Senado - Salud - 4 de junio de 2025

En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de hoy, miércoles 4 de junio. Pueden tomar asiento, por favor. Partimos. Con cambio de parte de la secretaría, con el cuoron suficiente, y le solicito, señor secretario, que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, los documentos que se han recibido en esta secretaría son los siguientes. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores, señora Rincón y señores Castro González, Chaguán, Flores y Walker, que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas y modifica el Código Penal en los términos que indica. En segundo lugar, también se ha recibido un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores, señoras órdenes y señores Castro González, Chaguán, Flores y Keitel, que modifica la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para incorporar en la advertencia contenida en el etiquetado de bebidas alcohólicas los riesgos a la salud que indica. Se han recibido, sus señorías, indicaciones e informe financiero. Se ha recibido en esta Secretaría el informe financiero presentado por el Ejecutivo al proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. En relación a esta misma iniciativa, el Ejecutivo ha presentado urgencia de discusión inmediata. Asimismo, se ha recibido un oficio, el oficio 610 del director general de concesiones de obras públicas, señor Claudio Soto, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión con fecha 12 de noviembre de 2024, en el que se le solicita información sobre la implementación de hospitales de Pichilemu y Rengo. Hay una comunicación del analista de la oficina de asesoría presupuestaria, señor Eduardo Díaz, que remite un informe que aborda la cuantificación y calificación de los compromisos de información del Ministerio de Salud contenidos en la Ley de Presupuestos del año 2025. También hay una solicitud del honorable senador, señor Francisco Chaguán, para que esta comisión reciba al señor Miguel Cortés, quien expondrá la situación que afecta a su hijo menor de edad, que padece distrofia muscular duchenta. Hago presente a sus señorías que también se ha recibido en la Secretaría, hace breves instantes, un reemplazo transitorio del honorable senador, en que se indica que será reemplazado en esta sesión por la señora, honorable senadora, Carmen Gloria Aravera. Eso, señor presidente, estos documentos se envían a sus correos electrónicos, como es práctica de esta información, para que los tengan a su disposición. Muy bien. Sí, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Por favor, sobre la cuenta. Gracias, presidente. En relación al boletín relacionado a la asistencia médica para personas con enfermedad terminal, dado que tiene discusión inmediata, según se informó a la sala, quisiera pedirle, señor presidente, también junto con la senadora, órdenes, que pudiésemos ordenar ese calendario para cumplir en tiempo y plazo respecto a este tema. Recordar que en enero de este año se hicieron diversas reuniones aquí en la Comisión de Salud, sesiones dedicadas al tema, en las cuales se concordó que, teniendo las indicaciones del Ejecutivo ya disponibles, se podría ir a la votación en general para luego entrar al debate particular del proyecto de ley. Yo entiendo que han pasado varios meses, desde enero hasta ahora, entonces, claro, seguramente hay que tener alguna reactualización en boca del Ministerio de Salud, sobre las características esenciales del mensaje, lo grueso, pero ya viene un itinerario de discusión que se ha venido dando en esta misma comisión. Entonces, en ese sentido, que pudiésemos establecer los plazos, los tiempos, las fechas, para que ustedes lo vayan resolviendo en la agenda de los temas y los proyectos de ley que están, pero sin perder de vista que...

