De cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado un oficio de la señora ministra de Salud con que dar respuesta a unos enviados por esta comisión, tanto al Ministerio de Salud como al CONFIN, sobre licencias médicas, en los que se solicitaba informar sobre el estudio de datos de las direcciones IP, a través de las cuales se emiten licencias médicas desde el extranjero.
¿Alguna opinión sobre la cuenta?
Bueno, este es un tema que va a seguir estando en tabla, sin ninguna duda. Como ya acordamos, serán las sesiones de los lunes las que recojan estos temas de coyuntura y, tal como lo vimos la semana pasada en presencia de la Contralora y su equipo, la Ministra y su equipo, vamos a continuar. Este no es un tema que vamos a aflojar. (En paréntesis, el Comité Técnico ha estado ya revisando los 12 proyectos que estábamos viendo con la Contraloría para ampliar las atribuciones).
Muy bien, yo le pediría a la mesa técnica que se concentre en ello. No podemos perder espacio en la coyuntura, hay un compromiso de ver cómo podemos mejorar las atribuciones y los alcances de la Contraloría, no solamente por este caso de las licencias médicas, sino también en su acción fiscalizadora. Es algo que la Contraloría viene pidiendo desde hace mucho tiempo; ningún gobierno ha dado respuesta a ello, pero este es el momento, viene la ley de presupuesto y queremos plantearlo desde la Comisión de Salud, en lo que respecta a atribuciones súper precisas sobre fiscalización.
Dicho esto, vamos a, como ya lo establecimos, dejar los puntos varios para el final y a partir con las exposiciones. Entiendo que hay una solicitud particular y no tenemos ningún problema con el orden, sin que nadie más haya manifestado una preferencia horaria. Lo hizo, sí, la Caja de Compensación Los Andes, que la teníamos en segundo lugar. Pasa a primera por una situación particular de ellos. Partimos entonces con la Caja de Compensación Los Andes, seguimos con nuestro siempre presente director de FONASA, don Camilo Sid, luego con el vicepresidente ejecutivo de ProSalud, y terminamos con la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios. ¿Estamos claros con ese orden? Sí.
Muy bien, le ofrezco la palabra entonces al señor Tomás Zavala, que viene acompañado de don Eduardo Díaz, para tratar el proyecto de ley, primer trámite constitucional, que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y modifica otras normas que se indican en el boletín respectivo. Entonces, sin más, don Tomás Zavala. (Don Eduardo, vean ustedes cómo distribuyen los tiempos).
¿Ya está la presentación? Sí.
Muy bien, le ofrezco la palabra.
Debo decir que tenemos cuatro exposiciones. Hubo un acuerdo en la comisión para poder tener una sesión un poco más extendida, porque, de lo contrario, no vamos a poder dar cuenta en tiempo razonable de las veintitantas instituciones que han solicitado ser escuchadas. Son diez minutos para la exposición y siempre tenemos un intercambio de preguntas y respuestas. Si hay preguntas que sean globales o que involucren a las cuatro instituciones, podemos dejar unos minutos al final.
Muy bien, por favor. ¿Me hablan desde la nube o desde dónde? Espero que sea del cielo. Ah, perdón, de la pantalla. Sí. ¿Y qué me dicen? ¿Y quiénes son ustedes? Estamos en la invitación. A ver, vuelvo a leer: don Camilo, sí, Caja de Compensación Los Andes. Tiene toda la razón, no lo leí porque pensé, ya que me pusieron los numerales: está el 1, 2, 3 y el 4, y me salté uno que no tenía número. O sea, usted está sin número esta mañana. Entonces le toca al quinto, que es el Colegio de Químicos Farmacéuticos, y está don Jorge Cienfuegos. Muy bien, estaba en la lista pero no estaba numerado. Sea bienvenido en todo caso, don Jorge.
Muy bien, partimos entonces. Muchas gracias.
Para comenzar, me gustaría brevemente presentar algunos antecedentes de qué es la Caja de Compensación Los Andes, que creo que es relevante para esta discusión. La Caja de Compensación Los Andes es una institución con más de 70 años de historia, cuenta con 4,3 millones de afiliados y más de 55 mil empresas afiliadas. Es una organización sin fines de lucro, y trabajamos día y noche por contribuir.
Mejorar el sistema de seguridad social en Chile. Hoy en día, entregamos beneficios a más de 3,9 millones de personas, es decir, más del 90% de nuestros afiliados utilizan nuestros beneficios.
Perdón, ¿le puedo hacer una interrupción? Disculpenme.
Por supuesto.
