Se abre la sesión. No se preocupen.
Señora Secretaria, entonces dará lectura a la cuenta. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos: la diputada señorita Javiera Morales reemplaza a la diputada señora Yael Llamas; y hay un oficio del Senado mediante el cual se comunica que se ha tomado conocimiento del rechazo parcial de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otros cuerpos legales. Además, se ha designado a los senadores miembros de la Comisión de Hacienda y a diputados para integrar la comisión mixta correspondiente, y se recibe la audiencia solicitada por la Red de Universidades Públicas No Estatales (G9).
El presidente recientemente nombrado, el rector don Juan Lluz, de la Universidad Técnica Federico Santa María, respecto al proyecto de ley que estamos ahora viendo en la tabla, solicita esta audiencia para entregar su mirada y sus propuestas.
¿Algo sobre la tabla? ¿Algún punto, varios, o alguien?
Continuamos, entonces, con… Dígame, diputado: solo para aclarar el programa, no sé si la secretaria tiene conocimiento de que el próximo lunes y el siguiente habría sesión especial, entiendo, en la sala; a la vuelta de la distrital, en la primera legislativa, los dos primeros…
Lunes, sí, nos han señalado que hay sala y que no pueden sesionar las comisiones. Lo que todavía no tenemos claro es que, según lo mencionado, regirá la regla general en cuanto a los proyectos de ejecución inmediata y de suma, que reglamentariamente sí se pueden sesionar, salvo que los comités digan algo distinto. ¿Esa sería sesión especial, los dos primeros lunes a la vuelta de la semana distrital? ¿Sería antes de la sesión de las cinco? Sí, en la misma hora que tenemos nosotros. Ah, ya. Diputado Millán.
Sí, yo estuve en comité; formo parte de uno y, de hecho, actualmente hay un comité para tratar otros temas, aunque efectivamente se están abordando las comisiones investigadoras que están en cola. Entonces, le pregunté a Miguel Landero si las sesiones, con esta misma modalidad, se podrían realizar, y creo que iba a suspender todo tipo de sesiones, entre las 3 y las 5 de la tarde, los días lunes, durante los dos próximos lunes: a las 3 en la sala (de 3 a 5) y, a partir de las 5, en la otra.
Frente a eso, considero importante hacer una sesión larga, como lo habíamos propuesto en algún momento, pese a que este jueves varios se oponen por el tema del… bueno, ya lo habíamos propuesto hace varios días, quizás la semana pasada. Propongo que convoquemos una sesión larga para escuchar a todos los que aún faltan, siendo el día jueves 19, ya que después viene el feriado.
En cuanto a la agenda, si el miércoles al terminar a las tres nos queda algún espacio, podríamos trasladar parte de la sesión al jueves, siempre y cuando sea necesario. Sin embargo, hay que considerar que, después de la distrital, vienen los lunes en que se realizarán sesiones especiales; este lunes es uno, lo que implica que perderemos un lunes. Dado que el viernes 20 es feriado, propongo que la reunión se adelante al jueves.
Además, sugiero que, en esa última semana antes de la sesión distrital, se convoque un día paralelo en sala para avanzar, ya que perderemos dos lunes consecutivos (lunes 16 y lunes 30) de la siguiente legislatura.
Veo que, entre 66 invitados, el único que tiene carácter de urgencia suma es usted, ya que ni siquiera el gobierno lo reclama con esa premura. Por ello, le pido que, sin prisa pero sin pausa, avancemos en estos temas, sin permitir que se genere una apuración excesiva, dado que hasta ahora hemos rechazado completamente el proyecto. No obstante, si abrimos la mente y esperamos el informe de la mesa técnica —que está sesionando y nos brindará un mejor marco para resolver—, podremos abordar la otra parte del asunto.
Lo noto demasiado ansioso; se percibe que el gobierno está ansioso. Sí, pero lo que ocurre es que el proyecto tiene suma urgencia. Lo único que les pido es que, dado que cada vez llegan más audiencias y solicitudes —de hecho, usted agregó una ayer y el diputado Donoso puso tres más— escuchemos a todos, pero también debe haber disposición para escucharlos, ya que, citándolos, se observa que no se les presta la atención necesaria.
