Entonces, mañana, colegas, a las 10:00 hagamos un esfuerzo para que podamos salir de este proyecto. ¿No sabías si García iba a venir hoy? Ya, oye, yo tengo que ir a rendir el informe de Hacienda de adopción, así que avísenme para poder darlo. Avísale a Matías que me avise cuando tenga que hacerlo, que llame, más fácil.
Ya, colegas, seguimos. Retomamos el proyecto: acordamos que mañana nos juntamos a las 10, ministros, para disponer de media hora más. Y tenemos que contarle a Ricardo, que no estaba, y no sé si va a estar mañana. Rodrigo, perdón, Rodrigo Galilá, vamos entonces por el segundo bloque.
Ministro, tiene usted la palabra.
Teníamos que despejar algunas cosas en este tema. Estamos en el artículo transitorio, el primero transitorio y el vigésimo noveno. Hicimos un cuadrito, es un cuadrito que, como ustedes van a ver, tiene mucha información; es el cuadrito que ustedes habían solicitado, presidenta. Y, como verán, son muchas las cosas que deben ir ingresando o empezando a funcionar para que esto se despliegue en todas sus dimensiones.
A ver, lo primero es que, si lo podemos proyectar, vamos a proyectar una propuesta sobre qué artículo —no sé si vamos a alcanzar a ver eso ahora, con el tiempo que tenemos—, pero hay algunos artículos que propondríamos abordar ahora, que es lo que usted estaba señalando. Si a ustedes les parece bien, puedo partir por mostrar ese cuadro; no sé si van a querer que incluya el detalle de cada una de estas partes, pero puedo mostrar el cuadro para que se hagan una idea general. Veamos el cuadro.
Yo diría en general. ¿Eso lo tiene ya la Secretaría? ¡Chuta, no sé, es tan grande! ¿Lo mandé? No, gracias. ¿Y si lo mandaron a la Secretaría? Los mandamos. Estos son los documentos que están imprimiendo. Sí, mándalo por WhatsApp, Sole, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que dice este? O sea, ¿cómo se lee esto? Ustedes van a ver cinco columnas. En la primera columna está todo lo que entra a operar desde la publicación del Diario Oficial. Después, están todos los temas que se desarrollarán en los primeros seis meses (digo "dentro" porque hay algunos a tres meses, a cuatro meses, y ahí está especificado); luego, las cosas en torno a los nueve meses; y, finalmente, lo que corresponde al año, básicamente. Esto, insisto, son los plazos máximos, no necesariamente los plazos que se cumplirán.
Por ejemplo, dentro de lo correspondiente al año se encuentra el vencimiento de la delegación del Presidente de la República para dictar este DFL —lo que preocupaba al senador Insulza— y el inicio del funcionamiento de la oficina de autorizaciones sectoriales. Ahora, ojo: mientras no funcione esta oficina, tal como quedó claro en la discusión de la mañana, funciona el Ministerio, y el Ministerio hará muchas de las funciones que, en su caso, podría desempeñar esta oficina, aunque no todas.
La entrada en vigencia del título 5, que es la institucionalidad encargada del sistema para la regulación y evaluación sectorial. No, lo que está explicando el ministro son los tres tiempos: la entrada en vigencia, los tres tiempos y las materias, son todas. Si se aprobaran las indicaciones que nosotros estamos… ¿cómo quedaría? Tal cual como están. Después hay otras cosas que son transitorias, que también puedo explicar, pero este es, como yo diría, el mapa más grueso.
Esto es bastante importante, porque una de las cosas que hace este proyecto –recuerden ustedes que toma todos los permisos, aproximadamente 380, que son la gran mayoría– es clasificarlos por tipología. Aquí se especifica en el fondo cómo es el proceso de clasificación de tipología. Ese proceso nosotros lo tenemos hecho; en la Comisión de Economía tenemos un acuerdo con los sectores sobre cómo serán clasificados sus distintos permisos. Esto tiene consecuencias importantes, como determinar si se aplica silencio administrativo positivo o negativo o establecer los tiempos máximos en caso de que no estén estipulados en la ley específica. Eso ya lo tendríamos hecho, y debería ser bastante rápido, pero se especifica que son cosas que ocurren en uno o dos meses, o un poco más rápidamente.