¿Será posible ofrecer un tecito, un cafecito a esta hora de la fría mañana a los invitados?
Sí, lo que ellos quieran. Siempre cae bien.
Por favor.
Disculpen.
No hay problema.
Y pagamos más de 3 millones de licencias médicas al año.
Cuando miramos las licencias médicas, es un sistema que nosotros vemos en crisis. Básicamente, lo que se ha levantado en el último tiempo son cuestiones bastante importantes y, lejos de ser algo anecdótico, se trata de un problema estructural en la forma en que se administran hoy en día las licencias médicas. Entre estos aspectos, observamos que hay una sobrecarga institucional de la COMPIN, que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y ha generado diversas consecuencias. Se evidencia un desorden administrativo importante y una desigualdad en los criterios de aplicación, tanto entre las diferentes aseguradoras como en el sistema público. Una parte crucial de los recursos de FONASA se destina al pago de las licencias médicas, como consecuencia de todo esto, entre otros factores.
El resultado es que miles de trabajadores esperan por un subsidio, mientras que el sistema se va deslegitimando y pierde importantes recursos fiscales. Nosotros sabemos cuál es la realidad de las licencias médicas. Nuestro corazón en la operación tiene que ver con este tema. Como comentaba antes, el año pasado, para ser un poco más exactos, pagamos 3,2 millones de licencias médicas.
El plazo promedio de pago que logramos fue de 8,8 días. Estos 8,8 días se dividen en dos partes: 5,5 días corresponden al tiempo que demora la COMPIN y nosotros, como caja, nos demoramos 3,3 días en efectuar el pago. Esto se compara con aproximadamente 30 días cuando el proceso se realiza únicamente a través del sistema público; existe, por tanto, una diferencia significativa en los tiempos de pago, lo cual creemos que es un aspecto en el que podemos contribuir.
El 97,4% de las licencias médicas pagadas el año pasado se gestionaron de forma electrónica, lo que hace que la operación sea más económica y eficiente. Y, otra vez, volviendo a la Caja de Compensación Los Andes, nosotros representamos el 67% de todas las licencias médicas pagadas por las cajas de compensación. Por lo tanto, como actor, representamos dos tercios del total de licencias médicas pagadas por estas entidades.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que nosotros sabemos lo que se necesita, estamos dispuestos a aportar en la solución y tenemos experiencia en pagar licencias médicas, en procesarlas y en todos los aspectos técnicos que ello requiere.
¿Cómo opera el subsidio por incapacidad laboral hoy? Aquí hay que entender que existen dos caminos: uno cuando una empresa tiene trabajadores que pertenecen a FONASA y están afiliados a alguna caja de compensación, y otro cuando no lo están. El proceso que acabo de describir es el llevado a cabo cuando la COMPIN realiza desde la evaluación de la licencia hasta el pago, pasando por diversas etapas, y actualmente toma alrededor de 30 días. Cuando lo gestionamos en las cajas, el proceso es ligeramente diferente, ya que logramos paralelizar algunas de estas tareas y lo hacemos de manera bastante eficiente, alcanzando, según nuestra gestión durante el 2024, un plazo de 8,8 días. Como comentaba antes, de estos 8,8 días, 5,5 corresponden al tiempo que toma la COMPIN en evaluar y resolver la licencia, y el resto al pago, el cual optimizamos al adelantar aquellas tareas que es posible realizar antes de contar con la resolución.
¿Qué propone el proyecto? El proyecto propone rediseñar el sistema de licencias médicas, trasladando funciones clave desde la COMPIN hacia FONASA. Nosotros vemos que existe un problema importante, ya que esto centralizaría todas las tareas en FONASA, generando una sobrecarga que creemos se puede evitar de forma eficiente. Consideramos que el proyecto no contempla a actores clave con experiencia en este ámbito, como son las cajas de compensación, y debilita el rol fiscalizador de la COMPIN. Y finalmente, esto a nosotros nos genera algunas dudas con respecto a si FONASA realmente...
Tener la capacidad para asumir esto de forma adicional sin generar un deterioro en las funciones que tiene actualmente implica evaluar de forma muy clara que los pagos podrían ser asumidos por otro tipo de instituciones, liberando un enorme peso administrativo y recursos de forma eficiente.
¿Qué es lo que proponemos nosotros? Se trata de una solución concreta, no una idea al aire, sino una propuesta bien definida y sin mayor costo fiscal, que implicaría traspasar la función de pago de todas las licencias médicas a las cajas de compensación. No hablamos únicamente de Caja Los Andes, sino de las cajas en conjunto, sin importar si el beneficiario está afiliado o no, aprovechando la experiencia acumulada en la realización de estos pagos para seguir ofreciendo un servicio eficiente.