Entonces, sí, ¿por qué seguimos sumando si no los queremos escuchar? Lo que les pido —y no quieren venir los jueves— es que sesionemos en un solo día; yo creo que vamos a terminar antes, no sé, o después de la Distrital, pero si nos están quitando lunes con sesiones especiales, nos vamos a atrasar aún más. Sesionar en paralelo significa ganar tiempo, porque además hay otros proyectos con urgencia. Hay cuatro proyectos urgentes y uno de listas de espera, que es importante, además del Tratado de Libre Comercio, reclamado por el compañero Sauerbaum, el camarada Sauerbaum —quizá también haya otro Sauerbaum— y otros más. Para avanzar, se los dejo para que lo mediten.
Diputada: Gracias, presidente.
Presidente, yo creo que usted ha sido demasiado flexible y benevolente con la cantidad de invitados que estamos recibiendo sobre este proyecto, que supera los 35. Aprovecho para preguntarle a la secretaria: ¿en cuántos proyectos que se discuten en la Comisión de Hacienda se reciben tantos invitados? Usted ha seguido permitiendo que se agreguen más; recién nos dice que el diputado Donoso añadió tres más y que el diputado Mellado puso uno adicional. Y yo, la verdad, le pido que cambie ese último por otro que se considere menos importante.
Voy a ponerme más pesada en la discusión, ya que creo que este asunto se votará pronto y lo estamos retrasando demasiado. Este proyecto tiene suma urgencia, como ya lo discutió la Comisión de Educación, y estoy de acuerdo en que escuchemos a los invitados. Sin embargo, me parece excesivo que se sigan recibiendo más invitados una vez vencido el plazo establecido. En todas las comisiones de esta Cámara —en Educación, Salud o Constitución, que también son comisiones complejas— se fija una fecha para enviar los invitados y no se admite a ninguno más después de esa fecha.
Entiendo que el diputado mencionó a un exministro; si todos estamos de acuerdo en sumar a alguien más, de acuerdo, pero me parece que seguir sumando indiscriminadamente personas invitadas no es adecuado. Yo pido que se ponga una fecha de votación y que, sí o sí, asignemos sesiones a los lunes y a los jueves, porque, de lo contrario, no alcanzamos a escuchar a toda la gente que se propone. Quiero establecer un límite a la situación: que sumemos el jueves de esta semana y el lunes y jueves de la próxima, ya que, con la gran cantidad de invitados que tenemos, durante junio legislativo solo habremos escuchado invitados para este proyecto en la Comisión de Hacienda, ocupando todas las sesiones de tres semanas en un mes.
Si bien es un proyecto muy importante —el FED y la condonación son temas muy relevantes—, no estoy dispuesta a que pasemos a julio con sesiones sobre el mismo proyecto. Creo que el 30 de junio, el primer día del próximo mes legislativo, deberíamos estar votando este proyecto en general y, esa misma semana, terminar de votarlo en lo particular.
Muy bien, avancemos. Aprecio su derecho a expresar lo que ha dicho y lucharé para que se mantenga ese derecho, pero estoy en contra de la situación actual. Además, para que sepa, el martes se tratará el tema del fraccionamiento pesquero en tabla; ese tema llegará durante toda la mañana, e incluso vamos a dejar fuera los incidentes.
Y el miércoles está reajuste al monto de ingreso mínimo, que también nos va a llevar bastante, que viene pendiente de mixta y otros más que se están colocando. Entonces, tenemos también en sala, como para hacerlo en paralelo, que va a ser difícil, presidente, colocarlo la próxima semana. Por eso yo digo: después de la semana distrital, hagamos un jueves, no tengo problema, pero después de la semana distrital, porque antes va a ser difícil. El jueves 16, eso es lo que estoy proponiendo.
Ya vamos a pasar al objeto de la sesión, que tiene que ver con continuar recibiendo audiencias respecto del proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa, con urgencia calificada de suma. Para ello está invitado el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y en las audiencias la Corporación de Universidades Privadas (CUP), conformada por don Juan Eduardo Vargas, bienvenido don Juan, rector de la Universidad Finis Terrae; Paulina Hidalgo, directora ejecutiva – ¿está Paulina Hidalgo? –; el rector Carlos Isaac Pályi y la vicerrectora Francisca Huber Vio, ambos de la Universidad de Viña del Mar. Está también en segundo lugar don Nicolás Fleet, doctor en Sociología y académico de la Universidad Alberto Hurtado, y don Carlos Saavedra Rubilar, rector de la Universidad de Concepción, quien participa por Zoom. Le damos la bienvenida también al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Pasamos, entonces, a partir con la Corporación de Universidades Privadas. No sé si le avisaron que tenemos diez minutos para los invitados. Tiene la palabra don Juan Eduardo Vargas.
