Cámara de Diputados - Hacienda - 4 de junio de 2025

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, dará lectura a la cuenta. Sí, presidente. Voy a dar cuenta de los reemplazos para la sesión del día de hoy. El diputado Jaime Sáez reemplaza a la diputada Ciudad Camila Rojas y la diputada Marta Bravo reemplaza al diputado Gastón Formiola. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? Entonces, pasamos a la orden del día, que tiene por objeto recibir audiencia respecto del proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, del Boletín N°17169-04, con urgencia calificada de suma. Están invitados: • el señor Juan José Obach, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, que se va a conectar por Zoom; • don Rafael Rosell, Rector de la Universidad del Alba; • Juan Pablo Lira, Investigador de IdeaPaís, que asistirá de forma presencial; y • Víctor Salas, Doctor en Economía y Académico de la Universidad de Santiago, quien también se conectará por Zoom. Ya se encuentran conectados y, en definitiva, contamos con nuestros cuatro invitados. Muchas gracias a todos por venir.

Y vamos a partir por los que están presenciales, claro. Está Rafael, don Rafael Rosell, y Juan Pablo Lira, ¿cierto? ¿Tú eres? Disculpa, Juan Pablo. ¿Y Rafael? ¿Y dónde está Rafael? Ah, está por Zoom. Solamente entonces, Juan Pablo, vamos a partir con diez minutos para que le demos oportunidad a los demás de hacer preguntas. Muy bien, don Juan Pablo, tiene la palabra. Bueno, bienvenido, subsecretario. Me disculpe por su presencia. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Por su intermedio, saludo a todas las autoridades presentes, y al subsecretario, por cierto. Agradezco sinceramente el espacio que se nos ha otorgado como centro de estudios para expresar nuestras observaciones al proyecto de ley que crea el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Nuestra principal preocupación es que el proyecto, tal como está diseñado, no resuelve los problemas actuales del sistema; por el contrario, creemos que los agrava, pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, crea un sistema inequitativo y regresivo de retribución y puede tener consecuencias negativas en el mercado laboral, especialmente en el grupo etario de los jóvenes. Me permitiré, a continuación, desarrollar estos puntos. Primero, respecto al riesgo para la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema de educación superior: uno de los pilares principales de este proyecto es la eliminación del copago para la mayoría de los estudiantes, así como el establecimiento de una regulación centralizada sobre aranceles, vacantes y rendiciones. A simple vista esto puede sonar justo, pero en la práctica representa una camisa de fuerza para la educación superior que termina por comprometer su financiamiento y autonomía. Actualmente, el 20% del financiamiento total del sistema proviene del copago que realizan las familias. Si se elimina esta fuente para el 90% de los estudiantes, es decir, para 9 de cada 10 deciles, estamos hablando de una pérdida cercana a 1.300 millones de dólares anuales. En un contexto de déficit estructural, arrastrado por las instituciones de educación superior y estimado en 780 millones de dólares, el riesgo de desfinanciamiento es altísimo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que muchas instituciones no podrán sostenerse. Las que logren sobrevivir, probablemente lo harán reduciendo su inversión en calidad, innovación e investigación, es decir, bajando el estándar. A ello hay que sumarle la eliminación de becas clave, como la Bicentenario y Juan Gómez Milla, que han permitido por años que estudiantes de sectores medios y bajos accedan a universidades de calidad, incluso cuando éstas no están adscritas a la gratuidad. Eliminar estas becas afectará a más de 80.000 estudiantes, en su mayoría mujeres de clase media. Esto no solo representa un retroceso en términos de cobertura, sino que también puede aumentar la segregación del sistema, ya que los estudiantes vulnerables quedarán concentrados en instituciones con gratuidad, muchas veces de menor calidad, mientras que aquellos de mayores ingresos podrán seguir accediendo a universidades de excelencia que no opten por entrar al FES. Respecto al segundo punto, que introduce un impuesto a los graduados, rompe con el principio de equidad horizontal tributaria e instala un sistema regresivo. Uno de los aspectos más críticos del proyecto es la creación de un mecanismo de retribución basado en el pago de un porcentaje fijo de los ingresos de los graduados por hasta 20 años, sin tope, sin relación directa con el costo real de la carrera y sin distinguir entre quienes pagaron más o menos. Esto no es un sistema de financiamiento justo, es, en palabras simples, un impuesto encubierto. Estimaciones indican que quienes ganen