Senado - Adulto Mayor y Discapacidad - 10 de junio de 2025

Muy buenas tardes, saludar a los senadores Velázquez y Sandoval. Secretaría, tenemos cuenta. Presidente, para la presente sesión asiste doña María Pilar Iturrieta, quien es la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo de PNL. Muchas gracias, señor Secretario. Fuera de micrófono le pedí autorización y acuerdo al senador Velázquez y al senador Sandoval para poder recibir a la Fundación Ronda. Así que me gustaría partir con ello, y ya tenemos dos proyectos en la tabla. Si quieren, siéntense y ahí les explico un poquito, un par de comentarios. Antes de darle la bienvenida oficial a la Fundación Ronda, quería hacer un punto respecto a una información que nos llegó. Algunas cosas quizá las voy a leer, pero se sabe que, entre el 2018 y el 2020, más de 11.800 adultos mayores quedaron hospitalizados sin que sus familias los fueran a buscar. Se busca transformar este abandono en un delito sancionable, con un proyecto de ley que crea el Registro de Deudores, retenciones automáticas y sanciones. Estas cifras, documentadas por la ONG Mentesana mediante solicitudes de transparencia, reflejan un fracaso en nuestros vínculos familiares y en el rol protector del Estado. Específicamente, se busca hacer responsables a los hijos y a las familias, en relación con la cantidad de adultos mayores que se hospitalizan y que nunca más los van a buscar. Algunos de estos adultos mayores requieren que los hospitales designen habitaciones o camas para mantenerlos hasta que se les encuentre, de alguna manera, un hogar o un domicilio que los acoja. Hoy día, prácticamente, a través de la falta de fiscalización y de políticas públicas que no actúan de manera directa y sancionatoria, ejemplar, no se persigue la búsqueda de estos familiares que abandonan a los adultos mayores. Como último dato, cifras del Servicio Nacional de Adultos Mayores (SENAMA) reflejan que, solamente en el 2023, se presentaron más de 9.000 denuncias por maltrato o abandono a adultos mayores, muchas de ellas contra sus propias familias. Asimismo, cifras del Instituto de Instrucción y Tecnología de los Alimentos indican que un 32% de los adultos mayores está en riesgo nutricional y un 16% vive en inseguridad alimentaria. Quería poner este punto sobre la mesa, pues es algo que no hemos conversado lo suficiente, relacionado con la poca dignidad con la que viven muchos adultos mayores, quienes, además del abandono, ni siquiera pueden alimentarse de manera correcta. La familia o las personas que deberían estar a cargo en primera instancia no lo están haciendo, y, en definitiva, no existen políticas públicas ni leyes que vayan en la búsqueda de estos delitos, o simplemente estamos normalizando una situación que se produce a nivel país y hospitalario. Esto impide que los espacios destinados a urgencias médicas cuenten con la disponibilidad necesaria, y, por ello, se mantienen adultos mayores que no deberían estar allí una vez que, habiendo ingresado por una urgencia, ya estando, entre comillas, sanos, debieran estar en un lugar que los acoja, les dé amor y, principalmente, los reciba su propia familia. No sé si senadores Sandoval y Esteban tienen algún comentario o alguna sugerencia que podamos hacer como comisión, oficiarnos, ponernos a disposición y, quizá, dialogarlo con la Presidenta Campillay. Quizá podamos buscar proyectos que vayan en esta línea y que puedan verse en un primer y en un segundo trámite, de modo que se le dé la urgencia necesaria a una tremenda problemática, presente y lamentablemente normalizada. Sí, yo creo que, sin duda, es un drama humano y social de gran relevancia. Recuerdo, por ejemplo, la cuestión de la internación forzosa de adultos mayores en centros contra su voluntad. Existen varias mociones a ese respecto, y, evidentemente, el drama afecta a los adultos mayores en el proceso de envejecimiento.