¿Cómo proponemos hacer esto? Yo, como gerente general de Caja Los Andes, presento una propuesta que eventualmente involucraría a las otras cajas, basada en licitar la cartera de pago. Se vislumbra la posibilidad de contratar a un tercero o a alguna de las cajas para este fin, permitiendo que el COMPIN se concentre al 100% en la Contraloría Médica, liberando recursos para focalizar el trabajo en esta área mientras las cajas asumen el rol de pago.
Como ya se ha mencionado, la licitación permitiría que diferentes cajas compitan en un proceso eficiente, transparente y orientado a obtener los menores costos. Asimismo, es fundamental destacar que todas las cajas de compensación son organizaciones sin fines de lucro, lo que representa un valor agregado importante, ya que la gestión quedaría en manos de entidades reguladas por la Superintendencia de Seguridad Social, garantizando que no se desvíe hacia un negocio desregulado, sino que se mantenga como parte integral de la Seguridad Social.
En concreto, proponemos tres medidas para viabilizar esta solución:
1. Modificar la Ley 18.833 para permitir que las cajas paguen licencias médicas a personas que no estén afiliadas, extendiendo así nuestro alcance.
2. Reformar el DFL 44 para automatizar cargos y reducir procesos manuales, lo que aumentaría la eficiencia.
3. Realizar una licitación de la cartera de no afiliados bajo criterios de eficiencia y transparencia, de manera que se compita por menores costos, cumpliendo con la meta de no generar un costo adicional, sino de generar ahorros para el sistema en su conjunto.
Reitero que, como gerente general de Caja Los Andes, hablo en representación de la industria, ya que considero que esta propuesta es beneficiosa para el sistema en su totalidad. Si se llega a realizar una licitación, ésta debe cumplir con los más altos estándares de eficiencia y transparencia.
Finalmente, desde Caja Los Andes estamos avanzando en estudios específicos para identificar los costos y eficiencias potenciales que se podrían lograr, e implementando sistemas internos que, con la información que manejamos, permitan detectar casos con alto riesgo de fraude. Si bien, como cajas, no podemos detener de manera directa el pago de licencias o detectar todos los fraudes, sí creemos firmemente en nuestro rol como socios importantes para detectar, analizar y proponer mejoras en el proceso, colaborando en conjunto para reducir las incidencias que afectan al sistema.
Esto representa una oportunidad importante para abordar el tema de las licencias médicas de manera integral, homologando criterios para el pago de subsidios y el reembolso en el sistema público, y promoviendo un mayor involucramiento de los empleadores, más allá del financiamiento. Muchas gracias.
Y esto requeriría varias integraciones necesarias para que podamos operar de mejor manera, con lo cual creemos que podemos ir aumentando o mejorando el estándar con el cual trabajamos entre el mundo público y el mundo privado. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, don Tomás. Vamos a dejar las preguntas para después. Y le voy a ofrecer la palabra ahora, en el orden, al Director Nacional de FONASA, don Camilo Cid, quien viene acompañado por el jefe de División de Planificación y Desarrollo Estratégico, don Matías Goyenechea, y la asesora de comunicaciones también. Don Camilo, por favor.
Muy buenos días, senador, presidente, y a todos los demás miembros de la comisión y presentes. La verdad es que veníamos a comentar la presentación que hubiese sobre este tema en la comisión. Por lo tanto, no tengo una presentación prehecha, sino que voy a comenzar. Entonces, ¿quiere comentar lo que ya hemos tratado o quiere comentar las presentaciones de hoy?
– No, quiero comentar la presentación en particular.
– Así que estoy bien. Ah, porque si no, lo que podemos hacer es que terminen los otros expositores y usted haga una presentación desde la administración del Estado.
– Bueno, ¿le parece? Quedamos en eso.
Muy bien. Cambiamos el orden entonces. Ahora sí, el quinto va a pasar a cuarto. Va ganando, va ganando. Bien.
Vamos a pedirle entonces a don Jean-Jacques Duart, Vicepresidente Ejecutivo de ProSalud Chile, quien está en tercer lugar de orden. Tenemos la presentación de ProSalud.
Evelyn, ¿qué presentación tenemos preparada?
Ah, qué eficiencia, por Dios. Vamos a ir con ProSalud ahora, que estaba en tercer lugar.
Muy bien. La señora maneja todo, usted no se imagina cómo nos controla.
– No, secretaría; usted va indicando y le van poniendo las láminas que desea.
Muy bien, doña Jack, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente.
