Cámara de Diputados - Hacienda - 11 de junio de 2025

Nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Señora secretaria, nos dará la cuenta. El presidente de la sesión ha recibido los siguientes reemplazos: el diputado Jaime Sáez; la diputada César Camila Rojas; la diputada Marta Verabo, quien reemplaza al diputado don Gastón Formiol en Brock; la diputada Emilia Schneider reemplaza a la diputada...; y el diputado Daniel Lilayú, que sustituye al diputado Felipe Donoso, quien igualmente se ha excusado. Además, el director de INACAP, rector don Lucas Palacios, tenía compromisos anteriores y está muy disponible para venir en una próxima sesión, pero se encuentra en un viaje al extranjero que ya tenía programado. Gracias, presidente. Quisiera consultar respecto al proyecto que se vota hoy día en el Senado sobre permisos sectoriales, saber si ese proyecto consultado por la Secretaría necesita ser revisado en una sesión similar a la que tuvimos ayer, a la vuelta del Senado, antes de pasar a la sala de la Cámara. Quisiera saber si eso corresponde reglamentariamente o si es algo que hay que solicitar mediante los comités, una instancia nueva para pronunciarnos respecto a los cambios del Senado. Presidente, no es obligación que pase por lo que sigue en la sala. Sí, depende de cuántas indicaciones y cuál es el compromiso. Es una serie de cosas y el tercer trámite no necesariamente es obligación que pase por la comisión, lo acuerdan los comités.

¿Algún punto variado? Sí, presidente. Hace unos días le solicitamos a la directora de presupuesto que nos mandara un oficio respecto a la ejecución presupuestaria de vivienda. A mí, francamente, me lo hizo llegar por WhatsApp, digamos, pero quería insistir en que me lo mande por oficio, por favor. Muy bien, ¿de acuerdo? Sí. ¿Algún otro punto? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces con el objeto de recibir audiencia respecto del proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para el estudio de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa. Está con urgencia calificada de suma, y están invitados, como en todas las sesiones, el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana. Bienvenido, subsecretario. Para las audiencias, don Osvaldo Corrales Jorquera, presidente del CUECH, rector de la Universidad de Valparaíso, y don Federico Valdés Lafontaine, rector de la Universidad del Desarrollo; bienvenidos. Entonces, tiene la palabra don Osvaldo para que comience su exposición. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los diputados presentes en la sesión y extiendo mi saludo al subsecretario y al rector de la Universidad del Desarrollo. Si podemos compartir la presentación, por favor. Comienzo diciendo que para el Consorcio de Universidades del Estado esta es una discusión extraordinariamente importante. Nosotros tenemos la convicción, y avancemos a la primera lámina y luego a la segunda: el CAE, que es el Crédito con Aval del Estado, es una política pública que cumplió una función en su momento al permitir ampliar efectivamente el número de estudiantes y la cobertura en educación superior. Se trata de una política pública que hoy en día está agotada. Voy a ser muy breve en esto, pues desde su creación, en nuestra opinión, tuvo algunos problemas estructurales en su diseño. Inicialmente, se presentaron condiciones financieras muy gravosas para los estudiantes que accedían a esta política, con tasas de interés superiores al 6%, situación que se corrigió más adelante; también se observaron barreras limitadas de entrada, falta de regulación en aspectos como la rendición de recursos y la fiscalización, y garantías que se volvieron crecientemente onerosas tanto para el Estado como para las instituciones de educación superior. El Estado gastó, entre 2006 y 2023, 7,25 billones de pesos en la compra de cartera vencida, mientras que las instituciones de educación superior, que en parte garantizaban estos créditos, han debido gastar 597 mil millones de pesos en garantías, generando un sistema globalmente afectado por garantías asociadas a la decadencia de la educación superior. Además, se ha detectado que hay bajos incentivos para la recuperación de esos créditos. Avancemos, por favor, a la siguiente lámina. En la actualidad, hemos observado cómo la morosidad del CAE ha ido aumentando. En 2024, según datos de la Comisión Ingresa, la morosidad del CAE alcanzó, entre los egresados que lograron terminar las carreras, casi un 60%, mientras que entre aquellos que no culminaron la formación, esa morosidad alcanza el 83,9%. Según la última cuenta pública de la Comisión Ingresa, la morosidad total es de casi un 65%. Lo anterior, por supuesto, ha incrementado el monto de las obligaciones del Estado por garantía y amenaza al sistema de educación superior con volverse económicamente inviable. En 2024, el monto total de garantías pagadas...

