Cámara de Diputados - Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural - 9 de junio de 2025

Buenas tardes, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la Comisión de la Lectura tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido, en primer lugar, un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se retira y se hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín número 17.006-01. En segundo lugar, se ha recibido un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual, a solicitud del diputado don Cristian Araya, se acordó remitir a esta comisión para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para fortalecer la representatividad y la capacidad de fiscalización de las comunidades de aguas, correspondiente al boletín número 17.572-33, una vez que sea despachado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, comisión a la cual se le asignó el estudio en calidad de comisión técnica y que posteriormente pasará a la comisión de Agricultura como segunda comisión. Eso es todo, presidente. Gracias, señor Secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Veo que ha llegado el oficio del Ejecutivo respecto a renovar la urgencia, ya que se está venciendo. Normalmente, las urgencias simples se renuevan a medida que se vencen; después de 30 días, se renuevan apenas se han vencido. ¿Sobre otros temas se ofrece la palabra? Sí, diputada.

Muchas gracias. Gracias, presidente. Junto con saludarlo, saludar al director y a su equipo, le quiero hacer una solicitud que me llegó desde el sur, a propósito de la Comisión de Agricultura que va a sesionar en Coyhaique este jueves 12. El señor Diógenes Alberto Cayún Anticura, presidente del Consejo Asesor de INDAP, desea que se tenga la consideración de permitirle participar y exponer brevemente en la Comisión, para plantear algunos temas relacionados con la agricultura familiar campesina e indígena. Acá tengo todos los datos, presidente, y se trata de una exposición breve; aprovecha además la oportunidad de que la Comisión se sesione en la región. ¿Se puede tomar el acuerdo? Sí, sí, sí, perdona, presidente, que justo me está preguntando el colega, el diputado: en Chile hay 16 personas, una por cada región, que conforman el Consejo Asesor. En algún momento nos juntábamos acá, y, según recuerdo, usted también estuvo en esa reunión. Él está solicitando que se le permita intervenir; si le mando los datos, entiendo que organizaciones de este tipo deberían estar representadas, ya que me llamaría la atención que no participasen, considerando que todos los servicios del agro en las regiones están involucrados. INDAP es uno de esos servicios, y existe una organización de usuarios en ese ámbito. No ocurre lo mismo en otros servicios, como podría ser el SAC o CONAF, donde no hay una organización similar; pero aquí, efectivamente, están los Consejos Asesores de área y los Consejos Regionales. Por lo tanto, no veo inconveniente; de hecho, lo podemos tomar como acuerdo. Yo entiendo que ya estaba prevista su participación, pues esta solicitud me llegó a través de la consejera regional, probablemente porque, a lo mejor, no estaba segura su participación o no le había llegado la invitación. Quise dejarlo constancia, ya que me lo manifestó el Consejo de la Región de Valparaíso. Sí, gracias. No tengo ningún problema, y de hecho ya lo habíamos conversado con el secretario de la Comisión. Una de las razones para fijar el jueves en la tarde era esperar hasta contar con el quórum adecuado, de modo que se pueda recibir a la mayor cantidad de organizaciones de Coyhaique y otorgar especial consideración a este tema. No alcanzamos el quórum para tomar el acuerdo de inmediato, pero en cuanto se incorpore algún otro representante, lo procederemos como acuerdo. Gracias, presidente. Es Amelia Muñoz, del Consejo Asesor de la Región de Valparaíso, quien me hizo llegar esta inquietud del consejero de Aysén. Gracias, no hay problema. Señor secretario, respecto del proyecto mediante el cual se sugiere aumentar las penas en el caso de los delitos de robo y hurto de insumos y productos agrícolas, que se solicitaría remitir desde la Comisión de Seguridad, entiendo que el asunto ya fue despachado, pero no hemos recibido respuesta respecto a ese tema, ¿verdad? No, estamos pendientes del despacho de su oficio, presidente, porque si usted recuerda, la diputada Ana Villana había quedado en conversar con los autores del proyecto para asegurar que éste fuera aprobado, ya que se requiere unanimidad. Estábamos a la espera de conversar con ella para, una vez confirmado que ya había hablado con ellos, enviar el oficio. Ya, gracias. Se le ofreció la palabra. Yo les quiero contar lo siguiente: esto fue un oficio que envié a título personal, pero es una respuesta que, en mi entender, la Comisión debe tomar en consideración. En la época estival, durante el período de cosecha, en las zonas de Maule, Ñuble, Biovibra, Ucanía, los ríos, los lagos, …