Este proyecto de ley tiene un desarrollo relevante. Fue hace cuatro años despachado de la Cámara de Diputados y después ha habido 32 movimientos de urgencias simples, sumas, inmediatas. Pero no es la primera vez que se toca acá, sino que ya viene; por lo menos, en los últimos cuatro meses hubo un avance significativo y esta es la etapa que nos toca ahora para poder avanzar. Buena exposición, senador Castro, pero se olvida que el día de ayer dijo exactamente lo mismo, y mi respuesta fue: mañana les traigo una propuesta de cómo vamos a trabajar el calendario de los distintos proyectos, tanto de los que nos ha presentado el Ministerio de Salud como de los que nosotros, como comisión, hemos definido. Entonces, a ver, en simultáneo no se pueden tratar las cosas. Tenemos varios – perdón, estoy hablando yo – y hemos definido también intereses propios. Las exposiciones que ha habido respecto de proyectos específicos indican que también hay interés por otros proyectos. Yo les traigo una propuesta, la que me comprometí ayer. Entonces, no hay novedad en esto: vamos a escuchar el tema que es el objeto de este segmento y, terminado, les presentaré el programa, a ver si estamos de acuerdo con el timing que propongo – tres sesiones a la semana la próxima semana –, es decir, estamos triplicando lo que normalmente no es nuestra responsabilidad. Así que lo haremos y responderemos en ese contexto. En efecto, hemos estado haciendo la pega y el escenario está claro. Senadora, órdenes. Sí, señor presidente, creo que es importante que tengamos un cronograma claro respecto a las iniciativas que están en discusión en esta comisión. Me sumo al énfasis del senador Castro sobre la necesidad de continuar. Nosotros ya habíamos iniciado el debate sobre lo que conocemos como ley de eutanasia, y entiendo que lo veremos después de la intervención del tema en cuestión. También quiero señalar que, al menos, uno de los temas prioritarios que espero dejemos resuelto hoy es el proyecto de vitamina D que está en la tabla de la sala. El Ministerio de Salud se ha comprometido en diversas ocasiones con el tema del reglamento, el cual debería haber sido tramitado hace meses y aún no se ha materializado. Con el senador Chaguán hemos insistido en que esto es materia de ley y que sea la sala quien resuelva, efectivamente, si se van a fortificar o no determinados alimentos con vitamina D. Además, represento una región austral donde el déficit de vitamina D es muy importante y se requiere una definición de este congreso. Por ello, le pido el acuerdo a los colegas para que, a través de un oficio o el mecanismo que corresponda, se instale el tema en comité y se le asigne un lugar en la tabla para su discusión en sala. Tenemos una deuda con este asunto y, si el Ministerio no responde, tendremos que responder nosotros con un proyecto de ley que ya tiene larga data y está listo para ser sancionado. Muchas gracias, señor presidente. En ese contexto, lo acabo de verificar con secretaría: el Ministerio está permanentemente convocado en esta comisión. Siempre esperamos que asista una autoridad del Ministerio, además del asesor legislativo. En esta oportunidad no han venido; me imagino que es por una sesión extraordinaria, pero están convocados siempre, siempre, siempre. Bien, lo vamos a ver. Lo que quiero es que podamos oficiar – como lo dijo el senador Chaguán el día lunes – y tomar el acuerdo. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo unánime? Bien, queda entonces, para el final de esta sesión, recibir desde la presidencia una propuesta a la comisión para ver cómo vamos a seguir el orden legislativo. Vamos a la tabla, estimados colegas, para recibir hoy a la Superintendenta de Seguridad Social, la señora Pamela Gana, a fin de que exponga sobre la fiscalización de las licencias médicas. No haré ningún preámbulo; vamos a ir directo al grano porque tenemos poco tiempo. Están invitados y presentes la señora Pamela Gana, Superintendenta de Seguridad Social; doña Patricia Soto, fiscal del tema; don Luis Díaz, intendente de Beneficios Sociales; don Jonathan Rivera, jefe del Departamento Normativo de la Intendencia de Beneficios Sociales; don Cristian Llano, jefe del Departamento de Fiscalización e Intendencia de Beneficios Sociales; doña Macarena Candia, jefa de Comunicaciones; y don Benjamín Blanco, del Gabinete. Sin más, señor presidente, la Superintendencia de Seguridad Social ha hecho llegar un documento que se va a presentar y que ustedes tienen a su disposición en las tablets. Muy bien.

