Cámara de Diputados - Cultura y Artes - 11 de junio de 2025

El acta de la sesión número 131 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 132 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta: Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.928 sobre el fomento de la música chilena en materia de autorización de eventos masivos, boletín 15.419-24. Un oficio de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, por el cual se refiere a la factibilidad de solicitar una auditoría para la gestión de los recursos adjudicados a la Escuela Popular de Arte de Achupalla, comuna de Viña del Mar, para evaluar su correcta administración, verificar si su supuesto cierre compromete la ejecución de dichos recursos y considerar la posibilidad de incluir en una glosa presupuestaria los recursos necesarios para permitir la continuidad de la escuela. El documento con detalles fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, por el cual se refiere a la cantidad de diálogos en movimientos realizados durante este año en el marco del Plan Nacional de Lectura. Se adjunta planilla con la información que fue enviada a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, por el cual se refiere a la posibilidad de contactar a la señora Tamara Cortés Mesa, protagonista de la película "La misteriosa mirada del flamenco", que participará en el Festival Internacional de Cannes edición 2025. Comunica que el 6 de mayo pasado tuvo efecto la sesión ordinaria 4 del Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, cuyo numeral 5-2 de la tabla abordó la solicitud de asignación directa de recursos para la participación de este largometraje y, según consta en el acuerdo 4 de la sesión, el consejo por mayoría absoluta de sus miembros presentes aprobó la solicitud de financiamiento por un monto de 20 millones para solventar los costos asociados a la participación en el festival relativos a prensa, alojamiento, transporte y evento en el festival. Un oficio del Secretario Regional Ministerial de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso, por el cual se refiere a la solicitud de buscar mecanismos de financiamiento para los 123 estudiantes afectados por el cierre de la Escuela Popular de Artes de Viña del Mar, e informa que, dado que dicha escuela es una entidad de carácter privado y sus conflictos internos se rigen por sus propias normativas legales y estatutarias, esa Secretaría Regional carece de facultades para financiar o intervenir en los asuntos internos. En el contexto de la problemática, se comunica que han sostenido reuniones con las partes involucradas en el marco de la ley de lobby. Un oficio del Secretario Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso, por el cual se refiere a la solicitud de evaluar mecanismos de apoyo para el traslado de los actores de la película "La misteriosa mirada del flamenco" al Festival Internacional de Cannes 2025, y señala que esa secretaría regional ministerial no posee facultades para realizar asignaciones directas al sector privado, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, por lo cual no es posible financiar de forma directa a la señora Tamara Cortés Mesa en la producción de la obra cinematográfica; no obstante, informa que existen vías de financiamiento para este tipo de iniciativas a través de los fondos concursables, como los disponibles en la modalidad ventanilla abierta, cuyas bases se encuentran publicadas en el sitio web del Ministerio de las Culturas. Un oficio del Ministerio del Deporte, por el cual se informa que en esa cartera no existe una normativa relacionada con el servicio de reventa de entradas o para números de filas virtuales en la compra de tickets para eventos masivos, toda vez que dentro de sus funciones y atribuciones no se encuentra administrar recintos deportivos. Un oficio del Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, mediante el cual informa por la...

