Senado - Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía - 10 de junio de 2025

Se abre el asplón. Cuenta, señora secretaria. Tenemos un oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos relativo a la información de la glosa cero a siete, programa cero uno, al Servicio Nacional de Menores, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025. A continuación, se presenta una solicitud de audiencia del señor Tomás Barraza, Secretario General de la Fundación de Derechos Humanos sin Fronteras, para exponer en mayor detalle el trabajo que realizan, compartir propuestas de colaboración y explorar posibles caminos conjuntos. Se ratifica, además, que ayer se grabó en Comité con Lina Uno, para que quede constancia en el acta de la sesión formal de la comisión. Por otra parte, la Coordinación Nacional de Concripto solicita asistir como oyente y, en lo posible, emitir su opinión respecto al proyecto de ley que reconoce la calidad de víctimas de violación a los derechos humanos a las personas indicadas en el Boletín Nº 16971-17. También se recibe la solicitud de audiencia del Director Jurídico de la ONG Yure, organización que tiene por objeto la defensa jurídica de exmilitares procesados por derechos humanos. Asimismo, se recibe una invitación del Director de la Biblioteca del Congreso Nacional para el lanzamiento de la Oficina de Pueblos Originarios, a realizarse el miércoles 18 de junio a las 11 horas en la sala de lectura de Pedro Montes, piso Valparaíso. Se pide que dicha invitación se remita a cada uno de los senadores y senadoras de esta comisión para que puedan acompañar el evento. Adicionalmente, se presentan dos informes del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, denominados “El Estado de Chile y sus obligaciones internacionales, el principio de igualdad y no discriminación”. La idea es que este informe se distribuya a todos los senadores y senadoras, a efectos de considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo en el proyecto en la comisión mixta. En cuanto a la opinión consultiva, se menciona la número 29, correspondiente a la H22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concerniente a personas mayores y enfermas terminales. Se propone que dicha opinión se incorpore al proyecto en debate, respecto de la situación de las personas mayores y también de las personas enfermas, para efectos de cumplimiento alterno y que se tenga en consideración. Cabe señalar que se sostuvo una reunión con el ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se trató en particular esta opinión consultiva 29, relativa a las condiciones que deben tener los reglamentos penitenciarios para las personas mayores, a fin de evitar la violación de sus derechos. Reiterando el orden del día, se establece que, en primer lugar, se abordará la Ley de Presupuesto; en segundo término, se presentará la intervención del señor Tomás Barraza sobre el trabajo de la Fundación de Derechos Humanos sin Fronteras; y, en tercer lugar, la intervención de la Coordinación Nacional de Concripto respecto al proyecto de ley que reconoce la calidad de víctimas de violación a los derechos humanos. Se agradece asimismo la presencia de las ministras, en particular de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, la ministra Javiera Toro, quien ha sido convocada para votar las indicaciones al proyecto sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, referenciado en los Boletines Nº 15.776-17 y 9.363-08. Finalmente, se solicita que en el acta del informe de la comisión se incorpore el proyecto presentado por los diputados mocionantes, cuyo principal impulsor es la diputada Ñanco, en representación de todos y cada uno de los diputados y diputadas que formaron parte de dicha moción.