Muchas gracias, presidente, por la posibilidad que se nos da de presentarnos como Corporación de Universidades Privadas y, por supuesto, de aportar en la discusión de este proyecto de ley. Tenemos una presentación y, me imagino, tendré que pedir que vayan pasando las diapositivas. Muy brevemente, voy a tratar de ajustarme al tiempo que usted me ha asignado; eventualmente, puede que me alargue un par de minutos, pero trataré en todo caso de ser puntual.
La Corporación de Universidades Privadas es, como indica su nombre, una agrupación que reúne a diversas universidades privadas, constituyendo un actor relevante en términos del porcentaje de alumnos en matrícula que representa respecto del sistema de educación superior y, especialmente, del subsistema universitario. De hecho, representa universidades que, a su vez, dan cuenta de casi un tercio (un 30%) de la matrícula del subsistema universitario. Tenemos ya una larga historia y son diversas las universidades, todas ellas acreditadas, que forman parte de esta corporación.
A continuación se muestran, de manera resumida, los logos de las instituciones que integran la corporación. Respecto a las características generales de estas universidades, en los gráficos ustedes pueden apreciar lo relevante para estos efectos: las universidades privadas de la CUP representan un porcentaje importante o tienen un número significativo de alumnos que están en gratuidad. ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque, al contrario de lo que comúnmente se piensa, las universidades privadas atienden y albergan a estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos más vulnerables, de medios o medios bajos. De hecho, el porcentaje de gratuidad que ustedes pueden ver en la pantalla es superior al que muestran instituciones como las universidades estatales o incluso las universidades del G9.
Eso creo que es relevante para derribar algunas creencias al respecto.
También, en relación del CAE, que es el instrumento de financiamiento crediticio al que pueden acceder nuestras universidades, evidentemente…
El porcentaje de alumnos que tenemos con CAE es significativamente mayor que el de las universidades del CRUCH, y eso se explica por el hecho de que los alumnos de esas universidades acceden al Fondo Solidario.
Rápidamente, respecto del proyecto del FES, yendo directamente a lo que impacta a los estudiantes: en primer lugar, hay que señalar que este proyecto elimina las ayudas estudiantiles, algo que quizás no se ha expresado con suficiente fuerza. Es decir, lo que este proyecto plantea es que, de aprobarse, existirán solamente dos mecanismos de ayudas estudiantiles: la gratuidad y el FES. Por lo tanto, todas las becas que actualmente existen –dígase, Beca Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio, entre otras–, salvo algunas muy específicas, tenderán a desaparecer. Esto se destaca porque constituye un desmedro respecto del apoyo que se brinda en la actualidad a los estudiantes; se debe dejar constancia de que se eliminan las becas que tienen un componente de ayuda o incentivo al mérito, lo cual va en contra del apoyo que se quiere dar a los estudiantes, y que no se ha relevado lo suficiente.
Adicionalmente, se ha señalado que este sistema de financiamiento implica, en la práctica, un impuesto –lo que se ha denominado impuesto al graduado– o, al menos, constituye un impuesto para un porcentaje relevante de los estudiantes, quienes, una vez egresados, terminarán pagando más de lo que el Estado invierta en ellos. Se estima que cerca de un 40% de los estudiantes financiados mediante el FES terminarán pagando un monto significativamente mayor, dado que deberán abonar, por un plazo de 20 años, el 8% de sus ingresos. Es decir, un alumno que estudia una carrera de cinco años terminará pagando durante 20 años el 8% de su ingreso, lo que, para ese 40% de egresados, implicará aportar más de lo que el Estado invierte en ellos.
Respecto del impacto en las instituciones, conviene resumir que hay una reducción importante de los ingresos. La eliminación del copago –al menos para los deciles 7, 8 y 9– afecta significativamente los ingresos de las universidades, lo que incidirá en la calidad de dichas instituciones y, por extensión, en los propios estudiantes. Asimismo, se restringe el crecimiento de las vacantes de primer año; es decir, la restricción que hoy afecta a las universidades con régimen de gratuidad se extiende a todas aquellas que adscriban a este sistema de financiamiento. En definitiva, si se suman ambas consecuencias, se llega a la triste conclusión de que este proyecto afecta lamentablemente la autonomía de las instituciones, ya que, desde el punto de vista de los ingresos, la dependencia del Estado será prácticamente completa. De igual forma, en cuanto a las vacantes, la dependencia es total, puesto que es el Estado quien define el porcentaje de crecimiento que podrán experimentar. Esto es fundamental de resaltar; no es trivial. Invito, de carácter retórico, a reflexionar en qué ámbito el Estado controla tanto la cantidad como el precio, pues en este caso tanto el P como el Q –en jerga económica– están bajo su control, lo cual sin duda constituye un riesgo para la autonomía.
