Senado - Salud - 9 de junio de 2025

Muy buenas tardes, damos inicio a la sesión de la Comisión de Salud de hoy, lunes 9 de junio. Partimos. Por supuesto, en nombre de Dios y de la Patria. Señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. De lectura a la cuenta: comunicación del coordinador legislativo del Gabinete del Ministerio de Salud, con la cual se invita a esta Comisión a una reunión con el director del Departamento de Migración y Salud de la Organización Mundial de la Salud, señor Santino Severoni, a celebrarse el día martes 10 de junio de 11:30 a 12:30 horas en las salas Juan Bustos, en el segundo piso de la Cámara de Diputados en Valparaíso. También se ha solicitado audiencia del señor Freddy Maureira, padre de Valentina Maureira, para abordar aspectos de donación de órganos y la ley de eutanasia. Eso es todo, señor presidente. Senador Castro: En primer lugar, lamento que usted, señor presidente, no coloque –estando en el sexto y último día de la discusión inmediata comunicada a sala el martes pasado– el proyecto de ley de eutanasia. Yo pedí la opinión sobre lo solicitado en la cuenta; se mencionó a Eustanacia y, precisamente, estoy hablando de eso. Una cosa es tener una posición adversa, legítimamente, y otra es impedir la discusión. Por ello, pido que haya claridad, ya que no voy a realizar emplazamientos del tipo de censura o acciones similares; somos todos grandes y conocemos las responsabilidades que tenemos. Por el bien del país y de la Legislatura, nunca ha sido tradición impedir o bloquear una discusión. Otra cosa es votar el proyecto según cada quien estime, pero me parece que, dada la prioridad de la discusión inmediata, no ponerlo en tabla transgrede las reglamentaciones del Senado, la ley orgánica constitucional del Senado y, por supuesto, la Constitución. Es improcedente tapar el sol con un dedo para discutir un tema de gran importancia, que a algunos puede gustar o no. Veámoslo en la votación, pues si a nadie le teme a ganar o perder, lo esencial es discutirlo. Esa es la clave. Gracias. Intervención interlocutoria: —¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? —Por favor, pero, a ver, no está en la cuenta. Lo dejé terminado. —No, no, no, no. No está en la palabra, senador. La ministra lo está pidiendo. No he terminado. A ver, ¿usted se ha convertido en escudero del Ministerio o está cumpliendo su rol senatorial? Mire, tenemos una cuenta, contamos con una tabla y, además, hubo una propuesta. En esa propuesta el proyecto de eutanasia está previsto para el próximo martes. Esa es una propuesta que aún no se ha votado; se propuso en virtud de mi atribución de presidente de la Comisión para proponer la tabla, lo hice saber, y el Ministerio ha estado priorizando el proyecto misceláneo del mejoramiento de los sistemas de salud. Por esa razón, hoy está invitada la Asociación Chilena, luego siguen los gremios y demás invitados. Concluimos el día lunes y el martes retomamos la prioridad que usted mismo pidió –el proyecto de salud mental, trasladado al miércoles– y ahora vamos a discutir el proyecto de eutanasia el martes. Realmente se nota el apuro en este proyecto; no lo recuerdo de memoria (“tiene por aquí el dato, ha tenido 32…”) y, además, ahora les entró el prurito. ¿Por qué no le da la palabra a la ministra, quien tiene el derecho? Usted, senador, tiene el deber de ceder la palabra al Ejecutivo. ¿En qué momento se la va a dar? ¿Qué dice la Secretaría de Proyecto Acuerdo Legislativo? Conduzca bien, acorde a la Constitución. Por favor, proceda. Voy a dar la palabra a la ministra ahora; luego seguirá el senador Gaona y la senadora Órdenes. Ministra: Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio y por saludar a los honorables senadores. En virtud de las atribuciones del Ejecutivo, solicito respetuosamente que se ponga en tabla el proyecto de eutanasia. Muchas gracias. Senador Gaona / Senadora Órdenes: Presidente, entiendo que la facultad para colocar proyectos en tabla le corresponde a usted y que no es necesario someter nada a votación. Sin embargo, respeto su atribución y procuraré no interrumpirle cuando esté hablando. Me parece normal.