Muy buenos días a todos los miembros de la comisión. Quisiéramos presentar, en nombre de ProSalud Chile, básicamente nuestra visión respecto de algunos de los puntos tratados en el proyecto de ley, en particular, en materia de nuevas facultades para adjudicaciones múltiples y facultades al ISP para fortalecer la regulación en dispositivos médicos. En la siguiente, por favor.
Bueno, muy rápidamente, quiero indicarles quiénes somos como ProSalud Chile. Es una asociación gremial creada hace cuatro años, durante la pandemia, que reúne a cerca de 40 asociados, incluyendo empresas tanto internacionales como nacionales, startups y centros de investigación vinculados a la salud en distintos rubros, tales como el área farmacéutica y terapias avanzadas.
Contamos entre nuestros socios con los principales productores a nivel mundial en materia de biosimilares que están presentes en Chile, así como con uno de los principales proveedores de la salud pública en materia de medicamentos, como es el caso de Grunentan. Además, a la izquierda se observa un conjunto de empresas proveedoras, entre las cuales se encuentran varios líderes que proveen sistemas digitales al sistema de salud; entre ellos, la que desarrolló, por ejemplo, el Registro Nacional de Inmunizaciones, tan importante durante la pandemia. Un desarrollo tecnológico realizado en Chile y exportado, que muestra nuestras capacidades de innovación y desarrollo.
También contamos con empresas en el área de transporte y logística especializada en salud, así como de dispositivos médicos. Esta combinación no es casual, sino que tiene que ver con la génesis, durante la pandemia, de la convicción de que el país necesita contar con capacidad de respaldo para suministrar algunos de los bienes esenciales para la salud y para no depender únicamente de las importaciones.
En el actual escenario, esta necesidad se cobra aún más fuerza. Además, la mezcla, complementación y sinergia entre estos distintos rubros y tecnologías nos permitirá generar respuestas y soluciones más efectivas a los problemas que enfrenta la salud en Chile.
La siguiente, por favor.
Y lo que nos une como propósito es, justamente, promover el desarrollo de un polo de innovación colaborativa en nuestro país, con empresas y entidades tanto nacionales como internacionales.
Nacionales, pero enfocadas a acelerar el ritmo de innovación en la salud y, particularmente, en la salud pública, que creemos es un tremendo desafío que tenemos para abordar con efectividad y generar resultados de impacto para los pacientes en nuestro país. Vamos a saltar una hora al tiempo e ir directamente a los temas en relación al actual proyecto de ley en discusión. La siguiente, por favor.
En el primer punto, respecto a las facultades que se entrega a Senabas en materia de adjudicaciones múltiples, queremos decir que nos parece tremendamente importante avanzar en esa dirección, que es parte de la tendencia observada a nivel mundial y que va en la línea de dotar a Senabas de mayores herramientas y margen de maniobra para llevar a cabo efectivamente un proceso de compras públicas de productos de la salud y, en particular, de medicamentos más eficientes, efectivos y que nos cubran algunos de los desafíos apremiantes que plantea el nuevo escenario internacional.
Eso nos acompaña y se agudizó durante la pandemia, ya que, de alguna manera, entramos en un nuevo escenario mundial que, todo indica, llegó para quedarse. Más allá de la pandemia, observamos cómo se instala una mayor incertidumbre a nivel global en materia de estabilidad de las cadenas globales de suministro de una serie de bienes, pero en particular en el ámbito de la salud, lo cual expone a los países a la vulnerabilidad frente a una posible interrupción de dichas cadenas. Pensábamos que, una vez pasada la pandemia, esto se recuperaría; sin embargo, la verdad es que no ha sido así, y se suman problemas geopolíticos de distinto orden en Europa, en Oriente Medio, etc., a lo que recientemente se añade la guerra arancelaria, que agudiza esta volatilidad e incertidumbre en materia de suministros globales.
Lo que decíamos es que la sostenibilidad y la resiliencia en los sistemas de salud se han convertido en uno de los desafíos principales en muchos países en materia de políticas públicas y, particularmente, en las políticas de compras públicas de medicamentos y otros bienes esenciales para la salud, con miras a asegurar el acceso y la continuidad del suministro. Algo que hasta hace algunos años era evidente y transparente, hoy día ha dejado de ser algo garantizado, siendo necesario introducir nuevas políticas y formas de gestionar este riesgo de manera estructural en los mercados internacionales.
