Cámara de Diputados - Seguridad Ciudadana - 9 de junio de 2025

Correo electrónico de la Defensoría de la Niñez, confirmando la participación presencial del Defensor de la Niñez a la sesión de hoy. Además, se difundió una nota del director de la unidad de seguimiento de la Asociación Chilena de Municipalidades, informando que, en representación de la ACHM, asiste a la sesión la alcaldesa de Colina y presidenta de la Comisión de Educación, señora Isabel Valenzuela. Muchas gracias, Presidenta. También quiero agradecer, por supuesto, a la diputada Marlene Pérez del Distrito 20, quien nos cursó esta posibilidad de poder comparecer ante la Comisión de Seguridad y también ante la Comisión de Educación. Voy a tratar de abordar dos temas que son un poco distintos. En el fondo, lo que quería comentarles, estimados diputados y diputadas, es que hoy me toca comparecer con una mezcla de raya, de duelo y de deber: raya por lo que nos tocó vivir como comuna hace poco más de una semana, duelo por lo que perdimos y deber, porque creemos que es un momento en el cual el país nos está mirando y preguntando si vamos a estar a la altura. Cuando me tocó ingresar en política, lo hice por una frase que me hizo mucho sentido hace muchos años, la de poner a los niños primero en la fila. Lo hice con convicción. A pesar de todos los problemas que tenemos, nuestros vecinos siguen queriendo irse a San Pedro; nosotros estamos anticipando un crecimiento inmobiliario bastante grande para los próximos años, pese a todas las dificultades que enfrenta nuestra comuna. Aun así, estamos teniendo problemas en la licitación de lo que es la Ruta Piedemonte, en la licitación del Corredor de Transporte Público, en los soterramientos de los pasos que se han presentado, así como en accidentes viales gravísimos relacionados con el tren, la Costanera Sur y otros. Con todos los respaldos que hemos incorporado y colaborado en cada instancia en que fuimos citados, solo exigimos lo mínimo que creemos que corresponde: comunicación formal, trabajo coordinado y una relación institucional que denote a un Estado serio y profesional. Hace unos días, como ya saben, una tragedia sin precedentes sacudió…

A nuestra comunidad. Una balacera al interior de una escuela. Jóvenes baleados dentro del aula. Familias que estaban esperando la salida de clases y recibieron el horror. Esto no es solamente una noticia, es una herida, y no es solamente una excepción, es una advertencia. Porque mientras desde Santiago se pronunciaban declaraciones, las balas estaban entrando a nuestras salas de clases. Y yo no lo hablo desde la distancia. A mí también, como alcalde, me tocó ser víctima de un ataque adentro de un colegio. Entonces, ¿qué es lo que pueden esperar los docentes, los funcionarios, los estudiantes y los apoderados? Y ahí uno, de repente, mira con sorpresa algunas declaraciones como la del Presidente de la República en su cuenta pública, cuando indica que esto fue culpa de la sociedad. Y uno, cuando conoce dirigentes y vecinos como Teresa Cayupán, Maribel Gallego, Rosa Busto e Iván Villanueva, que se han dedicado por años para sacar adelante a sus comunidades, trabajar por sus jóvenes, luchar por sus mujeres y gestionar para sus adultos mayores, que se desviven por mejorar espacios públicos, por una mayor cantidad de actividades deportivas o culturales y por generar mejores condiciones en salud y educación. No, a ellos no los podemos ni debemos culpar. No fue la sociedad, no fueron los vecinos, no fueron las familias. Porque también causa sorpresa: me duele lo que ocurrió, y yo me voy a hacer cargo de buscar las soluciones a corto y largo plazo para que algo así nunca más vuelva a ocurrir en mi comuna. Asumo mi responsabilidad como autoridad. A mí me duele lo que ocurrió, y me comprometo a buscar soluciones reales, sostenidas y territoriales. Y por eso, y para efectos de ambas convocatorias –una respecto de qué es lo que se ha trabajado con el gobierno desde Educación y otra, cuál es nuestra posición respecto a este cuerpo legislativo que se está trabajando–, primero mencionar brevemente que hemos trabajado con el Ministerio de Educación y con el Servicio Local de Educación Pública para la aplicación del programa Habilidades para la Vida, fortalecido en el establecimiento mediante un plan piloto de talleres deportivos y culturales a