Respecto a la segregación del sistema, es importante señalarlo, ya que tenemos experiencias recientes y muy cercanas. En el sistema escolar, contamos con un porcentaje que representa, aproximadamente, entre el 8, 9 y el 10% de la matrícula, y que es impartido por colegios particulares pagados. En el caso del sistema de educación superior, y en particular del subsistema universitario, esto no ocurre: todas las universidades, de una u otra forma, permiten que sus estudiantes accedan a los beneficios estudiantiles que otorga el Estado, no todas con gratuidad, evidentemente, pero sí mediante el CAE.
A ese tipo de beneficio. Desde ese punto de vista, consta que las instituciones y, sobre todo, ciertas universidades más elitistas hacen esfuerzos a través de estas ayudas estudiantiles y otras propias para incorporar estudiantes provenientes de segmentos económicos más bajos. Sin embargo, si el FES aprueba tal como está, no constituye ningún misterio que habrá un grupo de universidades que no se adscribirán a él, en razón de las restricciones que acabo de mencionar. Es decir, resultaría demasiado oneroso para ciertas universidades perder un porcentaje relevante de sus ingresos y, asimismo, no poder controlar el crecimiento de sus vacantes. En la práctica, esto producirá un sistema segregado, en el que un grupo pequeño de universidades saldrá del sistema y se volverá aún más elitista.
De nuevo, la pregunta que planteo es: ¿esto es lo que se busca en el sistema de educación superior, que se vuelva menos inclusivo? Por ello, resulta necesario reformar o hacerle cambios al FES si se quiere evitar ese efecto. Si se opta por que esas universidades salgan del sistema, este es el camino, pero no creo que sea lo mejor para la educación superior. Además, una menor cantidad de ingresos implica también un efecto negativo sobre la calidad y la sostenibilidad de las instituciones, lo que, por supuesto, afecta a los estudiantes.
Para ir lo más rápidamente posible, el FES se basa en los aranceles regulados, es decir, en aquellos establecidos por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría en particular, que definen el monto que se transfiere a cada una de las instituciones adscritas al FES. En este sentido, a diferencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), es el arancel regulado y no el arancel de referencia el que determina el monto asignado a cada institución.
Cabe destacar que, en virtud de la regulación de aranceles realizada por la Subsecretaría de Educación Superior —la cual ha culminado o está culminando este año con la regulación de las carreras que corresponden al 60% de la matrícula del subsistema—, se está produciendo una redistribución de las transferencias. Se observa que las universidades tradicionales, tanto las del G9 como las estatales, se beneficiarán con estos nuevos aranceles, registrando incrementos significativos del 9,7% y 8,7% respectivamente; mientras tanto, las universidades privadas de la CUP enfrentarán una disminución del 8,6%.
El cuadro que ustedes pueden apreciar evidencia que tanto las universidades estatales como las del G9 recibirán montos significativamente superiores en transferencias, 41.000 y 33.000 millones de pesos respectivamente, mientras que en el caso de las universidades privadas de la CUP el monto transferido es, casi, el mismo que se asigna a las universidades del G9, es decir, 33.000 millones de pesos.
Para ir cerrando, es importante recapitular el efecto que tiene el FES. Si ya los aranceles regulados evidencian un sesgo y una discriminación hacia las universidades privadas, ello se acentúa a través del FES. De acuerdo a los cálculos realizados por la CUP, serían cerca de 500.000 millones de pesos anuales los que dejaría de percibir el subsistema de educación superior, en particular el universitario, de las universidades privadas. Las cifras son aproximadas debido a la información incompleta disponible, pero el monto menor que recibirán estas instituciones es realmente significativo y, en última instancia, impactará en la calidad de las mismas y en la experiencia de los estudiantes.
Finalmente, para efectos de esta comisión, es importante señalar que, según el informe financiero realizado por la Dirección de Presupuesto respecto del proyecto del FES, se indica que, a contar del segundo año, dicho proyecto es positivo y rentable para el Estado.