Por el Estado fue una cifra cercana a 11 millones de UF, que es casi un 20% más que lo que se había pagado por esas mismas garantías el año anterior. En particular, para el FISCO, el pago de garantías por incumplimiento de deudores egresados aumentó en un 25% en 2024, también respecto al año anterior. Por lo tanto, para nosotros la superación del CAE como política de financiamiento de la educación superior es algo imprescindible para dar sostenibilidad al sistema y, sobre todo, para garantizar que los recursos del Estado se destinen efectivamente al desarrollo del sistema de educación superior. Nosotros creemos que esta es una discusión que, de no resolverse ahora, se va a tener que abordar de todas maneras en el futuro. Ojalá lo podamos efectivamente resolver ahora, porque cualquier gobierno futuro que venga, esto va a seguir siendo un problema; la cantidad de recursos que se están destinando al pago de garantías es bastante significativa. La siguiente, por favor. Pueden ver ustedes un gráfico de cómo ha aumentado la morosidad del CAE. Si podemos, en el gráfico siguiente vamos a advertir un aumento muy expresivo de la morosidad del CAE. Parece que estamos con alguna dificultad. No hay problema. Sí, la pueden ver ya. Ahí está de nuevo, según la cuenta pública, la comisión ingresa el gráfico con el aumento de la morosidad del CAE separado por tipo de institución. Y en la siguiente puede advertirse también la evolución de saldos según quién es el acreedor; pueden ustedes observar, en esa misma diapositiva, cómo el saldo que está en poder de los bancos ha venido disminuyendo con el tiempo y el saldo que está de cargo del Estado ha venido también aumentando en esa misma proporción. De nuevo, todo esto son datos públicos de la Comisión de Ingresos; son los saldos, según acreedor. En la siguiente figura podrán advertir que, en realidad, esta es una política que, si bien ha hecho crecer la matrícula y el número de beneficiarios, se ubica sobre todo en universidades privadas, no tradicionales. Ahí está el número de beneficiarios nuevos anuales según el CAE; este es un gráfico un poco más antiguo, actualizado hasta el 2021, pero esa es una tendencia que no ha variado muy significativamente en el gráfico siguiente. Entonces, todo este antecedente es simplemente para acreditar y dar cuenta de que, al menos desde el Consorcio de Universidades del Estado, tenemos la convicción de que, más allá de nuestra posición particular respecto de esta discusión, la cuestión del CAE es algo que debe ser abordado por el Estado, porque tiene un riesgo de volverse hoy día insostenible desde el punto de vista financiero. Puede llegar un momento en que el Estado no tenga posibilidades para enfrentar estos compromisos, que además son crecientes, porque, bueno, no hay límites a la capacidad que tiene el sistema de recibir nuevos estudiantes. Además, en las últimas licitaciones, como también es público, solo se ha presentado Banco Estado, lo que indica que tampoco hoy día es atractivo para los bancos presentarse. Bueno, nosotros, en la siguiente lámina, ustedes conocen el proyecto; yo no voy a redundar sobre de qué se trata el proyecto, desde el Consorcio de Universidades del Estado, para ser muy breve. Nosotros vemos algunos efectos positivos para el sistema. En primer lugar, de aprobarse una iniciativa como la que se está planteando del nuevo financiamiento de educación superior, o con las correcciones que se tengan que hacer, un sistema como el propuesto supondría en principio una rebaja en el costo público en el mediano plazo, derivado del ahorro tanto por compra de cartera vencida como por la mayor recuperación que se prevé que este modelo tenga dada la forma de pago. También incorpora una regulación que para nosotros es importante cuando se trata de recursos públicos, por transparencia y de rendición de cuentas respecto de la utilización de esos recursos, algo que yo sé que es polémico y que probablemente va a ser rebatido en esta misma…

Sesión: Desde el Consorcio de Universidades del Estado nosotros no lo vemos como algo negativo, dado el estado en que se encuentra el desarrollo del Sistema de Educación Superior chileno. Se trata de incorporar cierta racionalidad al crecimiento de la matrícula, que, tal como está planteado en el proyecto, es equivalente a la gratuidad, lo cual para nosotros es coherente con el origen fiscal de los recursos, pero también responde a la necesidad de otorgarle orden a la forma en que se desarrolla el sistema. El problema chileno es una discusión que da para una sesión completa, entre temas como el crecimiento de la matrícula en determinadas carreras y los problemas de empleabilidad que se están generando en algunos casos. Nosotros creemos que es necesario incorporar algo de racionalidad en el crecimiento de un sistema de educación que ya posee una cobertura muy amplia. Además, entendemos que el proyecto, tal como está planteado, permite mejorar las posibilidades de cobranza respecto de los deudores del propio Fondo Solidario y Crédito Universitario, al