Senado - Hacienda - 3 de junio de 2025

Por favor, nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. No hay cuenta, señora secretaria. No hay cuenta. Bueno, queridos colegas, nosotros nos habíamos comprometido con el ministro a quien, entre hoy y mañana, despachábamos este proyecto. Ha habido trabajo de todos nuestros equipos de asesores, al menos es lo que he hablado con mi equipo. He estado en permanente conversación con el ministro; hemos estado revisando distintas materias y, además, he conversado con el presidente de la Comisión de Economía, quien realizó el trámite de la Comisión Especializada, el senador Rojo Edwards, que nos ha acompañado en todas las sesiones, incluso en aquellas en las que íbamos a verlo y no lo logramos. Además de este proyecto, hay otro en el que la ministra de Medio Ambiente se acercó a hablar conmigo: se trata del SIA, y tendremos que acordar en qué momento someterlo a votación en la comisión, para que ambas iniciativas avancen adecuadamente. Por lo tanto, vamos a dar la palabra al Ejecutivo, a efecto de que nos explique el trabajo realizado durante este tiempo, y luego procederemos a organizar la votación. El Ejecutivo se ha molestado en enviarnos una minuta que sugiere el trabajo para el día de hoy y mañana. Yo me comprometí con el ministro a que, si era necesario, se pediría sesión en paralelo en la sala hoy y mañana. Espero que no sea necesario, y les recuerdo que hoy a las dos de la tarde tenemos una comisión mixta que debemos despachar. Así que, ministro, ¿tiene usted…? —No, es para votar. —No, una mixta, una comisión mixta. Gracias, colega Insulza, está muy atento. Es para un tema en específico: el servicio de auditoría. ¿Te acuerdas que estaba pendiente eso?

¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya. Ministro, tiene usted la palabra. Presidenta, muchas gracias. Como usted bien señala, ha habido un buen trabajo aquí. Voy a hacer una presentación bien breve para darle una idea de cómo podemos organizar este trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos la estructura de la presentación: primero, las normas de competencia de la Comisión de Hacienda y luego, la indicación del Ejecutivo. Yo quiero presentar solo la primera parte, que se refiere a cómo trabajar, cuál es nuestra sugerencia para hacerlo, y, colegas, depende de cómo decidan votar. Tenemos preparado un material para conversar cada artículo, pero todo dependerá de la aproximación que ustedes tengan para este trabajo. La siguiente, por favor. Solo un recordatorio: la Secretaría, junto con ustedes, definió un conjunto de normas que debían ser discutidas en esta comisión. Hay un conjunto de normas permanentes que están allí, que no las voy a leer todas; además, hay normas transitorias que deben ser revisadas por esta comisión, y otras normas que, en el trabajo que hemos realizado, se han visualizado como posibles temas de discusión y que, de hecho, están indicadas. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? La siguiente, por favor. En el trabajo que hemos realizado, de un poco más de 20 artículos que habría que votar y conversar en esta comisión, hay 18 artículos que no han tenido ningún tipo de observación. Aquí voy a hacer una salvedad que ya fue transmitida por la Presidenta, pero partamos por decir que existen 18 artículos sin observaciones ni indicaciones. Hay un artículo —el artículo 41— que es bastante extenso porque se refiere a las funciones de la oficina y sus atribuciones; en el fondo, no contiene observaciones, pero el senador Galilea ha planteado que eventualmente le gustaría hacer una indicación o que lleguemos a un acuerdo, ya que, en definitiva, esto es de exclusividad del Ejecutivo. Por lo tanto, propongo que ese artículo se deje aparte para tratarlo en conversación durante la tarde en la sesión, ya que, de lograrse un acuerdo, el Ejecutivo tendría que ingresar una indicación que nos permita votarlo mañana. Si les parece, colegas, ¿lo hacemos así? Perfecto. A nosotros nos parece perfecto, Presidenta; por eso se plantea transparentemente que ese artículo es mejor dejarlo fuera de esta agrupación. En resumen, tendríamos 17 artículos sin observaciones. Después tenemos cuatro artículos en los que existen indicaciones y, de acuerdo a lo que nos transmite nuestro equipo en conversación con las asesoras y asesores de ustedes, son artículos que están indicados sin que existan diferencias respecto a dichas indicaciones. Y, finalmente, tenemos los artículos 1, 44, 1º transitorio y 29º transitorio. Lo que está diciendo el ministro es que, respecto de esos cuatro, el trabajo realizado con los asesores indicaría, y que quede claro, que no existen miradas distintas; otra cosa es lo que veamos hoy o mañana en la comisión. Para ser precisos, nuestro ideal sería que votemos los otros 17 artículos de una vez y nos concentremos en revisar todos los artículos indicados, por supuesto, dependiendo del nivel de acuerdo que exista. Lo expreso así porque, al menos con mi equipo, hemos estado revisando; no me he juntado con algunos colegas porque creí que este era el espacio para hacerlo, y personalmente tengo aprensiones y diferencias respecto de lo conversado, las cuales quiero aclarar, pudiendo incluso no dar mi acuerdo en el trabajo de la comisión. No sé qué sucede con el resto de los colegas, ya que no hemos tenido reunión con los cinco. Finalmente, hay ocho artículos en los que se conversó; en muchos casos hubo acuerdo, pero tal vez existe una diferencia en un punto específico. Nosotros tenemos ocho artículos, digamos, en los cuales dudamos de cuánto acuerdo se tiene, pero aún así, todas las indicaciones que presentamos acá son fruto, o la mayoría de ellas son fruto,