Es de una serie de supuestos que se realizan. Pues bien, nosotros venimos a poner en cuestión los supuestos que se han empleado y estamos convencidos de que lo que se muestra como un beneficio en términos económicos para el Estado no lo es tal. Para muestra, solamente algunos pocos botones.
Primero, no se considera el costo de que ciertas universidades grandes se adscriban a la gratuidad. Es decir, el FES, si se aprueba tal cual, va a implicar que ciertas universidades que hoy día no están en gratuidad se traspliquen a gratuidad. Universidades que pueden, que cumplen con los requisitos para hacerlo y que, hoy día, simplemente porque no les interesa mayormente –prefiriendo manejarse de manera más autónoma en virtud de la regulación de vacantes– se van a pasar a gratuidad. O sea, es iluso pensar que un esquema que es mucho más oneroso, como es el del FES, que prohíbe el copago, una universidad persista en mantenerse en él en circunstancias en las que existe la posibilidad de cobrar un copago acotado.
Entonces, eso no ha sido considerado. Además, resulta caro que dos universidades que sumen entre ambas, por lo menos, 100.000 estudiantes, no hayan sido tenidas en cuenta en los cálculos del informe financiero, y eso es importante relevarlo.
En segundo lugar, se asume que los estudiantes que devolverán más de lo que el Estado invierta en ellos van a tomar el FES. Se indica expresamente, utilizando los supuestos asumiendo una tasa de uso observada para el CAE, ¿qué estudiante, pregunto yo, va a querer someterse a un impuesto que le obligue a pagar más de lo que el Estado invierte en él? Esos estudiantes, que presumiblemente se pueden identificar según el lugar donde estudian, probablemente optarían por otro tipo de crédito y se autofinanciarían de una manera distinta. Difícilmente pienso que, a sabiendas de que van a pagar mucho más de lo que el Estado invierte en ellos, se endeuden con el FES.
Y por último, me parece sumamente relevante señalar el tono del texto del informe financiero. Se dice literalmente lo siguiente: se desprende del proyecto de ley que también serán reemplazadas las becas de arancel de la ley de presupuestos. Se desprende, y sin embargo se utiliza para los cálculos, que las becas y ayudas estudiantiles se definen año tras año en la ley de presupuestos. Me gustaría ver si efectivamente esto implicará, en el proyecto de ley, la eliminación de las becas, ya que no aparece de forma explícita.
Por último, llama la atención –y aunque es un detalle menor– que, como parte de los ingresos del proyecto, se establezca que la postergación de la entrada en vigor de la gratuidad universal –o al menos de la gratuidad para ciertos niveles, al referirse a los puntos 7 y 8– se considere como un ingreso. Es un poco paradójico que quienes defendieron la gratuidad universal ahora estén echando de atrás respecto de ella.
Gracias. Con esto voy terminando con las conclusiones, presidente. Simplemente, a modo de conclusión final, indico que el sistema de educación superior chileno es un buen sistema. Es reconocido como tal en el concierto latinoamericano. Ha habido avances significativos; por cierto, falta mucho por hacer, existen problemas y, evidentemente, se debe mejorar en varios ámbitos. Pero, si uno observa la nueva institucionalidad –la existencia de una subsecretaría, de una superintendencia, de un comité de coordinación del SINACE, la existencia de una CNA– se puede afirmar que, en términos de institucionalidad, funciona bien.
Tenemos, en general, buenas instituciones de educación superior. Nuestros egresados tienen buenas tasas de empleabilidad y, en general, una vez insertados en el mercado laboral, obtienen un beneficio significativo en comparación con quienes no pasan por la educación superior. Desde ese punto de vista, parece ser un sistema sano. Además, contamos con universidades de muy alta calidad, una de ellas ubicada entre las 100 mejores del mundo.
Sin embargo, si este proyecto se aprueba tal cual, puede significar un golpe a la línea de flotación del sistema de educación superior, y particularmente del subsistema universitario. Mi pregunta es: si esto funciona razonablemente bien, aun reconociendo que hay que hacer cambios –y que es menester reemplazar el CAE–, ¿es necesario hacer cambios tan drásticos en la manera en la que se financian las instituciones de educación superior? ¿No estaremos haciéndoles un flaco favor? ¿No terminaremos, en 10 años, al igual que con la reforma en la educación escolar, lamentando que lo único que implicó fue un mayor gasto fiscal y un incremento nulo, si no negativo, en la calidad de nuestros establecimientos escolares?
