La patria se abre la sesión. Antes de partir y darle la palabra, no sé si hay cuenta, Secretaría. Sí, presidenta. La Asociación de Retail Financiero hizo llegar un documento con observaciones respecto del proceso de implementación de la Ley FinTech para que los miembros de la Comisión de Hacienda lo vieran presente. ¿Qué nos hace llegar ese documento? Ya se les envió hoy día. Perfecto.
A mí me ha tocado exponer. A ver, estábamos revisando con la Secretaría nuestra impresionante agenda legislativa y queríamos hacerle una propuesta a los miembros de la comisión sobre cómo seguir de aquí a todas las semanas que vienen de junio. Estamos a miércoles 4 y nos quedan dos semanas antes de salir a la semana regional. Entonces, nuestra propuesta —sujeta obviamente a adecuaciones para poder contestar a toda la necesidad y urgencia de los colegas y del Ejecutivo— es la siguiente: se los vamos a mandar por escrito y la Secretaría se los hará llegar. Si es que la semana que viene, el lunes, podamos despachar Fiscalía supraterritorial –me lo pidió el Fiscal Nacional el día de la Cuenta Pública– tenemos que revisar 10 artículos. Es importante que los asesores tomen nota para que puedan ir revisando y adelantando esos 10 artículos, competencia de esta comisión; de ahí, Reinaldo, se los vamos a mandar. Después, el martes, despacharemos la Defensoría de la Víctima, que comprende 5 artículos, competencia de esta comisión.
Además, tenemos que despachar la mixta, que vimos ayer y de la que quedamos en votar en la próxima sesión. Ahí, el Ejecutivo está pidiendo que revisemos otras materias, lo que complejiza el tema. Yo les pido que lo revisen bien; la subsecretaria hizo llegar una minuta ayer. Yo se las voy a mandar a la Secretaría para que se las haga llegar, porque hay que revisar eso. La ministra Macarena ya nos lo mandó, así que vamos a pedírselo.
Después, el miércoles tenemos el tema de medio ambiente, 19.300, que es necesario sacar porque no sacamos mucho con sacar esta, sino que sacamos la otra que estamos viendo hoy, la cual tiene cinco artículos en materia de competencia de esta comisión. Luego, nos vamos al siguiente lunes, y tendríamos que definir si partimos revisando —la Secretaría me dice que es una larga materia, son 37 artículos— pero es urgente también y me lo han pedido varios colegas de todos los lados, no de educación pública. No la vamos a sacar ese lunes, o bien vemos directamente ese día Apuesta en Línea, que es importante despachar porque está en plena discusión en la otra cámara por la ilegalidad y nosotros estamos regulándola, que es lo que creo que hay que hacer en general.
Además, tenemos que despachar Apuesta en Línea para que lo pueda ver la otra comisión, por lo que podríamos despacharla ese día en general. Y podríamos ver Artesanos, que es la materia que le preocupa a usted, el lunes. Senadores, la comisión de Hacienda está actuando como comisión técnica también, y se la vamos a mandar a Economía.
O sea, yo creo que hay acuerdo transversal en que tiene que regularse. La forma podrá discutirse, pero más o menos… Y quizás la Comisión de Hacienda podría revisar como Hacienda más que como comisión técnica; de lo contrario, se alarga más eso en toda la tramitación. Es mi opinión.
Lo vamos a sacar rápidamente para que usted la vea en Economía y no la demore. Y fue la sala la que lo definió; ya lo definió la sala y yo no, Rojo, yo no me demoraría más. Saquemos los lunes, va usted, saquenlo ustedes y empecemos rápidamente.
Por último, hacemos sesión conjunta el lunes en Economía y pedimos autorización a la sala. Tenemos que pedir autorización. ¿Ustedes ya lo vieron? Ah, entonces va a la sala, lo resuelve y ahí pedimos que lo veamos en conjunto las dos comisiones, y eso acelera el tranco. ¿Les parece? Ya.
Y el martes tendríamos que despachar el nombramiento, martes sí, tendríamos que despachar el nombramiento de Paula Benavides. Yo pediría que, si nos demoramos, despacháramos Artesanos ese día, si no lo vemos el lunes, y también el de Prisión Preventiva de Mujeres Embarazadas.