Ya, eso nomás, presidente. Gracias. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio. A ver, son las 15.20 y la sesión termina a las 16.00. Tenemos sesión de sala. Por favor, les pido que nos concentremos en la exposición, ojalá no más allá de 15 a 20 minutos, para dejar espacio a las preguntas y respuestas de las señoras y los señores senadores. Ofrezco la palabra y me imagino que será la superintendente quien tome la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas, senadores y senadoras. Gracias, presidente, por la invitación y por su intermedio. En primer lugar, agradezco esta invitación a este espacio de la Honorable Comisión de Salud del Senado para explicar y responder muchas de las dudas surgidas respecto al rol de la Superintendencia de Seguridad Social, así como de otros actores que intervienen en el sistema de licencias médicas. Es importante señalar que, como Superintendencia de Seguridad Social y como comprometidos funcionarios de esta entidad supervisora con más de 97 años de historia, repudiamos y condenamos el mal uso y el abuso de las licencias médicas, dado que este es un instrumento fundamental para la protección de nuestra seguridad social. Asimismo, valoramos enormemente el trabajo realizado por la Contraloría General de la República, la cual recibió información proporcionada durante el año 2024 y el inicio del 2025, parte de la cual fue usada para entregar los resultados ya conocidos. Lo valoramos porque siempre hemos estado convencidos de que este tema debe ser abordado por todos los actores competentes. Hoy día, traemos una presentación que busca entregar aspectos claves de lo que hacemos en el ámbito de la regulación, fiscalización y coordinaciones, entre otros. Como usted ha señalado, venimos acompañados por nuestro equipo de fiscales, intendentes y otros funcionarios directamente involucrados en estas materias. De manera general, es importante señalar que la Superintendencia de Seguridad Social tiene el rol de garantizar el ejercicio del derecho de las personas a las prestaciones y beneficios de los regímenes de seguridad social, que son parte de nuestra competencia. Para ello, contamos principalmente con cinco funciones: regulamos, fiscalizamos, resolvemos reclamaciones, administramos algunos fondos –y los controlamos, algo inusual para una superintendencia– y difundimos las materias de la seguridad social que nos corresponden. Permítanme profundizar brevemente en el aspecto de la fiscalización. Realizamos una fiscalización integral a las mutualidades de empleadores ESL en el contexto de seguridad y salud en el trabajo, así como a las cajas de compensación, que son las principales entidades sujetas a fiscalización integral. Además, contamos con organismos de fiscalización específica, por ejemplo, más de 700 organismos e instituciones que intervienen en el proceso de asignación familiar, así como la COMPIN y la ISAPRE en materia de licencia médica. Es muy importante destacar que nuestras competencias y facultades de fiscalización se fundamentan en la Ley 20.585, la cual ustedes conocen muy bien por su participación activa en el cambio de dicha normativa, orientado a investigar a los médicos que puedan emitir licencias médicas sin el debido fundamento. También quiero resaltar otra función que ocupa una parte significativa de nuestros recursos: la resolución de reclamaciones. Somos la instancia final para reclamaciones, principalmente en temas de licencias médicas y salud laboral. Esto significa, y lo recalco, que en promedio resolvemos alrededor de 200.000 reclamaciones al año, un incremento sustancial en comparación con los 75.000 u 80.000 de antes de la pandemia, lo cual implica un gran esfuerzo de gestión y trabajo interno en la Superintendencia. Además, hemos logrado una reducción histórica –nunca antes vista– en las reclamaciones pendientes de resolución. Para poder abordar el tema de las licencias médicas, es importante mostrar este cuadro, el cual ha sido expuesto en otras oportunidades y presentaciones. En él se observa la evolución de las licencias médicas, evidenciándose un crecimiento importante en el período 2021-22, por cierto, como resultado de la pandemia, que aumentó en más de 2 millones y medio en el año 2021, y que en la pospandemia, si bien se redujo, aún no ha retrocedido a los niveles previos.

Por suerte, que inicialmente se adoptaron medidas debido al COVID y a la salud mental, y el aumento de salud mental ha quedado como algo más permanente, resalto algunos aspectos importantes. En primer lugar, hoy en día el 98% de las licencias médicas se emiten electrónicamente, ya no en ese papel verde que existía antes. Este cambio posibilita muchas acciones, tanto en el proceso de tramitación como en los seguimientos y fiscalización. Cabe destacar que la masificación de la licencia médica electrónica es bastante reciente; fue recién con la pandemia que se empezaron a notar algunos aumentos. En segundo lugar, es importante recalcar que, al hablar de la emisión de licencias médicas en el año 2024, por ejemplo, cuando se superan los 8 millones de licencias, estamos hablando, en cifras aproximadas redondeadas, de 670.000 licencias médicas mensuales que se tramitan en el país. Si se distribuyen en los días hábiles del mes, equivalen a 33.000 licencias diarias. Además, se estima que alrededor de 51.000 médicos emiten licencias médicas anualmente. Estas cifras evidencian la magnitud del proceso y la necesidad de una fiscalización y control adecuados, de acuerdo a las funciones y atribuciones de las distintas instituciones