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, quedo disponible para responder cualquier pregunta.
Tenemos una pregunta de los diputados. Tiene la palabra, entonces, don Nicolás Fleet.
Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorables diputadas y diputados. Mi presentación, si se pudiera cargar para poder verla, gracias.
Bueno, yo vengo a título personal, básicamente porque también me parece que estuvimos ahí discutiendo en los diarios y mi intención en esa conversación era tratar de situar la discusión en torno al mecanismo de financiamiento, más allá de conceptos generales, digamos, sobre educación superior. La próxima, por favor.
Entonces, voy a hacer cuatro puntos: en primer lugar, me referiré al CAE; en segundo lugar, al FES; en tercer lugar, a los temas de autonomía que ha mencionado el rector; y, finalmente, al tema de la justicia e injusticia en la distribución. Me parece que se pasó una, ¿no? La próxima, por favor.
Bueno, desde 2006 el CAE ha sido controvertido, porque es un mecanismo muy subóptimo que masifica el endeudamiento a través de los bancos y, al mismo tiempo, impulsa la masificación de la matrícula. Este es un sistema heterogéneo y, al mismo tiempo, muy segmentado, característica que ha acompañado al sistema desde su proceso de masificación. De todas maneras, el CAE ha tenido un efecto transformador al impulsar, como se evidencian los datos, el ingreso de sectores de más bajos recursos, principalmente cuando antes existía la gratuidad; y, negativamente, ha generado un endeudamiento generalizado, que además estuvo asociado a alta conflictividad social. La próxima, por favor.
Actualmente, 1.200.000 –o sea, casi el tamaño del sistema actual– han accedido al CAE, lo que resulta en un efecto no esperado, como se comentaba en esta comisión, en tanto el diseño inicial del instrumento era para otorgar significativamente menos créditos. Inicialmente hubo una tasa de interés del 6%; esto, por efecto del movimiento estudiantil, se redujo al 2% con un subsidio estatal, pero implicaba que los pagos mensuales fueran en torno al 18% de los ingresos durante 15 años. En Reino Unido, por ejemplo, dicho indicador es del 2,9%. Al mismo tiempo, se suma un efecto muy problemático: en relación al FES, y en correlación con el CAE, se incrementó el arancel de referencia en ese mismo contexto, según datos del Banco Mundial, alcanzando un 35% promedio. Es decir, se incrementa el copago sobre el arancel de referencia, generándose una diferencia del 35% promedio entre los aranceles reales y los de referencia, lo cual significa, por supuesto, un sobrecosto adicional al CAE con esas tasas de interés. La próxima, por favor.
Entonces, para el Estado esto ha significado un desembolso y, lo más dramático, es que un tercio de dicho desembolso se destina, sobre todo, a pagos directos a los bancos, es decir, a fines que no tienen nada que ver con la educación superior. De todas maneras, este mecanismo se ha centralizado sobre todo en egresados –principalmente en los primeros quintiles de ingreso, ya sean egresados o desertores– en mayor proporción. Por esta misma razón, hoy en día, entre el 50% y el 60% de los deudores perciben ingresos inferiores a 750 mil pesos, y, sin un tope de pago, se registra una mora del 60,2%. Entonces, uno no sabe por qué se incorporaron los bancos en este mecanismo, pero se argumentó –como se escuchó en su momento, en torno al año 2004 o 2005, cuando se formulaba este proyecto– que era por la capacidad de cobro. Es precisamente esta la razón fundamental, como plantea Lorraine Dirden, quien presentó su argumento en esta comisión: tener participación de bancos con garantía estatal funciona como un incentivo para el cobro. La próxima, por favor.
Entonces, la propuesta de condonación del CAE en este sentido responde a un problema estructural: se dirige a una clase emergente profesional de bajos ingresos, que no contó con recursos propios para solventar su educación superior y que hoy se encuentra significativamente endeudada. Además, otro problema, distinto al de los estudiantes, es que, como mostró recientemente el rector Vargas, el CAE se transforma también en una fuente de ingresos para muchas instituciones del sistema, de manera transversal, en un contexto sin gratuidad masiva.
