Bien. De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, muy buenos días. Vamos a presentar a todos nuestros invitados. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia el día de hoy, pero antes de eso, cuenta, secretario.
Gracias, Presidente. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo llegar el informe de avance del Plan de Emergencia Habitacional al cierre de abril del año en curso e información relativa a acciones desarrolladas por el Departamento de Asentamientos Precarios, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos. Además, ha llegado una comunicación de la Contraloría General de la República, en respuesta a un oficio de esta comisión, con antecedentes relacionados con permisos de edificación que indica la comuna de Estación Central. También se recibió una comunicación del Ministerio de Obras Públicas, contestando un oficio de la comisión, con información acerca de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios ocurridos en febrero de 2024, en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Los antecedentes pertinentes ya se enviaron a vuestros correos.
Por otra parte, en sesión del Senado del día 3 del mes en curso se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica textos legales para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, el cual se declara de urgencia. Además, en relación con el proyecto anteriormente consignado, la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile pidió audiencia a fin de expresar su opinión sobre el mismo. Eso es, señor Presidente.
Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, puntos varios.
Perdón, señor Presidente. Aprovechando la presencia de uno de los principales asesores del Ministerio, don Vicente Burgo, me gustaría, primero, solicitar la anuencia de la comisión para que, en la próxima sesión –o en la sesión en que se comience a trabajar el proyecto de permisología– podamos invitar no solamente al Director Nacional o al representante de los directores de obra nacionales, a quien siempre hemos tenido el agrado de recibir en esta comisión, sino también a don Mario Hernández, de la recientemente conformada Dirección de Obras Municipales Regional de Los Lagos, producto de que ellos tienen varias preocupaciones respecto al proyecto, pues indican que las realidades de las regiones son bastante diferentes de lo que ocurre en las grandes ciudades, y en Santiago en particular.
Entonces, desde ese punto de vista, quiero pedir la anuencia correspondiente. Aprovecho, antes de partir con el tema que nos convoca hoy, la ocasión para que don Vicente clarifique un tema que me quedó resonando muchísimo y que, tal vez, no tiene certeza en la materia: según lo estipulado, ese proyecto contempla una temática que, de ser así, resultaría muy preocupante, ya que los directores de obra tendrían que responsabilizarse con su patrimonio personal, incluso en caso de que hubiera errores en la ejecución de sus proyectos o iniciativas que versen sobre las materias que desempeñan. Me sorprende que se contemple tal responsabilidad, ya que ningún otro funcionario público enfrenta una sanción de esas características.
Y lo segundo, señor Presidente, respecto a un tema que me preocupa mucho, es solicitar al Ministerio que aclare lo relacionado con el mejoramiento de viviendas. Tenemos un grave problema en esa materia. Yo reconozco que, en el Plan de Emergencia Habitacional, a diferencia de la región de ustedes –donde ha sido más dificultoso, por las razones que todos conocemos, producto de que algunos no entienden ese aspecto–, incluso he defendido la postura del Gobierno, puesto que los problemas que ha tenido la reconstrucción están estrechamente ligados con la regularización, algo que a veces no está contemplado. Pero, así como en muchas regiones hemos avanzado en el Plan de Emergencia Habitacional, ya sobrepasando la meta, en nuestra región tenemos un grave problema con los proyectos de mejoramiento que están…
Técnicamente aprobados pero que no tienen financiamiento. Entonces queremos, no sé quién del Ministerio, si la señora Yanet nos pudiese ilustrar respecto a eso, de cómo se va a abordar, porque es una materia de alta sensibilidad en nuestras regiones, en cuanto a cómo apoyamos a la gente que está queriendo mejorar sus viviendas. Yo tengo el reclamo permanente de la gente de Chiloé, de Yanquiüe y de Osorno, de las provincias, respecto a este tema: tienen sus proyectos técnicamente aprobados, las entidades patrocinantes han hecho un desgaste, un esfuerzo; las dirigentes de Alerce, por ejemplo, en Portobón, insistentemente me han señalado aquello, y no tenemos claridad respecto a qué va a pasar este año 2025 con esa materia tan sensible.
Termino con lo siguiente: valoro muchísimo los avances del plan. De hecho, en Osorno hace un par de días tuvimos una entrega histórica de 1.060 subsidios habitacionales, algo que nunca había ocurrido en la historia de Osorno y de la región en un mismo día. Pero, asimismo, reclamo que esta materia no la dejemos de lado, ya que el mejoramiento y el tema térmico son cuestiones de alta sensibilidad, sobre todo en invierno, en regiones como la nuestra. Gracias, Presidente; disculpe que me haya extendido. Muy bien, gracias, senador.