Se comercializa un producto que ha ido ganando espacio en Chile y que es el tema de la avena, de la cual gran parte se exporta. Llegó un reclamo por parte de agricultores respecto a la colusión que existía en muchos poderes compradores para la fijación de precios. En consecuencia, pedí a la Fiscalía Nacional Económica un estudio sobre esta situación, conforme a los antecedentes que le hice llegar. Sin entrar a calificar los detallados argumentos, la Fiscalía Nacional Económica estima que no existe antecedente alguno que permita establecer un atentado a la libre competencia. En todo caso, el documento está en mis manos, y voy a solicitar otro oficio, conforme a los antecedentes señalados, para que se aclaren ciertos conceptos expuestos en dicha presentación. Esto quedará a disposición de la Comisión. Envié el oficio el 14 de enero del presente año y la respuesta llegó el 30 de mayo, fecha que consta en el documento. No habiendo más temas, pasamos al orden del día. Se hace el llamado para constituir el cuarto, pudiéndose incorporar a la misma en cualquier momento. Por el momento, la sesión del día de hoy tiene por objeto analizar las acciones que se adoptarán para el pago de los bonos correspondientes a los regantes del río Maule, que resultaron adjudicados en las bonificaciones de la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. Se encuentran invitados: • El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. • El Jefe de División Jurídica subrogante, don Luis Negroni. • El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, don Fabián Luengo. • El Gerente y Repartidor de Aguas de la Junta de Vigilancia del Río Maule, don Dagoberto Betancourt (por Zoom). • El Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, don José Manuel Silva (por Zoom). • El Director de la Junta de Vigilancia del Río Maule, presidente de la Asociación de Canalistas Melado, don Carlos Díez. • El Gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, don Juan Pablo Jara Oyarzún (por Zoom). Esta sesión fue solicitada por la diputada Paula Labra. Quisiera darle la palabra, en primer lugar, al diputado, don Wilson Ureta, para que exponga su propuesta y comente las acciones a adoptar en el pago de los bonos correspondientes a los regantes del río Maule.

Quería que expusieran la problemática de las organizaciones para saber por qué se percibe de manera tan general. Intuimos de qué se trata, sí, pero quizá existe otro aspecto. Diputada Laura, tiene la palabra para, en efecto, concluir el tema. Muchas gracias, presidente. Bueno, desconozco quizá los términos de la invitación que ustedes recibieron, pero es específicamente por la invalidación que se realizó al concurso que aprobaba la nómina de personas adjudicadas; aquí tengo el concurso 52 de 2024. Esto es bastante complejo, porque entiendo que pudo haber un error administrativo al no pasar por Contraloría, de acuerdo a la norma que salió en 2024 y que se hizo vigente en 2025. Por lo tanto, creo que sería muy bueno poder escuchar cuáles son las soluciones propuestas para resolver la situación, eliminar la incertidumbre y que los invitados puedan, en base a lo que usted plantea, director. Por cierto, medio presidente, puedo plantear también mis inquietudes. Ahí sí, don Wilson tiene la palabra. Adelante. Disculpe, olvidé comentarle que la diputada Emilia Inullado me encontré en la mañana en Santiago, en reuniones, y me indicó que, por favor, la excusara, ya que tenía una reunión en otro ministerio, no recuerdo cuál, y por eso no iba a alcanzar a llegar a la sesión. Para que sepa, le estoy dando su excusa. Muchas gracias. Presidente, diputadas y diputados, como bien mencionó la diputada Laura, voy a exponer una base cronológica y los fundamentos de una situación ocurrida en la Comisión Nacional de Riego, que anticipo se resolverá en el muy corto plazo, ya que entendemos la incertidumbre que ha generado en algunas organizaciones, en particular en el concurso que mencionó la diputada. Lo primero es contarles lo siguiente: Esto lo han visto muchas veces en nuestras presentaciones, pero es importante explicar cómo es la modalidad de los concursos de la Ley de Riego. Se parte de la premisa de que en cada concurso existen bases concursales. Este año tenemos 37 concursos, que se dividen por regiones, por tipos de obra y por tipos de usuarios. Para cada concurso existen bases administrativas que contienen, además, los aspectos técnicos para postular. Los proyectos se presentan y