Cámara de Diputados - Hacienda - 10 de junio de 2025

La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Sí, presidente, para esta sesión solo tenemos el reemplazo de la diputada, la señora Javier Llobreg, por el diputado don Jaime Sáez. Eso nomás. ¿Algo sobre la cuenta? ¿Diputado, diputada? ¿No? ¿Algún punto o varios? Diputado Sahuervo. Presidente, si bien la Comisión tiene hartos proyectos con urgencia y varios por discutir, tenemos uno que vence su urgencia el día 13, que tiene que ver con la aprobación del acuerdo de la Comisión de la República.

De asociación económica integral entre la República de Chile y los Emiratos Árabes, suscrito en Abu Dhabi, habría que, como decía, darle pronta tramitación, porque entiendo que van a venir representantes de dicho país a visitarnos en los próximos días. Entonces, si es posible que lleguemos a un acuerdo y lo aprobemos rápidamente, yo no le veo, por lo menos, mayor inconveniente. Gracias, presidente. ¿Algún otro? ¿Varios? Vamos a ver, diputados, me parece que hoy le renovaron la urgencia. ¿Lo escuchamos en la cuenta? Ah, ya. ¿Algún otro? ¿Varios? ¿No? Ya. Continuamos entonces con la orden del día, que tiene por objeto pronunciarse sobre las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica cuerpos legales en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, boletín 17.322-03. Está invitada la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, junto con el subsecretario subrogante del Medio Ambiente, el señor Ariel Espinoza Galdámez, y el director general de Aguas de la DGA, el señor Rodrigo Sangüesa Bravo; sean todos bienvenidos. A continuación, la subsecretaria tiene la palabra para explicar la urgencia del proyecto. —Bueno, presidente, por su intermedio saludo a los diputados y diputadas. Voy a hacer una breve presentación, ya que, efectivamente, el proyecto es un veto supresivo –esa es la palabra correcta–; por tanto, en principio, podría no tener nada que presentar. Sin embargo, me parece importante, en atención a la consulta del diputado Sifuente respecto a por qué debemos legislar sobre esta materia, destacar lo siguiente. Este proyecto lo presentamos en enero del 2025 con el objetivo de clarificar el marco normativo aplicable en una materia para la que era urgente dar certeza. Dentro de ello se incluye, por ejemplo, la prórroga de patentes municipales provisorias que establecía la Ley 21.353, las cuales vencieron en septiembre del 2024 (esto figura en el artículo 8 del proyecto de ley), y la ampliación de la vigencia de las patentes provisorias de uno a dos años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año, sujeto al cumplimiento de ciertas normativas. También se contemplaba exceptuar la aprobación previa de la DGA a proyectos de vivienda de interés público que afecten cauces artificiales, norma que se amplió para incluir lo relativo a la reconstrucción tras el incendio en la Región de Valparaíso, en particular en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Se propuso extender el beneficio de reintegro parcial al impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, cuyo beneficio venció el 31 de marzo del 2025; y, en este punto, es relevante, ya que este veto figura en la tabla de mañana en la sala de la Cámara: el plazo vencía el 31 de marzo del 2025 y se extendió hasta el 31 de diciembre del 2026. Asimismo, se propuso reducir la tasa de impuestos a la renta de las empresas bajo el régimen Propime, medida que también formó parte de la discusión en el marco de la reforma previsional que debatimos en paralelo en enero, y por ello, en esta misma comisión, se introdujo la baja del impuesto a primera categoría desde un 25%.

