Estamos esperando. Ahí está. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta comisión. Saludamos al senador Carlos Kuchel y al senador de Rementería. También contamos con un completo equipo del Ministerio de Obras Públicas: tenemos a nuestra ministra, la señora Jessica López; al jefe de gabinete, el señor Cristian Rojas; al director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa; a la asesora legislativa, la señora María Graciela Veas; al coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza; a la asesora nacional de obras hidráulicas, la señora Magali Espinosa; y al superintendente de Servicios Sanitarios, el señor Jorge Rivas. Asimismo, saludamos a Eduardo Baeza de la Biblioteca y a los dirigentes nacionales de las APR, quienes también demuestran gran preocupación por esta comisión.
Estimado secretario, ¿tenemos cuenta?
No, presidente.
Solo recordar que el objeto de la sesión es conocer el estado de tramitación del futuro proyecto de ley sobre modificación integral de los servicios sanitarios rurales. Se hacía también propicia la oportunidad para que la señora ministra se pronunciara respecto de la eventual vinculación de dicho proyecto, que se encuentra en etapa de tramitación prelegislativa, con dos proyectos que están siendo evaluados en esta comisión y que aún no han sido sometidos a votación: el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, y el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio.
¿Estamos, senadores? ¿La palabra antes de ofrecer la palabra a la ministra?
Entonces, le ofrecemos la palabra a la señora ministra para que nos informe sobre el estado de la tramitación del futuro proyecto de ley sobre modificaciones integrales de los servicios sanitarios rurales, la fecha estimada de presentación ante el Congreso Nacional y su articulado.
Señora Ministra, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Quiero saludarlo a usted, a los senadores y a todos los presentes, y agradecer la oportunidad de realizar esta presentación. Sabemos que nuestra indicación al proyecto de ley N° 20.998 es un tema muy esperado; nosotros también lo esperamos ansiosamente. Es una ley grande, compleja y diversa, por lo que cualquier modificación abarca diversos aspectos, lo que ha retrasado el trámite. Quiero aprovechar la oportunidad para…
Porque es bien importante, creo yo, entregar bastante información y contexto respecto de qué es lo que estamos normando, qué son las cosas que se quieren cambiar y, sobre todo, nunca perder de vista lo que queremos preservar y lo que queremos impulsar a través de esta legislación. ¿Quién está llevando la…? Ah, ok. ¿Lo puedo hacer yo? Gracias.
Así es que lo primero es, me parece a mí, hablar de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de agua potable rural en Chile, un sistema que existe desde hace 60 años y que se inició en el año 1964 por motivos de salud pública, a raíz de acuerdos de los ministros de Salud de la época, quienes ya vieron la necesidad de abordar una situación sanitaria que se presentaba en los países debido a la ausencia de agua potable y, por supuesto, la necesidad de avanzar en esta materia.
En Chile, hoy en día, en el año 2025 tenemos dos grandes formas de operar en relación con el agua potable y el saneamiento. Una es en las ciudades, en las zonas urbanas, donde la gestión de estos servicios está a cargo de empresas sanitarias privadas, las cuales son supervisadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde hace 20 años. Al transcurrir estos 20 o 25 años, podemos constatar que ha sido un sistema exitoso: la cobertura en los territorios donde operan las empresas sanitarias es prácticamente total (100%), y la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento en las ciudades es casi total, lo que significa que, en ocasiones, existen cortes programados y otros no programados con una regulación particular. Además, se cumplen las normas de calidad de agua establecidas por la OMS a nivel mundial, mediante chequeos realizados por las propias empresas sanitarias, los Ceremis de Salud y la Superintendencia.
Por otro lado, aparte del sistema en las zonas urbanas, se encuentran todas las zonas rurales de Chile, que comprenden el 85% de nuestro territorio. La forma en que esta situación ha avanzado a lo largo de las décadas se consolidó, en definitiva, en el proyecto de ley del año 2018, el cual buscó fortalecer en su institucionalidad el sistema de agua potable rural o, como se denomina actualmente, servicios sanitarios rurales. Estos servicios son gestionados por organizaciones sociales y de vecinos, a través de juntas y comités de agua potable, y en algunos casos mediante cooperativas. La obligación del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Obras Hidráulicas, es proveer la infraestructura y los derechos de agua, así como mantener dicha infraestructura, mientras que la responsabilidad de los comités es gestionar dicha infraestructura para distribuir el agua potable a las familias, cobrar por ello y, en la medida de lo posible, disponer de recursos para su mantención.
