En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Educación. ¿Por secretario o la cuenta? En cuenta, presidente.
En primer lugar, presentamos el documento emitido por la División Jurídica del Ministerio de Educación, que remite copia del protocolo para la aplicación del artículo 34 transitorio de la ley número 21040 sobre el pago de la deuda municipal de sostenedores, cuyo servicio educativo fue trasladado a los servicios locales. Se trata de un documento remitido a sus respectivos correos electrónicos, de acuerdo con el sistema que tenemos en estas materias, y en el que se detallan los diferentes aspectos que se seguirán para cumplir ese cometido.
Luego, se presenta la solicitud de audiencia del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional de Chile, para exponer el documento Compendio Histórico de Necesidades Educativas y Manifiesto Social del Instituto Nacional de Chile, elaborado tras diversas jornadas de participación y deliberación estudiantil, cuyo objetivo es aportar una mirada estudiantil a los desafíos del sistema educativo nacional. Este documento será presentado ante la Comisión de Educación del Senado.
A continuación, se han recibido dos invitaciones. La primera, del Ministerio de Educación en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar y el proyecto Desafío Levantemos Chile, para la ceremonia de colocación de la primera piedra de la reconstrucción de la escuela Villa Independencia, ubicada en la calle Gabriela Mistral 250 de la referida villa de la comuna de Viña del Mar, que se desarrollará el 11 de junio a las 11 horas, siendo una de las escuelas destruidas con ocasión del incendio del 2 de febrero del año 2024.
Finalmente, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, ha invitado a la comisión a constituirse en la comuna de Colina para realizar una sesión en dicho territorio, dado que su planteamiento es postergar la incorporación de la comuna al servicio del sistema local de educación pública. Considera fundamental que tanto el presidente como los demás integrantes de esta comisión conozcan la realidad que viven los diferentes establecimientos y el impacto que se originará, en tanto que, según lo manifiesta la alcaldesa, se produciría el traslado conforme al calendario que contempla la ley 21.040.
Eso, presidente. Gracias, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senadora Provost.
Sí, presidente. Quisiera hacer una consulta: ¿ha llegado algún correo, información o requerimiento de solicitud de Diego Levican a propósito del proyecto de convivencia escolar? Respecto al mismo tema, presidente, aprovecho para saludar al ministro de Educación que está presente. La opinión pública y también las comunidades educativas están bien impactadas por las situaciones que hemos tenido que conocer hace pocos días: balaceras, riñas, armas blancas, con alumnos en San Pedro de la Paz, luego en Melipilla, en Estación Central y en Lota, situaciones que no nos pueden dejar indiferentes.
Y yo creo, presidente, que esta crisis de convivencia en los colegios debe impulsarnos a actuar con sentido de urgencia. No es suficiente que nos escandalicemos, como se escuchó recientemente en la pasada cuenta pública, sino que debemos buscar soluciones inéditas frente a estos problemas de violencia que se viven en los establecimientos educacionales. Propongo, por lo tanto, dedicar al menos una sesión a escuchar a algunos expertos que propongan caminos de intervención para restablecer los pilares del respeto, del diálogo y de la convivencia pacífica en los colegios, y que desde la Comisión de Educación podamos también proponer, de manera unitaria como ha sido siempre el espíritu, algunas medidas al respecto.
De esta comisión a las comunidades escolares, con el apoyo del Ministerio de Educación, estos hechos de violencia no son lamentablemente una realidad exclusiva en nuestro territorio, sino que tienen relación también con lo que forma parte, tristemente, de la sociedad en la que vivimos, una sociedad mucho más violenta que no entiende la necesidad de resolver sus conflictos de manera más democrática. Por eso, sugiero que, desde la Comisión de Educación, hagamos un esfuerzo por invitar a algunos expertos para presentar un conjunto de propuestas muy concretas. El proyecto de convivencia escolar es una herramienta, pero no es el único camino que nos permitirá enfrentar esta situación de violencia escolar. Creo que debemos colaborar en el esfuerzo de mejorar la convivencia y enfrentar esta violencia inusitada en los establecimientos educacionales, abordando además temas de bullying y ciberbullying.
Además, presidente, comparto que el jueves de la semana pasada estuve reunida con estudiantes del Liceo Fernando Aristía de la ciudad de Copiapó, y los relatos que ellos compartieron eran desgarradores respecto a la situación de violencia ocurrida, en torno a un compañero del establecimiento, Ignacio, quien, felizmente, fue encontrado con vida. Sin embargo, las huellas de la violencia a la que fue sometido son muy profundas, afectando no solo a él, sino también a su familia, su entorno y a toda la comunidad. Por eso, creo que es muy urgente detener la violencia contra los niños y jóvenes en los colegios, y esto debiera convertirse en una cruzada nacional.
