El acta de la sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96-ABA queda a disposición de la comisión.
El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y señores diputados.
Se han recibido los siguientes documentos por esta comisión: un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, en respuesta a una solicitud formulada por esta comisión, en el que se remiten dos informes sobre la capacidad jurídica de personas con discapacidad –uno sobre derecho internacional y legislación externa, y otro con una selección de proyectos de ley relacionados–, y se ofrece apoyo adicional en caso de que la comisión lo requiera.
Se recibe, además, un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de la ley de presupuestos, que remite información correspondiente a la glosa número uno del Servicio Nacional de Menores. Dicha glosa exige reportar antecedentes sobre adolescentes y jóvenes con enfermedades graves o problemas de salud mental, fallecimientos, causas de muerte y acciones administrativas o penales relacionadas, información que se distribuye a diversas comisiones del Congreso y unidades ministeriales.
También se recibe una comunicación del subsecretario de Justicia, por encargo del ministro del Ramo, en respuesta a la solicitud del diputado Hernán Palma respecto de la investigación sumaria por el fallecimiento de un joven bajo custodia estatal en el CIP San Joaquín. Se remiten los oficios 13 y 42 del Servicio Nacional de Menores, los cuales contienen la información solicitada en relación al caso y las eventuales vulneraciones de derechos.
Asimismo, se recibe una nota de la Fundación Hach-Faye, que solicita audiencia para exponer dos temas: uno, la restitución y dignificación del ancestro Zegman, Cochco, como acto de reparación histórica; y otro, la situación de los procesos de certificación de personas y comunidades indígenas en Chile. Se solicita que la audiencia se realice entre el 2 y el 6 de junio, en Valparaíso, dado el esfuerzo personal y territorial de la solicitante para asistir.
Finalmente, se recibió un oficio del alcalde de Juan Fernández, quien solicita a la presidenta de la comisión que gestione el retiro del proyecto de ley de pueblo tribal presentado en 2023. El Consejo Municipal argumenta que dicho proyecto trata materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que ya existe un proyecto en etapa preliminar para que las Islas Desventuradas pasen a ser desventuradas.
Administración de la comuna. La Junta certifica oficialmente el acuerdo del Consejo Municipal y el estado de tramitación legislativa.
También, Presidenta, se recibe una nota del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, en la cual se invita a la Presidenta de esta Comisión y a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios al lanzamiento de la Oficina de Pueblos Originarios. El evento se realizará el miércoles 18 de junio a las 11:00 en la Sala de Lectura Pedro Montt, en Valparaíso. Esta oficina busca promover el respeto y la valoración de las culturas indígenas, así como apoyar el trabajo legislativo con un enfoque intercultural.
Asimismo, Presidenta, se ha recibido un oficio de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el cual se solicita a la Comisión arbitrar las medidas necesarias para efectuar la designación de un consejero en reemplazo de don Cristian Pertusse Fariña, quien termina su período como integrante del Consejo del INDH el próximo 2 de julio de este año.
Además, se recibió una nota de la bancada Frente Amplio Independiente, notificando que en la Comisión de Derechos Humanos el diputado Jaime Sáez Quirós reemplazará al diputado Andrés Jordano Salazar durante esta sesión. Finalmente, Presidenta, se recibió un pareo de los diputados Cristian Lave y de la diputada Emilia Schneider, y también un reemplazo del diputado Cristóbal Martínez, quien sustituirá a don Cristian Lave durante esta sesión. Y esta sería toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, Secretario.
Previo a ofrecer la palabra sobre la cuenta, que es bastante extensa e interesante, solicito el acuerdo en relación al número 5 de la cuenta. El alcalde de Juan Fernández se comunicó conmigo durante la semana distrital y expuso, de manera escueta, la problemática que genera este proyecto, el cual, según me indica, no está en tabla en este momento, pero sí se encuentra entre los proyectos presentados en esta Cámara y en esta Comisión. Se señala que hubo un acuerdo del Consejo Municipal para que este proyecto se retire de alguna manera. Por lo tanto, pido el acuerdo para invitar al alcalde a exponer ante la Comisión y que nos explique, de primera fuente, cuál es la situación y cómo lo ven, para eventualmente poder, como ellos lo solicitan, acceder a ello en una próxima sesión.
En relación al punto 7 del oficio recibido de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el cual se solicita arbitrar las medidas para designar a un consejero en reemplazo, se trata de un tema pendiente, por lo que sugiero dejarlo acordado para abordarlo en la próxima sesión. Perfecto, para que vayamos armando la tabla desde ya, Secretario.