Instituciones masivas, instituciones de élite, se podría decir, instituciones de élite sin gratuidad, más bien, instituciones universitarias y técnico-profesionales. Entonces, yo creo que es importante situar ese punto, porque finalmente el planteamiento sobre la autonomía muchas veces se hace en esa línea, partiendo de la idea de que existe una dependencia del CAE –que también tiene una participación importante del Estado– lo cual genera el mismo problema de autonomía que se observa en el sistema de financiamiento actual.
La próxima, por favor.
Ahí hay una lámina que muestra cómo las primeras instituciones que tienen mayor proporción de CAE en su matrícula, según fuentes de la Comisión de Ingresos y CIEs. Próxima lámina, por favor.
Bueno, y esto es un problema importante, creo yo, porque el CAE permite el copago sobre el arancel regulado o el arancel de referencia anteriormente. Hasta el 40% en el séptimo, hasta el 60% en el octavo y noveno, y sin límite hasta el noveno. Quiero hacer esta observación porque no es claro, en ese sentido, considerando que los montos de los copagos varían caso a caso, al ser establecidos por bandas. ¿En qué medida la comparación del CAE con respecto al FES no resulte ventajosa para los egresados con ingresos superiores? O, en otras palabras, se trataría de un impuesto, pues con el CAE se paga considerablemente más que con los aranceles regulados, no solo en el monto a pagar en el tiempo, sino también en lo que se abona respecto de los aranceles actuales. Entonces, el financiamiento estudiantil no debe sostenerse en el CAE; y con la gratuidad tampoco se soluciona totalmente el problema, por lo que se requiere un nuevo mecanismo.
La próxima, por favor.
En comparación con el CAE, sin desmerecer los méritos del FES, este último aparece como una innovación híbrida, elaborada en el Estado del Arte y con el respaldo, como se ha visto en las sesiones de esta comisión, de dos de los principales referentes mundiales en materia de financiamiento estudiantil de la educación superior. Es una alternativa mucho más beneficiosa para los estudiantes y para el fisco, sin duda alguna. Para las instituciones de educación superior, lo que plantea el rector es un problema que debe considerarse, especialmente en aquellas de alta dependencia respecto al CAE. Yo creo que el potencial del FES radica en abrir un espacio para distinguir el financiamiento de la docencia –que es el problema de confundir el financiamiento de la educación superior con el de otras funciones, como la investigación y la vinculación con el medio–. El FES se basa en mecanismos de crédito contingente al ingreso, que es el mecanismo más funcional para la recuperación de los montos, y a la vez trasciende la forma de crédito, al incorporar un modelo progresivo, autosustentable y equitativo, con mayores expectativas de recuperación de acuerdo a las modelaciones realizadas. Esta retribución se vincula a la trayectoria laboral de los egresados y, además, incorpora un mecanismo solidario con futuras generaciones.
La próxima, por favor.
Lo que se plantea es que el 8% es el máximo y, en ese sentido, el promedio de repago para los estudiantes bajaría, en promedio, de un 14,34% con el CAE a alrededor del 4% con el FES, lo cual es una diferencia sustantiva. Se indica que, según la modelación de la profesora Dirden y sus colaboradores, Valdés y Ríos, cerca del 60% de los casos resultaría más favorable con el FES que con el CAE. Considero que ese cálculo está subestimado, pues se está considerando, además, el copago adicional al arancel regulado. Por lo tanto, se podría sostener que implicaría un diferencial aún mayor a favor en el 40% restante. Al mismo tiempo, los montos promedios en relación al costo de las carreras son bastante aproximados a los costos reales, tal como se plantea en el estudio del IRDEM, el cual ha sido puesto a disposición de esta comisión.
Próximo, por favor.
Al mismo tiempo, considero que la propuesta es bastante centrada en los estudiantes, pues contempla una amplia cobertura en el sentido de lo que se llama la titulación oportuna, es decir, la posibilidad de demorarse un año más. Además, se establece un financiamiento del 50% para quienes superan ese año adicional, llegando hasta el séptimo año. Yo creo que incluso se podría haber sido más drástico en este sentido, haciendo del instrumento un impulsor para lograr la titulación exacta. Se agregan, asimismo, garantías para cambios de carrera y para la articulación entre técnico-profesional y universitario, así como entre licenciatura y formación pedagógica.
Próximo, por favor.
Entonces, se proyecta una recuperación superior a la del CAE; el informe IPES habla de un ahorro equivalente a un porcentaje del PIB y concluye generando un mecanismo que es complejo.