En este sentido, me permito sugerir algunos nombres para ser invitados: a Lorena Medina, doctora en Educación de la Universidad Católica de Santiago, quien ha trabajado en estos temas a través del Centro de Justicia Educacional; a Neven Milicic; a Pilar Álamos; y a Patricia Guerrero. Sin duda, los colegas tendrán otros nombres de expertos que han trabajado en la convivencia escolar, pero insisto en que la Comisión de Educación del Senado no puede quedar ajena a una situación lamentablemente extendida en nuestros establecimientos y debe formar parte de una convocatoria más amplia. Ojalá pudiésemos tener una cruzada nacional en la que participen también los medios de comunicación para contribuir desde nuestros distintos ámbitos a erradicar la violencia. Muchas gracias, senadora Proboste.
Senador Castro:
Sí, presidente. En relación a lo que plantea la senadora Proboste, tengo muy claro el tema. Yo invitaría a los directores y les preguntaría si necesitan más atribuciones, pues creo que ahí tenemos el 90% de la solución al problema de violencia que enfrentamos hoy en día en los establecimientos educacionales.
Por otro lado, referente a la audiencia que solicitan los estudiantes del Instituto Nacional, pienso que, en lugar de recibirlos y otorgarles una audiencia, ellos deberían entregar al Ministerio cuáles son sus necesidades, ya que no tengo duda de que esas necesidades implican algún gasto de recursos, y nosotros no tenemos la facultad para iniciar un proyecto que conlleve dichos gastos. Por ello, primero deben conversar con el Ministerio para ver cómo suplir sus necesidades económicas; será el Ministerio quien nos presente un planteamiento legislativo que permita darle solución a lo que están solicitando. Muchas gracias, presidente.
Sí, primero concuerdo absolutamente con la proposición de la senadora Proboste. Creo que estamos frente a un fenómeno que podría constituirse rápidamente en una derrota cultural que lamentablemente excede el ámbito de la educación. Es cierto que la educación cumple un rol fundamental al formar nuestra ciudadanía, pero también es cierto que este fenómeno de violencia se extiende más allá de las fronteras de una escuela. Hoy nos sorprenden los niveles alcanzados en el interior de los establecimientos, evidenciados, por ejemplo, en el primer caso de un estudiante que, con un arma de fuego, le dispara a otro dentro de un establecimiento.
Para un estudiante dentro del establecimiento, allí es donde se observa lo más novedoso desde el punto de vista del hecho. La misma comunidad –yo tuve la oportunidad de estar allá, reunirme con profesores, asistentes de la educación y equipos directivos– relata que el fenómeno de la violencia está mucho más extendido en el territorio. Esto se ha manifestado en otras áreas del servicio público, donde se confluyen muchas personas al mismo tiempo, como en el caso de la salud, por ejemplo, los SPAM en la atención primaria, donde las riñas son mucho más frecuentes; sin embargo, ese fenómeno ha entrado también en las escuelas.
Y eso evidencia una forma de relacionamiento que hoy día vivimos como sociedad. Creo que ese diálogo debería ocurrir no solo orientado a escuchar a expertos –entre ellos muchos de los nombres que planteó la senadora–, sino a incorporar también otros aportes, como el de Juan Casasuz, quien podría contribuir significativamente a esta discusión. Además, esta situación obedece a que los territorios se encuentran en un cierto descontrol, con dinámicas que se extienden y permean a los estudiantes, quienes viven insertos en una realidad cotidiana en la que la violencia se ejerce de forma habitual. Por ello, debemos discutir todas las herramientas necesarias para contenerla.
He mencionado, por ejemplo, el debate sobre los pórticos. Obviamente, hay que estar abiertos a discutir sobre tecnología y la aplicación de las tecnologías en la seguridad; sin embargo, en el caso de San Pedro de la Paz, por ejemplo, las personas que ingresaron al establecimiento educativo pasaron por el cerco perimetral. Al observar la escuela, era evidente que se trataba de una tremenda instalación con un cerco perimetral muy bajo y sin seguridad. Probablemente, una inversión más útil en ese contexto habría sido mejorar la seguridad perimetral del establecimiento. En fin, lo que quiero decir es que nada es blanco o negro.
Naturalmente, los equipos directivos deben empoderarse. La directora planteó muchas acciones que podrían implementarse en relación con el trabajo con la comunidad educativa; sin embargo, no hay que perder de vista que este es un fenómeno que, como sociedad, enfrentamos de manera global. Si no lo abordamos desde esa perspectiva, el sector educativo estará permanentemente permeado por actos de violencia. Lamentablemente, los hechos de mayor connotación –como los balazos, el uso de cuchillos o armas cortopunzantes– son los que captan la atención pública, pero en el día a día existen situaciones, como las que relata la senadora Proboste, que resultan sumamente dramáticas (casos de los que no entraremos en detalle porque son indecibles) y que generan una huella mucho más profunda en una inestimable cantidad de estudiantes, en muchos casos sin ser denunciadas.