ejecutarse en los horarios libres de la Jornada Escolar Completa; la inclusión del Colegio Nuevos Horizontes en el plan Comunidades Educativas Más Seguras; y un plan de talleres comunitarios en San Pedro de la Costa junto al Gobierno Regional. Nosotros, como municipio, estamos trabajando fuertemente en la recuperación de espacios públicos, que generalmente son decenas de lugares que eran basurales y tendían a la ocurrencia de incivilidades posteriores a la delincuencia. Uno, literalmente, al frente del Eje 9 Horizonte, donde estaba lleno de "rucos". Hemos aumentado los patrullajes municipales a través de nuestro convenio del OS14. Estamos implementando una red de cámaras de vigilancia en 500 puntos, frente a los 70 que teníamos previamente, mejorando la iluminación perimetral, sobre todo en establecimientos educacionales, donde hoy en día anochece mucho más temprano y todavía están saliendo. Además, estamos instalando nuevas oficinas territoriales de seguridad que nos permitan tener una mayor capacidad de respuesta. Como medidas urgentes y estructurales, solicitamos, con respeto, poder considerar –por supuesto, ya lo dijimos– la aprobación de la ley de seguridad municipal, que nos va a entregar más atribuciones, recursos y respaldo legal a los municipios. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Yo, por mi parte, estoy totalmente disponible para resignificar el motivo por el cual ingresé a la política, que es poner a los niños primero en la fila, con todo lo que eso significa, trabajando con dedicación y sin miramientos políticos para asegurar que los espacios seguros sean ya no solo en situaciones extremas, como la del Sename, sino en todo ciclo de días. No pidamos más minutos de silencio; busquemos vías de compromiso. No permitamos que el crimen organizado ocupe los espacios que el Estado ha abandonado. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Yo le voy a pedir, si por favor, nos hace llegar la presentación, porque es fundamental contar con la opinión para poder seguir avanzando con este proyecto. Antes de dar la palabra a los diputados que me la han estado pidiendo y para que puedan formular preguntas a las dos personas que vienen del lado municipal, le voy a dar la palabra a mi querida amiga, conocida desde hace, no sé, 30 años, Isabel Valenzuela, quien es alcaldesa de Colina, pero que viene en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Isabel, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo, a través suya, a todos los diputados y diputadas que nos están acompañando. Creo que nadie lo habría podido explicar mejor que el alcalde, en todo caso, lo que está viviendo San Pedro de la Paz, no solamente por lo que vivió hace poco tiempo, sino también por lo que vivimos los alcaldes de forma diaria. No solo en aquellas comunas que, quizá, podamos financiar. Y por eso, también lo pedimos a través suyo, Presidenta, que no solamente se legislen leyes que hoy día son útiles para los municipios y las comunas, sino que, además de la creación de esas leyes, se otorguen los recursos necesarios para que nosotros podamos implementarlas. Creo que es una de las cosas que debemos seguir realizando y buscando, trabajando de forma colaborativa con el Poder Legislativo. Algunas conclusiones y recomendaciones que nosotros podemos hacer a través de la Asociación Chilena de Municipalidades indican que esta iniciativa responde a un diagnóstico real y urgente. Por evidencia, el rol de los municipios frente a la pandemia, …

...a seguridad en los distintos sectores de Chile. El uso de los pórticos debe insertarse en una política integral, no siendo solamente una estructura metálica ubicada afuera de los colegios. Se requiere una política que abarque la prevención, la convivencia escolar y la salud mental, ésta última poco intervenida. Hoy día, cuando se le pregunta a la ministra de Salud, se señala que no existen los recursos necesarios para que podamos abarcar la salud escolar o la salud mental escolar. ¿Qué significa esto? La pregunta es: ¿cómo llegamos a una solución? Es una discusión extensa, ya que, en el fondo, lo que sucede hoy es que el crimen organizado extiende sus tentáculos y recluta como soldados a nuestros jóvenes y niños. Esto implica una problemática integral que no solo tiene que ver con la educación, sino también con la familia, un tema fundamental. Por