Hola, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión.
El acta de la sesión número 106 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 107 queda a disposición de la Comisión. El secretario dará lectura a la cuenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, ministra, directora, bienvenidas.
Y se recibieron los siguientes documentos, señora presidenta: un oficio de la Secretaría General, quien remite a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para un nuevo primer informe, el proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo que está actualmente en tabla. A ese proyecto se le hicieron dos tipos de indicaciones: las formuladas por esta propia Comisión, las que posteriormente formuló la Comisión de Hacienda y algunas que se presentaron en la sala. Eso formó un legajo emanado de la Secretaría Legislativa, y se solicita a dicha Secretaría que la Comisión las considere todas, antes de sancionarlas individualmente, para despejar toda duda.
También se recibió, señor presidente, un oficio de la defensora, de la directora nacional del SENAMA subrogante, Karin Caiceo, quien invita a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad a una ceremonia del mes del Buen Trato a las Personas Mayores, que se realizará el viernes 13 de junio a las 11 horas en el Palacio de las Camelias, en La Moneda, Santiago. Asimismo, se recibió una cuenta pública participativa del SENAMA 2025, que tendrá lugar el jueves 19 de junio a las 11 horas en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional. Ambas actividades buscan fortalecer la colaboración con el Poder Legislativo en favor de los derechos de las personas mayores.
Se recibió, señora presidenta, un pareo de la diputada Santibáñez y el diputado Gastón von Mühlenbrock, una nota de la bancada Frente Amplio y Ente Mendientes en la que se informa que la diputada Claudia Mix, que ya está en sala, reemplazará a la diputada Camila Rojas, y también una nota del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes, que informa que la diputada Francesca Muñoz González reemplazará a la diputada Giovanna Ahumada durante esta sesión. Además, se recibió un pareo de la diputada Francesca Muñoz con el diputado Alexis Zaburka. Esa sería toda la cuenta, señora presidenta.
Muchas gracias, secretario.
Abro la palabra sobre la cuenta. Yo tengo una duda, señor secretario. Habitualmente no presido esta Comisión, pues la preside la diputada Ahumada. Quisiera saber cómo va el tema de los tiempos, ya que sé que le han cambiado las urgencias en varias oportunidades. Entonces, quisiera saber la urgencia que tiene el proyecto: ¿hasta cuándo tenemos plazo para discutir todas las observaciones y todas las indicaciones? ¿Cómo se va a hacer este tema? Porque tenemos sala mañana todo el día y, al parecer, iniciaremos la sala hoy a las 5 de la tarde. Por ello, solicito se aclare el tema de los plazos, señor secretario.
Ocurre, señora presidenta, que los comités mandaron un oficio a esta Comisión el día 4 de junio, en el que se indica que, en virtud de lo dispuesto en disposiciones reglamentarias, se acordó remitir a esta Comisión hasta el 16 de junio de este mes –o sea, hasta el próximo lunes– para que podamos despachar las indicaciones que se adjuntan en el mismo oficio. Por lo tanto, los plazos son hasta el día 16 de junio. En términos simples, tenemos solamente esta semana para despachar el proyecto de ley, ya sea hoy, mañana o inclusive el miércoles.
Perfecto, muchas gracias, secretario. Entonces, el día lunes el proyecto entraría a la tabla de sala. ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra?
Bueno, saludar también tenemos con nosotros a la directora de SENAMA, la señora Claudia Asmad, y, por supuesto, a la ministra Javiera Toro, a quienes damos la bienvenida, así como a todos los funcionarios que las acompañan.
¿No hay más palabras sobre la cuenta? Pero tenemos una semana, no se me ponga nervioso. Son muchas indicaciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, puntos varios. ¿Ofrezco la palabra sobre puntos varios? Tampoco.
Entonces, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: pronunciarse sobre las indicaciones presentadas al proyecto de ley que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, boletines refundidos números 13.822-07, 12.451-13 y 12.452-13 en segundo trámite constitucional. Este proyecto tiene trámite de suma urgencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112, número 2, del reglamento de la corporación.
Por lo tanto, cedo la palabra, señor secretario, para que comencemos revisando las indicaciones.