El miércoles tenemos el IPOM, que no tenemos cómo mover ni correr y hay que verlo. Partimos a vuelta de… sí, sí. Y si no vemos Artesanía el lunes, porque nos demoramos en la puesta en línea, lo vemos el martes. Y yo les pediría que, de regreso de la Regional, saquemos Nueva Educación Pública la primera semana: lunes, martes y miércoles. ¿Les parece? Después de la Regional, saquemos lunes, martes y miércoles Nueva Educación Pública. Porque, pues, así es; es lo que recibí en esta comisión. Mis colegas saben, ¿no es cierto? No tengo alternativa. ¿Les parece entonces para que lo acordemos? Sí, ya. Y Soledad, usted les manda esto a todos los colegas para que lo puedan ver.
Vamos, entonces, a lo que nos ocupa. Estuvimos iterando con el ministro. No sé si lo imprimió la sugerencia de votación. Bueno, me hizo una sugerencia de votación el ministro a la que yo solo le saqué una parte. Él me dijo que partiéramos por el 1, pero como todavía están revisándolo en el backstage –sí, pero es que están haciéndole un ajuste que estuvimos conversando en la mañana con el ministro temprano–, entonces, que nos vayamos al 38. Ahí vienen los textos, ¿ya? 38, primero transitorio; vigésimo número transitorio; 12C; 27; vigésimo octavo transitorio; 4A; 26, tercero transitorio; y ahí entraríamos en el 41 y en el 120. Ese sería el orden, si les parece, para que podamos partir.
Sí, Presidenta.
Bueno, muchas gracias por reanudar este importante trabajo. El 38, como ustedes recordarán, lo conversamos ayer y fue allí donde quedamos; de hecho, teníamos una diferencia respecto al último inciso. En lo anterior estábamos ok, según entiendo yo. El problema que teníamos era respecto a este tema de solidaridad, en que el titular del proyecto tenía que ser solidario respecto a las eventuales responsabilidades de los profesionales o entidades técnicas reconocidas. Yo entiendo que parte del desafío que tenemos acá, Presidenta, es que no necesariamente hay acuerdo con nuestra propuesta, pero además hay posturas bien disímiles. Una postura, que yo interpreto bien, sería la del senador Edward, que plantea que la responsabilidad recaería solo en el titular. Otra postura, en cambio, no está de acuerdo con que el titular sea solidario respecto a los errores que cometa. Frente a esa situación, preferimos mantener nuestra postura. Podemos hacer un cambio acotado, que es redaccional: en vez de decir “la persona titular”, decimos “el titular” para evitar confusión, ya que la palabra “persona” podría inducir a pensar que se refiere al consultor, como le mencioné ayer.
Estoy de acuerdo. Porque el titular puede ser persona natural o jurídica. No, podríamos poner el titular. No tenemos ningún problema en hacer ese cambio. Entendemos que es un cambio menor que no requiere una indicación o algo de esa naturaleza. Pero no vemos mucho cómo solucionar este tema, porque no es que el Ejecutivo tenga una propuesta y tengamos otra a la cual reaccionar que sea monótona, sino que existen posturas dispares: una que se inclina hacia lo que propone el Ejecutivo y otra que lo cuestiona.
El texto, lo que pasa es que —perdón, senador— no está la propuesta en el comparado, ya que la incorporación de las indicaciones hacía que este texto creciera un poquitito más que el que tenemos acá. Lo explicamos ayer, pero está en la pantalla y en las indicaciones. A mí me parece que, corrigiendo ese tema de forma —porque en realidad no es que diga algo distinto, sino que permite no equivocarse—, deberíamos estar ok. No sé, colegas, ¿qué opinan? ¿No?
Yo también noté lo que decía el ministro, que en el fondo, por mucho que existan posturas distintas, son tan diversas y van en tantas direcciones contrapuestas. Ahora, lo que sí quería hacer es notar, presidenta, que el Ejecutivo tiene el derecho a ver lo que hace, pero hay muchos artículos que no fueron parte de lo que se determinó como materia de Hacienda y que el Ejecutivo indicó. Por lo tanto, está yendo más allá en esta comisión, y está bien, pues también se están considerando otros artículos.
Lo que hizo el Ejecutivo, realizando un análisis un poco más general, fue tomar los artículos de Hacienda en los cuales, en su mayoría, se aprobaron las propuestas y, posteriormente, realizar las indicaciones que simplemente no se aprobaron en la Comisión de Economía. Para dejarlo claro: esos textos no están aprobados. El texto de la izquierda fue rechazado —me corrige el presidente de la Comisión de Economía—; fue rechazado en Economía, y el gobierno está presentando una indicación para reponer de manera distinta lo que se rechazó.
¿Estoy bien, ministro? ¿Es correcto?
Sí, presidente.