Bien, por mi parte, no sé si alguien más desea intervenir sobre la cuenta.
Diputado Kaiser: Sí, son dos puntos, señora Presidenta. Uno es el tema de la votación de los consejeros que debíamos despachar a la sala por el asunto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pendiente todavía. Y el segundo es el siguiente: teníamos un proyecto en el que se planteaba el reconocimiento del pueblo huilliche como un pueblo separado del mapuche. En ese caso, la votación se paralizó. Por ello, solicito a usted que ponga en votación dicho proyecto para trasladarlo a sala y que pueda continuar su tramitación normal. Muchas gracias, señor Presidente.
Presidente: Muchas gracias, diputado Kaiser. Solicitamos que se haga llegar el número de boletín del proyecto para cotejarlo con la Secretaría.
Para analizar la posibilidad de ponerlo en votación, voy a darle la palabra a diputado Palma, diputada Navellán. Ah, sobre el punto, diputada Schneider. Sí, muchas gracias, Presidenta. Respecto a lo que señalaba por su intermedio el diputado Kaiser, yo entiendo que ese proyecto finalmente nunca lo votamos porque quedó la duda de si se requería o no consulta indígena de acuerdo a los tratados internacionales y a las normas que nos rigen en esta materia. Entonces, es algo que me gustaría preguntarle a la Secretaría, que entiendo que no se resolvió y que por ello este proyecto no se encuentra sometido a votación. Por eso, la verdad, no estaría de acuerdo en ponerlo en votación antes de que se esclarezca ello. Eso es todo, Presidenta.
Secretario, sería importante que, dado que yo no era integrante de la Comisión en ese tiempo, podamos tomarnos un tiempo para analizar esta situación. Como dice acá la diputada Schneider y me lo manifestaba también la diputada Pizarro, pareciera que eso es lo que genera un obstáculo en la tramitación para que podamos aclarar aquello y ver cómo proceder en lo sucesivo, a lo mejor para darle celeridad a este tema.
Efectivamente, Presidenta. Una de las razones por las cuales se detuvo la tramitación era porque había opiniones discordantes en cuanto a si se requería o no consulta indígena, conforme al artículo 169 de la OIT. Eso es algo que, en definitiva, la resuelve la misma Comisión. No es algo que esté tan prístino ni tan resuelto. Escuchamos también a la BCN en su minuto: la norma se entiende a cargo del Estado, pero por una interpretación laxa se puede interpretar que el Estado también es el Parlamento. En algún momento se discutió la posibilidad de generar un reglamento, un protocolo para que la Comisión pudiese efectuar una consulta; eso no tuvo apoyo, no prosperó y los comités tampoco lo quisieron ver. El asunto es bastante nebuloso, pero, en definitiva, la Comisión resuelve. En definitiva, hay una opinión, una voluntad sometida a votación: si se sigue tramitando, se sigue tramitando y, si no, no; siempre haciendo la salvedad de que sea este punto lo que determine la Comisión, el asunto se trasladará en idénticos términos a la Sala.
Perfecto, entonces voy a estudiar un poco sobre el tema. Quizás podríamos, no sé si ya lo hicieron, pero no estaría de más invitar a alguien que pudiera darnos su opinión respecto de esto, a propósito de lo que plantea el diputado Cáncer. Muchas gracias, Presidenta.
¿Qué es lo que sucede? Mire, porque crearíamos un precedente súper delicado. El proyecto fue aceptado a trámite por la mesa de la Secretaría. De acuerdo, entonces, si lo tramitamos aquí hasta llegar al punto de votación, es ahí donde nos detenemos. Pero, imagínese un proyecto en un futuro donde un presidente, por ejemplo, en este caso —y con todo respeto que le tengo, señora Presidenta—, pueda decir: “¿Sabe qué más? Tengo una duda técnica respecto de si esto corresponde o no, y no lo pongo en votación”. Entonces, simplemente, no pasa a la Sala para que decida, como autoridad soberana, si quiere o no que la legislación avance. Eso podría pasarle a usted con el proyecto; por ejemplo, el de los retiros le podría suceder con todo tipo de proyectos.
Por ello, es importante que, una vez iniciada la tramitación, ésta se cierre efectivamente. Existen, además, instrumentos de control, como los instrumentos de control constitucional que ofrece el Tribunal Constitucional. En el caso de que no se hayan seguido o no se pueda tramitar esto de la mano de los tratados internacionales trabajados o ratificados por Chile, yo le propondría que votáramos y que se pase a la Sala para que continúe el trámite constitucional que corresponde y, si existen dudas, se hagan los reparos constitucionales pertinentes —que, por lo demás, son el instrumento establecido en nuestra Constitución para ello—. Se hace la representación en su momento al Tribunal Constitucional y, si se cometiera un vicio suficientemente importante, el proyecto se caería en la instancia que corresponda. Pero negarle a los diputados la posibilidad de votar el proyecto me parece que sería otorgar demasiado poder al presidente de una comisión.