Solo para clarificar: usted mencionó el Permisología 2, ¿se refiere al proyecto? ¿Cuál es ese proyecto de Permisología 2? Sí, yo entiendo que es el proyecto que modifica textos legales para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, el cual, en el fondo, complementa un poco lo que fue el primer proyecto del diputado Fuenzalía. Se aprobó en la Cámara, ya pasó acá, se dio cuenta, y nosotros lo pondremos en tabla, digo, para orden de planificación; lo vamos a poner en tabla, pero teniendo en cuenta que debemos votar este, en general, primero, ya que quedan pocas sesiones. De ahí viene, y ahí vamos a recoger las solicitudes de audiencia, de invitados que plantea el senador, por cierto.
Sí, absolutamente, no hay problema al momento de poner en tabla. Ese va a ser uno de los convocados y los demás senadores también podrán proponer a sus invitados. ¿Le parece, Vicente? Y luego, senador Sandoval, senadora Yana Prost. Vicente Burgo. Sí, gracias, Presidente, por su intermedio para responderle al senador Sandoval. A todos los senadores, particularmente al señor Espinosa y también al senador Sandoval, disculpe, senador.
Ah, bueno, yendo al fondo del asunto: efectivamente, nosotros hace ya siete meses tramitamos acá el proceso, el proyecto de ley de agilización de permisos de construcción –digámoslo así–, que abordó varias materias que hoy día estamos implementando. En la gestión de ese proyecto se dejaron algunos temas pendientes para llegar a acuerdos rápidamente en la Cámara de Diputados. Uno de ellos tuvo que ver con la incorporación de la aprobación para la recepción de los informes de mitigación vial, y es lo que estamos discutiendo; así viene el proyecto de ley planteado y aprobado en la Cámara de Diputados. Se agregaron algunos elementos de clarificación, pero ninguno de ellos pretende cambiar el fondo, senador, en el sentido de que no existe en la intención del proyecto original, ni en el proyecto posterior, la intención de responsabilizar personalmente a los directores municipales respecto a las acciones u omisiones que se tomen en los permisos de edificación.
Lo que pretende el proyecto es facilitar el otorgamiento de permisos de edificación, es decir, facilitar muchas gestiones que no van a requerir un permiso de edificación sino una simple declaración; se trata de una cuestión que estamos reglamentando hoy en día y que, en el caso de aquellas materias que requieren permisos de edificación, el proceso de reclamación sea solamente uno y no trece, como teníamos anteriormente. ¿Este procedimiento tiene algunas mejoras que se acordaron en primera instancia o que hemos visto que es mejor establecer con mayor precisión? Ese es el objetivo. No se busca responsabilizar personalmente al tribunal municipal, y así podrá ratificarse también en la discusión. Y si hubiese alguna duda respecto a la redacción que se aprobó, hay que aclararla, ya que esa no es, bajo ningún punto de vista, la intención del proyecto.
Muy bien, gracias, Vicente.
Senador Sandoval, después Senadora Rossi: dos cosas, antes de lo que me tocaba. Habría que revisar las normas, ya que hay como cinco proyectos vinculados tratando de destrabar problemas de burocracia pública en la tramitación de diversos proyectos, lo que evidentemente está complejizando la situación en la Unión General, y puede que en algunos de esos proyectos se haya mencionado que los funcionarios involucrados tengan alguna corresponsabilidad, e incluso con cargo.
Parte de las sanciones se van a aplicar a sus respectivas remuneraciones. Habría que guardar todos esos cinco proyectos que andan dando vuelta y que contienen algo de esta naturaleza. Lo que se ha hablado, Salvador Espinosa, respecto a los programas de mejoramiento habitacional es un tema que lo hemos venido discutiendo, porque hubo unas rebajas presupuestarias en estos proyectos y, en regiones más extremas, con una ruralidad distinta, dichos proyectos son súper relevantes para mejorar precisamente las condiciones.
Aquí tramitamos varias normas respecto de ese particular. Y lo otro, Presidente, es que existe una discusión hoy día súper amplia respecto al tema Colliers, ya que, en comparación, la tramitación de los proyectos solía tener una tendencia normal de 1.300 días; ya parece increíble el tiempo actual. Hoy se calcula que un proyecto se demora 1.900 y tantos días, o sea, casi cinco años para llegar a un proyecto. Y esto, evidentemente, afecta uno de los sectores más impactados: el de vivienda, con todas las implicancias en empleo, trabajo y activaciones económicas, además de abordar una serie de otras situaciones.