En esa condición, de sistemas registrados en el Ministerio de Obras Públicas, se indica en el cuadro que, hasta diciembre del 2024, existen 2.441 servicios sanitarios rurales a lo largo de todo el país. Si se piensa que cada comité está conformado por cinco personas, se está hablando de 12.000 dirigentes que destinan, de forma mayoritariamente gratuita, su tiempo para que el servicio que…
Cargo, la infraestructura que está a su cargo llegue con agua potable a los hogares, ojalá cumpliendo con los estándares de continuidad, calidad y ojalá alcanzando la cobertura del 100% de sus territorios. Tenemos, además, 2.441 servicios sanitarios rurales vigentes en nuestros registros y 744.000 arranques. Estos son el medidor que está ahí en la propiedad de cada uno de nosotros, el que controla el consumo del agua y que, según el promedio de personas por familia que nos da el censo, estimamos que la población que se abastece por este mecanismo es de 2,3 millones de personas en las zonas rurales de Chile.
Este proceso se ha desarrollado de dos maneras: primero, abordando lo que se denominan las localidades concentradas, que son 15 o más viviendas por kilómetro de red; una vez que se alcanzó la cobertura del 100% en ese segmento en el año 2017, se comenzaron a abordar las localidades semiconcentradas, que son 8 viviendas por kilómetro de red. En este segmento tenemos hoy un 55% de cobertura y nuestro propósito, dado que este gobierno comprometió 25 nuevos servicios sanitarios rurales por año –es decir, 100 en el período– es alcanzar el 65% de cobertura.
En las localidades concentradas se atiende a alrededor de 2 millones de personas y, en las localidades semiconcentradas, a alrededor de 300.000 personas. También hay algunos APR en localidades dispersas, con una estimación de población de 37.000 personas, pero respecto a estas últimas no hay una estrategia declarada de cobertura, ya que estamos dedicados a terminar con las localidades semiconcentradas. Estas cifras, al tener un criterio distinto al del INE para definir localidades concentradas y semiconcentradas, no calzarán exactamente con las cifras del censo; además, hay algunos servicios sanitarios rurales que nacieron en determinadas condiciones y hoy operan abasteciendo a población urbana.
Un saludo, diputado, por su intermediación.
Entonces, esa es la situación que tenemos hoy respecto al número de servicios sanitarios rurales, población, arranques y desafíos. El desafío de alcanzar el 100% de las localidades semiconcentradas lo estimamos en más de 500 millones de dólares y, al ritmo de 25 APR nuevos por año, nos quedan aproximadamente 10 años por delante.
Adicionalmente a este mundo, existe otro que corresponde a los servicios sanitarios rurales no catastrados, que hasta ahora han operado en base a aportes de otros organismos, municipios y gobiernos regionales, y con una infraestructura propia que estimamos se irá incorporando gradualmente al sistema del Ministerio de Obras Públicas, lo que les dará derecho a inversión en infraestructura.
Otro tema importante está relacionado con la caracterización de este mundo de los servicios sanitarios rurales en términos de sus tamaños, siguiendo la categorización establecida en la ley. Menos de 300 arranques se consideran pequeños y estimamos que el 70% según esa clasificación son pequeños, atendiendo a 970.000 personas. Los medianos se definen como aquellos entre 300 y 600 arranques, con 458 catastrados hasta hoy, casi un 20%, con 590...
Mil personas abastecidas y los sistemas mayores, que tienen más de 600 arranques, son 299. Ayer hablamos de otras cifras, Jorge. Quizá sea porque ha pasado el tiempo, ya que se han incorporado 12, lo que equivale a un 12% de los sistemas, que ahora cuentan con 743.000 personas abastecidas.
Lo mencionamos porque estas distinciones están en la ley en términos de considerar, sobre todo, cómo se van a fiscalizar y tarificar estos servicios, y además porque la realidad de los servicios sanitarios rurales pequeños no tiene nada que ver con la de los mayores ni con la de los medianos, por lo que se hizo esta distinción.
Otro tema importante que queríamos mencionar es que este proyecto de ley debe ayudarnos, tal como fue concebido en un inicio, a adoptar todas las medidas en términos de regulación e incentivos para que podamos asumir el desafío de cumplir, en un plazo no muy largo, en Chile, con el derecho humano al agua y al saneamiento.