En ese contexto, cobran especial importancia dos aspectos: uno, el objetivo de reducir el riesgo de interrupción en el suministro y de quiebres de stock de medicamentos, función esencial que influye en la seguridad, la salud y la resiliencia de nuestros sistemas; y otro, la necesidad de extremar los esfuerzos por promover una mayor competencia y diversificación de proveedores, lo cual complementa el objetivo anterior de reducir el riesgo. Es decir, al igual que en los ámbitos financiero, energético o alimentario, la gestión del riesgo a través de la diversificación —no poner todos los huevos en la misma canasta— se convierte en un elemento central en el diseño de políticas públicas.
En cuanto a lo que se ha estado aplicando, en la lámina siguiente, y a la experiencia internacional en materia de adjudicaciones múltiples, se trata de una herramienta que se suma al portafolio de instrumentos de las entidades compradoras en distintos países. Esta modalidad presenta ventajas para abordar los desafíos de reducir el riesgo de quiebre de stock y de fomentar la competencia mediante una mayor diversificación de proveedores. Por ello, en los últimos años esta modalidad de adjudicación múltiple se ha ido expandiendo, no de manera exclusiva, sino como una opción más para los organismos encargados de las compras públicas, evitando limitar las herramientas disponibles en un escenario de alta incertidumbre.
Esto ha significado que este tipo de modalidad de adjudicación múltiple se ha ido aplicando en diversos países en los últimos años y también...
Muy recientemente, ahora en marzo de este año, la Comisión Europea, ¿no es cierto?, generó un conjunto de propuestas a través de esta propuesta de ley de medicamentos críticos, donde justamente se resalta la importancia de que los países incorporen esta modalidad de adjudicación múltiple como una forma de gestionar el riesgo en el suministro de bienes tan importantes para la salud.
Algunos casos para no pensar que esto es una cosa lejana, que tiene que ver con realidades distintas a la nuestra. Cuando vemos lo que está ocurriendo en los últimos años en Chile, encontramos varios ejemplos muy concretos que muestran dramáticamente la urgencia de que el organismo encargado de compras públicas, como es Senabás, cuente con una herramienta de este tipo, que legalmente no tiene y, por lo tanto, está amarrado de mano en ese caso con esta fórmula exclusiva de adjudicación única, la cual, para muchos efectos, tiene ventaja en ciertas condiciones, pero en otras resulta extremadamente ineficiente a causa de una serie de externalidades negativas.
El caso de la metformina, como ustedes ven, es un ejemplo. Se usa para el tratamiento de la diabetes, una enfermedad de alta y creciente prevalencia en Chile, uno de los problemas crónicos que se nos está disparando. En este caso, tenemos licitaciones otorgadas a través de adjudicación única; toda esta información es pública a través de los portales de Senabás, donde, por ejemplo, se adjudica a un laboratorio – en este caso, CEN, lo pongo con todas sus letras – basándose prácticamente en la variable del menor precio. Lamentablemente, su proveedor de la India no es capaz de abastecerlo, quedándose incapacitado para responder a los compromisos con Senabás y teniendo que acudir a otro laboratorio para poder cumplir su contrato, pero en forma de intermediación, es decir, con salidas de emergencia que indudablemente implican costos y otros elementos imprevistos. De nuevo, Senabás debe salir al paso y buscar remedios para un caso que afecta la salud pública.
Otro ejemplo es el de Diclo Fenaco, utilizado para el tratamiento antiinflamatorio de largo uso en Chile. Nos enfrentamos nuevamente con el problema de adjudicar a un proveedor único – un laboratorio que importa desde la India, adjudicado también por el menor precio. Recientemente, en mayo de 2025, el Instituto de Salud Pública (ISP) incluyó su retiro por problemas de efectividad, dejándonos sin otra alternativa de suministro en un caso de emergencia.
También encontramos el caso de productos biológicos, muy importantes para el tratamiento de la artritis reumatoide, cubiertos por la ley Ricardo Soto. Aquí se repite el problema de continuidad en el abastecimiento: esta mecánica de adjudicación única, por un largo período de 18 meses o más, desincentiva la participación de otros proveedores alternativos, que se retiran, generando una dependencia exclusiva de un solo proveedor que, al no poder atender la demanda, provoca problemas de desabastecimiento. Finalmente, la situación se resuelve, pero siempre recurriendo a soluciones de emergencia que no son las óptimas.
El último ejemplo es el de la doxorubicina, medicamento para quimioterapia. El año pasado, en 2024, se produjo un quiebre a nivel nacional, evidenciando nuevamente que esta mecánica de exclusividad por 18 meses desincentiva la participación de otros proveedores, lo que se tradujo en la cancelación voluntaria de más de 10 registros para ese producto, dejando actualmente solo dos. Esto estrecha el margen de opciones y, obviamente, perjudica a quien busca comprar de forma óptima.