También se señala que tenemos enormes dificultades relacionados, por ejemplo, con el stock de viviendas, el cual no ha podido mejorarse a pesar de todos los esfuerzos. Si se acuerda, se aprobó una ley y uno quisiera medir el impacto de las normas que estamos discutiendo; por ejemplo, en la aprobación de una bonificación – ¿se acuerda del 50% del ahorro previo que tenían que presentar las familias para postular a vivienda? La última bonificación que aprobamos fue, ¿cómo se llama?, relativa a las tasas de interés, que salió hace dos o tres semanas, no más. Sin embargo, por alguna razón, esta situación nos está afectando en lo que se pretende, y las entidades manifiestan que, en realidad, existen problemas con los stocks; el proceso de construcción de viviendas sigue extremadamente lento, incluso más.
Nos pasó a nosotros y, tú, Vicente, perdón Presidente, por su intermedio, tuviste una reunión con el Ministro Monte y sectores de nuestra región. Hay un loteo en la comuna de Puerto Aysén, aprobado y ubicado en el plano regulador, en la zona de extensión del mismo, y se aprobó el plano del Odeo respecto de ese terreno en particular. Y resulta que nosotros mismos, Presidente, dictamos la famosa ley de drenaje sin haber olfateado los efectos colaterales de esta buena intención de resguardar ciertos recursos ecosistémicos –o, como dicen algunos, usando palabras tan rebuscadas–; y, de repente, surge esa famosa ley de drenaje de la que hablamos, en la que nos vimos los efectos colaterales que tenía este proyecto en áreas urbanas con evidente influencia de problemas de humedales y de estas características.
En mi región nos pasa en Puyuhuave, en Puerto Sidney y hoy día en Puerto Aysén, donde 300 familias están esperando habilitar un terreno, pero la ley de drenaje impide mejorar dichos terrenos. ¿Y dónde se van a construir las casas en una zona de estas características? Entonces, estamos enfrascados en un problema de permisos, de tramitación y de burocracia que nos complica significativamente el funcionamiento. Somos nosotros mismos los que, en definitiva, estamos aprobando estas cosas sin vislumbrar en su cabalidad el impacto que pueden tener.
Yo creo que lo que nos pasó a nosotros –en este caso, en Puerto Aysén, lo conociste tú, Vicente, la semana recién pasada– es que se está obligando a buscar otros terrenos en una zona evidentemente mallinosa, de altos niveles de capas freáticas muy superficiales, lo cual siempre ha representado un dolor de cabeza. Hubo un comité en Villa Aysén: 80 viviendas se hundieron. Tuvimos que construir otro modelo de construcción, a Mullen 1, a Mullen 2 en Puerto Aysén, con 200 y tantas viviendas, utilizando toda una tecnología de compactación nueva, compactación dinámica que salió; pero yo creo que resultó más caro lo que hay desde el radier hacia abajo que desde el mismo radier hacia arriba en las propias casas. La compactación no fue mayor a un metro y medio, aunque se aplicó una tecnología súper nueva. Sin embargo, algo no está aconteciendo y, en definitiva, no estamos, Presidente, poniéndonos las camisas de fuerza nosotros mismos. Por otro lado, empezamos a requerir todos estos incrementos para perfeccionar o mejorar los niveles de permisos que tenemos, cómo flexibilizamos, cómo mejoramos, y creo que, como alguien decía por ahí, quizás nos falta justamente eso.
Interactuar con todos los sectores. Aquí mismo se promovió esta famosa ley de humedales; hubo un senador muy entusiasta con la ley de humedales e incluso se llamó a los gobiernos para que crearan el registro, el catastro nacional de humedales, y resulta que hoy día el presidente no está empezando a jugar en contra la intención. Gracias.
Senadora Yelena Prost: Muy buenos días, presidente. Saludamos a nuestros invitados. Quiero señalar que, como ha sido de público conocimiento, este viernes la Región de Atacama, el viernes pasado, sufrió un sismo de gran magnitud y destructivo. Hay una cantidad significativa de viviendas que necesitan ser reparadas a la brevedad, además de los daños en la infraestructura educativa, universidades y establecimientos educacionales. Uno de los temas que preocupa al presidente es que existía un condominio social en la ciudad de Copiapó, Pedro León Gallo 1 y 2, que ya venía manifestando dificultades de asentamiento del edificio; con este sismo se han agravado los daños.
Tuvimos la posibilidad, el día sábado, de estar junto al gobernador, al delegado, al serbio y a la seremia del MIMBU en los condominios sociales del Palomar, donde también se verificaron problemas estructurales en dichos condominios, los cuales están dentro de la garantía, pero requieren acciones muy oportunas para entregar los recursos suficientes e iniciar los procesos de reparación y reconstrucción en los casos más urgentes.