Hasta aquí hemos hablado del derecho humano al agua y se ha presentado el diagnóstico de cómo los actuales servicios sanitarios rurales cumplen en términos de calidad y continuidad del agua. Cabe señalar que, por cierto, no hemos abordado el tema del saneamiento, lo que no significa que no exista en más del 90% de las viviendas en Chile algún sistema de alcantarillado, ya sea mediante una fosa séptica u otro mecanismo. Sin embargo, no se trata de un plan de inversiones regular y sistemático que permita avanzar, pues tampoco va a ser posible utilizar las mismas tecnologías y metodologías en todos los lugares y para todos los tamaños de APR.
Respecto a la calidad del agua que se provee, la autorización sanitaria establece la periodicidad del control de calidad y el tipo de control que se debe realizar. En ella se indica cuáles servicios sanitarios rurales presentan muestreos y el porcentaje de cumplimiento que se maneja.
Además, es relevante señalar que 132 servicios sanitarios rurales, según nuestros registros, se abastecen actualmente con camiones aljibes.
También nos parece importante mostrar la inversión ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas en servicios sanitarios rurales. Se destaca que, a partir del año 2020, se observa un salto —aún no regular— que tiene más que ver con nuestra capacidad de ejecución que con el presupuesto, lo que augura un incremento de volumen hacia el año 2025. Además, ya se cuenta con un presupuesto de 280.000 millones para estos servicios, de modo que la tendencia se mantiene.
Finalmente, es importante mencionar que, al sumar las partidas indicadas, en definitiva, un cuarto del presupuesto se destinará a nuevos proyectos, y los tres cuartos restantes, es decir, el 75%, se invertirán en mejoramientos, ampliaciones o conservaciones de proyectos. Estamos hablando de proyectos que se iniciaron en los años 60, 70 y 80, y que requieren ser modernizados, mejorados y ampliados. Cada uno de estos servicios sanitarios rurales es ...
Es objeto de demanda por parte de nuevas viviendas, al igual que en las zonas urbanas, que requieren, cada cierto tiempo, ampliar su infraestructura. Para ello, el Ministerio de Obras Públicas es el que provee los recursos y ejecuta los proyectos, con contratistas privados encargados de la ampliación. Por eso, hoy día tenemos un 75% del presupuesto destinado a mantener, ampliar y modernizar la infraestructura, que después de 20 años siempre requiere inversión.
Volviendo a lo que mencionaba al inicio, es fundamental recordar y mantener vigente que todo marco regulatorio tiene que permitirnos avanzar en nuestro principal desafío: asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, que los hogares de Chile reciban, en cantidad, continuidad y calidad, el agua potable, además de contar con sistemas de recolección, conducción y tratamiento de las aguas servidas.
Hoy día, como indicaba, estimamos que en las zonas urbanas cumplimos con el derecho humano al agua y al saneamiento, aunque el 20% de las aguas servidas todavía se disponga en emisarios submarinos, no en una tubería costera, sino en emisarios submarinos controlados, con la certeza de que no son contaminantes o, en todo caso, que la potencia de dilución de nuestro océano es suficiente para recibirlas.
También es necesario que el marco regulatorio fomente o permita reducir la brecha de cobertura. Como mencionaba, al término del gobierno queremos alcanzar un 65% de cobertura de servicios en zonas semiconcentradas, lo que representa un desafío de alrededor de, o algo más de, 500 millones de dólares en inversiones, sin considerar los cientos de servicios sanitarios rurales que hoy día no están registrados en el MOB y que han sido atendidos por otros organismos.
Asimismo, se requiere la implementación de un plan permanente de rehabilitación y conservación de la infraestructura actual. Una cosa es la infraestructura y otra es el agua; es decir, una cosa es que cada APR tenga derechos de agua y otra es que exista agua disponible. La escasez o situación hídrica del país afecta de manera natural a los servicios sanitarios rurales, y parte del trabajo de este ministerio es asegurar la disponibilidad hídrica en Chile para las personas y, por supuesto, para los habitantes de las zonas rurales a través de estos servicios.
