En la sesión 91 especial se da por aprobada, por haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión 92 ordinaria, la cual se pone a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor Secretario dará la palabra.
Gracias, presidenta.
Se han recibido los siguientes documentos:
En primer lugar, un oficio de su excelencia, de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia, calificada de suma, para el despacho del proyecto de ley que establece requisitos para otorgar patentes municipales a guarderías infantiles.
En segundo lugar, otro oficio, también de su excelencia, del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia, calificada de suma, para el despacho del proyecto de ley sobre armonización.
En tercer lugar, un oficio del Presidente del Consejo Nacional de Televisión, en respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en el que se manifestó el malestar por la forma en que un canal de televisión emitió, en el mes del pasado, un reportaje acerca de los graves abusos de que fueron víctimas dos menores de edad, sin perjuicio de reconocer el deber de información que incumbe a los medios de televisión. Sobre el particular, el Presidente del Consejo Nacional de Televisión informa que, para iniciar un procedimiento de fiscalización sobre los contenidos de dichos reportajes, es necesario contar con información respecto del canal de transmisión (ya sea concesionario o previsionario), el nombre del programa y el día y la hora de la emisión, con el fin de determinar si se ha configurado alguna eventual distracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
En cuarto lugar, se recibió una solicitud de la diputada de la zona de Caudiamix para que se invite, en una próxima sesión, a la agrupación Cooperación Verde, integrada por estudiantes y la comunidad del Colegio San Alberto Hurtado de la comuna de Pudahuel. Esta organización es una agrupación con un enfoque medioambiental e inclusivo y en la que participan de manera activa en el proceso de elaboración de aceites derivados de plantas.
En quinto lugar, se recibió una carta dirigida a la presidenta de esta comisión, en representación de la Fundación INES, organización liderada por personas que han sido víctimas directas del sistema de protección residencial del Sename, solicitando exponer sus puntos de vista a propósito del proyecto de armonización.
En sexto lugar, se recibió un correo electrónico del Gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se excusa la inasistencia del señor ministro, quien había sido invitado, por encontrarse en feriado legal. En su lugar, lo representará el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Ernesto Muñoz, junto a su jefe de Gabinete, Francisco Muñoz, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios Progantes, don Felipe Arraigo.
Finalmente, se recibió un reemplazo: don Hugo Rey, por don Juan Carlos Beltrán.
Esa es toda la cuenta.
Gracias, secretario.
Voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta.
No hay problema, estimado diputado. Vamos a ofrecer también la palabra en puntos varios.
Muy bien. Diputada Delgado, luego tiene la palabra la diputada Mix.
¿Hace micrófono? ¿Todavía? Ahora sí. Bueno, Presidenta, recibimos la solicitud del Colegio San Francisco de Asís, ubicado en Santiago Centro. Esta es una institución que, desde 1999, entrega educación especializada a estudiantes sordos, desde prekínder hasta educación básica. Lamentablemente, les están pidiendo que salgan del lugar donde han estado por varios años y ellos necesitan conseguir otro espacio, ya que la educación que imparten se basa en la lengua de señas con métodos orales, algo innovador en Chile, y no lo pueden dejar a la deriva. Por ende, ellos quisieran que los recibiéramos en esta comisión; por lo cual, le dije que sí y que me gustaría que invitemos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Bienes Nacionales para ver de qué manera podemos ayudar a estos niños, pues, de lo contrario, quedarían sin educación y, literalmente, en la calle. Así que quisiera pedir el acuerdo para ver si podemos recibir a este colegio e invitar a los dos ministerios que estoy solicitando.
Gracias, diputada Delgado. Vamos a hablarlo acá con la comisión. Entiendo que es de educación, ¿verdad? Ya, perfecto. Lo estamos agendando con el secretario; tenemos una larga lista de invitados, pero lo tendremos en consideración.
Diputada Delgado, tiene la palabra la diputada Nix.