plan de reorganización y condonación de deuda, en tanto que esa cobranza será realizada por la Tesorería General de la República aplicando normas asociadas a la retención de impuestos. También se facilitará la mejor recuperación de los créditos derivados del CAE, así como de los propios créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, que aún se encuentran en cartera de deudores. Ahora, desde el punto de vista de las instituciones —y hablo particularmente de aquellas adscritas a la gratuidad— se corrige un efecto que hemos venido reclamando hace un tiempo relacionado con el diseño de la gratuidad, expresado en el artículo 108, que permite que los estudiantes reciban financiamiento por gratuidad solo durante el período teórico de duración de sus carreras o programas, puesto que el nuevo sistema de financiamiento permitiría cubrir un año adicional, adscribiendo a esos estudiantes a esta nueva forma de financiamiento. En segundo lugar, también para el caso de las instituciones adscritas —no solo a la gratuidad, sino también para aquellas que utilizan el CAE— se eliminan los cobros por ejecución de garantía a los bancos por estudiantes que abandonan el sistema. Hoy día, dependiendo del momento en que los estudiantes abandonen sus carreras, las instituciones de educación superior deben garantizar un porcentaje de lo que el CAE ha prestado, lo que luego se pretende recuperar mediante reclamaciones a los estudiantes, lo cual supone, por supuesto, muchísimas dificultades. En tercer lugar, para el caso de las instituciones tradicionales se autoriza el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, que son propiedad de cada universidad, para los nuevos fines que determine la ley. Esos son fondos que hoy día están aposados y que no pueden ser utilizados con libertad por las instituciones de educación superior. En gran parte, estos fondos se han constituido a partir de los aportes que las universidades han realizado al fondo, el cual no era capaz de cubrir toda la demanda y, por lo tanto, las universidades tuvieron que ir subsidiándolo a lo largo de los años. La ley permite entonces reincorporar esos activos al patrimonio universitario para fines limitados que se establecen en la propia norma. Se incorporan algunas modificaciones que atañen exclusivamente a las universidades del Estado, según la Ley 21.094, en materia de condonación y castigo de deudas, necesarias para una mejor gestión financiera de dichas instituciones. Hoy día, nosotros no podemos ni castigar ni condonar deudas ni tampoco condonar intereses, lo que dificulta la cobranza en nuestro caso, ya que no podemos estimular a los deudores para que se pongan al día. Por último, hemos planteado que el proyecto, tal como ha sido presentado por el Ejecutivo, es perfectible; tenemos observaciones al respecto. Entendemos que es particularmente complejo eliminar los aportes que las familias realizan actualmente al sistema de educación superior, en lo conocido como copago, especialmente entre los deciles 7 y 9. Esos aportes, en realidad, realizados entre los deciles 7 y 10, representan alrededor del 50% del gasto del país en este nivel educativo, y es evidente que el Estado no podrá sustituir la totalidad de esos recursos. A nuestro juicio, este aspecto debe ser revisado. Sin perjuicio de ello, la propuesta que hemos presentado como Consorcio de Universidades del Estado es que, si bien el caso del decil 10 queda resuelto al permitir el copago, en el caso de los deciles 7 a 9 se implemente un copago progresivo, similar a lo que ya existe a partir de la política de gratuidad. …

por el real impacto financiero del modelo tanto para las instituciones de educación superior como para el propio Estado y, por eso, junto con la posibilidad de debatir, discutir y analizar este tema del copago, también vemos como importante que dentro del proyecto se considere la posibilidad de que las y los estudiantes puedan acceder a un porcentaje de este financiamiento y no necesariamente a la totalidad. Hoy día, tal como está planteado el proyecto, si una estudiante o estudiante quiere adquirirse al FED, tendría que acceder a la totalidad del financiamiento. Nosotros creemos que debiera existir la posibilidad de que un estudiante pueda decir que quiere la mitad o el 40% del financiamiento, o mientras lo necesite, para no presionar, digamos, al sistema eventualmente. Eso sí, nosotros creemos que eso puede ser importante. Asimismo, estimamos que se discuta la posibilidad de establecer una cierta limitación al monto de los aportes retributivos, tal como está planteado el proyecto hoy día: la retribución en línea por 20 años, contingente al ingreso, por el doble de años de cada semestre estudiado (20 años como máximo). Nosotros creemos que debe estudiarse, como existe en algunos países, la posibilidad de establecer una limitación para el monto de esa retribución, de modo que no se den algunas situaciones que, si bien afectan a un porcentaje pequeño de los estudiantes egresados, pueden provocar fugas del sistema. Por ejemplo, en