involucradas. Con esta visión general, es relevante pasar a explicar la facultad de las distintas instituciones que intervienen en el proceso de la licencia médica. Para ello, se empleó un diagrama simplificado que, aunque el proceso es complejo por involucrar a múltiples intervinientes en diversas etapas, facilita la explicación dividiéndolo en cuatro hitos más un quinto, que corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social con sus actores clave. El primer hito es la emisión. En esta etapa interviene el profesional emisor (médico, matrona o dentista) junto a los operadores de licencia médica, quienes posibilitan y administran este proceso electrónico. Estas 98% representan las licencias que se emiten anualmente. El segundo hito es la Contraloría Médica, en donde actúa con PIN, tanto en la Contraloría Médica de FONASA como en SAPRE, que funciona como su propia Contraloría en los seguros de salud. En tercer lugar, y de particular relevancia para nuestra discusión, se encuentra la fiscalización del uso legítimo de la licencia médica. En esta etapa intervienen PIN y SAPRE, fiscalizando tanto el ejercicio legítimo del beneficio como la actuación del empleador. El cuarto hito corresponde a la reclamación de licencias médicas pronunciadas, en la cual también participan PIN y el Suceso. Por último, la Superintendencia de Seguridad Social se grafica de forma transversal en el proceso, siendo la autoridad técnica encargada de controlar a las instituciones que participan en el conjunto del procedimiento de la licencia médica. A continuación, me refiero brevemente a cada una de estas etapas, enfatizando en lo que más nos convoca en esta reunión. En la etapa de emisión, el médico que otorga la licencia médica determina, durante la atención, si el paciente requiere reposo, estableciendo el tiempo necesario, el tipo de licencia, y señalando el lugar en el que se realizará el reposo (incluyendo dirección, teléfono, etc.), lo que permite la correcta vinculación y diagnóstico. Todo este conjunto determina si el trabajador puede o no abandonar su lugar de reposo. Por otra parte, es importante señalar que los operadores tienen obligaciones específicas. Se destaca la nueva ley que modificó la Ley 20.585, la normativa de control de uso de licencias médicas, que se publicó recientemente el 24 de mayo (con 11 días de vigencia). Dicha ley establece que es la Superintendencia de Seguridad Social quien tiene la competencia de regular y fiscalizar a estos operadores, función que anteriormente no le correspondía. Finalmente, en la segunda etapa, la Contraloría Médica debe ser ejecutada por los seguros de salud, contando con el apoyo de PIN, ya que actúa como la Contraloría Médica de FONASA e ISAPRE, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, que confiere a Compin e ISAPRE la competencia privativa en esta materia.

Significa exclusiva de ellos para el control técnico de las licencias médicas; esto implica que deben aprobar la licencia entregada por el médico, aprobarla, rechazarla o reducirla. Solo ellos tienen esa competencia en su rol de Contraloría Médica. Este tema es central para la conversación. La fiscalización, que constituye la tercera etapa, corresponde al control del uso legítimo de la licencia médica. Cabe resaltar que el Decreto Supremo 3 del Ministerio de Salud, en su artículo 48, establece que la COMPIN y las ISAPRES deben fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a la licencia médica, lo que incluye la fiscalización del reposo. Se consagra, por tanto, la obligación en la COMPIN y las ISAPRES como contralores médicos en esta revisión. Si se detectan irregularidades, estos organismos deben comunicar al empleador para que haga efectiva su responsabilidad administrativa en el caso de los funcionarios públicos o adopte medidas laborales en el caso de los privados. En caso de incumplimiento del reposo, debe rechazarse la licencia médica, ya que ellos son los llamados al rechazo, en virtud de su competencia exclusiva en el control de este instrumento. El Decreto Supremo 3 establece también la obligación del empleador de adoptar todas las medidas para controlar el cumplimiento de la licencia médica. De hecho, se le autoriza a efectuar visitas domiciliarias; si se observa alguna irregularidad, debe comunicarse al respectivo seguro de salud, a la COMPIN o a la SAP, adoptándose las medidas administrativas correspondientes, siempre en el marco del respeto y derecho de las garantías de las personas trabajadoras. Respecto a la reclamación, las personas que reciben la licencia médica o los seguros de salud, si no están conformes, o el empleador, en caso de no estar de acuerdo con lo dictaminado por su seguro de salud, pueden reclamar; inicialmente ante la COMPIN y, si no están de acuerdo, en segunda instancia ante la Superintendencia de Seguridad Social. Esto se refleja en la resolución de aproximadamente 200.000 reclamaciones al año, de las cuales cerca de 126.000 corresponden a licencias médicas. Nosotros somos la última instancia de reclamación administrativa de las licencias médicas. En el diagrama presentado, a nivel transversal, se señala que la SUCESO es la autoridad técnica del control de las instituciones que participan en el proceso de tramitación de licencias médicas. Nuestras facultades y deberes están establecidos en la Ley Orgánica 16.395, la cual nos llama a supervisar, fiscalizar, interpretar, dictar circulares e impartir instrucciones. Lo más importante es que la Superintendencia es la autoridad técnica de control de instituciones de previsión, lo cual