Por lo tanto, todo lo relacionado con nuevas fuentes de agua –ya sea por tratamiento, reuso o desalación– es fundamental. Existen varias plantas de desalación de tamaño menor que abastecen a los servicios sanitarios rurales a lo largo del país. Además, la reducción de pérdidas, aunque las cifras actuales no sean precisas en cuanto a la situación y la racionalidad en el consumo, es otro elemento que debemos incorporar.
Finalmente, en una línea extremadamente importante, existe una tarea gigantesca en términos de fortalecer las capacidades, el acompañamiento y la supervisión de los servicios sanitarios rurales por parte del Estado, así como de los propios dirigentes. Una parte importante de nuestros recursos se destina al trabajo con los dirigentes de estos comités de agua potable o sistemas sanitarios rurales; hablamos de alrededor de 2.500, es decir, de cerca de 12.000 dirigentes a lo largo de todo el país, quienes, por supuesto, no tienen por qué conocer los detalles técnicos del agua.
De gestionar, eventualmente, un equipo –a veces una persona– para lidiar con los vecinos, tanto para el cobro como para los impagos, en fin, un conjunto de asuntos que constituyen un gran desafío y que debemos tener presente en cualquier regulación.
Esta ley establece un marco institucional para la prestación de estos servicios. Se determina que cada uno de los servicios sanitarios rurales tendrá una licencia como operador en un determinado territorio, es decir, confiere una potestad y un reconocimiento legal que antes no tenían estas organizaciones. Además, se definen sus derechos y obligaciones, se crea la figura de la licencia que autoriza la prestación del servicio y se establecen procedimientos para el reconocimiento, la obtención, la evaluación y la caducidad de la misma; en particular, la norma de caducidad, similar a la de la sanitaria, resulta difícil de aplicar en un servicio sanitario rural.
También se asigna a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el rol de fiscalización y tarificación. Para nosotros, la Superintendencia ha jugado un papel esencial en lo que respecta al abastecimiento y a la calidad del servicio en las zonas urbanas. Han adoptado una metodología de fiscalización colaborativa para enfrentar a estas organizaciones, que en muchos casos no cuentan con los estándares de formación, calificación, aspectos técnicos de infraestructura y operación que sí tiene una empresa sanitaria. Por ello, la Superintendencia recibió recursos financieros y humanos para abordar esta tarea, incrementando su dotación de 200 a 250 personas (un crecimiento del 25%) al incorporar 50 colaboradores adicionales.
Desde noviembre del año pasado se inició el trabajo de fiscalización con los servicios sanitarios mayores, según me informó el superintendente y se presentó en la respectiva exposición. En este sentido, la fiscalización bien aplicada juega un rol fundamental en este modelo de abastecimiento.
Adicionalmente, se creó la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que actualmente opera con funciones de trabajo con los dirigentes, normativas, seguimiento y también en el área que se ocupa de la inversión y de la ejecución de proyectos a través de contratistas privados. Se instauraron Consejos Consultivos regionales y nacionales y, próximamente, sesionará el Consejo Nacional por primera vez, en el que participan entre 2.400 y 2.500 organizaciones sociales, sumando alrededor de 12.000 dirigentes, lo que resulta fundamental para avanzar de forma estructurada en estos consejos.
La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que contaba con una dotación significativa de más de 300 personas (345 en el año 2018), absorbió la totalidad de la tarea que realizaban las empresas sanitarias. Cada servicio sanitario rural tenía un convenio con la empresa sanitaria para recibir asesoría técnica y administrativa; la ley puso fin a estos convenios, estableciendo un plazo para ello, y transfirió esa labor a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.
Y quiero decirles que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil y yo creo que todavía tenemos por avanzar. Esta ley – ¿cuándo salió el reglamento, Magdalena? – en el 2020; se tomó algo más de dos años generar el reglamento. En realidad, la ley es grande y amplia, como yo dije, abarca muchas temáticas y se han enfrentado distintos obstáculos y resistencias para su aplicación, en particular con lo que tiene que ver con los servicios sanitarios rurales, naturalmente de menor tamaño. Aquí ha habido exigencia de avanzar en la preparación para una fiscalización, para un proceso de tarificación más racional y para poder analizar las finanzas de estos sistemas, aunque sean pequeños, con una lógica que permita asegurar su sostenibilidad en el tiempo, de la forma que sea.