En el día de ayer estuve con el Ministro del Interior; se comprometieron mayores recursos y hoy estarán en la región el Subsecretario del Interior y el encargado de emergencia. Sin embargo, solicito que se oficie al Ministro de la Vivienda, con copia al Subsecretario del Interior, para que se garantice una respuesta ágil con los fondos de emergencia, de manera que en las próximas semanas se inicien las tareas de reconstrucción y reparación de viviendas. Particularmente, se debería oficiar a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para obtener respuesta a las solicitudes realizadas con anterioridad a este sismo para la reparación y la movilidad que se requiere para las personas que actualmente habitan en el condominio social de Pedro León Gallo; específicamente, las dos torres, Pedro León Gallo 1 y 2, son las que presentan daños estructurales. Por ello, solicito ese apoyo, Presidenta, a la Comisión, si es que lo tienen a bien.
Senador Espinosa: ¿Habría acuerdo para los oficios? El tema es cómo abordarlo para que no se desatienda el mejoramiento por parte del Ministerio. Se debería confeccionar un oficio, ya que no da para que ahora Vicente o Janet lo profundicen; sin embargo, sí puede ser un oficio. ¿Les parece si juntamos las dos solicitudes de la senadora Provost y del senador Espinosa por separado? ¿Podría ser que en la próxima sesión se otorguen 10 minutos iniciales para que el Ministerio aborde ambos temas? Es preferible al oficio, ya que este podría demorarse dos meses; haremos el oficio para recibir la respuesta por escrito y determinaremos quién del Ministerio deberá conectarse y responder a esos temas.
Senador Sandoval: Antes de tomar el acuerdo, quisiera agregar que, de ser posible, se atiendan otros proyectos de facilitaciones, de permisología y otros que se encuentran en diferentes comisiones; algunos están en Medio Ambiente, otros en Hacienda y en diversas instancias. Sería viable que nuestra comisión realizara un monitoreo para conocer el avance y estado de esos proyectos. Por ejemplo, hay temas en Medio Ambiente que inciden en materia de vivienda, como el caso de los humedales. En fin, hay diversas situaciones. Sería factible contar, quizás a través de la biblioteca, con una radiografía sobre la situación de los proyectos de permisología que están en tramitación en distintas instancias, y, posiblemente, incluir algún anexo relacionado con temas de planificación, considerando que estamos hablando del proyecto de ley de planificación para modernizar el sistema de planificación territorial. Lo más probable es que nos encontremos con temas vinculados que se tramitan en comisiones muy distantes de la nuestra, por lo que una radiografía inicial resultaría de gran utilidad.
Se procede a dar seguimiento a la gestión desde la Comisión de Vivienda. De hecho, mañana estamos convocados a votar en sala uno de los proyectos grandes que pasó por Economía y Hacienda, que es el de permisos sectoriales. En la tabla para el día miércoles figura uno de los proyectos más grandes, pero hay otros, como usted menciona, que –si no me equivoco– están en Hacienda y esperan su tramitación. Solicitamos, además, que la biblioteca haga el reporte correspondiente de los antecedentes.
Se topa el acuerdo con lo planteado por la senadora Proboste, la senadora Espinosa y Sandoval. En la prensa empresarial salió una denuncia respecto a las inmobiliarias por la demora de Enel, particularmente en instalar la infraestructura eléctrica que requieren los conjuntos habitacionales. Dado que dicha denuncia se relaciona con una empresa eléctrica que no opera en la región de Atacama, conversé con la Ceremi para determinar si existía un correlato en la región. Ella nos manifestó que no, ya que se instaló una mesa integrada por la empresa eléctrica y la empresa sanitaria, lo que permite un funcionamiento mucho más ágil.
Sin embargo, ante la denuncia publicada en el diario financiero, considero importante oficiar al ministro Montt sobre la situación de las instalaciones eléctricas en las villas que reciben subsidios del Serviu, así como en los proyectos destinados a la construcción de viviendas para familias más vulnerables y para las clases medias. Esto se reitera en las manifestaciones de las distribuidoras eléctricas, que ya han recibido multas por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible; la comisión debiera conocer si se presentan retrasos o demoras que afecten la instalación de conjuntos habitacionales.
Por mi parte, estoy de acuerdo, salvo que se aclare cuál es esa prensa empresarial. Muy bien, habría acuerdo entre los senadores para remitir el oficio al ministro.
Pasamos ahora al siguiente punto de la tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, el cual modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país (Boletín N° 17.251-14).
Al día de hoy, hemos invitado y agradecemos la presencia de los siguientes representantes:
Por parte de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI), está conectado el encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio del Gobierno de Santiago, señor Jaime Gallardo, quien asiste representando no solo al Gobierno de Santiago, sino también a AGORECHI. Recordemos también que la semana anterior escuchamos a la Asociación de Municipios.