Perdón, Presidenta, lo que sucede es que estaba tratando de abrir la cuenta y, cuando usted ya ingresó, quería reforzar una invitación que hice en el punto número 4 de la cuenta para que podamos aprobarlo y que ustedes también lo vean en la agenda. Se trata de invitar a una agrupación —en realidad, es una cooperativa— llamada Cooperación Verde, integrada por estudiantes y la comunidad del Colegio San Alberto Octavo de la comuna de Pudahuel. Se trata de una agrupación con enfoque medioambiental inclusivo, compuesta fundamentalmente por jóvenes y adolescentes autistas que desarrollan un trabajo muy interesante en su liceo, ya que, a través de la cooperativa, no solo generan cohesión social y fomentan el trabajo en equipo, sino que también fabrican sus propios productos, como aceites, aromas terapia, etc. Me encantaría que, como comisión, pudiéramos conocer esta experiencia y por ello solicito que programemos un día para invitarlos.
Y, lo otro, Presidenta: me quedó la duda en el punto 3 de la cuenta. No sé si el secretario nos puede confirmar si se envió el oficio y si hay respuesta respecto al Consejo Nacional de Televisión sobre la emisión del programa o si nos han hecho alguna observación respecto de los antecedentes. Según tengo entendido, la comisión le envió un oficio al Consejo Nacional de Televisión, manifestando su inconformidad por la cobertura de estos programas, pero no se solicitó una fiscalización completa. Creo que es importante que esto no sea solo un medio para expresar la molestia que nos ha causado como comisión, sino que se vaya un poco más allá y se realice una fiscalización al respecto. Secretario, quisiera tomar el acuerdo de la comisión para insistir con esta fiscalización y que se nos entregue una respuesta formal sobre lo acordado en esta comisión.
¿Sí? Sí, quedó como una carta de molestia, perdón. Quedó como una carta de molestia y, según lo que entiendo, lo que pedimos como comisión fue un oficio fiscalizador. Entonces vamos a reiterar ahora con un oficio fiscalizador, señoritario, si es posible. No fue un oficio de fiscalización, pero para entregarse, no es cierto. Ellos están pidiendo que se les envíe una serie de datos sobre los programas que se emitieron a propósito de estos menores abusados. Habría que enviarles esa información y, una vez que ellos la tengan, podrían iniciar un proceso de comunicación. ¿Y eso qué les viene? Habría que buscar los datos precisos sobre la fecha en que se emitió el programa y en qué canal.
Perdón, ¿te voy a dar por mi micrófono? Sí. Ahora sí.
Diputado Mesa: Entiendo que tenemos ahí un error en el concepto. Es que yo creo que habría que volver a enviar el oficio con una reacción un poco más contundente, digamos, para hacer entender al Consejo Nacional de Televisión que esta situación ocurrió en todos los medios de comunicación. Primero, hay un canal que fue el primero en emitir el reportaje, que, si no me equivoco, es Canal 13, pero, más que nada, la molestia que viene desde la comisión –o, por lo menos, la que a mí me llevó a aprobar la solicitud de este oficio– es que el Consejo Nacional de Televisión no ha tomado ninguna determinación al respecto. Entonces, justamente, le estamos llamando la atención para que tome las medidas necesarias y nos piden que hagamos una denuncia, cuando esto es una cuestión que pasó a la vista y con la paciencia de todo el mundo. Quizás, como forma de agotar –por así decirlo– el espacio de excusa que puede dar el Consejo Nacional de Televisión, habría que buscar el programa y la fecha y hora exacta en que se emitió. Pero yo también haría énfasis en el hecho de que aquí es el Consejo Nacional de Televisión el que debería tomar la iniciativa en esta cuestión.
Muchas gracias.
(Diputado Mesa: Problema acá, ahí sí. Gracias.)
Diputado Mada: Era sobre el punto. ¿Ya usted quiere un punto vario? Ya, perfecto. Perdón, le doy el... Ya, gracias. Gracias, presidenta.
Diputada Ahumada: Bueno, saludo a todos los presentes y a quienes nos acompañan. Justo se me cayó la tabla. Punto número 5. En el punto número 5, la Fundación INE hace una solicitud a la Comisión para que, en representación de la Fundación INE –organización liderada por personas que han escrito a la Comisión, quienes han sido víctimas directas del sistema de protección residencial del Senado–, se reconozca su profundo respeto y compromiso hacia la infancia y la adolescencia de nuestro país, basándose en su vasta trayectoria y colaboración activa en instancias legislativas. Hay una carta –se me cayó el sistema–, pero lo que quiero decir es que, en ese punto, si pudiéramos acordar –ya sé que hay varias solicitudes–, creo que necesitamos, insisto, una sesión especial solo para poder escuchar a todos los que nos han presentado solicitud, porque si no vamos a seguir haciendo que esta lista sea mucho mayor. Por ello, solicito que podamos tomar acuerdo para que ellos sean escuchados lo antes posible, ya que también hacen un llamado para la ley de armonización que no fueron considerados. Eso es lo que indican en la solicitud del punto número 5. Después, hago mi punto vario. Eso es en la cuenta, presidenta.