Además, recuerden que este proyecto interviene más de 40 leyes, por lo que también hay temas transitorios en esa parte, como se muestra en este cuadro de acá. Por ejemplo, en el primer mes entra en vigencia la supresión de informes sanitarios para establecimientos comerciales. Esto es súper importante para las pymes, porque en la actualidad, al tramitar una patente –uno de los trámites que más demora, según lo comentado por las pymes que, al crear una ferretería o una tienda de barra, necesitan pedir un informe sanitario–, ese requisito se elimina, dado que fue una propuesta de la autoridad sanitaria.
Luego, a los seis meses entra en vigencia la eliminación de la denuncia de silencio en los permisos de torre de soporte de antena. Estoy diciendo acá cosas muy específicas, porque se trata de leyes concretas que serán revisadas y, en su caso, modificadas; pueden ver ese detalle en los colores. Le estaba preguntando recién a Camila, porque cuando se aclara, es porque un permiso se requiere como antecedente para otro, tal como indica la flechita roja en general. No es algo simple de procesar, ya que son muchos elementos.
Finalmente, esto es lo último que solicitó el senador Eduardo. Este tema es importante porque parte de las exigencias relativas a la plataforma Super están asociadas a la implementación de la ley de transformación digital del Estado, que ya existe. Como había mencionado Camila anteriormente, hay distintos plazos que se extienden hasta el 2027, dependiendo de los grupos en los que se agruparon las institucionalidades del Estado. En el grupo A se encuentran ministerios, por ejemplo, servicios públicos; en el grupo B están gobiernos regionales y el 25% de los municipios, que son todos los municipios más grandes e importantes para la inversión; y en el grupo C se encuentran los municipios más pequeños, de carácter rural, que por razones obvias tendrán más dificultades para implementar la transformación digital.
Como decía Camila, en la medida en que esto se vaya implementando en cada uno de estos ministerios y servicios, también se establecerá un plazo máximo en nuestra plataforma. Nosotros también hemos avanzado considerablemente en esto. Para ser justos, la administración anterior no solo había inventado el nombre, sino que también había creado la plataforma, lo que tuvo un valor relevante, y la dejó interoperable, conforme a lo que se requiere desde el punto de vista del soporte de software y programación, para algo así como 20 permisos.
En torno a 200 horas. Hemos hecho harto trabajo porque eso no requiere proyecto ley, se puede avanzar. Entonces, parte del camino para hacer todo esto interoperable y para que exista esta ventanilla única ya lo hemos recorrido y lo dejaremos bastante avanzado durante nuestra administración.
Esto tiene que ver con los plazos máximos para las distintas instituciones del Estado. Un ejercicio que se podría hacer después es identificar cuáles de estas instituciones son relevantes para nuestro proyecto. Por ejemplo, el Grupo C aporta prácticamente muy poco, ya que el gobierno regional tampoco tiene un rol tan relevante en el proyecto; por el contrario, los municipios sí. Por ello, desde el punto de vista de nuestro proyecto, el grueso está en el Grupo A, que es el que se desarrolla con mayor celeridad. En este grupo, la aplicación del principio de interoperabilidad, que es clave para nosotros, ocurre en 2025; de ahí que lo que nos importa avance de forma bastante rápida para los efectos de esta plataforma.
En 2026 hay tres elementos que están en fase 2, fase 4 y fase 5 (se indican en azul). ¿Podría decirnos exactamente qué son esos, para que todos lo conozcan? Para responder al Senador Edwards: como se puede ver en el documento, los grupos tienen colores. El Grupo A está en azul, el Grupo B en verde y el Grupo C en amarillo. En 2026 se vence el plazo para que el Grupo A, los que están en azul, hayan implementado hasta las fases 2, 4 y 5.
La fase 2 implica que ya deberían estar todos notificando por medios electrónicos; la fase 4 establece que el procedimiento administrativo debe constar en expedientes electrónicos; y la fase 5 dispone que las solicitudes, formularios o escritos presentados en papel deben ser digitalizados de inmediato e ingresados al expediente electrónico. Esto, por supuesto, implica que ya se ha implementado la fase 3, tal como aparece en 2024, siendo la fase 1 el ingreso de solicitudes o comunicaciones oficiales entre los órganos de la administración del Estado.