incluye a las entidades de salud involucradas en el proceso de tramitación de una licencia médica, estando sujetas a las instrucciones, decisiones y resoluciones que adopte la SUCESO. Esto se fundamenta en un dictamen de la Contraloría General de la República de 2021. Por lo tanto, a través de este recorrido por las atribuciones de cada uno de los actores involucrados en el proceso de la licencia médica, se aclaran las funciones respectivas. Se puede concluir que la normativa establece claramente que la COMPIN y las ISAPRES deben fiscalizar a las personas trabajadoras en su rol de controlar el uso legítimo de la licencia médica, tal como se consagra en el Decreto Supremo Nº 3, incluyendo el cumplimiento del reposo. De acuerdo con el dictamen de la Contraloría General de la República de 2021, la SUCESO controla las instituciones involucradas en el proceso. Dicho ello, pasamos a describir, de forma resumida, las acciones en relación al uso de la licencia médica que ha desarrollado la SUCESO en el último tiempo, incluyendo los últimos desarrollos normativos, las fiscalizaciones, la colaboración con otras instituciones, el fortalecimiento de la fiscalización y las nuevas atribuciones que nos entregó la nueva Ley 20.585 hace 11 días. En primer lugar, el 30 de abril se publicó el compendio de normas de licencias médicas, subsidio de incapacidad laboral y seguro sano.

Un camino que hemos recorrido desde la Superintendencia desde el año 2018. Partimos con el seguro laboral, haciendo un compendio en el año 2023. Posteriormente, hicimos un compendio de normativas de cajas de compensación; en el 2024 se realizó uno sobre servicios de bienestar del sector público. Y este año logramos lo que era una meta muy deseada: la recopilación de más de tres décadas de normativas e instrucciones de la seguridad social, con el objetivo de entregar un cuerpo único, sistematizado y actualizado de toda la normativa relacionada a esta materia. Creemos que es un gran aporte, como lo han manifestado los distintos usuarios. En segundo lugar, tenemos la circular que emitimos en octubre del año pasado, que instruye a las cajas de compensación en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de riesgos de fraude, donde "fraude" se entiende de forma amplia, incluyendo el potencial fraude por licencia médica. Esto considerando que las cajas de compensación tienen un rol de administradoras del subsidio de incapacidad laboral de los afiliados, ya que, como se ha mencionado en esta comisión, pagan alrededor del 70% del subsidio de incapacidad laboral de FONASA. Asimismo, al emitir esta circular, se entendió que todos los actores involucrados deben cumplir una función en el cuidado de este importante instrumento de nuestra seguridad social. Las dos circulares mencionadas son instrucciones a los operadores de licencia médica electrónica, IMED y Medipaz. Lo que buscan es impartir recomendaciones sobre medidas de seguridad que deben implementar los operadores en el enrolamiento de los médicos para la emisión, otorgamiento y tramitación de la licencia médica. En la práctica, estas circulares establecen que se pueda ordenar un bloqueo preventivo a médicos que presenten acciones anómalas. Permítanme hacer una analogía con lo que ocurre en nuestros bancos: cuando se identifica una acción anómala, se procede a bloquear para protección. Aquí se está realizando lo mismo, mediante un bloqueo transitorio preventivo y ordenando un reenrolamiento presencial. Le recuerdo, superintendente, que disponemos de aproximadamente cinco minutos más de exposición para dar pie a las preguntas. Voy a abordar ahora los temas que nos convocan. También está la instrucción respecto a temas de pre y postnatal, pero lo abordaré si surgen dudas posteriormente. En relación con la fiscalización sobre licencias médicas, es importante mencionar que contamos con fiscalización en el área de gestión de indicadores, con una visión de satisfacción usuaria, sobre los gastos de subsidios maternales en las cajas de compensación y, de manera central, en nuestras competencias en conformidad con la ley 20.585, cuyos resultados se presentarán oportunamente. Además, seguimos avanzando para el año 2025, incorporando la fiscalización sobre los procesos de verificación de reposo que pueden realizar las ISAPRE y los COMPIN en el marco de sus obligaciones para garantizar el legítimo uso de la licencia médica de los trabajadores. Me limitaré a lo mencionado, ya que son competencias que tenemos en virtud de la ley 20.585, y nuestro foco principal es la investigación y eventual sanción a los médicos en casos de emisión de licencias sin fundamento. Para detallar nuestra fiscalización, es importante comentar el número de emisiones por médico y su distribución. Según nuestros reportes, entregados de manera consecutiva por tres años, de casi 51.000 médicos que emiten licencias médicas en un año, el 80% emite menos de 200 licencias, lo cual resulta razonable. Sin embargo, se identificaron 309 médicos que emitieron más de 1.600 licencias en el año, concentrando un 8,4% del total de las mismas. Este es el foco principal de nuestras facultades. Asimismo, quisiera mostrarles cómo se han realizado estas fiscalizaciones, ya que han significado un importante destino de recursos de la Superintendencia para abordar el tema de los emisores de licencia médica. El gráfico presentado indica que en el 2023 se registró un incremento significativo en el número de investigaciones, pasando de 438 a casi 1.000 investigaciones en el año, además de un aumento en el conjunto total de las mismas.