Por ello es muy relevante lo que se discutió la semana pasada a propósito del programa de bienestar socioemocional, que se ha venido trabajando a partir del diseño realizado junto con el senador Kast y que esperamos materializar en el proyecto de ley de convivencia. Es cierto lo que dice la senadora: una ley no resolverá las dinámicas culturales, las cuales deben abordarse con mucha intensidad, profundidad y de forma transversal, y aun así tomará un tiempo considerable modificarlas. Los procesos culturales no son inmediatos, pero esta medida ayudará a descomprimir la situación dentro de los establecimientos educacionales. Es decir, si los jóvenes disponen de herramientas y participan en actividades distintas a las habituales –como practicar más deporte, actividades culturales o talleres de ciencia– se genera una mayor satisfacción con el espacio educativo, se distiende el ambiente y cambia su predisposición. Y eso está ampliamente demostrado, lo que implicará asignar muchos recursos al sistema educativo, ya que no es barato; simplemente, no lo es, y la idea es lograr una escala de carácter universal.
Entonces, presidente, me atrevería a sugerir a la Comisión hacer un llamado a la presidencia de la sala y a la CECPRES para que prioricen la discusión del proyecto de ley de convivencia. No puede ser que llevemos meses esperando a que se vote en la sala del Senado; hasta ahora lleva en quinto lugar tres o cuatro semanas. Considero que sería conveniente –y ya lo he conversado con la ministra López y con el presidente del Senado– ya que la señal que debemos dar como sistema político, como partidos, como Parlamento y como gobierno no puede ser errada. Este proyecto debe iniciar su tramitación, pues, de no retomar el debate, el sistema contará con menos herramientas, tal como señaló intermediadamente el senador, y no se podrán incorporar las tan necesarias indicaciones referentes al trabajo de bienestar socioemocional. Por ello, hago ese llamado, presidente, de manera muy humilde, porque esta situación es sumamente complicada.
Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Le la doy yo. De los puntos que tenía anotado, ministro, dice votar proyecto de ley de convivencia. Es fundamental. Vamos a las gestiones necesarias en la reunión de comité del lunes para que efectivamente el martes, ojalá, pueda estar en primer lugar de la tabla, si es que por esas cosas en la vida no lo alcanzamos a votar hoy día, considerando que también existe una posibilidad: vamos a ver si podemos cambiarlo en el orden, lo que sería otro camino a seguir.
En segundo término, este tema tiene que ver con el Instituto Nacional, que en varias oportunidades durante el año pasado hemos reiterado que no se puede dejar solamente en manos del sostenedor, sino que tenemos que tomarlo como una política de Estado para poder hacer una intervención que efectivamente permita recuperar la tranquilidad en los establecimientos vocacionales y que no sigan siendo raptados por aquellos grupos que, a través de la violencia, impiden el normal desarrollo de las clases. Así que yo me alegro mucho, se habían comunicado conmigo para ver la posibilidad de esta audiencia. Vamos a tratar de que sea lo antes posible para poder escuchar a los alumnos del Instituto Nacional y conocer su visión respecto a las problemáticas que han enfrentado en los últimos años.
Y, por último, quería proponerles, a raíz de lo planteado por la senadora Proboste –lo habíamos conversado al inicio de esta reunión–, que respecto a estos hechos de violencia, que estaban más bien circunscritos a algunos establecimientos vocacionales o en otros casos no tenían la connotación que han tenido en el último tiempo, se realice un seminario sobre violencia escolar, en el cual se pueda escuchar a expositores que nos planteen propuestas. Este seminario se podría coordinar a la mayor brevedad posible, pudiendo ser un día lunes en Santiago, de manera de facilitar la participación, ya que serán varios expositores, y así poder sacar conclusiones y propuestas. Yo creo que el objetivo tiene que ser tener propuestas concretas; por ello, propondría que pudiésemos contar con dos invitados cada uno, y que se haga llegar la información a la Secretaría para que, una vez definida la fecha y el horario, se realicen las invitaciones correspondientes.
Me parece muy bien que, después de escuchar la exposición en este seminario, la biblioteca nos pueda elaborar un documento con las propuestas planteadas, de manera de trabajarlo con el Ministerio y avanzar en una problemática que, finalmente, es un tema de sociedad. Y si no le ponemos coto a la educación, estamos mal. Aunque creo que estamos llegando, hay cosas que se pueden hacer y, a través del proyecto de convivencia, podemos introducir mejoras, incluso en conjunto con la Comisión de Seguridad; no sé, lo vemos nosotros, porque si no, sería un enfoque más punitivo.