más de un millón y medio mensual podrían terminar pagando más del valor de sus estudios. La carga tributaria efectiva podría superar el 27% del ingreso bruto, mientras que alguien que no estudió y gana exactamente lo mismo pagaría solamente el 19% entre impuestos y cotizaciones. Esto, por cierto, vulnera el principio de equidad: dos personas con iguales ingresos pagando de forma diferente. Con este diseño, ciertamente no ocurre así, ya que estaríamos penalizando a quien hizo el esfuerzo de estudiar y trabajar de manera formal. Peor aún, el sistema podría resultar regresivo, haciendo que aquellos de origen vulnerable que logran la anhelada movilidad social terminen subsidiando a futuros estudiantes de mayores ingresos. La experiencia internacional muestra que sistemas de crédito contingente con topes claros y responsabilidad individual han tenido mejores resultados. Respecto al tercer punto, genera un fuerte desincentivo a la formalización laboral. Este punto es probablemente uno de los más subestimados en la discusión pública; sin embargo, creemos que es de los más relevantes y puede tener efectos muy graves a largo plazo. El FES se aplica exclusivamente sobre los ingresos formales del egresado, es decir, si una persona...

Trabaja de manera informal no paga. Esto genera un disincentivo directo a la formalización laboral, especialmente en jóvenes, que, dicho sea de paso, son el segundo grupo etario con mayores niveles de informalidad laboral en Chile, seguido de los adultos mayores. Es importante relevar eso. Si un joven que egresa de su carrera y busca empleo recibe una oferta formal, pero sabe que si se formaliza deberá pagar por hasta 20 años un recargo sobre el impuesto a la renta, es muy probable que opte por mantenerse en la informalidad. El FES eleva el costo de trabajar formalmente, afectando la cotización en pensiones y salud, y comprometiendo la recaudación fiscal futura y, por cierto, la sostenibilidad del sistema. Esto no es menor. En un país con recientes reformas laborales y de seguridad social que han encarecido la demanda de mano de obra, sumado a una verdadera crisis de natalidad y acelerado envejecimiento poblacional, la promoción del empleo formal debe ser una prioridad de primer orden. Por ello, agregar un impuesto al trabajo formal juvenil es absolutamente contundente, contrario a los desafíos que se avecinan en las próximas décadas, y, dicho sea de paso, empuja a más personas a la precariedad y a la desprotección. Me permitiría, Presidente, por último, proponer algunas alternativas que apunten a mitigar los efectos negativos del proyecto sin renunciar al legítimo objetivo de aliviar la carga de la educación superior. En primer lugar, creemos necesario sustituir el mecanismo de retribución por un crédito estatal que sea contingente a los ingresos, con pago proporcional, con un tope razonable y en relación al costo real de las carreras. Dicho crédito deberá asegurar que no existan sobrepagos, poniendo un límite a la deuda adquirida por el estudiante. En segundo lugar, se debe restituir la posibilidad de copago para los deciles que no aplican la gratuidad, es decir, los deciles 7, 8 y 9. De esta manera se resguarda la salud financiera de las instituciones de educación superior, sobre todo aquellas no adscritas a la gratuidad, en las que la calidad de la educación que ofrecen depende de ingresos de esta naturaleza. En tercer lugar, urge reponer las becas que el proyecto suprime. Así, en caso de no lograr que el FES cuente con suficiente adhesión por parte de las instituciones de educación superior, no se condenará a miles de estudiantes de segmentos medios que dependen de este tipo de mecanismo para profesionalizarse. En cuarto y último lugar, creemos necesario cuantificar el impacto que pueda tener el nuevo sistema de retribución sobre los niveles de informalidad laboral, sobre todo en segmentos jóvenes, a modo de nutrir la discusión sobre los costos laborales y fiscales subyacentes al proyecto de ley. A modo de conclusión, yo creo que la pregunta de fondo acá es: ¿en qué estamos invirtiendo los recursos del Estado? Por cierto, este proyecto puede costar miles de millones, pero mientras tanto la educación parvularia sigue con coberturas bajísimas, la educación escolar está en crisis, con violencia, ausentismo y caída en los aprendizajes, y la inversión más costo-efectiva para la equidad –es decir, para eliminar las brechas desde su origen, que es la primera infancia– sigue siendo postergada. No podemos seguir dándonos el lujo de financiar lo que suena bien, pero que no funciona. Este proyecto no resuelve los problemas de la educación superior, sino que los agrava, no premia el mérito, lo castiga y pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Juan Pablo, diputado Mayado, que tiene una duda: —Sí, sí. Gracias, gracias, presidente. Bienvenido