Lo único que diría es que es cierto lo que dice el senador Eduardo en general, pero en este caso este artículo sí estaba definido como de competencia de la Comisión. Está bien, pero es cierto que... respecto de las multas, no del inciso. Tal como me lo precisa muy bien la secretaria: sí, es cierto en general, pero en particular…
Exactamente. Entonces, la discusión que tenemos que entablar, secretaria, es: ¿esto está dentro de las materias de competencia?
No, no está dentro de la materia de competencia, y por lo tanto la pregunta es si nos metemos en esto o no.
Presidenta, el artículo 38 fue definido íntegramente como de competencia de la Comisión por el tema de la multa. Esto va más allá, para que todos tengamos claridad: colegas, además tenemos una diferencia de fondo, más allá de si es o no de competencia de la Comisión. Ustedes están innovando respecto de lo que se rechazó en la Comisión de Economía y, en vez de dejar la solidaridad a las personas y profesionales que informaron el proyecto, están trasladando esa solidaridad al titular del proyecto.
Mi pregunta es: ¿qué pasa, ministro, si esto no se aprueba? ¿Existen normas generales?
Yo creo que sí, pero lo primero es que lo que nosotros buscábamos aprobar en la Comisión de Economía era lograr esto mismo, pero la forma en que estaba redactado efectivamente generó esta confusión. Esa fusión se perdió en este caso, pero se aprobó tal cual como está propuesto en la derecha, en una parte específica asociada al Código de Aguas. Eso se aceptó tal cual. Ahora, aquí lo estamos promoviendo de carácter más general. Entonces, nuestra interpretación es que es importante que esto efectivamente quede.
Ahora sí, la pregunta es: si esto no queda, ¿va a significar que los titulares no serán solidariamente responsables? Yo prefiero que eso lo conteste Camila. Yo tengo respuesta, pero le doy la palabra.
La colega. Senadora, por su intermedio, para responder la duda de qué es lo que pasaría... Le puedo pedir unos minutos a la comisión porque la ministra Lobos quiere... Ministra, por favor, asiento. Hay asiento allá para que pueda dar la explicación. No, no te preocupes. Senador Piú vino a desordenar esta comisión y hizo correr a una ministra. Me impacta el poder que tiene el senador. Piú estuvo temprano acá viniendo a presionar. Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los miembros de la Secretaría, a los representantes del Ejecutivo. Entiendo que en el debate del proyecto de permisos sectoriales ha surgido la duda respecto al compromiso adquirido por el Ejecutivo con ocasión de la tramitación del proyecto de ley en marco de ciberseguridad, de presentar un proyecto de gobernanza de datos. Nosotros estábamos comprometidos para hacerlo durante el mes de junio de este año. Nosotros ratificamos ese compromiso, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y estamos próximos a poder hacer ingreso al proyecto. Este es un proyecto muy importante, digamos, porque permite, más allá del tema de licencia médica, ejemplificar la interoperabilidad de las bases del Estado para hacer una mejor gestión de datos. En esta perspectiva, y para contribuir a proyectos como el de permisos sectoriales, es muy relevante. Así que estamos ratificando el compromiso de ingresarlo durante el mes de junio del presente año.
Senador Rojo, Eduardo:
Es muy importante la ratificación que hace la ministra, entre otras cosas, porque acá lo que hubo también fueron reacciones específicas de materias que implican el funcionamiento de la super. Por lo tanto, estamos esperando con mucha impaciencia que el Gobierno cumpla con ese compromiso, ya que es parte integrante de la forma de funcionamiento. Perfecto. Muchas gracias, ministra.
Perdón por haberle interrumpido, colega. Camila, al equipo del Ministerio, le toca a Camila contestar.
Presidenta, por su intermedio:
Conforme a las normas generales del Código Civil, acá deberían aplicarse las responsabilidades atribuibles a aquellos que cometen, o sea, que con ocasión de su error, negligencia o por su actividad, provocan daños que deben ser soportados por terceros. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con figuras como las del mandante, donde éste se hace responsable de lo que cumple el mandatario en su nombre y bajo su responsabilidad, acá estamos en una figura distinta. El ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de acudir a formas de colaboración público-privada, en las que se contrata este antecedente, requisito para acceder a ciertos beneficios en la tramitación.