Diputada Ahumada: Muchas gracias.
Presidenta: Gracias, diputada Ahumada. Nosotros todavía tenemos abierta la posibilidad de que las personas puedan venir a exponer sobre la ley de armonización; es decir, estamos recién iniciando y vamos a tener la posibilidad de que muchos puedan presentarse. Ya tenemos algunos invitados, pero es posible, diputado Ahumada, incorporar a más personas que vengan a dar su punto de vista y a exponer respecto a un proyecto tan importante que, para mí, creo que es el proyecto más importante que nos tocará votar nosotros acá, como Comisión de Desarrollo Social, porque podría venir a subsanar.
Varios temas que hoy día nosotros hemos levantado acá en la Comisión con respecto a Mejor Niñez y a las vulneraciones de las que están siendo víctimas los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, vamos a ver la opción de poder sumarlo a los invitados, sin tener que hacer una sesión especial en el caso de su invitado, pues contamos con la posibilidad de invitarlo a la sesión que se lleva a cabo todos los miércoles. ¿Le parece?
Antes de comenzar la sesión, quiero hacer un punto vario que tiene relación con una situación que se está viviendo en mi región, la Región del Bío Bío. Como habrán enterado a través de la prensa, lamentablemente se han registrado en los colegios casos en los que se han empleado armas blancas, y no únicamente estas, sino también tiroteos directos. La semana pasada, en la comunidad de San Pedro de La Paz, y posteriormente en Coronel, un alumno agredió a una compañera de curso con un arma blanca; y hoy, lamentablemente, en Talcahuano –comuna de la cual también soy representante– un alumno intentó, igualmente con un arma blanca, agredir a un inspector del colegio.
Quiero señalar que el día más trágico fue cuando dos niños cayeron de un edificio, en el piso 13, antecedente que ustedes seguramente conocen, y con mucho dolor debo informar que uno de ellos falleció. Ese mismo día se registró el tiroteo en San Pedro de La Paz, que involucró a niños menores de edad.
El señor Anuar Quezille, defensor de la niñez –quien en diversas ocasiones ha participado en esta Comisión, incluso en la Comisión Secreta– estaba en la región, pero nunca se hizo presente ni en la comunidad educativa, ni con los padres del afectado, ni con el municipio de San Pedro de La Paz. Esto deja la sensación de que el defensor de la niñez incumplió con su deber, ya que, a pesar de encontrarse en la región y tener en sus redes sociales evidencia de actividades con jóvenes, lo mínimo hubiera sido que estuviera presente o, al menos, que mostrara interés por conocer lo sucedido en el colegio, en el tiroteo de alcance nacional y en el accidente en el que dos niños cayeron del piso 13, costando la vida a uno de ellos.
Por lo tanto, solicito a esta Comisión que oficiemos a la Defensoría de la Niñez para que nos explique el motivo por el cual el señor Quezille no cumplió con su deber en una situación tan delicada como la vivida en la Región del Bío Bío, puesto que es lo que hubiéramos esperado de él, considerando que en otras ocasiones lo hemos convocado para abordar las vulneraciones sistemáticas que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Así que solicito el acuerdo para ello. ¿Formalmente, sí? Perfecto. Procederemos a pedir el acuerdo formal para, nuevamente, oficiar al Consejo Nacional de Televisión. Perfecto.
