Senado - Seguridad Pública - 3 de junio de 2025

Bien, muy buenos días. Saludo al señor subsecretario de TelecomunicACIONES, señor Claudio Araya, y al asesor legislativo, don Felipe González. Vamos a comenzar esta comisión de Seguridad Pública en comité; por lo tanto, no abriremos la sesión formalmente hasta que llegue un senador, pero el objetivo es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicACIONES entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Estamos en el boletín 16.974-07. Le voy a pedir al secretario de la Comisión que exponga una relación de lo que hemos tratado en este proyecto y las razones por las que se invitó al subsecretario de TelecomunicACIONES para escuchar sus comentarios respecto a este importante proyecto. En esta ocasión no tenemos cuenta. Este proyecto, al que ha hecho referencia el señor Presidente, tiene su origen en el mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, y fue iniciado en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue, en primer lugar, derivada por la sala a la Comisión de Constitución y, posteriormente, se solicitó que fuera enviada a esta comisión el día 23 de abril. Una vez despachado por esta, debe volver a la Comisión de Constitución. El objetivo del proyecto consiste en fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Se encuentra en nuestra comisión para un primer informe y, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento, podrá ser conocido y votado en general y, en particular, si la Comisión así lo estima. Esta iniciativa ya fue votada, en general y en particular, y en consecuencia procede, luego de las audiencias, a ser sometida a votación en particular y eventualmente se fijará un plazo para indicaciones que se determinará por el presidente. Hemos tenido sesiones en las que han expuesto: el subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collao; su asesor, don José Tomás Umut; además, han asistido representantes de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, entre los que destacan el director, don Ignacio Castillo, y la subdirectora de Drogas, señora Lorena Rebolledo; asimismo, expuso el asesor, don Samuel Malamud. También se invitó, en su oportunidad, al presidente de la Comisión de TelecomunicACIONES del Colegio de Ingenieros de Chile, don Eduardo Costoya; y a la subgerente general de Chile Telcos, doña Pupi Rojas. Para esta oportunidad se ha solicitado la exposición del señor subsecretario de TelecomunicACIONES a fin de avanzar en...

Sobre la participación del Estado en el registro y entrega de información a las policías y al Ministerio Público. Eso es, señor Presidente. Solicito ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, vamos formalmente a iniciar la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Se hizo una relación del proyecto por parte del señor Secretario de la Comisión y le vamos a pedir al subsecretario de Telecomunicaciones su opinión con respecto a este proyecto de ley. Al término de la Comisión se expondrán los puntos varios que cada uno de ustedes quiera mencionar. El señor subsecretario tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo, por su intermedio, a los senadores y a las personas presentes en la sala. A ver, este proyecto nos parece necesario y voy a comentar casos en los cuales me ha tocado intervenir para facilitar que las cosas ocurran. Uno ocurrió con la desaparición de un niño, un niño que tenía síndrome de Down en Graneros. En ese caso, la georreferenciación de la ubicación del niño se demoró debido a que una de las compañías tardó un par de semanas en entregarla. Era un chico con síndrome de Down y fue lamentablemente hallado muerto. Esto señala que, efectivamente, es necesaria una mayor agilidad para obtener este tipo de información. La habilitación legal para obtenerla existe y así lo establece la normativa actual. Sin embargo, el plazo depende de la capacidad de cada compañía para entregarla, como debió haber señalado la gerente general de ChileTelco en esta comisión, ya que cada empresa tiene una implementación propia para obtener estos datos. Se trata de datos que quedan en un registro bruto, sin un formato que permita búsquedas inteligentes; por lo tanto, encontrarlos se hace literalmente a mano, demandando tiempo y horas de operación. Esto se puede automatizar de distintas formas. Hemos estado investigando fórmulas para lograrlo y, aunque es cierto que las compañías pueden entregar la información, para ellas quizás no sea tan relevante tenerla automatizada como lo sería para nuestro sistema judicial. Creo que deberíamos avanzar en alguna opción de automatización, puesto que la tecnología existe y actualmente estamos realizando pruebas con una de las soluciones disponibles. Por lo tanto, es necesario que exista la obligación expresa de entregar esta información, no solamente los datos de tráfico sino también los datos complementarios que se establecen en el artículo único del proyecto de ley. Además, deberíamos impulsar desde el Estado la implementación de un sistema que permita que el sistema judicial tenga acceso a la información de manera idealmente en línea, sin el desfase de 24 horas. En casos extremos, como un secuestro, 24 horas no sirven; se requiere acceso inmediato. Aunque la tecnología tiene un costo y las finanzas públicas pueden estar sometidas a restricciones, nos parece que esa es la solución correcta. Independientemente de que apoyamos la forma en que está redactado el proyecto de ley, consideramos que debería complementarse con una solución tecnológica bajo control del sistema judicial. Muchas gracias por su comentario en relación al proyecto. Se ofrece la palabra, señores senadores. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero saludar al subsecretario y agradecerle su presencia el pasado viernes en Ciberpatagonia, el evento más importante para avanzar en la ley marco de Ciberseguridad. No pude acompañar el evento, ya que estaba dando unas conferencias, pero recibí la información posteriormente. Respecto al proyecto de ley…

