La sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la República. Sí, saludar en primer término a la ministra de la Mujer que nos acompaña, al ministro del Trabajo, a las senadoras y al senador José García que está por allí, y a todos nuestros queridos amigos que siempre están presentes en la sala, a la chiquilla que también me ha venido, y a la subsecretaria que también está acá. Y todos siéntanse saludados.
Hoy día tenemos la continuidad del tratamiento del proyecto Salas Cunas para Chile y contamos con una serie de invitados, quienes tendrán su tiempo para exponer. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco audiencias.
Y vamos a empezar con el representante de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, el presidente, el señor Rodrigo Azúcar, por vía Zoom.
¿Usted tiene más? Perdón, perdón, perdón. Gracias, presidente. Antes de comenzar la cuenta, yo quisiera poner un punto sobre la mesa y agradecer la posibilidad que tenemos de hacerlo. Previamente, saludo, por cierto, al Ministro del Trabajo y a la ministra subsecretaria. Obviamente, mi referencia está dada por las últimas cifras de desempleo, particularmente en mi región, la región de Ñuble. Hemos ya asumido, hace muchos años, el desafío de combatir las tasas de desempleo que han ido en alza, lo que tiene que ver también con la gestión y los recursos que en una región como la nuestra son cada vez más necesarios. Agradezco al ministro su disposición; tuve ocasión de hablar con él, justamente la semana pasada, y solo quiero advertir y recordar, presidente, que hay una normativa –más bien un numeral del Presupuesto de la Nación– en donde se establece que, una vez que el nivel de desempleo haya subido a dos dígitos, se puede activar el fondo de contingencia para el desempleo.
Es una solicitud que quiero hacer a propósito de la necesidad que tenemos en Ñuble, donde las cifras ya se encuentran sobre dos dígitos –un 10% de desempleo, 10.6%, sobre todo en cuanto al desempleo femenino–. Creo muy indispensable, en esta Comisión de Trabajo, pedir la colaboración y anuencia para que este fondo, destinado a recursos del Estado, se active a fin de atender la necesidad en la región de Ñuble. Ya hemos pactado con el ministro una reunión en conjunto con la AIPRES, ya que, como él menciona muchas veces, estos fondos no se encuentran disponibles; pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Mi solicitud está planteada, de modo similar a lo que hiciera también el Presidente de la República, para que se generen los recursos y se determine algún plan que permita, cierto, generar empleo –sobre todo femenino– y sobre todo en la región de Ñuble, con estas cifras que, obviamente, agravan la carencia y, en algunos casos, la pobreza que se vive en la región.
Así que, hago mi solicitud y solicito que, ojalá, se pudiera, por su intermedio –dado que el Ministro aquí presente ya nos ha escuchado– tener una pronta solución.
Yo no tengo problema en consultarle a los senadores para que solicitemos un oficio al Ministerio del Trabajo, y agregaría el de Economía, a partir de la experiencia que tenemos en el Bío Bío para ver si es posible aplicar, también en la región de Ñuble, la creación de un programa de fortalecimiento de la producción y el empleo. Dicho esto, con las disculpas del caso del señor Azúcar, tiene la palabra. Hemos dividido el tiempo en términos ecuánimes, por siete minutos, manejando de acuerdo a cómo vaya la exposición. Señora Zócar, adelante.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco, en nombre de la sociedad que trabaja en el área de la seguridad social, la invitación por medio del presidente, y saludo a todos y a todas las integrantes de la comisión, así como a las autoridades presentes.
Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña precisión: la sociedad tiene cerca de 300 socios, y se recogieron rápidamente las miradas y opiniones de estos para que pudiesen compartir sus puntos de vista sobre este proyecto de ley. En razón de los tiempos de citación y de la situación, no alcanzamos a sistematizar un documento, pero a continuación expondré dos elementos que, para nosotros, son relevantes y dan cuenta del trabajo interno realizado en la recopilación de distintas perspectivas.