países como Australia se ha propuesto poner un límite de dos o de dos coma cinco veces el monto realmente recibido como aporte. Otro punto para nosotros es muy importante, dado que la implementación de un sistema como este hará que las instituciones dependan de manera más significativa de las transferencias del Estado. Estimamos necesario que el proyecto de ley contenga algún mecanismo que dé certeza respecto de la fecha en que esas transferencias van a ocurrir y que esté asociado, por supuesto, a los procesos de recaudación, porque la experiencia en la gratuidad ha demostrado que hemos estado expuestos, en algunos casos de forma muy significativa, a las variaciones en la capacidad del Estado de disponer de los recursos. Eso debe garantizarse, ya que obliga a las instituciones, cuando no llegan los recursos oportunamente, a recurrir a endeudamiento a corto plazo, lo que conlleva cobro de intereses y afecta los costos de transacción de las instituciones. Por último, y considerando que esto supone consolidar un modelo de subsidio a la demanda que desde la Universidad del Estado hemos venido criticando desde hace tiempo, nosotros creemos que es muy importante que los eventuales recursos que el Estado ahorre por menores pagos de compra de carteras y por mayor recaudación se destinen efectivamente al fortalecimiento y al desarrollo del sistema de educación superior, incluido también el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Si pasamos a la última diapositiva, muchas gracias. Nosotros entendemos que este proyecto que se presenta está centrado nuevamente en el subsidio a la demanda y, como Universidad del Estado, queremos dejar constancia ante esta Comisión —y lo hemos expresado en las comisiones en las que se nos ha tocado exponer sobre este tema— de que no renunciamos a nuestra convicción de que el sistema de educación pública en general y el sistema de educación superior pública, en particular, no puede estar financiado de la misma forma que se financia la educación privada, porque la educación pública cumple un rol diferente y tiene una misión diferencial. Nosotros creemos que la educación pública en general, y la superior en particular, debe estar financiada, no exclusivamente, pero sí con una mayor proporción de aportes basales, ya que este tipo de modelos genera distorsiones en la oferta. Por supuesto, tiende a potenciar la oferta de aquellas carreras que tienen más demanda. Por supuesto, si se financia la matrícula, ¿qué decisión va a tomar una universidad sino fortalecer aquellas carreras que tienen más matrícula? Y hoy día tenemos un problema: las pedagogías tienen poca matrícula. ¿Cómo las vamos a sostener ante la evidente necesidad que el país va a tener en el futuro de tener profesores, si lo que la política pública nos dice es, tenga carreras que

Estudiantes, porque le vamos a financiar el número de estudiantes y tienda a cerrar las carreras que tienen menos estudiantes, ya que al final del día se van a volver insostenibles. Nosotros creemos que el subsidio a la demanda no puede ser el único mecanismo, mucho menos para sostener la educación pública. Eso no es así en casi ninguna otra parte del mundo, y nosotros no renunciamos a esta demanda histórica que las universidades del Estado han tenido de contar con mayores aportes basales, precisamente para sostener aquella parte de la educación superior que, por motivos que pueden ser contingentes hoy día, tiene o expresa, por ejemplo, bajas en la demanda o que históricamente ha tenido poca demanda, lo que no quiere decir que esas disciplinas tengan poco valor para el desarrollo de la sociedad. Es cuanto puedo decir, presidente. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Osvaldo. Tiene la palabra, don Federico. Sí, por eso le propongo que lo escuchemos y después le hagamos las preguntas a los dos. ¿Resultó más eficiente ayer? Yo encuentro eso. ¿No, diputado Saburón? Sí. Tiene la palabra, don Federico. Muchas gracias. Bien, mi presentación la tienen ustedes. Al parto, por establecer un par de puntos básicos. Lo primero es que la decisión que se va a tomar acá, en el Congreso, va a traer una gran influencia y tendrá efectos, por supuesto, sobre el sistema de financiamiento de las universidades y la educación superior, sobre las familias de quienes estudian educación superior, y también sobre la capacidad del país para crecer, para innovar y para mejorar la productividad. En síntesis, para que las personas tengan un mejor futuro. La competencia por el crecimiento está a nivel mundial, y Chile tiene que ganar esa competencia. No estamos solos en esta cancha. Los demás no están mirando lo que Chile hace; ellos están tratando de hacer lo mejor que nosotros, y eso, en un mundo global como el que tenemos hoy día, resulta muy evidente. Y esta ley va a tener efectos sobre eso sin ninguna duda. Les cuento en un minuto sobre la Universidad del Desarrollo y les cuento sobre nuestro nacimiento. Nosotros nacimos en la ciudad de Concepción. Estamos en Santiago, donde está la parte más grande de nuestra