Como explicábamos ayer, en materia de urbanismo y construcciones —un caso bastante conocido— los registros de revisores independientes sirven para que titulares de obras, acompañando un informe de dichos revisores, puedan acceder a una tramitación más expedita ante el órgano sectorial. Se transforma así en un requisito que debe presentar el titular para hacer valer u obtener esa habilitación. En ese sentido, los defectos que se produzcan como consecuencia de ese requisito, firmado por alguien con una responsabilidad técnica y profesional específica, se atribuirán o debiesen atribuirse en base a los hábitos tradicionales de la responsabilidad extracontractual, debiéndose reconocer por reglación de causalidad en aquellos antecedentes que permitieron el acceso a dicha habilitación. Esto complejiza las relaciones en juicio cuando se trata de hacer valer las responsabilidades por los daños, quedando únicamente las personas dañadas con la posibilidad de accionar en contra del profesional, salvo que exista una regla de solidaridad expresa.
Yo no comparto ese juicio, porque el mandante siempre es responsable solidariamente. Es que esto te estaba explicando, ahora, porque en esta zona se da la figura de un mandante. En el fondo, yo tengo que, por ejemplo, tener un título de propiedad para poder, como requisito, construir algo en cierto lugar, y el órgano sectorial me dice: “usted debe acompañar el certificado de dominio de ese título”. En este caso, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de lo que está mal informado, de lo que está mal acompañado y que...
Permite acceder es del profesional que lo extiende. En ese caso, por ejemplo, si fuera el Conservador de Bienes Raíces el que extendió un certificado de dominio que no está conforme a la realidad… Pero el Conservador es un ministro de fe. En este escenario, los profesionales funcionan como ministros de fe, ya que no estoy hablando del ejemplo que se mencionó, pues ese profesional, que nombraron como Conservador, no es un profesional contratado.
Entiendo que el símil se utilizó solamente porque acá no estamos, en el fondo, en presencia de un mandante que encarga, por ejemplo, a una sociedad inmobiliaria para que contrate a una constructora a realizar algo, y es la constructora la que se equivoca –y se cae el edificio–, dejando al titular como responsable. Estamos hablando de un supuesto en el que los antecedentes que permitieron la habilitación son erróneos, no la ejecución en términos del mandante, pues se trata de un documento que la legislación exige para poder avanzar con determinados procesos.
¿Qué caso, sacándonos el ejemplo del ministro de fe que no corre, requeriría la norma expresa de solidaridad? Se trataría de todos aquellos casos en que hoy existen registros de profesionales que operan conforme a la ley, permitiendo su extensión. Por ejemplo, en materia de aguas existe una norma expresa; ayer se le hizo llegar a la Comisión y está regulada.
Quizás convenga retroceder un minuto para recordar lo que establece este título. El Título 4, en su segundo párrafo, dispone sobre los registros de profesionales y entidades técnicas. Esto se fundamenta en las recomendaciones de la CNP a través de su informe, considerando que una de las medidas que podrían agilizar significativamente la obtención de autorizaciones sectoriales es permitir esta figura y extenderla a toda la administración, y no solo en aquellos casos aislados que existen hoy en día.
Legislativamente, para permitir el uso de estas figuras y de estos registros en los distintos sectores sin tener que modificar cada ley específica, se debe cumplir con los criterios que establece el Tribunal Constitucional para regular los registros: establecer estatutos claros de ingreso, de responsabilidad y de funciones, todo en una norma de jerarquía legal, dado que se afecta la libertad profesional y la libertad de emprender.
En consecuencia, este proyecto de ley viene a entregar un marco general que permitirá a los distintos sectores, mediante la vía reglamentaria, implementar figuras que han demostrado ser eficientes en otros ámbitos donde la ley ya las habilita. Ejemplos de esos sectores son el Código de Aguas, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Tránsito, en lo que respecta a los concesionarios de las plantas de revisión técnica ante los daños que se produzcan. Todos estos ejemplos están enumerados en un documento que se le hizo llegar a la Comisión antes de la sesión de la tarde.
Precisamente, lo que hace este proyecto de ley es tratar de extender este mecanismo de colaboración público-privada a todos los sectores, razón por la cual no se pueden encontrar otros ejemplos de solidaridad más allá de lo que hoy se reconoce. Sin embargo, donde se reconoce la solidaridad, existen normas al respecto.
¿Cuáles, a juicio de ustedes, son los sectores que están quedando fuera y que ilustran el problema? Se trataría de aquellos sectores que aún no tienen la posibilidad de establecer registros, como lo hace el MOP o la ECEA, entre otros. Pueden existir registros específicos, por ejemplo, en materia de energía para el sector energético, o en el sector minero. Se podrían habilitar registros para asuntos de bienes nacionales, registros de profesionales colaboradores, o incluso en materia de CONAF y SAG, abarcando todos los órganos sectoriales que quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ley, que es amplio, incluyendo toda la administración, salvo aquellos organismos e instituciones excluidos en el artículo tercero del proyecto de ley.
