Mixta - Comisión Mixta para Boletín Nº 16762-34 - 3 de junio de 2025

Efectos de elegir presidente. ¿Alguien tiene alguna propuesta? El gobernador de la Comunidad de Córdoba va a tener una cierta tradición que ha funcionado realmente bien. ¿Habría acuerdo? Que no sea esta la ocasión de hacerlo. ¿Te parece? Muchas gracias, colegas. Señora secretaria, cuenta. No tenemos cuenta, presidenta. Colegas, estamos llamados a constituir... en este proyecto de ley. Yo le repartí al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Barrera, una minuta que me había hecho llegar la ministra; se la mandé también a mis colegas y a la secretaría, se las repartieron impresa. Le voy a dar la palabra a la ministra Macarena Lobos para que nos explique esto, que me lo explicó hace un rato atrás por teléfono. Perfecto. Pero aquí queda constancia. Aquí queda en acta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que quede claro a quién nos llamó la ministra.

Excusada, excusada ministra. Le damos entonces la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los diputados y a los senadores y senadoras integrantes de la Comisión Mixta, así como a los miembros de la Secretaría, y agradezco la constitución de esta instancia para tratar un proyecto de ley que recordaremos está dentro de la agenda de prioridad impulsada por el Gobierno y, además, enmarcado en las recomendaciones formuladas por la llamada Comisión Jaraquemada. Como ustedes recordarán, ofrezco un breve contexto, Presidenta, para llegar a los puntos de controversia. En la actualidad se propone crear el Servicio de Auditoría Interna General del Gobierno. Hoy en día, este servicio existe como un programa presupuestario dentro del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y se consideró razonable fortalecer su estatus institucional para crearlo por ley. Dentro de la tramitación del proyecto, que ha gozado de amplio consenso, existe una única controversia formal entre ambas Cámaras. Esta tiene relación con la competencia del Servicio de Auditoría General de Gobierno respecto de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. El proyecto establece que, en el segundo trámite en el Senado, se incorporó la competencia sobre estas fuerzas, mientras que la Cámara rechazó esta propuesta en sala. Cabe recordar que el Consejo de Auditoría General de Gobierno, aun en su calidad de programa presupuestario, ya tiene competencias sobre las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, tanto en su formulación original como conforme al Decreto Supremo 17 que regula estas materias. Desde esta perspectiva, no existe razón para disminuir dichas competencias, especialmente considerando que han existido casos importantes de corrupción en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Así, si bien se ha fortalecido la auditoría interna en dichas instituciones, resulta fundamental que también estén bajo la supervigilancia del SAI. Además, cuando se discutió el proyecto, la propia Contraloría General de la República destacó la importancia de la auditoría interna como complemento dentro del ecosistema de seguridad, dado que la función ex post de la Contraloría limita la detección de irregularidades en comparación con un sistema robusto de auditoría interna. Esta materia de controversia fue transmitida a los integrantes de la Comisión Mixta, y fue comunicada, en el listado que usted presentó, con ocasión de la ley 20.730, la cual creó el Ministerio de Seguridad Pública y reformuló las facultades del Ministerio del Interior. En esa norma modificada, específicamente en el artículo 3º de la ley 20.502 –que creó el Ministerio del Interior– se establece, de manera precisa en el literal, que corresponde a dicho Ministerio supervigilar al organismo encargado de coordinar la actividad de las unidades de auditoría interna de los servicios públicos dependientes o relacionados con el Ejecutivo. Es decir, se produjeron, durante la tramitación de dos proyectos de ley –uno que fortalecía al Ministerio del Interior, extendiendo el Ministerio de Seguridad, y otro que creaba el Servicio de Auditoría General de Gobierno– competencias diferenciadas para este servicio. Por una parte, la ley vigente, la 21.730, asigna la supervigilancia al Ministerio del Interior; sin embargo, durante el proceso, se mantenía la dependencia del servicio como programa presupuestario en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Por tanto, Presidenta, la solicitud del Ejecutivo –si lo tienen a bien los integrantes de la Comisión Mixta– es que se abra la posibilidad de discutir, en esta instancia, las adecuaciones formales en todos los artículos correspondientes, para adecuar la dependencia del servicio del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio del Interior, que, según la ley vigente 21.730, tendría la competencia para ejercer la supervigilancia de este nuevo servicio. Complementariamente, hay dos cuestiones relevantes relacionadas con la entrada en vigencia de esta norma. Se propone, si lo consideran oportuno la Secretaría y los integrantes de la Comisión, incorporar en el debate la cuestión de la vigencia temporal de estas normas. El proyecto aprobado estipulaba que las normas sustantivas entrarían en vigencia una vez publicadas en el Diario Oficial, lo que genera un desfase entre la creación del servicio y la aplicación de las nuevas normas de auditoría. En este sentido, se propone debatir en esta instancia la adecuación necesaria para solventar dicho desfase.