Tenerla a disposición en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y, asimismo, si el proyecto puede ser adjuntado al informe de la propia comisión, un extracto de las ideas matrices de ese proyecto en la Cámara de Diputados, en la Sala. La idea es que este sea el proyecto que finalmente despachemos y que tendrá el apoyo del Ejecutivo. Asimismo, se plantea la posibilidad de citar a los diputados y diputadas para hacerlos partícipes de este proceso legislativo. Ministra, agradecer también a la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, jefe de la División de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos; al señor Sebastián Cabeza; y a la asesora Valentina Parodi. Agradecer, en particular, a la Subsecretaria de Derechos Humanos por habernos acompañado ayer en Colina 1, donde se pudo revisar la situación de grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas mayores y el hacinamiento en ese penal. Estuvimos también con una señal de esperanza, observando el funcionamiento del TEC y cómo Gendarmería está reinsertando a personas privadas de libertad. Ojalá eso podamos multiplicarlo. La invitación que quiero hacer, antes de pasar a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, es que organicemos una agenda para recorrer distintos centros penitenciarios del país y establecer una política al respecto, pues creemos en la importancia de insistir en la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de personas que han infringido la ley. Senador Rojo de Bars expresó su preocupación: "Yo, por lo menos, no conocía Colina 1; nunca había estado en el pabellón a asistir. Y la verdad es que, para no dejar de mencionar, lo del set me pareció muy interesante por introducir lo positivo. Lo que se hace en Mimbre, en la empresa Ducase, en la panadería, creo que ojalá se pudiera hacer más, ya que se veía mucha esperanza en las personas que trabajaban ahí para poder reincorporarse. No conocimos los patios internos, pero estuvimos lo más cerca posible dentro de la infraestructura de la población general, y donde sí fuimos fue al pabellón a asistir." "Quiero decir que lo que ocurre en ese pabellón es completamente inaceptable: un pabellón con, no sé, 200 personas en el que la más joven tiene 68 años. No puedo confirmar las edades que me dieron, pero le pregunté a tres personas, cuyas edades fueron de 93, 94 y 95 años. Realmente es como revivir la época medieval; es una venganza total. ¿Cómo es posible que en Chile exista una población en esas condiciones hasta el final de sus días? Y, además, se nos informó, antes de entrar, que prácticamente toda la población –se hablaba de un 98% o 99%– tiene enfermedades, algunas de ellas en etapa terminal. Eso es, sin lugar a dudas, una vergüenza." "Estaba tan impactado que, al final, se realizó una pequeña reunión en la que la subsecretaria lo vio y yo ni siquiera supe qué decir, debido al nivel de indignación que provoca ver tal situación. Además, quiero mencionar que hace un par de años se realizó un indulto general para todos, salvo para los adultos mayores. De hecho, le preguntamos a la persona que estaba en Colina 1 cuántos adultos mayores de tercera o cuarta edad había en el recinto; la persona dijo que iría a buscar los datos y no regresó. Es curioso que, al preguntar por la cantidad de adultos mayores en la población general, la información nunca se obtenga." "Permítanme expresar mi molestia, pues cuando uno va al pabellón del lado se encuentra exclusivamente con personas mayores de 70 años, e incluso algunas de 68 años. Realmente me sentí como en las catacumbas."

De la Edad Media, cuando los cristianos castigaban a los musulmanes y viceversa, es impensable, es una vergüenza lo que ocurre. Debo decir que me impresionó totalmente, porque además el hacinamiento que presenciamos no se limita únicamente a las celdas: están hacinados en los pasillos, en la cocina. En la cocina tuvieron que sacar el microondas y el pequeño refrigerador que había; no tengo idea de qué más había allí. Tanto la cocina como el comedor se vieron obligados a sacar estos elementos para afuera. Yo quiero decir que, si eso no es una violación flagrante de derechos humanos por parte del Estado de Chile, me pregunto: ¿qué lo sería? ¿Qué puede justificar tener a un señor, que ya no tiene dientes y padece una enfermedad terminal—al que se le pregunta su edad y responde 94 años—o a otra persona ciega, cuya edad quizá también sea avanzada? Realmente, no sé, presidente, y perdón por la emoción, pero lo que vi me molesta. Creo que es una mancha en Chile tener algo así, pudiendo perfectamente hacerse algo, al menos en los casos más duros. Y eso es un llamado, también por intermedio del presidente, al gobierno, un gobierno que dice defender los derechos humanos y que francamente no puede tener ese trato. Es mi humilde opinión como senador, que no conocía Colina Uno—ni siquiera había estado en la comisión—pues llevo 12 años en el Parlamento, y es la primera vez que estoy en la Comisión de Derechos Humanos. No conozco la realidad carcelaria lo suficiente como para afirmar categóricamente otra cosa, pero esa es la única imagen que puedo dar: esto se asemeja a las películas medievales, en las que los castigos eran inaceptables. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, le voy a pedir a la secretaria de la comisión—quien nos acompañó y cuya visita de comité ya ha sido formalizada y ratificada por esta comisión—que elabore un informe respecto a dicha visita. También solicitaremos las exposiciones que nos realizó Gendarmería para tomarlas como base y acompañarlas. Quisiera insistir en que he estado en Colina Uno, en todos los pabellones, y puedo decir que, si bien la situación de reinserción que hace el SED es espectacular, acá se están incumpliendo normas. Incluso existe un fallo de la Corte Suprema que establece la necesidad de contar con un médico para brindar tratamiento de ELEAM en el recinto penitenciario. La situación es crítica, pues hay, al menos, dos personas con cáncer terminal; el 98% padecen enfermedades crónicas y se registran salidas, mientras la cantidad de personal de Gendarmería destinado a personas mayores en ese pabellón resulta insuficiente desde la perspectiva de la escasez de recursos humanos y técnicos. Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula, un acuerdo político que permita salir de las lógicas de polarización actuales, tal como se hizo con las mujeres embarazadas o aquellas con niños menores de tres años, pues no pueden existir en pedagogía en estas condiciones. A la vez, debemos cumplir normas internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores, la Opinión Consultiva 29 de la Corte Interamericana de Personas Mayores de Enfermos Terminales Privados de Libertad y otras normas internacionales que establezcan un estándar. Habrá que sortear todos estos temas y lograr que esta comisión tenga la capacidad de alcanzar un acuerdo; eso es parte de lo que debemos hacer. Por ello, le pido a la secretaria de la comisión que emita un informe y lo remita a todos los miembros. (Llama poderosamente la atención) Fíjense que, de lo que se mencionaba, no tengo otra que hacer fe que la información entregada es veraz: entre 14 y 15 salidas diarias a hospitales o centros médicos; 14 y 15 salidas diarias; cada persona que está en un hospital…

Para poder ver este proyecto primero, porque efectivamente voy a poder presentarlo y me tengo que volver a Santiago, me parecía muy importante poder estar aquí a presentarlo, sobre todo por la disposición y la voluntad transversal que existe en torno a este. Como ya ha señalado usted, presidente, este es un proyecto de ley que refunde dos proyectos previos presentados aquí en el Senado: uno que fue presentado por primera vez en el año 2014 por moción de los senadores Bianchi, Durresti y Horvat, y luego en el año 2023 por usted, presidente, la senadora Campillá y el senador Saavedra, Fanri Selvergue, que también está acá, y Kuchel. En paralelo, en la Cámara se presentó también un proyecto de ley por parte de la diputada Añanco, la diputada Fríes y otros diputados, el cual se está tramitando en la Comisión de Derechos Humanos y cuyos nombres estarán consignados en el informe. Le agradecemos esto, y lo traigo a colación porque las finalidades de los proyectos de ley son muy similares y las indicaciones que vamos a presentar ahora recogen justamente el trabajo de la Cámara. Esto da cuenta de que existe una voluntad transversal y, teniendo en cuenta que en el Senado también se comparte esta preocupación, nos asegura la posibilidad de avanzar en una materia tan importante, considerando que luego tendrá que verse en la Cámara. Para pasar a la presentación, queríamos presentar cuatro temas para finalmente exponer la indicación sustitutiva que estamos presentando. En primer lugar, la situación de las lenguas indígenas en Chile: cuál es el marco normativo que existe hoy día y por qué resulta relevante la legislación que se propone, en tanto que las iniciativas, tanto por vía administrativa como por iniciativa de este gobierno, se están impulsando en materia de derechos lingüísticos y en el contenido propiamente tal de la indicación sustitutiva. En materia de la situación de las lenguas indígenas, se ofrece un resumen de la vitalidad de estas lenguas y del peligro que enfrentan hoy día. Como se puede apreciar en el gráfico, el conocimiento de las lenguas indígenas va en descenso, considerando incluso aquellas de mayor vitalidad, como el Mapudungún, el Aymara y el Rapanui, las cuales enfrentan un peligro crítico de desaparición. Esto se debe no solo a la disminución de la población indígena que habla o comprende, en distintos grados, estas lenguas, sino que, además, dicha proporción ha caído del 12% en 2009 al 8,5% en el año 2022, en un proceso bastante acelerado. Sumado a ello, el análisis por edades revela que son principalmente las personas mayores quienes poseen un mayor conocimiento, lo cual sin duda acentúa esta tendencia a la baja. Estos primeros datos generales ponen de relieve tanto la preocupación en esta materia como la pertinencia de una legislación como la que se propone. Luego, al analizar el marco normativo de los derechos lingüísticos en nuestro país, se observa que existe por un lado un marco normativo internacional que ha establecido estándares y obligaciones a las que el Estado chileno se ha comprometido. En primer lugar, el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 4, 5 y 28 trata esta materia, impone al Estado el deber de adoptar medidas especiales para salvaguardar las culturas de los pueblos, de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, lo que incluye la relevancia y los deberes de preservación, desarrollo y práctica de las lenguas indígenas de los pueblos, entre ellas una…