Así, al existir varias fases distribuidas en distintos años, se debe observar cada una según la categoría del grupo (color). De hecho, tanto el decreto con fuerza de ley que regula la implementación de estas fases y grupos para la Ley de Transformación Digital del Estado —proveyendo los recursos que se requieren para ello— como el tercero transitorio aprobado por la Comisión de Economía, fijan un límite hasta fines de 2027 para que todo esté implementado. Esto busca evitar adelantar alguna de estas fases e incurrir en gastos adicionales cuando el Estado ya se está transformando por completo, sin exceder el límite de la implementación de la ley que permitirá la operatividad total de la plataforma Super.
Solo decir que, en cuanto a cómo esta información resulta relevante para lo que nos convoca —cuán rápido va a operar Super—, se observa que casi todo lo importante está previsto para 2026, lo que se entiende como el plazo máximo. Insisto, porque, aunque no lo he comentado en detalle, nuestro ministerio es muy optimista y considera que esto lo vamos a probar. Llevamos hace rato trabajando en ello y preparándonos para la implementación. Tendremos apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo e incluso profesionales dedicados a reforzar nuestro equipo en la elaboración de todos los reglamentos que debemos establecer. Nuestro diseño es hacer esto lo más rápido posible, enmarcándolo dentro del esfuerzo hacia la transformación digital que impulsa el Estado en general, esperando que nuestro camino sea más ágil de lo especificado.
Por último, en este calendario destaca que esos tres elementos en azul, correspondientes al Grupo A, se desarrollen dentro de un lapso en el que, al entenderse que la fase 2 y la fase 5 del Grupo C no dependen del gobierno central, sino de municipios pequeños, se pone de manifiesto la relevancia y el ritmo de avance de esta plataforma.
Estarán interoperables en ese minuto, utilizando los formularios únicos que hace la superintendencia, etc. Está bien, se demoran un poco más: el grupo B son gobiernos regionales, pero el gobierno central, de lo que yo estoy entendiendo acá, está completamente en 2026. Entonces, quizás la petición –o lo que a uno le gustaría que ocurra– es que esos tres cuadrados azules que se muestran se implementen en enero del 2026. Con eso, y obviamente, que los plazos de los elementos indicados en la diapositiva anterior se calculen para que efectivamente esté todo listo en enero del 2026, permitiendo que este gobierno realice todas las transformaciones necesarias, ya que detrás de eso hay artículos transitorios.
Estaba preguntando el número –lo voy a verificar– de cuántas autorizaciones deberíamos tener interoperables al final del gobierno. En la práctica, esto se traduce en una operación sencilla, pero en el fondo lo que uno tiene es una cantidad de programadores que, mediante convenios con cada uno de los servicios, realizan la tarea de tomar el lenguaje de la plataforma que está en el Ministerio A o en el Servicio A y hacerla interoperable con lo que está en el Ministerio de Economía en su plataforma. Nosotros contamos con cierta capacidad para hacer eso y tenemos un plan relativamente ambicioso de cómo avanzar.
Por ello, lo que yo podría traerles, tal vez mañana temprano, es nuestra predicción. Sé que llevamos en torno a 200 autorizaciones, y los relevantes, que están en el proyecto de ley, son 380. Hemos avanzado en esto antes de la aprobación del proyecto, y, quizás, podría precisar cuánto deberíamos tener a diciembre del 2025; sospecho que es menos de 300, pero prefiero verificarlo posteriormente.
Lo que pasa es que, por ejemplo, corríjanme si me equivoco o si lo estoy entendiendo mal, por intermedio del presidente o ministro: si se demoran 12 meses en el reglamento del Código Sanitario, es evidente que algunas de esas medidas –como las notificaciones electrónicas o los procedimientos administrativos– no estarán implementadas. Por ello, la petición es que esos reglamentos estén listos un poco antes, de modo que se brinde el tiempo necesario para hacer todas las programaciones requeridas y que todo funcione en enero.
Cada uno de estos plazos, especificados en esta telaraña de reglamentos y habilitaciones de programas, ha sido revisado por nuestro equipo. Ustedes me preguntan y empiezan a sugerir: “¿Se puede adelantar tres o seis meses?” La respuesta corta es que no lo sé; hay un trabajo serio detrás de esto. Créanme, nosotros somos los más interesados en lograrlo, ya que, si aprobamos este proyecto pronto y lo sacamos adelante, será un logro muy importante para el gobierno, al cual el presidente ha dado máxima prioridad a este tema.