...con la gratuidad, aunque son focos diferentes. Focos diferentes en la medida en que uno está basado en la gratuidad, en la posición de origen, en la clase social de origen de los estudiantes, mientras que el FES está más bien situado en la clase de destino. Son dos mecanismos, hay un sincretismo interesante ahí. La próxima, por favor.
Bueno, y ahora, sobre los dos puntos controversiales, espero no extenderme mucho, no sé cómo voy con el tiempo, un par de minutos nomás. Entonces, se considera una amenaza a la autonomía... eso se ha planteado, pero se trata de un mecanismo que, además, es generalizado, o sea, que va a cubrir a todas las instituciones que tienen una acreditación y a los estudiantes –quienes, al pertenecer a instituciones con acreditación básica, tienen que cubrir todo el costo de la formación– y, al mismo tiempo, deben funcionar sin poder existir sin regulación: no pueden existir sin regulación de aranceles y vacantes, digamos, en ninguna parte del mundo, para un mecanismo generalizado de este tipo.
Entonces, la distinción entre arancel real y arancel regulado, obviamente, es una práctica complicada y resulta sumamente opaca para generar mecanismos de financiamiento público, y es una cuestión que debe poder resolverse. Especialmente es complicado, digamos, cuando se agrega un copago adicional en los créditos o la contribución FES. La próxima, por favor.
La evidencia comparada es –y acá esto es un misterio, yo creo que es un misterio que no ha sido resuelto, digamos, debidamente por la investigación científica en educación superior– en qué medida Chile tiene los aranceles que se consideran entre los más altos en el contexto de la OECD o del mundo, en poder de variedad de adquisición. Pero, al mismo tiempo, se plantea que hay problemas financieros. Pueden haber varias explicaciones aquí: baja de matrículas, por supuesto; el largo costo y extensión de las carreras, que eso es un problema; pero también uno no puede excluir la ineficiencia administrativa, aunque algunas instituciones ciertamente tienen una alta acumulación de recursos. Además, los aranceles han crecido, en promedio, mucho más allá del IPC, lo que podría sostenerse que va asociado, inclusive, a la introducción de financiamientos estudiantiles públicos. La próxima, por favor.
Entonces, bueno, es difícil establecer un vínculo en cada caso, ¿no?, entre la calidad académica y los incrementos en aranceles, pero sí es cierto que, en instituciones privadas sin aportes basales, es importante considerar que los aranceles financian más allá de la docencia, en la medida en que no hay aportes basales para la investigación. Pero, nuevamente, eso requeriría un análisis caso a caso y una consideración del trabajo académico, es decir, en qué medida, aparte de hacer docencia, se está realizando investigación. Yo creo que el criterio principal no es que se realice investigación en una institución privada, sino que esa investigación efectivamente enriquezca e informe la docencia. La próxima, por favor.
Entonces, yo creo que esto es algo en lo que se debe avanzar para distinguir aportes públicos a la docencia versus la investigación, y el FES creo que puede ser un incentivo en esa dirección. La próxima, por favor.
De todas maneras, quiero decir que, si hay problemas de sustentabilidad asociados, esto podría corregirse, como plantea el profesor Vare, quien apoya este mecanismo: dice que, sin embargo, la estructura está muy bien planteada, pero los parámetros pueden ser ajustados. Pero bueno, la autonomía no debe confundirse con sortear las condiciones fundamentales básicas para un financiamiento público generalizado. Eso es lo que me gustaría plantear.
Y, por último, el sistema chileno reconoce la autonomía y, por lo tanto, el FES, al igual que la gratuidad, es una opción. Una institución que no quiere participar en el FES puede hacerlo, y eso es perfectamente legítimo en un sistema de educación superior, como también ocurre en otros países donde existen sectores diferenciados de carácter puramente privado. No hay ningún problema en ello. La próxima, con esto termino, pero es un poco lo que ya he mencionado sobre la injusticia que puede haber en el único porcentaje –creo que se saltó una, ¿no?–. La anterior, por favor.
La anterior, la mina Alejandra. Sí, que no la tengo acá. Pero lo que quiero decir es que, ahí está. Que, claro, pueden llegar a pagar 1.5 veces más, y para el 1% podría llegar a ser 3.5 veces más, pero ese es el costo del arancel regulado, ¿no? Y falta considerar en ese cálculo el copago; si uno agrega el copago base y el interés asociado al CAE, seguramente esta diferencia con respecto a los estudiantes CAE sería mucho...