Muchos de estos ejemplos han sido recogidos en el estudio realizado por la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad, en materia de eficiencia en la gestión de compras de hospitales públicos; y tras ese largo análisis, se recomienda avanzar en esta materia.
A incorporar el mecanismo de adjudicaciones múltiples para dotar justamente de más herramientas a Senabás. Por ello, creemos que lo contemplado en este proyecto va en la dirección correcta, siguiendo la tendencia a nivel internacional, de brindar un enfoque más estratégico, con un horizonte de tiempo que permita anticipar y planificar de mejor manera, evitando depender de mecanismos que funcionan en épocas o en escenarios estables y repetitivos, pero que resultan insuficientes en entornos muy dinámicos y volubles.
En el último punto, relativo a la necesidad de fortalecer la regulación de dispositivos médicos, nosotros apoyamos entusiastamente lo planteado en el proyecto, ya que consideramos que es una gran deuda que tiene el país. Esto no condice con el hecho de ser miembro de la OCDE: a diferencia de todos los vecinos de la región, y de países con alta vigilancia sanitaria, como en Europa, Japón y Norteamérica, en Chile no contamos con una regulación en dispositivos médicos similar a la de los productos farmacéuticos. Se trata de bienes que representan un riesgo muy importante para los pacientes, pues no solo hablamos de guantes, preservativos o jeringas, sino también de marcapasos, de friviriladores, implantes oculares, implantes craneales, entre otros productos ultracomplejos, de gran sofisticación y alto riesgo. Si estos dispositivos no cuentan con una certificación de calidad expedida por un organismo regulador –función que desempeña el ISP–, se ponen en entredicho tanto la seguridad de los pacientes como la competencia leal en el mercado.
Usted ha venido trabajando aprovechando todas las posibilidades que ofrece la normativa, pero es evidente que resulta insuficiente y que debemos dar este paso de forma urgente. No hacerlo continuará posicionándonos en desventaja, en comparación con todos los países de la región, donde el registro es condición sine qua non para autorizar su comercialización. En Chile, nos encontramos en una suerte de Far West que, además de generar un riesgo sanitario enorme al exponer a los pacientes a dispositivos de calidad dudosa, también establece una competencia desleal contra los proveedores que cumplen con los estándares de calidad y, en definitiva, representa un desincentivo para la innovación y el emprendimiento en este sector. Cabe destacar, por ejemplo, el creciente campo del Software as a Medical Device, en el que las startups y empresas innovadoras se ven impedidas de validarse e internacionalizarse debido a la falta de una certificación oficial por parte del órgano sanitario.
Por todo ello, apoyamos entusiastamente que se avance en esta materia y se le otorguen las herramientas necesarias al ISP para ponerse al nivel de la tendencia internacional.
Muchas gracias, Presidente.
Muy excedido en su tiempo, pero independientemente de ello, considero que usted ha tocado un punto muy relevante. Espero que en este proyecto de ley podamos establecer certezas tanto para los usuarios como para quienes hacen recomendaciones, ya que en ocasiones actuamos un poco a ciegas. A los expositores, tanto a los que ya han intervenido como a los que aún lo harán, les sugiero que, aunque no tengan la facultad de presentar modificaciones formales o indicaciones al proyecto, enfoquen sus comentarios en señalar aquellas áreas que realmente necesitan ser mejoradas, reforzadas o potenciadas.
No malo, digamos, ¿no? Y a fin de que, como vuelvo a repetir, si bien es cierto que ustedes no tienen atribuciones – son atribuciones del Ejecutivo, atribuciones de los parlamentarios para generar las indicaciones – siempre es bueno, de pronto, señalar exactamente dónde, en la postura institucional que todo el mundo trae, planteen sus preocupaciones, sus aprensiones, sus posibilidades de mejorar, de potenciar lo bueno, en fin. Y eso a nosotros nos orienta respecto de saber, además del contexto, cuál es exactamente la preocupación o el ánimo de aún mejorar más un proyecto de ley, en términos generales.
Entonces, está bien, el comentario nos coloca en el contexto, pero pues vámonos directo a donde les preocupa, les promueve, les alegra, lo que sea. Nosotros haremos el tamiz, cada uno en su responsabilidad o en su postura. Así funciona. Así que, muy bien, están todas las exposiciones de ustedes en nuestros pupitres, de tal manera que ya la mesa técnica – lo acabo de chequear con Karol – va a ir viendo. Muy bien, avanzamos.