Muchas gracias.
Perfecto. Diputada Navellán.
Gracias, Presidenta. Efectivamente, como dice el diputado Kaiser, esto es delicado, porque pasó el primer filtro, que es la Secretaría y la Mesa de la Cámara. Desde el momento en que se determina que este proyecto se puede tramitar en esta comisión, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y si en esta comisión se avanzó hasta el punto previo a votar, la tramitación debe continuar. Además, tal como explicó el diputado Kaiser, existen otras instancias que determinarán si efectivamente se requiere una consulta indígena —la cual debería realizarse posteriormente— o algún otro trámite legal que sea necesario. Sin embargo, no nos corresponde a esta comisión entorpecer el avance de la ley, más aún después de haber pasado el filtro de la Secretaría.
Bien, diputada. Estaba consultando a la Secretaría, al abogado y al secretario, y me señalan que la presidenta anterior, la presidenta Fríes, envió un oficio al Secretario General de la Cámara por el tema que ustedes exponen, y hasta el día de hoy ese oficio no ha tenido respuesta. Por ello, considero que debemos solicitar dicha respuesta, ya que, según se indica, fue enviado en noviembre y aún no se ha resuelto. Partiría, entonces, por pedir que finalmente recibamos una orientación por parte del Secretario General para definir cómo seguimos con esta tramitación, la cual, como han señalado los diputados, es bastante compleja. De esta forma, podremos avanzar de manera responsable en lo que corresponde a esta comisión. Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Sabe qué es lo que podemos hacer también? Podemos llamar al señor secretario para que venga de inmediato y dé su opinión en la materia, ya que reglamentariamente estamos habilitados para ello. Si desde noviembre despachamos la pregunta a la Secretaría y no obtenemos respuesta, esa falta de respuesta también comunica que la Secretaría no quiere posicionarse sobre el asunto, dejándonos exactamente en la misma situación de inicio. Entonces, ¿podemos forzar a la Secretaría a tomar una posición? Yo creo que ella ya manifestó su postura al admitir a tramitación el proyecto, y sería bastante irregular que, después, se dijera “no, la verdad es que no debimos haber admitido a tramitación el proyecto”, especialmente cuando ya ha pasado incluso la cuenta a la sala. No creo que exista una norma legal que permita revertir ese momento en la tramitación. Por lo tanto, propongo dos opciones: una, para acelerar el proceso, solicitar que el Secretario General venga de inmediato y nos aclare la posición de la Secretaría y, en caso de pretender generar nueva jurisprudencia en esta materia —algo que, aparentemente, resulta de su interés—; o, alternativamente, asumir nuestra responsabilidad como cuerpo colegiado del órgano soberano y tomar las decisiones nosotros mismos. En ese sentido, propongo que votemos, continuemos la tramitación y mandemos el proyecto, con un informe positivo o negativo, a la sala para que sea ésta quien decida. Muchas gracias.
De nada, diputado Kaiser. Diputada Schneider tiene la palabra. Y con esto, para que... ah, y diputado Palma, procedamos a cerrar este punto y avanzar, ya que apenas estamos tratando varios temas. Presidenta, considero que aquí debemos seguir los conductos formales: es decir, solicitar por medio de un oficio al Secretario General. No tiene sentido realizar una performance de llamar al Secretario General de inmediato, pues no es necesario ese show. Lo que realmente precisamos es un pronunciamiento técnico y claro de la Secretaría sobre el tema, por lo que reitero la necesidad de dicho oficio y, sinceramente, dejaría el asunto en ese punto, ya que no veo que se deba dar más vueltas. Si el Secretario General puede presentarse ahora para aclararlo, bienvenido sea; pero tampoco es procedente ir a buscarlo a su oficina o formar una comisión en este momento, pues es importante respetar la forma. Finalmente, procederemos a tomar la definición sobre este tema, para evitar extendernos indefinidamente.
El secretario de la Comisión puede comunicarse con el Secretario General y realizar la consulta por interno, lo cual resultaría menos engorroso.