Muy bien, yo tenía un barrio, señor secretario. Necesito solicitar que se oficie a la Superintendencia de Educación para pedir un informe sobre los montos de las distintas subvenciones no acreditadas por los obtenedores, ya sean DAE (desglosado por DAE), corporaciones o SLEP.
También, también. Todos los que recién suben. Bien, ¿acordado? Está dentro de los plazos, ¿no? ¿Se puede? Sí.
Bien, entrando en materia, la situación de hoy es votar las indicaciones que estaban propuestas tanto por el Ejecutivo como por senadores. Nuestro secretario va a hacer una exposición en dos cosas. En primer lugar, el Ministerio de Educación nos ha entregado acá un documento en relación con lo que había sido solicitado por la senadora Probost en la sesión anterior. Se incluyen los datos relevantes respecto al comportamiento del SAE en toda la región del país. Lo que ya entregaron en esta ocasión son documentos correspondientes a las regiones en que los senadores son representantes: la región de Ñuble, la región de Maule, la región de la Araucanía y la región de Los Lagos; además, la región de Atacama, cuyo documento está a disposición de la senadora Probost.
En segundo término, de acuerdo a lo resuelto por esta instancia en la sesión pasada, la Secretaría ha entregado un documento con pautas de discusión y de votación en relación con las indicaciones propuestas a raíz del trabajo desarrollado entre los representantes del Ministerio de Educación y los asesores de los senadores. Esa pauta la tienen también cada uno de los senadores para efectos de poder seguir la discusión. Adicionalmente, la Secretaría recibió en la mañana de hoy dos indicaciones que no están necesariamente incluidas en dicha pauta, siendo propuestas de reacción. En consecuencia, presidente, lo que propone la Secretaría a la comisión es seguir el orden numérico de las indicaciones, pues hoy se procederá a pronunciarse respecto de todas ellas y, en cada caso, a explicar la sugerencia o propuesta efectuada por esta mesa de trabajo.
Muchas gracias, secretario.
Sí, me parece. Me voy a permitir hacer un paréntesis. Teníamos concordado en la reunión con el diputado Marva en la mañana, y con el diputado Cornejo; ellos quieren plantear un tema de educación. Vamos a dar tres minutos y luego seguimos con la discusión.
Presidente, muchísimas gracias por su intermedio en saludar a los y las senadoras y también al ministro Cataldo y su equipo.
Señor presidente, efectivamente, que el diputado Cornejo haya acordado conmigo venir en más de una oportunidad acá da cuenta de la transversalidad que tiene la propuesta que nosotros defendemos y que el señor ministro conoce perfectamente. Lamentablemente, señor presidente, no hemos podido avanzar en el tema de la validación definitiva de la modalidad de Aulas Hospitalarias. Este tema fue votado en la Cámara con casi la unanimidad: hubo solamente 10 abstenciones y 120 votos a favor, lo cual no es menor. Se consiguió una votación unánime y rápida tanto en la Comisión de Educación como en la sala, sin objeciones, enmiendas ni nada. Sin embargo, este asunto ya está acá hace más de un año y no hemos podido avanzar.
Quiero aclarar que, bajo ninguna circunstancia —y se lo hemos aclarado al señor ministro de Educación y al Ministerio— este proyecto pretende incidir en la malla curricular; no es el objetivo, es simplemente darle validez a una modalidad educativa que actualmente no está contemplada, pese a que existe. De hecho, existen más de setenta Aulas Hospitalarias en distintos recintos hospitalarios. Les comento que esta modalidad tiene tres submodalidades. La primera es que, a un niño, una niña o un joven que esté hospitalizado, se le pueden dictar clases en la sala de hospital.
Mientras está hospitalizado, la segunda modalidad es que dentro del hospital – de hecho, yo asistí a la inauguración en el hospital de Rancagua hace un par de años atrás – existe una sala especial donde incluso hay personas que realizan dramatizaciones, estilo Patch Adams, para dar contención a las familias. Estamos hablando, presidente, de una población infantil y juvenil que padece patologías crónicas, oncológicas, reumatológicas o de otra índole, que, lamentablemente, incluso a veces pueden costar la vida. Sin embargo, pese a ello, la Constitución garantiza el derecho a la educación, el cual no puede ser vulnerado.