En primer lugar, celebramos que se retome esta iniciativa desde el derecho al trabajo, ya que consideramos necesario reforzarla para lograr la conciliación entre la vida personal, familiar y el trabajo, aspecto que se desarrolla de manera bastante potente en este proyecto. En segundo lugar, es crucial disminuir las brechas que todos conocemos y, en tercer lugar, incorporar de manera efectiva a las mujeres en el mundo del trabajo. Creemos que es importante plantear y reforzar estos elementos, ya que, como dice el dicho, las cosas por sabidas se callan y, por calladas, se olvidan.
Celebramos, además, que todo esto se lleve a cabo en un contexto de universalidad, en relación a los aspectos de seguridad social, sin distinciones.
Hombres y mujeres, ni cantidad de trabajadores de empresa, e incorporando o no, con o sin exclusión —como podría haber sido tradicionalmente— a los trabajadores independientes. También se reconoce, por parte de algunos de los socios, la diversidad familiar y la creación de este fondo de aportes. En ese sentido, era muy necesario poder reforzar este aspecto. Sin embargo, se plantean algunos temas que nos preocupan y que es necesario que esta comisión tenga en consideración tanto al discutir algunas de las indicaciones como con posterioridad.
En primer lugar, se considera que se mantiene este asunto “en la mujer”, ¿no?, con los efectos que ello implica, como ya se ha señalado de forma necesaria. Es probable, desde el punto de vista de la práctica, que sea la mujer quien tome la decisión respecto a este acuerdo. Se sabe que la posibilidad real en Chile de que un trabajador hombre pueda, por ejemplo, ejercer un derecho como el permiso postnatal —que también puede ser objeto de acuerdo— es bastante baja. Habría que revisar este aspecto, insisto, ya que podría quedar vinculado a quien tenga la carga familiar u otro factor similar, haciendo que, por un tema cultural, la responsabilidad recaiga nuevamente en la mujer, con todas las implicancias que ello conlleva.
En segundo lugar, queda bastante abierta la discusión respecto a las diferencias entre los progenitores. En la indicación se habla de un acuerdo, pero ante la falta del mismo no se cuenta con un mecanismo de solución, lo que puede generar una serie de problemas e inconvenientes prácticos, tanto para el empleador como para la familia. En materia laboral es indispensable resguardar la vida privada de los trabajadores, por lo que podría plantearse la posibilidad de contar con un mecanismo que facilite zanjar dichas diferencias, considerando ejemplos de cuidado compartido u otras figuras que se hayan presentado en la práctica.
En tercer lugar, es relevante abordar la tramitación y las dificultades prácticas para acceder a este beneficio. Se debe considerar la operatividad y la posible diferencia entre la fecha de la solicitud y el surgimiento del derecho, ya que podría existir un lapso en el que las personas no logren acceder a este beneficio. Lo ideal sería que esta situación se oriente mediante un reglamento que contemple una solución para evitar que, durante ese tiempo intermedio, los interesados queden desprovistos del beneficio, considerando además la serie de requisitos, solicitudes y documentación que debe acompañarse, lo que, en caso de rechazo, podría entorpecer la operatividad del derecho.
En cuarto lugar, preocupa el hecho de incorporar —aunque quizás esta no sea la oportunidad— en el proyecto general el asegurar el uso efectivo del ejercicio del derecho a la sala cuna, de modo que no se vea mermado el pago de este fondo con recursos que no se utilicen correctamente. Se plantea la necesidad de garantizar la continuidad de que este derecho sea efectivamente utilizado.
En quinto lugar, también se considera importante, aunque en un espacio posterior —no es para ahora—, plantear el tema del bono compensatorio, o mejor, la situación en que, por razones médicas, no sea posible concurrir a la sala cuna. Conociendo la realidad local, se evidencian los incentivos y desincentivos que operan en la práctica, generando una distorsión en el uso del bono compensatorio. Se considera que un proyecto de ley en estas características debiese hacerse cargo de estas situaciones excepcionales y extraordinarias, que hoy día, en algunos casos, pueden llegar a ser la regla general.
Finalmente, habría que revisar, y consideramos que no se ha planteado lo suficiente, la realidad de la cobertura específica de la sala cuna a nivel nacional, no solamente por temas médicos, sino también por la verdadera cobertura que el sistema de dicha sala cuna pueda garantizar en todo el país.
¿Algún otro elemento?