entran en una fase de revisión administrativa, legal y técnica de cada uno. Al final de esta fase se realiza una priorización por ranking, cuyos criterios están establecidos en la Ley de Riego por aporte, superficie y costo de las obras (proyectos ya aprobados técnicamente). En ese momento se emite una resolución de concurso, una adjudicación que ordena estos proyectos en un ranking, y aquellos que se ajustan al presupuesto disponible reciben una bonificación de la Ley de Riego, es decir, el certificado de bonificación. Luego se construyen y, en base a la construcción y a la supervisión de la CNR, esos proyectos pueden ser sometidos a la recepción de la obra y pasar a la última etapa de revisión de gastos y pago, una vez construidos y con los gastos verificados. Quisiera que pusiéramos el foco en este caso, en la parte de las bases de concurso y en el certificado de bonificación, que son las temáticas que hoy están en análisis por parte de la Contraloría General de la República en relación a las tomas de razón, fenómeno que se ha presentado. Algo muy importante es que, desde el año 2019 hasta la resolución del año 2023, se estableció un criterio estándar: un umbral mínimo para la toma de razón de la transferencia de recursos, con o sin convenio, que incluía las bases administrativas que lo regulan, era de 20.000 unidades de fomento, que son cerca de 1.400 millones de pesos (o, mejor dicho, UTM, que equivalen a aproximadamente 1.400 millones de pesos). Todo proyecto por debajo de ese umbral no entra a toma de razón. Por lo tanto, los concursos que involucran obras cuyo costo pudiera superar los 1.400 millones de pesos deben incluir en la toma de razón tanto las bases como las adjudicaciones, gestionándose en paquete.

Modo concursal en lo respectivo. Por otro lado, la Contraloría, en una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Riego en 2021, determinó que las bases administrativas de los concursos debían tomar razón cuando superaban el umbral de 20.000 unidades tributarias mensuales. El 23 de diciembre de 2024, la Contraloría, mediante la resolución 36 de ese año, fijó que, a partir del 1 de marzo de 2025, se aplicaría un umbral de 5.000 unidades tributarias mensuales para el mismo instrumento de transferencia de recursos con inconvenientes a tomar razón. Es decir, se reduce de 20.000 a 5.000; 5.000 unidades equivalen aproximadamente a 350 millones de pesos, lo que representa una rebaja importantísima en cuanto al umbral. Es importante destacar que en esa resolución no se incluyen las bases administrativas. Aquí se presentan dos momentos relevantes: uno, la auditoría de 2021, que establecía que las bases administrativas, cuando correspondieran, debían tomarse en cuenta; y otro, en el que esas bases se excluyen expresamente. En ese entonces se asumió que nada de la Comisión Nacional de Riego iba a tomar razón debido a que las bases administrativas no estaban incluidas, siguiendo el criterio estándar adoptado en 2021. Posteriormente, el 12 de abril de 2025 se modificó la resolución de diciembre de 2024 e incorporaron las bases administrativas con el umbral de 5.000 UTM. En ese momento se inició un proceso que, para ponerlo en perspectiva, se comparó en términos de cifras: en el caso anterior, con un umbral de 20.000 unidades se alcanzaban 34.800 UF (equivalentes a 1.400 millones de pesos), mientras que con el umbral vigente de 5.000 UTM se obtuvieron 8.700 UF (equivalentes a 350 millones de pesos). Se realizó un análisis de los últimos 10 años (2014 a 2024), utilizando el valor de la UTM de cada año, para determinar qué porcentaje de obras deberían someterse a toma de razón. En el caso de las obras civiles se obtuvo un promedio del 2,7%, aunque en algunos años fue ligeramente superior, mientras que en las tecnificaciones prácticamente no se registró afectación. Cabe señalar que este cambio afecta a los concursos de obras civiles y no a los de tecnificación, ni a los de pequeña agricultura, que manejan montos mucho menores. Sin embargo, impacta a la agroalimentaria, en particular a la organización de usuarios de agua, cuyos representantes se encuentran aquí presentes. En 2024 se realizó el mismo ejercicio para determinar cuántos proyectos deberían superar el umbral de 5.000 UTM, encontrándose que corresponden al 5,6% de los proyectos, con un enfoque en las regiones de Atacama y Bío-Bío, y especialmente en Maule y O’Higgins, donde se registran numerosos proyectos afectados. Es importante también considerar que estos son proyectos individuales en análisis, pero el criterio se aplicará a los concursos que agrupan dichos proyectos. Anteriormente, con el umbral de 20.000 unidades, se afectaban básicamente dos concursos de un total