Gracias, presidenta. ¿Los diputados tienen sus comparados a mano? Bien. El comparado tiene tres columnas: una es el texto actualmente vigente, la columna del medio contiene el texto que aprobó la comisión y, en la tercera columna, se encuentran las indicaciones contenidas en el oficio de la Secretaría General.
Vámonos a la página número 3 del comparado. En dicha página hay una indicación del diputado Johannes Kaiser, que refería al artículo 2 del proyecto de ley. Y dicho artículo, a su vez, se refiere a los principios que fundamentan esta ley. Dentro de los principios, el del literal D establece: la igualdad y no discriminación. El diputado Kaiser formuló una indicación para intercalar, entre la expresión “no discriminación” y el punto final, la palabra “arbitraria”. Por lo tanto, de ser aprobado, el texto quedaría de la siguiente forma: que son, en principios de esta ley, la igualdad y no discriminación arbitraria. Esa es la primera disposición que tenemos que estacionar, señora presidenta.
Gracias, señor secretario.
Se da la palabra a la señora ministra.
Muchas gracias, presidenta. Respecto de esta indicación, me parece que puede ser una clarificación que sigue el mismo espíritu de lo que tenía al principio, como ya estaba redactado. Por lo tanto, nosotros, como Ejecutivo, no tenemos problema con ello. Muchas gracias, ministra.
Bien, se da la palabra. Presidenta, propongo votarla por unanimidad; si no afecta el relato, mejor que lo aprobemos por unanimidad. ¿Me ha pedido la palabra? Ya, le someto a votación.
Muy bien, presidenta. ¿Habría unanimidad en la comisión para aprobar la indicación del diputado Johannes Kaiser en la forma que fue recién leída? Sí. Aproba. Tengo un segundito: 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estamos.
Bien, presidenta, en la página siguiente seguimos en la disposición que trata sobre los principios que fundamentan este proyecto. En el literal I, que se encuentra en la columna del medio (que está tarjado), se establece que uno de los principios de esta ley es la equidad e igualdad de género. El diputado Kaiser propone una indicación para reemplazarla por: “la equidad e igualdad de sexos”. Esa es la disposición de su representante.
Bien, ministra. No, nosotros no estamos de acuerdo con esta indicación, presidente.
Gracias, ministra. Tengo el entendido que esta se había rechazado anteriormente. Probablemente… no tengo el… seguramente se recuso.
¿Se da la palabra algún diputado?
No soy integrante permanente, pero me tocó discutir este proyecto y me acuerdo muy bien de que se dio un debate muy interesante y, finalmente, todos terminamos aprobando la propuesta del Ejecutivo, porque una cosa no es igual a la otra. Yo también los invito en esta oportunidad a rechazar unánimemente la propuesta del diputado Caiz.
Gracias, diputado. ¿Diputado Tristotti me había pedido la palabra? ¿No? ¿Se somete a votación entonces? ¿Habría unanimidad de la comisión para aprobar la indicación? No, yo creo que no. Está cada uno. En votación, entonces, presidenta: Carolina Marzán, ¿cuál es tu voto?
Espérame, el diputado me pidió la palabra. No había solicitado la palabra, presidenta, la verdad, porque pensé que la comisión, en el mismo espíritu que aprobó esta letra número I, avanzaría de manera unánime. Pero creo que, para todos los efectos, en pleno siglo XXI y después de haber legislado tantas leyes a propósito de la igualdad de género —lo que me parece un retroceso—, yo por eso voy a rechazarla.
¿Algún otro diputado?
Opinar, perdón, presidenta.
A ver, el concepto de igualdad de género es más amplio, pero también es más adecuado, ya que se abordan no solamente las diferencias biológicas, sino también las diferencias sociales, culturales y de otro tipo que no solamente afectan a mujeres, sino también a diversidades. Entonces, dejarlo como “igualdad de sexo” sería un retroceso, primero para las políticas públicas—pues todo el enfoque que nosotros le demos se vería limitado—y además estaría desconociendo compromisos a nivel de derechos humanos internacionales.
En votación:
Diputada Carolina Marzán: en contra.