Se observó que, desde un punto de vista práctico, se valoraba mantener este aporte diferenciado según el tamaño de la empresa. Además, se discutió que dicha distinción no debería basarse únicamente en el número de trabajadores, sino también en aspectos como el nivel de ventas y de utilidades, lo que permitiría abrir una discusión más técnica y detallada sobre montos y porcentajes.
Asimismo, se destacó la importancia de cuidar la sostenibilidad en los principios de la seguridad social. En este sentido, se manifestaron reparos entre algunos socios, quienes expresaron preocupación por que el fondo, en caso de no cubrir totalmente ciertas contingencias, pudiera requerir el eventual aporte del Estado. También se señaló inquietud respecto al tiempo previo de la relación laboral; si bien existe el derecho del trabajador desde la perspectiva del empleador, se teme que un inicio laboral muy cercano pueda dar lugar a un mal uso de este beneficio. Por ello, se sugirió que, en lugar de limitarlo, se oriente mediante un reglamento o norma que establezca sanciones penales ante su uso indebido, evitando con ello la disminución del fondo.
Otro aspecto que planteó preocupación fue el tope en UTM que pudieran alcanzar los aportes, considerando que este costo lo debe asumir el empleador, lo cual se consideró fuera del núcleo central del proyecto. Finalmente, se enfatizó la necesidad de definir quién decide la asignación de la sala cuna, ya que en la práctica podrían surgir inconvenientes relacionados con los pasajes, tiempos de desplazamiento y conectividad de los trabajadores. Se recomendó establecer criterios objetivos para dicha decisión, teniendo en cuenta la posibilidad de que en algunos casos no exista un acuerdo claro entre los progenitores, y que la carga familiar no necesariamente recaiga en quien se encarga directamente del cuidado.
Los comentarios expresaron profundo agradecimiento por la disposición y el tiempo concedido, considerándose este aporte fundamental no solo para el Proyecto de Ley, sino para el debate en general. Se invitó al señor Azúcar a permanecer para, posteriormente, participar en la intervención cuando se abrieran las palabras.
A continuación, dieron la palabra la señora Marcela Zuleta y Yerchi Sayag, de BTF Fanor y BTF Araucanía.
Buenas tardes. Presidente, ministro, ministra, senadores y senadoras. Agradecemos esta instancia para exponer nuestro análisis del Proyecto de Ley Sala Cuna (Boletín 14782-13), desde el derecho a la sala cuna en primera instancia y la protección de la educación pública.
Antecedentes del proyecto:
El proyecto de ley busca ampliar el derecho a la sala cuna para personas trabajadoras dependientes, independientes y padres con cuidado personal, mediante la creación de un fondo solidario que financie el acceso a establecimientos con reconocimiento oficial. Datos relevantes entregados por el Ejecutivo indican que, a la fecha, los jardines FTF con reconocimiento oficial abarcan solo el 21% del total de los jardines de referencia, quedando un 71% aún sin reconocimiento, lo que representa una importante cantidad de cupos liberables.
Solo en el año 2024 se identificaron más de 5.000 casos de niños con más de una matrícula en distintos meses. Esto revela un problema de eficiencia en la administración de cupos y justifica la necesidad de regulación en el uso del subsidio. Estos datos confirman que el sistema público tiene capacidad ociosa, pero también enfrenta desafíos de gestión y territorialidad. Por tanto, cualquier política pública que destine fondos a la oferta privada debe ser evaluada cuidadosamente para no debilitar la cobertura que asegura equidad a nivel nacional.
Pero la senadora y los senadores lo tienen presente, y en la transmisión televisiva se evidencia que algo pasó. Gracias.
Subvención a la sala cuna y obligación del empleador. Con respecto al cofinanciamiento estatal de obligaciones patronales, el subsidio estatal será accesible incluso para empresas ya obligadas a costear sala cuna, por lo que el Estado cofinanciará una obligación preexistente de los empleadores.