A un 12,5% por tres años y después al 15% el año 2028. Por tanto, eso también es importante para dar certeza respecto de esta disminución a las empresas de menor tamaño. También, y esto ya en el trámite del reintegro parcial al impuesto específico, fue algo que se indicó en esta comisión – aunque también lo plantearon en el Senado – y lo mismo que en el caso de las pymes. En el trámite en el Senado se agregó extender a 10 años el incentivo tributario de la inversión en investigación y desarrollo, que se está acabando este año; por ello, existen varias empresas que, como sucede con muchos de estos incentivos, no presentan la solicitud de inmediato al no saber si el beneficio se activará en el tiempo. Asimismo, se introdujo en el Senado la norma de facilitar la ejecución del programa de reconstrucción de la Región de Valparaíso y, de hecho, esa fue la razón por la que se llegó a un tercer trámite, dado que se discutió respecto de lo taxativo o no del tipo de obras que se podían incorporar en la reconstrucción de Valparaíso. Todo lo anterior está en complemento con la agenda de mejora regulatoria del gobierno para asegurar la puesta en marcha de distintas inversiones. Ahora, durante la tramitación de este proyecto de simplificación regulatoria se fueron agregando temas que complejizaron, de alguna forma, su despacho, lo que evitó que se lograra la aprobación en el primer trimestre del año, que era lo esperaba a propósito de la norma que vencía el 31 de marzo de reintegro al DICE. En ese contexto y en atención a la discusión suscitada en ambas corporaciones respecto de dos normas, se genera este veto para suprimir dos de ellas, cuyas razones expongo a continuación con más detalle. El primero es el numeral 1 del artículo 22, que modifica el artículo 41 de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El proyecto agrega un inciso al artículo 41 –esto fue en el segundo trámite en el Senado de la ley 21.600 del ESVAP–, excluyendo de la provisión general de intervenir humedales a las acciones o infraestructura pública necesaria para resguardar la seguridad de la población, la conectividad, la infraestructura hídrica, el consumo humano y la conservación misma del humedal, siempre que el SBAP, previa solicitud del informe del MOB, autorizara su ejecución. Ahí está el artículo, que ustedes también pueden ver en el comparado. Como señalé, esta norma fue incorporada en el segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, durante su discusión en ambas corporaciones se evidenció que tenía algunos problemas. En particular, la norma no resuelve íntegramente el problema de la realización de acciones en humedales por parte del MOB, en particular por la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Por qué? Porque la excepción incorporada no tiene aplicación inmediata, sino que se implementa de manera gradual, ya que la declaración de los sitios prioritarios que integran el SBAP comenzará a aplicarse recién cinco años después de la publicación de la ley. En la práctica, hoy se autoriza, de cierta forma, a la DOH, por ejemplo, a intervenir un humedal cuando dicho humedal prioritario aún no está definido y su implementación es gradual. Lo segundo es que la norma no armoniza adecuadamente las facultades del MOB y del SBAP respecto a los humedales en la entrada en vigencia de esta ley, lo que podría permitir alteraciones que comprometan la integridad de los humedales en casos no justificados. Por todo lo anterior, se requiere una revisión más profunda en la ley del SBAP, y para ello debería desarrollarse un proyecto de ley independiente con el análisis de la respectiva comisión temática, y no limitarse al trámite en esta Comisión de Hacienda. Considerando que, insisto, se trata de una norma de aplicación gradual y que se amplió el plazo de dos años a cinco años.