Mejoramos nuestra efectividad, nuestra precisión. Esto significa que, del total de investigaciones que hicimos, sancionamos a un porcentaje mayor. Pasando del 2022, cuando un 21% de las investigaciones se sancionaban, ahora en el 2025 tenemos que, de las investigaciones realizadas, un 82% se sancionan. Esto habla de un mejor uso de nuestros recursos, pero también resalta la necesidad de aplicar una mayor analítica de datos para identificar con exactitud a los médicos investigados, dadas nuestras limitaciones. También tenemos coordinación con instituciones; a este respecto, trabajamos con distintos actores, tales como el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, a quienes hemos ofrecido capacitaciones. Permítanme detenerme en los apoyos en procesos investigativos, particularmente los requeridos por la Fiscalía Metropolitana Oriente, lo que ha significado entregar 303 informes de médicos que ellos están investigando. Esto requirió una coordinación muy acabada para determinar el tipo de informe que necesitaban para el éxito de sus investigaciones, demandando importantes recursos de nuestra parte, y ha contribuido al avance en dichas investigaciones. Cabe mencionar casos emblemáticos en los cuales han estado involucradas nuestras denuncias e informes. Por ejemplo, el caso conocido como el de los Quilodran, que involucra a 36 formalizados, entre líderes de la organización, colaboradores, brazos operativos y falsos trabajadores. Asimismo, se logró la captura, hace pocas semanas, de dos médicos colombianos acusados de usurpación de identidad; pudieron ser detenidos porque habíamos ordenado la inhabilitación y el bloqueo temporal, sumado al reenrolamiento de manera presencial, lo que permitió la coordinación para su aprehensión. En relación a la fiscalización, estamos aplicando una extensa analítica de datos que mejora nuestra precisión, la cual pasó del 21% al 82%. No es por casualidad, sino resultado del continuo perfeccionamiento de la información y el conocimiento para definir a quién investigar, considerando no solo el número de emisiones, sino también otros aspectos. Hemos implementado la inhabilitación preventiva: identificamos 566 médicos que han emitido desde el extranjero. Es importante señalar que, en el contexto de la telemedicina, actualmente no está prohibido hacer emisión de licencias médicas o atención desde el extranjero; eliminar esa facultad implicaría un cambio legal que se encuentra en discusión en esta comisión. De esos 566 médicos identificados, hemos inhabilitado temporalmente a 127 que han mostrado un comportamiento inusual. Entre el 27 de enero y el 2 de junio, 435 médicos en total han sido inhabilitados temporalmente y se les ha ordenado el reenrolamiento presencial. Como dato importante, el 68% de esos profesionales no se han presentado al reenrolamiento, lo que sugiere que muchos podrían estar en el extranjero. Se trata de una medida administrativa temporal, ya que no tenemos facultad para mantener la inhabilitación de forma indefinida, pero está resultando efectiva en la práctica. Además, realizamos monitoreos periódicos y continuos, evidenciados en el seguimiento diario de más de 30 licencias médicas, lo que nos permite evaluar un bloqueo preventivo y facilitar el reenrolamiento presencial. También estamos desarrollando, junto a la Universidad de Chile y su Departamento de Ingeniería Industrial, un proyecto que utiliza modelos de inteligencia artificial para identificar médicos y licencias sin fundamento médico. Esto fortalecerá nuestras investigaciones y permitirá entregar información oportuna al Ministerio Público en casos de posible fraude. Finalmente, es relevante destacar las nuevas atribuciones de la ley, que ustedes conocen muy bien. Cabe resaltar y agradecer que, desde hace 11 días, ya se puede sancionar con la suspensión de la emisión de licencias médicas desde la primera investigación, medida que antes no estaba contemplada. Esta suspensión puede aplicarse hasta por 180 días, incluso en la cuarta investigación.