Que la venta de entradas para espectáculos a realizarse en recintos administrados por el Instituto Nacional de Deportes. Su organización, puesta en marcha y ejecución de espectáculos es de incumbencia de las productoras a cargo, por lo que la relación comercial privada que existe entre estas y la empresa Tiqueteras pertenece al ámbito privado, en el que ese servicio carece de facultades para intervenir. Un oficio del gobernador subrogante de la Región de Antofagasta, por el que se hace referencia a la solicitud de informar sobre la promoción de la cultura y, en particular, sobre el financiamiento de orquestas latinoamericanas existentes en nuestro país, remitiendo información que contiene el detalle de los proyectos financiados en el ámbito cultural durante los años 23 y 24. El documento fue enviado a los correos de los integrantes de la Comisión. Un oficio del Director Nacional del Servicio del Consumidor, por el que se adjunta documentación referida a si se ajusta o no a la normativa aquellas empresas que ofrecen servicios de reventa de entradas o de adquisición de números en filas virtuales para la compra de tickets que permiten ingresar a espectáculos, recitales, conciertos, eventos deportivos y funciones de teatro, para posteriormente revenderlas a precios excesivos. El documento, con todo su detalle, fue enviado a los correos de los integrantes de la Comisión. Y finalmente, una carta de la diputada Paula Labra por la que se solicita citar con urgencia a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, para que den cuenta de todos los traspasos financieros que se han efectuado a las fundaciones vinculadas a Salvador Allende entre los años 2022 y 2025, por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y otras entidades del Estado, en vista de que, desde el año 2006, la Fundación Salvador Allende ha recibido cerca de 1.500 millones de pesos provenientes de gobiernos de centro izquierda. Esa es toda la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra en la cuenta, diputado Durán. Gracias, Presidenta. Buenos días a la Presidenta, a los colegas, a la Secretaría de esta Comisión y a las visitas que hoy día también están con nosotros. Quiero hacer énfasis en esta carta que se enviió y se mencionó al final de la cuenta, respecto de citar a la ministra de las Culturas y las Artes, señora Carolina Arredondo, y a la Directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Además de lo expuesto en el resumen de la carta, es preciso mencionar que se tomó conocimiento de que la Fundación Salvador Allende, en algún momento, adquirió un inmueble muy costoso, un palacio, y que dentro de ese convenio de pago estaba incluida la entrega de obras de arte desde la Fundación Salvador Allende al Servicio, como parte de pago, avaluadas en cerca de 850.000 dólares. Dichas obras de arte aún se encuentran depositadas en la Fundación Salvador Allende, ya que, desde que se realizó el convenio, no han sido traspasadas al Servicio. Nos interesa saber, además de toda esta cuenta que se requiere respecto de los fondos traspasados (la mayoría provenientes del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural), de qué manera el Ministerio, a través de esta oficina, resguarda el patrimonio cultural que fue objeto de una compraventa de un inmueble y que, hasta la fecha, no ha sido entregado, habiéndose transcurrido varios años. Por ello, solicitamos que la ministra tenga la buena voluntad de acudir a esta Comisión, ya que, en varias oportunidades, la hemos invitado o citado para que concurra a esta Comisión de la Cámara de Diputados. Gracias, Presidenta. Diputado Durán y Diputada Zagardía. Gracias, Presidenta. También expreso mi apoyo a esta carta, la cual fue remitida junto al diputado Andrés Lonton y la diputada Paula Labra, quienes no pudieron asistir, pero nos encomendaron hacerla llegar a la Comisión. Si bien es cierto que la ministra acudió hace unas sesiones, no se refirió de forma expresamente amplia a este tema. Asimismo, dado que la comisión investigadora ha avanzado y hay más antecedentes sobre millonarios traspasos, sería importante destinar una sesión especial para que la ministra pueda ampliar en profundidad respecto a estos cuantiosos montos de dinero, de los cuales aún no sabemos a dónde fueron a parar, bajo qué modalidad, etcétera. Gracias, Presidenta. Por lo relatado en la carta. Buenos días, señora Presidenta, colegas y también invitados. Por lo expuesto en la carta y lo manifestado por los diputados firmantes, esta carta nace a raíz de la Comisión Investigadora de la Casa de Allende, de la cual formo parte, y fue ya terminada.