(Diputada Ahumada tiene la palabra)
Muchas gracias. En varios me sumo en dos puntos. Primero, creo que ante los hechos graves que han estado ocurriendo últimamente con nuestros jóvenes y niños –tiroteos y hechos de violencia tan graves– es necesario convocar al ministro de Educación, ya que hoy día nos puede aportar información respecto al nuevo ESLEP y al rol que desempeña el presidente de la Asociación de Municipalidades, en temas de seguridad en el área de educación. Asimismo, debemos abordar el asunto del defensor de la niñez y la Defensoría de la Niñez, para que se nos dé un espacio en el que se explique qué estamos haciendo, qué no hemos hecho y qué se hará, dado que la incidencia de agresiones en las comunidades educacionales ha ido en aumento. Hemos visto cómo jóvenes y adolescentes han perdido la vida por hechos ocurridos tanto dentro como alrededor de los centros educacionales. Creo, por tanto, que de verdad estamos ante un problema.
Una situación compleja que es de toda responsabilidad, y nos invita a darnos el espacio para ver qué vamos a hacer para proteger a nuestros niños y adolescentes. Estas son comunidades que constituyen la segunda casa, el segundo hogar, el segundo espacio que tienen nuestros niños y adolescentes, por lo cual creo que ahí debemos colocar nuestro foco, Presidenta. No sé si usted lo tiene. Gracias, Diputada Humada.
Yo quiero proponer, entendiendo lo que está ocurriendo hoy día con el tema de educación –además de lo mencionado por la diputada Delgado, que tiene relación con el Ministerio de Educación– que realicemos una sesión especial. Les propongo que tomemos un acuerdo para no detenernos en los proyectos tan relevantes e importantes y para avanzar. La idea es fijar una sesión especial el día lunes a las 3 de la tarde; ojalá puedan asistir todos, de manera que podamos abordar el tema de educación, el tema de la violencia y, adicionalmente, un asunto de gran relevancia. Aprovechando la presencia del subsecretario, se destaca que se ha llevado a cabo una campaña comunicacional muy fuerte respecto a la explotación sexual infantil, tema que debemos abordar porque los números y las cifras son alarmantes. En esa sesión especial podríamos invitar al Consejo Nacional de Televisión, al Defensor de la Niñez y al Ministro, para que, en conjunto, avancemos sin detener los proyectos importantes que se están discutiendo en Comisión. ¿Les parece?
Le doy la palabra ahora al diputado Otuiti Teao.
Gracias, Presidenta. Justamente, era sobre el punto que me asiste, pues, en este momento en la sala del Senado se está por debatir un proyecto de ley relacionado con la convivencia escolar para prevenir y erradicar la discriminación y todo tipo de violencia en establecimientos educacionales. Se cuenta con un número de boletín; estaba ubicado en el sexto punto y, tras un acuerdo, hace pocos instantes lo ubicaron en el segundo lugar, por lo que es muy probable que comience el debate de inmediato. Si le parece, Presidenta, me comprometo a enviar a la Comisión –a usted y a los demás integrantes– toda la información correspondiente al proyecto de ley, junto con una minuta de la votación, ya que, por lo que se ha dicho y observado, sería muy oportuno hacerle un seguimiento.
Gracias, diputado Otuiti Teao.
Efectivamente, se está debatiendo en el Senado un proyecto de convivencia escolar, pues los protocolos que se aplican actualmente en los colegios relacionados con la no violencia y el respeto definitivamente no funcionan. Cada día incrementan los casos de bullying y violencia escolar, por lo que es importante y tendremos antecedentes en esta Comisión sobre este proyecto, que considero fundamental para avanzar.
Me parece bien. Procedamos entonces: no hay más puntos varios.
Respecto a la organización, propongo que la próxima sesión se lleve a cabo el lunes 16 a las 15 horas, para que podamos organizarnos adecuadamente.
Tomados los acuerdos, vamos a recibir primero al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo, quien se encuentra en la orden del día, para que explique los motivos que tuvo a la vista el Ejecutivo para no incluir el proyecto de ley –de origen en mensaje y en primer trámite constitucional en el Senado desde el 15 de septiembre de 2023– que modifica la ley N°19.968, la cual crea los Tribunales de Familia y otros cuerpos legales, adecuándolos a la ley N°21.430. Asimismo, se tratará el proyecto de armonización de la ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia y modifica normas legales que indica la ley N°20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, en concordancia con la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Este boletín ingresó al Parlamento de la Nación.