Nos acompaña, asimismo, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, representada por el director ejecutivo y el asesor jurídico, señor Carl Franz Kohler. De igual forma, participa la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, a través del presidente del Comité de Normas, señor José Ramón Ugarte, a quienes saludamos y agradecemos su presencia.
Finalmente, contamos con la presencia del Ministerio de Vivienda, representado por Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano, y Janet Tapia, asesora legislativa, quienes se encuentran conectados.
Solicitamos a los senadores que, en caso de haber algún invitado o invitada adicional respecto a este proyecto, lo hagan saber, ya que, en mi opinión, estamos acercándonos a agotar la discusión. Recordemos que este proyecto está en segundo trámite y la idea fundamental es recabar el consenso. En la sesión pasada se propuso debatir el proyecto en general y en particular en la comisión, dado que se trata de un proyecto de gran envergadura, con un alto nivel de consenso en la Cámara de Diputados, pero que contempla algunas propuestas de modificación. La propuesta es aprobarlo en general, abrir un plazo de indicaciones en la comisión y luego tramitarlo en particular para avanzar más rápidamente, evitando tener que volver a discutirlo en sala.
Entonces, yo quería recabar ese acuerdo con ustedes, obviamente, escuchando a todo quien deba escuchar. Hoy tenemos tres invitados y estamos abiertos a las propuestas que se hagan para la próxima sesión, pero ya estaríamos, en el fondo, por entrar en la materia de la aprobación en general. Yo debo recabar el acuerdo acá y luego, en la sala, solicitar dicho acuerdo. Pero primero, se pasa por el acuerdo de comisión.
¿Habría acuerdo, colegas? ¿Senador Sandoval, habría acuerdo para tramitar este proyecto en general y de manera particular? ¿Sí? ¿Por cierto? Sí, senador Espinosa. No, solo quiero preguntar, presidente, en relación a lo que estábamos conversando al inicio: el otro proyecto que mencionó el señor secretario, ¿cómo vendrían los tiempos? Muy buena acotación.
Bueno, mi idea es la siguiente: terminamos de escuchar acá, quedando, creo, un par de sesiones—nada más de escucha—, lo aprobamos en general, abrimos un plazo y, mientras se genera ese plazo de indicaciones, incorporamos el otro proyecto y avanzamos en paralelo, en orden. Seguramente, dado que queda una sola sesión. ¿Habría acuerdo, colega senador? Aprobado, ¿usted? Sí. Bien. Luego lo solicitamos y refrendamos este acuerdo en la sala, obviamente, para avanzar.
Muy bien, entonces vamos a pedir a nuestros invitados. Hay presentaciones disponibles en nuestras tablets. En primer lugar, a Agorechi y a Jaime Gallardo, encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio. Solo pedirles que, en la medida de lo posible, la presentación sea de máximo 20 minutos para poder generar, al final, un espacio de preguntas y comentarios en el tiempo que tenemos.
Don Jaime Gallardo: ¿Me escuchan bien?
Sí, se escucha muy bien.
Bien, gracias, presidente, por saludar de inmediato a los senadores y a la senadora Probaste presentes en sala. Entiendo que compartiré la presentación, ¿cierto? Sí, usted la comparte; igual, la tenemos en las tablets, pero también se mostrará para la gente que lo está viendo en TV Senado. Ahí la pueden ver, se ve bien. Muchas gracias.
Bien, claro, como bien usted dijo, en representación esta vez de Agorechi, vengo a presentar algunas consideraciones desde los gobiernos regionales al proyecto de ley de modernización y fortalecimiento del sistema de planificación territorial.
Primero, parto desde lo más general, en relación a la normativa que es contingente con la planificación intercomunal, ámbito en el que intervenienen los gobiernos regionales. Señalo, por ejemplo, que la Ley General de Construcciones indica en el articulado que se muestra en pantalla—del 34 al 40—cuáles son las normativas aplicables a la planificación intercomunal. En el artículo 34 se establece que, para territorios de más de 500.000 habitantes, se requiere un plan regulador intercomunal de carácter metropolitano, cuyo instrumento se compone de una memoria, una ordenanza y planos. En particular, el artículo 36 señala que dicho instrumento es elaborado por las Seremis de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, hay que recordar que, en el marco del proceso de transferencia de competencias, algunas regiones ya tienen la transferencia para elaborar o modificar el instrumento, situación que también está en curso en otras regiones.