De lo que sugiere la diputada Schneider. De hecho, diputada, justamente ese es el objetivo de hacer esta ronda y lo que vamos a hacer es consultarle, por supuesto por interno, al secretario general si puede venir a pronunciarse respecto de esto y, en paralelo, vamos a enviar el oficio para que él nos pueda enviar una respuesta, como dice acá la diputada Schneider, de manera técnica y ordenada, que a nosotros nos permita tener una orientación clara de cómo tenemos que seguir tramitando este proyecto. Este proyecto hoy día no está en tabla, por lo tanto, no corresponde votarlo y yo esperaría que el secretario, obviamente, nos diera su opinión, porque por algo la presidenta anterior pidió ese pronunciamiento; de lo contrario, no lo hubiese pedido y no lo estarían esperando hasta el día de hoy. Y considero que, más allá de que podamos comunicarnos por interno, lo que correspondería sería que el secretario redactara, actuando de manera ordenada, un oficio y que incluso pueda venir a exponerlo en la próxima sesión. En ese sentido, no habría ningún problema para la claridad de todo y para que quedemos tranquilos.
Así que eso es lo que vamos a hacer y le doy la palabra al diputado Palma para que pasemos al siguiente punto, ya que están todos nuestros invitados e invitadas acá.
Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve y saludar a los demás miembros de la Comisión y de la Secretaría. Presidenta, tengo dos o tres cosas muy puntuales. Lo primero, manifestar mi preocupación en esta Comisión, porque nuevamente ha ocurrido el lamentable hallazgo de los restos mortales de Francisco Albornoz. Este es un joven farmacéutico de 21 años, cuya familia denunció hace un par de semanas su desaparición en la Región Metropolitana. Su cuerpo fue encontrado en una quebrada en la región de O'Higgins, cercano al río Tinguiririca. Es un joven perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, y sería lamentable. Se están determinando las causas de muerte, pero es presumible que haya sido víctima de algún tipo de agresión. Obviamente, tenemos que esperar los informes del Instituto Médico Legal, pero ya el cuerpo ha sido reconocido y, lamentablemente, una vez más debemos hacer frente a una muerte en extrañas circunstancias.
Lo segundo, Presidenta, es solicitar por su intermedio a la Secretaría. Tengo entendido que hace algunas sesiones atrás pedí si podríamos invitar al señor Ministro de Seguridad Pública, el señor Cordero, para que nos informara en esta Comisión sobre los avances que han habido, independiente de cuáles sean las aristas, porque entiendo que son varias, respecto de la desaparición de Julia Chuñil el 8 de noviembre del año recién pasado. Y, finalmente, Presidenta, me permitiré celebrar un par de anuncios que hizo Su Excelencia el Presidente de la República en el contexto de la cuenta pública. El primero, respecto al retiro de los agregados militares que tiene Chile en el Estado de Israel, en circunstancias en que ya sabemos que hay más de 53.000 muertes. Lamento que en la sala se haya confundido la causa, ya que es de conocimiento que en Israel el aborto está despenalizado desde el año 1978, si esa era la intención. Y, en segundo lugar, coincido con el término de los privilegios carcelarios de que gozan las personas que están condenadas por delito de lesa humanidad en Punta Peuco.
Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, Diputado Palma. Le damos la palabra a la Diputada Navellán y, a continuación, a la Diputada Schneider. Y, posteriormente, procederemos a tomar el acuerdo para invitar… Ah, y usted me había pedido la palabra, pero en otro punto, Mario. Sí, ya. Y para tomar el acuerdo del Ministro, solamente quiero aclarar un pequeño detalle, porque la verdad es que aquí se construyen realidades en base a leyendas urbanas y en base a falsedades. Lo manifestado, no solo por el Diputado Palma, sino por muchas personas cercanas al gobierno, respecto de Punta Peuco, es una falacia, puesto que no existe ningún privilegio especial.
Quiero dejar bien en claro varias cosas que parece que ustedes desconocen. En primer lugar, en Punta Peuco no hay agua potable. El agua para los baños y las duchas es la que se lleva en camiones aljibes, y el agua que beben las personas que están internas es la que deben comprar, así como ustedes a veces adquieren agua en botellones porque se supone que es más sana. Ellos tienen la obligación de comprar esta agua, cada uno de ellos, porque no existe agua potable en Punta Peuco. En segundo lugar, sin duda, el aspecto general interno de Punta Peuco es espectacularmente limpio y ordenado, pero eso es porque las mismas personas que están en el centro de la ciudad…
Internas tienen la formación y la educación de vivir de esa manera y, por lo tanto, se preocupan de mantener limpios y ordenados el lugar donde viven, donde comen, donde habitan. Y eso no es un privilegio, es simplemente una forma de vida que probablemente en otros espacios no es igual.