de 37 anuales; se estima que ahora la afectación se expandirá a siete u ocho concursos al año, abarcando obras civiles desde el norte chico hasta la región del Bío-Bío, representando un cambio de gran relevancia. Hemos sostenido, y se ha conversado al respecto con la Contraloría, que este cambio implica, por un lado, mayores tiempos para resolver los concursos y, por otro, la necesidad de adaptar el calendario de concursos para dotar de tiempo suficiente a la publicación de las bases y a la toma de razón, en aras de brindar certeza a las organizaciones. La Contraloría ha demostrado estar abierta a escuchar nuestros argumentos; hemos mantenido reuniones y remitido diversos documentos a fin de exponer nuestras posiciones, recibiendo una retroalimentación favorable. Finalmente, nuestro argumento ante la Contraloría es que ni las bases administrativas ni las adjudicaciones de concurso deberían someterse a toma de razón, a pesar de que la auditoría de 2021 indicara que, al menos, las bases administrativas debían tomarse en cuenta. Cabe mencionar que, hasta el momento, la Contraloría no se ha pronunciado sobre las adjudicaciones. Por otro lado, la ley de RICO es un proceso normal, en sus distintas etapas, cuya base de financiamiento es el subtítulo 30 de transferencias de capital de presupuesto, y entendemos que el espíritu de la normativa está dirigido a las transferencias corrientes del subtítulo 24.

Se pueden hacer los convenios de transferencia con privados. En el caso de los titulares, son procesos mucho más complejos y, en el caso de la ley de riesgo, todo su proceso se encuentra normado legalmente. Además, la adjudicación del concurso entrega una bonificación. Ustedes saben que no es el pago en sí mismo, ya que el desembolso se efectúa al final del proceso de rendición de gastos y la bonificación representa únicamente una expectativa de pago, que también puede funcionar como aval para un crédito, entre otros factores; pero en ese momento la CNR no está desembolsando dinero. Bueno, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos conversado con dos divisiones. Un tema muy importante es que la Contraloría, como bien saben, se encuentra en un proceso de reforma. Estos temas, que antes eran atendidos por la Contraloría Metropolitana, hoy se gestionan a nivel central. Actualmente, la revisión de los asuntos se realiza por dos partes: la División de Infraestructura y Regulación, encargada de revisar las bases administrativas (con respuesta el 2 de junio, tras haber enviado dos bases), y la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, que está evaluando las adjudicaciones de concursos. Ya nos han informado que poseen los antecedentes de la División de Infraestructura y Regulación para tomar una decisión, la cual esperamos se nos comunique esta semana, según lo prometido. En relación a lo anterior, y respondiendo a la pregunta inicial de la diputada Laura por su intermedio presidente, es importante destacar el problema surgido en el concurso 52. La adjudicación del concurso 52 se realizó el 12 de marzo de 2025, mientras que la resolución de la Contraloría estipulaba que entraba en vigencia el 1 de marzo de 2025; es decir, se ejecutó después de esa fecha, pero la resolución fue emitida posteriormente. En este contexto, se adjudicaron algunos proyectos con bonificaciones mayores a 5.000 U2M, que es el caso de los canalistas del Laja. Ante la modificación para bases emitida por la Contraloría el 12 de abril, se activó una alerta y se determinó que esta modificación aplicaba a las bases de todos los concursos. Al ingresar las bases de los concursos nuevos del 15 de 2025 y 52 de 2025, la Contraloría solicitó información sobre las adjudicaciones para verificar su validez. Por ello, tuvimos que iniciar un proceso de invalidación del concurso 52-2024, posterior a la fecha de vigencia de la nueva resolución, ya que, en la CNR, históricamente no se había considerado que las adjudicaciones debieran someterse a este requerimiento, sino únicamente las bases. En cuanto al concurso 51-2025 y al concurso 1-2025, hemos enviado las respectivas resoluciones y estamos a la espera de que la División de Contabilidad nos emita respuestas. Con base en dichas respuestas, podremos dejar la resolución exenta —lo que significaría que ya estaría en regla y volveríamos al proceso establecido anteriormente— o, si se determinase algún afecto, tendríamos que revertir el proceso aplicado al concurso 52-2024. Entendemos y empatizamos con las organizaciones afectadas, siendo esta la razón por la cual nos encontramos aquí. Sin embargo, no esperábamos que, en el fondo, esta situación se extendiera a las adjudicaciones, por lo que optamos por una medida preventiva.