Yo creo, presidente, que estamos generando –quizá de forma profunda– una discusión sobre normas de responsabilidad civil. Existen muchos ejemplos en nuestro derecho en los que la solidaridad, a pesar de la duda que planteó ayer el senador Edwards respecto al posible impacto en los profesionales, queda resuelta, porque la solidaridad opera en ambos sentidos.
Aquí se resolvió el tema porque van a sacar la palabra a personas y, de esa manera, se trasladará la solidaridad del profesional que realizó el estudio y emitió el certificado al mandante; sin embargo, cabe precisar que se hace énfasis en que se trata de personas jurídicas las que desarrollan el proyecto.
A mí me causa inquietud esta discusión, ya que considero que, en forma general, el mandante siempre es responsable y solidario. No obstante, según lo expuesto por el Ejecutivo, la situación depende del contexto. Por ejemplo, en materia previsional, cuando se genera una subcontratación de personal y no se han pagado las cotizaciones previsionales, el contratante será solidariamente responsable. De igual modo, en materia de responsabilidad extracontractual, el Código Civil establece, mediante el artículo 2317, que cuando se producen daños ocasionados por más de una persona, la responsabilidad es solidaria, lo que implica que se puede repetir contra cualquiera de ellos; luego, estos deberán arreglar internamente quién fue el responsable final.
Surge además la interrogante de a quién queremos tranquilizar: ¿al titular del proyecto? Otra gran duda se relaciona con la configuración de los registros en cada organismo respectivo. Si contamos con un organismo especializado –similar a lo que son los peritos de la Corte de Apelaciones en la resolución de conflictos judiciales–, es evidente que el hecho de estar en dicho registro confiere una consideración y característica especial. Este registro posee un valor diferenciador, ya que la acreditación y certificación de los especialistas otorgan un grado mayor de certeza al titular del proyecto a la hora de contratarlos.
Ministro:
Tratando de ser pragmáticos en esta discusión, propongo que, sujeto al cambio de “persona titular” por “titular del proyecto”, procedamos a votar. Quiero resumir la postura del Ejecutivo: se establece un marco general para la constitución de los registros, fijándose ciertas reglas, entre las cuales está la solidaridad en materia de responsabilidad. Respecto a la pregunta del senador Macaya, lo que se busca es dejar claro que el titular del proyecto será solidariamente responsable por lo que ocurra. No se desea que el titular incentive errores y se despreocupe, y una norma de esta naturaleza contribuye a reducir dichos incentivos.
Si bien pudiera surgir una discusión jurídica –de la cual no me considero experto para opinar– sobre si esta disposición resulta redundante, no veo inconveniente en que se someta a votación. La propuesta podrá, en caso de ser aprobada o rechazada, ser repuesta o ajustada en sala.
Ministro:
Dado que quizá el gobierno esté solicitando votaciones adicionales más allá de lo indicado por la Secretaría –al tratarse de un artículo calificado–, si se acepta esta forma, procederemos a votar conforme a lo planteado.
Con esto, concluyo mi intervención y llamo a su consideración para no demorar más el desarrollo de la sesión.
Ya. Senador Lago, ¿usted estaba pidiendo la palabra?
No. Gracias, senador Galilea. Gracias, presidenta.
Yo quiero solo comentarle al ministro que el problema de ese inciso que le quieren agregar es que, a mi juicio, nunca va a quedar claro el alcance de esto. Porque si uno lee el artículo 38, tal como está, en el inciso primero se establece la responsabilidad objetiva para el profesional. El segundo inciso, en cambio, es para el titular del proyecto que, a sabiendas, presenta papeles falsos e inventa informes; pero el asunto es que se establece, de forma genérica, una solidaridad que, en un cálculo de ingeniería —que es una técnica específica de un profesional determinado que, además, está contratado porque algún órgano del Estado validó a esa persona y lo incluyó en una lista por cumplir con la experiencia—, se equivoca en un cálculo de, podríamos decir, millones de ejemplos. Yo creo que esto lleva a una situación casi imposible, ya que uno contrata a un profesional y termina teniendo que contratar a otro para verificar que no haya errores. Porque, finalmente, al titular del proyecto, usted entenderá, Ministro, que no le... el peor negocio de la vida es estar haciendo proyectos mal hechos, por miles de razones.