Y en tercer lugar, quiero también dejar en claro algo bien importante. El personal de Gendarmería que está en Punta Peuco no tiene buses de acercamiento. El penal está a dos kilómetros de la carretera, por un camino bastante peligroso, ya que presenta una curva muy cerrada. Ellos deben, para llegar a Punta Peuco y para irse de allí, caminar estos dos kilómetros para llegar a la Ruta 5, donde pueden tomar locomoción. Por lo tanto, estas condiciones tan espectaculares, tan especiales, tan privilegiadas en la práctica no lo son, y eso me gustaría dejarlo bien claro.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Navellán. Diputada Schneider.
Bien, entonces vamos a tomar el acuerdo para lo que solicita el diputado Palma: invitar al ministro de Seguridad, Luis Cordero, para que podamos conversar respecto de desapariciones, entiendo, como usted menciona, cierto, al químico farmacéutico, pero también a Julia Chuyín. No, presidente, solo el caso de Julia Chuyín desapareció desde el 8 de noviembre del año pasado. ¿Y habría acuerdo para eso? Sí. Bien.
Diputado Celedón, usted tiene la palabra para hacer uso de su punto barrio.
Tengo una citación a una comisión interparlamentaria a esta hora, si puedo ir y volver.
Sí, diputado, ningún problema. Tenga la autorización, como dice usted, pero en realidad no la necesita. Así es. Aquí lo esperamos, diputados de León.
Bien, no de nada.
Entonces, vamos a pasar a la orden del día. En primer lugar, vamos a recibir la exposición del diputado Johannes Kaiser con ocasión de la visita realizada a un centro penitenciario, donde se develan aparentes vulneraciones a los derechos de los internos. Es la parte de la exposición que falta, la cual acordamos hace dos sesiones atrás con el diputado Palma, quien también hizo una visita y nos expuso la semana pasada, permitiéndonos tomar algunas acciones, enviar oficios, en fin. Así que la idea es contar también con su experiencia, diputado. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, les presento una visita a tres recintos penitenciarios distintos. El primero es Colina 1, especialmente el módulo Asistir, de acuerdo; el segundo recinto fue, efectivamente, Punta Peuco, y el tercero fue el penal de mujeres de San Joaquín. Esta visita se realizó, más o menos, en julio-agosto del año 2022, es decir, hace ya dos años y medio. De hecho, en ese momento pudimos constatar los niveles de hacinamiento que se estaban produciendo en dichos penales.
En ese entonces, Colina 1 presentaba niveles de hacinamiento del 150% de la población prevista para ese módulo; en Punta Peuco era menor, pero la situación ha evolucionado. Tanto es así, que el fiscal judicial de la Corte Suprema interpuso un recurso de protección a favor de 171 de los condenados que se encontraban en Colina 1. Dicho recurso fue aceptado por la Corte Suprema, en razón de las condiciones de habitabilidad de ese recinto –al menos, en Colina 1–.
En Punta Peuco, en este momento, se ha realizado una extensión o ampliación del recinto mediante el uso de contenedores. De hecho, al igual que en Colina 1, cada vez más espacios que estaban destinados a la convivencia o a la realización de actividades propias del régimen carcelario están siendo aprovechados como dormitorios. Actualmente, en Colina 1 ya prácticamente no existe espacio, salvo el patio exterior, que no esté siendo ocupado para dormir.
De los internos, o sea, una situación efectiva. ¿Qué es lo que sucede también en el marco de esta relación? San Joaquín, por ejemplo, y este es un problema que afecta a toda la población penal de dicho recinto, no solamente a aquellos que están en un módulo específico, en San Joaquín, en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Al momento de mi visita no existía un ginecólogo. O sea, que en una cárcel de mujeres no hay ginecólogo, ya es un poquitito el colmo, ¿no es cierto? Y, efectivamente, eso estaba afectando en ese momento. No sé si la situación ha sido corregida al día de hoy, porque han pasado dos años y algo; si no, si ha sido corregido, en efecto le generaba dificultades muy importantes a gran parte de la población, o sea, prácticamente a toda la población femenina del penal.
Respecto de lo que son los cuidados, de hecho, una de las razones por las cuales el fiscal judicial, la Corte Suprema, interpuso un recurso de protección en favor de las personas que están recluidas en el Módulo Asistir en Colina 1, era porque sus necesidades de cuidado médico no estaban, ni podían ser, atendidas como correspondía por Gendarmería en esas circunstancias. ¿Y esto por qué? Imagínense, en la práctica, un geriátrico. Un geriátrico en el que la inmensa mayoría de las personas tienen más de 75 años; hay personas que han sido condenadas a los 92 o 94, y hay personas que han sido condenadas a través de juicio mientras tenían Alzheimer, lo cual es bastante irregular, cuanto menos, desde mi perspectiva, ya que una persona que tenga Alzheimer no puede participar de su defensa. Pero ese es un tema aparte.