Don Wilson Ureta: "Abrimos un proceso invalidatorio porque, ¿qué pasaría si nosotros no hubiéramos hecho esto? Los bonos se emiten, sigue el proceso y se nos declara afecto; pero, de no haber actuado, estaríamos incurriendo en una ilegalidad flagrante. Por ello, preferimos adoptar un emplazo precautorio y dejar, por el momento, el proceso en estado invalidatorio, lo que suspende los efectos de las bonificaciones, a la espera de respuesta sobre los dos concursos que he indicado: el 51 de 2025 y el 1 de 2025. Además, enviamos dos bases de concursos, correspondientes al 15 de 2025 y al 52 de 2025, a la Contraloría, la cual respondió el 2 de junio que estaban exentas. Les confieso que, en las conversaciones sostenidas recientemente con la Contraloría, me muestro optimista respecto a lo que sucederá con las adjudicaciones de concurso de manera simultánea. Hemos recibido las cartas de los canalistas del Laja, en las que expresan su preocupación, y las comprendemos a la perfección. Creemos que mantener vigentes las resoluciones implicaría un problema mucho mayor, ya que, en el momento en que se declarara afecto, tendríamos que retrotraer todo un proceso, lo que sería sumamente más complicado. Esperamos resolver este problema—que afecta tanto a nosotros como a los agricultores—de manera rápida." Presidente: "Muchas gracias, don Wilson. Diputada, ¿le tengo la palabra a usted? A tomar inmediatamente el acuerdo respecto a la invitación al presidente, en este caso, de Aysén de los Cargos. ¿No hay acuerdo de despacho? Muy bien, entonces tenemos a don Dagoberto Betancourt." Don Dagoberto Betancourt: "Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por su intermedio, saludo a todos los diputados de la Comisión y, por supuesto, a los invitados. En primer lugar, quiero agradecer la explicación que ha dado don Wilson sobre la situación del concurso 52. Sin embargo, considero importante hacer un par de menciones. El concurso 52, que se refiere a la Asociación de Canalistas del Laja—motivo de nuestra presencia hoy—se desarrolla en un contexto en el que me acompañan, para estos efectos, el presidente de la Junta de Vigilancia, don José Manuel Silva; el director de la Junta de Vigilancia, don Carlos Víez; y el presidente de la asociación que se encuentra afectada por esta situación administrativa. Permítanme comentar un tema muy importante: la ley 18.450, que explica cabalmente el ciclo que va desde la circulación hasta la construcción, se ha impulsado con gran esfuerzo en la Comisión de Relaciones de Riego, pero la materialización de esta política pública depende también del compromiso de los agricultores. Hasta ahora, lo que conocíamos con certeza era la emisión de un bono, resultado del cumplimiento técnico y administrativo de las indicaciones que esta ley nos obliga a observar, para lograr el financiamiento de las obras subsidiadas por el Estado y ejecutadas por las organizaciones de usuarios. Es fundamental comprender que lo virtuoso de este sistema reside en la certeza de las cosas. Esta certeza no solo se traduce en la confianza entre las partes, sino también en que el bono se transforma en un instrumento financiero, lo que permitió, por ejemplo, en Almelao, contratar en marzo de este año a una empresa para ejecutar las obras tras haber recibido la bonificación. No estamos hablando únicamente de la incertidumbre en los plazos de respuesta o en la solución del problema, ni únicamente del cumplimiento normativo que la CETRA debe realizar a raíz de las observaciones de la Contraloría. Tampoco se trata únicamente del hecho de que, actualmente, el directorio—presidido por don Carlos Víez—está contractualmente obligado con una empresa encargada de ejecutar las obras sujetas al beneficio que hemos señalado, y que hoy se cuestiona debido a esta tramitación administrativa derivada de las observaciones de la Contraloría. En definitiva, el tema es muy complejo, ya que existen ocho proyectos en la misma condición."