Esperamos que haya tiempo para trabajar de mejor forma una propuesta y, por lo mismo, en este veto se sugiere eliminar la disposición que estaba en la ley o en el proyecto de ley de simplificación. El otro caso es el artículo 33 que, perdón, no, pero es corto. Gracias, presidente, por su intermedio. Me cuesta entender el argumento del Ejecutivo, porque si el problema es el punto de referencia donde está la ley, se podría plantear un veto aditivo y cambiarlo. ¿Cómo podrríamos comprender que, ante el corte de un puente o de un canal de agua para la vida humana, el Estado no pueda intervenir? Se trata de normas o hechos específicos que quedan comprendidos en la prohibición de aquellas acciones, actividades u obras públicas necesarias para la mantención y conservación de cauces. Es decir, si se desvió un río, o si la infraestructura pública existente para las vías de navegación se ve comprometida (por ejemplo, si se cayó un puente que impide traficar por los canales de Valdivia, impidiendo la salida), así como aquellas medidas para resguardar la vida, la salud y la seguridad de la población, su conectividad, sus bienes, el desarrollo y la mantención de la infraestructura hídrica para el consumo humano y las que tienen por objeto el adecuado cuidado y manejo del humedal —en definitiva, el cuidado del humedal, de la vida y de la infraestructura crítica, acciones realizadas además por el Estado—, me cuesta entender cómo se puede excluir esto. El objetivo es la conservación; y da lo mismo si vamos a conservar o no el humedal, si vamos a conservar la vida o la conectividad. Doy ejemplo de mi región: el año pasado, producto de la declaración de humedal urbano del río Maule de nuestra región, de la que aspiran a ser senadores dos personas, no se podía abrir la boca del río cuando estaba cerrada porque estaba declarado como humedal. O sea, si el Estado, para conservar la vida humana, no puede intervenir un cauce por existir otra norma que lo declaró, estamos fuera de lo razonable. Si creemos que no es la norma adecuada, cambiémosla, pero no permitamos que se prohíba absolutamente, cuando ocurra algún eventualidad, olvidándonos de la vida humana, del agua potable y de la infraestructura crítica. Diputado Mellao: Mire, la verdad es que al principio no quise dar fe de lo que estaba leyendo, que era un veto presidencial; es decir, no estaba de acuerdo con lo que pienso, porque yo mismo coloqué estas indicaciones en el Senado y ahora me las estoy vetando. Una especie de esquizofrenia legislativa. De todas maneras, aquí hay un tema que nos impide legislar, y nos dicen que si no aprobamos el veto, no se podrán abordar los otros temas que ya habíamos aprobado. Entonces, saquen el veto y aprobemos definitivamente este proyecto tal como está, y a la ciudadanía le diremos que el Presidente se equivocó con las indicaciones del Senado, ¿cierto? Ahora quiere vetar porque ya se aprobaron sus propias indicaciones. Yo estoy con lo que dice el diputado Donoso, porque la verdad es que se trata de acciones destinadas a mejorar y mantener los cauces, no de realizar obras de infraestructura vial completamente nuevas, sino de mantener y conservar los cauces. Es un tema al que se le dio demasiada importancia, en atención a los ambientalistas y a la izquierda de su gobierno, cuando la infraestructura pública y los cauces ya existen y, además, estas medidas resguardan la vida de las personas y la seguridad de la población.

Diputado Cifuente: "Aquí hay un error garrafal del gobierno, primero al colocar las indicaciones y ahora al vetarlas, cuando realmente aquí mismo indican todo para lo que sirve, digamos. Entonces, la verdad es que llamaría sobre todo al oficialismo para esta aberración de veto a rechazarlo. En este sentido, creo que esto requiere de una discusión un poco más calmada. Yo entiendo claramente las urgencias que tienen los otros aspectos que hemos visto, sobre los cuales en esta comisión no tenemos grandes diferencias, además porque fueron aprobados. Sin embargo, hay una forma de enfrentar el tema en cauces que, en mi criterio, precisa de un poco más de tiempo. Entonces, la subsecretaría, si entendí bien lo que plantea, es hacer un veto, es decir, eliminar este artículo para iniciar la discusión en otro proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, la pregunta sería: ¿cuándo ingresaría y en qué tenor?" Diputada Francisca Bello: "Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer algunas apreciaciones respecto a las prohibiciones. Lo que nosotros aprobamos en la ley SBAP es que se prohíben alteraciones físicas a humedales constituidos como sitios prioritarios. Sin embargo, la misma ley nos plantea que pueden existir alteraciones, ya que los humedales necesitan, de alguna forma, generar intervenciones, ya sea mediante la extracción de caudales, la alteración de la barrera terminal, etc. Solamente estamos diciendo –y en sintonía con el diputado Cifuente– que este tipo de reformas, o bien el tratar de hablar respecto a una ley que ya aprobamos, debe discutirse en la Comisión Técnica