a los invitados. Mire, tomé cinco puntos de la exposición que quisiera que se profundizara. Primero, el 20% del copago en el financiamiento del sistema. O sea, aquí se está sacándole, metiendo la mano al bolsillo a las universidades, a todas, ¿cierto? Y sacándole un 20% con este sistema. Según lo expuesto, ¿cuáles serían las instituciones más afectadas? ¿Universidades del Estado o universidades privadas? ¿Y de dónde se obtendría ese 20% de disminución para cuadrar la caja en las universidades? Porque hay algunas que están bien desfinanciadas, como la Universidad de La Frontera y, en mi caso, la Universidad URCHAR, que también atraviesan complicaciones financieras, y hay otras en situación muy compleja. ¿Esto significaría que además entrarían en un déficit de caja? En segundo lugar, me llamó muchísimo la atención el tema de los 80.000 estudiantes sin beca, porque, como usted indica con toda la razón, no necesariamente todas las universidades acogerán el FES. Entonces, si no se acoge dicho mecanismo, esos 80.000 estudiantes, no sé, se verían imposibilitados de acceder a la educación en las universidades que desean, debido a que, al no contar con las becas, no tendrían la posibilidad de estudiar en las instituciones de su preferencia. Además, se hizo una afirmación respecto a que, en menores ingresos, la gente…

El mayor ingreso va a ir destinado a las universidades de peor desempeño, es decir, aquellas que presentan deficiencias, mientras que las instituciones de mejor calidad atenderán a quienes pueden pagar. Asimismo, se indica que más de un millón y medio de pesos se pagarían en mayor proporción financiando a quienes tienen menores ingresos, lo que lleva a preguntarse cómo es posible que, en este esquema, los de menores recursos terminen financiando a los de mayores ingresos. Estoy de acuerdo con el análisis sobre la formalidad laboral, que afecta al segundo nivel de los jóvenes. Esto implicará, en muchos casos, la formalización a través de sociedades o de empresas unipersonales, en las cuales, en lugar de un contrato laboral, se optaría por un contrato de servicios para dar la vuelta a la situación. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Sáez, subsecretario de ISA. Le pediré que, por favor, trate de sintetizar su intervención, ya que se ha expuesto la mitad de lo planteado por nuestro invitado. Pregunte, por favor, pero procurando que su intervención no se extienda más de cinco minutos. Gracias, Presidente, buenos días. El documento que se expone plantea que sin copago las instituciones se desfinanciarán, pero no considera que el copago ha trasladado, durante muchos años, una carga excesiva en términos financieros a las familias, lo que ha distorsionado de manera importante el acceso a la educación. Es decir, si uno cuenta con recursos, puede acceder a una mayor calidad; y si no, se conforma con lo existente. En ese sentido, resulta contradictorio afirmar que la eliminación del copago pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de las instituciones, cuando en realidad ha sido uno de los factores más determinantes de segmentación, endeudamiento abusivo y desigualdad estructural en el sistema. La última pregunta se refiere a que se propone un mecanismo de crédito contingente, el cual en el fondo sigue manteniendo el factor deuda como una cuestión central para quienes estudian y que, posteriormente, se transformarán en trabajadores profesionales. Gracias. Presidente, lo que ocurre es que, si bien comparto lo expuesto, me preocupa un hecho fundamental. Existen universidades para las cuales este proyecto tendría poco impacto, ya que algunas cuentan con un alto porcentaje de gratuidad. Sin embargo, nuestra inquietud se centra en aquellas instituciones que combinan una parte de gratuidad con crédito y copago, lo que les permite alcanzar mayores niveles de calidad y servicio. Por ello, mi pregunta es: ¿podríamos implementar algún tipo de financiamiento segregado, diverso o distinto que se adecúe a la realidad de cada institución? Porque, como he mencionado, las universidades estatales, por ejemplo, presentan altos porcentajes de gratuidad y este proyecto resulta poco relevante para ellas, mientras que en otras la diferencia puede ser muy significativa en términos de acceso. Además, ¿podría profundizar en la duda de que las personas con mayores niveles de ingreso, en el futuro, terminarían pagando mucho más de lo que se les otorgó en crédito o ayuda estatal? Gracias. Ustedes critican el copago y me gustaría que se profundizara un poco en ello, ya que, en definitiva, lo que se está planteando es pagar a las universidades solo por lo que invierten en impartir clases. Esto implicaría eliminar elementos complejos propios de la universidad, como la investigación, y otros aspectos, pues se financiaría únicamente lo destinado a la enseñanza.