Mi llamado es que, si hay aspectos que les parecen excesivos y que el sentido común indica que se nos está pasando la mano, podemos ajustar algunas cosas. Hagámoslo, pero es difícil hacer esta ingeniería de ver, por ejemplo, “¿por qué no bajamos lo de salud a tres meses nomás?” Los plazos que se plantean corresponden a las capacidades que tenemos y, aunque nosotros trataremos de acelerar el proceso, nuestro interés es que esto quede implementado durante nuestra administración.
Ministro, gracias; en realidad, quiero decirle que, por lo menos, confío plenamente en lo que usted dice.
Seguro que ustedes tienen el mayor interés en que se haga lo antes posible. Lo que ocurre es que, de pronto, se piensa que en algunas leyes, o en algunos aspectos, sería bueno poner en el calendario oficial, por así decirlo, una fecha un poquito anterior, pero eso es lo que ustedes puedan hacer, simplemente. La verdad es que yo no voy a insistir mucho en esto y usted nos va a proponer mañana cualquier cambio que sea posible.
¿Se ofrece la palabra? Entiendo que este tema está… ¿lo votamos mañana? ¿Vamos a esperar a la Presidenta? ¿Votamos ya? Esperamos a la Presidenta; entonces, una suspensión de unos minutos hasta que vuelva.
Para ocupar estos minutos, mi recomendación sería la siguiente: solamente vengo a escuchar. Se olvida que Edward tiene algunos meses de atraso en esto, y por ello quería apurarse lo más posible. Quizás sería bueno que los dos transitorios que integran este grupo de cuatro se voten mañana, porque es como la totalidad de los plazos; es decir, tienen que verse como un todo, a mi juicio, ya que los reglamentos del código sanitario implican que las notificaciones se hagan de una manera determinada, ¿me decís? Entonces, quizás, presidente, sería bueno que se votara mañana para ver qué es lo que se puede hacer.
La única intención, presidente, es que se implemente lo antes posible, por este gobierno que ya ha sostenido todas las conversaciones con los distintos servicios y cuya experiencia no se quiere perder. Yo estoy de claro: vamos a votar los dos artículos como corresponde, sin tratar de hacer nuevas subdivisiones o cosas por el estilo, simplemente queremos tener la certeza de que se está haciendo lo más rápidamente posible. Además, al tratarse de plazo máximo, el ministro podrá ver si se puede adelantar a otros en algunos ítems. Estoy de acuerdo en que vamos a votar esos dos artículos mañana o, con la secretaria, con la Presidenta, si ya lo decimos.
Presidente, si me permite, si no votamos estos artículos ahora, perfecto, pero tenemos que avanzar. Entonces, una opción es ver el artículo 1, que tiene algunos cambios (una parte de ellos es bastante acotada), pero entiendo que ahí también la senadora, la Presidenta, por lo que dijo, tenía un tema. Esta mañana teníamos también el artículo 12, pero vamos a esperar un poco ya que se estaba terminando el informe de la comisión del ministerio y luego venía ella; por eso, le digo: "Ari, pronto", así que la esperamos un poquito, por favor. Entonces, el 1 y el 12.
Perdón, presidente, lo que sucede es que la senadora Rincón en la mañana manifestó que, respecto del grupo, digamos, 2 (la segunda votación), tenía algunas observaciones sobre ciertos artículos. Por ello, tal vez sea preferible que ella vuelva antes de que empecemos a tratarlos en detalle. Además, el artículo 12 está en el tercer grupo de votación, que son los artículos que se supone tienen más observaciones, y tal vez… de hecho, respecto al artículo 12 hay indicaciones del Ejecutivo y también observaciones parlamentarias. Si hay algunos artículos que no estén condicionados a lo que vamos a dar mañana, adelante.
¿De acuerdo? Bueno, adelante por favor, ya vamos a empezar. La presente ley dice, etc. No sé cómo lo hacemos para el artículo 1, si lo leemos entonces. Sí, lo vamos a leer. Dale el artículo 1, por favor.
Respecto al artículo 1, se presentó una indicación por el Ejecutivo para reemplazar una frase en el inciso 3 de dicho artículo, específicamente en la página 2 del comparado. La indicación del Ejecutivo reemplaza la frase: “sean adecuadas al riesgo e impacto que representan para los respectivos objetos de protección perseguidos por la ley sectorial y, a, por resguarden adecuadamente los respectivos objetos de protección cautelados por la ley sectorial, considerando los riesgos e impactos asociados”, por una redacción actualizada.