Posición bien específica en términos educativos, en el sentido de que siempre se deberá enseñar a los niños, niñas y adolescentes a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en aquella que se hable con mayor frecuencia en el grupo al que pertenezcan. Luego tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 13 y 14 aborda estos temas. Se reconoce el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las futuras generaciones historias, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistemas de escritura y literatura, así como la toponimia y la atribución de nombres a las comunidades y personas. Esto incluye adoptar medidas eficaces para proteger ese derecho, de modo que no se limite a una mera declaración. Asimismo, se señala la importancia de las obligaciones relacionadas con el sistema educativo, el cual debe establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes, siendo una obligación del Estado impartir educación en los propios idiomas. Se destaca, además, la preocupación por garantizar que los niños tengan acceso a la educación en su propia cultura y lengua. Por otro lado, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 14 y 15, reitera en la misma línea este marco normativo robusto, al cual se ha suscrito el Estado chileno. A nivel nacional, se destaca la ley indígena de 1993, que establece el deber de la sociedad en general y del Estado en particular de respetar, proteger y promover el desarrollo de los pueblos indígenas, su cultura, familias y comunidades, y asigna a la CONADI la función de promover las culturas, idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe. También, la Ley General de Educación establece el principio de interculturalidad, reconociendo y valorando al individuo en su especificidad cultural y de origen, lo que incluye, sin duda, su lengua, y consagra la educación intercultural bilingüe en el ámbito curricular dirigido a niños, niñas y adolescentes. Por último, se menciona la ley que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, la cual incorpora el principio de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Es importante recordar que se está tramitando una modificación a la Ley de Patrimonio, y en ese contexto se realizó una consulta indígena en la que se abordaron algunos temas relacionados con las lenguas. Aunque la Ley de Patrimonio reconoce estos aspectos de manera general, la modificación complementa dicho reconocimiento. En cuanto a las iniciativas que el gobierno está impulsando en materia de derechos lingüísticos, se destaca la adhesión, en el año 2022, al diseño internacional de las lenguas indígenas, iniciativa proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas y promovida por la UNESCO. Este diseño contempla, para el período 2022–2032, líneas de acción orientadas a la revitalización, conservación y creación de nuevos hablantes. El gobierno ha adoptado un plan decenal de lenguas indígenas que establece compromisos generales y acciones interministeriales concretas para materializar estos objetivos. Ministra, tengo que pedir autorización en la sala para seguir sesionando.

De comenzar la sala. ¿Cuánto le falta? Para ver, sí, comenzó a las tres de la sesión. Porque sé de su inquietud, sigamos. Voy a dejar al senador Van Ryssenberger presidiendo mientras yo veo autorizaciones en la sala. En la siguiente lámina está el detalle del plan de escenal, con la presentación que tiene estos tres objetivos: revitalización, conservación y promoción. Además, otra iniciativa que estamos haciendo como gobierno tiene que ver con la medición del estado de las lenguas indígenas. Es difícil tomar acciones si ni siquiera tenemos un diagnóstico oficial en ese sentido, por lo que se está trabajando en dos mediciones de la lengua aymara y la lengua mapuche, a realizarse en 2023 y 2024, y queremos avanzar también con la lengua rapanui. Luego, contamos con la oferta programática de CONADI en distintas dimensiones, en particular estos cuatro programas que se detallan. Voy a pasar ahora propiamente a las indicaciones. Recientemente se presentaron las conclusiones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, una comisión de composición transversal que planteó, entre otros temas necesarios para la construcción de acuerdos nacionales que impulsen la paz y el entendimiento, la revitalización cultural y lingüística. Se recomendó adoptar medidas orientadas al reconocimiento, revitalización, preservación y difusión de la lengua y cultura, con una visión mapuche, junto a medidas para la revalorización de la historia y la memoria colectiva, y la revitalización cultural y lingüística para toda la sociedad, mapuche y no mapuche. En ese contexto, y considerando los compromisos e iniciativas que el Estado está impulsando, creemos que este proyecto de ley refuerza lo que se está realizando. La indicación sustitutiva que presentamos recoge, como ya se discutió en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, una discusión amplia y transversal, y lo hace porque entre los proyectos que se venían debatiendo en la Cámara y el que se discute acá existía una similitud en los objetivos, fundamentalmente relacionados con promover, proteger y garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como con promover el uso y desarrollo armónico de las lenguas indígenas junto al idioma castellano. Se trata de un proyecto de ley que consta de nueve artículos. El primer artículo establece como objetivo reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Chile, reconocidos en la misma ley, que hoy día son 13, si no me equivoco; ese es el objeto y alcance de la ley. El artículo segundo señala que el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena, con las obligaciones de promoción de la interculturalidad, y tiene el deber de salvaguardarlas, recuperarlas, revitalizarlas, conservarlas, fortalecerlas, investigarlas, promoverlas y difundirlas, en específico en cuanto a los derechos lingüísticos. El artículo tercero define cuáles son las lenguas indígenas, entendiendo por ello aquellas en uso o en desuso que forman parte del patrimonio cultural indígena de los pueblos reconocidos en la ley indígena. Y el artículo cuarto determina específicamente cuáles son los derechos de los pueblos originarios en esta materia: la comunicación, la no discriminación y el aprendizaje, enseñanza y recuperación.