Se nombra, se crea el cargo, digamos, de auditor en la planta por ley y, a partir de ello, se puede activar el concurso de Alta Dirección Pública necesario para la provisión del respectivo cargo, eso por su intermedio, Presidenta, en cuanto a los temas. Quedo, por supuesto, disponible para aclarar o profundizar cualquier duda que tengan los integrantes de esta instancia. El diputado comenta: "Es más largo de lo que veníamos; por lo tanto, yo le sugiero que se convoque hoy día la constitución, que nos llevemos todos los documentos que indica la Ministra, los veamos y los estudiemos bien en nuestra sesión, y vengamos con un tema claro para llegar a votar." El senador Insulza agrega: "Yo no tengo objeción a lo que expone el Estado, porque creo que realmente se trata de un cambio bastante sustantivo que, francamente, me interesa. Cuanto antes se cree, mejor, se pueda incorporar un ministerio realmente de gobierno en este país con el nombre de Ministerio del Interior. Eso sí, es importante poder ver exactamente cómo se desarrolla el proceso. Por ello, sugiero que escuchemos no solamente las intervenciones aquí, sino también las explicaciones adicionales que nos brinde la señora Ministra, y luego suspendamos la sesión hasta la fecha en que se convoque nuevamente." La Presidenta solicita: "Ministra, ¿podría acompañarnos más allá de la minuta explicativa de lo que vamos a tratar en la comisión? Si llegamos a un acuerdo para abrir la discusión a los temas que usted nos plantea y que parecen razonables, le pido que nos haga llegar los respaldos de cada una de estas materias con la posición del Ejecutivo, para que todos podamos revisarlos, y luego nos reunamos, si le parece a los colegas, el próximo martes a votar." Se acuerda: "Nosotros no tenemos problema en que la sesión sea a las 2; habíamos pensado que fuera durante el almuerzo, de 2 a 3 el próximo martes." La Ministra expresa: "Muchas gracias, Presidenta. Agradezco, por su intermedio, la disposición de los integrantes de esta Comisión Mixta para asumir estos temas y para que el proyecto de ley se articule con las adecuaciones respectivas a la ley ya vigente (N° 2730) y con la garantía de que se implementará adecuadamente. Durante el transcurso del día de mañana les haremos llegar un cuadro comparativo que muestre las propuestas, el texto vigente y la adecuación que debería proponerse, de modo que lo tengan a la vista antes de la votación de la próxima semana." Se continúa: "La fundamentación básicamente incluye tres materias. En primer lugar, en materia de controversia, se trata de la competencia de esta Comisión Mixta en la modificación del artículo tercero del proyecto, en virtud de que la ley no ordena que el nuevo Servicio de Auditoría General de Gobierno tenga competencias respecto de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; acompañamos esta modificación con todas las argumentaciones pertinentes. En segundo lugar, se incorporan adecuaciones formales, tanto en los artículos permanentes como en los transitorios, en los cuales se establecía que la dictación del decreto se efectuaba por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en concordancia con lo ya aprobado en la ley 21.730, que se refiere al Ministerio del Interior. Finalmente, se plantea un tercer capítulo relativo a las fechas de vigencia de las normas. Se crea un nuevo artículo 23 para establecer el cargo de auditor en esta ley y, a partir de ello, gatillar el proceso de nombramiento mediante concurso público. Además, se le otorga al DFL la facultad de establecer la entrada en vigencia de las normas, no de inmediato al ser publicada la ley, sino cuando se haya constituido el servicio." Se formula la pregunta: "Le voy a hacer una pregunta que surgió hoy en un proyecto que revisamos en la comisión, relacionado con los DFL y el tema del rango de remuneración de este auditor. ¿Dónde quedará consignado eso?" La respuesta es: "En este caso, por su intermedio, Presidenta, se trata de un cargo de planta propuesto, por lo que se aplicará de acuerdo con las reglas de la escala única de sueldos, conforme al Decreto Ley 249, correspondiente al cargo que se le atribuye. Esto quedará reflejado en la ley; por favor, inclúyanlo en la minuta para evitar sorpresas posteriores, como sucedió, por ejemplo, con el coordinador eléctrico." Gracias, Presidenta.