Aquello, es con el copago, es con el ingreso a los alumnos. Entonces, la pregunta en el fondo es: si eliminamos el copago, ¿qué universidades nos quedan, qué calidad de educación nos queda o qué pasa a ser una universidad en este mundo? Y lo otro es, al fijar el precio a través del arancel de referencia, o el arancel que determina cuánto se le paga efectivamente a la universidad, ¿doy la posibilidad de que exista libertad de cátedra? Porque, en definitiva, le estoy diciendo al profesor que le pago las condiciones que yo quiero para que entregue el material que yo quiero. Entonces, ¿existe libertad de cátedra cuando están fijados todos los parámetros para impartir educación? Muy bien. ¿Me había pedido la palabra su secretario antes? Muchas gracias, presidente. Siempre valorando el debate democrático, quisiera puntualizar algunos hechos relevantes para esta discusión. La disminución de ingresos en el sistema por un monto cercano a 1.300 millones de dólares es una información inexacta. En general, estos cálculos –y quizás sería bueno que acá el presidente o la organización explicara cómo se realiza la estimación– se hacen con los valores nominales de las ganancias de las carreras, es decir, se toma el valor que se indica en la institución y luego se compara con la transferencia pública. Sin embargo, muchas instituciones –y esto se puede demostrar examinando la totalidad de los estados financieros de las instituciones de educación superior disponibles de manera pública en el sitio web de la Superintendencia– muestran que el valor nominal de las carreras no coincide con los ingresos reales que perciben por aranceles. Voy a decirlo con una metáfora: es como estimar los ingresos de una farmacia viendo el precio de lista de los medicamentos y no considerando lo que efectivamente la gente paga. Para ello, en las normas contables de nuestro país, las instituciones deben establecer en sus estados financieros cuáles son sus ingresos reales por actividades de pregrado en programas presenciales, que es de lo que estamos hablando acá. Y si se toma dicha información y se proyecta nuestra reforma, ésta no solo no deja al sistema con menos recursos, sino que, a nivel agregado, inyecta más recursos al mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el arancel de referencia, que regula el crédito con el Estado, es más bajo que el arancel regulado permanente publicado el 30 de abril en su carrera definitiva de este año, que entrará en régimen el próximo año, mientras que el tercio de las carreras ya entró en régimen en 2025. De tal modo, el efecto de 1.300 millones de dólares del copago no es efectivo a nivel del sistema. Por supuesto, esto no significa que todas las instituciones tengan exactamente los mismos ingresos; simplemente quería despejar ese punto. Nosotros tenemos un diálogo fluido con el sistema de educación superior y, si se demandara que la disminución fuese superior a 1.300 millones de dólares, créanme, no lo tendrían. Es una situación mucho más compleja y hay que sentarse a trabajar para entenderla en su totalidad, pero quisiera dejar eso claro. En relación a que los estudiantes vulnerables queden en instituciones únicamente con gratuidad y no puedan ingresar a otras de excelencia, quisiera recordar que las dos principales universidades de Chile –la Universidad de Chile y la Universidad Católica– están en gratuidad y son, precisamente, las más prestigiosas del país. Además, diría que, a continuación, se encuentran la Universidad de Concepción, la Universidad Diego Portales y la USACH, todas de tremendo prestigio. Por ello, conviene puntualizar si nos referimos a instituciones que, antes de la gratuidad, ya concentraban su matrícula en sectores de alto ingreso. Esto habría que demostrarlo, por ejemplo, en aquellas instituciones que eventualmente podrían no acceder a beneficios, dado que, tanto en el sistema de gratuidad como en el FED, se concentraba la matrícula en sectores de alto ingreso. Dicho efecto de segregación no puede imputarse, naturalmente, a nuestra política. Respecto a que los estudiantes paguen más de lo que costó su carrera, quisiera recordar que, en un sistema de crédito, por la existencia de intereses, todas las personas pagan más de lo que costó su carrera. Sobre este tema debatiremos