tanto, aunque se trata de una cuestión coyuntural, y, como señalaba el alcalde de San Pedro de La Paz, forma parte de muchos aspectos, en la discusión sobre los pórticos se conversó con dirigentes estudiantiles, muchachos de cuarto medio, quienes señalaron que, si bien esta medida no soluciona el problema en su totalidad, por lo menos es una señal. Sin embargo, su implementación debería ser general en todo el sistema, pues, de otro modo, estaríamos discriminando a un sector. Surge entonces la interrogante: ¿qué otras medidas podrían implementarse para, en definitiva, complementar este proyecto? Muchas gracias, diputado Joanet. Le doy también la bienvenida al defensor de la niñez, don Anuar Quesille Vera; por favor, tome asiento en la mesa, específicamente en la silla que está al frente. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Gracias, Presidenta. Primero, quiero saludar a nuestro alcalde de la Comunidad de San Pedro de La Paz, Juan Pablo Spoerer, y agradecerle que haya aceptado la invitación. Es fundamental, porque ¿qué estamos esperando? ¿Que se muera un alumno en la sala de clases? Sinceramente, ¿no podemos permitir ni aceptar que sigan ocurriendo estos hechos de violencia? Las familias y los padres tienen temor de mandar a los niños al colegio, ya que resulta mucho más complejo que implementar una medida física de control. La prevención en temas de seguridad, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es mucho más complicada y escapa también a la acción propia de la escuela. Por tanto, la comunidad, los actores territoriales (en este caso, los municipios), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben ser protagónicos. Además, en este proyecto se incorporan los ESFAM y los centros de salud, y para ello en el futuro tendremos también a la ministra. Tanto en situaciones con carácter delictivo como en casos de problemas de salud mental, la situación es crítica, y ninguno de nosotros desea llegar a ello. En otros países ya se han instalado pórticos; sin embargo, no se sabe si la situación ocurre de manera similar. Creo que nos hacen falta elementos para este debate, y es lo que estoy planteando en forma de pregunta, la cual considero importante de resolver. Por ahora, Presidenta, eso es todo. Muchas gracias, diputada Plasencia. Quiero mencionar que nuestro asesor de biblioteca es una persona muy proactiva y, por lo tanto, ya cuenta con un informe respecto al tema de los pórticos. La idea es que no se debe poner la carreta delante de los bueyes, sino que es necesario primero identificar las causas subyacentes e insertar esta medida probablemente en un plan preventivo más amplio, el cual iremos conformando a medida que conversemos con las distintas autoridades. Cabe señalar que, en contraposición a la respuesta frente al hecho puntual de San Pedro, esta problemática surge desde hace mucho tiempo. En esa línea, Presidenta, quiero añadir lo siguiente y hacer una petición formal: lo que se solicita es que se generen condiciones habilitantes para que efectivamente se pueda ejecutar una política pública adecuada. Yo me inclino por esta segunda opción, reconociendo el interés y la necesidad, también desde mi experiencia como exalcalde, de buscar...

Las herramientas, lo más importante es que sea algo integral, el tema de soluciones. A la deriva de estos menores de edad, tuvimos un robo de 24 armas deportivas en Colinas, de los cuales se han encontrado solo 5, y de los que existen procesos investigativos que hoy día se encuentran pendientes en la comuna por identificarlos en algún sector. No se trata de hechos aislados en el establecimiento vocacional, sino de situaciones que se presentan de forma permanente en algunos establecimientos. Si bien hay establecimientos que todavía podemos contener de acuerdo al número de estudiantes, es un hecho que los alcaldes, transversalmente a través del municipalismo, venimos a pedir a la Comisión de Seguridad, presidenta, que habilite estos detectores de metales en las entradas de los colegios, ya que los establecimientos educativos están identificados como un peligro que podemos evitar, prevenir y abordar de manera integral, de forma permanente y urgente. Muchas gracias, alcaldesa. Alcalde, usted también quería intervenir. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. A ver, primero, valoro la disposición al diálogo de todos los diputados y diputadas. Siempre he sentido que existe una disposición importante también desde el Ejecutivo. Cuando estuvimos en San Pedro con el ministro, comenzamos ambos exponiendo nuestras posiciones, pero siempre con una disposición a conversar. Incluso, el mismo ministro planteó que quizá la figura de los pórticos estáticos podría resultar muy violenta, por lo que se podría considerar el uso de palets o paletas, lo que también podría ser efectivo. Tanto el Ejecutivo como el Defensor tienen mucho que aportar, pero insisto: planteo este tema no solo como representante de la comunidad, sino también por lo que observé con asistentes, docentes y apoderados, quienes hoy volvieron a clase y sienten un temor legítimo de que la matrícula disminuya notablemente. Comprendo que puede haber un shock importante al instalar detectores de metales, pero también es esencial asegurar a padres asustados –yo soy papá– que sus hijos volverán a un entorno seguro, ya que, pese a haber pasado algo terrible, estructuralmente seguimos igual. Es fundamental dar una señal de confianza, especialmente en una comunidad educativa que llegó a tener 300 estudiantes y ahora cuenta con 710, mejorando en todas las pruebas estandarizadas. Aquí hay una historia de éxito que iba muy bien; entonces, ¿cómo recuperamos esa confianza si no logramos dar una señal de seguridad? Permítanme, muy brevemente, repasar el cronograma. El 17 de enero, a raíz de una balacera en el CEFAM de Boca Sur, tuvimos que blindar puertas y ventanas, con una inversión de varios cientos de millones de pesos del municipio. A propósito de ello, solicitamos la incorporación de la comuna al Plan Cadez Sin Violencia. El mismo 17 de enero, en reunión con la subsecretaria de la ITAO, en ese entonces con el subsecretario del Interior, Cordero, y posteriormente con el delegado Pacheco, se nos informó que no se cumplían los índices requeridos, a pesar de reconocer la situación de riesgo. Se nos indicó que se nos incorporaría en la mesa de Cadecimbrones de Coronel, pero nunca se nos convocó. Días después se nos comunicó que, oficialmente, estábamos incorporados en el plan el 21 de abril. Revisé mi correo y, al igual que mi jefe de gabinete y mi director de seguridad, nadie había recibido citación, convocatoria, información u oficio alguno. Poco después, el ministro confirmó que efectivamente estábamos incorporados a partir del 21 de abril y que debimos haber recibido alguna comunicación informal. Esa fue mi referencia. Acto seguido, nos reunimos protocolarmente con la Seremi de Seguridad, quien nos mostró el polígono incorporado y confirmó que, efectivamente, nunca se nos avisó. Insisto: no tengo reparos políticos para trabajar con la Seremi, con el ministro o con quien corresponda, pero hubiese sido útil haber sido informados previamente de la incorporación de este plan. Esto nos habría permitido anticiparnos, por ejemplo, al caso del funeral de alto riesgo, cuyo velorio se realizó de igual forma, aprovechando nuestro conocimiento territorial sobre la ubicación de la casa y del colegio para una mejor aplicación de la medida.

Plan que entiendo que es importantísimo para el gobierno, podría tener mejor aplicación. Eso presento. Muchas gracias, alcalde Spoerer. Los alcaldes, diputado Leiva, escúcheme, déjeme ordenar un poco cómo hacer esto: los alcaldes presentes pueden quedarse, si quieren, a la presentación del ministro y a la presentación del defensor de la niñez. Y yo quisiera que le diéramos el turno ahora al ministro para que él hablara y, después de ello, al defensor de la niñez y, de ahí, preguntas de los diputados y respuestas de los invitados. Porque si le doy la palabra ahora al diputado Leiva, el reloj avanza y no vamos a alcanzar. Entonces, señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a los señores diputados, a la alcaldesa Isabel Valenzuela, que viene en representación no solo de la comuna de Colinas, sino también de la Asociación Chilena, al alcalde Spoerer, con quien tuvimos la oportunidad de compartir el día siguiente a los hechos acaecidos en San Pedro de la Paz y, a mi juicio, tener una buena conversación; al defensor de la niñez, señor Anuar Quesille Vera, que nos acompaña; a la superintendenta de Educación, que también está aquí presente con su equipo; y al fiscal de la Superintendencia. Quiero