No sus sesiones y el lunes tendremos las conclusiones, y yo creo que no es derramar un asunto hacia el otro. Las noticias que han aparecido son sobre hechos ocurridos en el año 2024 y asuntos del Ministerio de Vivienda. Así, habría que no solo invitar a la Ministra de Cultura, sino también a la Ministra de Vivienda. Creo que amerita tener más conocimiento de nuestra comisión, por lo que estoy en contra de la citación, pero sí de que se mande oficio que nos informe de todo lo trascendido, en relación con la compra de la casa en 2004, pagada con obras de arte que permanecerían en la casa de Allende, ya que ese es el problema que está pasando. De esa manera, si la información no nos conforma, se citará a ambos ministros, pues se trata de bienes que han sido transferidos del Ministerio de Vivienda y de obras de arte que corresponden al Ministerio de las Artes y la Cultura. Así que, me opongo a dar la unanimidad para citarlos, pero sí acepto que se mande un oficio. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere la palabra? Bueno, nosotros tenemos una gran lista de personas que desean exponer en nuestra comisión y, por respeto a ellos, ya contamos con las citaciones hasta el 17 de junio. Como presidenta, no encuentro malo fiscalizar ni que nos vengan a contar lo que está pasando, ni los nuevos antecedentes que han aparecido en torno a este asunto que ha remitido inquietud en el país. Tenemos gente haciendo cultura, poniendo plata de sus propios bolsillos, y por respeto a ello, no tengo inconveniente en citar a la Ministra, e invitar tanto a la Ministra de Cultura como a la Ministra de Vivienda para que nos expliquen en detalle todo lo ocurrido, programándose para el 2 de julio. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Entonces invitamos a ambas ministras para que vengan ese día y nos den respuesta. Ahora, pasamos a varios. ¿Alguien quiere la palabra? Varios diputados y diputadas se manifiestan. Gracias, presidenta. La sesión anterior contó con la exposición de los trabajadores de TVN sobre su situación. A través de los medios de comunicación de mi región, de Bio Bio, nos hemos enterado de que se está queriendo vender activos de la sede regional de Talcahuano, algo que nos preocupa mucho, ya que es el único canal con cobertura nacional y a la vez regional. Nos inquieta que dejen de existir estas emisiones en este canal, ya sea por un cierre o por otro motivo. Entonces, propongo que se oficie al directorio de TVN para que nos informe las razones por las cuales estaría en venta la sede de Talcahuano, el precio de los activos a enajenar, qué se haría con los recursos obtenidos con dicha venta y si con este cierre se cerrará también la estación o se reducirá su operatividad. Es urgente, sobre todo porque esta sede, perteneciente a mi región y que llega a las 33 comunas, es la que nos mantiene informados tanto de la región como del país. Si bien es cierto que la situación es de crisis, no debemos proceder al desmantelamiento de todas las regiones, en particular la región del Bío Bío, que últimamente ha sufrido varios cierres, como el de Guachipato y otros, además de los desmantelamientos en la región de Nueva París. Gracias. Diputada, en vista de que no nos responden los oficios, no los quiere invitar.

Mejor para que expongan acá en la mesa y usted traiga todas sus dudas, porque un oficio se va a alargar y, como no tienen fecha de respuesta, hoy día estamos enviando la Contraloría a todos los ministerios y a todos los municipios que no nos han respondido en un año. Estoy de acuerdo, Presidenta, si se le puede aceptar, sería mucho mejor y podríamos todos, digamos, de las otras sedes también manifestar que aclaren sus dudas, porque, como digo, no es solamente Talcahuano, Viña del Mar y Punta Arenas, sino que son muchas sedes que están para venta de activos, según una resolución de directorio, y no podemos esperar a que salga la venta, ya que hay mucho más. Yo pensaba que la TVN es nacional y puede ser una corporación. Esos bienes son… Yo veo que el paño de terreno que hay donde funciona la TV Regional es un paño de terreno; ¿por qué no podría haber una situación en que vendan ese terreno para viviendas sociales? Sigue siendo en bien del Estado. Hay muchas dudas y me parece que citarlo, si usted lo acuerda o lo decide, Presidenta, sería mucho mejor. Gracias. Perfecto. Sí, los vamos a invitar mejor. ¿Hay acuerdo? Sí, ya. Los vamos a invitar, secretaria. Vamos a ver la fecha, revisamos y les avisamos. Y también los diputados que quieran hacer sus preguntas ese día, para que vean por sus regiones. Puntos varios. ¿Alguien más quiere la palabra? Diputada Concha. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos los colegas, a todos los miembros de esta comisión e invitados. Me gustaría recordar algo que consulté justamente cuando estuvo con nosotros la ministra la última vez, respecto a la encargada de esta unidad de promoción y difusión de los patrimonios. Ahora que ya pasó la fecha de la celebración de los patrimonios, me sigue pareciendo excesivo el aumento de recursos que tuvo esta nueva división, la cual fue creada posteriormente a la ley de presupuesto, con asignación de recursos por cerca de 2.000 millones de pesos, quiero decir, presienta. Entonces, me sigue llamando la atención las respuestas que se nos dieron ese día; la verdad es que siguen siendo insuficientes y me queda el manto de duda respecto a este aumento de financiamiento, la creación de esta nueva división dentro del Ministerio de Culturas y, además, que hoy día está a cargo de este ministerio. También me sigue llamando la atención que la encargada sería la hermana de la ministra Antonio Arellana. Entonces, creo que acá sería importante que la podamos invitar a esta comisión a exponer, respecto, obviamente, a nuestro rol fiscalizador del uso de estos recursos, porque, vuelvo a insistir, para mí la duda sigue quedando en este aumento excesivo de recursos de una unidad que tenía, le digo, 8.941 millones y se incrementa en 1.925 millones. Me parece excesivo. Además, vuelvo a insistir que me queda la duda de si existe duplicidad de funciones con otra unidad que ya existía. Entonces, sería importante que la podamos invitar dentro de la agenda, la que tiene la comisión para esto, para que nos explique, y también nos aclare cómo fue la decisión de que ella llegara a ese cargo, siendo que es hermana de una ministra. Muchas gracias. Sí, diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Entiendo que ya se tomó un acuerdo respecto de Televisión Nacional, pero siempre es importante hacer el punto, y espero que en esa sesión que usted convoque, Presidenta, podamos tomar conocimiento de las decisiones y de los acuerdos que se alcanzaron en esta comisión, toda vez que se aprobó, durante un año, un proyecto de ley que robustecía el financiamiento de la televisión pública, con bastante particularidad en los canales y en las estaciones regionales. Me parece que las noticias que ha entregado el directorio no son alentadoras y, además, faltaron algunas palabras cuando tomamos decisiones acá para avanzar en el financiamiento. Eso, por una parte. Así que espero, con ansiedad, también esa comisión y que venga acá el directorio a entregar, al menos, no explicaciones, pero sí que nos entregue cuál es la hoja de ruta y por qué fuimos, de una u otra forma, sometidos a una votación con la confianza de que los canales regionales iban a fortalecerse.

Y esperando ampliación también a otros espacios que no tienen estación regional pública. Por otra parte, sí, a propósito del punto de la diputada Concha, yo quiero señalar solamente que la capacidad, o sea, el rol fiscalizador, bien sea que se trate de la funcionaria en cuestión, sea hermana o no de la ministra, debe dejarse en margen, ya que la persona a la que se hace alusión posee una carrera en el Ministerio, principalmente en el Servicio de Patrimonios, desde hace mucho tiempo en la Región de Coquimbo. Yo soy diputada de esa región, por lo tanto, existe una carrera funcionaria en relación a quien se menciona, quien estuvo a cargo de este tema de los patrimonios. Por ello, habría que dilucidar aquello y no confundirlo con el derecho de todas las personas al trabajo y al avance en sus rubros profesionales. Así que, de acuerdo con lo manifestado por la diputada, quien posee su súper rol y todas las potestades, yo dejaría claridad al respecto, porque sería poco honorable no reconocer que ella es una funcionaria de carrera del Ministerio, desde hace mucho tiempo, pasando de la región de Coquimbo al Ministerio Central. Muchas gracias. Sobre el punto… un minuto. Es que yo agradezco la respuesta de la diputada, pero me gustaría tomar el acuerdo, porque, si bien es cierto, existe probablemente esa carrera —o ya lleva tiempo dentro del Ministerio—, hoy día se genera además un manto de duda sobre la creación de un cargo a la medida. Y eso también creo que es importante que se aclare en la invitación que se haga a la comisión. Sí, bueno. Nosotros podemos invitar a aclarar los temas y los puntos en cultura, pero considero que ese asunto en particular podría ser revisado por otras comisiones, ya que se observa, en cada gestión, ya sea de derecha o de izquierda, que se incorporan parientes en los ministerios. Esto no es algo visto solo en la actualidad, sino que lo he observado en todos los gobiernos que asumen el cargo. Entonces, esta comisión no es