Le voy a ofrecer la palabra ahora a la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, doña Claudia Papich, que está acompañada de la directora, doña Sandra González. El tiempo que a ustedes les va a faltar, se lo cargan, por favor, a doña Jack, que se lo ocupo. Se la cobro a Jan Jack.
Doña Claudia, tiene la palabra, por favor.
Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias, senadores y senadoras, por recibirnos hoy. En todo caso, el tiempo que se tomó Jan Jack nos apoya bastante en buena parte del contexto que nosotros queríamos dar. Primero, me presento: nosotros somos un gremio que alberga a 17 laboratorios farmacéuticos. Son 19 nuestros asociados. Y, de acuerdo a información pública disponible, los asociados de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos representan cerca del 28% de la oferta de suministros de medicamentos licitados y adjudicados por Cenabast.
Nuestro gremio cuenta con 24 plantas productivas ubicadas en Santiago, Concepción, Valparaíso y también en el extranjero. Proporcionamos más de 4.000 empleos directos de alta calificación y más de 20.000 puestos de trabajo indirectos.
Tenemos una amplia oferta de medicamentos alopáticos, fitofármacos, medicamentos naturales, dispositivos médicos y suplementos alimenticios, con un denominador común: la calidad y la seguridad de nuestros productos, manteniendo siempre al paciente como eje central de nuestro quehacer.
Lo que nos convoca hoy, lo que nos tiene a todos dentro de esta sala, es la salud de las personas. Este es nuestro interés común; para nosotros, como gremio, es nuestro propósito, y entendemos que para ustedes es el norte de su actividad y el mandato que reciben de legislar para el bien común de los chilenos.
Y nosotros lo que quisiéramos es hacer un llamado a todos los miembros del ecosistema, a todas las partes interesadas, a los entes del Estado, a nosotros, la industria y también a ustedes, a que cada uno pueda contribuir desde donde le corresponde a este bien común, a la salud de las personas.
En este contexto, nuestro rol es entregar oportunamente medicamentos seguros y de calidad para la población de Chile y, con ello, contribuir a la seguridad sanitaria. Tal como fue mencionado en la presentación anterior, la importancia de contar con una industria local está súper documentada y demostrada. No me voy a detener demasiado en ello; entendemos que el nivel de precio en todo mercado está normalmente determinado por los fenómenos de abundancia y escasez, y cuando un producto es abundante, su precio baja; cuando es escaso, el precio sube. Esta es la ley de oferta y demanda que todos conocemos. Pero, si entendemos que, en la medida en que se expande el mercado – corrremos la curva de oferta, expandiendo el mercado y permitiendo que ingresen nuevos actores al sistema – podemos conseguir no solo un precio menor, sino también una mayor disponibilidad de productos.
Pero aumentar esta cantidad de oferentes, que si bien permite bajar los precios y asegurar cantidades disponibles, no está libre de controversia. ¿Por dónde debemos aumentar esta oferta? Es aquí donde nosotros entendemos que incrementar la dependencia de importaciones genera vulnerabilidad. Fue muy bien explicado por la presentación anterior; no me voy a detener en esto, pero entendemos que fortalecernos a partir del mercado externo genera vulnerabilidades, mientras que fortalecer la industria local otorga capacidad de reacción y contribuye a la seguridad sanitaria.
Respecto de la invitación que recibimos para compartir con ustedes nuestra visión sobre el proyecto de ley, el boletín 17.375-11, nosotros consideramos que la solución a los problemas actuales no pasa necesariamente por lo regulatorio, sino por una gestión eficiente.
Es relevante el control que se haga para que las instituciones del Estado, como Cenabast y el Instituto de Salud Pública, cumplan con su mandato. Por ejemplo, el mandato de Cenabast de proveer de medicamentos y otros recursos a la red pública de salud, asegurando el abastecimiento para todos los chilenos, o el del Instituto de Salud Pública, de ser el organismo de referencia que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, la autorización, la fiscalización, la investigación y la transferencia tecnológica.
En la presentación anterior se profundizó en estos puntos; yo, por tener menos tiempo, no ahondaré más, pero creemos que ha quedado claro cómo la industria se ve afectada por el incumplimiento de estos mandatos de organismos.
Nosotros hacemos algunas recomendaciones al proyecto en una minuta que ha quedado en sus escritorios. Preparamos dicho documento con el detalle solicitado por el presidente de la comisión, aclarando en cada párrafo los aspectos que se podrían mejorar. Consideramos que estos alcances al proyecto de ley permiten asegurar una ejecución del rol de estos organismos públicos de acuerdo con el fin último de sus estatutos y con lo que nos convoca: el bienestar de todos los chilenos.