Permanente, porque es un tema complejo y difícil. ¿Qué ocurre hoy en la Región de Valparaíso? Algunas municipalidades, sin criterios técnicos, intervienen en humedales por cuestiones que se vuelven necesarias. Sin embargo, hoy, cuando creamos un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la Comisión Técnica Permanente, se nos indica que se cambie a una ley miscelánea. Creo que podemos discutir al respecto. Es válido el punto del diputado Donoso –por supuesto, él es representante de su comuna y de las personas que votaron por él–, pero considero que a este asunto debiésemos abordarlo con un poco más de experticia, porque efectivamente lo que hoy hemos generado es una ley SBAP que prohíbe y que faculta. Y lo que aprobamos en esta ley miscelánea es que eliminamos, de forma descuidada, todo lo que habíamos escrito. Me parece que la Cámara de Diputados ya dio una discusión –nos guste o no cómo haya salido– que es vaga. Al menos, lo que intento es convencer a mis colegas de que puntualmente esta discusión se lleve a cabo en la Comisión de Medio Ambiente y no en una comisión miscelánea, que es más rápida y termina por ofrecer otras soluciones y vías. Entonces, considero que, al igual que con el artículo que viene a continuación –yo, que pertenezco a la Comisión de Recursos Hídricos–, la discusión de temas importantes debe darse en las comisiones permanentes, sobre todo Mastenga." Diputado: "Gracias, presidente. Quiero seguir la argumentación que ha expuesto la diputada Francisca Bello, en el sentido de que, además, cada vez que hemos tenido discusiones misceláneas en esta comisión se han esgrimido argumentos similares respecto a otras materias, evidenciando por qué se nos trae hasta acá temas muy diversos sobre los cuales no se puede profundizar la discusión. Esto fue así en la discusión de 2023 de la ley de reajuste del sector público, razón por la cual –y haciendo alusión a lo que rodeaba al tema de ISAPRES y del ICSA en ese entonces– el gobierno optó por no incorporar este tipo de debates tan amplios en el contexto de esa legislación para el año en curso, enviándonos otro proyecto con un nombre pomposo, pero que en definitiva resulta tan amplio que abarca tantas materias que es difícil abordarlas en profundidad. Estoy de acuerdo en que no podemos seguir modificando una legislación permanente, como es la ley que establece, entre otras cuestiones, el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas."

Ante una legislación apurada que solamente ha sido revisada en el espacio de la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado, en donde el grueso de los congresistas y las congresistas no han podido involucrarse mayormente y donde, en definitiva, estamos tomando decisiones que afectan a otros sectores del país sin tener el legítimo debate que corresponde, yo estoy de acuerdo en que, evidentemente, el Estado, cuando tiene que tomar decisiones para poder salvar la vida y salvaguardar infraestructura, etcétera, debe poder intervenir; pero ese tipo de discusiones tiene que darse donde corresponde y ese lugar no es la Comisión de Hacienda. Muy bien, diputado Alexis, y de ahí diputado Enera. Gracias, presidente. Bueno, nadie se ha cruzado con alegatos respecto a proyectos misceláneos; habría que revisar las votaciones de esos proyectos biseláneos, porque, si aprobamos todo, hoy en día reclamar por ellos sería increíble. Yo, por ahí, me opuse en algunos proyectos biseláneos; lo hice aquí, en la sala. Pero tenemos un problema, en mi opinión, más allá del requerimiento que algunos colegas parlamentarios señalan, de que esto se debería ver en una comisión especializada. Eso podría ser el futuro con otros proyectos, pero hoy tenemos que resolver sobre un artículo que, eventualmente, fue aprobado y sobre el cual el presidente ha ejercido un veto. Hay que votar el veto y, si se rechaza, este artículo queda firme. Por lo tanto, esta discusión ya no corre. No sé cómo fue la votación de este artículo en particular para todos nosotros; tendríamos que consultarlo, pero, revisando, sobre todo, lo del MOP, yo el de la DGA no lo tengo tan claro y le pediría después a los equipos del MOP y de la DGA que pudieran explicarlo un poco más. Respecto al MOP, solamente voy a contar una experiencia que puede ser distinta y que muchas veces después nos terminamos pisando la cola, porque muchas de las soluciones a los problemas que tienen las comunidades de conectividad pasan