el espacio para examinar quiénes son parientes y si trabajan o no en estos lugares, sino para cuestionar su trabajo, lo que han aportado y para que se rindan cuentas sobre los dineros invertidos. Por ello, votamos y aceptamos esa solicitud. La vamos a citar. Gracias, diputada. Diputado Tuiz: Muchas gracias, Presidenta. Quisiera solicitar formalmente que se invite a exponer en esta comisión a la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, conocida como IFP Chile, para que aporten su visión especializada en el marco de la normatización del proyecto de ley que modifica la ley N°17.336 sobre el derecho de autor, boletín N°17.499-24. Creo que sería muy valioso contar con la presencia del presidente Francisco Nieto y de su abogado, Sebastián Valenzuela, a fin de enriquecer el debate técnico y práctico respecto al reconocimiento del derecho a remuneración de los artistas, intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones musicales fijadas en fonogramas y formatos audiovisuales. Esa es mi petición, Presidenta. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo? Diputado: Este fin de semana, la Casa del Folclor Araucaria de Maipú y la Mesa del Folclor Comunal congregaron más de 20 agrupaciones culturales y reunieron a más de mil personas en torno a la cueca, en torno a nuestros bailes nacionales. Quisiera solicitar, secretaria, que se envíe una nota de saludo a estas organizaciones. Le enviaré todos los antecedentes, ya que estas actividades deben destacarse y, por lo general, quedan reflejadas únicamente en lo que hacen en las comunas, sin que se destaque su autogestión. Gracias, secretaria. Seguimos con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°17.336 para reconocer el derecho a remuneración de artistas, intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones musicales fijadas en ...

Programas y formatos audiovisuales correspondiente al boletín N°17.499-24. Asisten en representación de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales: su presidente, el señor Rodrigo Osorio Borges; el director general, señor Juan Antonio Durán González; y la señora Daniela Alvarado Andrade. Además, en representación de la Asociación Nacional de Compositores, la señora Valeria Valle Martínez. Tiene la palabra el señor Rodrigo Osorio. Muchas gracias, Presidenta. Diputadas, diputados, audiencia en general. Para nosotros es muy importante esta sesión, porque nuestro afán es seguir aclarando todas las dudas asociadas a esta ley que hemos denominado Ley Tomy Rey, ya que es una ley esencialmente orientada a quienes interpretan y para que quienes ejercen esta labor puedan recibir un derecho y una remuneración que, hasta el día de hoy, no están recibiendo. Hemos preparado una presentación especial en la que abordamos, punto por punto, cada uno de los detalles en función de las dudas y consultas surgidas en sesiones anteriores; por ello, cedo la palabra a nuestro director general, Juan Antonio Durán. Gracias, Presidenta. Y señoras y señores diputados, les agradezco mucho, considerando la cantidad de trabajo que tienen, que participen activamente en esta comisión para informarse respecto de qué se trata el proyecto. En primer lugar, quiero decir que nosotros somos la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, la cual representa a más de 15.000 intérpretes en Chile. Creo que, en todas las invitaciones que la Comisión realiza para que asistan distintas entidades, como la ISPI y otras, es fundamental que los invitados expresen explícitamente a quién representan. Recuerdo una sesión, difundida por redes, en la que un señor diputado preguntó al invitado: “¿Usted quién es?” y éste respondió: “Yo soy de una asociación gremial”. Se mencionó, por ejemplo, que el principal socio de Acti es Google, una de las principales multinacionales del mundo, que ha sido condenada en numerosos países por prácticas desleales, y en Chile también se le acusa de tales prácticas. Considero que lo mínimo es que, cuando alguien comparezca en la Comisión, se identifique claramente, en lugar de ocultar su afiliación; de esa forma, sabremos de qué estamos hablando. Este es un tema complejo, por lo que les pido que me interrumpan y me formulen todas las preguntas que necesiten, pues es importante comprender el alcance del proyecto. Lo que hemos intentado es realizar una presentación que esclarezca, de manera precisa, cuál es ese alcance. Lo primero que quiero mencionar es la separación que existe en el mundo de la música entre autores e intérpretes. En el ámbito del derecho de autor, existe, por ejemplo, el caso de la canción “Un Año Más”. Esta canción consta de una letra y una partitura. A menos que uno sea músico, al recibir y