Entre los nudos críticos detectados en el proyecto se encuentra la vulneración del derecho a la educación inicial. El artículo 5º del Decreto Nº 315 del Ministerio de Educación señala que, en caso de ser necesario, el nivel de sala cuna mayor podrá considerar en el respectivo nivel niños o niñas de hasta 2 años y 6 meses de edad. Sin embargo, este proyecto de ley extingue automáticamente el derecho al cumplir los dos años, sin garantizar la continuidad en el siguiente nivel educativo, interrumpiendo el proceso formativo en cualquier fecha del año y sin considerar el desarrollo maduracional de los niños o niñas, ni las necesidades educativas especiales. Esto implica la pérdida del derecho a la educación temprana, afectación al bienestar y contradicción del interés superior de los niños y niñas.
En la transmisión se comentó: “no, no, no es que no está para… no sé qué pasa”, haciendo referencia a que algo desapareció de la pantalla.
En relación a la educación pública (BTF), el subsidio mensual por niño que propone este proyecto es de 282.151 pesos. Sin embargo, los jardines BTF, a la fecha, por cada niño o niña asistente (no matriculado, insisto, asistente) reciben una subvención de 137.201 pesos, muy por debajo del financiamiento propuesto. Esto genera el riesgo de privatización de la educación pública inicial, ya que el subsidio funciona como un voucher dirigido a la oferta privada, pudiendo ser utilizado para complementar el pago de la matrícula o de la mensualidad en la sala cuna privada que cuente con reconocimiento oficial, lo que pone en riesgo el fortalecimiento del sistema público e incentiva la expansión de salas cunas privadas, mientras que la oferta pública sufre de baja matrícula e infraestructura deficiente, aun cuando existen cupos disponibles.
Además, al operar el beneficio únicamente si el empleador lo solicita, se generan brechas según el tipo de contrato, excluyéndose trabajadores informales, estudiantes y familias vulnerables, lo que contradice el principio de universalización.
Por otra parte, el proyecto de ley elimina el derecho del hijo a ser cuidado en el hogar a través del pago de un bono compensatorio, beneficio que actualmente otorga la ley en casos especiales justificables, como la falta de oferta educativa, condiciones propias de zonas rurales o problemas de salud incompatibles con la asistencia del niño a un establecimiento educativo.
Finalmente, se destaca la ausencia de políticas públicas frente a la baja sostenibilidad de natalidad. Este proyecto no reconoce la importancia de incorporar medidas ante los graves descensos de la natalidad en Chile y propone otorgar recursos para ampliar la oferta a quienes no requieren el apoyo económico del Estado, en lugar de fortalecer el sistema público de salas cunas como incentivo para la maternidad en familias de mayor vulnerabilidad. Se pierde así una oportunidad para enfrentar esta crisis demográfica con una política educativa integral, pública y con enfoque de género.
Bueno, voy a continuar nuestra presentación.
Con propuestas que hemos trabajado en conjunto con la Federación FANOR-BTF y Araucanía-BTF. Como una de nuestras propuestas sería eliminar el límite rígido de los dos años, permitiendo la extensión del beneficio en casos justificados, según el artículo 5 del Decreto 315, que mencionaba recién mi compañera. En el caso de ser necesario, a nivel sala cuna mayor se podrá considerar la atención de niños o niñas hasta dos años y seis meses de edad. Se propone equiparar el financiamiento público entre establecimientos para igualar o aumentar el valor párvulo BTF, ya que, como explicó mi compañera, nuestro valor párvulo es superior al monto de este beneficio.
Se debe priorizar el fortalecimiento de la red pública de salas cunas, que actualmente cuenta con la oferta disponible, y solo en el caso de ser insuficiente, derivar estos recursos al sector privado para cubrir la demanda. Asimismo, se prioriza la certificación del reconocimiento oficial a los jardines infantiles BTF, dado que estos presentan el menor porcentaje de cumplimiento, lo cual impediría la adjudicación de este nuevo sistema de financiamiento. Según lo que establece el Decreto 67, que es nuestro decreto de funcionamiento de jardines BTF, el financiamiento se determina por la asistencia promedio y no por la matrícula fija. Por lo tanto, resulta indispensable que el proyecto precise los efectos concretos que tendrá este nuevo sistema de financiamiento sobre los jardines administrados por servicios locales, municipios y ONG bajo la modalidad BTF.