Que ya por todos conocido, cuando uno conversa con las organizaciones en general, todas ratifican que nuestro país no está preparado para lo que significa la atención adecuada y digna de personas que no queremos que estén al margen de las redes naturales de acompañamiento, que evidentemente es la familia. Ante la ausencia de estas redes institucionales formales, a cierto tiempo incluso nos enteramos por la prensa de abuso. Muchos de estos casos son la punta del iceberg, porque la vergüenza que sienten muchos adultos mayores para denunciar —ya que no se trata de denunciar a personas abstractas, sino a sus propias familias directas— se asocia a una situación humana sumamente compleja. Me parece válido que podamos diseñar alguna estrategia para revisar qué proyectos existen y, en su defecto, plantear nuevas iniciativas que apunten en esta tarea. Es un tema relevantísimo que usted, presidente, pone en la discusión; es una realidad evidente y no deberíamos taparnos los ojos frente a este asunto, sino hacer todo lo posible para avanzar en él. Incluso recuerdo que en la tramitación de la Ley de Envejecimiento existía un aspecto relacionado con la Defensoría de los Mayores, donde se habían presentado diversas iniciativas sobre ese particular. Sin embargo, ahí quedamos con esa norma: me decían que ayer también la retiraron de la tramitación, pues hay discusiones sobre algunos aspectos de dicha ley, en especial lo que hace relación con el contrato especial de mayores, lo que ha generado cierta inquietud en el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. El tema que usted plantea es una realidad, y si no fuera por los medios de comunicación en algunos casos y por las instituciones que llevan trabajando desde hace tiempo este asunto, a veces no pasamos de proyectos de ley o legislamos. Pero nuestro país, en general, en este y otros temas, carece de sensibilidad; promovemos poco, decimos poco y reconocemos poco, o vivimos momentos en que, ante un escándalo, actuamos de forma repentina. Por ejemplo, cuando discutimos los presupuestos a fin de año aparecen numerosos temas porque llegan muchas agrupaciones al Senado, y después el resto del año se pasan desapercibidos. Más allá de esto, en nuestro medio y en nuestro sistema se evidencia una cuestión de orden cultural. Hace algunos días le saqué una foto a una nota del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) que indicaba que un 32,4% de los adultos mayores está en riesgo de nutrición y que un 15,9% enfrenta inseguridad alimentaria, ya sea severa o moderada. Me parece bien que existan campañas en otros ámbitos, como en materia de protección animal, pero claramente algo está ocurriendo. Sería interesante revisar si hay proyectos de ley ya instalados o, en caso contrario, proponer conjuntamente alguna iniciativa en este sentido, considerando que al gobierno le quedan pocos meses y se limitará a algunas cuestiones declarativas; sin embargo, todo suma en este tema. Tratemos de elaborar una iniciativa lo más transversal, profunda y directa posible, colocándola como aporte a los organismos pertinentes, ya sea por los temas que nos convocan en esta comisión o en otras áreas, como el combate contra el consumo de drogas. Usted mismo impulsa políticas para promover el ejercicio y la vida saludable, pero nos falta comunicarlo en los medios: en las radios antes se escuchaban reflexiones y se transmitían conceptos crudos, y en la televisión y redes sociales tenía presencia, pero hoy, ante la ausencia de estos espacios, otros los ocupan.

Repitiendo a los estamentos que cuentan con los recursos para la publicidad necesaria, si habláramos todos los días para inculcar en los niños lo importante que es consumir frutas y verduras, con un bonito ejemplo pedagógico, probablemente el efecto sería muy eficaz. Así como hoy día se está promocionando, no sé qué regalo para el papá, mediante un marketing dirigido y bien orientado, puede ser igualmente útil. A ver si también, por ahí, podemos dejar anotado como pendiente para las tantas visitas que recibimos sugerir esto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Esteban. Dame la bienvenida al senador Insulza también. Sobre estos puntos, creo que con esto pasamos la cuenta; no sé si el senador Insulza querrá comentar algo al respecto, ya que le pasé una pequeña minuta de este punto variado que pusimos sobre la mesa. Justamente retomando las palabras finales de Esteban, considero que los problemas los percibe la ciudadanía en general, sin embargo, los normalizamos o simplemente evitamos involucrarnos y seguimos avanzando por otro lado. Sin embargo, parte de nuestra responsabilidad y deber como miembros de esta comisión es visibilizar esos problemas, trabajar en ellos y, a la larga, no limitarnos únicamente a exponer lo que se presenta acá. Además, debemos unir esfuerzos, ya que, independientemente de la coloración política, trabajamos por la discapacidad, por nuestros adultos mayores y por todo lo que abarca esta comisión. Por ello, sugiero dejar este punto abierto para una nueva revisión junto con la Secretaría respecto a los proyectos pendientes para avanzar en fiscalizar y sancionar que las familias se hagan cargo de sus adultos mayores, evitando que sean dejados en abandono y que finalmente sea el Estado quien deba gastar recursos en situaciones que no le corresponden. Insisto en el caso de tantos adultos mayores abandonados que