¿No es así? Tentábala para el martes. Presidente. Fuera del plazo constitucional. Solamente lo dejo para… para poder terminar. Estamos sobre la cuenta, pues hay varios, ¿no es cierto? Porque me acaba de llegar el informe de evaluación del control de gestión de los hospitales, que es un desastre, y quiero explicaciones del MINSAN. Presidente, yo quiero llamar la atención un poco en que nos pongamos de acuerdo respecto de algo que siempre hemos hecho. Nosotros acordamos en esta comisión los temas y no me parece el tono con que hemos empezado hoy; siempre hemos escuchado al Ejecutivo. Yo me quiero sumar también a ese requerimiento. La eutanasia no es un debate sencillo, claramente, pero hay que darlo, y por eso también la medida. Entiendo que la discusión inmediata adoptada por el Ejecutivo es necesaria, ya que temo que acá se cancele, en el Congreso Nacional, una conversación que a mi juicio es necesaria, urgente y demandada por la ciudadanía. Gracias, presidente. Ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No había vuelto a poner la palabra. Bueno, explicar: nosotros pusimos la discusión inmediata con el objeto de ingresar las indicaciones al proyecto y para que pueda tener una discusión reflexiva con el tiempo suficiente, sobre un proyecto que durante meses hemos mejorado y discutido con los centros de bioética, de distintas facultades de medicina y con las escuelas de derecho. El objetivo de haber adoptado la discusión inmediata no era que el proyecto se despachara en tan corto plazo, sino permitirnos ingresar las indicaciones –las que ya fueron presentadas– y estamos disponibles a presentarlas cuando usted lo estime. Muy bien, vamos a iniciar la tabla del día de hoy, agradeciendo la presencia de la señora Ministra de Salud. Dice acá la subsecretaria Bagli, pero entiendo que no está. Ah, muy bien, la Directora de COMPIN. Esto para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud. No, perdón, perdón, esa es otra cosa. El primer punto de la tabla es para conocer las respuestas a las consultas que quedaron pendientes en la sesión del 26 de mayo sobre licencias médicas. Y abro con aquello. Entiendo que ustedes tuvieron buen cuidado de mantener las preguntas para poder responderlas hoy. Les doy la palabra. Presidente, yo quisiera pedir un acuerdo de la Comisión para oficiar a la SUCESO, debido a que, frente a los requerimientos que hubo tanto del Seguro Privado de Salud como del Seguro Público de Salud para hacer cruces de información respecto de personas que habían salido fuera del país, no se hicieron las gestiones correspondientes. Entonces, a mí me gustaría que se pudieran entregar, por parte de la SUCESO, todas las solicitudes de información que hubo del Seguro Privado de Salud respecto a salidas del país. ¿Por qué no se procedió justamente a aquello? Se hicieron por tres vías: (1) por un sistema que tiene el Seguro Privado de Salud para consultar a la SUCESO; (2) por reuniones de lobby que constan en la página de la SUCESO; y (3) por solicitud de información en la oficina respectiva. Me gustaría que se entregara esta información, porque creo que acá hay responsabilidad política de la SUCESO respecto a una situación que nos parece grave y que se estuvo alertando. Quiero señalar que la COMPIN estaba haciendo el trabajo: nos reunimos con la Directora de la COMPIN, se pidieron nuevos recursos con el apoyo de la Ministra para la COMPIN durante la discusión de la Ley de Presupuestos, y esos recursos no llegaron, no por responsabilidad ni de la Ministra, ni de la Directora de la COMPIN, que eran quienes estaban haciendo la pega, sino porque finalmente...