Y, por último, presidente, existe la posibilidad de que se les impartan clases en su domicilio. En mi distrito, que es el 12, dentro de la Región Metropolitana, conozco varios casos, como el de dos niños en una misma familia que padecen atrofia muscular espinal, una enfermedad de muy alto costo para atender, que a pesar de estar intubados se comunican. A uno le alegra la vida que le lleven algún obsequio, y, pucha, presidente, eso dignifica el derecho de nuestros niños y jóvenes a estudiar. Es lo básico.
El proyecto es simplemente, aunque a usted no le parezca burdo, una coma y agregar la letra I – "I tal cosa". Entonces, le rogaría, presidente, que por favor recabe el acuerdo para que este proyecto se pueda poner en tabla y, tal vez, aprovechar la presencia del señor ministro para que explique qué dificultades aún no están resueltas y así avanzar finalmente con esto, lo que beneficiaría a más de 35.000 niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Efectivamente, ese proyecto lo tuvimos aquí. Vamos a conversar con el Ejecutivo para ver cuándo podríamos darle celeridad, y agradecerle a usted y al diputado Eduardo Cornejo la preocupación por este proyecto, que sin duda ayuda a mejorar y da cumplimiento al derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a la educación.
Bien, seguimos. El secretario, entonces, con el proyecto de ley refundido correspondiente a los boletines 16.763-04 y 16.766-04. Respecto a la discusión, el texto comparado presenta una primera indicación, formulada por el Ejecutivo, que es de carácter formal. Su objeto es que, dado que el proyecto había sido formulado en ambas mociones como un artículo único, se convierta ahora en un artículo primero. Por ser una declaración formal, considero que no debería haber mayor discusión respecto de esta indicación, dada la naturaleza que posee.
No tengo... ¿No tiene comparado? Sí. ¿No tiene comparado? No tengo comparado. ¿Está presente? ¿No estará acá? No, está acá. Está en el cuadro. ¿Siente la salva? Sí, claro, pero lo que pasa es que... ¿Se comprende? Gracias, Carlos, en alguna parte eso tiene que llevarse.
Bueno, entonces, la indicación número uno, presidente... ¿Colocamos votación? Si les parece. Unánime: la indicación uno para reemplazar el artículo único queda aprobada, cuatro a cero.
Luego, presidente, está la indicación dos, que es del senador Sangüesa. Esta se ubica a partir de la página tres y considera dos cuestiones; son dos letras las que plantea la indicación. La misma está orientada a modificar el artículo 6º de la Ley de Subvenciones, el cual dispone los requisitos que deben cumplirse por los establecimientos educacionales para impedir el beneficio de la subvención. En ese sentido, el presidente de la comisión propone, en este artículo – estoy en la página tres – agregar en el párrafo primero del literal A5.
Que dispone que no someta la admisión de los y las estudiantes a procesos de selección correspondiente a las familias de derecho, el derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia. El presidente propone, y el senador Sangüesa propone agregar a la expresión “procesos de selección” la voz “arbitrarios”. Esa es la primera propuesta que se hace.
La segunda, en la página 4, en la parte final de la letra B, establece también, dentro de las condiciones para poder impetrar el beneficio de la subvención, que en primer lugar los cursos se ajusten a los mínimos y máximos de alumnos por curso, tal como señala el reglamento para atender la exigencia pedagógica. Luego, esta letra señalaba que el número de alumnos matriculados en exceso no dará derecho a percibir subvención ni será considerado para los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13. El senador Sangüesa propone reemplazar esta oración por otra que disponga que el número de alumnos matriculados en exceso dará derecho a percibir subvención y será considerado para los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13, de tal manera que se modifique por completo, en este aspecto, el sistema que contempla la ley para el otorgamiento de subvención. Por lo tanto, estima la Secretaría que, al respecto, se debe hacer una declaración que aclare el problema de admisibilidad. Eso es lo que tengo que yo informar a la comisión.
Bien, podríamos votar por separado. Sí, claro. La jueza propone votar separadamente ambas letras. Se discute lo propuesto para agregar al artículo 5 la voz “arbitrarios”. No sé si, por otro lado, se someterá también a votación la letra B. Vamos a escuchar al ministro respecto a ambos temas.
¿Se quiere referir a las dos o votamos la primera y luego la segunda? Ya. En votación, la letra A, indicando que el ministro no explique la votación de la letra primero. Entonces, antes de votar, ministro, si puede repetir a la gente.
Gracias, presidente. Sí, mire, respecto al literal A, nosotros consideramos que hay elementos en los que se puede avanzar, sin tener mayor diferencia con la indicación propuesta en este caso por usted, presidente, en el sentido de que lo que se agrega no cambia el sentido ni el fondo de lo ya establecido por la norma, ni lo que el Ejecutivo ha querido intencionar. Por lo tanto, nos parece adecuado que se incorpore, posteriormente a la palabra “arbitrarios”, la expresión “procesos de selección”, para dejar muy claro que esa es la característica que se busca proteger. ¿Me refiero inmediatamente al segundo literal o, votamos y luego abordamos el otro?