Don Daniel Melo: en contra, en contra de la regresión que busca el diputado Kaiser, presidenta.
Doña Carla Morales: me abstengo.
Doña Camila Rojas (perdón, Claudia Mix): en contra.
Don Renzo Trisotti: a favor.
Doña Catalina del Real: a favor.
Dos votos a favor, tres en contra y una abstención; se rechaza la indicación, señora presidenta.
Gracias, señor secretario.
Seguimos con la siguiente indicación, que es del Ejecutivo, señora presidenta. Continuamos entre los principios que infunden este proyecto de ley, refiriéndonos a la letra Ñ. La letra Ñ establece que es principio de esta ley el acceso igualitario a la justicia. El Ejecutivo propone modificarla en el siguiente sentido: intercalar, entre la palabra “igualitario” y la frase “a la justicia”, la expresión “y efectivo” y, entre la palabra “justicia” y el punto aparte, la frase “y la protección judicial efectiva”. Es decir, quedaría:
A principio, fundador de este proyecto de ley, el acceso igualitario y efectivo a la justicia y la protección judicial efectiva.
Esa es la disposición, señora presidenta.
Gracias, señor secretario. Señora ministra. Presidenta, muchas gracias.
Primero, señalar que, ahora que empezamos a ver estas indicaciones, algunas de las que nosotros presentamos tienen que ver con las observaciones realizadas por la Corte Suprema en su informe. Por ello se hacía necesaria la presentación de estas indicaciones, que perfeccionan algunas definiciones claves y necesarias para la aplicación de la ley. En particular, cuando hablamos de un principio de interpretación de la ley, la expresión “acceso efectivo y protección judicial efectiva”, tal como nos lo indicó la Corte Suprema, ofrece un desglose más acabado de los principios que rigen la interpretación; por esas razones incorporamos esta redacción del principio.
Gracias, señora ministra. Cedo la palabra.
¿Algún diputado? Señor secretario, tome la votación.
Doña Carolina Marzán: ¿Cuál es su voto?
A favor.
Doña Carla Morales: A favor.
Doña Claudia Mix: A favor.
Don Renzo Trisotti: A favor.
Presidenta: A favor, señor secretario. Muchas gracias.
Aprobado por unanimidad.
La indicación número cuatro, siempre dentro de los principios que fundan el proyecto de ley, es de forma. Se señala que el principio que funda este proyecto, el de acceso a la educación, propone el Ejecutivo eliminar la palabra “de”, de manera que quede simplemente “acceso a la educación”, a secas.
Gracias, señor secretario. Señora ministra.
Tome la votación entonces.
Doña Carolina Marzán.
Don Daniel Melo: A favor.
Doña Carla Morales.
Doña Claudia Mix: A favor.
Don Renzo Trisotti.
Presidenta: A favor.
Aprobado.
Gracias, señor secretario.
Seguimos al artículo 4, en el punto 5.
En el artículo 4 se encuentran los conceptos que define esta misma ley. En la literal A, se define lo que es “persona mayor” de la siguiente manera: “Toda persona con 60 años y más, en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este concepto incluye al adulto mayor y al adulto mayor en la cuarta edad, que corresponde a las personas con 80 años y más. Toda referencia en leyes, reglamentos y demás normativa vigente a estas expresiones deberá entenderse afectada a ‘persona mayor’”.
El Ejecutivo propone reemplazar, entre la palabra “mayor” y la expresión “la cuarta edad”, la palabra “en” por “de”, de manera que se lea “el adulto mayor de la cuarta edad” y no “en la cuarta edad”.
Gracias, señor secretario.
¿Alguna palabra?
Presidenta: Este comentario es una pequeña corrección para hacerla coherente con otros cuerpos normativos, en particular con la Ley 19.828. Muchas gracias.
Señor secretario, tome la votación.
Doña Carolina Marzán.
Don Daniel Melo.
Doña Carla Morales.
Doña Claudia Mix.
Don Renzo Trisotti.
Presidenta: A favor.
Y el diputado Guzmán: A favor.
Muy bien. Aprobado por unanimidad (7-0-0).
Ahora, presidenta, nos vamos a la página.