Eso que está en negrita es lo que se modificó en la Comisión de Economía. Aquí está, para ayudar en esta conversación: se muestra el artículo 1 y, en verde, está marcada la parte que indicamos en el fondo.
Entonces, ¿cuál es lo que hace este artículo? El artículo 1 define el objeto de la ley y establece cómo deben ser las limitaciones que impone la regulación. La idea es que los permisos buscan prevenir a la sociedad de ciertos riesgos y se debe lograr un equilibrio adecuado en esa prevención. Se especifica que las autorizaciones deben ser justas, necesarias, eficientes y proporcionales.
Consideramos que este ajuste es, fundamentalmente, un problema de sintaxis. Las limitaciones deben resguardar adecuadamente los objetos de protección, ya que son los proyectos y actividades los que pueden representar un riesgo de impacto. Si observan el cambio que hacemos, verán que a la izquierda está lo que está en la actualidad, que aprobó la Comisión de Economía (identificado como una mejora de reacción), y a la derecha se presenta cómo quedaría la redacción ahora: “las limitaciones que establezca la regulación deberán cumplir con los criterios de no discriminación, necesidad, costo-efectividad y proporcionalidad, de forma tal que resguarden adecuadamente los respectivos objetos de protección cautelados por la ley sectorial, considerando los riesgos e impactos asociados”. Es decir, en esencia, las limitaciones deben cumplir la función de protección de forma precisa.
Este es principalmente un tema de sintaxis. No hay grandes diferencias, ya que lo que produjo debate en la Comisión —y lo que finalmente adoptamos, en parte a partir de la propuesta de la Comisión de Economía y algunas reuniones gremiales empresariales— fue la incorporación de estos principios, como la idea de costo-efectividad. Personalmente, creo que no debería haber mayores debates al respecto.
Ahora, ¿qué es lo que, respecto a este artículo, genera preocupación en la presidenta? Eso lo desconozco; no sé si el equipo lo sabe. Bueno, tengo que esperarla entonces.
A mí me parece que está bien. En economía se rechazó efectivamente; fueron tres votaciones en total, con un empate de 2-2. Pero, a ver, ¿por qué se rechazó? ¿Cuántas veces se dijo eso en economía sin lograrlo? Lo vamos a lograr; al final se la vamos a sacar al juez. Vamos a ver cuál era su opción, porque todos estamos de acuerdo en lo que hay. Nos vemos mañana.
Sesión, sesión, está reanudada ya. A mi juicio, la redacción no es simplemente un cambio de sintaxis –aunque se pueda interpretar así–, sino que implica un cambio de fondo. Y ese cambio de fondo es el siguiente: la Constitución, en el artículo 19, número 21, reconoce un derecho constitucional, a saber, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad, siempre respetando las normas legales que la regulan. Es decir, el derecho consiste en ejercer las actividades económicas que la ley puede regular; en el fondo, el derecho constitucional es poder hacer una actividad económica.
Entonces, ¿qué se aprobó en Economía? Se dispone que las limitaciones a alguna actividad económica –aquella que pudiera generar problemas en algún objeto protegido– deberán cumplir con los criterios de no discriminación, necesidad, costo-efectividad y proporcionalidad, de forma que la limitación sea adecuada al riesgo o impacto que representa para los respectivos objetos de protección perseguidos por la ley sectorial. Con esto se establece claramente que, en primer lugar, está el derecho a realizar una actividad económica y, posteriormente, la forma en que esa actividad puede ser regulada.
Sin embargo, al leer el párrafo siguiente se observa una redacción ligeramente distinta, en la que se cambia el orden de prioridad. Se señala el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, es decir, el derecho constitucional –que puede ser regulado– pero se pone de relieve, a continuación, que las limitaciones deberán cumplir con los criterios de no discriminación, necesidad, costo-efectividad y proporcionalidad, resguardando adecuadamente los respectivos objetos de protección de la ley sectorial. Es decir, en este caso, se da prioridad al objeto de protección (la ley) y no a la Constitución. En el primer enunciado, la Constitución manda y acepta la regulación en tanto existan objetos de protección y se reconozcan los riesgos e impactos; en el segundo, en cambio, se da la primacía al objeto protegido sobre el derecho constitucional.