por proyectos de obras públicas que, en ocasiones, se topan con los humedales. Entonces, después, se le reclama tranquilamente al sistema público que nos adelantamos en la solución de un problema en una comunidad. Voy a poner, únicamente, el ejemplo de un compromiso que teníamos con el MOB de la doble vía San Javier-Constitución. Había el compromiso del MOC de avanzar, digamos, 8 kilómetros. No sé si se podía hacer porque estaban considerados en la misma concesión, pero se planteó avanzar; sin embargo, no se pudo, producto de que había que construir un segundo puente en el río Loncomilla, el cual tenía que pasar por un estudio de impacto ambiental conforme a la ley de humedales. Además, había otro puente más abajo, un puente derrumbado; en fin, se trataron de tres puentes. Aunque reconozco que hay humedales con un tremendo valor, existen sectores de humedales o ríos intervenidos que presentan un daño considerable y no resulta claro cuál es su valor. En resumen, no pudimos avanzar con los 8 kilómetros porque el segundo puente tenía que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual alargó la solución. Así, seguramente se presentarán problemas similares hoy y en el futuro, se los digo a mis colegas, para que se vayan preparando. En caso de que este veto se apruebe, podríamos enfrentar numerosos problemas en los cuales el MOP dirá: “Nosotros aquí no podemos avanzar, porque la solución pasa por un tema de mucho más largo alcance que una solución sencilla”. Ya es difícil levantar carteras en el MOP, en muchos casos obtener el R.S. y, si a eso le sumamos el paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental, podrían tomarse un par de años más, en el mejor de los casos. Entonces, de repente, tenemos urgencias que responder y hay que decidir qué es más importante: la problemática urgente de la comunidad o el valor ambiental que tiene, eventualmente, un humedal. Es una decisión muy compleja, pero el artículo que aprobamos deja también un espacio de resolución al servicio.

Servicio respectivo para poder declarar la pertinencia que eventualmente podría estar presentando el MOOC. No es un tema cerrado; el artículo que se aprobó tiene un espacio para que el servicio respectivo opine sobre los alcances, los impactos y la intervención que se pueda realizar. Yo solamente quería colocarlo en contexto y, siendo honesto, no tengo claro cuál es mi decisión; lo quiero decir con absoluta claridad, porque aquí chocan dos valores y problemáticas súper potentes. A mí me toca trabajar en las comunidades, fuertemente con temas de obras públicas, con franglos, con proyectos, que presentan numerosas complejidades; y la gente nos reclama: ¿qué pasa con el camino? ¿Qué pasa con el puente que no se hace? A esto le vamos a tener que sumar más tiempo, esa es la verdad. No es fácil, ya que al enfrentarnos a los problemas, resulta complicado decir “sí, en realidad” cuando se ha estado por un lado y también por proteger o cautelar lo que se abordó anteriormente. Teníamos, por ejemplo, el conflicto en el balneario del Río Claro, que está declarado humedal, y ahí se observa una zona con un puente caído, con escombros, en un humedal de alto valor ambiental. La verdad es que está lleno de botellas vacías; hicimos una limpieza en el marco de una campaña electoral con algunos jóvenes, pero la verdad es que uno la mira y se pregunta: “¿Qué hay aquí?”. Yo quiero colocar eso sobre la mesa, porque no es una decisión fácil: hay dos valores, aunque considero que la norma aprobada, al menos, mantiene un resguardo dado que el servicio respectivo tiene, debe y puede opinar sobre lo que la norma autoriza. Gracias, presidente. Muy bien, está el diputado Naranjo, luego diputado Romero y después diputado Zagüergo. El presidente comenta: “Uno ve el texto y no encuentro en ninguna parte las incidencias presupuestarias que competen a esta comisión. Me gustaría que alguien me explicara, presidente, porque creo que fue la sala la que decidió, ya que esta no es la comisión, pues vamos a ver cuestiones meramente técnicas. Es cierto que el proyecto en su conjunto se discutió aquí, pero lo que se propone es propio de otra comisión, no es la nuestra. Entonces, no sé si será ese un nuevo procedimiento. De verdad, no me cuadra, presidente, que seamos nosotros los que tengamos que votar esto. No sé si me lo podría explicar o si yo estoy muy ignorante hoy día.” La secretaria interviene: “En la minuta de la primera