La página 8 del comparado – punto 6 – se centra en la definición de persona mayor con dependencia. Según lo expuesto, se entiende por persona mayor con dependencia a aquella que, por razones derivadas de una o más condiciones de salud de origen físico, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requiere servicios de apoyo o cuidados para realizar actividades básicas en la vida diaria y participar en la sociedad.
Su Excelencia, la Presidenta de la República, ha formulado la indicación de eliminar la referencia a la falta o pérdida de autonomía. Esto resulta coherente con lo que se está legislando en el proyecto de ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados – que, de hecho, fue aprobado en la Cámara tras una larga discusión sobre la temática – y responde a una de las observaciones de la Corte Suprema, buscando homologar la definición de persona mayor con dependencia con la establecida en el artículo 23 del procedimiento especial de abandono social.
Se prosiguió con la votación:
– Doña Carolina Marzán: a favor
– Don Jorge Guzmán: a favor
– Don Daniel Melo: a favor
– Doña Carla Morales: a favor
– Doña Claudia Mix: a favor
– Don Rezo Crisotti: a favor
– Presidenta: a favor
Quedando aprobado.
Se continúa con el punto número 7, que introduce modificaciones al literal G, relativo a la discriminación por edad en la vejez. Se establece que cualquier distinción, exclusión o restricción arbitraria basada en la edad, que tenga como objetivo o efecto anular, restringir o desconocer el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales – tanto en la esfera política y social, como en la económica, cultural o en cualquier otra – constituye un acto discriminatorio.
El Presidente de la República presenta una indicación para reemplazar la frase “anular o restringir” por “anular, restringir o desconocer”, de modo que se complemente la definición considerando que, además de anular y restringir, el desconocimiento de dichos derechos también implica discriminación, conforme al informe de la Corte Suprema.
Ante este contenido, se interpone una observación:
– “A mí me suena como redundante, ya que anular y desconocer parecen significar lo mismo”, comentó un orador.
No obstante, se procedió con la votación:
– Don Jorge Humán: a favor
– Doña Carolina Marzán: a favor
– Don Daniel Melo: a favor
– Doña Carla Morales: a favor
– Doña Claudia Mix: a favor
– Don Renzo Rizzotti: a favor
– Presidenta: a favor
Quedando aprobado por unanimidad.
Bien, Presidenta, aquí se está entrando a modificar el artículo 5. El artículo 5 está dentro del título del derecho de las personas mayores y las acciones del Estado. Se parte por el artículo 5, por la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad. En su inciso cuarto se señala que todo acto de discriminación arbitraria por edad contra las personas mayores — contra las personas mayores, digo, en la vejez — podrá ser denunciado de conformidad a la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. A ese inciso se le hizo una indicación del presidente de la República que consta de dos partes: una, para intercalar entre la palabra “denunciado” y la expresión “de conformidad”, la frase “y será sustanciado”; y la letra B, para intercalar entre las expresiones “de conformidad” y “la Ley 20.609”, la frase “las reglas contenidas en el Título 2D”. Esas son las dos indicaciones, señora presidenta.
Gracias, señor secretario. Señora ministra.
Estas indicaciones no tienen por objeto cambiar el fondo del artículo, sino que son una precisión en un aspecto que la Corte Suprema nos señaló, de modo que queda más preciso el procedimiento conforme al cual se sustancian dichos juicios.
Gracias, señora ministra. ¿Alguna palabra?
Señor secretario, déme la votación.
Don Jorge Guzmán, doña Carolina Marzán, don Daniel Melo, doña Carla Morales, doña Claudia Mix, don Renzo, el Soti, presidenta. A favor, señor presidente. Aprobado por unanimidad.
Luego, viene una indicación al artículo 6, que trata del derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente. En su inciso final, dice: “En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la Ley 11.496, que establece normas sobre protección a los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo anteriormente mencionado, se considerará una violación específica del derecho a la no discriminación arbitraria, según lo establecido en el artículo tercero, letra C, de dicho cuerpo normativo, sin perjuicio de los derechos que asisten a las personas mayores en calidad de consumidores.” El presidente de la República sugiere, señora presidenta, cambiar la expresión “otros derechos” por “los derechos”, ya que al hablar de “otros derechos que asistan a las personas mayores en calidad de consumidores” podría parecer que tienen derechos específicos como consumidores; la idea es referirse a todos los derechos que tienen las personas en calidad de consumidores, además de lo que se está garantizando en este caso.