El Alzheimer y la demencia se están transformando en enfermedades crónicas en dicho recinto, en razón de la avanzada edad de los internos. Esa avanzada edad, sumada a las demás enfermedades crónicas que padecen las personas de mayor edad, está significando un desafío muy difícilmente manejable por Gendarmería y por los recursos de los que dispone, porque ninguno de estos penales en Chile ha sido diseñado, ni se ha previsto en su reglamento interno, para hacerse cargo de personas que no son autovalentes, sobre todo cuando los porcentajes de personas no autovalentes empiezan a subir de manera relevante.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene un penal especial, no necesariamente en razón de la condición de las personas o del delito cometido. De acuerdo con lo que nos informó también el Ministerio de Justicia y Gendarmería, en Chile no hay presos por delitos de lesa humanidad, dejémoslo claro, no solamente por delitos cometidos, sino también por las condiciones de operación de los recintos, porque los internos demandan entonces una situación o un trato diferente al de la población general. Y eso le sucedería a usted también con reos de alta peligrosidad, que necesitarían un recinto especial en razón de su peligrosidad.
Bueno, en este caso específico, lo que se requiere es un recinto que, en la práctica, sea un hospital. Y, mientras más avance el tiempo, más grave se hará la situación humanitaria y la atención de estas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son cada vez más las personas las que dependerán del escaso personal médico disponible y del reducido personal de Gendarmería. Eso significa una sobredemanda que no es capaz de cubrirse; ya han habido casos de fallecimientos que pudieron haber sido evitados si hubieran existido suficientes recursos.
Ahora bien, dado que esta evolución etaria es indetenible y la mayoría de los internos tiene edades similares, puede usted, señora Presidenta, imaginarse que en los próximos cinco o seis años —a más tardar— recintos como Punta Peuco, Colina 1 (estoy hablando del Módulo Asistir) y algunos otros se verán enfrentados a una situación que no solamente será inmanejable, sino que será completamente impresentable desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya ahora es complejo mantener los tratamientos de esas personas, y, además, muchas de ellas, como la inmensa mayoría de las de tercera edad o de avanzada edad, requieren tratamientos médicos permanentes en razón de sus enfermedades crónicas. Esto significa que, a medida que avance el tiempo, serán cada vez más las personas afectadas.
Dependiendo de esto, por lo demás, la Corte sigue condenando a cada vez más personas a este tipo de régimen. En la medida que avanza el tiempo, usted va a tener, entonces, ya no 20 o 25 personas que tengan que abandonar el penal todos los días para ir a hacerse algún tratamiento médico, sino que serán 50, 60, dependiendo de la cantidad de enfermedades crónicas. Lo que se está transformando, desde una perspectiva humanitaria, es que estos centros de detención son difícilmente defendibles. Yo creo que si hubiese una comisión extranjera o alguna organización internacional que viniese a ver esto, probablemente nos sacaríamos nota roja. Y desde el punto de vista financiero y desde el de las capacidades de Gendarmería, están superando ya hace mucho tiempo, con creces, las posibilidades de esa institución.
No hay que olvidar lo siguiente: respecto de estos detenidos, estos presos, no se aplica ninguna de las normas pro reo, ninguna. No tienen visitas dominicales, es decir, no tienen salidas dominicales. Tampoco se les aplica ningún tipo de reducción de pena, como ocurre en otras materias, ya que no se han unificado las penas. Literalmente, lo que tienen son penas de mil años que no están consideradas en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, nuestro sistema tampoco está pensado para ello. El sistema carcelario no está preparado para esa situación.
Señora Presidenta, las condiciones carcelarias en Chile son, en general, muy malas para todos los presos, porque el Estado de Chile y quienes somos responsables de este Estado preferimos no mirar en esa dirección durante mucho tiempo. Es cierto que en los centros carcelarios hoy en día no hay un control firme o, cuanto menos, parece correrse el riesgo de la pérdida de control por parte de Gendarmería. Sabemos que estos centros no están funcionando como unidades de rehabilitación; los que se rehabilitan son los pocos que lo hacen por voluntad propia, y no porque exista un sistema que los apoye. Sin embargo, la situación de una persona de mediana edad o joven detenido en uno de estos centros, con la perspectiva cierta de salir en un periodo de tiempo determinado, no es tan grave como la de aquel que, habiendo pasado ya una década o más, o incluso estando en el ocaso de su vida, entra a cumplir condenas que a veces ni siquiera percibe, debido a la condición de demencia que sufre.