Nosotras nos hacemos preguntas que queremos generar debate dentro de la discusión de este proyecto: ¿Cómo garantiza este proyecto el fortalecimiento de la red pública de salas cunas si deriva financiamiento estatal a la oferta privada sin asegurar primero la inversión en infraestructura pública? ¿Es justo que los establecimientos BTF reciban menos de la mitad de los recursos que se entregarán a las salas cunas privadas? ¿Qué mensaje se envía a las trabajadoras del sistema público y a las familias que optan por él? ¿Se advierte que tendremos salas cunas de primera y segunda categoría si se perpetúan las diferencias de financiamiento? ¿Puede el país permitirse que el derecho de la educación inicial se transforme en un nuevo nicho de mercado, mientras los jardines públicos enfrentan cierre por baja matrícula, infraestructura deficiente y sueldos indignos para las funcionarias de educación inicial pública, especialmente del sector BTF? ¿Se está fortaleciendo el derecho de la educación inicial y el acceso igualitario o se está desplazando la responsabilidad de los empleadores hacia el Estado? ¿Cuál es el criterio de justicia y eficiencia?
Detrás de subsidiar con fondos públicos a grandes empresas que ya tienen la obligación de cumplir con esta prestación por ley, vamos a permitir que un derecho laboral se sobreponga al derecho de la educación de niños y niñas que, aun cumpliendo los dos años, requieran continuar asistiendo a la sala cuna, contraviniendo la Ley 21.430 sobre garantías de la niñez a través de la eliminación del bono compensatorio sala cuna.
Como organizaciones gremiales BTF, concluimos que este proyecto tiene avances con vacíos educativos. No garantiza la continuidad de los niños y niñas que necesitan seguir en la sala cuna, chocando con este derecho a la educación; existe un riesgo para la educación pública, se refuerza la inequidad y se impulsa la privatización del nivel parvulario. Asimismo, se evidencia una exclusión de los jardines BTF, ya que quedan fuera por falta de reconocimiento oficial, debilitando el sistema que atiende a los sectores más vulnerables, haciendo que su financiamiento sea desigual y precario. El subsidio duplica el valor párvulo BTF. El impacto laboral y demográfico amenaza con la estabilidad laboral de cientos de funcionarios BTF y podría ocasionar el cierre de jardines infantiles.
Como conclusión, las organizaciones gremiales BTF que hoy exponen rechazan y exigen una reformulación del proyecto que garantice la equidad en el financiamiento, la inclusión efectiva del sistema BTF y medidas concretas para fortalecer la educación pública parvularia como pilar del desarrollo infantil del Estado Social de Derechos.
Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando terminemos la exposición habrá alguna contrapregunta. A continuación, de la Confederación Nacional BTF de Chile, la presidenta señora Clarisa Seco, acompañada de la señora Jessica Hernández y Karen Vázquez de forma presencial. Ah, y Susana Fernández me dice el secretario.
Mi nombre es Clarisa Seco, soy presidenta de la Confederación Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondo, donde tenemos una cobertura bastante amplia de representatividad a nivel país. Me acompaña acá mi compañera Susana, que es parte del directorio de nuestra Confederación.
Vamos a hacer, la verdad, que con mi problema voy a sacar mi borrador mejor, porque acá se ve muy pequeñito. Tenemos una pequeña introducción respecto a lo que es este proyecto y la verdad es que lo hemos visto desde más de una perspectiva negativa en cuanto a las cosas que deberían estar incluidas y aquellas que nosotros creemos que son algo complejas.
Al hablar de sala cuna –y me refiero exclusivamente a nuestros niños y niñas– en el contexto de un proyecto laboral en el que se pretende insertar a las mujeres en el mundo laboral, proyecto que ya existe, no es correcto para nosotros, porque se está tratando a los niños y niñas como sujetos de derechos. En la educación parvularia pública –llámese JUNJI, Integra, BTF, que es el sector que represento– se entrega este servicio educativo integral pertinente a lactantes y párvulos. Además, ya se han liberado más de 11.000 cupos en las entidades públicas de matrículas que estaban duplicadas o triplicadas.