La discusión presupuestaria en Hacienda finalmente estranguló el presupuesto en Hacienda, de salud particularmente, para fortalecer la Contraloría Interna. Quiero decir esto porque es un tema que es bueno poner sobre la mesa. Muy bien, gracias, senador. Esta sesión es para dar respuesta a las preguntas; por lo tanto, se incluye, por favor, ministra, tiene la palabra. Sí, por favor, presidente, por su intermedio, darle la palabra al subsecretario subrogante, doctor Fernando Reyes. Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta presentación tratamos de responder la mayoría de los comentarios e inquietudes que se presentaron en la sesión pasada, el día 26 de mayo, en la que se trató el tema que hoy nos convoca. En primer lugar, recalcar que durante esta administración se ha priorizado la gestión del ausentismo asociado a las licencias médicas, no solo en el sector salud, sino en el sector público en general. En ese sentido, se presentaron varios comentarios: algunos apuntaban a los mecanismos que hemos utilizado para controlar la gran emisión, y otros eran de resorte legal o de materia legislativa. Recordar que este Congreso ya aprobó, de manera unánime, y promulgamos hace un par de semanas la Ley 21.746, que establece nuevas exigencias para los profesionales médicos al emitir las licencias médicas. Además, dicha ley aumenta las facultades de los organismos reguladores, entre ellos la COMPIN, y endurece las sanciones por falsificación y fraude. Por otro lado, está actualmente en discusión el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Específicamente, como ustedes saben, se otorga una nueva facultad a FONASA para ejercer un rol de Contraloría Médica respecto a las licencias médicas. Asimismo, está comprometido que en el primer semestre de este año el Ejecutivo presente un proyecto que moderniza y modifica algunos parámetros del subsidio de incapacidad laboral, buscando generar un desincentivo al mal uso de las licencias médicas, para que este beneficio cumpla con su labor de seguridad social. Este tercer proyecto se encuentra en una discusión bastante avanzada en las diferentes instituciones que le competen dentro del Ejecutivo: SECPRES, DIPRES, el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, esperamos durante las próximas semanas poder ingresarlo, y en ese momento se discutirán diversas medidas que surgieron en la sesión anterior. Por otro lado, se consultó cuál había sido el trabajo desarrollado por parte del Ministerio de Salud respecto a los grandes emisores y cómo se ha enfrentado ese problema. Como ustedes saben, en el año 2022 se inició, desde la COMPIN, un plan de fiscalización dirigido específicamente a los grandes emisores. En el año 2024 logramos fiscalizar el 3% del total de los prestadores que emitieron licencias médicas en 2023 y 2024. Se aprecia en el gráfico a la izquierda cómo nos focalizamos en aquellos prestadores que tienen una emisión superior a la media general, es decir, principalmente prestadores que emiten más de 1.000 licencias médicas. Durante el año anterior se fiscalizaron un total de 2.000 prestadores y se sancionaron 1.152. En la siguiente lámina se muestra que, a finales del año 2022, iniciamos este plan de fiscalización a los grandes emisores. Afortunadamente, hemos ido robusteciendo este trabajo a lo largo del tiempo. Actualmente, se han fiscalizado más de 2.890 prestadores y se han sancionado 1.761, datos correspondientes a finales del año 2024. Este trabajo, como mostró la subsecretaria en su presentación anterior, ha demostrado grandes resultados. Se ha reducido de manera considerable la cantidad de grandes emisores, definidos como aquellos prestadores que emiten más de 1.600 licencias durante un año. De hecho, hemos logrado una reducción del 53% entre 2022 y 2024. En 2022 había 659 grandes emisores, lo que representaba el 1,5% del total de médicos y concentraba el 20% del gasto total en licencias médicas. En el año anterior, este número se redujo a 309 grandes emisores, que ahora constituyen solo el 0,6% del total de médicos y representan únicamente el 9,1% del gasto total.

Un por ciento del gasto total en licencias médicas. Lo señaló también la subsecretaria en la presentación anterior, indicando que este trabajo ha logrado disminuir la cantidad de los grandes emisores. Hemos visto quebrar una tendencia histórica durante más de una década en la cual había habido un aumento paulatino en el número de días de licencias médicas otorgadas; a partir de los años 2022 y 2023 logramos tener básicamente un descenso del crecimiento o una meseta. Además, esto es más destacable aún si consideramos que la cantidad de cotizantes de FONASA ha aumentado de manera considerable durante los últimos años, lo cual no se ha traducido en un aumento en los días autorizados de licencias médicas. Por otro lado, una consulta o comentario que salió muy frecuente fue acerca de cómo sucede la recuperación de los recursos por parte de las diferentes instituciones públicas. Aquí queremos hacer una distinción importante: una cosa tiene que ver con la recuperación