Yo vengo aquí reemplazando al Senador Galilea, así que tengo varias dudas porque no he participado en detalle en esto, pero al pasar me enteré de que este servicio de auditoría interna del gobierno incidirá en materias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Pregunto: ¿tiene alguna incidencia también en las tías y en las glosas mal evaluadas que recurrentemente se presentan en el presupuesto y que seguimos reajustando, o es más estrecho el ámbito? Gracias, Presidenta. Ministra. En el ámbito de acción, por su intermedio, Presidenta, respondiendo a la consulta del Senador Kuchel: lo que él plantea, que tiene que ver con la evaluación de programas presupuestarios, no sería competencia de este nuevo servicio; hoy día esa competencia recae en una dimensión de la Dirección de Presupuesto y, complementariamente, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, existe una propuesta del Ejecutivo, radicada en esta misma Comisión de Hacienda del Senado, que crea la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Se trata de un anhelo de varios años, expresado por diferentes gobiernos, para contar efectivamente con una institucionalidad que evalúe los programas públicos y supere la lógica actual, en la que la misma Dirección de Presupuesto, que asigna recursos, es juez y parte. En la práctica, el gasto adicional que genera esta nueva institucionalidad es marginal, ya que se realizará mediante el traspaso de funcionarios o funcionarias de hoy día de la IPS a ese servicio, tal como ocurre acá. El programa presupuestario que hoy día sirve de base es lo que estructura este proyecto, el cual cuenta, adicionalmente, con nueve personas para complementarlo. En este sentido, lo que pregunta el Senador Kuchel se aborda en el otro proyecto para que lo podamos revisar. ¿Alguna otra pregunta, queridos colegas? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, quedamos convocados para el próximo martes a las 2 de la tarde. No sé, pregunto a los diputados Videla y a otros: ¿van a seguir ustedes o van a venir ya? Ustedes les cuentan entonces a sus colegas. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Darle bienvenida a todos los diputados y senadores. Y entiendo que la Secretaría tiene que dar alguna información. No, Presidenta; es decir, sí que están las ministras, obviamente, la ministra de Ciencia. Cabe recordar que el Senado aprobó un texto y la Cámara de Diputados, en la sala, lo rechazó en general. Por lo tanto, no es común, y es la primera vez en mi experiencia legislativa que se rechaza todo, aunque habrá motivo. Lo que sí es, darle la palabra a las dos ministras y decirles que son muy bienvenidas a esta comisión, y resaltar que el proyecto es simple pero muy relevante, en mi opinión. En ese contexto, yo voy a sugerir que, una vez escuchadas las dos ponencias, podamos conversar para definir cómo seguir. Tengo una propuesta y, además, escucharemos las intervenciones del resto de los parlamentarios presentes, para establecer un plazo y una metodología de trabajo que nos permita sacar lo más pronto posible este proyecto, pues creo que cada día que pasa se pueden presentar situaciones complejas al respecto. Así que, ministra, ¿ustedes tienen un orden acordado? Muy bien, doble ministra, adelante. Muchas gracias, senadora. Prefiero saludar a los diputados y senadoras presentes. Voy a ser breve, dado que el proyecto es corto, pero me gustaría resaltar algunos puntos. Este proyecto nace de una discusión en la Comisión de Desafío Futuro respecto al universo de personas que postulan y se adjudican fondos públicos, particularmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. A propósito de una revisión del sistema, es decir, de quiénes eran los adjudicatarios y de cómo era el proceso de seguimiento a lo largo del tiempo, surgió la necesidad de identificar cómo se estaba implementando la regulación en torno al pago de pensiones de alimentos para los postulantes y adjudicatarios de fondos públicos en la agencia. En este punto es importante resaltar, para quienes no conocen en profundidad el sistema de ciencia y tecnología, que, a diferencia de lo que ocurre en Corfo, en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se entregan numerosos fondos individuales. Los más conocidos son las becas, que se otorgan para estudios en Chile y en el extranjero, considerando el pago del arancel y, además, un estipendio o manutención para los becarios. Pero también existen fondos individuales, como los Fondesit, que son proyectos de investigación y ya no son becas, donde se proveen recursos para el proyecto propiamente dicho y el adjudicatario es una persona natural. Sumando y restando entre quienes postulan a los Fondesit y quienes postulan a las becas, se trata de varios miles de personas. El sistema completo de ciencia y tecnología involucra a aquellos que, en algún momento de su vida, participan de los Fondesit, los cuales en muchos casos se renuevan cada cinco años, siendo un espacio en el que se encuentran permanentemente los integrantes del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, sometidos a procesos de renovación y revisión por parte de la agencia. Desde el Ministerio, y a propósito de la implementación de la política de género, se han ido incorporando distintos elementos asociados a las regulaciones aprobadas en nuestras becas, incluyendo normativas vinculadas a la violencia de género y al pago de pensiones de alimentos (con esto, ley Karin, entre otros). Nos dimos cuenta de que existía una oportunidad y esto fue promovido particularmente…

