sesión, que es tratar la siguiente tabla. Primero, proceder a la votación de quien cumpla con los requisitos legales para el cargo de Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en la letra C del inciso primero del artículo 6 de la Ley N° 20.405. En este caso, y tal cual se solicitó en la sesión anterior, lo leímos en la cuenta a través de un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También recuerdo que lo acordamos, a propósito de ese mismo oficio, para esta semana poder votarlo y recordar que, en este caso, porque ya estuvieron aquí presentes, los postulantes son la abogada Rose Marie Bornard Jarpa y el señor Cristián Pertuzé Fariña, quienes ya han sido entrevistados por esta comisión para dicho objeto. Así que, secretario: son dos votaciones. La primera es que la comisión manifieste su voluntad respecto a si ambos candidatos cumplen o no con los requisitos genéricos que establece la ley. Ese es el primer acuerdo. ¿Habría unanimidad para que ambos candidatos cumplan los requisitos? Acordado, Presidenta, toque la campanita. Muy bien. La segunda es que se solicita a la comisión que, dentro de estos dos candidatos que cumplen con los requisitos, proponga y recomiende a la sala cuál de ellos. No es vinculante; los dos nombres irán a la sala y la sala definitiva determinará cuál de ellos queda, pudiendo acoger o no la propuesta de la comisión. Es como los informes que hacemos en los proyectos de ley; no puedo hacerlo preguntándole a cada uno por el nombre, los voy anotando, hago el recuento y la mayoría se propone. ¿Están de acuerdo? Don Roberto Celedón, ¿cuál candidato le da su venia? Muy bien. Don Johannes Kaiser, el candidato a su propuesta; don Tomás Lago Marcino; don Daniel Lilayú; don Hugo Rey; doña Jimena Sandón; don Hernán Palma; doña Lorena Pizarro; don Cristóbal Nostra.

Don Roberto Celedón, ahora sí. Puede argumentar su voto, diputado. Ahí prende el micrófono. Gracias. Bueno, mi primera sesión en esta comisión fue escuchar. Como les señalé, me senté al lado sin saber quién era Cristian Pertusé. Yo soy amigo de Rose Marie Bornard Jarpa, tengo un profundo aprecio por ella y una gran valoración de todo lo que hizo. Me impresionó enormemente, de manera positiva, el señor Cristian Pertusé, a quien en un principio tenía una percepción desfavorable, y a quien le señalé que, si tenía que votar, debía hacerlo por Romo. Pero, considerando mi relación de amistad con Rose Marie, que expresé en privado al otro candidato, me convenció aún más su aporte cuando supe que era miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Por respeto a la amistad, votaré en consecuencia. Muy bien, abstención entonces. Y finalmente, don Tomás Loco Marcino. Muchas gracias, secretario. Yo también quisiera argumentar mi voto. Hoy día tenemos dos postulantes, pero esto no se trata solamente de una votación individual, sino de una votación articulada respecto al conjunto de los dos integrantes que son nombrados desde la Cámara de Diputadas y Diputados. En la ocasión anterior voté por Paula Salvo, quien tuvo un voto adicional para ser recomendada a la sala, y en ésta se llegó a un acuerdo en el cual hubo 99 votos a favor del nombramiento, en un acuerdo que busca mantener una institución como el INDH con pluralismo y autonomía, y que cada día se fortalezca en legitimidad. En ese sentido, hoy contamos dentro de la correlación de fuerzas del INDH con siete integrantes de una sensibilidad más de izquierda o centroizquierda y cuatro integrantes de una sensibilidad más de derecha o centro derecha; por lo que ya existe una correlación de fuerzas mayor hacia un sector que hacia el otro. Hemos visto, en la historia reciente, que cuando la izquierda tuvo mayoría en la Convención Constitucional, sus propuestas se implementaron, y cuando la derecha tuvo mayoría en el Consejo Constitucional, también sucedió. Generalmente, cuando un sector político tiene mayor preponderancia en un organismo colegiado, esto ocurre. Por ello, es bueno para la democracia que los organismos cuenten con diversidad de distintos colores políticos y, para evitar seguir desequilibrándolos, hoy, así como voté en su momento por Paula Salvo, voto por Cristian Pertusé, esperando que su elección sea ratificada en sala para mantener un cierto equilibrio. Muchas gracias, secretario. Muy bien, gracias, señora presidenta. Abstención. Abstención. Seis votos por don Cristian Pertusé, un voto por Rose Marie Bornard y dos abstenciones. La comisión dará su venia, sin perjuicio de lo que defina la sala, a don Cristian Pertusé. Bien, entonces, ¿sí?