actividad, pero nacimos en Concepción, donde hasta el día de hoy tenemos 4.500 alumnos, con una composición de aproximadamente 62% entre egresados del sistema municipal y subvencionados y un 38%, por supuesto, de colegios particulares. Además, el 48% de nuestros alumnos en Concepción estudia con CAE y un 72% estudia con becas que otorga la universidad. De hecho, entregamos cada año una cantidad del orden de 32.000 millones de pesos en becas a nuestros alumnos en ambas sedes; de estos 32.000, 12.000 son de Concepción. Nosotros no estamos en gratuidad y creemos en un sistema universitario diverso, innovador, de futuro y de calidad. La universidad tiene una historia de 35 años y nos enorgullece particularmente lo que hicimos durante la pandemia, en la que muchos de nuestros profesores e investigadores asesoraron a la Presidencia de la República. Fuimos capaces de establecer cuál era el real nivel de cero prevalencia, primero en la Región Metropolitana y después en otras regiones, según un estudio de la Universidad del Desarrollo. Posteriormente, a través del Instituto de Data Science, pudimos establecer cuán efectivas eran las cuarentenas, mediante un sistema que consistía en observar cómo se desplazaban los celulares anonimizados en las ciudades cuando se establecían las cuarentenas. No lo inventamos nosotros; se estaba haciendo en Estados Unidos y nos pareció que era algo que la universidad tenía capacidad para hacer. Respecto de este proyecto, a nuestro juicio, y estoy hablando de la Universidad, no nombro a otras universidades.

No soy representante de otras universidades. Este proyecto tiene dos partes absolutamente distintas: una es, por supuesto, la condonación del CAE y la otra es el nuevo sistema de financiamiento. No tienen por qué estar atadas, no hay ninguna necesidad de que lo estén. Hay una racionalidad según la cual es mejor resolver todo de una vez y, por lo tanto, elegirles sobre todo. Yo discrepo sobre eso. Creo que aquí hay un tema de morosidad que debe ser abordado, y comparto muchas de las cosas que dijo el rector. Este asunto tiene que abordarse de la manera más quirúrgica posible, porque el fisco tiene recursos escasos y necesidades múltiples en otras áreas. Por otra parte, está la cuestión de cómo vamos a financiar el sistema de educación superior en el futuro. La manera en que está propuesto en este proyecto es una mala política pública, que podría tener en el futuro consecuencias desastrosas tanto para el sistema universitario como para la capacidad del país de innovar, de hacerse más productivo y de darle a los chilenos una mejor calidad de vida. Por lo tanto, estas dos discusiones deberían separarse, y la de financiamiento universitario debe discutirse todo el tiempo que sea necesario, en lugar de hacerlo con el apuro que nos lleva a soluciones muy alejadas del óptimo y con consecuencias no previstas. Lo primero es que el FES establece un impuesto a los graduados, lo cual ha generado mucha discusión. Como no soy un experto en la materia —solo soy un ingenuo civil— hablé con un experto de total y absoluta confianza, José de Gregorio, a quien probablemente todos conocen. Además de haber sido ministro y presidente del Banco Central —y triministro— hoy es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la principal universidad del país. Él me explicó la situación y, de hecho, tiene previsto publicar una columna al respecto. En esa columna, publicada en uno o dos espacios, se dice categóricamente que esto es un impuesto, que se podría decir que, desde el punto de vista legal, es un impuesto, pero que económicamente se trata de lo que se denomina un impuesto transitorio. Considero que el país, y particularmente los jóvenes egresados, no están en condiciones de soportar más impuestos. Por otro lado, se eliminarían becas, que son un reconocimiento al mérito, y creo que eliminar incentivos al mismo también es una mala idea. Los desafíos del sistema —no de una universidad en particular— van en sentido contrario a un esquema que limita cupos y fija precios, ya que, en el financiamiento fiscal, será inevitable limitar la cantidad de cupos y establecer precios fijos. Si contamos con una gran cantidad de recursos, no pueden existir más cupos de los permitidos ni aranceles excesivos, lo que, a su vez, llevaría a que las universidades dispongan de menos recursos. Aquellas con menos recursos no están preparadas para enfrentar el tipo de competencia que vivimos hoy en día, no solo entre universidades chilenas, sino también frente a las instituciones del resto del mundo. Y por último, lo más grave de todo es que, al provenir un monto tan grande del financiamiento de las universidades del Estado, las instituciones inevitablemente pierden autonomía. Las universidades deben poder desafiar a la autoridad, mirar a los ojos al gobernante de turno y expresar su parecer sobre todos los temas. Si es el Estado quien financia, esto se vuelve mucho más difícil. Estamos viviendo y viendo una experiencia que, hace seis meses, parecía imposible; era impensable.