Se requiere que ellos conformen un fondo financiero que les permita cubrir ciertas reparaciones de emergencia, por ejemplo. Hoy en día, siempre se dice que cuando se quema una bomba, tienen que acudir a la DOH, al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esas situaciones son complejas y especiales. Entrar en este marco regulatorio ha sido especialmente complejo y ha enfrentado resistencia, sobre todo para las organizaciones de menor tamaño, que, como vimos, constituyen el 70% de todas nuestras organizaciones. Se dictaron leyes breves para prorrogar plazos, para dar flexibilidad en lo que respecta al registro, las licencias y para prorrogar los plazos de fiscalización y de tarificación. Además, hay una iniciativa en este mismo minuto en el Congreso que, por cierto, no compartimos.
Todo esto generó que, a mediados del año 2023, se conformara una mesa de trabajo – la MUN –, integrada por 30 representantes electos de todos los APR del país, junto con profesionales del Ministerio, tanto de la Dirección de Obras Hidráulicas y de Servicios Sanitarios Rurales como de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y también de otros ministerios. Esta mesa sesionó entre septiembre del 2023 y mayo del 2024, donde se generó un informe que era, por supuesto, nuestra responsabilidad y compromiso para construir a partir de ahí las indicaciones para un proyecto de ley que modificara la ley N° 20.998.
Así que, desde mayo del 2024, estamos trabajando en ese conjunto de indicaciones, que se orientan a simplificar y adecuar la normativa en sus distintos ámbitos, a buscar cómo fortalecer aún más la institucionalidad que debe estar a cargo de este sistema y a incorporar elementos que nos permitan seguir mejorando y proyectar un sentido futuro respecto a las mejoras continuas en el abastecimiento de agua y en el saneamiento de la población.
Los principales contenidos de este proyecto de ley son, en primer lugar, reconocer como principio rector el acceso al agua potable como un derecho humano, también en las zonas rurales y a través de los servicios sanitarios rurales. Esto nos confiere, a través del Código de Aguas, algunas facultades particulares cuando está en riesgo el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Asimismo, se simplifica el régimen de licencias. Ahí voy a pasar más rápido para ceder la palabra o para responder consultas, ya que nos preguntábamos cuál es el sentido de estas licencias.
Y si era necesario, y si no podíamos entregarlas de facto, porque se requiere una cantidad de elementos para otorgar una licencia que no resulta difícil, ese es un punto importante a abordar.
Lo otro es contar con un buen diagnóstico, regular y permanente, de los servicios sanitarios rurales, sobre la prestación de servicios, la cobertura, la sostenibilidad financiera de los sistemas, la calidad y un conjunto de otros aspectos que nos permitan focalizar y priorizar apropiadamente la inversión, tanto la inversión nueva como la de reposición, mantenimiento, conservación y ampliación.
También se incorporan elementos para las situaciones de emergencia, en relación con ese fondo financiero del que hablábamos, un fondo de recursos que se pueda generar a partir de las tarifas. Esta nueva modalidad de fiscalización y el régimen sancionatorio por parte de la Superintendencia –que el superintendente explicó en detalle en alguna sesión anterior– contempla la gradualidad para la aplicación del nuevo régimen de tarifas y el fortalecimiento de los Consejos Consultivos.
Nosotros no estamos considerando la ampliación de los plazos, pues nos parecen prudentes; son plazos que se proyectan a futuro y no es tan necesario resolverlos de inmediato, y en lo que vamos avanzando, vamos avanzando bien. Es cierto que este proceso se inició el año pasado –ustedes ya conocen el avance en los 260 servicios sanitarios rurales– y este año se iniciarán, aproximadamente, 120 procesos de fiscalización, término que engloba también aspectos de tarificación. Se recalca que la fiscalización no debe entenderse como algo estrictamente punitivo, sino como un proceso colaborativo que consiste en establecer planes de cumplimiento y relevar los temas que es necesario fortalecer, en lugar de simplemente multar, ya que las multas pueden afectar la situación financiera y no asegurar que las APR respondan como se requiere.
Hemos estado trabajando en nuestro anteproyecto en el marco del trabajo interministerial. Ustedes saben que todos los proyectos que se presentarán al Congreso cuentan con un trabajo técnico interministerial, lo que implica considerar muchos aspectos, incluido el tema presupuestario, ya que cuando hablamos de reforzamiento también se incorporan recursos. Además, tendremos que comprometer una fecha para ingresar al Congreso con estas indicaciones, por lo que espero sus preguntas.