analizar únicamente la letra y la partitura, no se puede saber si la canción es de agrado o no, ni cómo suena en realidad. Existe, por tanto, tanto el autor como el intérprete. En el caso de “Un Año Más”, el autor es Hernán Gallardo, de la Región de Coquimbo, quien percibe los derechos de autor de sus composiciones. Sin embargo, la mayoría de nosotros conocemos una canción —ya sea que nos guste o no— cuando la escuchamos en televisión, en radio o en cualquier otro medio. La escuchamos cuando se ha grabado, es decir, cuando se ha fijado la interpretación en un soporte para su difusión. En ese escenario, los derechos que no corresponden al derecho de autor se denominan derechos conexos, ya que históricamente surgieron como una medida complementaria: primero aparecieron los derechos de autor y, posteriormente, con la llegada de los fonogramas, se establecieron derechos asociados que, aunque relacionados, no son lo mismo, por lo que se consideran conexos al derecho de autor. En los derechos de autor, ¿quiénes tienen derecho?

Mientras en los derechos de autor tienen derecho el autor y el compositor, o los autores y compositores, porque hay canciones que tienen cinco autores, ocho compositores, entre otros. En el mundo de los derechos conexos tienen derechos los intérpretes, los ejecutantes y los productores del fonograma. ¿Quién es el intérprete? En el caso aquí, el intérprete es Tommy Ray. ¿Quiénes son los ejecutantes? El resto de la banda. ¿Quién es el productor del fonograma? Según la Ley de Propiedad Intelectual, el productor del fonograma es el que financia la grabación y la construcción del disco; es decir, yo financio como productor para que esto se grabe, se masterice, se transforme en un disco o se ponga en redes sociales, etc. Ese es el productor. De tal manera, los derechos de autor y los derechos conexos se manejan de forma separada; quienes reciben esos derechos son otros, independientes, que muchas veces se mezclan. Por ejemplo, Fernando Viergo recibe derechos de autor porque es un cantautor, ganador del Festival de Viña, etc. Además, Fernando Viergo recibe derechos conexos también porque él graba discos con sus canciones. ¿Ven? Tiene un doble rol, actuando como intérprete. En Chile, muchos artistas además son productores de fonogramas: más del 90% de los discos que se hacen son financiados directamente por el mismo artista, que dice, "bueno, yo, de mi bolsillo, tengo plata para hacer el disco". Por lo tanto, pueden desempeñar tres roles distintos: puede ser la misma persona que, como autor, recibe derechos de autor; puede ser intérprete y recibir derechos conexos; o puede ser productor o autoproductor y recibir derechos conexos como productor fonográfico. Este proyecto de ley tiene que ver exclusivamente con derechos conexos y no tiene ninguna relación con los derechos de autor, los cuales, en nuestro juicio, según la legislación chilena, están bien recogidos y no se requiere avanzar ni modificar nada respecto de estos derechos. Creo que eso es importante. Entonces, veamos cómo funciona el sistema de derechos para el mundo no digital, es decir, el mundo analógico. Lo que ocurre es que la radio, la televisión y restaurantes locales realizan la comunicación pública de música. Por ejemplo, en un restaurante se pone música para que no se escuchen las pisadas cuando entra la gente; un restaurante sin música es una cosa muy triste; y además, se ha demostrado que aumenta las ventas en los supermercados, etc. Entonces, la entidad de gestión, que en el caso chileno es la SCD, licencia a estos usuarios, entregándoles una licencia a cambio de una tarifa mensual, dinero que es recaudado y distribuido. En nuestro caso, distribuimos los derechos de la siguiente manera: por un lado, los derechos de autor a los autores y compositores; por otro, los derechos de intérprete a los intérpretes y ejecutantes; y por otro, la parte de los derechos conexos de los productores de programa también la distribuimos nosotros. Es decir, recaudamos derechos de autor y derechos conexos y los distribuimos de acuerdo a quiénes son los titulares de las obras. Así funciona en el mundo analógico, donde, al menos en este momento, el sistema se considera funcional. Ahora, pasemos al punto específico donde observamos problemas: el mundo de las plataformas digitales. En estas plataformas, por ejemplo, Spotify, aunque puede referirse a cualquier otra, las entidades de gestión colectiva entregan una licencia exclusivamente de derechos de autor. Aquí la situación cambia. Estas entidades deben negociar con YouTube, con Google, con Spotify, lo cual no es algo muy simple. Entonces, todas las sociedades de gestión de la región americana licencian de esta manera.