En el país que tiene el sistema universitario más desarrollado del mundo, donde las libertades son poco menos que sagradas, donde hay opinión pública, donde hay respeto por las leyes, y donde funciona el Estado de Derecho, nos encontramos con que el gobierno decidió atacar a ciertas universidades, por las razones que sea. Decidió que quería atacarlas y está haciendo que universidades que están en muchísimo mejor situación que las universidades chilenas para defenderse estén pasándolo muy mal. Algunas de ellas han tenido que agachar la cabeza y rendirse, han tenido que aceptar las condiciones que el gobierno de turno les pone, y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. Porque me podrán decir: no, esta no es nuestra intención, esto yo no lo haría nunca, esto jamás; pero armar una estructura que permite que el gobierno de turno apriete las universidades es, a mi juicio, un error gravísimo porque afecta uno de los elementos esenciales de las universidades, como es su autonomía. Aquí estábamos. Aquí hay un estudio que entiendo que hizo Lauren Durden y que la misma autoridad patrocinó o apoyó, en el cual se establece que hay un número importante de egresados que van a pagar mucho más de lo que el Estado pagó por sus estudios. Y eso, suponer que se puede hacer esto sin consecuencia, yo creo que es un error. Yo les garantizo que, con un sistema como este, mucho más temprano que tarde, vamos a tener asociaciones de médicos marchando por las calles, porque se van a dar cuenta de que están pagando muchísimo más que lo que pagan los demás. Porque yo, que estudio medicina y que hago esto y lo demás allá por el país, tengo que pagar tanto más que lo que estudiaron ingeniería, o agronomía, o psicología, o qué sé yo, porque los médicos, dado que tienen rentas más altas y este impuesto se calcula sobre la renta de las personas, van a terminar pagando muchísimo más. La siguiente, por favor. Este es un gráfico de la eliminación de las becas, aparte del financiamiento de estas eliminaciones de las becas, que, insisto, desde el punto de vista de los incentivos que se introducen a los jóvenes estudiantes, es nefasto. Un breve comentario sobre los desafíos reales del sistema. Estamos compitiendo local, por supuesto, pero también globalmente en investigación, infraestructura, en innovación. La innovación es un proceso que, por la manera en que ocurre, necesita de muchos recursos. La innovación es probar nuevas maneras de hacer las cosas y ver si funcionan; una manera de hacer las cosas distintas en la que se está usando hoy día y normalmente fracasar, y otra, y otra, y otra; eso cuesta mucho, eso requiere muchos recursos, muchas personas, mucho capital, y, por lo tanto, quitarle recursos al sistema universitario, al limitar o reducir la cantidad que pueden pagar las familias de quienes están estudiando, afectaría sobre todo a las universidades que tienen por vocación desarrollar la innovación. Como les digo, esto no es compatible con restringir ingresos, con fijar precios, con fijar las vacantes. Yo también he visto que hay como una idea de que sería bueno que las carreras fueran más cortas, y eso tiene una lógica, tiene una racionalidad, pero tiene dos problemas asociados. Uno es que los alumnos que estamos recibiendo en el sistema universitario no son... Llegamos al extremo, los mejores alumnos en promedio los recibe la Universidad Católica. Entonces, la Católica probablemente está en mejores condiciones para acortar carreras, pero no todos tenemos los alumnos que tiene la Universidad Católica. Esto es un continuo: parte en la Católica y llega hasta las universidades menos selectivas. Suponer que a los alumnos que vienen...