En el caso del artículo 37, a raíz de la solicitud de algún grupo de municipalidades, se pueden elaborar modificaciones al instrumento. Y en el artículo 37 bis se podrán aprobar enmiendas a los planes reguladores intercomunales, siempre y cuando no sean sustantivas y estén asociadas a un proceso de consulta pública y a una consulta a las municipalidades.
En el artículo 38 se establece que las disposiciones de los planes reguladores intercomunales se entenderán incorporadas de forma inmediata dentro de los planes reguladores comunales, y donde no exista en el PVC, las disposiciones intercomunales actúan de manera supletoria.
En el 39 y el 40, que están destacados en otro color, hay que resaltar que son atribuciones que actualmente están…
A los gobiernos regionales, desde el año 2021, por espacios de cinco años y que caducan el próximo año 2026, se definen las áreas sujetas a la planificación intercomunal y la posibilidad de designar ciertas comisiones asesoras para la planificación urbana intercomunal. En resumen, es en este contexto en el que intervenemos respecto a la planificación intercomunal en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En cuanto a la normativa de los gobiernos regionales —en la cual tenemos poca participación en la formulación y únicamente intervienen en las fases aprobatorias o de promulgación—, el artículo 20, letra F, señala que el gobierno regional puede aprobar los planes regionales de ordenamiento territorial, reguladores metropolitanos, intercomunales y sus respectivos planos de detalle. Por su parte, el artículo 24, letra O, indica que corresponde al gobernador regional promulgar, previo acuerdo del Consejo, el plan regional de ordenamiento territorial, así como los planes reguladores metropolitanos, intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de los planes reguladores intercomunales. Finalmente, el artículo 36 estipula que el Consejo Regional, en su letra C, debe aprobar los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, junto con los planos de detalle de estos, y debe pronunciarse sobre aquellos planes reguladores comunales y seccionales que hayan tenido un informe técnico desfavorable por parte de la Seremi de Vivienda, limitándose a pronunciarse únicamente sobre los aspectos objetados en dichos informes.
Cabe destacar que esta última cuestión se retoma más adelante como una de las modificaciones que introduce este proyecto de ley. En resumen, el proyecto de ley modifica, como ya todos saben, distintos instrumentos, entre ellos la orgánica de los gobiernos regionales. Se destaca, en especial, lo relevante desde la perspectiva de los gobiernos regionales, pues se pone énfasis en modernizar y hacer más eficientes los trámites y los plazos administrativos para adecuaciones y actualizaciones, mediante un proceso continuo de actualización. Ya no se basará únicamente en un periodo de 10 años, como se señala en la normativa actual, sino que también se fija un plazo para que los procesos se inicien y concluyan: tres años desde el acto administrativo de inicio, prorrogable por un plazo de 1,5 años adicional.
Por ejemplo, en el caso de los instrumentos intercomunales, se observa que en situaciones optimistas una modificación puede tardar tres años, mientras que en otros casos algunas modificaciones ya llevan 13 años en curso. Así, el proyecto acelera la búsqueda de soluciones habitacionales a través de una planificación territorial eficiente y coordinada, en la que también intervendríamos mediante la coordinación entre los distintos niveles de planificación territorial. Este mecanismo unifica normas asociadas, permitiendo, de manera particular, la aprobación de los planes reguladores mediante decretos alcaldes, lo que busca hacer más eficiente el proceso y evitar la duplicidad de trámites.
En este marco de publicidad de trámites se propone iniciar de manera adelantada la revisión de los planes reguladores por parte de la sede de Vivienda en la fase de anteproyecto, para realizar el control de legalidad. Asimismo, se incorpora la coordinación entre municipalidades y Seremis —o gobiernos regionales, según la competencia transferida en el caso de los planes reguladores intercomunales—, de modo que se logre una planificación integrada entre los distintos niveles de instrumentos.
Finalmente, se establece un plan de capacitación como un fortalecimiento en las capacidades relativas a los instrumentos de planificación territorial, dirigido en particular a los tomadores de decisión, a saber: autoridades, alcaldes, concejales y consejeros, según corresponda. En relación a la modificación de la orgánica de las municipalidades, se incorpora la obligatoriedad de elaborar, aprobar y modificar un plan regulador comunal, considerando que, hoy en día, en las comunas la obligatoriedad se limita al plan de desarrollo comunal y al presupuesto, así como a la aprobación de normas propuestas por la Seremi en el mismo ámbito.