partir señalando, presidenta, que creo que es importante hacer primero una declaración de principio. Yo creo que no hay ningún debate que esté vetado a priori, porque no es responsable vetar ningún debate a priori. Eso es una máxima, sobre todo para quienes nos dedicamos a la política, y este espacio es probablemente aquel en el que menos los debates deben estar restringidos, pero también es el lugar donde más importa la evidencia para la toma de decisiones. Me parece interesante la primera aproximación que nos entrega la Biblioteca del Congreso a ustedes, en tanto que es una sociedad de parlamentarios y parlamentarias. Creo que sería importante profundizar aún más en las normas específicas y en el estado de la tramitación de la discusión. Tengo la fortuna de venir llegando de Bogotá, una de las normativas citadas en el informe, y fue un viaje en el que tuve la oportunidad de hablar, específicamente, sobre este tema con la Secretaria de Educación de Bogotá, quien no es precisamente del mismo ámbito político o afín a mí, digamos. Nunca estuvo en el centro de la discusión el tema de los pórticos; más bien, la prevención situacional, la ocupación del espacio público, la identificación de rutas de acceso, los lugares por donde transitan regularmente los estudiantes y la seguridad dentro y en el perímetro de los establecimientos educacionales eran parte de los sistemas de alerta temprana y de la gestión de datos, elementos constitutivos de las políticas que han implementado intersectorialmente en la ciudad de Bogotá, con buenos resultados. O sea, si alguien tuviera que hablar un poquito de esto, yo diría que uno de ellos es, en particular, la ciudad de Bogotá. Dicho eso, es importante señalar la evidencia. Hay algunos estudios que señalan que los detectores pueden tener un efecto disuasorio y facilitar la incautación de armas, como se observa en Johnson (2017), Childscout y Grogan (2019) y Tolson (2012). Pero también hay estudios que plantean la falta de evidencia empírica que sostenga la efectividad de reducir los delitos, el uso de armas, el comportamiento violento y la victimización, como indican Bachmann (2011), Blutar (2024), Hankin (2011), Lippmann y Matthews (2023) y Tyler (2011). Asimismo, se ha señalado que existen antecedentes de atacantes que han traspasado los detectores de metales y evadido los controles en algunos casos; es decir, habiendo detectores de metales, los hechos han ocurrido, por ejemplo, cuando estuvimos con el alcalde en el establecimiento ocasional, en el que la penetración se realizó por el perímetro y no por la puerta principal, como señala Johnson (2017). Además, otros estudios han planteado que aumenta la percepción de miedo e inseguridad en los estudiantes, como indican Bracey (2011), Gastic (2011), Johnson (2017) y Lipman y Matthews (2023), entre otros. Lo que quiero señalar es que no deseo entregar un detalle pormenorizado de estudios, sino enfatizar que existe una amplia discusión teórica y conceptual que nos permitiría aproximarnos a esta cuestión con más elementos para tomar decisiones. Dicho eso, presidenta, necesito señalar, ya entrando en la presentación, que las escuelas deben ser espacios seguros para el aprendizaje y la socialización, y que necesitamos contar…

Organismos para la prevención y el abordaje de hechos de violencia, sobre todo si estos contienen el uso de armas de fuego o armas portopunzantes. Por lo tanto, la ocurrencia de hechos violentos en la escuela es parte de las preocupaciones y urgencias que necesitamos abordar como país. Esto es una derrota, yo lo he dicho en medio de comunicaciones: una derrota que no es solamente circunstancial respecto al sector educativo, es una derrota cultural en tanto que las dinámicas sociales penetran en el sector educativo luego de haber invadido otras esferas de la realidad y de la vida. De hecho, el mismo alcalde, por su intermedio, nos señalaba cómo esto ya había ocurrido en otras ocasiones en centros de salud y en otros espacios, solo que esta vez ocurrió al interior de una escuela, lo que marca una línea roja que no se había traspasado. Por lo tanto, la violencia en los establecimientos educacionales es un fenómeno relevante que no podemos dejar de mirar para tomar decisiones. Los registros muestran patrones de fluctuación importantes, con un aumento en las denuncias en 2022 