Creemos que se deben mejorar las políticas públicas y normativas legales que den respuesta finalmente a los problemas que se puedan generar al ingreso de las mujeres al mundo laboral cuando tienen un hijo o hija menor de dos años. Consideramos que esa es la vía más correcta, más que involucrar a los niños y niñas en lo que concierne al derecho a ser educados.
Cuando se habla de sala cuna, se abordan a los niños y niñas como sujetos de derechos, debiéndose atender temas educativos integrales pertinentes; sin embargo, este proyecto no contempla en ningún momento un seguimiento educativo. El Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia son quienes deben involucrarse, priorizar y liderar un proyecto de esta envergadura, dado que se tratan temas relativos a niños y niñas. No obstante, únicamente se menciona la obtención del reconocimiento oficial de un jardín o sala cuna, ya sea público o privado, exigiéndose la entrega periódica de informes de aquellos que mantienen o pierden dicho reconocimiento, sin que exista otra involucración en el proyecto de sala cuna.
Este proyecto no contempla la fiscalización, supervisión o acompañamiento pedagógico del derecho a ser educado. Según los informes que dieron origen al proyecto de sala cuna, surgido en el gobierno del expresidente Piñera, se habla de una demanda que no había sido cubierta –la necesidad de contar con espacios donde dejar a los bebés para que la mamá pueda ir a trabajar–. No obstante, la ministra Orellana, en sesión pasada, indicó que, a propósito del proyecto de modernización, se han liberado más de 11.000 matrículas, lo que demuestra que la demanda de matrícula, uno de los principales problemas que dio origen a este proyecto, ha disminuido considerablemente o, incluso, en algunos lugares ya no existe, debiendo actualizarse la información correspondiente.
El proyecto se centra únicamente en el Código del Trabajo y en trabajadoras y trabajadores dependientes e independientes que cotizan en el sistema previsional. No se contempla a aquellos regidos por el estatuto administrativo, por el estatuto docente o por el estatuto de los asistentes de la educación, y se deja fuera a niños y niñas de trabajadores informales, madres adolescentes que estudian o madres dueñas de casa, ya que no está establecido en el proyecto.
Nosotros creemos que para mejorar el ingreso de la mujer al mundo laboral solo se debe modificar y mejorar aquellas normas legales y vigentes que nunca debieron involucrar a los niños y niñas en materias exclusivas de los adultos, porque aquí los niños no trabajan.
Con respecto a la natalidad, creo que el problema no es simplemente una cuestión de matriz de liberación de matrículas –ya que se han liberado más de 11.000 matrículas a propósito del proyecto de modernización, y se seguirán liberando más una vez que el reglamento de aplicación de la Ley de Modernización esté, digamos, en ejecución–, sino que hoy tenemos un problema distinto que tiene que ver con la baja natalidad en este país. Existe una preocupación mayor por la baja de natalidad, situación que creo que ustedes, en esta comisión, deben abordar; y no solo esta comisión, sino a nivel nacional. Según estudios del año 2025 de la académica de la Universidad Católica, la doctora Martina Llopo indica que esta baja se debe a que mujeres y hombres han priorizado una estabilidad laboral, un crecimiento profesional y necesidades personales. Aún persiste el sesgo del cuidado del menor, dejando solo a las mujeres con esa responsabilidad, y la corresponsabilidad que plantea este proyecto, lamentablemente, aún está en pañales, pues para que el padre se haga cargo también de su hijo o tenga igualdad de derechos se deben modificar ciertos cuerpos legales, situación que hoy no se cumple.
Además, se habla de la inestabilidad laboral: existe un alto costo de la vida, sueldos bajos, problemas habitacionales, de salud y el alto costo que significa criar y cuidar a un niño en este país. Este estudio, en ningún momento, promueve tener hijos e hijas, por lo que no es una prioridad para las familias del siglo XXI; por ello, este problema de natalidad requiere mucha más atención.