Lo que me preocupa y la razón por la que me opongo a este inciso es que, mientras el primer inciso impone sanciones gravísimas al profesional que incumple, el segundo transfiere esa responsabilidad al titular del proyecto, quien en la práctica inventa un informe. Podría darse el caso de que usted contrate a un ingeniero o a un geólogo y el profesional cometa errores en aspectos que el titular del proyecto no puede detectar, salvo contratando el mismo informe dos veces para cerciorarse de que el primero no se equivocó. Y esto abre la posibilidad, incluso, de concluir que el Ministerio —que aceptó a una persona en un registro por tener las condiciones y calificaciones— también es responsable. Se abre así una puerta, una ventana, o todas las puertas y ventanas, hasta un alcance que ni usted ni nosotros podemos delimitar.
Esa es la razón fundamental por la que, al menos, creo que no debiéramos poner este inciso, Ministro.
Por supuesto, Senador. Siempre pueden hacerse preguntas. Ayer, cuando discutíamos este tema, yo tenía una duda—más existencial, si se quiere—acerca de cuál es la necesidad de contar con esta norma específica, este párrafo. Porque yo entendía que, tal vez, las normas supletorias que tenemos en materia de derechos cubrían todas estas eventualidades. Yo creía eso. Entonces, ahora me reafirmo en que existen normas para la responsabilidad del titular del proyecto y normas para los profesionales, y surge la pregunta a partir de lo que dice el señor Galilea y lo planteado ayer: ¿por qué hay que agregar esto? ¿Qué ocurre si no está?
Si un profesional es contratado —se encuentra en el registro, es contratado— y elabora un informe erróneo que causa un perjuicio, yo sostengo, y siempre se ha mencionado el tema de las viviendas, construcciones y edificios (como algunos aquí de Calvo conocen), que si yo ocupo un departamento en un edificio y resulta defectuoso, demandaré a la empresa, en un contexto de responsabilidad civil y no penal. La pregunta es: ¿qué agrega esta disposición? ¿Acaso es para que, en un caso en el que se demande civilmente al responsable del informe con error —posiblemente en una demanda gigantesca, para la cual tal vez no exista patrimonio suficiente— se diga: "ah, vamos al titular", bajo la idea de que el titular existe, no ha desarmado la personalidad jurídica, y considerando que han pasado cinco años, como sucede cotidianamente?
No comprendo qué se logra con ello. Dicho eso, entiendo lo que quiere discutir el Ejecutivo y, desde ese punto de vista, lo entiendo y puede que lo vote a favor, pero no veo qué se añade que no se pudiera lograr sin esta norma. La empresa, es decir, el titular, siempre podría demandar el proyecto.
Yo pediría que votemos, porque si nos quedamos en esto, no avanzaremos. ¿Qué les parece? Sometamos, Ministro, sometamos a votación.
La señora Presidenta somete a votación la indicación del Ejecutivo que agrega un inciso final.
Senador Lagos: «Voy a votar a favor, con algunas dudas que ofrecé, pero a favor.»
Senador Macaya.
Senador Insulza.
«Micrófono, por favor.»
«Voy a tener que decir que el primer regalo creo que no es de aquí, es de nosotros. ¿Senador Galilea? Yo voy a ir a la sala, gracias. En contra. Como no me logran convencer de que no hay una norma general que aplique en este caso, y creo que es un tema que podemos resolver de aquí a que lleguemos a la sala, lo voy a rechazar para que resolvamos en la sala.»
(Queda rechazada la indicación por tres votos en contra, uno a favor y una abstención).
Colegas, no habían llegado todos cuando partimos, pero nos pusimos de acuerdo con el ministro para la votación. La tienen encima de su escritorio, así que vamos avanzando.
Secretaria: «Primero transitorio.»
El artículo primero transitorio, que está en la página 642 del comparado, tiene una indicación del Ejecutivo que figura en la página 7 de las indicaciones y señala lo dispuesto en la presente ley, con excepción de lo establecido en los artículos transitorios cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo séptimo, vigésimo tercero, vigésimo octavo y vigésimo cuarto, y entrará en vigencia a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
«¿Por qué no lo encuentro? Perdón, ¿dónde está?»
—«José Miguel, tiene que irte a las indicaciones, en el documento de indicaciones.»
—«Ah, de indicaciones, ok, perfecto. Aquí yo lo tengo en la página nueve; no sé por qué, pero ahí está bien, estamos bien.»
Avancemos, Presidenta.
Presidenta: «Artículo primero transitorio para votar. Tengo referencia.»