En una instancia única, una tarifa única se establece con estas grandes plataformas a través de una entidad que se llama Latinautor. Latinautor negocia con estas plataformas la tarifa, pero no la licencia, ya que ésta la otorga cada una de las sociedades de gestión. ¿Cómo funciona la cosa? Spotify, de manera trimestral, informa cuánto pagaron los abonados en Chile, cuánto en Perú, en Colombia, en Venezuela, etc., y paga lo que le corresponde a cada territorio conforme a la tarifa acordada. Por lo tanto, Latinautor funciona como una especie de hub, un conector. Alguien comentó o se preguntó el otro día, y es lógico ser suspicaz en estos casos: ¿qué gana Latinautor? La comisión que cobra por realizar estas gestiones es cero, sin cobro de administración ni nada, ya que su función es simplemente conectar a las sociedades para negociar con estos grandes usuarios. Esa gestión ha sido destacada internacionalmente como exitosa a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa, cada titular de derechos –supongamos la sociedad española, la sociedad francesa o la de Dinamarca– tiene que ir a Spotify y decir: “Oye, esto es lo que tú me debes, porque tengo esta canción”. En el caso de la región, Spotify indica: “Yo pago los derechos de autor de todo lo que se escuchó en Chile, de todo lo que se escuchó en Perú”, etcétera, produciéndose un proceso de distribución similar al de los derechos analógicos. Por el lado del derecho de autor, esto está funcionando; yo soy vicepresidente de Latinautor y conozco bien lo que digo. El problema se presenta en el ámbito de los derechos conexos en el mundo digital, en lo que se conoce como derecho de puesta a disposición, un derecho especial algo distinto al conexo habitual. En este caso, los productores de fonogramas licencian directamente a Spotify sus producciones. Estos acuerdos se toman en Londres –entre, por ejemplo, Sony International y Spotify, entre Warner y Spotify o entre Universal y Spotify–, por lo que ese dinero nunca ingresa al país, ya que se paga directamente en Londres por Spotify y nosotros no tenemos nada que ver. Y lo que ocurre, y constituye el gran problema, es que en estas redes digitales, gestionadas por usuarios digitales multimillonarios, a diferencia de lo que sucede en el mundo analógico, los intérpretes y, sobre todo, los ejecutantes, no reciben absolutamente nada. Existe una asimetría: un problema en nuestra ley de propiedad intelectual –no es un problema exclusivo de Chile, sino que ocurre en todas partes–, debido a una dinámica tecnológica que hace que las leyes queden desfasadas. La ley de propiedad actual no protege a los artistas, intérpretes y ejecutantes, ya que no les asegura la posibilidad de cobrar sus derechos. Se reconoce un cierto derecho a autorizar la puesta a disposición, pero en la práctica es letra muerta, pues lo único que el intérprete puede hacer es autorizar o prohibir, sin que se establezca un mecanismo para el cobro. Por ello, en Chile nunca nadie ha recibido estos derechos de intérprete, y mucho menos los de los ejecutantes. Existe una clara asimetría: en la gestión colectiva de derechos digitales, los autores sí están recibiendo sus derechos, mientras que los intérpretes y ejecutantes no lo hacen. Esto es sumamente injusto, ya que, si bien el autor es una figura central –sin autor no hay obra, sin compositor no hay obra–, el intérprete también es fundamental.