no pueden ser resueltos arrojándolos a la calle y que hoy están utilizando espacios destinados a urgencias hospitalarias, siendo empleados para el cuidado de adultos mayores, cuando el hospital no está concebido para ello. Tal como mencionó el senador Sandoval, volvemos a ver la falta de compromiso con este gran proyecto y, tan importante para un envejecimiento positivo, se encuentra en riesgo: o lo sacan de la Cámara de Diputados o, al menos, se le concede la urgencia que merece. En algún momento funcionó como urgencia, pero simple y llanamente la vuelven a retirar. Se ha comprometido la Comisión a darle la urgencia que verdaderamente corresponde, ya que es la base y el corazón de lo que pretendemos en nuestros avances legislativos. No sé si el senador desea intervenir, pero, de lo contrario, paso a otro asunto. Les pido, María José, que para la próxima coordinación se haga con la presidenta, pues claramente no los iba a dejar afuera. Yo no me encontraba hoy de jefe de equipo, y por eso tuve que solicitar a Senadis que coordine el punto que desean plantear. Luego de usted, y siguiendo el orden de la Comisión, procederemos a la lectura del primer proyecto que estaba en tabla y que debía haber sido presentado por el Ejecutivo; se han excusado, por lo que solo se hará la lectura del proyecto. Posteriormente, procederemos con el segundo proyecto, en el que intervendrá una representante de Senadis. María José, de la Fundación Ronda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, senadores. Esta es, creo, la tercera vez que asisto a esta Comisión y, estimo, será la última ocasión por este tema, ya que es la medida más desesperada que podemos tomar como organización. Somos una fundación –no entraré en detalles, pues la mayoría me conoce–, pero llevamos más de 10 años de vida como organización. En el año 2023, la directora regional de Senadis y Los Lagos nos solicitó asumir una residencia que iba a quedar sin sostenedor, sin ejecutor, en realidad, una residencia para personas con discapacidad mental. Nunca habíamos gestionado una residencia, y todas las demás fundaciones le habían dicho que no a esta directora regional. Así, a partir de julio de 2023, asumimos la residencia, que hoy se llama Transformarse, ex Casa Nazaret del Arzobispado de Puerto Montt, ubicada en la comuna de Puerto Montt. Desde el inicio quedamos en claro –y lo expresamos de forma escrita– que, si bien aprenderíamos en el proceso (yo, como fundadora, soy cristiana y no íbamos a abandonar a la gente a su suerte), no contábamos con los recursos para sostenerla, ni siquiera un peso, por lo que necesitábamos que la financiación fuera estrictamente "plata por plata". A cambio, heredamos el equipo ya instalado en la residencia. Esa era, supuestamente, la base del acuerdo, ya que Senadis había identificado, mediante una corredora, una casa que fue entregada como parte del convenio.

Teníamos que arrendar esa casa y, el día de la instalación, nos entregaron el presupuesto del Senado, y nos dimos cuenta, en la misma reunión en las oficinas de Puerto Montt, que lo que habían hecho para mostrarnos que el presupuesto estaba cuadrado era sacar el ítem del arriendo, disminuyendo el de alimentación. En síntesis, quedábamos todos los meses con tres a cinco o siete millones menos de lo que decía el presupuesto. Lo levantamos en el acto y nos comprometieron que esa plata iba a llegar por el Municipio de Puerto Montt y por el GORE de los Lagos, cosa que no ha pasado hasta la fecha. Ese momento fue el caso Convenios, donde el GORE de los Lagos era el más involucrado. Nosotros le dijimos que, por el GORE, no vamos a recibir plata directa porque no podemos arriesgarnos más si es que nunca hemos ejecutado una residencia, que lo hagan a través de Senadis; y eso no sucedió. Quedó mandado un proyecto de 130 millones de Senadis al GORE de los Lagos, lo cual tampoco se efectuó, y a fines de diciembre del 2023 la directora regional de Los Lagos recibió presión para renunciar. Además, esa fue una reunión que sustituimos durante todo el 2023 con el exdirector Daniel Concha. Estaban todos involucrados y atentos; los correos de actas y minuta dejaban claro que, si el GORE iba a financiar, no pasó, y arrastramos ya una deuda de entre 100 y 200 millones hasta ese momento. Nos sostuvimos porque las residentes empezaron a evolucionar: unas tuvieron mayor tránsito hacia la vida independiente, una se compró una casa y otras entraron a trabajar. Hemos visto esa evolución porque hicimos un trabajo increíble con el equipo de profesionales de la residencia, que al inicio muchos no contaban con las competencias técnicas, y fuimos elevándolas, generando un trabajo conjunto, trayendo nueva gente y formando alianzas comunitarias. Hoy en día ellas están insertas en la comunidad, en el centro de Puerto Montt, junto a vecinos y vecinas. Pero, ¿qué pasó? Sostuvimos esta situación hasta diciembre del año pasado. Con millones de audiencias –con Lady Lobby, con la ministra, con el exdirector y con quien se les ocurriera– nos reuníamos para ver cómo se resolvía lo acontecido. Operamos todo ese año, además de la deuda, utilizando recursos propios, ya que una fundación no tiene capacidad crediticia, recurriendo a nuestros ahorros y dejando de hacer programas en la residencia. Recién obtuvimos en enero del 2025 toda la subvención correspondiente de marzo a diciembre de 2024, la cual pagamos de nuestro bolsillo. En