de los recursos de aquellas licencias que son aprobadas y, muy distinto, aquellas licencias que son rechazadas. Las licencias aprobadas, como lo establece el estatuto administrativo, permiten que el funcionario público mantenga su remuneración. Es el empleador –y, por lo tanto, las diferentes instituciones públicas– quien tiene la obligación de solicitar el reembolso del subsidio a la ISAPRE o a FONASA. Es muy importante mencionar que estos fondos recuperados ingresan a una cuenta fiscal como otros ingresos corrientes y se contabilizan posteriormente como reintegros al fisco, por lo que no se suman al presupuesto de licencias médicas ni son de libre disposición de las diferentes instituciones públicas, ya que se registran en SICFE y se recuperan posteriormente como gasto. Reitero que es tarea de cada institución pública realizar esta solicitud. Como ejemplo, se muestra lo realizado por la Subsecretaría de Salud Pública desde el inicio de nuestra administración en 2022. Hemos logrado efectivamente solicitar la recuperación de las licencias aprobadas, en este caso, específicamente de pacientes de ISAPRE. El año pasado fueron alrededor de 5.500 millones de pesos y, dado el efecto acumulativo de años anteriores, es posible que en los años siguientes se produzca una normalización, proyectándose para el año 2025 un monto aproximado de 3.995 millones de pesos, habiéndose reembolsado ya alrededor de 1.000 millones de pesos hasta abril. Por otro lado, es distinto lo que sucede en los reintegros por licencias médicas rechazadas. Cuando la licencia médica es rechazada y el funcionario público ya ha recibido su remuneración, es el empleador quien debe solicitar el cobro o el reintegro de la remuneración al funcionario. Posteriormente, estos recursos se rebajan del gasto en personal, según el título 21 que cada servicio público posee. Reitero que esta tarea recae sobre cada empleador y, por tanto, sobre cada institución pública. Desde 2022 hasta la fecha, se han tramitado 236 casos por un monto correspondiente a 495 millones de pesos. Además, existen otros casos, ya que los funcionarios a quienes se les rechaza la licencia médica también pueden acudir a la Contraloría General de la República, y en algunas ocasiones se puede efectuar una condonación, como se planteó en la sesión anterior en casos muy excepcionales. Desde 2022 hasta abril del presente año, el monto total recuperado entre ambas situaciones es de alrededor de 500 millones de pesos, y actualmente existen otros reintegros en proceso de notificación, involucrando a unos 800 funcionarios que suman un monto de 1.348 millones de pesos. Respecto a las consultas sobre la solicitud presupuestaria para fortalecer la fiscalización en la COMPIN, cabe recalcar que para el año 2026 se está realizando una expansión total de 2.323 millones de pesos. Esto tiene tres componentes importantes. La primera es dotar de inteligencia artificial el proceso de fiscalización de las licencias médicas, desarrollando un modelo que permita detectar patrones anómalos para una fiscalización más focalizada. En segundo lugar, en el Instituto 22 se brindará apoyo para poder realizar el pronunciamiento de la evaluación.

De salud irrecuperable que realiza la COMPIN, en el año 2024 se emitieron alrededor de 4.800 resoluciones, y se fortalecieron los servicios de peritaje psiquiátrico preventivo que la COMPIN ha estado desarrollando desde el mismo año y durante el año 2025. Esto finalmente nos sirve para realizar el chequeo efectivo y determinar si el período por el cual se otorgó la licencia médica fue acorde a la enfermedad que presenta el paciente o, en otros casos, si la licencia correspondía o no. Finalmente, salió como comentario el tema de la situación en el Hospital San José, tema que se había difundido en algunos medios de comunicación durante las semanas anteriores. Es muy importante recalcar que esta es la información remitida por el Servicio de Salud, ya que nosotros, como Secretaría de Salud Pública, no tenemos competencia específica en ese servicio. Según sus datos, el Hospital San José presentó un índice de ausentismo laboral; es decir, la cantidad de días de licencias médicas por funcionario alcanzó su pico en el año 2021 y ha ido disminuyendo de manera paulatina hasta llegar a 33,5 días en el año 2024. Asimismo, desde junio del año pasado hasta abril del año 2025 se enviaron 449 funcionarios a evaluación de la COMPIN para salud irrecuperable; 254 funcionarios ya cuentan con el dictamen de salud recuperable y dos con el de salud irrecuperable. Doce casos se remitieron a la Contraloría General para declarar la vacancia, de los cuales cinco ya fueron completamente cursados. Por otro lado, 162 casos fueron devueltos por la COMPIN por no contar con la completitud de los datos necesarios para realizar el trámite. Cabe destacar que 282 personas que mantenían licencias médicas prolongadas se han reincorporado al hospital, un efecto que se observa en muchas instituciones públicas, donde a medida que se solicita la evaluación, los funcionarios comienzan a retornar. Respecto