Senador Lagos, Senador Macaya, Senador Insulza, Senador Galilea, Presidenta, queda aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión la indicación para reemplazar el artículo primero transitorio.
Presidenta: «Vamos al vigésimo noveno transitorio, que son los reglamentos de salud, es decir, los plazos para la dictación de dichos reglamentos. El artículo vigésimo noveno transitorio también tiene indicación del Ejecutivo que se encuentra a partir de la página 9 del documento de indicaciones.»
Aquí se produjo una discusión sobre los plazos. «Ayer dimos esta discusión latamente respecto de que, con esta indicación, ustedes extienden los plazos más allá de este gobierno en la dictación de los reglamentos, y nosotros habíamos solicitado poder reducirlos. Este inciso tiene una letra A, en la que se habla de seis meses; una letra B, de nueve; y una letra C, de doce. Nosotros queríamos que se dejara en seis, seis y ocho, para que se cumpla dentro de este gobierno, en razón de la ley que ha sido dictada y tramitada por este Ejecutivo. Si le pareciera a todos y lo pudiéramos dejar así, podríamos recabar la unanimidad.»
Ministro: «Sí, Presidenta. A ver, primero, en la Comisión de Economía lo que habíamos planteado para este caso en particular, que es de alta complejidad —porque solo para darles una sensación de las magnitudes involucradas, los permisos sectoriales de salud son unos 80 o 90 de un total de 400, 380—, es que, en el fondo, se trata de una cantidad importante. Y, además, en el caso de las declaraciones juradas, de las 50 que se establecen en este proyecto de ley, 25 son de salud. En nuestra propuesta inicial, que fue rechazada en Economía, proponíamos exceptuar los reglamentos de salud de los tiempos establecidos.»
O sea, quedaban sin tiempo. Lo que votó la Comisión de Economía fue que, en el fondo, quedan a los mismos seis meses. Y nosotros, a partir de eso, lo que hicimos fue decir: "Bueno, vayamos con una propuesta más atractiva que decir que esto queda sin tiempo"; lo conversamos con Salud y esos son los tiempos a los que llegamos. Entonces, yo no estoy en condiciones de plantear tiempos distintos; si se deja tal cual como viene la Comisión de Economía, nos va a ser muy difícil cumplir, nomás, eso porque lo que nos dice el equipo sectorial de Salud… sí, yo lo sé. Por eso le estaba diciendo que pudiéramos salir de los seis meses que dejó Economía y aumentar. La letra A dice seis, por lo tanto, no habría innovación; la letra B habla de nueve y la C de doce. Entonces, bajemos esos nueve y esos doce. Por último, dejémoslo en 8 y 8, ministro.
Pero, dentro del gobierno, ¿ustedes tramitaron esta ley? Porque, si no, nos vamos a quedar con los seis, ¿qué va a ser peor? Claro, nosotros, lo que me dice acá el equipo, es que cuando discutimos esto en la mesa técnica, propusimos 9, 12, 18, y esta fue la última propuesta que hicimos en la mesa técnica. El de 12 se escapa de este gobierno; ese es el único problema. Si usted quiere, lo dejamos en 6, 9 y 9. No podemos… O sea, yo no tengo facultad. Bueno, lo que podemos hacer es aprobar la A y la B, y rechazar la C. ¿Y quién es la C? Bueno, no… ¿Sabes qué? No nos enredemos más. Votemos A, B y C y resolvamos la A y la C para no demorarnos más. ¿Le parece? Ahí, ve, las aprobamos. Sí.
¿Le parece, a la Comisión, colegas, que vamos a aprobar de manera unánime la A y la B, que plantea el Ejecutivo? Ah, y la C, la vamos a votar… ¿por qué? La C de Camila. Oye, sí. Secretaria, tome la votación de la letra A y B. Presidenta, presidenta. Sí. La C no la votamos un año. Es que… podríamos revisar, ministro. Ministro, ministro, ministro. Ya que la discrepancia solo se produce en la letra C. Mi asesor dice que, en realidad, piensa como usted. Sí. Voy a decir… pero, pero, pero… ¿por qué no vemos rapidito, secretaria? Gracias.