Conocer tres realidades a partir de la experiencia de cómo almacenan las empresas la información que obtienen –va por logs en texto separado por comas, es decir, cuál es la mecánica que siguen para entender qué es lo que están haciendo ahora y qué hacen otros países. ¿Cómo almacenan? ¿Se almacenan en base de datos? La idea es poder comparar lo que se está haciendo en China con lo que ocurre en otros países, idealmente europeos, que son quizás los mejores para comparar. Lo segundo, la capacidad que podría tener el Estado para apoyar a las fiscalías; ¿de qué dimensionamiento se trata? Usted decía: “eso es toma de dinero”. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, un orden de magnitud para poder evaluarlo, ya que esto puede formar parte de los nuevos sistemas que se están creando en el Ministerio de Seguridad Pública, específicamente en el Centro Integrado de Operaciones Policiales. Es fundamental separar la obtención de la evidencia del organismo persecutor; esto equivale a que, por ejemplo, el UFED lo tengan las policías y no la Fiscalía, de modo que se mantenga la cadena de custodia y se custodie la información. Y lo tercero, las licitaciones futuras: ¿de qué manera pueden ir resolviendo este problema para que los cambios tecnológicos se integren de forma natural? Es decir, ¿qué se necesitaría para la transición y cuál podría ser finalmente la forma de enfrentarlo de manera permanente? Eso, presidente, muchas gracias. ¿Usted ofrece la palabra, senadora Boan? Gracias, presidente. Al subsecretario por su intermedio, presidente. Lo que se propone es centralizar en un organismo del Estado el tráfico de metadatos de las telecomunicaciones, como el CITEL español, o que la Fiscalía y el Poder Judicial puedan suscribir convenios con las empresas; porque lo primero se orienta en materia de ley, y lo segundo, no. Por eso hago la consulta. Gracias, presidente. Bueno, dentro del análisis que se presenta en este proyecto, señor subsecretario, el punto se ha centrado en la relación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones con los proveedores de estos servicios, en general, frente a determinados delitos de alta connotación pública. La urgencia de disponer de esta información radica en los servicios del Estado, y no en la empresa privada. Desde esa perspectiva, mi consulta es: ¿qué se necesita para que el Estado, y específicamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones, puedan administrar esta información e ingresarla al sistema en el minuto que sea estrictamente necesario? No se trata de un acceso permanente o para fines particulares, sino de casos excepcionales de delitos –como el secuestro y otros en los que se requiere esta información en un plazo máximo de 24 horas, y no de una o dos semanas o simplemente cuando la empresa la ponga a disposición. Si, en el caso del secuestro del teniente Ojea, se hubiese obtenido esa información la misma mañana, a lo mejor se podría haber realizado un seguimiento. En tantos casos, donde lamentablemente el crimen organizado está generando situaciones de temor en la población, se le ofrece la palabra.

Gracias, presidente. Voy a ir en orden. Respecto a la forma en que se almacena la data, esto depende de las distintas tecnologías de red que implementan las empresas; no hay una única forma. En general, lo que no tienen son bases de datos estructuradas. Podríamos considerar que se trata de archivos de texto separados por coma, pero, con certeza, no se trata de bases autoestructuradas. Lo que hacen otros países es contar con un órgano del Estado que tiene acceso a la información en dos modalidades. Una es la posibilidad de realizar una consulta hacia las redes de los operadores cuando se requiere, y la otra se basa en una conexión permanente mediante el almacenamiento de información local en dicho órgano, que posteriormente se consulta previa orden judicial. Esa es la experiencia que hemos observado. Aprovecho para retomar lo que expresaba la senadora Obrado Novich. Centralizar organismos del Estado es, efectivamente, lo que parece adecuado, aunque presenta matices en cuanto a la implementación; ahí hay que definir cómo se debería hacer. Según estas dos modalidades, en el caso de la consulta hacia las redes lo normal sería que el responsable de la empresa de telecomunicaciones esté físicamente en el mismo lugar donde se acceda a la información. Para ponerlo en el caso chileno, significaría contar con un representante de cada una de las cuatro empresas móviles, más un representante del Poder Judicial, con la facultad de emitir la orden judicial, junto al persecutor que requiera la información y, eventualmente, la Agencia Nacional de Inteligencia o el órgano competente. Esto implica disponer de un centro de comando que permita acceder a la información; de existir, el acceso sería en línea, en el minuto en que se necesite, cumpliendo con holgura el plazo máximo de 24 horas, según experiencia internacional. Respecto a cuánto cuesta, se parte de un piso que comprende licencias de software más hardware de almacenamiento, situándose en el rango de los 10 millones de dólares. No se trata tanto de inversión, sino de que el OPEX debe estar en torno al 7 al 10% de esa cifra, siendo el costo inicial aproximadamente del 10%. En cuanto a la separación entre luz y abstención de la evidencia, estoy completamente de acuerdo; por ello, pienso en las figuras existentes en otros contextos, en las cuales la autorización proviene directamente del Poder Judicial y no de la Fiscalía. Sobre la posibilidad de que en futuras licitaciones de espectro se contemple este modelo, creo que sí. Si nosotros somos capaces de implementarlo, serviría solamente como un resguardo para que la información esté disponible, sin requerir más que lo que se utiliza hoy en día, garantizando que la evolución tecnológica no nos niegue el acceso a la información, algo poco factible. Por último, en lo que respecta a la relación de Subtel con las empresas frente a estas urgencias, en realidad tratamos de no intervenir directamente. Resultamos ser más un estorbo que una ayuda, y solo hemos actuado cuando las empresas no han dado una respuesta oportuna, escalando la situación a la gerencia. Este ha sido nuestro rol, precisamente porque no contamos con un instrumento como el de esta ley, que no es tan nítido en su redacción. Cuando se ha demorado la entrega de la información, hemos escalado con la gerencia de las respectivas empresas para que se cumpla. Me parece razonable que sigamos desempeñando un rol secundario para no dotar al Estado de más músculos de los necesarios. Considero que lo que se requiere es un aparato operativo que brinde respuesta, ojalá inmediata, a las necesidades de investigación. Para ello, las experiencias comparadas con España y Estados Unidos resultan válidas, ya que constituyen herramientas efectivas.