a la recuperación y reintegro de licencias médicas correspondientes al mes de abril, específicamente en el Hospital San José, como se mostró en datos anteriores, se asignaron 522 millones de pesos por concepto de recuperación ante FONASA e ISAPRE y 99 millones de pesos por concepto de reintegro a funcionarios que tuvieron licencias médicas reducidas o rechazadas. Eso sería, señor presidente. Muy bien. ¿Algo más del Ministerio de Salud? — Muy bien, ofrezco la palabra. Presidente. Senador Castro, senadora, orden. — Solo, perdón, sí. Ministra, estaba preguntando si algo; si no alcancé a ser tan rápida, disculpe. — No, solo quiero insistir en el hecho de que, como ejecutivo, en esta administración se han tomado diversas iniciativas en atención al tema de licencias médicas. Estas actividades comenzaron en el año 2022 y han resultado en la aprobación, con el respaldo de ustedes, de un proyecto de ley; además, se está debatiendo otro proyecto que forma parte del segundo punto de la tabla, en el cual se incorporan capacidades de fiscalización a FONASA para un mayor control del uso de las licencias médicas, y estamos a puertas de presentar un tercer proyecto, algo que no ocurría en décadas. — Gracias. Muchas gracias, senador Castro. Senador, a órdenes. — Gracias, señor presidente. Quisiera preguntar a la subsecretaria de Salud Pública y a la COMPIN, quienes están presentes. Saludo al subsecretario. Valoro todo el esfuerzo del Ejecutivo en estos nuevos proyectos, que representan una innovación después de décadas en las que no se abordó el tema de la licencia en el subsidio. Sin embargo, al examinar la situación, hemos constatado penosamente un cierto fracaso del Estado para controlar el fraude. En el caso de la COMPIN, me gustaría ahondar en cuál es la autocrítica y la perspectiva ante la notable falta de capacidad para controlar el reposo, ya que, siendo la COMPIN el órgano encargado, no solo admiten las licencias —ni pagan en algunos casos o las reducen— sino que también deben vigilar el reposo. ¿Qué ha ocurrido? Quiero saber, porque me resulta sorprendente que, a pesar de que la Superintendencia de Seguridad Social afirmó anteriormente “nosotros controlamos a los emisores, nosotros vigilamos a las COMPIN, por ley”, las cosas no se hayan implementado de manera efectiva.

No ocurren, no ocurren. Y en el caso de la subsecretaría de Salud Pública, que tiene bajo su tuición a las COMPIN del país – que todos comprendemos que están desbordadas, que tienen una sobrecarga enorme, ya que se emiten 8 millones de licencias al año – el panorama resulta muy demandante, pero los verdaderos enfermos en las COMPIN peregrinan todos los días porque no les pagan una licencia. Yo lo veo, por ejemplo, en la COMPIN de Rancagua; y todos veremos en las nuestras cómo la gente, los verdaderos enfermos, son burocratizados, los trámites se dilatan, falta personal – es verdad que falta personal, es cierto que la carga es mucha –, pero ellos viven ese drama. Resulta que, mientras tanto, los abusadores actúan como Pedro por su casa, ya que nunca han podido ser pesquisados a fondo y a tiempo. No dejo de valorar lo que ha hecho la COMPIN Central ni las denuncias del Ministerio Público; no niego que todo eso se ejecuta a nivel central, pero en la base las COMPIN son organismos débiles en recursos humanos y financieros. Entonces, esto tiene que alentar a un cambio, que ojalá venga en las mociones del Ejecutivo para pasar las COMPIN a otro estatus. Sin embargo, en la práctica, los filtros originales no funcionaron, pues existen en las COMPIN por miles de razones. Quisiera contar con una mirada más concreta, más allá de los deseos que todos compartimos de mejorar las condiciones. El FONASA, mediante el proyecto de ley, hará el filtro de entrada. Perfecto, que vaya para allá. Respecto a la previsión, no sé cómo lo está prefigurando el Ejecutivo, qué rol va a tener – si seguirá siendo la Corte Suprema o no –, ya que dicen que preferirían ser ellos los vigilantes del reposo. Lo dijo la suceso. Puede ser; y las COMPIN estarían en la Corte de Apelaciones o podrían integrarse a la Corte Final. Pero, ¿cuáles son las medidas específicas? Me interesa conocer, desde el rol de las COMPIN, qué ha sucedido concretamente. Muchas gracias, presidente. Saludo a la Ministra de Salud, a los subsecretarios, a la directora y a quienes la acompañan en esta ocasión. Yo tengo varias consultas. Primero, se ha mencionado el Estatuto Administrativo y, anteriormente, se hizo referencia al artículo 111 y a este mecanismo especial para el pago del subsidio por licencias médicas en funcionarios públicos. ¿Qué se está proponiendo respecto a esta situación especial, que a mi juicio es parte de los factores que inciden en el abuso del uso de licencias médicas? En cuanto al tema de los reembolsos, ¿cuáles son las cifras que maneja el Estado respecto a las solicitudes de reembolsos? Tengo la hipótesis de que los servicios y ministerios no están realizando esa tarea o, efectivamente, existe una pérdida adicional relacionada con el abuso de la licencia. Por otro