...pero la habilitación normativa de terreno, la elaboración y aprobación de planes maestros de regeneración de barrios o los conjuntos habitacionales de vivienda de interés público pasarían a ser aprobadas por los consejos comunales. También se incluye, dentro de las labores de los asesores urbanistas, la obligación de elaborar y actualizar informes de monitoreo respecto del estado del plan regular comunal. Por último, el alcalde requerirá acuerdos del Consejo para aprobar los planes seccionales de remodelación, las propuestas de normas políticas especiales para evitar la desarmatización de terrenos y otros instrumentos como el plan seccional, el plan de detalle y el plan de inversión en infraestructura y espacios públicos. Todos estos elementos, destacados en la proyección, son nuevas atribuciones que se incorporan en esta modificación.
En el caso de los gobiernos regionales, las modificaciones son relativamente pocas, por llamarlo de alguna forma. Principalmente, se incorpora la posibilidad de financiar estudios, ya que a partir de 2024 se deja de establecer financiamiento mediante el subtítulo 22. Además, se habilita el Consejo Regional para, mediante un acuerdo fundado, aprobar aquellos instrumentos que hayan obtenido un informe desfavorable por parte de la Seremi de Vivienda, lo que introduce una variable de carácter político en la toma de decisiones respecto de dichas aprobaciones.
Respecto a las modificaciones que afectan al Ministerio de Vivienda, este debe fomentar, implementar y ejecutar instancias de formación, lo que se suma a la obligación de comunicar y certificar dichas instancias. También debe haber reportes anuales sobre los estados de planificación, ya sea de manera nacional o regionalizada a través de la Seremi de Vivienda, y se deberá interpretar la ley general y la ordenanza, además de todos los instrumentos de planificación territorial en todos los niveles, ya sea a través de las DDU nacionales o las DDU regionales. Todas estas funciones, de carácter genérico y de alcance nacional, se replicarán en cada región.
En cuanto a las implicancias del proyecto para los gobiernos regionales, se habilita el FNDR para financiar estudios, particularmente de planes reguladores comunales, aunque no se señala la posibilidad de contar o potenciar otras vías de financiamiento. Se destaca, en este sentido, el financiamiento a través del sectorial MIMBU o mediante el sector interior por medio de subderes. Actualmente, los estudios son cada vez más onerosos en sus costos, con financiamientos que rondan los 370 a 400 millones en promedio, llegando en algunas situaciones a los 600 millones. Por ejemplo, el gobierno de Santiago cuenta con una cartera en ejecución respecto de estados de planes reguladores, valorada en 4.980 millones. Sin embargo, desde 2024 se presenta la imposibilidad de financiar estudios según lo indicado en la ley de presupuesto, por lo que es necesario contar con el FNDR para apoyar estos estudios, aunque este no puede ser la única fuente de financiamiento.
Por último, en el punto 2 se involucra tanto al gobierno regional como a la Seremi de Vivienda respecto de la prórroga de plazos para el procedimiento de elaboración de un plan regular comunal, que también contempla una dimensión intercomunal. En este caso, si bien las comunas deben presentar una solicitud fundada, no son titulares directas del instrumento de planificación, al igual que ni los gobiernos regionales ni las Ceremis. Se establece, además, que se solicitará una opinión al gobierno regional o un pronunciamiento respecto de la coherencia de la planificación intercomunal, sin que se defina explícitamente el ámbito o la materia sobre la cual pronunciarse. Se señalan, como ejemplos, la vinculación con la estrategia regional de desarrollo y con las políticas regionales implementadas por cada gobierno regional o sus programas de inversión.
Respecto a los proyectos de inversión financiada del FNR o, en el caso de las regiones que cuentan con plan regional de ordenamiento territorial, entre otros instrumentos, es necesario realizar una precisión a este respecto.
También se señala que se establecen procedimientos especiales de aprobación o modificación de los PRC o de los intercomunales, en base a un procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica. Esto requiere la modificación de otro cuerpo legal que no está señalado en este proyecto de ley, que es precisamente la Ley 19.300, y, a su vez, la modificación del Decreto Supremo 32, que es el reglamento de la aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
Otras implicancias relacionadas incluyen la posibilidad de iniciar procesos de planificación simultánea, lo cual se considera favorable, ya que para uno o más anteproyectos se podrá utilizar una imagen objetiva en común. En el caso de la RM, para nosotros resulta muy favorable esta nueva disposición, dado que estamos iniciando un proceso de actualización del Plan Regular Metropolitano Santiago en distintas áreas, y contar con esta posibilidad nos beneficia de manera importante.
Asimismo, se aclara el ámbito de competencia del nivel intercomunal de la planificación territorial en relación a las condiciones adicionales que pueden establecerse para obras de urbanización y equipamiento. En este caso, en el ámbito intercomunal o metropolitano se podrán establecer condiciones especiales que apliquen sobre las áreas urbanas que admiten actividad productiva o infraestructura de impacto intercomunal, por ejemplo, en las áreas de extensión urbana cuando actúen a través de disposiciones transitorias con carácter supletorio, o también en las áreas rurales cuando se establezcan usos de suelos para la aplicación del artículo 55.