noviembre y diciembre le dijimos al exdirector que no podíamos continuar, porque se venía la renovación en enero. Y nos llegó un correo en el que se exigía que renováramos el convenio por dos meses, extendiéndolo de manera unilateral. De hecho, al punto de que teníamos la gente a plazo fijo, debido a que era el segundo convenio y se renovó automáticamente. La nueva directora subrogante, Karen Astorga, asumió el cargo cuando salió el director, y si bien es muy ejecutiva, no ha solucionado lo relacionado con Senadis. Aun así, le dijimos a Karen: "No podemos continuar, no tenemos los recursos". Venía la renovación, tuvimos un aumento unilateral de dos meses y, posteriormente, venía la renovación; estaban revisando lugares con bienes nacionales, y justo en ese momento salió la directora, generando todo ese problema. Cuento corto: no hay lugares para nosotros. Tuvimos que buscar una nueva casa, ya que la que ellos nos habían encontrado –a la que nadie nos obligó a arrendar porque así fue– se caía a pedazos. Gracias a Dios encontramos una casa al frente, un poco más barata; la arrendamos y, de manera presencial, le dijimos a la directora subrogante que no podíamos continuar, y proyectamos el nuevo convenio que postulamos mientras ella buscaba soluciones. Actualmente, tenemos un déficit proyectado de 160 millones por tres años de convenio, es decir, entre 5 y 7 millones mensuales, déficit que no podemos continuar. Febrero y marzo presentan 16 millones de déficit debido a este cambio unilateral de extensión del convenio. Además, le dijimos que la nueva casa requiere 10 millones en arreglos, recursos que no tenemos. No queremos dejar a las residentes, a quienes amamos; hemos trabajado enormemente. Ellas incluso tienen hasta una iglesia, asisten a ella y son parte activa de la comunidad, a diferencia de cuando estaban en un cerro alejado. Pero no podemos continuar económicamente, no recibimos respuestas. Partí hacia Puerto Montt con recursos propios de la fundación, me reuní con el alcalde, fui al GORE y a todas partes en busca de financiamiento, y nos dijeron que no había plata. Entonces me encontré con la noticia de que, el año pasado, el GORE de Los Lagos estuvo dispuesto a entregar esa subvención a Senadis, pero Senadis dijo que no, según me informaron luego de reunirse con nuestro equipo de allá. Cuento corto: nos encontrábamos en esta situación, y ahora el GORE de Los Lagos dice: "OK, lo podemos evaluar, pero solo si Senadis dispone de su parte; que ponga algo y nosotros ponemos lo otro". Esa reunión fue en mayo; nos reunimos por audiencia en el Dialóbico con la directora de Los Lagos, la nueva directora, y nos dijo: "Mándenme esto por escrito". Y, de verdad, se ha convertido en una burla, porque le dije: "Hay una carta por oficina, aparte del primer…"

0 de abril, que fue la misma carta de la minuta de febrero, de la cual tú estás copiada y nos dices ahora que te lo mandemos por escrito. Y hasta la fecha, hoy día es 10 de junio, no ha habido respuesta. El lunes, nuestro abogado, que está aquí, jefe jurídico, les mandó un correo sin respuesta. Le dije a la asesora de la ministra: “No sabemos qué hacer, queremos continuar”. Estamos inventando un negocio, una panadería comunitaria. Ya no sabemos qué hacer, pero no tenemos las lucas y, desde enero, no recibimos ni un peso y seguimos ejecutando. Entonces, hoy día, y cierro con esto, agradezco nuevamente el espacio, porque no sabemos a dónde más ir. Queremos continuar con ellos. Ellos tienen una familia hoy día. Hemos inventado un servicio de coffee; los contratamos como garzones, están saliendo a la calle. Son personas hoy día, pero necesitamos el respaldo. No hay que olvidar que esta es una residencia del Estado, que nosotros ejecutamos, pero en ella el Estado se ha desentendido, y los que tenemos que comprar pan, pagar agua, luz y gas, desde enero a la fecha somos nosotros; y nadie nos respalda, no nos dan respuesta. Por eso, apelamos a esta comisión para que nos ayude oficiando, buscando respuestas y, además, que pongan ojo en lo que está pasando en la crisis de cuidado con las residencias. Hoy día muchas residencias están en riesgo de cerrar. No somos solo nosotros: residencias de personas mayores, de personas en situación de calle o de personas con discapacidad; es una crisis, porque lo que nos dan de subvención no cubre ni el 60% de lo que gastamos. Además, las residencias de niñez reciben casi el doble, y quién podría pensar que una persona con discapacidad o una persona mayor va a necesitar menos cuidado. Eso es lo que quiero dejar hoy día, para que se nos ayude a ver este tema respecto a nuestra residencia, de cara a la proyección de presupuesto 2026 para la residencia en Chile y también frente a las trabas que han tenido las residencias por temas de Contraloría y por el “plato roto” que estamos pagando por el caso convenio. Muchas gracias, Presidente. Gracias. María José, yo quiero volver a aclarar un punto e insisto: pedí un acuerdo fuera de micrófono con Esteban y con David, por eso quiero explicarle también al Senador Insulza al respecto. La Fundación, que nos ronda a través de ti, María José, nos acaba de transmitir una situación bastante fuerte, y ya voy a abordar ese punto en base a mis opiniones. Gran parte de lo que dices se relaciona justamente con el trabajo de Senadis, por lo que aprovecho para presentar también a María Pilar Iturrieta. María Pilar es