Está bien, está bien. Me siento parte de esta comisión, pero tengo que ponerle límites. Eso acaba de manifestar su intención de, en el próximo período, ser parte del Senado. ¿Colgamos en votación la letra A? ¿Si les parece? Aprobada. El senador Espinosa también está de acuerdo. Queda 4-0, entonces, aprobada la indicación presentada por el senador Sangüesa para agregar a la letra A la voz “arbitrarios”.
La letra B continúa en discusión y votación, según lo estime el presidente o se decida de otra forma. ¿Vamos a escuchar al ministro? Presidente, sí. Respecto a la segunda, lo primero es señalar que coincidimos con el criterio planteado por la Secretaría respecto a la admisibilidad, ya que tiene relación con la impetación de la subvención, lo que, por cierto, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero, respecto al fondo, divido la opinión en dos líneas. La primera es que, efectivamente, el sobrecupo es una herramienta de atención en casos excepcionales, cuando hay situaciones de fuerza mayor —por ejemplo, el traslado de personal a distintos territorios durante el año— que implica que las personas tienen que buscar oferta educativa, entre muchas otras cosas que deben resolver en su nuevo destino, situación en la cual se posibilita al sostenedor, a título de iniciativa, abrir sobrecupos. Ahora, justamente, se busca evitar que sea una herramienta que se extienda de manera desregulada.
Efectivamente, hasta ahora el sobreocupo no es sujeto de pago de subvención porque excede el máximo de reconocimiento oficial, que es la condición jurídica y técnica, es decir, los requisitos de calidad para impetrar la subvención. Es por eso que hasta ahora eso no ha estado considerado. Nosotros hemos ido avanzando a partir de la modificación del Decreto 315, que regula varios elementos relacionados con esto, principalmente en lo que tiene que ver con los plazos para que los tenedores, en las circunstancias de falta de oferta, puedan generar nuevas estructuras de curso, abrir incluso nuevos niveles o abrirse a otras etapas de la trayectoria educativa. Por ejemplo, estamos hablando de un establecimiento educacional que puede crear Enseñanza Media cuando solo es de básica. Todo eso tenía un plazo determinado en la normativa, pero se hizo una modificación precisamente para atender esta problemática.
Con ello, los sostenedores ya cuentan con esa flexibilidad de plazos, lo que implica obtener reconocimiento oficial y, por tanto, subvención en esas circunstancias. No se extiende exactamente a los sobrecupos, pero es algo que, obviamente, podemos estudiar en el marco de una nueva modificación del Decreto 315 o directamente en lo que implicaría la modificación de la ley. En este caso, requiere la opinión de DIPRES, por implicar gasto. Sin embargo, considero que hay que tener en cuenta dos elementos importantes: primero, se han implementado flexibilidades para que los sostenedores puedan ampliar capacidades y obtener financiamiento en cualquier momento del año, no solamente en los plazos originalmente establecidos; y segundo, que el criterio del sobrecupo es precisamente de excepcionalidad y no de regularidad, por lo que también hay que considerar los efectos de los incentivos que podría generar la incorporación de este financiamiento, si bien estamos abiertos a revisarlos, dado que ya se han hecho cambios en el Decreto 315. A nuestro juicio, esto más bien debería abordarse mediante una modificación en el marco de la ley de subvenciones, que es donde se establecen estos temas, el desfileo del 98, que podríamos ajustar en este contexto.
Gracias, ministro.
Senador Kass: Gracias, presidente. Yo creo que esto es completamente admisible y quiero explicar por qué. Aquí no se le roga nuevo gasto al Ministerio de Educación, porque el artículo, en su letra B, dice que el Ministerio de Educación podrá autorizar, no que deba autorizar. De hecho, es una facultad que ya tiene; por lo tanto, en la práctica, y en línea con la discusión que tuvimos el año pasado en torno a la ley de presupuestos, recuerdo que el ministro Mario Marcel lo clarificó con bastante elocuencia cuando defendió una indicación de este tema, explicando que se cuidan las finanzas públicas. Por lo tanto, aquí no hay incentivo perverso, ya que ningún colegio podrá aumentar un sobrecupo sin la autorización del Ministerio de Educación. Solo el Ministerio, en virtud de una necesidad especial y excepcional, podrá eventualmente autorizar un exceso de cupo.