Diputado Kaiser, diga. Sí, representante, porque la vez pasada quedamos –o quedó– el secretario de consultar al secretario general respecto del proyecto de ley sobre el tema, y no hemos recibido respuesta. Cuando uno no recibe respuesta, parte de la premisa de que ya se está dando alguna, lo que significa que el señor secretario general no se quiere meter en este tema. Ahora, también es cierto, señora presidenta, que en algún momento el secretario –o la mesa– dio su opinión, y en ese sentido se podía tramitar, por lo que estaríamos en hora de votar. Secretario, ¿tiene alguna novedad respecto a esto? ¿Salió efectivamente el oficio la semana pasada? No, el oficio sí, pero no ha salido la respuesta. Tengo entendido que la respuesta viene y está encomendada a un funcionario específico de la Presidencia para su redacción. Más nada puedo decir. Muchas gracias, diputado. Solicito que, en el caso de que no llegue hasta la próxima sesión –porque ya no hemos estirado suficiente este chicle– procedamos simplemente a votar. Terminamos, entonces, el primer punto y ahora nos corresponde recibir al alcalde de Juan Fernández, don Pablo Manríquez, quien se encuentra conectado en este momento por Zoom. Anduvo por aquí la semana pasada en el Parlamento, pero lamentablemente no pudimos coincidir para conversar directamente. Se encuentra conectado junto a la encargada jurídica del municipio, con el objeto de dar a conocer y ahondar en los fundamentos para solicitar el retiro del proyecto de ley de pueblo tribal que se presentó en el año 2023; lo anterior, a propósito de que el propio Consejo Municipal de dicha localidad argumenta que dicho proyecto trata materias de iniciativa exclusiva del Presidente y que ya existe un proyecto en etapa preliminar para que las islas Desventuradas pasen a administración de la comuna. Ofrezco la palabra al alcalde, le damos la bienvenida para que pueda hacer uso de ella. Muchas gracias por la posibilidad de abordar este tema tan importante y para que los diputados y diputadas puedan conocer lo que estamos solicitando. Como bien se señala, nosotros mandamos un oficio a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el 10 de abril en el Consejo Municipal de Juan Fernández, donde se argumentó que el proyecto de ley de pueblo tribal presentado en el año 2023 contiene materia de iniciativa exclusiva del Presidente. Por lo tanto, ya estamos trabajando en un proyecto preliminar para incorporar a la administración las islas Desventuradas, para que se entienda. La semana pasada se cumplieron 45 años de la creación de la comuna; originalmente éramos una población de la comuna de Valparaíso, pero cuando se creó la comuna, ésta comprendió el territorio del archipiélago de Juan Fernández, y en esa redacción se olvidó incluir las islas Desventuradas. ¿Por qué? Porque hemos venido realizando actividades económicas y culturales en esas islas desde el año 1901. Nuestros abuelos han ido a pescar allá, y yo mismo conozco las islas Desventuradas. Fue una deuda histórica que, 45 años después, hemos estado tratando de subsanar incorporándolas a nuestra administración. El Consejo Municipal, en pleno, está aprobando esta materia y hemos tenido conversaciones con la alcaldesa de Valparaíso y con los concejales, ya que en algún momento se requerirá su aprobación. Asimismo, hemos estado trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional en estos temas más jurídicos, y nuestra abogada ha estado en contacto con…

Usted trabajó con esa subsecretaría, podría un poquito detallar. Presidenta, para darle la palabra a ella para que pueda ahondar en esta petición, que es retirar este proyecto que existía desde el año 2023 para poder seguir trabajando, dejo a Alejandra Álvarez, que también está conectada. Tiene la palabra, Alejandra. Gracias, señor alcalde. Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados. Muy buenas tardes, señora presidenta. Entonces, con su venia y por su intermedio, vengo a exponer un resumen respecto de lo que acaba de indicar el señor alcalde, en referencia ya sea a retirar o a no poner en tabla la discusión del proyecto de ley que declara o busca que se declare pueblo tribal al pueblo de Juan Fernández. Señora presidenta, lo cierto es que en octubre del año 2023 se ingresó un proyecto de ley que buscaba establecer a Juan Fernández como pueblo tribal. Esto fue mediante el boletín 16.353-17. En ese momento, el primer trámite constitucional declaró su admisibilidad y, el día 12 de octubre del 2023, pasó a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Luego, mediante el oficio 18.901 del 12 de octubre del 2023 y de acuerdo a una indicación que se hizo en ese proyecto de ley que buscaba, además de la declaración de pueblo tribal, incluir un artículo que otorgara reconocimiento legal a la comunidad perteneciente al archipiélago Juan Fernández y Desventuradas, se adicionaban cambios en la administración comunal de la agrupación de islas e islotes conocidos como Islas Desventuradas, pasando de la comuna de Valparaíso a la comuna de Juan Fernández. Lo cierto, señora presidenta y comisión, es que el cambio o la modificación de límites comunales es materia exclusiva de iniciativa del Presidente de la República, así lo señala el artículo 110 de la Constitución Política de la República. Por tanto, este proyecto de ley, incluyendo la solicitud de incorporar o modificar el límite comunal, quedaría fuera de lo que pudiera aprobar o discutir en este proyecto de ley. Tal como mencionaba el señor alcalde, él y yo, siendo parte de la unidad jurídica de la municipalidad, estamos trabajando en un borrador, en un anteproyecto, con la División de Estudios y Políticas Públicas de la Subdere, y específicamente con el Departamento de Estudios y Análisis Territorial, para trabajar en base a la Resolución Exenta 7650 del 2022. La modificación de límites comunales corresponde a ingresar una solicitud administrativa al respectivo departamento, que, tras un proceso de revisión, recabar antecedentes y levantar un informe, eventualmente es presentado a su excelencia, el Presidente de la República, quien podría ingresar dicho proyecto, siendo materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Abro la palabra a los diputados y diputadas para que puedan intervenir. – Diputado Loco Marci: Muchas gracias, Presidente. Primero que todo, saludo al alcalde de Juan Fernández, que justamente es parte de mi distrito. Tengo varias consultas y preguntas, porque este proyecto de ley, al que se refiere el alcalde, está relacionado con una moción parlamentaria presentada por el diputado Jorge Brito —también colega del mismo distrito— y suscrita por varios parlamentarios del distrito, entre ellos el diputado Brito, el diputado Cuello, el diputado Teao, la diputada Camila Roja, el diputado Rementería y quien habla. El diputado Brito nos convenció al indicar que era una cuestión conversada, que había un acuerdo, y por eso, obviamente, nosotros lo suscribimos. Entonces, si lo que el alcalde está requiriendo es retirar la moción, yo retiro de inmediato mi firma al proyecto de ley. Pero, efectivamente, la pregunta es: ¿cómo se gestó esta iniciativa en primer lugar?