En cuanto al financiamiento de este proyecto, se establece un sistema de voucher, y nosotros, en el sector BTF, tenemos muy claro lo que es el sistema de voucher, que para nosotros ha sido precario y lo vivimos día a día en nuestros jardines infantiles, donde enfrentamos problemas económicos, de infraestructura, mantención y equipamiento. Este proyecto habla de un voucher de un 4.11%. La verdad es que, ayer, en una reunión que sostuvimos en la CUT con el ministro del Trabajo, se nos indicó que no es un voucher, pero yo no sé cuál sería el mecanismo para indicar lo contrario, ya que para nosotros sí lo es. Entonces, este 4.12%, que equivale aproximadamente a 283.000 pesos, se compara con el costo promedio real de una sala cuna en este país, que es de 450.000 pesos. Aquí se deja claro que, en esa lógica, se perpetúa el sistema de voucher y la lógica de mercado, reforzando la idea de que lo pagado es mejor. Para nosotros, en el sector público, significa un problema gravísimo, porque vamos a ir perdiendo cada vez más matrículas y, por lo tanto, más personas cesantes, ya que los jardines infantiles públicos verán menguada su matrícula. Con la baja natalidad y el desplazamiento hacia el sistema privado, lamentablemente nuestro sector BTF, que es el más grande y atiende a más de 1.700 jardines infantiles a nivel país, se verá afectado.
Este Fondo Solidario que se crea con el proyecto es financiado por diversas fuentes y, además, puede ser invertido en el mercado financiero utilizando, lamentablemente, la misma lógica de inversión que las AFP. Finalmente, con respecto al sistema de financiamiento, necesitamos que se nos explique en detalle este sistema de financiamiento e inversión indicado en el proyecto.
Por último, en relación a la fiscalización, el proyecto establece que esta debe realizarla la Superintendencia de Pensiones. Ojo con eso: no se habla de fiscalización de la Superintendencia de Educación ni de fiscalización pedagógica, ni de un coeficiente técnico o seguimiento de un proyecto educativo. Y aquí quedan nuestras interrogantes si la sala cuna es el primer...
Pilar de la educación chilena, ¿por qué lidera este proyecto el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando acá solamente se debería hablar exclusivamente del adulto y de los problemas laborales que existen en el país? En este proyecto, ¿qué hacen? La verdad es que nos llama la atención la cantidad de ministerios y organismos gubernamentales involucrados: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y el Instituto de Previsión Social, dejando en última instancia –y lamentablemente lo digo en última instancia– al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Al hablar de esta laguna, ¿por qué el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia no tienen un rol principal y protagónico en este proyecto de sala cuna? ¿Por qué la Superintendencia de Pensiones va a fiscalizar la sala cuna, si no tiene competencias educativas y ese rol no le corresponde? Y la pregunta del millón, ¿quién pagará la diferencia de 283 mil pesos a 450 mil pesos, valor aproximado de una sala cuna? Yo les voy a decir: en lo público se producirá una precarización absoluta, incluso más marcada que la actual; y en lo privado, esa diferencia la pagarán las familias. Así va a ser. En los colegios particular subvencionados, donde se supone que las familias no deberían pagar, mediante distintos mecanismos terminan haciéndolo, y se lo digo con conocimiento de causa.
Los niños y niñas son sujetos de derechos y no trabajan; por tanto, nos parece irresponsable y poco ético utilizar a los más pequeños en el ámbito laboral y mercantil de este país.
Con esto he terminado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por la exposición; le ruego que se quede a posteriori para las preguntas. Después se lo aclaramos.
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Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Voy a proyectar la presentación. Se muestra que este proyecto modifica el artículo 203 del Código del Trabajo; lo está discutiendo el proyecto educativo. Además, se cuenta con una presentación complementaria.
Buenas tardes. Yo soy Javiera Calderón Muñoz, educadora de párvulos en ejercicio en zona rural en la región de Los Ríos. Soy representante del equipo coordinador de COEDEM, el Colectivo de Educadoras Empoderadas, conformado únicamente por educadoras de párvulos. Me acompaña Blanca Hermosilla Molina, también educadora de párvulos, experta académica, asesora y miembro de COEDEM.
Hemos venido a presentar algunos puntos críticos en los cuales coincidimos todas las organizaciones políticamente activas de educación parvularia, y que representan falencias sustanciales que podrían comprometer la calidad de la educación parvularia y el bienestar de los niños.