El 21 de septiembre del 2022, toda vez que dicha información ha sido objeto de críticas por parte de algunas organizaciones que han sido recibidas durante la discusión en general del proyecto, a continuación vamos a saludar también a la subsecretaria, que está junto a nosotros, quien generalmente forma parte de nuestra comisión; y, por supuesto, para comenzar a discutir este proyecto, que como lo hemos mencionado en varias ocasiones es muy importante, esperamos que avance con premura y que además contemos con muchos invitados para ir mejorándolo. Así que, sí, acá está el subsecretario. Perfecto, vamos, como el ministro no está, a saludar al subsecretario, pero antes le quiero dar la palabra a la subsecretaria para que salude a la comisión.
Subsecrearia:
"Gracias a la comisión por el trabajo que se está realizando. Nosotros nos comprometemos a entregar toda la información que tenemos respecto del tema de la violencia contra los niños. Contamos, como he mencionado anteriormente, con un grupo de trabajo especializado en esta materia que puede informar sobre las diversas acciones que se han estado llevando a cabo. De hecho, los dos casos de San Pedro de la Paz y lo que hemos estado observando en estos días corresponden a situaciones que están bajo nuestro trabajo; hemos tenido todos los contactos necesarios con las familias de los dos niños que tuvieron el accidente, uno de los cuales, según informa la presidenta, falleció.
En relación con la ley de armonización, es fundamental la conversación que vamos a tener ahora respecto de la conexión existente entre algunas de sus disposiciones y el proyecto de reforma de tribunales de familia. Existe una conexión de elementos complementarios que resulta muy importante para articular ambos proyectos, permitiendo a la comisión conocer el enlace entre ellos y la relevancia de coordinar sus temporalidades. Gracias."
Con las excusas del ministro Jaime Gajardo, quien por problemas legales no se encuentra, asumo la palabra en calidad de ministro subrogante para dar cuenta de lo señalado por la subsecretaria en cuanto a la tramitación legislativa de estas dos iniciativas legales. A pesar de trazos complementarios, las iniciativas buscan implementar dos subsistemas de protección de niños, niñas y adolescentes: uno de carácter administrativo y otro judicial. Asimismo, me acompaña el jefe del Departamento de Seguridad de Estudios, don Felipe Rayo, quien ha tenido una participación fundamental en la tramitación de este proyecto.
Si me lo permiten, cedo la palabra a don Felipe para que nos explique en detalle la evolución de este tema.
Don Felipe Rayo:
"En general, ambas iniciativas legales, si bien tienen su origen en la necesidad de hacer adecuaciones conforme a la ley 21.430, recaen en dos subsistemas distintos que deben coordinarse entre sí, a cargo de actores diferentes, en el marco de la protección integral de niños, niñas y adolescentes bajo la rectoría de dicha norma básica. A esta coordinación se suma que el Ministerio de Justicia ha aprovechado la oportunidad para introducir ciertas enmiendas legales que contribuyen a mejorar el acceso a la judicatura."
de familia de toda la población y, por lo tanto, la iniciativa también supone adecuar la Ley 19.968 a las disposiciones de la Ley 21.430, yendo más allá de eso, una actualización de la legislación de procedimientos ante los tribunales de familia a más de 20 años de su publicación, una actualización muy necesaria a 20 años de la entrada en vigencia, sin que hubiera experimentado mayores cambios.
Entonces, en resumen, don Felipe nos va a explicar en detalle: se evidencia una coordinación e integración que tiene que darse dentro del sistema, pero la razón de la separación o la tramitación paralela tiene que ver con dos subsistemas y, además, con una agregación de propósito que se concreta en el proyecto del Tribunal de Familia, que justamente incorpora este fortalecimiento y actualización a 20 años de la entrada en vigencia.
Si le parece, Presidenta, podemos que a través de don Felipe se explique en detalle esta situación. Por supuesto, le damos la palabra, gracias a su secretario, y le damos la palabra al señor Felipe que nos acompaña. Felipe Rayo, ¿verdad?
Sí, perfecto, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a la Comisión. En relación a la consulta que se nos hace, es bueno partir recordando que, efectivamente, las dos iniciativas legales – la que está hoy en segundo trámite en esta Comisión y la que está en primer trámite en el Senado, en la Comisión de Constitución – tienen su origen en la Ley de Garantías, o Ley 21.430, que se publicó en marzo del año 2022.