Gracias, señor secretario. Señora ministra.
¿Los sometemos a votación, entonces?
Buena, Presidenta.
Don Jorge Guzmán, doña Carolina Marzán, don Daniel Melo, doña Carla Morales, doña Claudia Mix, don Rolso Trisotti, presidenta. A favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad.
En la página siguiente, la próxima modificación o enmienda, Presidenta, es el artículo 7, que trata sobre el acceso a la justicia. Esta disposición es el numeral 3 en la página 314, punto 10, exactamente. El Ejecutivo propone reemplazar el numeral 3 por el siguiente; voy a leer uno y otro. El texto que propone — que había propuesto la comisión — es el siguiente:
“3. Promover que las personas mayores reciban...”
Atención preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan en las calidades señaladas en el párrafo primero, asegurando siempre el respeto a las garantías del debido proceso. Cuatro, garantizar la debida diligencia y un trato preferente en la tramitación de las causas en que intervengan personas mayores de la cuarta edad en las calidades señaladas en el párrafo primero. En las actuaciones efectuadas en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, se priorizará la atención y se agilizará el procedimiento en los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor cuando ésta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente. Lo dispuesto en los numerales anteriores también será aplicable a los auxiliares de la Administración de Justicia en lo que corresponda a sus funciones dentro de un procedimiento.
Y esto se reemplazaría por lo siguiente:
3. Promover y garantizar la debida diligencia y una atención preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades señaladas en el párrafo primero, asegurando siempre el respeto a las garantías del debido proceso. En los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, cuando ésta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente, se propenderá a la priorización de la atención y agilización del procedimiento, tratándose de las actuaciones efectuadas ante los tribunales de justicia.
Gracias, Presidenta. Gracias, Secretario. Señora Ministra. Gracias, Presidenta.
Funcionamos estos dos numerales en función de una observación que realizó la Corte Suprema, señalando que la distinción entre personas mayores y personas de la cuarta edad en este ámbito no tenía tanto sentido ni efecto práctico, y que el supuesto principal que justificaba esta atención preferente tiene que ver justamente con el riesgo a la salud o la vida de la persona mayor. Estas circunstancias que justifican una priorización de la atención y agilización del procedimiento no distinguen necesariamente entre tercera y cuarta edad, sino que, en la medida en que se dan, resultan igualmente justificadas.
Gracias, Ministra.
¿Alguna observación? ¿No? Sometemos a votación. Muy bien.
Don Jorge Guzmán, doña Carolina Marzán, don Daniel Melo, doña Carla Morales, doña Claudia Mix, don Renzo Trisotti.
Finalmente, Presidenta: A favor. 7-0-0, aprobada por unanimidad.
Nos vamos a la página 16.
Este es un artículo nuevo que propuso la Comisión de Hacienda. Los comités quieren que, antes de ello, sean votados en sala y sean considerados por esta Comisión.
Este artículo 8.9 es de la siguiente tenor: para intercalar a continuación del artículo 7, el siguiente artículo 8.9, pasando el actual artículo 8.09 y así sucesivamente.
Artículo 8. Promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores
La promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá difundir especialmente el conocimiento sobre los derechos humanos de las personas mayores y las diversas formas de vulneración que pueden constituir violación a estos derechos. Asimismo, deberá destinar personal a la interposición de acciones legales y/o constitucionales en los casos en que las personas mayores sean víctimas de violación a sus derechos humanos, y al monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos de las personas mayores, especialmente de aquellas que se encuentren en establecimientos de estadía para adultos mayores.
Gracias, Secretario. Señora Ministra. Gracias, Presidenta.