En primer lugar, la falencia se centra en el derecho a una educación parvularia de calidad. En el proyecto no se menciona el derecho a la educación, lo cual es preocupante, dado que dicho derecho está adscrito a la Convención de los Derechos del Niño y es un derecho constitucional. Además, el proyecto se centra exclusivamente en la inserción laboral de las madres y padres. Si bien se rescata la consideración de la coparentalidad, ello no debería implicar que se sobrepongan los derechos de unos por encima de los otros, ya que los derechos de los adultos no son más importantes que los derechos de los niños y niñas.
El punto siguiente es que predomina un enfoque adultocentrista, pues los niños se consideran como objeto de cuidado y no como sujetos de derechos con garantía de una educación familiar y de calidad. Asimismo, dentro de este proyecto se identifica como problemática la inversión.
Muchas gracias.
en calidad educativa, ya que carece de disposiciones que aseguren la inyección de recursos para mejorar la calidad de la oferta pública. Falta una inversión para las soluciones que han sido necesarias durante años, como por ejemplo en infraestructura. Ahí puedo hablar de una situación que yo viví trabajando en un jardín BTF administrado por la Municipalidad de La Florida, donde la sala cuna presentaba condiciones lamentables: había un piso de cerámica helado, un agujero, la cerámica estaba rota y tuvieron que poner cinta adhesiva encima. Esas son condiciones indignas a las que se enfrentan cotidianamente, sobre todo en los jardines BTF.
El tema de las condiciones laborales es también preocupante, ya que existen diferentes sueldos según las dependencias de los jardines públicos, lo que genera estrés y ambientes laborales adversos, considerando que se tienen los sueldos más bajos del sistema. Asimismo, estamos preocupados por la formación de técnicos en educación parvularia y educadores de párvulos, principalmente por la falta de calidad efectiva en las mallas curriculares. Este proyecto intenta complementarse con la Ley de Modernización de Educación Parvularia, que, si bien tiene aspectos positivos, no incide de manera significativa en la calidad de la educación ni genera un avance sustancial.
De hecho, uno de los puntos que se toca es la regularización de los programas no convencionales, lo cual no representa un avance real para una cantidad significativa de la población. Estos jardines no convencionales han seguido cerrando por la falta de financiamiento y de matrículas. También se plantea la prohibición de la doble matrícula, requisito que se viene proponiendo desde el año 2021, por lo que no es una novedad.
Esta ley también propone postergar 10 años más el plazo del reconocimiento oficial. Esto genera problemas, ya que dicha postergación beneficia a las franquicias de jardines infantiles y colegios particulares subvencionados, que son actualmente quienes cuentan con mayor financiamiento para cumplir con las condiciones de reconocimiento oficial. Además, produce un desmedro en los jardines infantiles al afectar la transferencia de fondos, enfrentándose ya a condiciones de financiamiento indignas. Durante estos 10 años, no habrá obligación ni incentivo para que los jardines BTF inviertan en su calidad.
Cabe destacar que esta situación podría incluso llevar al cierre de una gran cantidad de jardines. La decisión de postergar el reconocimiento oficial fue completamente arbitraria, sin fundamentos en la equidad educativa ni en el financiamiento económico. En materia de financiamiento, ello genera un beneficio desproporcionado para las empresas empleadoras, pues, aunque el artículo 203 del Código del Trabajo obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a crear una sala cuna propia, a disponer de una sala cuna en conjunto con otras empresas o, en su defecto, a pagar directamente los gastos de la sala cuna, estos costos se verán reducidos al financiarse con el 0,01% de las cotizaciones de las empresas, mientras que la diferencia para alcanzar el 0,2% a nivel país será cubierta por los trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de llegar a una propuesta de 4.11 UTM.
[00:00:00] ¿Me escuchas? Sí, se escucha, pero a ver, ¿quién va a hablar? ¿La señora Blanca? Está sin micrófono usted, señora Blanca. ¿Ahí? Ahí sí se escucha.
[00:00:15] Bueno, yo no veo a nadie, pero no importa. En primer lugar, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera presentarme: soy Blanca Hermosilla, educadora de párvulos. Actualmente estoy trabajando –no, hace más de un año–...