respecto al retorno post pandemia, seguido por una disminución gradual durante 2023 y 2024. Sin embargo, desde la pandemia las cifras de denuncias relacionadas con violencia escolar crecieron de 7.800 denuncias a 8.500 en 2024. Además, los casos de expulsiones—y esto lo menciono a propósito de la pulsión por señalar que no se aplica la normativa, que no se aplica Aula Segura— indican que, en realidad, es cuando más se ha aplicado la normativa vinculada a la expulsión y cancelación de matrícula. El dato es que, en 2019, donde se registraron 690 casos de expulsiones y cancelaciones de matrícula, el año pasado se alcanzaron 2.396 casos, lo que evidencia un crecimiento exponencial y una aplicación sin precedentes en la historia. Esto nos devela un elemento central: la solución mágica, Presidenta, no existe. Debemos evitar la tendencia a recurrir a soluciones que aparentan resolver todos nuestros problemas, pues habitualmente ese no es el caso. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de avanzar en la protección de niños y adolescentes. La medida de seguridad, como la implementación de pórticos detectores de metales, es de carácter intrusivo para niños, niñas y adolescentes, y es susceptible de afectar derechos fundamentales. Todo depende de cómo se implemente, cuáles sean los protocolos de actuación y qué determinación se establezca finalmente en su implementación. En particular, y como señaló por intermedio la diputada (no recuerdo quién lo mencionó en particular), podría afectarse la honra, la intimidad y la propia imagen. Asimismo, se trata de derechos que pueden ser restringidos siempre que las limitaciones cumplan con ciertos requisitos propios del Estado de Derecho, estén previstos en la ley, no sean arbitrarios ni abusivos, persigan un fin legítimo y cumplan con criterios de idoneidad, necesidad y, sobre todo, proporcionalidad. Como se ha señalado, este ministerio no pretende cerrar el debate; al contrario, estamos abiertos a nuevos mecanismos que velen por la seguridad y la convivencia en los establecimientos educacionales. Estamos completamente abiertos a encontrar una solución integral y efectiva que proteja los derechos de los niños y niñas. En ese sentido, Presidenta, y sin estar necesariamente en contra, es importante que sigamos explorando formas de mejorar la convivencia y de prevenir la comisión de delitos en estos establecimientos. La evidencia disponible a partir de la experiencia internacional demuestra que la instalación de pórticos detectores de metales no asegura, por sí sola, el cumplimiento del objetivo deseado. En la experiencia comparada no existen estudios que permitan concluir fehacientemente que la instalación de dichos dispositivos evite la comisión de delitos dentro del establecimiento. Es más, la evidencia que podemos consultar —y contamos con estudios de varios autores que podríamos poner a disposición— señala que esta medida acarrea efectos nocivos en las comunidades, como la sensación de inseguridad entre las personas y la estigmatización de los establecimientos en los que se instalan. En contraste, los estudios sobre la prevención del delito en adolescentes han sido categóricos en cuanto a la importancia de implementar mecanismos de educación socioemocional y de mejorar los espacios de convivencia, métodos que han demostrado ser más efectivos y certeros no solo para prevenir el delito, sino también para combatir los problemas de convivencia en el interior de las comunidades. Estudios recientes sobre la implementación de detectores de metal en escuelas de Estados Unidos han concluido que las escuelas que utilizan estos dispositivos no mostraron una reducción significativa en los incidentes con armas en comparación con escuelas similares sin ellos. Por lo tanto, en términos de eficacia, esta medida no es concluyente. Además, se han evidenciado impactos no deseados, como la sensación de prisionalización—es decir, convertir las escuelas en espacios similares a prisiones para los miembros de la comunidad educativa—, la estigmatización de las comunidades, tiempos de ingresos prolongados, problemas operacionales no triviales, una falsa sensación de seguridad y un alto costo. Se ha señalado, por ejemplo, que un pórtico sin escáner podría costar en el orden de 4 o 5 mil dólares, es decir, 4 o 5 millones de pesos. A eso hay que sumarle...