jefa del Departamento de Derecho Humano y Seguimiento Legislativo de Senadis. Ella no sabía que venía la Fundación; nosotros, como senadores, tampoco, pero cordialmente pedí ese acuerdo para que se le diera la posibilidad de exponer estos cinco o diez minutos. Lo lógico es que esperáramos una respuesta de Senadis a través de María Pilar, pero al no estar informada, ella no preparó la argumentación ni la respuesta a esta problemática tan grave que nos acaba de presentar María José. Entonces, le voy a dar la palabra a María Pilar para que se refiera a la problemática, entendiendo nosotros, como miembros de la Comisión, que no podrá darnos una respuesta muy amplia ni certera, pues no dispone de toda la información sobre el lamentable detalle que nos ha presentado María José en temas de recursos, abandono y otros aspectos que algunos de nosotros podríamos exponer o plantear. Te agradezco, María José, el trabajo que han realizado ustedes como Fundación, este compromiso tan valioso, y lamento la situación en la que han tenido que endeudarse y poner dinero de su propio bolsillo, cuando, como bien señalaste, en nuestros adultos mayores se asignan menos recursos que en los niños, y en los presos se asigna prácticamente el triple de lo que reciben los adultos mayores o el doble de lo asignado a los niños. Es, en definitiva, una situación extraña en el mundo en el que vivimos. Dos o tres preguntas: Uno, ¿de cuántas personas estamos hablando en esta Fundación? Por lo que entendí, son personas con discapacidad intelectual. Dos, ¿pueden optar a recursos privados? Hoy día la Fundación lo permite, al ser… no sé. Tres, ¿existe, María Pilar, un censo a nivel país, comunal y regional de todas las residencias que están a cargo del Estado o que, siendo residencias privadas, están subvencionadas?

Existe un catastro claro de la cantidad de residencias, cuántos adultos mayores hay, en qué condiciones se encuentran y cuántas de estas fundaciones o instituciones que se hacen cargo de ellos cumplen con lo comprometido por los gobiernos de turno y por la Ley de Presupuesto. Siento que nos vamos enterando acerca de problemáticas que, aunque hoy no se muestran tantas, se evidencian en muchas residencias a lo largo de Chile. Ya sé que es la tercera vez que vienes, pero vuelves a poner sobre la mesa una problemática representativa de muchas otras, lo que te permite tener esa posibilidad y, además, representar a numerosas residencias. Estamos escuchando estas problemáticas y, en muchos casos, quedan aquí o se dejan a criterio de los senadores de la región o de la comuna, para ejercer algún tipo de presión, ya que nosotros no contamos con la herramienta fiscalizadora. En ese sentido, te pido, María Pilar, que como parte de Senadis nos hagas llegar información; así mismo, solicito a la biblioteca que nos proporcione datos actualizados, ya que no se basan únicamente en la información del último censo o de antiguos recuentos. ¿Cómo actualizamos la información sin echarle culpa a gobiernos anteriores? ¿Cómo estamos hoy, desglosados e informados, quizá en mi región de Bío Bío, que cuenta con 33 comunas, o en Alto Bío Bío, o en Quilaco? A mí me gusta enfatizar la importancia de contar con números y datos actualizados. Esos son mis puntos. No sé, senadores, si desean formular alguna pregunta agrupada tanto de la Fundación como de María Pilar, representante del Senado. Posteriormente, le daremos la palabra a María Pilar para que responda a María José y, ojalá, a algunas otras consultas que podamos plantear como senadores. Senadores, dejo la palabra. ¿Nadie por ahora? Ok, senador Insulza. María Belén, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Saludo a los senadores, a María José y a todo el equipo de la comisión. Para abordar esta temática, quiero agradecer el punto que hoy trae a colación María José, basado en la situación crítica en una residencia de la comuna de Puerto Montt. Sin embargo, la problemática que plantea se vincula con una discusión importante que aún ha recibido poca atención en nuestro país: la institucionalización de las personas, y específicamente de los grupos más vulnerables de nuestra población. El proceso de institucionalización se inicia desde temprana edad. Por ello, en nuestro país existen residencias, por llamarlo de alguna manera, que están bajo el alero del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, agrupando a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Luego, existen residencias focalizadas en la población adulta con discapacidad, lo que dio origen al Programa Modelos Residenciales para Personas Adultas con Discapacidad del Servicio Nacional de la Discapacidad. Además, en el ciclo de vida de las personas mayores se crea y se fortalece la oferta programática del SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que también cuenta o financia residencias para personas de 60 años en adelante. De esta forma, debemos tener claro que el proceso de institucionalización puede estar presente a lo largo de toda la vida de una persona y, desde el estándar internacional de derechos humanos, se considera una situación excepcional: solo debe darse en casos graves, cuando las personas no cuentan con una red de apoyo o familiar que les permita satisfacer sus necesidades básicas en términos de habitabilidad, alimentación, vestuario, etc., y cuando estas redes de apoyo cercanas no pueden cumplir con esos requerimientos.