Con mucho respeto, creo que el Estado de Chile, en esta situación, se está haciendo un flaquísimo favor. Y en un futuro, cuando se hayan apagado las pasiones, tendremos que enfrentar, como país y como Estado, el hecho de haber permitido que esta situación se extendiera en el tiempo, se profundizara y generase un antecedente que será difícil de borrar del historial de derechos humanos de nuestro país.
Muchas gracias, diputado Kaiser, por su exposición.
Le damos la palabra al diputado Palma, quien nos decía que tenía algunos datos para acotar en relación a lo expuesto. En relación a lo que comentaba el colega respecto de la visita al penal de mujeres, quería mencionar que en Gendarmería hubo muchísimas denuncias de malos tratos a los internos; e incluso, entre colegas de la misma Gendarmería, hubo gendarmes mujeres que acusaron acoso e incluso abuso. En particular, me quiero detener en que, en ese recinto, el ginecólogo que había estado con anterioridad –entiendo que fue dado de baja, aunque no sé en qué quedó el proceso propiamente tal, ya que al indagar no pude encontrar la noticia– fue acusado, literalmente, de haber abusado sexualmente de algunas internas mientras las sometía a examen ginecológico, lo que es bastante grave. Pero la buena noticia es que, justamente el 8 de marzo, recién pasado, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la Corte Suprema ratificó.
Con una decisión importantísima en el sentido de exigir a Gendarmería que disponga de un médico de urgencia 24/7 en caso de que la mujer privada de libertad requiera atención. Ahora, hay un caso sobre el cual pediría la unanimidad de esta comisión para poder oficiar y saber qué pasó con esta situación, pues hay una interna, tengo entendido, Milena Cartes, de 50 años, que habría fallecido el 29 de enero por no haber recibido asistencia médica oportuna. Leo literal, según cercanos, que Milena no habría recibido atención oportuna, pese a que durante días manifestó dolores que le impedían llevar una vida normal, y terminó falleciendo en un recinto asistencial por causas que aún se indagan; han pasado ya casi seis meses. Eso, Presidenta, quería acotar a propósito del informe que ha leído el colega Kaiser, ¿de acuerdo? Gracias, Presidenta.
Perfecto, entonces pedimos el acuerdo para oficiar y poder tener más información respecto a este caso atendido el tiempo transcurrido.
Bien, se acuerda. Entonces, pasemos al siguiente punto. ¿Está acá don Giorgio Vera? Ah, perfecto: por favor, tómese asiento justo aquí al frente.
Lo que sucede es que, cuando el actual ministro de Justicia era subsecretario de Justicia, se tramitó un proyecto de ley y él se comprometió —y esto fue hace ya harto rato— a dar a conocer un reglamento penitenciario. No tenemos ninguna noticia de dicho reglamento, y creo que es fundamental saber si se hizo o qué pasó con ello. ¿Sería posible oficiar entonces al Ministerio de Justicia para recabar información sobre este punto?
Sí, diputada Navellán. Veo deditos levantados, así que se acuerda.
Agradecemos la visita y la exposición de ambos diputados, del diputado Kaiser y del diputado Palma, porque es un tema muy relevante para nosotros y tenemos que tomar las acciones correspondientes a fin de ir mejorando en todos los aspectos posibles. Sabemos que se está haciendo un esfuerzo desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, con la creación también del Ministerio de Seguridad Pública, y esperamos que eso a la larga signifique una mejora generalizada en los recintos penitenciarios.
Sin más, le damos la palabra a Giorgio Vera para que exponga sobre el rol del Estado con respecto a las denuncias que recaen sobre este tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo ello en el marco de una denuncia presentada ante esta Corte y dado su conocimiento directo del procedimiento ante ese organismo. El diputado Tomás Lagomarsino, presente, nos pidió invitarlo a la Comisión hace bastante tiempo y, por fin, podemos disponer de este espacio para recibirlo y escucharlo. El micrófono es todo suyo.