La operación, el mantenimiento, el personal, porque se puso el ejemplo de acá y también de los aeropuertos, y claro, uno puede ver un amplio personal operando los pórticos; esto no ocurre solo, y esos son costos que es necesario indexar a la implementación de medidas como esta. En ese sentido, la experiencia comparada presenta que en 2015 profesores de la Universidad de Chicago realizaron un meta-análisis de 213 estudios, que incluyeron más de 270.000 estudiantes de primaria y secundaria, y concluyeron que la educación socioemocional para estudiantes y el desarrollo de habilidades para gestionar los problemas de los docentes pudo reducir hasta un 24% la agresión física y verbal en las comunidades educativas. Esto demuestra que el adecuado enfoque estará en la prevención y en la reparación, no en el castigo. En la misma línea se investigó acerca del apoyo conductual positivo, es decir, Positive Behavior Support (PBS), como una metodología para la prevención del delito en las escuelas, y se concluyó que las escuelas que aplican el PBS tienen menos incidentes de violencia y comportamientos disruptivos que aquellas que no lo aplican, contribuyendo a entornos más seguros. Además, quienes aplican PBS reportan una disminución en la tasa de suspensión y expulsión, lo que significa menos interrupción de la trayectoria educativa y reducción de comportamientos delictivos. A continuación, paso a la valoración del Ministerio y las recomendaciones para el debate legislativo. Lo primero es que la convivencia escolar es un aspecto que, como ministerio, creemos que es prioritario dentro del proceso educativo. Es evidente que existen problemas en las diversas comunidades educativas que pueden suscitar conflictos; de ello ya hablamos al inicio de la sesión, incluso con datos, y estos conflictos, en términos de la masa de denuncias evidenciada, rara vez derivan en ilícitos penales, crímenes o simples delitos. El problema de la comisión de ilícitos en espacios educativos no es cuantitativo, sino cualitativo, dada la frecuencia y tasa con la que ocurre. No obstante, consideramos que dichos casos puntuales deben ser abordados de manera eficiente e idónea, evitando a toda costa la revictimización de los miembros de la comunidad educativa. Adicionalmente, la instalación de pórticos de detección de metales no ha demostrado, según la evidencia comparada, una eficiencia concluyente para la prevención del delito, a diferencia de otros métodos como la educación emocional o la solución colaborativa de conflictos. Peor aún, la instalación de estos instrumentos conlleva riesgos y complicaciones que deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo, la colisión de derechos fundamentales en juego ante medidas inclusivas de seguridad. La preocupación legítima ante este fenómeno no debe derivar exclusivamente en la implementación de tecnología invasiva que interrumpa el normal desarrollo del proceso educativo. En igual nivel de relevancia, existe un problema en las capacidades de la instalación. Los pórticos de detección de metales requieren personal apto para su gestión. Surgen preguntas: ¿qué van a hacer? ¿Serán guardias especializados o la Policía? ¿Quién gestionará este sistema? Asimismo, para evitar el efecto secundario de la estigmatización de los establecimientos educacionales, es importante considerar que su instalación en solo algunos centros implicaría una segmentación social respecto a la supuesta peligrosidad de aquellos establecimientos que decidan o tengan la capacidad financiera para implementarla. Asimismo, para una aplicación uniforme de medidas como esta, el nivel de desembolso fiscal sería considerable; estudios comparados en Estados Unidos indican un costo alrededor de 5.000 dólares por pórtico, más la mantención posterior de guardias de seguridad para operarlos, sin contar la incertidumbre de que efectivamente esto funcione. Incluso, llevando la situación a lo más pragmático y pedestre, ¿qué ocurre si se encuentra un arma? ¿Cómo se gestionaría el curso de la denuncia? En los establecimientos públicos, según nuestra legislación, el funcionario tiene el deber de denunciar inmediatamente. De lo contrario, se requeriría un sinfín de precauciones y planificaciones procedimentales, lo cual debe analizarse bien antes de tomar una decisión como esta. Como Ministerio, creemos que es fundamental contar con la opinión de las comunidades educativas, de los profesores y de los asistentes a la educación, quienes no solo se ven afectados por las problemáticas de violencia en los establecimientos, sino que también son quienes deberán enfrentar las consecuencias que pueda desencadenar una medida de este tipo. Estas soluciones rápidas, de alto impacto mediático, que al principio generan sensación de seguridad, suelen acabar creando una falsa sensación de seguridad o un falso positivo que, en última instancia, no contribuye a la reducción de la violencia escolar. El enfoque puramente tecnológico resulta ineficiente frente a un problema complejo y multidimensional. Es necesario volver a enfocarnos en las medidas que han demostrado, mediante la evidencia, mejorar las comunidades educativas, como las contempladas en el proyecto de ley de convivencia educativa y espacios protegidos aprobado recientemente en la sala del Senado. Por ello, creemos que esta medida debe estudiarse con mayor profundidad, involucrando a más actores de las comunidades educativas, así como a los expertos y expertas requeridos en materia de prevención del delito y bienestar.