Como explicaba el señor subsecretario, esta ley, a la que me refiero como la ley de garantías, conformó un sistema de protección integrado por dos subsistemas, uno administrativo y otro judicial. El objetivo de esa ley era crear una nueva institucionalidad de protección administrativa que no existía, por lo que las medidas de protección recaían siempre en los tribunales, con el fin de que la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes pudiera ser cubierta por las oficinas locales de la niñez y su coordinación intersectorial, otorgando respuestas integrales con pertinencia territorial y asegurando que el acceso a la justicia sea, por tanto, una medida de última ratio.
De esta forma se crean estos dos subsistemas. Por lo tanto, las dos propuestas tienen por objeto realizar las adecuaciones en cada uno de estos sistemas conforme a la Ley 21.430, sin desconocer que son subsistemas distintos y con actores distintos.
El boletín que está en conocimiento de esta Comisión, el 15.351, tiene por objeto adecuar la nueva institucionalidad administrativa de protección de niños, niñas y adolescentes a la Ley de Garantías, surgiendo de mandatos y disposiciones distintos de dicha ley. Esta necesidad de adecuar el sistema de protección administrativa tiene su origen en lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la Ley 21.430, el cual tenía por objeto permitir la presentación de una iniciativa a seis meses de la publicación de la Ley de Garantías, para detectar los problemas que se fueran suscitando con la implementación del sistema de garantías o del sistema de protección administrativa que se estaba desarrollando.
De hecho, desde la Ley de Garantías se establecieron plazos de seis hasta un año para dictar varios reglamentos, y a partir de ello se procedería a una primera adecuación. Como ustedes sabrán, este es un proyecto extenso el que está conociendo esta Comisión, ya que realiza modificaciones legales a distintos cuerpos normativos: se modifica la Ley de Garantías, se modifica la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y se regula o se modifica la Ley 20.032 sobre aportes financieros del Estado a los organismos colaboradores. Esta es toda la faz de la protección administrativa, y cada uno de estos aspectos tiene responsables distintos. De esta manera, la ley que abarca la protección administrativa y genera una nueva institucionalidad modifica, en cierto modo, la Ley de Garantías.
Que es donde está toda esta institucionalidad que se concibe al alero de este ministerio. Se modifica el Servicio de Protección Especializada, que ustedes muy bien saben, es el que está a cargo de la provisión de oferta especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos; servicio público que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y se modifica la ley 20.032, que regula las formas y condiciones en que el Servicio de Protección Especializada de la niñez y adolescencia se relaciona con sus organismos colaboradores.
Por otra parte, el boletín que le tocó concebir al Ministerio de Justicia, siempre coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social porque esto está dentro del paraguas de la ley de garantía, tiene su origen en una disposición —me parece que era el artículo cuarto transitorio— que establecía la obligación del Presidente, a 18 meses de publicada la ley de garantía, de presentar un proyecto de ley con el objetivo específico de adecuar los procedimientos judiciales ante los tribunales de familia a las normas, principios y garantías de dicha ley.
Entonces, aquí los actores también son distintos. Efectivamente, ya no hablamos de protección administrativa, servicio de protección especializada u organismos colaboradores; directamente, los actores son los tribunales de familia, jueces de familia, administradores de tribunales y consejeros técnicos, que cumplen un rol muy importante, y también se incluye todo lo relativo al sistema de representación judicial de las personas. O sea, aquí es clave la participación de las actuales corporaciones de asistencia judicial, como mencionaba el subsecretario, ministro subrogante en la actualidad. Además, el proyecto de ley que concibe el Ministerio de Justicia, si bien tiene como razón principal dar cumplimiento al mandato de la ley de garantías para hacer esta adecuación, también va un poco más allá.
Efectivamente, la ley de tribunales de familia fue publicada en el año 2004, tiene ya más de 20 años de vigencia y las reformas en general han sido pocas, escasas; por ello, el Ejecutivo consideró que, a los 20 años, era oportuno realizar una revisión más general de los procedimientos judiciales y, por tanto, mirar no solamente el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, sino también el de toda la población, sin perjuicio de que los principales beneficiarios sean los niños, niñas y adolescentes.