Primero que todo, quisiera agradecer, señora Presidenta, por la invitación, y agradecer a los miembros de esta honorable comisión por la instancia que me han concedido para exponer este caso. Paso a contar que, a los 17 años, postulé a Carabineros de Chile e ingresé siendo un joven de 18 años. Al poco, en el año 1992, me di cuenta de que existía una red de corrupción; la denuncié al interior de Carabineros y eso me valió un hostigamiento brutal, una persecución constante, arrestos irregulares y maltrato. Finalmente, esto me generó una vendetta: me persiguieron, fui acusado, calumniado y encarcelado, se me imputaron miles de hechos. A pesar de haber ingresado siendo un joven, hoy tengo 51 años; no sabía qué hacer, no contaba con una red de apoyo, yo vivía con mi abuelo, y me presionaron diciéndome que a mi abuelo lo iban a encarcelar si yo no me culpaba. Quiero dejar muy en claro que no estoy acusando a Carabineros de Chile como institución, pues valoro y respeto la función que cumple esta institución permanente del Estado, la cual debemos fortalecer. Yo fui en contra de una red de corrupción que operaba dentro del cuartel. Con el paso de los años, quise hacer valer mi verdad, pero me di cuenta de que el Estado era muy hostil con respecto a este asunto.
Las puertas se cerraban, se cerraban. Finalmente acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin abogado y sin apoyo. En ese tiempo, redactaba cartas de puño y letra que enviaba a la comisión, y ésta me contestaba seis meses o hasta un año después. Finalmente, la Comisión declaró admisible mi presentación y empecé a encontrar un poco de justicia más allá de nuestra frontera; llegaron a escucharme fuera y se inició una comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como mencioné al inicio, nunca fui contra el Estado ni contra Carabineros, a quienes respeto profundamente por la labor que cumplen. Yo quería estar allí, quería servir; fui contra esa red de corrupción. La Comisión Interamericana me acogió a tramitación, pero me encontré con otro muro: el Estado de Chile acusó a la Comisión de no ser competente para revisar este caso. Sin embargo, la Comisión hizo valer que sí lo era, pues el caso había sido presentado en 1988. El Estado de Chile se había sometido a la jurisdicción de la Comisión y, posteriormente, fue ratificado por el gobierno del presidente Elwin, por lo que efectivamente estábamos bajo esa jurisdicción.
Una de las bases para acudir es agotar todos los recursos internos, y yo lo había hecho en su totalidad. Pasaron 32 años y unos meses; finalmente, el Estado de Chile reconoció su responsabilidad internacional. Llegamos a un acuerdo de solución amistosa y se realizó una ceremonia el 29 de enero de este año. Ingresé como un niño y salgo como un viejo con 51 años. La ceremonia fue encabezada por el canciller Van Claveren. En una reunión en Cancillería se me solicitó la disculpa formal por parte del Estado, y se me entregó una carta en la que se expresaban dichas disculpas de forma oficial, junto con la reparación correspondiente.
Sin embargo, existe un contrasentido, un contrapunto. Estoy muy contento de que, finalmente, la verdad prevaleciera y se lograra justicia y reparación, pero también entiendo –y son conceptos que aprendí a lo largo de los años– que una justicia tardía no es justicia. Me encontré con muchos casos de personas invisibilizadas; muchas de ellas fallecen sin encontrar justicia, sin hallar verdad y, mucho menos, reparación.
En conversaciones con distintos actores del Estado he constatado, tal como les comenté, que el Estado se muestra muy hostil, ya que actúa como contraparte con todo su peso. Mi experiencia dice que quizá estos plazos debieran acortarse y el Estado debería ser más protector y conciliador, pues cada vez que una víctima recurre a instancias internacionales, se genera una mancha negativa para el Estado de Chile.
Creo, señora Presidenta, que el Estado debería acoger y sobrellevar mejor estos temas, siendo más humano y cariñoso con las víctimas. Como les digo, ingresé siendo un niño y terminé siendo un viejo, pero hay numerosos casos de personas que fallecieron sin atisbo de verdad, sin reparación y quedaron invisibilizados.
Finalmente, quiero expresar que Carabineros es una institución que se debe defender y cuidar, pero debemos ser contundentes contra aquellos funcionarios corruptos que existen en su interior, ya que la corrupción es un mal que debemos combatir en todas sus formas.
En conclusión, los derechos humanos son pieza fundamental de un Estado democrático. Si no respetamos los derechos humanos en todos los ámbitos, los pilares esenciales de nuestro país se debilitan. Por ello, quiero agradecer a los miembros de esta comisión por la importante labor que realizan, y, en especial, agradecer al honorable diputado Tomás Lagomarsino por su acompañamiento y por servir de enlace con cada uno de los integrantes de esta comisión. Es crucial buscar acuerdos que acorten estos plazos y visibilicen casos tan importantes.