La tercera reincidencia, la sanción será la suspensión perpetua del médico para emitir licencia médica. Y aquí vienen las atribuciones que están otorgadas en la ley por nosotros en esta nueva ley. No voy a entrar en el detalle, marcar unas cuantas: que es, primero, ya no solo podemos investigar por la causalidad –conocemos la ley, la tramitamos nosotros y, por lo tanto, es sabido–. Nos queda poco tiempo, cerremos para dar paso a las preguntas, por favor, que ya han sido solicitadas. Perfecto. Entonces, aquí señalo, muy rápido, que es, primero, algo que nos importa mucho y que estamos desarrollando, que es la investigación también en licencias médicas otorgadas sin una prestación médica de por medio. Tenemos que publicar algunos registros. Y también, esto es algo muy importante y atingente a nuestra conversación, que es el nuevo rol: en el contexto de la 20.585, los médicos podemos requerir información. Estamos facultados para requerir información a distintos organismos, como la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, la Policía de Investigaciones, entre otros. Permítanme referirme a lo que ha sido el centro y a lo que usted, presidente, también está invitado en esta sesión, ¿verdad? El convenio PDI-Suceso. Primero, señalar que los convenios son acuerdos de colaboración entre partes y su cumplimiento está sujeto principalmente a las voluntades, las prioridades y las capacidades de cada institución. El convenio firmado entre la PDI y el Suceso en el año 2014 señala textualmente que, "surge la posibilidad de hacer cruces de información". Es decir, se estaba pensando en masividad, incluso en ese momento, pero la materialización de aquello requería contar con varios elementos: bases de datos disponibles –recordemos que la licencia médica electrónica, recién después de la pandemia, empieza a ser más masiva– y, más importante aún, no solo bases de datos, sino desarrollar las efectivas capacidades informáticas de las instituciones. Por parte de la Superintendencia de Seguridad Social se ha hecho una permanente entrega de información a la PDI, acordada en el convenio de 2018, que ellos requerían para sus funciones. Pero la PDI, en cuanto a sus efectivas capacidades informáticas, ha priorizado este aspecto, entre muchas otras que posee, por suerte, la Policía de Investigaciones, gracias al actual director nacional y la gestión actual de la institución. Así, a fin del año 2024, la PDI podrá empezar a entregar un número mayor de consultas. Esto fue materializado inicialmente con Compin, que ustedes lo escucharon en comisiones pasadas, en las que la subsecretaria y la ministra contaron que estaban haciendo cruces de requerimientos con la PDI, y así lo dieron a conocer en dichas reuniones. Nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, en nuestro rol de autoridad técnica del control de las instituciones, conocíamos este proceso, sabíamos que Compin estaba involucrado y creíamos que estaba bien encaminado. ¿Por qué? Porque permite que Compin cumpla con su función, que es fiscalizar el uso legítimo de la licencia médica y fiscalizar a las personas, mientras que nosotros fiscalizamos a las instituciones. Tanto la PDI, bajo la gestión de su actual director, como otras instituciones, han mostrado total disponibilidad para seguir trabajando en avanzar y proporcionar información que permita el cumplimiento de las obligaciones de cada entidad que interviene en el sistema de licencia médica, con Compin y también nosotros. Y siempre, teniendo presente las dimensiones de las que estamos hablando: 8 millones de licencias médicas al año, 670.000 en un mes, 33.000 en un día y 51.000 médicos interviniendo en este proceso. Le pido que cierre la exposición para que pueda contestar las preguntas de los parlamentarios. Perfecto. Para cerrar, simplemente agrego que creemos que también estamos haciendo uso de nuestras atribuciones, las cuales fueron entregadas hace 11 días con requerimiento de información. Hemos tenido múltiples reuniones con distintos servicios para coordinar el ejercicio de nuestras atribuciones. Asimismo, está publicada la circular a comentarios que norma la nueva ley y hemos requerido información a la Contraloría General de la República. En fin, para cerrar, creemos que la licencia médica es un tema nuevo.