Es cierto que se requiere una respuesta desde el Estado y, desde ahí, surgen estas distintas ofertas programáticas, desde la primera infancia hasta la población mayor. Con respecto al Servicio Nacional de la Discapacidad, lo que puedo señalar hoy es que, efectivamente, Senadis, desde el año 2019, ejecuta el programa “Modelos Residenciales” para personas adultas con discapacidad; es decir, su población objetivo va de los 18 a los 59 años. Senadis no tiene residencias propias, sino que ejecuta este programa con terceros ejecutores, como por ejemplo Fundación Ronda, y transfiere recursos a través de convenios que, hasta el año pasado, eran anuales y estaban sujetos a la aprobación de recursos vía Ley de Presupuestos. Desde este año se comienzan a suscribir convenios por un ciclo de tres años, considerando que estos programas son de continuidad. Existe una alta demanda y poco egreso desde el programa; los cupos nuevos —entre comillas— que se van generando son principalmente por fallecimientos de personas que ya están en las residencias, pero no hay una rotación que permita ir generando nuevos cupos. Esto significa que Senadis, a través de su red de organismos colaboradores, va suscribiendo convenios y, en el caso de Fundación Ronda, esto es lo que ha ido ocurriendo. Ha surgido una problemática, de acuerdo con los antecedentes que logré recabar en este momento con las boletas de garantía asociadas a la suscripción del convenio, y es algo que, tal como dijo María José, está en conocimiento de nuestra autoridad. De hecho, hoy, por lo que me informaron desde el servicio, hubo una reunión con el gabinete y la jefatura de Administración y Finanzas para encontrar alguna solución financiera a la problemática que plantea María José. Más detalles de ello, tal como le comenté a ella antes de la comisión, lamentablemente no puedo entregarlos porque no he participado directamente en esas tratativas, pero sí es una situación que el servicio conoce plenamente y está buscando alternativas de solución vía financiera. Ahora, para responder a la pregunta del senador Keitel en relación al catastro: Senadis, por supuesto, tiene registradas las residencias con las cuales ejecuta este programa, en cuanto al número de personas, el tipo de perfil y el tipo de prestaciones ofrecidas. Sin embargo, es una situación compleja para la implementación del programa, considerando el per cápita que Senadis financia para la manutención de las personas usuarias. Esto ha significado que se haya encomendado la realización de un estudio para estimar financieramente cuánto cuesta dicho per cápita, ya que, efectivamente, lo que paga, por ejemplo, el servicio de protección especializada es un per cápita mayor al que paga Senadis por cada usuario del programa Residencias. De esta forma, se produce una brecha para financiar la manutención de las personas, y, tal como señalaba María José, esto ha sido objeto de críticas, puesto que, a medida que avanza la edad, generalmente los cuadros de discapacidad o las condiciones de salud se tornan más complejos, lo que implica que la reducción del per cápita incide negativamente en la ejecución del programa. Todos estos antecedentes han sido considerados en el estudio, que está a punto de entregar sus datos para que Senadis pueda acompañarlos en la discusión presupuestaria, dado que, como ustedes saben, estamos en pleno proceso de formulación del presupuesto 2026. Dentro de lo que Senadis está trabajando se encuentra, efectivamente, intentar aumentar este per cápita para lograr cubrir ciertas brechas que, sabemos, actualmente afectan al programa Residencias en la manutención de las personas con discapacidad usuarias del mismo. En líneas generales, esta es la situación a nivel del programa; lo que hoy ha planteado María José se focaliza en una residencia con distintas problemáticas relacionadas con el lugar que están utilizando, situación que, como mencioné, está en conocimiento del gabinete del servicio de la directora y sobre la cual se reunieron hace un momento para poder abordarla.