Lo que dice es el 11, 12, 13 y 14 del artículo 79. Demoré la palabra a Camila. Estamos en la última… Camila. Presidenta, por su intermedio, nosotros hicimos llegar, a la mesa técnica con anterioridad, pero a la Comisión el día de ayer, antes de la sesión en la tarde, una minuta que desglosa todos estos numerales y explica con qué autorizaciones están vinculados y qué plazo se les aplicaría. La forma en la que se realizó este trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud fue identificando, en primer lugar, y privilegiando aquellas autorizaciones que son de su competencia y que tienen mayor incidencia en la inversión. Las autorizaciones que son de competencia del Ministerio de Salud son muchísimas; yo no recuerdo el número exacto, es como que casi llega a la mitad, por ejemplo, en materia de declaraciones juradas, exactamente. Entonces, uno puede distinguir entre aquellas que son de uso más frecuente y que están mayormente vinculadas a proyectos de inversión. Ese fue el trabajo de priorización que se hizo con el Ministerio de Salud.
La aproximación a la que se llegó es que se requiere la modificación y/o dictación de al menos 15 reglamentos para poder hacer esto, y esto es una planificación realista de lograrlo en esos plazos con las prioridades que les mencionaba. Los que quedan hacia el final, en el fondo, son las autorizaciones que tienen menor incidencia para efectos de la inversión. Y ahora sí, vamos a la minuta; voy a ver si la puedo proyectar, no sé qué será más claro. Se cumplen probablemente en marzo, sí que sale.
Mi único tema es que este gobierno ha tramitado esta ley; está con sus equipos a caballo del tema y realizando las tramitaciones. Si nosotros ponemos 12 meses, no se va a cumplir, porque va a haber cambio de gobierno y va a llegar el próximo; cualquiera sea el que gane, da lo mismo. Entonces, no sé si me logran explicar, por los colegas, que es un tema en el que no van a sacar los otros, no es mala onda, simplemente, como los que están a caballo en este tema, sacan esto adelante.
Yo entiendo ese tema, Presidenta, y le pediría que votemos. Lo que pasa en la sala es que nadie… A lo mejor eso es justo lo que hay detrás, que ustedes no quieren que remuevan a ninguno de los equipos, da lo mismo quién gane. No, miren, vuelvo: ¡Oye, votemos! No nos enredemos más.
Si es la letra A y la B, pidamos unanimidad para ambas. Y ahora, la letra C, para darle muy rápido: el numeral 11 se refiere a autorizaciones vinculadas a la salud, específicamente la autorización de funcionamiento de sala de procedimiento móvil; el numeral 12 es autorización de instalación y funcionamiento de sala de procedimiento de pabellones de cirugía menor, es algo hospitalario; y el numeral 13 contempla la autorización de instalación y funcionamiento de salas de procedimiento de pabellones de cirugía menor, además de la autorización de funcionamiento de medicina complementaria (acupuntura, naturopatía, etc.). Pero eso no va. Lo que decía Camila, insisto, Presidenta, es que se trata de reglamentos complejos de baja o impacto en inversión, y ese es el trabajo que nosotros hicimos con el CERN. No sigamos argumentando: ya pedí la unanimidad y se aprobaron la letra A y la B; votemos la C. No nos enredemos más.
Me parece… gracias, Ricardo, gracias. Votémoslo. Después de septiembre de 2021, la letra C: Secretaria toma la votación de la indicación del Ejecutivo. Se puede pedir, por supuesto, en la sala siempre se puede pedir la votación separada.
¿Qué votación se ha aprobado? ¿Qué va a decir su colega? ¿Qué quiere que haga? Su coalición habló. Presidenta, lo que yo quiero tratar de recordarle es que acá hubo un trabajo con los asesores. No porque los asesores hayan llegado a un acuerdo, uno tampoco está obligado al 100%, pero debería estarlo bastante. Repíteselo a los asesores que vienen a cuchicharnos, porque si no, el sentido es que se reúnan y traten de consensuar cosas que no siempre pueden lograr, y uno siempre tiene la facultad, como mandante, de decir “se te pasó la mano”. Yo creo que no puede ser que en todos los temas en los que se supone que han llegado a un acuerdo, nosotros reabramos el debate. Puede ser, pero no debería ser lo más adecuado.
Lo dejo a mi lado… Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Evo. Colega, ya, por respeto a los asesores, el problema es que ellos no se ponen de acuerdo entre sí. Bueno, ya, pero entonces siempre pueden cambiar de asesor. Defiéndalo, defiéndalo, Presidenta.
Vamos, ¿sacamos entonces el vigésimo noveno? No, todavía no lo hemos sacado. Presidenta, esta indicación incorpora dos incisos. Se pronunciaron respecto de las tres del primer inciso, pero incorpora también un segundo inciso que dice: “Tratándose de los demás numerales del artículo 79, los reglamentos deberán dictarse en el plazo de seis meses.”