probablemente esta tarde, pero los datos con los que contamos –ratificados por la investigación de la propia Comisión y la Biblioteca del Congreso– indican que, en la gran mayoría de los casos, se pagará menos de lo que costó la carrera. Se trata de una innovación que, ligada a un sistema de crédito, implica que, según la lógica de los créditos, todos pagan más. Respecto al incentivo a la formalidad laboral, quisiera decir que, si dicho incentivo proviene, como se argumenta acá, del hecho de que se utiliza para la retribución de la estructura tributaria del país, aquella misma crítica sería imputable al proyecto presentado por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, dado que…

El mecanismo que tenemos de retribución es la estructura tributaria del país, llámese retribución o pago de un crédito. A efecto, resulta equivalente; por lo tanto, cualquier sistema que utilice la estructura tributaria del país podría, entre comillas, promover la informalidad. Quisiera recordar también que la informalidad es menor en los profesionales, pero además, ¿cuál es la alternativa al esquema tributario del país? La judicialización ha demostrado no ser un mecanismo adecuado de recuperación de estos montos, dado que se judicializa, se invierte mucho en ese proceso y se descubre que las personas no tienen propiedades. Lo digo de manera coloquial: gastas millones de pesos, judicializas, llegas a una casa, te das cuenta de que la persona te da 10 millones y encuentras un teléfono que vale 200.000 pesos. No es un mecanismo eficiente de recaudación; la estructura tributaria del país es el mecanismo y fue por ello que el propio presidente Sebastián Piñera lo hizo así en su proyecto. Aún así, con todo lo que quisiera puntualizar, me parece que lo propuesto respecto al establecimiento de un límite para el pago en determinados casos es algo que estamos estudiando y, por lo tanto, contribuye al debate. Quisiera también agradecer la exposición en ese sentido y señalar que las políticas que premian el mérito y evitan la segregación son elementos que hay que tener en cuenta. Respecto a las becas, finalmente, quisiera aclarar: el proyecto no elimina las becas, simplemente las reorganiza. Toda vez que hoy las becas han disminuido considerablemente con la entrada en régimen de la política de gratuidad, ya que sólo el 15% de los beneficios que entrega el Ministerio de Educación corresponden a becas. Sin embargo, el concepto de becas no desaparece; tenemos un mandato, a través del reglamento, de reorganizarlas para volverlas compatibles con el nuevo esquema de financiamiento. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra don Juan Pablo. Gracias, presidente. Respecto a la primera intervención del diputado, efectivamente los cálculos que ya provienen de diversas fuentes –por cierto, son resultados heterogéneos– rondan aproximadamente los 1.300 millones de dólares de ingreso al sistema actualmente. Si a eso se suma, por cierto, el déficit estructural que arrastran las instituciones de educación superior, la situación se complique considerablemente. En cuanto a aquellas universidades que corren mayor riesgo de caer en desfinanciamiento, esto guarda directa relación con la diversificación que tienen en su estructura de ingresos, ¿no es cierto? Entre el top 5, una estimación del Centro de Estudios Públicos indicaba que las cinco universidades más afectadas serán la Universidad de Diego Portales, la Universidad Finis Terrae, la Universidad Autónoma, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Todas son de mediana o altísima calidad y están acreditadas por más de cinco años. Respecto a otros temas, me gustaría que el subsecretario transparente cuáles son los cálculos y qué porcentaje de los ingresos del sistema representa hoy el copago de la familia. Lo bajamos de la Superintendencia; nosotros hicimos los cálculos y les puedo hacer llegar los resultados para despejar esa inquietud. Y en cuanto a las becas, son 83.000 becados que hoy se distribuyen en las modalidades que mencioné, en su mayoría mujeres de segmentos medios y bajos. Por cierto, en la medida en que las instituciones de educación superior deciden no adscribir al FES, ¿por qué lo harían? Es una pregunta sensata, ya que, si a una institución no le conviene caer en o seguir arrastrando su déficit estructural, difícilmente optaría por adscribir dicho sistema, lo cual relegaría a todas esas personas que usan las becas para acceder a universidades de excelencia. Me parece que este asunto no debe soslayarse. No sé si se me quedan cosas en el tintero. Ah, sí, no alcancé a retener todas. Si me permite… tenía la palabra primero la diputada Yoman. Tiene que apagar el micrófono por usted. Sí, tiene que apagarlo primero. Gracias, presidente. Bueno, en realidad, respecto a los aranceles, ¿cierto? Porque cuando se cobran aranceles…