Otra consideración que señalamos respecto del proyecto de ley es que, en cuanto a la habilitación normativa y la regeneración urbana, se percibe un riesgo al dejar que la decisión final sea resuelta a nivel municipal. Este riesgo radica, en gran medida, en que las municipalidades tienen una visión local, mientras que, a nuestro juicio, podrían ser los gobiernos regionales quienes dispongan de una perspectiva más amplia sobre lo que ocurre en el territorio, lo que deja este tema expuesto a presiones locales.
También se somete al MIMBU a una serie de nuevos procedimientos y cuestiones adicionales a las que hoy ya realiza; sin embargo, no se contempla en el proyecto de ley ningún plan de fortalecimiento de los equipos para observar adecuadamente estas tareas.
En la actualidad, diversas regiones reportan que el cuello de botella en diversos trámites está en pronunciamientos, informes u otros que se solicitan a las seremis de vivienda. Por ello, recargar a los equipos con un mayor número de solicitudes no va a lograr el objetivo de agilizar los procesos.
Si bien se busca agilizar los procesos de planificación, se incorporan mayores tramitaciones – no en el sentido estricto de tramitaciones, sino en la generación de informes de seguimiento –, lo que implica que los mismos funcionarios serán los encargados de elaborar estos reportes adicionales a las funciones que ya realizan.
Además, estos informes deben elaborarse en base a información de instituciones públicas. La realidad es que, en regiones como la Metropolitana, la información podría estar disponible; sin embargo, al abordar realidades distintas, especialmente en comunas más rurales, quizás dicha información sea más difícil de acceder y de hacer interoperables las plataformas que la gestionan. Esto representa un desafío que se aborda en el proyecto de ley.
Y en los dos últimos puntos se hace referencia a algunas precisiones que quizás debiesen realizarse, en particular en la modificación del artículo 34-35, donde se habla de...
En el 34 se señala la posibilidad de que el intercomunal indique densidades mínimas, mientras que en el 35 se señalan densidades máximas, mínimas y promedios, en las que deberán reflejarse los planes regulares comunales fijados en las intercomunales. Por último, respecto a la habilitación normativa—relacionada con el artículo 95 y su modificación—se debiese ser más exigente con el requisito, ya que, cuando hablamos de habilitar terrenos destinados a viviendas o equipamientos de carácter esencial en áreas identificadas como de riesgo en los respectivos instrumentos, no basta con contar con un diagnóstico o una recuperación de antecedentes relativos a las eventuales mitigaciones; se requiere contar con un estudio fundado y específico sobre aquellas amenazas presentes o latentes en el territorio.
Esta es la presentación, presidente, y quedo abierto a consultas de la mesa. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Jaime Gallardo, representando a Gorechi, el encargado de la Unidad de Planificación y Ordenamiento del Territorio del Gobierno de Santiago. Si les parece, les pido que vayan recogiendo las preguntas y dudas para el final, de manera que podamos escuchar a todos nuestros invitados y optimizar los tiempos. Se agradece aquello.
Bien, a continuación le ofrecemos la palabra a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. No sé si van a exponer ambos en el tiempo, Slaven y Karl Franz. Slaven, entonces, en su tiempo.
Muy bien. Director ejecutivo, entonces, Slaven Rastmilic.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la senadora y a los senadores presentes. Dejo de compartir la presentación que tengo acá para que se pueda ver bien en pantalla. Un momento, mientras logro cargarla. Voy a hacer dos puntos en simultáneo, los cuales salieron en la cuenta, en relación al proyecto de ley de agilización de permisos, que entiendo que después de las sesiones de acá, y en general, tendrían espacio también para audiencias respecto de ese proyecto. Voy a aprovechar para solicitar la invitación correspondiente, ya que hay un par de aspectos del proyecto que creemos es importante abordar. Lo anotamos entonces como parte de los invitados para ese proyecto. Si prefieren, no tengo problema en invertir el orden y darle la palabra mientras la Asociación de Oficinas de Arquitectos también se integra, según lo que resulte más óptimo.
Sí, acá tenemos la presentación también. Entonces, José Ramón Ugarte, presidente del Comité de Normas de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile.
Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señores senadores y señoras senadoras. En lo que respecta a la planificación territorial, los arquitectos tenemos varios papeles centrales. En primer lugar, son arquitectos quienes firman los planos reguladores; solo ellos pueden hacerlo. Asimismo, quienes aplican los planos reguladores también son arquitectos, pues se trata de directores de obras municipales, y de quienes construyen y llegan a la materia.