En la práctica, no veo que esto sea inadmisible ni que genere incentivos perversos, y me parece razonable su indicación, presidente, en el sentido de que resulta poco lógico que alguien quiera pedir un sobrecupo si no cuenta con financiamiento. Yo, proveniente de un colegio, veo que existen necesidades, pero siempre sabiendo que el Ministerio de Educación debe autorizarlo. Aquí, nadie se decide de forma unilateral, ni quien lo solicita porque necesita apoyo, ni quien lo autoriza, ya que se requiere el consenso de ambas partes. No creo que el Ministerio pueda imponerle a un colegio tener un sobrecupo. Dado que se necesita la voluntariedad de ambas partes, si el Ministerio de Educación estima que este sobreocupo es necesario, lo mínimo es que se asegure de contar con financiamiento para ello. Tal como está redactado hoy, considero que la indicación, presidente, es totalmente pertinente, apropiada y, además, la encuentro admisible.
Gracias, senador Castro.
Senador Castro: Sí, gracias, presidente. Yo creo que cuando se entiende cómo debe funcionar un colegio, y considerando la responsabilidad que tiene el director con su equipo técnico, se debe dejar que quienes administran el establecimiento tengan ciertas facultades. Le encuentro sentido a este sobrecupo, como lo plantea el señor Kass, dado que no representa un costo adicional, ya que está considerado dentro del costo educacional. Sin embargo, el director debe saber cuándo va a ingresar otro alumno y tener la facultad de hacerlo, porque, en definitiva, es una decisión que le corresponde.
Aparecen alumnos que, a lo mejor, vienen trasladados de una ciudad a otra porque a sus padres les cambian el trabajo y, obviamente, el colegio que tienen más cerca tendrá que recibirlos; pero esa es una decisión del propio director. Además, si el colegio cuenta con cursos de 40, 45 o 35 alumnos y tiene esa capacidad, el director deberá entender que siempre habrá uno o dos cupos adicionales por curso para estos casos excepcionales.
Entonces, para mí es una facultad que debe tener el director con su equipo técnico y, obviamente, si llega un alumno por traslado, será recibido y debe recibir la subvención, como cuestión de sentido común. Por ello, se debe aceptar que los directores cuentan con esas atribuciones.
Apoyo esta indicación, presidente. Gracias, senador Castro.
Antes de darle la palabra al ministro, quiero señalar que esta indicación responde a una realidad manifestada por diversos padres, apoderados y directores de establecimientos. Comparto plenamente lo expuesto por el senador Castro, en el sentido de que no se trata de forzar una situación para obtener una mayor cantidad de recursos mediante el sobrecupo en diferentes cursos y, por ende, incrementar la subvención, sino que existe un proceso: primero, se presenta la solicitud de una familia; luego, el establecimiento evalúa y decide si puede solicitar un sobrecupo; y, en tercer lugar, el Ministerio de Educación, a través de la Seremia, valida y, de cumplirse los requisitos, se otorga el cupo.
La problemática que se ha presentado en la práctica radica en que, en términos prácticos, el incentivo para que el director realice este trámite burocrático de solicitar el sobrecupo y todo lo que ello implica, finalmente, no se traduce en mayores ingresos para el establecimiento. Esto se ha convertido en un desincentivo para asistir a aquellas familias que se encuentran en situaciones especiales. Por ejemplo, ayer el ministro me comentó un caso en Valparaíso en el que, en una familia con tres hijos, dos quedaron en el establecimiento, pero al no realizarse el trámite de sobrecupo para el tercero, este no fue admitido y la familia tuvo que trasladar a los tres niños a otro establecimiento.
Así, buscamos solucionar esta problemática a través de la presente indicación. Tengo claro que es inadmisible que se utilice un concepto equivocado al establecer que dará derecho a percibir una subvención, en lugar de señalar que podrá hacerlo. Para ser más claro, no entraré en el debate sobre la admisibilidad, ya que considero que usted lo ha expresado de forma adecuada; además, el artículo 65 establece que la iniciativa exclusiva del presidente incide en la administración financiera, lo cual tiene repercusión directa en la misma.
Posteriormente, propongo que lo hagamos bien y que revisemos de manera precisa cuál es la normativa que se debe modificar; ya sea el DFL 2 directamente, o bien, mediante las modificaciones del 315, que es una herramienta administrativa que ya utilizamos para ampliar los plazos del reconocimiento oficial y evitar la subvención en casos de demanda insatisfecha para la apertura de nuevas estructuras de curso y niveles, entre otros. Nos comprometemos a cursar este tema, pues contamos con la convicción de que es prudente actuar conforme a los fundamentos que ustedes han planteado. Sin embargo, debemos hacerlo de manera adecuada, lo que implica que, como Ejecutivo, debemos iterar el asunto con el DIPRES y revisar la normativa exacta en la que se debe incorporar.