Y se suben los aranceles, y son quienes terminan pagando; o sea, alguien paga, ¿cierto? Si la universidad no cobra, en este caso estarían pagando las familias. En los últimos 10 años han subido los aranceles, incluso por sobre la inflación. Entonces, presidente, yo veo que la propuesta que se está haciendo ni siquiera se hace cargo de este aumento; simplemente se dice que se mantenga el copago, copago que permitirá que algunas universidades suban los precios de manera sencilla, y ¿quién terminará pagando? La familia. De esta forma, no veo una solución respecto a la propuesta. Entiendo que en materia de investigación se necesita financiar, pero ese financiamiento no puede provenir de quienes, en este caso, tratamos de alivianar, pues la salida no es que el bolsillo de las familias termine pagando incluso más. Sobre todo, el objetivo del proyecto de ley es alivianar los bolsillos de las personas y condonar deudas, por lo que, si lo que plantea IdeaPaís tiene como consecuencia justo lo contrario, se pierde el propósito. En ese sentido, solicito, por intermedio de usted, presidente, que se consulte al subsecretario sobre la variación que han tenido los aranceles en el último año y si es efectivo lo que se plantea. Tenía una acotación sobre eso. Lo que quiero dejar claro es que las universidades están todas acreditadas; no existe ninguna “trucha”, ni alguna que opere con fondos del Estado. Por eso, la acreditación se realiza primero durante cuatro, cinco o seis años, y deben cumplir ciertos requisitos para garantizar, por ejemplo, la gratuidad. Sin embargo, no quedó claro el riesgo que implica la sostenibilidad del sistema. Este 20% de copago, si bien en algunas carreras los aranceles regulados pueden ser incluso superiores al costo real de la universidad, en otras –incluso en la Católica– existen carreras costosas, como ingeniería, en las que el déficit es enorme debido al alto número de alumnos. Así, hay carreras en las que el arancel es algo mayor, pero la cantidad de estudiantes es muy baja, mientras que en otras, con el arancel de referencia, el sistema queda completamente desfinanciado. Creo que es importante estudiar cada caso, como mencionó Frank, pero el copago afecta a los deciles 7, 8 y 9; no se trata de gratuidad, por lo que no impacta el bolsillo de las personas de escasos recursos, sino de quienes efectivamente deben recurrir a créditos bancarios. Este proyecto adolece de una falla estructural desde el inicio, pues se asume que todos acudirán al FES, pero si a cada uno le conviene pagar el doble de su carrera o pagarla en su totalidad, muchos optarían por ir al banco y evitar el FES, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema. Por ello, el punto central es este 20% de copago: ¿cuál es el riesgo en términos de sostenibilidad de la calidad de una universidad acreditada por seis o siete años? ¿Cómo dejará de invertir en investigación y en todas esas actividades que han contribuido al país, considerando que las universidades van más allá de la educación y reciben además transferencias del Gobierno? Quisiera que se ampliara lo expuesto por el invitado respecto al riesgo de sostenibilidad con ese 20% y, sobre todo, en relación al financiamiento de los ingresos desde los niveles más bajos hasta los más altos, tal como se mencionó en el punto 4. Disculpe, diputado, se me había pasado el tema de la regresividad, pero respecto al otro aspecto, considero que vale la pena, por ejemplo, tomar como botón de muestra a la Universidad Alberto Hurtado, que cuenta con un 75% de gratuidad y aproximadamente un 25% de sistema de crédito. En ese sentido, ¿en qué medida es posible extender o universalizar este sistema regulando los aranceles?