lado, en lo que se refiere al principio de coordinación establecido en el mismo Estatuto Administrativo, aquí lo que ha fallado es una lógica fragmentada; hemos escuchado en varias ocasiones a la COMPIN, a la suceso y al Ministerio, y al final cada uno dice qué ha hecho. Por ejemplo, cuando se revisa la ley que hemos denominado de grandes emisores – ley que además otorga nuevas facultades para la fiscalización –, el informe anual de emisores de licencias médicas electrónicas que entrega la suceso ya evidenciaba toda esta situación. Entonces, ¿qué medidas se han tomado en materia del ecosistema de fiscalización? Hoy tenemos harta claridad sobre lo que ha ocurrido, sobre el abuso, el escándalo y las medidas que ha tomado Hacienda – que será otra pregunta en su minuto, también al Ministerio de Hacienda, acerca de cómo están operando los comités de ausentismo, otro efecto de esta situación. Pero, desde el punto de vista del ecosistema de fiscalización a cargo del Ministerio de Salud, ¿qué medidas efectivas se están implementando? Porque siempre llegamos al estado del arte. Respecto a la ley de grandes emisores, se entiende que un 1% corresponde a grandes emisores, pero emitir 200 o 1.600 licencias es, en ambos casos, un número importante. Si se ha realizado un análisis, diría que es necesario distinguir más por capas o en detalle, ya que no es lo mismo emitir 200 que 1.600 licencias, considerando que el 99% de los casos se concentra en el primer grupo. Es decir, el 1% constituye el gran escándalo, pero claramente el 99% no puede agruparse en la misma categoría. Entonces, creo que quizás se deba, en efecto, redefinir qué se entiende por grandes emisores. Esa es una conversación que, después de lo ocurrido, deberíamos revisar, además de insistir en ella desde lo político, ya que la evidencia es clara.

Incluso que en la Cámara ahora se abre una comisión investigadora también es tardío, porque cuando se discutió la ley, nosotros comenzamos con la ley de grandes emisores en marzo del año 2022 y se promulgó después del escándalo, cosa que yo creo que evidencia que, además, siempre se duerme en el Senado, no sé qué. Esa ley nosotros fuimos súper responsables y, además, debió haberse promulgado mucho antes; siempre aparecemos reaccionando. Pero mi pregunta tiene mayor énfasis en las medidas que se van a adoptar, porque en cada presentación reciente caemos en un diagnóstico respecto al cual ya tenemos suficiente claridad, mientras que no están claras las medidas para evitar este tipo de temas. Por eso, presidente, la opinión respecto al artículo 111, en cuanto al rol del principio de coordinación respecto de los servicios involucrados. Y, claro, las medidas que se señalan en la presentación—hay recuperación de monto, pero es una raya en el agua: si uno ve todo lo que significa, el Ministerio de Hacienda hablaba de 300 millones de dólares, el recorte que se tuvo que hacer al presupuesto nacional fue de 600, y el tema de licencias médicas representa alrededor del 1% del PIB. Entonces, recuperar 1.500 millones, insisto, es una raya en el agua si no se adoptan otros tipos de medidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludo a los invitados. Y hay un tema que a mí me llama la atención en todas estas comparecencias de las autoridades de salud: el principio de coordinación parece no existir en salud, ya que cada uno explica su situación. Por ejemplo, la semana pasada escuchamos, principalmente, a la directora de sucesos, que afirmaba que ciertas disposiciones no le eran aplicables en determinadas situaciones. Pero, en definitiva, ¿quién no hace su parte? Alguien no cumplió con su función, y creo que eso es lo que hay que sincerar. Está la Ministra de Salud, la máxima autoridad, pero no tiene usted la competencia plena, considerando lo complejo que es su ministerio y la Subsecretaría. Sin embargo, ministra, yo siempre hablo de la responsabilidad política. Primero, responsabilidad política. Esta situación de las licencias, como he señalado desde hace tiempo, es un mal extendido en el que ganan todos: gana el que usa la licencia porque disfruta de más días de descanso y se lo pagan; gana el médico, ya sea porque le pagan por la contraprestación o por otorgar un buen favor, generando agradecimiento hacia él; y gana quien reemplaza al que está con licencia. Este es un sistema que no terminará si no se adopta una visión sistémica. Además, me llama la atención que el subsecretario cite cifras francamente irrisorias: montos recuperados por concepto de descuento en remuneraciones—por ejemplo, 236 personas, 495 millones—lo cual, perdón, no equivale ni a un servicio ni a un servicio regional. Cuando se habla de los grandes emisores, estos ya están más o menos identificados. Estuvimos la semana pasada en la Fiscalía, y creo que en ese contexto se evidencia generalmente alguna asociación criminal o un fraude jurídicamente fácil de identificar. Pero aquí se trata del conjunto de personas que otorgan 40, 100, 200 licencias. Entonces, pregunta concreta al subsecretario: usted señala en las medidas de salud