Por el senador Durresti, de explicitar con mayor énfasis respecto de estas adjudicaciones que se hacen a personas naturales, la obligación de pago de pensiones alimenticias. En la práctica, y lo que ocurre hoy día, es que nosotros tendríamos que retener los pagos, lo que ocurre a propósito de la aplicación de la ley; sin embargo, no teníamos ninguna herramienta o mecanismo a la hora de la adjudicación o de la evaluación de estos proyectos. Es por eso que se presentó un proyecto de ley que fue discutido en el Senado, al que le hicieron algunas modificaciones, pero que básicamente señala, en la versión que salió del Senado —la que queremos volver a traer a consideración de los diputados y de los senadores— que, al momento de la evaluación de la admisibilidad de las postulaciones de los fondos y de la adjudicación, se realizará un chequeo respecto a si se encuentran en el registro de deudores de pensiones, con el objetivo de incentivar su pago. Cuando una persona prepara una postulación, no es algo que haga de la noche a la mañana; tiene que juntar papeles, ir a la universidad, conseguir certificados, entre otros trámites. Por lo tanto, nos parece lógico que en ese proceso también se revise y, de ser necesario, se ponga al día con sus deudas de pensiones alimenticias. Esa es la primera parte del artículo que se propone. En la segunda parte —y esto se trabajó con la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con el Registro Civil— se estableció un mecanismo para que el chequeo se realice de manera expedita, sin que ello represente una carga excesiva para una agencia que, como bien conoce el senador Durresti, ya enfrenta una sobrecarga de trabajo y desafíos de gestión. Para ello, el Registro Civil estuvo disponible, participando en algunas de las sesiones, y se acordó una redacción que también aborda ese punto. Para nosotros, desde el Ministerio de Ciencia, resulta muy relevante, ya que va en línea con lo que se ha hecho con modificaciones de base en la implementación de nuestra política. Creemos que este mecanismo puede transformarse en un incentivo para que más personas se pongan al día y, además, garantizar que ciertos estándares éticos, fundamentales en el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, se mantengan presentes. Cabe aclarar este punto, pues ha sido parte de las preguntas recibidas sobre la aplicación a otros fondos concursables del Sistema de Ciencia y Tecnología. La verdad es que esos fondos están mayoritariamente en CORFO y son fondos institucionales, por lo que quedaban fuera de la idea matriz del proyecto, que nació en torno al quehacer de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Por otro lado, se nos ha preguntado respecto a la cantidad de casos vigentes en los que se ha retenido parte de la beca o del fondo de sitio a personas. Si bien los casos son pocos –estamos hablando de ocho casos en total, en un universo de 3.000 o 4.000 personas– cada uno de ellos es igual de importante. Esto, en definitiva, envía una señal relevante al Sistema de Ciencia y Tecnología, que se financia esencialmente con fondos públicos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministra. Le damos la palabra a nuestra otra Ministra, la Ministra de la Mujer, y posteriormente se abrirá el espacio de consultas y discusión respecto del modo de seguir. Muchas gracias, Presidenta. Solo quisiera añadir, en relación a lo que señalaba la Ministra Echeverry, que, como se recordará, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos fue aprobado durante la gestión del Presidente Piñera. Por motivos transitorios, nos correspondió implementarlo en el ministerio, y hemos modificado la norma en agosto de 2022. En la ley original del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, no se contemplaba la posibilidad de que el deudor saliera del registro. Esto se identificó rápidamente como una falencia, ya que el registro debe funcionar como un mecanismo que incentive el pago; difícilmente podría ser un incentivo si el deudor no enfrentaba consecuencias concretas, como las prohibiciones de acceso a ciertos trámites, por estar en el registro, sin ninguna hipótesis de salida. Lo cual también daba pie a una posible judicialización para la salida una vez saldada la deuda. Por lo tanto, cuando tramitamos la ley de pago...