página les hago un breve resumen para poder entender el tema. ¿Qué pasó? Cuando se percataron de esto en la sala, se dispuso que la Comisión de Economía y de Hacienda tramitara lo que correspondía. Fue la propia Comisión de Economía la que solicitó a la sala que solamente se tramitara por Hacienda, y así se hizo. Entonces, este proyecto es naturalmente ‘05’. Por lo tanto, las observaciones del Presidente de la República, aunque no tengan incidencia presupuestaria directa —como es el caso de los tres artículos que suprime, que se tratan, como lo expongo, de cuestiones de procedimiento y normativas, sin relación con incidencias presupuestarias—, no implican que, por haber sido tratadas por la Comisión Técnica, dichas observaciones deban verse únicamente acá y no pasen a otra comisión. Estamos en el último de los últimos trámites; ya terminó el trámite legislativo.” Muy bien, diputado. El diputado continúa: “¿Sobre esto mismo? Pero, estimada secretaria, nosotros tenemos la facultad de hacer consulta.” La secretaria responde: “Sí, ahora podríamos hacer consulta; podríamos consultarle a las comisiones técnicas. Es que no hubo otra comisión técnica. En el Senado, también lo vio Hacienda, y solamente Hacienda. En este caso, no pasó ni por la comisión de Vivienda ni por ninguna de las otras comisiones, pues estuvo en Hacienda en su totalidad. Nosotros lo vimos acá y en aquello que nos fue presentado por el Presidente de la República y que se señala. Y antes tampoco había pensado en otra comisión, claro, lo que pasa es que antes tampoco…”

Pasado por otra comisión más que por la de Hacienda. Y no se vota, además, sino que se dice que la comisión se tiene que pronunciar. Después vemos la forma. Avancemos. Tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, yo, solamente, también para hacer un poco de memoria, recuerdo que efectivamente, como dice la secretaria, esto se radicó en Economía, luego en Hacienda, y el mismo gobierno nos solicitó que, para resolverlo rápidamente, estuviéramos todos de acuerdo en pasarlo a la Comisión de Hacienda. De hecho, convencí a mi bancada de que se tramitara por Hacienda, ya que era la manera lógica de avanzar con rapidez. Ahora, bajo ese argumento, y ante quienes señalan que hay que revisar temas de especialidad en sus respectivas comisiones, solamente recuerdo que, en la ley de reajuste del sector público, me gustaría que apliquemos el mismo criterio. Por ello, mandemos cada modificación a la comisión correspondiente, ya que, por ejemplo, esta ley miscelánea también modificó el Código del Trabajo, el tema de la polla y aspectos relativos a colegios, sostenedores escolares y establecimientos educacionales. Tenemos varias materias que podríamos remitir a cada comisión para que se resuelvan adecuadamente. Estoy absolutamente sorprendido, pues fue el propio gobierno quien solicitó esta técnica legislativa y nosotros, de buena fe, pusimos a disposición todos los recursos y medios para discutirla; la aprobamos en gran parte, pero hoy vemos un desorden dentro de su propia fila. Así, si fuese mejor que esto se rechace… Además, todos estos temas contenidos podrían debatirse en campaña presidencial o tratarse mediante leyes separadas en cada comisión. No tengo ningún problema, pero me gustaría que la Comisión de Hacienda adopte un criterio, porque cuando llegue la ley de reajuste del sector público quiero ver que quienes abogan por la especialidad empiecen a discutir los veintitantos artículos, cada uno remitido a su respectiva comisión. Gracias, presidente. Muy bien, diputados, volvámonos. Sí, presidente. Mire, solo decirle y expresarle, a través de la subsecretaria, nuestra primera decepción e incredulidad al ver un veto presidencial que se contradice con lo presentado por el propio presidente. Es algo que jamás había presenciado; entiendo que la secretaria tampoco, y no sé si el Congreso Nacional había visto una situación tan absurda y ridícula como esta. Si bien no tenemos que votar aquí, debe existir un informe para votarlo mañana, lo que deja en evidencia el desorden interno y las presiones en el gobierno que los chilenos deben conocer. Además, se trata de un proyecto que el gobierno impulsó con premura para simplificar las regulaciones y promocionar la actividad económica. Por ello, estamos entre la pena y la risa, pues es lamentable lo que está ocurriendo. Presidente, solo agregar que la propia subsecretaria afirma que hubo normas que