El proyecto que se elaboró y que está hoy en el Senado, en la Comisión de Constitución —una comisión que lamentablemente tiene muchos temas y que toma su tiempo tratarlos— aborda cuestiones que guardan una relación muy directa con la ley de garantías, por ejemplo, la participación del niño, niña y adolescente en los procedimientos judiciales. Se regula el derecho del niño a ser oído en distintas instancias y se asegura, además, la representación judicial del niño en varios procedimientos que, de alguna forma, afectan sus decisiones.
Pero también se tratan cuestiones relacionadas con otras materias. Se corrigen temas relativos a la prueba pericial y, en su momento, se estudiaron mecanismos para introducir el case management, que consiste en flexibilizar los procedimientos judiciales y mejorar el acceso a la justicia de todas las personas.
Para estos efectos, les cuento que la iniciativa diseñada por el Ministerio de Justicia tuvo su origen en un foro académico que se inició en septiembre del año 2022, con 15 destacados docentes ligados a materias de derecho procesal, familia e infancia, a partir del cual se comenzó a elaborar una propuesta. Posteriormente, esta propuesta se puso en conocimiento de los actores del sistema de justicia para recibir comentarios, se compartió con la Corte Suprema, la Asociación Nacional de Magistrados y expertos en derecho procesal, y así concluyó una propuesta que el Ejecutivo tomó, con algunas modificaciones, luego de evaluarla.
El mayor gasto, finalmente, ingresó. Para finalizar, contarles que esa otra propuesta que aborda la otra faz, la faz judicial, implica también un reforzamiento importante a los principales actores que se ven cuestionados, o sea, que deben cumplir estas labores, primero a los tribunales de familia. En el informe financiero que acompaña esa iniciativa se asignan 20.000 millones de pesos, lo que supone la contratación de 118 jueces, 118 consejeros técnicos y, además, la misma cantidad de funcionarios de apoyo, con el objeto de poder asumir la carga de trabajo que implica esa reforma, cuya finalidad es facilitar la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Una cantidad similar se destina también para el reforzamiento de las CAJ y para asegurar la representación judicial de niños, niñas y adolescentes en causas de violencia intrafamiliar, protección, patria, potestad, relación directa y regular, y cuidado personal, mediante duplas de abogados y trabajadores sociales.
Para terminar, como decía el señor ministro subrogante, efectivamente son propuestas distintas que abordan dos partes del sistema de protección que deben estar coordinadas, pero que, si ustedes revisan los mensajes, son reformas grandotas. Además, el cronograma que estableció la ley de garantías dispuso presentaciones en distintos momentos: una a los seis meses y la otra a los 18 meses, probablemente previendo el legislador que, con motivo de la implementación del sistema de protección administrativa, iban a surgir cuestiones que debían ser consideradas en el segundo proyecto.
Recuerdo que, por primera vez, se propuso el término del Servicio Nacional de Menores. La primera iniciativa abordaba el término en una sola propuesta y, en esa misma iniciativa, se creaban ambos servicios, es decir, se tramitaban conjuntamente cuestiones que podrían haberse gestionado de modo separado. En ese entonces –hablo, por ejemplo, del año 2013– el proyecto se paralizó en buena parte debido al nuevo servicio de protección de la niñez, que en esa época no contaba con la ley marco de garantías, lo que dificultaba continuar la tramitación. Finalmente, se presentaron dos proyectos que dieron origen a dos leyes distintas: la que creó el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente y la que establece el Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Esto demuestra que atar necesariamente, cuando no es estrictamente necesario, la suerte de uno al otro puede generar un atascamiento en dos iniciativas que pueden perfectamente salir de forma secuencial.
Queda la siguiente duda, que también comparten algunos colegas, respecto a este proyecto que actualmente se encuentra en constitución en el Senado, ya que nosotros acá aún no lo hemos revisado. ¿Consideran ustedes que es un proyecto significativo que podría lograr que las leyes que tenemos finalmente tengan exigibilidad? Es cierto que contamos con leyes, pero que carecen de exigibilidad, lo que a la larga posibilita que se vulnere y continúe ocurriendo lo que sucede con nuestros niños. Les pregunto directamente: subsecretario, ¿este proyecto de ley se ve bien encaminado? ¿Podría venir a subsanar esta situación?