trabajo que hicimos con los asesores. Entonces, llamémosle ocho artículos que habría que hacer una votación separada y habría que hacer una cosa mucho más detallada, a pesar de que tal vez vamos a llegar a acuerdo en todos durante la votación. Yo participo para que lo tengan presente los asesores, porque probablemente hoy día vamos a alcanzar a ver los 17, las explicaciones de las indicaciones, y no sé si alcancemos a votar alguna de esas. Pero respecto de esos cuatro que usted señala, que son el primero, el cuarenta y cuatro, el primero transitorio y el vigésimo noveno transitorio, anticipo que tenemos problemas en el primero, en el cuarenta y cuatro y en el vigésimo noveno. Problemas, para que veamos cómo los ahorramos. Vamos a buscar la forma de resolver esos problemas, poder ir avanzando, ministro, y que los asesores puedan ir en el backstage revisando el tema. Entonces, yo creo, Presidenta, que lo mejor es que yo me detenga aquí y que ustedes resuelvan, en el fondo, cómo organizar el trabajo. A mí, si usted me plantea que el resultado de hoy día fuese el de alcanzar estos 17 y que revisáramos los que tienen indicación y empezáramos a trabajar en ello, me parece un buen avance. Lo que sí planteo, Presidenta, es que si realmente se quiere terminar mañana –que entiendo que todos queremos–, es clave que, de alguna forma, alcancemos a revisar estos ocho artículos, donde hay más diferencias, para que nosotros como Ejecutivo nos llevemos tareas en caso de tener que traer alguna indicación. Por eso lo explicitaba y lo dije al inicio. Mi compromiso con el ministro es que vamos a sacar esto de aquí a mañana. Si es necesario pedir sesión paralela en la sala, la vamos a solicitar y espero que ningún otro colega nos diga que no. El único problema que tenemos es que tenemos una mixta hoy día a las 2 de la tarde para el tema de auditoría. Entonces, tenemos 23 artículos competencia de esta comisión y debiéramos partir por los 17 que no tienen problema para que los expliquitemos y avancemos. La Secretaría me ha recordado que en aquellos artículos en que no hay indicación se deben dar por aprobados, sin votación por separado. Yo pediría que, como no son tantos y tenemos claridad de cuáles son, hagamos la primera revisión de los 17, verifiquemos que estamos de acuerdo y los demos por aprobados. Y después vayamos despejando el resto, ¿les parece? ¿Sí? Ministro, partimos entonces; le damos la palabra al senador Kuchel. Gracias, señora Presidenta. He visto la información de que el país está creciendo, 2%, 2,6, 3. La cesantía en general está en 8,8, y de las mujeres casi en un 10%. En mi región, como lo he hecho presente en otras ocasiones, se evidencia que de 200 y tantas relocalizaciones que han solicitado las empresas salmoneras para trasladar sus centros, solamente se ha autorizado una de doscientas y tantas. Tampoco sé si se considera acá que, en la ruta, la doble vía de Chacao a Quellón se ha presentado en diez ocasiones y ha sido declarada desierta por décima vez; así como el bypass de Castro, hospitales que están atrasados, temas de construcción privada en distintas etapas y, en lo público, salvo las comunas de Osorno y Puerto Montt que se han puesto al día. Quiero saber, señora Presidenta, porque yo no he leído –yo vengo reemplazando y acepto todos los acuerdos que hayan logrado y me sumo a ellos–, pero quiero saber cómo va mi región, ya que estamos complicados en el tema: salmonero en lo que respecta a los choritos por medio ambiente, en obras públicas y privadas, viviendas, y algunas cuestiones de energía, tanto para pedir factibilidad de energía –que no hay– como para generar energía, ya que tampoco hay permisos ni facilidades, todo va muy lento. Quiero saber si esos temas se abordan o si no tienen nada que ver en este proyecto, porque en ocasiones pasados los he presentado y no se establece relación con los temas que preocupan a mi región. Porque mi región está estancada y regiones vecinas se están retrocediendo económicamente. Gracias, señora Presidenta. Ministro: Sí, Presidenta.