Pensiones de alimento: incluimos la hipótesis de salida del registro, homologándola a otras ya dispuestas en el Código Civil, no de familia, que son el acuerdo serio y suficiente o el pago total de la deuda. Y en ese sentido, es que desde mayo del 2023, desde que está en vigencia la ley de pago efectivo, 160.000 deudores han salido del registro de deudores y, además, eso ha ido apalancando a través de acuerdos de pago, el otro mecanismo que es el de pago efectivo. Persisten, sí, 270.000, y, a modo de actualizar las cifras, tuvimos del 2023 al 2024 un aumento del 3 al 4 % de mujeres en el registro. Ahora, ¿cómo funciona el registro de manera práctica? El registro es un registro privado, no es un registro público. No está a disposición de nadie que no sea un funcionario debidamente enrolado ante el Registro Civil y que tenga una función que cumplir respecto a las inhabilidades que establece el registro: el funcionario de la notaría que debe acreditar que el vehículo que se está vendiendo está poniendo como cuenta de depósito la cuenta del niño o niña; el funcionario del municipio que tiene que revisar la licencia de conducir; o el funcionario del Servicio Electoral que debe denegar la inscripción de la candidatura a concejal o a core. En primer lugar, no se trata de un registro público. En segundo lugar, para que una persona figure en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ha de haber pasado por múltiples instancias. A diferencia del pago efectivo, el registro se inscribe solamente una vez han pasado tres meses continuos o cinco discontinuos de pago incompleto o ningún pago. Esto quiere decir que se otorga un plazo más largo para oponerse, justificarse o ponerse al día antes de ingresar al registro. Tal como señalaba la ministra, por el carácter de las becas que entrega la ANID, estas requieren una preparación previa para la postulación, que también es de varios meses. En ese sentido, nos resulta evidente que la persona que postula tiene en consideración, por un lado, los requisitos para postular y, por otro, su eventual deuda de alimento en distintas fases. Por lo tanto, contar con una norma como la propuesta incentivaría a que, previo a la postulación, la persona solicite una audiencia para llegar a un acuerdo de pago o concurra con el pago completo. Ese es un primer punto, que sirva para incentivar el pago de la pensión de alimento, que es, al final, lo que se busca. Con todo este sistema, el registro de deudores no es una pena accesoria, sino una forma de incentivar el pago. En segundo lugar, el mecanismo propuesto, y que está en discusión en esta comisión, es que la deuda no se pague con recursos públicos. Efectivamente, la cuenta a la que normalmente se provee la manutención suele ser, o puede ser, la misma que tenga la persona y, una vez que se detecte, se pueden hacer descuentos, que es lo que ocurre hoy día. Pero, desde el objetivo público, esto significa que termina el Estado pagando la pensión de alimento. En ese sentido, también señalábamos desde el Ejecutivo que no podía ser esa la primera alternativa, sino que tenía que incentivarse en primer lugar el pago, lo que nos lleva a lo ya aprobado. El texto aprobado por el Senado establece, al menos, dos momentos en los cuales las personas postulantes –que son alimentantes– deberán verificar que están al día en el pago o, al menos, tener regularizada su deuda: uno, al momento de la admisibilidad de la postulación y dos, al momento de la adjudicación de la beca. En esto hubo una discusión en distintos espacios parlamentarios, pero, en ese sentido, quiero ser clara: el Registro Civil no emite un certificado que permita acreditar que no se está en el registro, no existe ese certificado. Esto se debatió en detalle, de hecho, con el director del Registro Civil, quien señaló que, para poder emitir un certificado y una funcionalidad de estas características para toda la población, se requeriría modificar completamente el registro de deudores y, además, contar con un informe financiero. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Actualmente, la ANID podría, bajo la habilitación de este proyecto, enrolarse como institución y hacer consultas masivas de cotejo de RUT para concluir que...