debieron modificarse, lo cual requiere un veto sustitutivo y no uno supresivo que termine con la norma. Todo resulta muy extraño, señor presidente. Sé que no contamos con los votos para rechazarlo, pero quiero dejar constancia de la irregularidad que aquí acontece, ya que esto no es normal. Tenemos la mejor disposición para que este proyecto avance, porque creemos que es urgente mejorar los niveles de inversión, crecimiento y empleo; sin embargo, este absurdo, impulsado por presiones indebidas de los grupos más radicalizados de ecologistas ligados al gobierno, se evidencia nuevamente. Lamento profundamente que estemos expuestos a esta situación. Además, se puede constatar en las declaraciones de los propios partidarios del gobierno la intención de detener este proyecto, trasladándolo a diversas comisiones para obstaculizar su aprobación. Me parece absurdo y creo que el gobierno necesita más orden para afrontar los últimos meses que le quedan. Muy bien. Secretaria, tiene la palabra para responder las dudas de los parlamentarios. Presidente, por su intermedio: A ver, lo que traté de explicar –y quizá no fui lo suficientemente clara– es que, en primer lugar, esto no fue visto en detalle en la Comisión de Hacienda de la Cámara, dado que el tema surgió en la Comisión de Hacienda del Senado. Lo menciono a propósito para indicar que, aunque no se trasladó a otra comisión, en esta comisión en particular no se detuvo ni en este caso ni en el siguiente artículo. Respecto a esto, ¿qué es lo que ocurrió? Es que efectivamente...

A propósito de la discusión que se dio en la Comisión de Hacienda del Senado en relación al artículo que viene a continuación, que trata de disminuir tiempos de trámite respecto de la DGA, también surgió la posibilidad de intervenir humedales cuando se requería reparar un puente o intervenir un cauce a propósito de alguna obra propia de la DOH. Pero en esa discusión, en la que, como Ejecutivo, trabajamos con el MOP y vimos la posibilidad de que eso se diera, cuando llegamos a la sala del Senado y posteriormente aquí mismo en la Sala de la Cámara se levantaron numerosos temas que nos llevaron a la conclusión de que era preferible tomarse un tiempo, en la línea que señala interinamente el diputado Cifuentes, para tener una discusión más calmada. En este mismo proyecto se amplía el plazo desde dos años hasta cinco años para declarar humedales prioritarios. Incluso los humedales que estaban declarados previo a la ley del SBAP contaban con un transitorio de dos años; hoy dicho plazo se amplía a cinco años. Por lo tanto, contamos con hasta cinco años para discutir cómo se traspasan los humedales que estaban declarados en la ley anterior al SBAP y que ahora se rigen por la normativa vigente. Nos pareció, en efecto, que era preferible tener esa discusión más calmada, como señala el diputado Cifuentes, y, por lo mismo, podemos apurar en este proyecto de ley algo que, como indiqué en mi presentación, no está completamente definido. Es decir, hay que ver bien cuál será el ROBLESVAP, cómo será la solicitud del MOP, cómo se retrotrae una solicitud, entre otros aspectos del procedimiento que aquí se abordan. Se está declarando algo como una parte del conjunto de materias del propio procedimiento. Dado que esto no está vigente y tiene un plazo de hasta cinco años, hoy no tenemos humedales prioritarios. Por tanto, los ejemplos aquí dados no impiden que, con la normativa actual, dichos humedales puedan ser intervenidos. Si le parece, presidente, el subsecretario subrogante de Medio Ambiente que me acompaña puede explayarse con más detalle para explicar que, en la actualidad, no tenemos humedales prioritarios de acuerdo a la ley de FAP, por lo que sí podrían ser intervenidos. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludo a los diputados y diputadas presentes. En Chile existen dos normativas en lo que se refiere a consideraciones para los humedales. Por un lado, la ley de humedales urbanos –la ley 21.202– establece que si se van a intervenir, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante obras de infraestructura. Por otro lado, la ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad, dispone en su artículo 41 que cuando existen sitios prioritarios que a la vez son humedales, no se les puede hacer ningún tipo de intervención. En esos casos, por ejemplo, tampoco se podría evaluar ambientalmente un proyecto, ya que está prohibida cualquier intervención.