pública, por ejemplo, fiscalización para el 2026, inteligencia artificial en la fiscalización de licencias médicas, desarrollo de modelo de integración y aplicativo. Pero, mire, ¿para qué tanta retórica? Basta con un cruce de datos: la Contraloría lo hizo en un mes, y ustedes me están diciendo que necesitan inteligencia artificial. Por favor, por favor, apoyen el pronunciamiento de EVAL, salud recuperable y fiscalización. Y lo más insólito es el servicio de peritaje psiquiátrico preventivo para apoyar el pronunciamiento de licencias médicas del COMPIN. Yo lo que digo, y esto es para usted, ministra, es que no bastará simplemente con una norma que establezca que la licencia psiquiátrica deba ser emitida por un facultativo especialista en esa materia, para que se responsabilice y tenga... No soy médico, pero creo que quien da un diagnóstico—una licencia médica por peritaje psiquiátrico, es decir, por enfermedad psiquiátrica—debe ser alguien del rubro, un especialista, teniendo en consideración que es una situación de enorme gravedad, de enorme preocupación, pero que te da una situación que claramente...

Entonces, pregunta, ¿de qué manera el Ministerio está interviniendo para una ley corta? Si acá no sacamos nada repartiendo culpa, haciendo diagnóstico o pidiendo presupuesto para la inteligencia artificial, si no hay voluntad política y no se efectúan cuatro o cinco modificaciones legales en una ley corta, yo creo que aquí, transversalmente, están todos los colores políticos y nadie se podría negar. Yo creo que vamos a lograr tener un consenso básico en materia de emisión, fiscalización y cumplimiento. Y, por último, a la subsecretaría de Redes: ¿no le parece que la cifra de 400 y tanta cantidad de funcionarios solicitados en reintegro de licencias es un poco baja? ¿495 millones recuperados, y si hay algún proceso en la Contraloría o se suma el interno, dado que imagino que la Contraloría cuenta con un departamento jurídico, qué es lo que pasa con eso? Gracias, Presidente. Lo de la ley corta, Ministra, sí; ayuda que exista un consenso para la ley corta de licencia. Tiene la palabra el senador Gaona. Gracias, Presidente. Un poco, mirando cifras, la fuerza laboral de Chile creo que está cercana a los 9 millones de personas, de las cuales solo un millón son funcionarios públicos; y estamos abordando el tema de las licencias médicas. Hay 7 millones de personas en FONASA, por lo que mi preocupación es que se está haciendo un énfasis especial en los funcionarios públicos, cuando en el sector privado la cifra de fraudes debe ser brutalmente mayor. Me pregunto, ¿qué está haciendo el COMPIN al respecto en cuanto a las licencias en el sector privado? Porque, según los antecedentes que manejo –corríjanme si me equivoco– entiendo que gran parte de las licencias médicas objetadas por las ISAPRES terminan siendo falladas a favor de los trabajadores en más del 80% de los casos. No sé si han analizado esto, ya que uno entendería que debería existir una uniformidad de criterios a lo largo del país respecto a los motivos del rechazo de licencias. Sin embargo, hay cuatro regiones que tienen un criterio muy distinto al resto, especialmente Ñuble. Me gustaría saber si han investigado ese hecho, ya que el COMPIN de Ñuble presenta cifras brutalmente diferentes a la media nacional; existen otras tres regiones con comportamientos atípicos, aunque no tan marcados como Ñuble, y quisiera saber qué se está haciendo para uniformar criterios, dado que en ciertos COMPIN la evaluación es más laxa o más favorable hacia quien solicita o recibe la licencia, en comparación con otros que presentan cifras aproximadamente promedios. Primero, saber si tienen claro este punto y han estado revisando las razones por las cuales cuatro COMPIN regionales muestran comportamientos completamente distintos. ¿Por qué Ñuble tiene un comportamiento tan distinto al resto? Y, en caso de que efectivamente estén controlando de alguna manera las licencias del sector privado, insisto: FONASA tiene 7 millones de cotizantes, mientras que los funcionarios públicos son solo un millón. Para mí, lo de las licencias médicas en el sector público es solo la punta del iceberg de este tremendo fraude, si es que se le puede denominar fraude. Por ello, me gustaría saber qué está haciendo el COMPIN. Suscribo, en parte, lo que señala el senador Durresti, es decir, que necesitamos tanto más personal y tanta inteligencia artificial para detectar el problema que tenemos. Eso, Presidente. Gracias, senador Gaona. Senador Chaguán, le pido por favor que sean breves en las intervenciones para dar plazo a las preguntas. Las preguntas que formulé al inicio exceden las competencias de las dos subsecretarías y de la Ministra, por lo que, si es posible, se debería mandar el oficio a SUCESO para que nos respondan por las tres vías en que se han recibido los requerimientos y en que la gestión no se realizó. Yo, de oposición, tengo constancia del trabajo del COMPIN y de la Ministra, y de hecho artículamos la posibilidad de pedir los 2.000 millones adicionales para fortalecer la...