Y, a través mío, comprometernos a entregar a la mayor brevedad la respuesta que ella está solicitando. Gracias, María José. Yo tengo solamente dos puntos en relación a lo dicho y a lo que entendí. Acá, el Estado, a través del gobierno de turno, mide per cápita la cantidad de personas, en este caso, de acuerdo al rango etario de discapacidad, y cuántas personas a lo largo de Chile necesitan del apoyo del Estado. Cuando se saca ese cálculo, independiente del monto, que sabemos que es muy bajo, ¿por qué, si ya se conoce para cuántas personas y el monto específico comprometido, no se entrega finalmente? Porque, si hay compromiso y existen maneras de entregarlo, a la larga se lavan las manos: andan a la gobernación, al municipio o a otro organismo. Si ya está comprometido un determinado monto—se sacó ese per cápita calculando cuánto se podía entregar, cuánto el gobierno se podía comprometer—¿por qué no se entrega? Además, son fondos aprobados anualmente y ojalá se consoliden a lo largo de tres años, para que, al menos, se deje de vivir con la incertidumbre de si el próximo año se podrá funcionar o no. Por lo menos, una vez que se da el visto bueno de una determinada asignación, sea per cápita por cantidad de personas con discapacidad o de adultos mayores. Me hubiese encantado también escuchar a la gente del SENAMA, pero ¿por qué no se entregan? ¿Por qué se tramitan de modo que dejan avanzar, obligándolos a poner las lucas desde el bolsillo, con la incertidumbre de si algún día ese compromiso—fondos ya aprobados por nosotros—se les entregue de verdad? No quiero profundizar más porque debemos pasar a lo que es la cuenta. Ese es mi punto. Insisto en dejar la palabra abierta también para los senadores, pero tomo de lo que dijo, finalmente, María Pilar: ojalá, como compromiso—y, como ya dijiste, se ha estado viendo, espero que hace tiempo se hubiera visto—la idea es concretar y quedarnos con el compromiso tuyo de que realmente se dé una respuesta como corresponde y se cumplan los compromisos generados a través de este gobierno, del anterior y, quizá, del anterior también. Hay muchos compromisos que quedaron en el aire y que no se ejecutaron. Yo entiendo que el cálculo per cápita de las personas que hoy reciben recursos queda comprometido y no se está cumpliendo lo prometido por diferentes razones; y a quién le corresponde entregar esos recursos, se lavan las manos y dicen: “No, es otro organismo, es otro organismo.” Creo que tenemos que encontrar ese orden, cumplir los compromisos y no permitir que diferentes instituciones, fundaciones, etc., tengan que asumir sus propias gestiones y gastos de lo que debiera cubrir el Estado a través de las promesas de los gobiernos de turno. Perdón por no extenderme más, pero dejo claro que ese compromiso está pendiente, que se le dará seguimiento y se dará una respuesta prontamente. Y te pido, María José, que nos hagas saber a nosotros lo que se decida. Con eso, terminamos. Solo quiero decir que el estudio fue fruto de esta comisión. El año pasado, el senador Bianchi y los senadores que hoy están presentes en la mayoría apelaron, mediante oficios y reuniones, al Ministerio; y, gracias a esa movilización de las organizaciones—tenemos residencias ejecutadas por el Senado y somos más del 80% de la oferta de residencias para personas con discapacidad, entre ellas Coanil, Cotolengo y muchas otras—finalmente se levantó un estudio. Fue a raíz de esta comisión y de la gestión de las organizaciones sociales, cosa que aún desconocemos en ciertos aspectos. Hoy, el problema que aqueja a Ronda, en particular, fue que la Dirección del Servicio de la Discapacidad comprometió cosas que no se cumplieron y que hoy necesitamos respuesta. Este es el milagro de esta comisión: que, después de dos meses sin respuesta, hoy, maravillosamente y milagrosamente, se nos va a entregar lo comprometido. Y quiero decir que esto es un problema que afecta a muchas más residencias, y que hoy, mi equipo—compuesto por 20 personas contratadas—desde hace dos años a quienes no puedo subirles el sueldo, darles aguinaldo ni otro beneficio, simplemente porque ni alcanza para pagar los sueldos con la subvención, demuestra que ustedes tendrán que aportar mucho. Nosotros, como organización, incorporamos en el proyecto el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado para que se incluyera el sistema residencial, porque también es importante señalar, en esta comisión, que no existen reglamentos ni protocolos estandarizados para que los ejecutores cuidemos a las personas; y eso es importante en ambos lados: cómo nos cumplen a nosotros y cómo, desde la residencia, se cumple el cuidado de quienes atendemos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a ti, María José. Y ojalá, en dos semanas, se le haga llegar a la Presidenta Campillay lo obtenido o no obtenido la…