Se refiere a actividades hacia el futuro. Ahora, esos sitios prioritarios que a la vez constituyan humedales, hoy día, en la actualidad, no existe ninguno. Quiero ser súper enfático en eso para la tranquilidad de todos los diputados, diputadas y el público, ya que no existe hoy día ningún sitio prioritario que constituya humedal y que esté afecto a la ley 21.600, porque pueden surgir nuevos que deberán regirse bajo un procedimiento que se instaurará en el futuro, cuando el SBAP esté en operaciones – situación que aún no ocurre, dado que el DFL que crea el SBAP lo señaló para el futuro. Los sitios prioritarios anteriores a la ley provienen de lo que se denomina estrategia nacional o estrategia regional de biodiversidad, y deben someterse a un procedimiento para su habilitación. Dicho procedimiento, tal como lo ha señalado en varias ocasiones la subsecretaria, amplió el plazo de los dos años originalmente establecidos en la ley a cinco años. Por esa razón, vuelvo a ser muy enfático: hoy día no existe ningún humedal que reúna esta característica de ser sitio prioritario y, por lo tanto, no es un problema real, jurídicamente, que se impida su intervención por disposiciones legales. Esto podrá convertirse en un problema en el futuro; por ello, se ha señalado reiteradamente que es necesario un proyecto de ley específico que aborde concretamente esta materia. Muchas gracias, presidente. Primero la palabra el diputado Alexis Sepúlveda. Don, sobre el punto, el MOP lo tengo clarísimo; la explicación del subsecretario juega en la dialéctica de las palabras, pero, en realidad, no introduce ningún elemento nuevo. Si nos vamos al artículo existente – el artículo 41, permiso para la alteración física de los humedales – se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios. Hasta ahí nos quedamos, ya que aquí se incorpora el inciso que fue aprobado por nosotros y por el Senado. El subsecretario sostiene que no hay problema porque no existen sitios prioritarios; está bien, le digo yo. Entonces, ¿qué daño causa este artículo si no hay sitios prioritarios? La excepción establecida en el inciso, en ese caso, no tiene impacto. Sin embargo, al afirmar que en el futuro existirán, debemos buscar una solución para la disposición que dispone que no podrá haber alteración física en humedales que hayan sido declarados sitios prioritarios. Es decir, lamentablemente, nos enfrentaremos a humedales declarados como sitios prioritarios en los cuales existen obras públicas en algunos casos, o en otros podrían surgir futuras soluciones que, eventualmente, las comunidades nos soliciten. Si bien hoy día no se han declarado dichos sitios, pueden llegar a existir, razón por la cual se incorpora esta disposición. A mí me parece de toda lógica, pues además permite al servicio establecer condiciones para proteger estos humedales, ya que no se trata simplemente de construir un puente sobre el humedal sin más, sino que se especifica claramente que no quedarán comprendidas dentro de la provisión aquellas acciones, actividades u obras públicas necesarias para la mantención y conservación de cauces de la infraestructura pública existente y de las vías de navegación, así como aquellas destinadas a resguardar la vida, la salud y la seguridad de la población, su conectividad a sus bienes y el desarrollo y mantención de infraestructura hídrica para el consumo humano. O sea, en el tema de los cauces existe un riesgo para la vida de las personas. Si se dice que no podemos hacer nada y que la gente se salve como pueda, bienvenido; lo hemos vivido en el Mataquito, en numerosas ocasiones, en la quinta región, en la sexta región, en la región de O’Higgins e incluso más al sur. En definitiva, se precisa mantener la intervención en obras ya existentes y la conservación de los cauces de la infraestructura pública y de las vías de navegación, además de proteger la vida, la salud y la seguridad de la población, la conectividad a sus bienes y el desarrollo y mantención de la infraestructura hídrica para el consumo humano. O sea, si por alguna razón se afecta la red de APR, y bueno, que se pare la red, se destruya la APR, porque, bueno...