Que Canal Melado, en el caso de nuestra región y de nuestra Junta de Vigilancia –únicamente Canal Melado–. Sin embargo, queremos saber, y volvemos a preguntar por su intermedio, Presidenta Wilson, cuáles son los tiempos estimados, porque hoy día existe una obligación que, en estricto rigor, se traduce en que el directorio de Canal Melado está obligado a acreditar y dar garantía por la ejecución de obras por un monto de 800 y fracción millones de pesos; eso significa que, por cada día que pasa, hay una obligación de 250 o 300 mil pesos para garantizar y respaldar financieramente la obra que ya se encuentra en ejecución. Por lo tanto, este es un tema más complejo que un mero ejercicio administrativo. A través de un intermedio, presidente, sería bueno conocer cuáles son los plazos estimados ante las dos alternativas: en una, que la Consejería indique haber tomado razón de las bases, estableciendo el mecanismo y los plazos correspondientes; y, en la otra, que la autoridad señale que no es necesario que se tome razón de las bases, indicando cuál sería el camino y los plazos para que el trabajo que se realiza en Canal Melado sea conducente y los compromisos se sigan honrando en virtud de estos beneficios de ley para nosotros. Eso, presidente, por ahora. Gracias, don Dagoberto. También se encuentra presente don José Manuel Silva, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule. Buenas tardes, don José Parral. Sí, independiente de lo expresado por Dagoberto, existe un tema muy relevante, que es el compromiso y la fortaleza que hay detrás de estos bonos. Llevamos muchos años trabajando con ellos y existe todo un procedimiento establecido. En el fondo, al recibir un bono, se llega de inmediato a un acuerdo con la constructora, se entrega el bono y parten las obras; de esta forma, las obras están absolutamente en camino y, en gran parte, ejecutadas. Esto implica que se genera un compromiso que queda en el aire, ya que ahora la constructora exige el bono y no se puede cumplir, generando incertidumbre. Asimismo, al revisar la resolución de la CNR, tampoco se han recibido los avisos de dicha resolución con los tiempos correctos respecto a Canal Melado, ya que este canal no recibió la resolución en la que se declara nulo el bono, lo que ha demorado aún más el avance de las obras y agrava la situación. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en una disyuntiva muy grave: no contamos con los recursos y el bono está anulado; imagínense el impacto que esto podría causar. Por ello, lo que requiero, independientemente de las buenas intenciones, es tener claridad sobre el camino que debemos seguir para ejecutar este bono. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Se encuentra también don Carlos Díez, presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, de la Junta de Vigilancia del Río Maule. Don Carlos, adelante. Voy a sumar únicamente lo expresado por don José Manuel respecto al procedimiento seguido. Normalmente, cuando llega el bono, está endosable. El 23 de abril empezamos a endosar este bono; se mandó un correo de respaldo indicando por qué no se podía endosar, mientras que los otros bonos se endosaron sin inconvenientes, y el inspector dio orden de partida del proyecto. Se cuenta con los dos cuadernos del libro de obras firmados por el inspector correspondiente, en los que se autorizó el inicio de la obra. Posteriormente, el día 3 de junio, el inspector constató los avances que se han entregado y que se están realizando. Lo complicado fue lo mencionado por don José Manuel: hoy existe un compromiso de fondo con la constructora, que está solicitando el endoso. De lo contrario, habría que recurrir a los bancos para obtener un recurso que financie este proyecto, que no es menor, dado que no contamos con fondos en caja para garantizarle a la constructora. Aún más, de no resolverse, es probable que esta semana la constructora abandone la obra, lo que afectaría directamente a todos los regantes de los sectores de Yepo y Longaví, más de 2.000 en total, quienes quedarían sin agua para esta temporada, considerando que este proyecto debe ejecutarse rápidamente, parte de la temporada de lluvias, y posteriormente se paraliza. Por ello, no considero que sea tan sencillo como lo plantea Wilson, quien lo reduce a un proceso meramente administrativo.