Esta indicación, que fue aprobada en la Comisión de Hacienda con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Secretaría ha considerado que tiene que volver a revisarse en esta comisión, y los argumentos que nosotros hemos señalado ya en las distintas instancias tienen que ver con que esta es una manera de recoger los requerimientos de la sociedad civil en el sentido de que
Un organismo que se encargue de cautelar el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de las personas mayores. En particular, con este artículo se busca utilizar y fortalecer las capacidades instaladas, especialmente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dotándolo de atribuciones específicas para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores. Por lo tanto, esto se especifica en las facultades del INDH, reforzando además sus equipos para poder hacerse cargo de ello. Insisto, esto tiene que ver con una demanda que ha atravesado la tramitación de este gobierno de fortalecer la institucionalidad en materia de protección de los derechos de las personas mayores, pero nosotros hemos optado por un tema también de eficiencia: utilizar las capacidades instaladas en el Estado y no crear órganos paralelos, utilizando la institucionalidad especializada en el resguardo de los derechos humanos. Gracias, Ministra.
Bueno, yo voy a tomar la palabra. Antes de ceder el turno, cabe mencionar que una indicación muy parecida fue ampliamente discutida en esta comisión y rechazada, justamente porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es a quien le correspondería asumir la Defensoría del Adulto Mayor. Esto se cruza con un proyecto de Defensoría del Adulto Mayor que se quiso incorporar en este proyecto. La Defensoría, incluso, fue presentada por el Comité Nacional de Adultos Mayores –proyecto que nosotros respaldamos– y contó con mucho apoyo, entre otros, de la exdiputada Mercedes Bulnes, que en paz descanse, quien hasta nos indicó que no quería que recayera en el INDH, dado que tenía otras funciones, y que correspondía la creación de un organismo específico para defender a los adultos mayores. Además, se le estaban entregando muchos recursos al INDH, institución que, al menos para un sector de la población, no genera confianza. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo voy a rechazar.
Me gustaría dar la palabra a los otros diputados. ¿Votamos? Bien, votamos todos.
Señor secretario. Presidenta, don Jorge Cumbán. Presidenta, siguiendo lo que conversamos en esta comisión –la comisión técnica que discutió este proyecto–, voy a votar en contra de la propuesta. Doña Carolina Marzán. Don Daniel Melo. Doña Carla Morales.
Voy a argumentar mi voto, Presidente. Voy a votar en contra de esta indicación, porque creo que hoy día existe la Corporación de Asistencia Judicial, la cual atiende, orienta y asesora en el ámbito jurídico, y brinda patrocinio a personas mayores de 60 años. Y creo que, si hay que robustecer o dotar de mayores herramientas y profesionales en el ámbito socio-jurídico, es precisamente la Corporación de Asistencia Judicial, a nivel regional; por eso voto en contra de esta indicación.
Viene en contra, doña Claudia Mix. Gracias, secretario.
También voy a argumentar mi voto, a propósito, además, con todo respeto a lo expresado por la diputada Morales a través de usted, Presidenta. Tuvimos al CAJ con más de un mes de paro, precisamente, porque no daba abasto con los nuevos programas creados a propósito de la separación del servicio de protección y de reinserción. Es decir, lo escuchábamos el otro día, cuando se exponía la cantidad de recursos que se requerirían para dar acompañamiento a los procesos judiciales de los niños, niñas y adolescentes de los servicios. Por tanto, se trata de un servicio que hoy día está colapsado y, si de verdad queremos brindar una buena atención a una población que ha crecido, se requiere de un servicio especializado que acompañe con prontitud y total disposición las denuncias y demandas. En ese sentido, como no contábamos con la capacidad –los parlamentarios no podemos crear nuevos servicios a la medida–, lo que se planteó en la comisión fue una Defensoría, y no se disponían de esos recursos; por ello, ocupemos lo que tenemos, pero ocupémoslo bien, dotándolo de las herramientas necesarias para acompañar a las personas mayores en las denuncias que, sabemos, se presentan hoy día, especialmente en el ámbito de los juzgados de familia.
Y en ese caso creo que, si tenemos un INDH con una estructura a nivel nacional que está en condiciones de acompañar a las personas mayores hoy día en Chile, no tenemos la capacidad de entregarle esta responsabilidad a los CAJ. Yo voy a votar a favor, secretario, por esa razón. Creo que hay que otorgarle más funciones, hay que robustecer para que, pensando en la realidad actual, no nos falten los recursos para acompañar a las personas mayores que hacen denuncia y que necesitan de un abogado, de una asesoría que les acompañe todo el proceso, no solo que los oriente. Eso, así que mi voto es de favor.