Por lo tanto, a mi juicio, se incurre en un pequeño cambio de orden: se cuestiona si debe priorizarse el derecho a desarrollar una actividad económica –reconocido constitucionalmente– o la regulación del objeto protegido. Este punto se discutió con el ministro, y se le propuso, a partir de una sugerencia de un investigador del Centro de Estudios Públicos, garantizar dentro de esta ley –o ratificar lo establecido en el artículo 19, número 21–, dejando fuera la modificación que prioriza la protección del objeto en detrimento del derecho constitucional. En la Comisión de Economía se consideró correcto mantener primero el derecho a ejercer la actividad económica, limitándolo por el objeto protegido solo en presencia de riesgo de impactos.
Por ello, a mi juicio, la reacción de Economía es adecuada y fue rechazada la redacción que invertía el orden, situación confirmada en la Comisión de Economía mediante una votación de 2-2.
Por lo menos, en mi opinión, creo que lo que está redactado en la Comisión de Economía está perfectamente bien y debería mantenerse. Le doy la palabra al Ejecutivo para que nos explique o responda a lo que plantea el Senador Edwards, porque me hace sentido lo que plantea. Luego, perdón, le daremos primero la palabra a nuestro colegio. Antes de abordar los temas de fondo que estamos discutiendo, me pregunto lo siguiente: ¿lo animo? ¿lo hago? No, está bien, lo hago con la mejor disposición para no generar ningún anticlima, porque hay que trabajar hoy, mañana, pasado, todos los días. Hoy y mañana para terminar. Estos temas, algunos de ellos, ¿no fueron de los que abordaron nuestros asesores? No, este lo abordaron. Este no, es preguntar. Y cuando me lo planteó a mí, mi asesor me hizo entender que me hacía ruido, y le dije al ministro, cuando iniciamos la sesión hoy: “Este me hace ruido”. Es que tiene razón el Senador Lagos, ¿ya? Claro. Y por eso, sí, no. Está bien, uno puede pedirle a las asesoras que concurran, y si tienen varias reuniones y no pasa nada, después llegan acá. Y, colega, tienes toda la razón, y por eso al inicio de la sesión dije: “Estamos aclaradísimos”. Gracias. Y como estamos todos tan felices como antes, gracias. Vamos. Pero tiene toda la razón, y por eso hice el punto al inicio. Gracias. Estoy, como dicen, “carerero”. Tiene toda la razón, pero igual se da preso. Gracias. Pero no lo voy a llevar preso. Ministro, tiene usted la palabra.
Ministro, tiene usted la palabra.
Yo entiendo el debate que plantea el Senador Edwards, por su intermedio, Presidenta, y es un debate relevante. En algún momento, tuvimos una discusión en la Comisión de Economía respecto a de qué se trataba este proyecto de ley. Este proyecto versa sobre las autorizaciones y cómo deben ser llevadas a cabo de manera eficiente para cumplir los objetivos que buscan evitar riesgos para la sociedad, pero haciéndolo sin imponer una carga que carezca de sentido para los titulares. Estoy usando un lenguaje bien coloquial y, además, no se trata de una ley sobre el derecho, por ejemplo, cómo ejercer el derecho a propiedad, que era una de las perspectivas que algunos senadores plantearon legítimamente en su minuto. Pero ese debate yo no lo veo acá, honestamente; veo acá una cuestión mucho más simple.
El tema es que la primera parte es idéntica, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los criterios que deben cumplir las limitaciones (en lo que respecta a la salud) no presenta diferencia. La única diferencia es de forma, de modo que las limitaciones sean adecuadas, es decir, que se ajusten al riesgo e impacto de los proyectos de inversión, y no a las propias limitaciones. Hay, entonces, un problema de castellano, ya que las limitaciones deben efectivamente resguardar su objeto. ¿Cuál es ese objeto? Resguardar ciertos riesgos, pero de una forma que sea coherente con los principios anteriores. Eso es lo que dice la redacción.
A mí me cuesta mucho ver toda la discusión filosófica sobre el derecho y la Constitución que plantea el senador en este tema. Aunque esa discusión existió y es súper importante, no está en esta parte. Eso es lo que, honestamente, no veo. Ahora, si este tema genera mucho debate, votemos nomás y sigamos avanzando. No me desvivo porque una parte de la ley esté mal redactada. Es posible que para algunas personas esto resulte más importante, pero no va a hacer que el proyecto funcione mal; creo que puede funcionar mejor, incluso retirándose ese pasaje mal redactado. Votemos, votemos nomás.