Entonces yo podría hoy día sostener algo distinto, pero la verdad es que acá hay un problema. Y yo coincido también con el senador Sergio Cahona, que es fundamental entender que esta cultura la uso no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, ¿cuándo vamos a asumir que hay que terminar con los periodos de carencia, que hay que asumir la reforma estructural que promueve la tasa de reemplazo y abordar efectivamente todos los temas que tienen relación con esto? Pero tenemos un problema, presidente, al decir que es más prioritario para el gobierno la eutanasia. Yo tengo acá una disconformidad completa. Estoy evaluando pedir la clausura del debate sobre eutanasia si es que finalmente no se le da la priorización que corresponde. Si tenemos la posibilidad de abordar rápido la reforma estructural, no habría inconveniente; pero si se pretende entretenernos con otros fines, no, en absoluto. Lo que yo quiero es que saquemos este tema y evitemos los diálogos innecesarios, señalando que ésta es la prioridad que hoy día reclama el país. Quisiera también formular un par de preguntas, ya que, a mi modo de ver, toda la institucionalidad en general no hizo la pega, y aquí nadie se salva del lío ni del escándalo que vamos conociendo, dado que lo que viene puede ser peor si se realizan otros cruzamientos tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que dijo la superintendenta me parece de mucha gravedad, pues en su exposición señaló con claridad que la institución no tenía responsabilidad directa respecto de los fraudes, sino que tenía que supervigilar a la institucionalidad encargada de fiscalizar, y esto es, principalmente, COMPIN. Entonces, la primera pregunta que planteo es: ¿cuántas fiscalizaciones se han realizado? Hablemos en lo concreto, sin grandes titulares, y exijamos que se presenten números precisos, ya que la superintendenta no se encuentra formalmente presente en esta comisión. En segundo lugar, me pregunto ¿cuántas fiscalizaciones se pudieron realizar en un periodo similar? Hablamos desde el convenio con la PDI; es claro que será difícil obtener cifras exactas, pero al menos, ¿cuánto ha hecho COMPIN y cuánto se le ha fiscalizado que haga la ISAPRE en los últimos años, de acuerdo a la información que tenemos? A esto se suma otra pregunta concreta. Estamos, en paralelo, con el proyecto de mejoramiento —y ya hay ruido por todos lados en la programación de esta comisión—, en el cual uno de los ejes principales, uno de los cinco, es la modificación de la relación entre COMPIN y FONASA. Entonces, la pregunta es: ¿habrá capacidad suficiente? ¿Se fortalecerá efectivamente esa capacidad? Yo entiendo que sí, pero ministro, debemos basarlo en números, porque ya no podemos creer únicamente en titulares y anuncios; necesitamos ver los datos para comprobar que se cumplió lo prometido. El espíritu, entiendo, es que FONASA se concentre en el financiamiento y COMPIN en la fiscalización. Por ello, pregunto: ¿será suficiente el diseño del proyecto que se está planteando? Por último, todos hemos estado señalando datos alarmantes, especialmente en cuanto al número de licencias médicas fraudulentas, ajustadas con algunos cambios que se están implementando. Y pregunto al Ministerio, como rector del área o del sector: ¿alguien sabe, hasta donde tenemos información, cuál es el monto defraudado con estas 35.000 licencias? Aunque se hayan depurado parcialmente, la cifra seguramente seguirá siendo de varias decenas de miles. ¿Qué significa esto para el presupuesto público y su costo de oportunidad, según lo que se conoce hasta hoy?