Es así como pedimos mayor transparencia en los procesos de abastecimiento de medicamentos, para permitir que la industria se fortalezca y, con ello, abastezca en tiempo y forma a todos los organismos encargados de velar por la salud de los chilenos, asegurando buenas prácticas. Estimamos que este proyecto, tal como está propuesto, podría presentar un grave problema de prácticas anticompetitivas –como se ha señalado anteriormente– e incluso rasgos de inconstitucionalidad, ya que discrimina al proveedor nacional.
Solo voy a poner algunos ejemplos para explicar estos alcances. Si nos vamos a la página 49 del boletín 17.375-11, vemos en la letra D que se propone reemplazar, en el literal E, la frase “registrar, importar, adquirir, almacenar, distribuir, transportar, arrendar y vender estos productos” por “además de ejercer las facultades previstas en el literal A, solicitar ante el Instituto de Salud Pública el registro provisorio de los productos sanitarios en cuestión”. Aquí decimos que esto debería hacerse en igualdad de condiciones, en tiempo y forma, que cualquier solicitante del registro en Chile.
Otro ejemplo –traigo solo tres– se encuentra en la letra B de la misma página, donde se indica: “agréguese a continuación del inciso 6”.
El siguiente inciso tercero nuevo y en este inciso se señala que, en el ejercicio de sus facultades de importación, la central podrá anticipar parte o el total del pago al proveedor sin necesidad de exigir una garantía por dicho anticipo. Es evidentemente una condición irregular y anticompetitiva. Si no se le entrega igual condición a la industria nacional, no se explica por qué favorecer laboratorios internacionales sin que los locales puedan acceder a la misma condición. La presentación anterior nos lo demuestra.
Como último ejemplo de las propuestas que les hemos entregado a través de la minuta que tienen en sus escritorios, en la misma página 49, el punto 13 dice: "intercálese" en el inciso segundo del artículo 70 bis, entre la expresión 'establecimientos del sistema' y el punto seguido, la frase "o si las circunstancias debidamente calificadas por resolución de la central, así lo ameritan", y continúa el párrafo. Nosotros entendemos que es fundamental que la Central Nacional de Abastecimiento no sea juez y parte. Por lo tanto, proponemos que estas circunstancias debidamente calificadas sean validadas por un organismo independiente a la central, un organismo conformado por los múltiples actores del ecosistema de salud capaces de proveer la información pertinente para identificar las mejores condiciones de abastecimiento, tanto en tiempo como en forma, es decir, en calidad. No puede Cenabast ser juez y parte.
Para ir cerrando, entendemos que algo no está funcionando bien; muy bien lo señaló la exposición anterior y es importante entender por qué. Yo también traje algunas noticias, pero no me voy a detener en ellas para explicar cada una, ya que Jan Jack ha hecho un muy buen trabajo en ahondar en varias de estas noticias. Lo importante es que vemos, es evidente, que algo no funciona bien; la misma Contraloría lo señala y no hay respuesta de parte de los organismos que han sido llamados por la Contraloría a explicar las circunstancias en las que no han cumplido con su llamado. Ya fue mencionado que la mitad de las compras públicas son por trato directo, hay monoproveedores por culpa de este ahogamiento del mercado, y existen recursos que se malgastan en compras de unidades que finalmente hay que destruir, teniendo Chile la capacidad de producir los mismos productos y entregarlos en tiempo y forma. Algo no está funcionando bien y definitivamente es importante que entendamos por qué.
De manera anecdótica, discúlpenme que lo plantee así, pero quiero mostrar un ejemplo de cómo, desde la industria, hemos querido contribuir y desde los organismos del Estado parece que quisieran ir por un camino totalmente distinto. Fue ampliamente difundido el lanzamiento de una plataforma de la Central Nacional de Abastecimientos para encontrar los remedios más baratos. Todos lo han visto, ¿cierto? y muchos lo aplaudieron. Esta plataforma permite a la ciudadanía encontrar fácilmente medicamentos y localizar las farmacias adheridas en todo el país a través de una interfaz georreferencial, y en estas farmacias se puede identificar dónde están los medicamentos más baratos que abastece Cenabast.
Pues nosotros, en el año 2022, desde nuestro gremio lanzamos una plataforma que se llama mimedicamento.cl, en la que logramos cargar más de 1.300 medicamentos que, en ese momento, pertenecían a las 85 patologías GES, a la Ley Ricarte Soto y algunas bajo modalidad de libre elección de FONASA. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de esta plataforma? Les señalamos a los ciudadanos qué medicamentos tienen...