Gracias, ministra.
Bueno, se ha incorporado ahora la senadora Proboste, el senador Pino, el diputado Pino y el doctor Estudianta a nuestra comisión. Si bien es cierto, espero que los senadores realicen algunas consultas para, posteriormente, pedirle a la ministra su opinión sobre los proyectos que ya ha esbozado.
Se ofrece la palabra, estimado senador, el senador Cushing.
Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer la información de la señora ministra y hacer varias consideraciones. La primera es que, si nos puede enviar la información de la distribución comunal y regional de los nuevos servicios sanitarios que se considerarán –un listado por comuna, ya sea de los 120 u otro número–. Y, además, ¿cuál es la situación de los campamentos en materia de abastecimiento de agua potable? Porque en mi región han aumentado.
Mucho, por diversas razones. Ahora se ha recuperado el ritmo de construcción, particularmente en las comunas de Puerto Montt y Osorno, pero en estos dos o tres años en que no se recuperó el ritmo crecieron mucho los campamentos y en otras comunas también. La región tiene 30 comunas y se ha recuperado el ritmo de construcción, especialmente en Puerto Montt y Osorno.
Después, aquí la señora ministra planteó que hay un 75% del presupuesto dedicado a la mantención de los sistemas existentes. En mi región, como lo he planteado acá a propósito de otros temas en esta Comisión, tenemos pérdida de sistemas. Sistemas que se secan, que hay que ir a buscar el agua más abajo, y un aumento considerable en el abastecimiento de camiones aljibe, cada vez más caros.
Bueno, respecto de las cifras que no calzan, las cifras del Ministerio de Obras Públicas con las del censo: efectivamente, el censo que terminó en julio del 24 recién se están entregando los datos y, a propósito de eso, quería entregarle a la señora ministra y al señor Rodrigo Sangüesa, director general de Agua, algo que salió en el diario de Puerto Montt ayer. Precisamente, nosotros estamos muy bajos en materia de abastecimiento de agua urbana, no solamente rural. Yo aquí hablaba un poco más de los temas rurales; esas son las cifras del censo, no importa que no calcen, porque sinceramente le creo más al Ministerio de Obras Públicas que al censo, pero se lo entrego.
Después, estos 132 sistemas de agua que se reemplazan con camiones aljibe, yo creo que en mi región debe estar la mayoría, porque estamos lentos en la construcción de sistemas de agua potable rural y estamos incrementando la participación de los camiones aljibe por haberse secado algunos sistemas, lamentablemente.
Luego, está la situación de los servicios abandonados a medio construir, presidente, en particular en la isla Lemuy. Se trata de situaciones antiguas, pero quedaron a medio construir; no sé qué se va a hacer allí, si eso se puede recuperar o si quedará definitivamente abandonado, perdiéndose así las inversiones que se hicieron.
Y después, en el marco regulatorio que se nos está presentando, se plantea incorporar la posibilidad de que se permitan soluciones particulares, que se faciliten dichas soluciones. Aquí hemos hablado de embalses, tranques, represas pequeñas, pero también de otros sistemas y, especialmente, de la captura de aguas lluvias, porque en mi región llueve mucho. En este momento estamos con mucha lluvia y debe haber sistemas económicos para ganar días, semanas o incluso meses al verano.
Finalmente, estábamos desde hace tiempo con un plan con empresas israelitas para desarrollar prototipos de plantas desalinizadoras en islas de Chiloé —como se ha conversado en otra oportunidad— y también en la península de Rilán. Afortunadamente, yo les dije: “Por favor, no sigamos con esto, porque podemos perder el tiempo”. En todo caso, he oficiado al Ministerio sobre los tres proyectos en los que queríamos ver sistemas modulares muy pequeños; son como termos, estoy exagerando, y si es para más gente se instalan dos módulos, tres módulos, según corresponda. Eso lo estamos haciendo, pero yo fui partidario de insistir, porque creo que, de no hacerlo, no vamos a llegar; sin embargo, eso debe hacerlo el Ministerio, al cual he oficiado hace ya un año o más respecto de este tema.
Eso quería decir, gracias.
Muchas gracias, presidente.