Don Rezo Trisotti:
En contra. Y en contra, precisamente porque esto ya lo analizamos con mucha latitud en esta Comisión, donde el principal objetivo que tenían los propios adultos mayores que vinieron, creo que desde Arica a Punta Arenas, era contar con una defensoría del adulto mayor, no a través de esta institución. Y porque, de acuerdo a los antecedentes que tengo acá, al discutir este artículo en la Comisión de Hacienda se acompañó un informe financiero que no establecía que se desarrollaría con las mismas capacidades, sino que se establecía con un costo inicial de 828 millones y en régimen de más de 2.500, con la contratación de coordinadores, profesionales de promoción y analistas. Por lo tanto, mi voto es en contra.
Doña Carolina Marzán:
Bueno, para mí es fundamental la opinión de, entre otras personas, de la agrupación de la Defensoría del Adulto Mayor, que es quienes han estado a la cabeza, don Domingo Milos, luchando por esto. Pero es cierto y es una realidad que no pudimos avanzar en ello, a pesar de que estábamos todos muy de acuerdo, y además, hoy día lo que existe es muy débil. Entonces, las personas adultas mayores necesitan más que una asesoría, más que una orientación. Por lo tanto, creo que, por el momento, esto sería lo que se está proponiendo y la facilidad de poder entregar estos recursos que, obviamente, nosotros debemos fiscalizar. Que, así suceda, creo que va a ser mejor a que se queden sin nada con lo que hay. Así que yo voto a favor. Gracias, Presidenta.
Presidenta:
¿Cuál es su voto? En contra, señor secretario, por las razones que ya indiqué. Por favor, cuatro en contra. Rechazada. La indicación se recibe.
Diputado:
Solo quiero agregar un punto. Me importaba que se votara primero, porque esto lo discutimos, como bien dijeron los diputados, de forma extensa en esta Comisión. Pero en el transcurso de la tramitación —ya han pasado cerca de siete u ocho meses desde que nosotros tramitamos esta ley en esta Comisión— y en el paso por la Comisión de Hacienda se insistió en incluir al INDH en esta conversación. Pero, bien lo dice la diputada Morales, Presidenta, existe una institucionalidad y está en la Corporación de Asistencia Judicial. Y justamente, las razones de la movilización de la Corporación de Asistencia Judicial se centran en la falta de apoyo a los equipos que están haciendo la pega de asesorar jurídicamente a las personas mayores de Chile. En el caso del Maule, se conformó una dupla psicosocial —perdón, si está mal dicho—, pero compuesta por un abogado y un trabajador social, para todas las causas en materia de personas mayores en la región. Entonces, yo no logro entender por qué, si tenemos la institucionalidad creada, no robustecemos esa institucionalidad, y por qué creemos e insistimos en entregársela a una institución que, en lo personal, valoro, pero que también creo que está sumamente puesta en tela de juicio permanentemente, producto de algunas acciones y decisiones que han tomado. De hecho, en este minuto está funcionando una comisión que busca reformar la forma en que se integra el Instituto Nacional de Derechos Humanos para darle una viabilidad. Y, mientras tanto, nosotros en esta Comisión —o no nosotros, la Comisión de Hacienda— insistimos en algo que fue ampliamente rechazado por esta Comisión. Así que yo valoro que se haya rechazado este artículo, Presidenta, y en ningún caso vamos a aceptar que se diga que no estamos a favor de que se proteja a las personas mayores. Lo que no vamos a aceptar es que se sigan robusteciendo institucionalidades que no son las correctas y, a la vez, se deje de lado aquella que estamos convencidos es la fórmula adecuada para atender a las personas mayores, que es la Corporación de Asistencia Judicial a través del programa Mi Abogado. Eso, Presidenta, muchas gracias.
Diputado:
Gracias, diputado. Adhiero absolutamente a sus palabras. Diputado… Gracias, Presidenta.