A mi juicio, en principio, esta modificación debería tener carácter legal y, si bien podría tratarse de la misma normativa, es algo que debemos definir en conjunto con la Dirección de Presupuestos. Lo importante es que compartimos en el fondo lo que se ha expuesto y quiero precisar, presidente, que la atribución de solicitar un sobrecupo corresponde al sostenedor; no se trata de una arbitrariedad del Ministerio de Educación, tal como lo explicaba el senador Kast, por lo que efectivamente está resguardado que…
Es el sostenedor el que toma la iniciativa para que esto ocurra. Ahora, efectivamente, los incentivos tienen que estar bien puestos. Tienen que ser un incentivo para que, en contextos en que hay familias que buscan, la decisión del sostenedor se incline a abrir el sobrecupo para que puedan entrar. Si no hay financiamiento, la decisión puede no tener el sentido correcto, pero al mismo tiempo debe establecerse limitaciones para que esto no se exceda y no termine extendiéndose más allá de lo necesario.
Senador Kass. Sí, muy breve. Yo creo que está bien diseñado como está hoy día, requiriéndose la participación de ambas partes. No puede ser que un colegio intente agrandar el tamaño del curso a infinito, pues ello puede terminar deteriorando la calidad de la educación al tratar de resolver un problema financiero. Es legítimo, pero en el fondo tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso es el Ministerio de Educación, que le dice: "Usted tiene 35 alumnos, puede subirlo a 40", porque existen necesidades y se cree, me imagino, en función de lo que conviene a la educación. No se va a perjudicar la calidad de la educación del resto de los niños que actualmente reciben el sobrecupo. Imagino que existe un análisis de costo-beneficio riguroso.
Si lo que considero problemático es lo que acaba de explicar el presidente, es que, al requerirse ambas partes, no hay ningún sostenedor —o muy pocos— que quiera hacerlo porque no cuenta con financiamiento. Entonces, ello no se lleva a cabo y, al requerirse ambas partes, tampoco podríamos tener a un Ministerio de Educación imponiendo más alumnos a un sostenedor que no lo desea o no puede.
Yo creo que esto es correcto y no voy a insistir en la admisibilidad, pero, presidente, considero que usted hizo el mejor trabajo de lo que usted mismo cree. Es cierto que dice "tarás", pero lo interesante es leer el párrafo completo, el cual comienza mucho antes, al señalar que el Ministerio de Educación podrá autorizar un cupo extra. Por lo tanto, usted no está afirmando que esto aumente los recursos si no lo hace el Ministerio. En el fondo, creo que la admisibilidad es discutible, ya que no se está diciendo que se incrementarán los gastos, pues se trata de una facultad que ya posee el Ejecutivo. Lo que resulta más cuestionable es lo mencionado por el Ministro, ya que se podría argumentar que se está incidiendo en las labores del Ejecutivo, no tanto en la parte financiera, dado que este informe financiero podría ser nulo al decir "no sé si lo voy a ocupar o no". Sin embargo, se está modificando ligeramente las facultades que ya tiene el Ejecutivo en esta ley, y en esa dimensión puede ser más cuestionable. Dejaremos el asunto pendiente a la espera de que, en la próxima sesión, el Ejecutivo nos presente una propuesta; y entonces, o la declaramos inadmisible o la retiramos.
Presidente, la verdad es que me cuesta entender lo siguiente: yo creo que los directores, la gente encargada de la administración del colegio, deben tener cierta libertad y facultad. Si yo fuese el director del colegio, tendría claro hasta dónde llega la cantidad de alumnos que puedo ingresar a mi sala de clase; pero creo que no debo ocupar el 100% de la capacidad, pues siempre existe la posibilidad de aumentar o disminuir en uno por alguna razón técnica. Todas estas decisiones deben apoyarse en el buen criterio que tiene el directorio con su equipo técnico. Así, un colegio diseñado para 40 alumnos, quizá no ingrese 40, sino 38, y siempre habrá un sobrecupo debido a la movilidad educativa dentro de una ciudad o comunidad. Siempre habrá cambios, por lo que el director debe disponer de la facultad para ajustar el cupo, incrementándolo o reduciéndolo.
Como el ministro ha pedido ordenar este tema, debemos esperar a que surja una solución para resolver un problema que enfrentan los establecimientos, ya que no es beneficioso que lo tengan. Los incentivos deben estar dirigidos a facilitar una solución para los padres, quienes deciden dejar a sus hijos en un colegio por motivos como que se acomoda a sus necesidades, está cerca de su trabajo o casa, o porque el abuelo vive cerca, entre muchas otras razones. No obstante, los directores deben contar con las atribuciones necesarias para ajustar los cupos según corresponda.