Para nosotros, de alguna u otra forma, lograr generar más presión y, entre todos, avanzar. Insisto: es la realidad suya, pero es la realidad también de muchos a lo largo de Chile. María Pilar, por favor, pasamos al primer punto de la tabla que necesitamos avanzar. Sí, gracias, Senador. Bueno, para responder su consulta en relación a la entrega de los recursos, a partir de los convenios del año 2025 —que van por un ciclo de tres años— hoy se están transfiriendo los recursos a ciertos ejecutores, como, por ejemplo, Covanil y Cotolengo, que ya están recibiendo los recursos. En el caso de la Fundación Ronda, específicamente, ha existido un retraso vinculado a la entrega de la boleta de garantía debido a una extensión del convenio del año anterior. Pero eso, efectivamente, es un tema administrativo que hay que revisar. María José, eso es lo que me informan desde el servicio; por lo tanto, lo quisiera plantear también acá, en la comisión, como un tema de tipo administrativo que hay que abordar y para el cual se debe encontrar una solución rápida a la problemática. Y, efectivamente, el estudio de costeo fue fijado por una glosa presupuestaria incluida en la Ley de Presupuesto, y esa glosa ya está cumplida. El estudio está a puertas de entregar sus resultados y, por supuesto, nos comprometemos a hacerlo llegar acá a la comisión; y, en el evento de que les parezca, exponer también, como comisión, los principales resultados de ese estudio, los cuales creo pueden dar un reflejo y una luz bastante importante en relación a la institucionalización. Porque, finalmente, Senadis no solo debe financiar este tipo de programas vinculados a la institucionalización, sino que también —en un rango de relevancia similar— programas que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad y favorezcan la mantención de sus propios proyectos de vida, y que estos modelos residenciales se ejecuten, finalmente, en consonancia con esos estándares. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pilar, y muchas gracias, María José. Háganos saber, por favor, a través de la Presidenta Campillá, cómo va el compromiso que acaba de asumir la representante de Senadis. Señor Secretario, pasamos al primer punto de la tabla para que le dé lectura. ¿Hay algún senador que quiera referirse quizá a este primer punto de la tabla como proyecto? Si no es así, pasamos inmediatamente al segundo proyecto de la tabla, en el cual la representante de Senadis hablará al respecto. Primer punto de la tabla. Presidente, sobre el Boletín N°10.522 y otros refundidos, que está en segundo trámite constitucional y que modifica el Código Penal para sancionar como estafa calificada el engaño orientado a obtener de adultos mayores la suscripción de mandatos u otros títulos que afecten su patrimonio. Quisiera hacer presente que en sus tablets se encuentra la presentación del abogado y profesor de la Universidad Católica del Norte, señor Juan Pablo Castillo, quien concurrió a esta comisión el 5 de julio del año 2021, cuando los integrantes de la misma eran los honorables senadores, señora Goiz y señores Chaguanquí, Interno y Sandoal. En atención a los cambios que ha sufrido la composición de la comisión y al tiempo transcurrido, voy a leer un resumen de lo que dijo el profesor Castillo. Indicó que el proyecto de ley en discusión es muy atendible, en el sentido de que, en el derecho penal español, por ejemplo, existen, en materia de estafa, ciertas formas calificadas o agravadas que apuntan a casos como los que se plantean en las distintas iniciativas. Consideró que, previo a continuar con la tramitación de este proyecto de ley, sería recomendable analizar si las instituciones que ya existen en el país y que se relacionan con el proyecto cuentan con estadísticas confiables para sustentarlo, ya que la información con que se cuenta no es relevante en términos del efecto preventivo que una iniciativa de este tipo podría tener en Chile. En tal sentido, reiteró que, antes de intervenir en el Código Penal, se disponga esa información. Señaló que lo anterior es muy importante, por cuanto el proyecto busca crear una figura calificada en el libro segundo de los delitos, en particular, en circunstancia de que las figuras que podrían comprender el proyecto en estudio ya se encuentran resueltas por las existentes en el Código Penal. A modo de ejemplo, indicó que, tanto la estafa del artículo 470, número 4, que el proyecto quiere modificar, como la apropiación indebida, el Código Penal dispone, además, de un catálogo robusto de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que podrían aplicarse perfectamente a casos como los que se presentan en el proyecto, que probablemente se quiera reglamentar. Advirtió que se debe tener presente que, en todo momento y en términos criminológicos, el estafador se...