—Sí, presidenta. Yo creo que el tema, como seguramente han escuchado muchas veces a través de la intervención de la propia subsecretaria, implica una complejidad mayor que, de alguna manera, fue prevista en cuanto a la gradualidad y a la introducción de normas que fortalezcan o modifiquen ciertos aspectos de estos dos subsistemas. Entonces, si uno revisa la duda...
Esto tiene que ver con un propio mandato de implementación que tiene fechas distintas de, digamos, de exigibilidad en cuanto al ingreso de los proyectos: uno a los seis meses y otro a los 18 meses. Entonces, por eso, están de alguna manera desfasados. Pero eso no quita que ambos deben conversar en el marco del gran abanico de la ley y que, de hecho, corresponden a un mismo mandato.
Dicho esto, el proyecto que está en el Senado –y que nosotros esperamos que pronto pueda revisarse allí– enfrenta, sin lugar a dudas, un desafío enorme, porque la Comisión de Constitución tiene una carga importante que no se resuelve con la urgencia del Ejecutivo. Existen muchos proyectos que tienen urgencia y que, la verdad, están todavía esperando ser puestos en tabla.
Para nosotros, esto, Presidenta, a través de su intermedio y del resto de la Comisión, es un aspecto sustantivo, pues sabemos que existen muchos desafíos en los tribunales de familia. Como probablemente ustedes lo han escuchado también de sus propios representados, hay muchas cuestiones de procedimiento, representación, recursos y dotación de los tribunales que deben ser mejoradas para que puedan cumplir con una implementación adecuada y evitar la frustración en un sistema puesto a disposición para la representación y, por cierto, para el cumplimiento de los derechos –en este caso de los niños, niñas y adolescentes– y de los demás actores del sistema, como las familias que transitan por los tribunales.
Además, se contempla, por ejemplo, la asesoría jurídica en las corporaciones de asistencia judicial. En ese sentido, desde el Ejecutivo tenemos actualmente el desafío en la Comisión de Hacienda del Senado, en segundo trámite constitucional, donde se encuentra –y esperamos que pronto sea ley– el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Es un proyecto de ley largamente esperado. El día de ayer firmamos un protocolo con la asociación de representantes –trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Ciencias Judicial–, que estuvieron en paro durante un largo tiempo, y logramos llegar a acuerdos muy sustantivos, entre los cuales se encuentra dar vida a este proyecto de ley que solucionará una estructura que, hoy día, no sirve al sistema que tenemos.
Porque, como ustedes saben, contamos con cuatro corporaciones de Ciencias Judiciales que son personas jurídicas distintas y que, además, tienen estándares de servicio distintos. Este servicio genera un mecanismo nacional que no solo cumple con ese propósito, sino que también incorpora todos los programas de defensoría a las víctimas en un mismo abanico de oferta programática.
Yo digo, este es un gran desafío, ya que, como explicó don Felipe, contamos también con recursos de 17.000 millones destinados a las corporaciones de asistencia judicial, específicamente para la oferta programática de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto se incorporará en el nuevo sistema.
Respondiendo a su pregunta, Presidenta, creo que efectivamente hay proyectos de ley que cuentan con recursos y un informe financiero robusto, y que deben convertirse en ley cuanto antes, porque el sistema está muy tensionado. Desde el punto de vista de la asesoría jurídica y de los tribunales de familia, nosotros creemos que, dentro de las posibilidades, el Ejecutivo seguirá dándole la prioridad que requiere.
Gracias.
Subsecretario: La verdad es que sabemos que hay muchos casos que finalmente terminan en nada, y eso es muy triste. Hace unos días veíamos un informe tremendo que mostraba que de muchos casos judicializados solo uno de cada diez obtenía resultados, y eso tiene que terminar. Me parece positivo que, al menos, vayamos avanzando, y que mientras nosotros, como parlamentarios, hablemos de estos temas se le coloque más urgencia al asunto.
Diputada Mix: La idea de convocarnos surgió a raíz de la preocupación que distintas organizaciones plantearon para la discusión del proyecto de armonización. A mí me parece que queda bastante claro la razón por la cual no podíamos mezclar peras con manzanas, dadas la envergadura de lo que implica la ley de armonización y la creación de los tribunales de familia, con todo lo que ello conlleva, porque efectivamente acá hemos tenido la posibilidad de escuchar...