Senador Macaya.
Por supuesto, la asesora tiene la palabra, siendo una colega.
Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Sólo para precisar, al menos, cuál es el razonamiento del Ejecutivo detrás de la propuesta. Es que, efectivamente, este inciso parte de la base de la existencia de las normas constitucionales y, particularmente, de los derechos fundamentales que están regulados en los artículos 21 y 24 de la Constitución, que son los más relevantes desde la perspectiva de la regulación y las limitaciones que se imponen. La Constitución señala que existe la libertad para la actividad económica, existe el derecho de propiedad y establece que es la ley la encargada de fijar las limitaciones, entregando algunos criterios bastante generales como la moral, el orden público y la función social de la propiedad. Luego, la legislación es la que aterriza esa regulación, observándose, en términos constitucionales, que aquellas regulaciones no afecten lo que se denomina el núcleo esencial de la garantía, que es el criterio constitucional establecido en la norma de mayor jerarquía. Ahora, esta norma se inserta, por supuesto, en ese orden constitucional y lo que viene...
Lo que se tiene que hacer en definitiva es precisar cómo deben ser esas limitaciones. En el fondo, y más que contradecir, lo que se quiere decir es que las limitaciones que establezca la regulación sectorial deben obedecer, por supuesto, lo que establece la Constitución; pero, además, deberán cumplir —y esa es la parte más importante de este inciso— con los criterios definidos en esta propia ley, que son los de no discriminación, necesidad, costo y efectividad. Luego, se espera que al aplicar todos esos criterios, las limitaciones logren resguardar aquellos objetos que la Constitución permite proteger, considerando los riesgos e impactos sobre ellos. Por lo tanto, en realidad, el proyecto de ley lo que propone es sofisticar, si se quiere, el marco legal de las autorizaciones, especificando cuáles son los criterios que debe observar la regulación para que las limitaciones resulten adecuadas a las libertades o garantías constitucionales a que se hace referencia.
Senador Macaya. A mí, para ser bien honesto, me cuesta entender la diferencia exegética que implica el análisis de ambas indicaciones. Yo, a diferencia del senador Edwards, no veo una preeminencia en una, es decir, en la economía del derecho constitucional sobre el derecho particular. No la identifico; incluso, encuentro la primera un poco más ambigua, alambicada, que la segunda, la cual considero más precisa. Dicho esto, planteo la siguiente pregunta, en la línea de lo que expuso el senador Edwards: si esto no fue materia de discusión en las conversaciones previas, ¿por qué se presentó esta indicación? Si lo que se aprobó respecto de economía es lo primero y el ministro, junto con el gobierno, insiste en algo que se aprobó allá —tal como dijo el colega Rojo Edwards, con un empate 2-2—, o sea, rechazaron, sí, rechazaron, pero por empate lo que el gobierno trató de establecer, y ahora insiste en una nomenclatura, a mí me pasa lo mismo que al senador Macaya: no tengo claridad para poder pronunciarme.
Entonces, dado que tendremos otra sesión mañana, propongo que retomemos este punto. Ministro, yo sé que usted arruga la cara, pero deseo que lo hagamos bien. No vamos a resolver hoy todo; da lo mismo si le damos una vuelta más. Yo me quiero convencer de lo que usted está planteando. ¿Ya? Denos la posibilidad de revisarlo bien, ya que quedaron claros los argumentos de ambos lados y, de esta forma, contar con la posibilidad de acoger su solicitud.
Pasando al siguiente punto, tenemos la propuesta que hizo el Ejecutivo de Votación; todos la tienen. El Ejecutivo nos pidió que pudiéramos reordenar el orden de votación en la sesión de hoy, y, por lo tanto, tendríamos que analizar el 12, el 38 y el 44. Estoy preguntando: ¿dónde salieron el 96 y el 97? Porque no los tenía yo en la versión anterior. En cuanto a los artículos pendientes que ustedes traen, ¿por qué no empezamos por lo que quedó pendiente? ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan que en la mañana quedamos con dos artículos pendientes, en particular, el de las multas de minería, que quedaron por aclarar? Despejemos ese punto de inmediato.
Ministro, mientras lo buscan, pasemos al artículo 44, que entiendo todos aceptamos, y expliquen para avanzar.