Es un tema que ha tenido distintos énfasis a través del tiempo: los tiempos de pago, los focos en los médicos, etc. Esperamos que, en esta sesión de manera resumida, se haya dejado claro que la fiscalización del cumplimiento del reposo de las personas trabajadoras es una obligación de COMPIN, que lo están haciendo, como lo señalaron la autoridad del Ministerio de Salud y las ISAPRES, y que la superintendencia es la autoridad técnica de control de las instituciones, no de las personas involucradas en el proceso. Vamos a cerrar. Muchas gracias. Estamos focalizados hoy en este asunto. Lo hemos entendido perfectamente y ya conocemos los alcances de la fiscalización, pero queremos concentrarnos en el problema que hoy tenemos y en cómo ha participado la institucionalidad. Ya escuchamos a COMPIN y al Ministerio, y ahora queríamos escuchar a la superintendencia: ¿qué pasó con el convenio? Han pedido la palabra los senadores Castro, la senadora Aravena, la senadora Órdenes y la senadora Rincón. Gracias, presidente. Muy brevemente, en honor al tiempo, saludar a la superintendenta. Tres preguntas y una proposición: Primero, preguntarle si se controla a las instituciones, cuál es el nivel de autocrítica que existe, dado que no se conocen sanciones a COMPIN por la falta de vigilancia del reposo. Hoy es un hecho cierto que COMPIN no tiene cobertura suficiente para vigilar el reposo y, por lo tanto, muchos de los incumplimientos graves o flagrantes pasan desapercibidos. Por tanto, si la superintendencia fiscaliza a las COMPIN, ¿dónde están o se han conocido cuáles son esas medidas intrusivas o de sanción frente a las COMPIN que no cumplen? Segundo, sobre los grandes emisores: si tenemos hoy 300 médicos que emiten más de 1.600 licencias al año y sitios de Internet que están visiblemente y profusamente difundidos, ¿cuáles son las acciones que se están tomando respecto de esos sitios, algunos desde Chile y otros desde el exterior, que se encuentran en la grave condición de vender licencias médicas sin haber realizado diagnóstico médico ni procedimiento alguno? ¿Qué es lo que está sucediendo con esto y cuántos casos han ingresado al Ministerio Público para que se apliquen las sanciones penales? Tercero, preguntarle derechamente, superintendente, ¿cuál es su autocrítica respecto al periodo actual, por el nulo cumplimiento del convenio con la PDI? Porque resulta insólito que tenga que venir la Contraloría a destapar un asunto que estaba en un convenio con ustedes por 10 años. No tiene lógica que un convenio esté inactivo durante tanto tiempo, o que no se impugne o explique las razones por las cuales está fallando. No lo entiendo y creo que el país merece una explicación. Y, por último, presidente, hay una propuesta que ha hecho un grupo de abogados, don Luis Lizana y María Soledad Ramírez, quien fue predecesora de la superintendenta, propuesta que me pareció muy atendible y que ellos nos han señalado. El artículo 509 del Código del Trabajo establece lo que se denomina el uso malicioso de la certificación, permisos o estados de salud falsificados, vinculándolo con artículos del Código Penal, que contemplan sanciones de tal magnitud que, de hecho, en juicios laborales de dicho Código han sido impetrados y hay procesos en marcha por ello. ¿Por qué no es posible, a través del artículo 125 del Estatuto Administrativo—donde se establecen las causales específicas para la destitución sin pasar por sumario—incorporar el uso malicioso o la falsificación de certificaciones médicas, de manera que, al incurrir en incumplimientos flagrantes, la licencia médica constituya por sí sola un motivo de destitución sin tener que llegar a sumario ni a otras medidas procedimentales? ¿En qué toparía esta modificación? Esto tendría como fin darle un cauce diferente al que hemos tenido hasta ahora, ya que esos 25.000 funcionarios, cuyos sumarios deben progresar de aquí a fin de mes, han sufrido lentitud en el proceso, se han presentado todo tipo de argucias y, más que un problema de clamor ciudadano, se trata de un asunto de probidad básica. En el sistema público chileno suele suceder que los sumarios se quedan en el camino, y además se pagan anticipadamente las licencias (artículo 111 respecto a COMPIN). Bueno, resulta que tenemos toda una confabulación que ha pavimentado el terreno para que siga el delito. ¿Cómo construimos un dique de contención a esto de una vez por todas, habiendo normativas existentes como esta?