O sea, el derecho a comunicarse en la propia lengua, de forma oral y escrita, y el Estado, en ese sentido, tiene que propender a brindar servicios de interpretación u otras herramientas para facilitar esa comunicación. Por supuesto, el derecho a la no discriminación, a no ser discriminado por el uso de lengua indígena, y la posibilidad también de denunciar actos de discriminación arbitraria cuando están basados justamente en el uso de la lengua indígena. Y esta dimensión de aprendizaje, enseñanza y recuperación, que como podemos ver tiene que ver con las acciones y las obligaciones más específicas que se determinan más adelante. Luego, el artículo 5 establece que el Estado reconoce la importancia de los procesos propios de revitalización, y que, por ello, también las comunidades pueden solicitar apoyo y asesoría a través de las instituciones del Estado, entendiendo y reconociendo esos procesos que vienen justamente desde las propias comunidades. A continuación, los artículos 6 al 9 regulan materias relativas a la promoción y a la enseñanza propiamente tal. El artículo 6 regula la educación intercultural bilingüe como una forma de rescatar, conservar, promover y enseñar la cultura, la cosmovisión y la lengua indígena. También reconoce el derecho de los pueblos a desarrollar sus propias instituciones educativas, sin duda dentro de la normativa vigente, pero reconociendo esta particularidad, y señala que el Estado, en conjunto, a través de los Ministerios de Educación, de las Culturas, de Desarrollo Social y la CONADI, promoverá también las iniciativas autogestionadas, reconociendo el rol que han cumplido principalmente en la promoción, la conservación y en el apoyo que desde el Estado se pueda brindar para esa dimensión y todo lo que se ha construido. Luego, el artículo 7 señala que el Ministerio de Educación considerará adecuaciones curriculares para impulsar la enseñanza intercultural bilingüe en los establecimientos educacionales, y, por supuesto, el Estado reconoce la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas en todos los niveles educativos, desde parvularia hasta educación media. El artículo 8 establece que el Ministerio de Educación promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe. Esto es muy importante, porque no basta con declararlo, sino que necesitamos que existan esas capacidades. Hoy día existen experiencias que son interesantes, pero que evidentemente requieren ser fortalecidas para cumplir el objetivo de la ley. Finalmente, el artículo 9 indica que las instituciones educativas que incorporen la enseñanza de lenguas indígenas como idioma principal deben cumplir con los requisitos normativos y considerar las particularidades culturales y territoriales. Todo esto está absolutamente en coherencia con la legislación educativa, reconociendo especialmente la importancia del Ministerio de Educación y del Ministerio de las Culturas en este objetivo de promoción, conservación y enseñanza de las lenguas indígenas. Ese es un resumen de la indicación sustitutiva que va en el mismo sentido del objetivo del proyecto de ley que aquí se discute. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Ministra. ¿Comentario, senador? Quizás podemos suspender ahora y volver después, porque la ministra se tiene que ir. No sé, presidente, ¿usted...? Bueno, a ver si es que llega el senador Chagüen. De todas maneras, a mí yo no había tenido la oportunidad de ver las indicaciones de la ministra, así que lo que le iba a proponer al presidente era que nos dejara procesarlas un poco antes de votar, digamos, ahora, si es que vamos a hacer eso... Y la presentación ya está terminada. A lo mejor también podemos terminar la sesión. Ah, perfecto, ya. Entonces, queda un punto, como le indica la secretaria y tal como lo indica el senador Edward: suspendemos la sesión por el momento.