El 44. Veámoslo. Yo estoy tratando de ayudarlo, ministro: en la página 9 de las indicaciones está el artículo 44 y, según entiendo, hay acuerdo de todos. ¿Lo encontró? Pucha, ya, pues estoy tratando de que avancemos.
…que integra la oficina. Esto fue algo que se soltó y es un cambio no tan importante; está apagado, perdón, no es tan importante porque igual se le da cierta flexibilidad a la jefatura de esa oficina para poder reorganizarla, en fin, como suele ocurrir. Pero lo relevante es que esta es una oficina que, a diferencia, por ejemplo, de una división, tiene en la ley mucho más claro lo que puede hacer, y eso es justamente lo que le da fuerza. Además, se actualizan los nombres de las áreas —tres en total— con el fin de reflejar los ajustes conceptuales que hicimos en la Ley Marco.
Ahora nos vamos a lo que se hace específicamente. A la izquierda ustedes ven que, después, se decía “sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior: la oficina estará integrada”. Antes se incluía la expresión “al menos”, que ahora se elimina. Asimismo, el área de grandes proyectos se cambia por “acompañamiento de iniciativas de inversión”; el área de “plataforma súper y monitoreo sectorial” reemplaza lo que antes se llamaba “modernización e implementación sectorial”; y el área de “evaluación para la calidad de la regulación sectorial” pasa a llamarse “modernización de la regulación sectorial”. En definitiva, el único cambio con algo más de sustancia es la eliminación de la fórmula “al menos”, mientras que los otros son simplemente mejoras en los nombres para reflejar de forma más precisa las tareas de cada componente.
Por lo tanto, repasamos el inciso por este nuevo inciso. Y como bien dice Camila, para darle más relevancia a esto, yo lo estaba exponiendo como algo muy poco importante, pero lo que está en el trasfondo es que hubo cambios en las atribuciones y en la fuerza de esta oficina, y esos cambios que ocurrieron en la Comisión de Economía quedan mejor reflejados con los nombres actuales.
Si le parece a los colegas, ¿aprobamos esta indicación?
— Sí.
Ok, ya.
Vamos ahora a que nos expliquen el 96 y 97 de la mañana.
— Sí, sí, Sennagyomi. Son los dos de Sennagyomi: el numeral 96 corresponde a la referencia 417 y, el 97 (numerales 14 y 15) a las páginas 444 a 447. Eran multas, siguen siendo multas, en el tema de las famosas 100 unidades tributarias anuales. Les mandé a su WhatsApp una minuta que nos enviaron.
— Sí.
Voy, Presidenta.
A ver, solo un resumen de lo que vimos en la mañana. Como ustedes recordarán, en nuestra conversación con Senna Giovin, por ejemplo, se transmitió que existía esta multa; pero, en primer lugar, esa multa no estaba contemplada en la ley, y era importante que así fuera, además de que tenía un techo muy bajo. Entonces, lo que se hizo fue aumentar dicho techo. Seguidamente, surgió una pregunta razonable de su parte, en la cual se cuestionaba: “¿cómo comparamos este techo con otros casos?”. Los casos no son exactamente comparables —punto que también observó el senador, ya que tiene que ver con el protocolo de seguridad—; pero nuestro equipo, de manera muy transparente, buscó distintas multas en sectores y casos sectoriales. El resumen de todo esto, que les fue remitido en una minuta hace no tanto tiempo (y quizás aún no lo hayan revisado), indica básicamente que el techo que estamos estableciendo sigue siendo bajo.
Si tuviera que resumir el gráfico, las dos últimas barras corresponden a las cifras que estamos proponiendo —en particular, la última, relativa a la minería de operación propuesta (valorada en 82) muestra que, antes de este proyecto, la situación era menos de la mitad de lo que se plantea ahora. Es decir, uno podría observar el gráfico y concluir que los montos estaban muy bajos; pero dado que es lo que nos comunicó y propuso Senna Giovin, y considerando que se sigue aplicando de esa manera, nos parece razonable continuar defendiendo lo que se expuso en el minuto de la Presidenta.
Intermedio: Solo para precisar, como se observa en las tres barras finales del gráfico, las demás, situadas a la derecha, se refieren al sector de minería. La penúltima y la antepenúltima corresponden a multas o topes máximos de multas que están establecidos hoy en día en normas de jerarquía legal.