Bueno, sabemos que la realidad de la región de Valparaíso es el emblema nacional de la crisis hídrica en esta región, digamos. Entonces, obviamente, los APR se han visto…
Han tenido que aumentar la profundidad y el ancho de sus pozos, hay sistemas que no funcionan. Después, además, tuvimos una serie de problemas con otros temas, ya que tuvieron que cambiar los filtros que generan, y es muy bien, como decía la ministra por su intermedio, se cambian los filtros y tienen que entrar a unos procedimientos engorrosos enormes para conseguir filtros nuevos. Finalmente, terminan acudiendo al Senapred para que les dé unos filtros temporales, digamos, pero después del proceso entramos en ese problema de que no hay una línea, digamos, de financiamiento que sea menos engorrosa que entrar a que la DOH haga todo el trabajo.
Yo, la verdad, es que sobre estos proyectos tengo algunas consultas sobre, más allá de esta situación, cómo está la capacidad instalada del Ministerio para la puesta en marcha de estos proyectos. Porque yo la otra vez tuve la duda: si vamos a entrar, por ejemplo, al proyecto de los puntos de captación, ¿tenemos la capacidad de revisar que se cambie esto de los 200 metros, que se pegue una diferencia? Tenemos hoy día en el Servicio Sanitario Rural esa capacidad de poder hacerlo. Y, en segundo término, es una solicitud que ha sido de las propias APR: correr el tema de la fiscalización. ¿Se está conversando eso? Hay una relación de Servicios Sanitarios Rurales para ver de qué forma se va a poner en marcha la implementación de los nuevos términos, porque hoy día la APR ya tiene una situación complicada en general para funcionar.
Por ejemplo, yo le cuento un ejemplo claro. Hay una APR que se llama La Victoria, que está entre Concona y Limache. Primero, tienen el problema de que no saben bien de qué comunas son. Entonces, eso ya les genera una serie de complicaciones, porque son dos provincias distintas, lo cual genera inconvenientes que, bien sabe el director general de agua, dificultan definir dónde está el punto de captación. Además, han tenido problemas con los filtros y todo eso, pero también enfrentan complicaciones administrativas, ya que no pueden habilitar ciertos procesos porque no tienen el permiso sanitario del APR, lo que impide que puedan tener una posta rural. Entonces, hoy día estamos preparados para darle la asesoría necesaria al APR para estas nuevas fiscalizaciones, las cuales les van a significar aún más trámites burocráticos que complican su funcionamiento. Esa es mi pregunta, y quisiera saber si podemos estar en capacidad de ello.
Eso es, presidente, muchas gracias.
Senadora, por usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludo a la ministra y a su equipo. Quisiera hacer un par de consultas. Primero, si es que nos puede la ministra ilustrar quiénes integran el Consejo Nacional, porque, de alguna forma, los consejos consultivos regionales tenemos ciertas nociones de quiénes están participando, pero sería bueno conocer quiénes integran el Consejo Nacional y contar con algún medio de verificación respecto de las reuniones que se han tenido, los temas tratados y los acuerdos a los que han llegado. Lo expongo, presidente, porque nosotros recibimos el 28 de agosto del año pasado, del Ministerio de Obras Públicas, también respecto de este tema. Hay presentaciones que avalan ese 28 de agosto del año 2024. ¿Qué nos dijo en ese momento la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales?
Quisiera preguntar, además, porque la ministra también ha colocado estos temas en su presentación. Ella indicó que, respecto al proceso de tarificación, el 28 de agosto del año 2024, a partir de este año la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en 2025, iba a realizar los estudios de tarifa para los sistemas medianos y mayores. Entonces, quisiera que nos enviaran copia de esos estudios de tarifa para los sistemas medianos y mayores.
Presidente, mire, cuando nosotros recibimos con posterioridad al superintendente de Servicios Sanitarios acá, señaló que había un proceso de acompañamiento. Yo le manifesté, presidente, en esa oportunidad que era complejo cuando se escucha solo a una parte, porque la otra tiene una visión absolutamente distinta. Este proceso no lo hace la Superintendencia directamente, sino que ha contratado a una empresa consultora; y los correos que dicha empresa consultora entrega a los dirigentes y a los comités de Servicios Sanitarios Rurales generan, en un lenguaje complejo, una situación que les produce mucho agobio. Entonces, la verdad, presidente, yo quiero pedirle formalmente, se lo habíamos pedido en el día de ayer, entiendo que...