La respuesta es que el proyecto aborda en parte importante lo que usted plantea, senador, por su intermedio, presidenta. Pero voy a ser bien preciso en qué es lo que aborda y qué es lo que no aborda de lo que usted planteó. Este no es un proyecto sobre licitaciones o concesiones. Los procedimientos y las dificultades que allí ocurren, que yo comparto con el relato que usted plantea, representan una serie de temas que uno podría mejorar. Ahora, todos los sectores productivos que usted señaló como relevantes para su región tienen que, para poder desarrollar su actividad económica, pedir un conjunto de autorizaciones sectoriales. Y todas esas autorizaciones sectoriales son parte de este proyecto, el cual va a permitir reducir sustancialmente sus tiempos de tramitación. Así, es un proyecto que aborda de manera decidida parte de lo que usted plantea como problemático: los sectores de agricultura, la infraestructura pública y otros proyectos de naturaleza privada que puedan ser relevantes en su región. La relocalización incluye algunos procedimientos que sí constituyen una autorización sectorial, y otros que eventualmente no lo serían. Pero, en lo que compete a los permisos sectoriales, la relocalización está contemplada en el proyecto. Además, compartimos con ustedes que es muy importante para el sector de la salmonicultura lograr un procedimiento eficiente y en tiempos razonables de relocalización. En este sentido, como gobierno, firmamos incluso un acuerdo voluntario con alguna de las empresas de salmonicultura, para que pudieran salir de parques nacionales en plazos razonables, y estamos trabajando para cumplir ese acuerdo. Así que compartimos también esa preocupación en particular. Bien, colegas, ¿alguna pregunta o vamos a revisar uno por uno los artículos para el registro y proceder a votar? Secretaria: A ver, para hacerlo rápido, porque tampoco queremos hacer eterno esto, el artículo y la materia, y lo puede ir explicando el Ejecutivo, si les parece. Presidenta, como usted ya había adelantado, la Secretaría de la Comisión de Hacienda había definido qué normas eran de competencia de la comisión en el primer bloque que se propone votar. El Ejecutivo se encuentra con la gran mayoría de esas normas de competencia que no han recibido indicaciones parlamentarias. La primera de las normas es el artículo 29, inciso primero, que se refiere a los órganos sectoriales que pueden encomendar, de forma temporal, acciones puntuales de apoyo para la tramitación de una autorización sectorial. ¿Le parece que el Ministro exponga uno a uno, o que vaya el Ejecutivo explicando por si tiene algo más que agregar además de lo formal? –¿Usted prefiere, presidente, que vaya uno a uno? –Sí, uno a uno. Y si algún colega tiene alguna pregunta, que detenga y haga la consulta pertinente. El artículo 29, que se encuentra en las páginas 79 y 80 del comparado, tiene que ver con la encomendación de funciones a colaboradores. Efectivamente, este proyecto, además de otras cosas, permite que participen profesionales con identidades técnicas idóneas que colaboren en este proceso. Así, lo que establece el artículo 29 es precisamente la encomendación de funciones a dichos profesionales. Ese es el sentido del artículo 29, presidenta. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Alguna consulta? Si no la hay, secretaria, ¿damos la unanimidad? O, según lo que me sugiere la secretaría, revisamos los 17 artículos y hacemos una sola votación. Gracias, colega. Luego, el artículo 34, inciso primero, que se refiere a multas, se ubica en las páginas 88 y 89 del comparado. Ministro: Sí, bueno, aquí lo que hace este artículo es que, como bien dice la secretaria, establece sanciones administrativas por las infracciones de estos órganos profesionales que van a estar registrados, como acá...

En general, se está avanzando hacia un proceso que otorga mayores libertades tanto al sector privado como al público para poder subcontratar y contar con entidades colaboradoras. Esto debe implicar, en conjunto, ciertas responsabilidades para quienes participan en el proceso. Esa es la justificación más general de este artículo 34. La norma expresa incluye la reincidencia. Es importante destacar lo señalado por el Senador Lagos, y se establece en su segundo numeral que las personas eliminadas del registro no podrán volver a inscribirse hasta transcurridos tres años contados desde la notificación de la resolución que lo ordena; en el caso de las personas jurídicas, también afectará a las entidades relacionadas. Estamos ok. Adelante. Enseguida, el artículo 40 crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones, según se indica en las páginas 94 y 95. Este también es un artículo relevante, como ustedes saben; de hecho, lo vamos a conversar probablemente mañana en relación con las atribuciones de esta oficina que se crea, en lo que respecta al artículo 41, que habíamos propuesto dejar fuera de los primeros artículos que se revisan. La oficina tiene un rol fundamental, porque actualmente existen en torno a 40 servicios sectoriales cuya función, y es adecuado que así sea, es proteger a la sociedad de ciertos riesgos mediante las autorizaciones que se otorgan y sus estándares. En ese marco regulatorio e institucional, esta oficina sería la única encargada de velar porque se cumplan los tiempos y se ejecute de manera eficiente. Por tanto, se crea una oficina dentro del Ministerio de Economía, cuya persona designada para dirigirla será nombrada por Alta Dirección Pública, dotándola de las atribuciones y la fuerza necesarias para desempeñar esa tarea. No obstante, el artículo 40 simplemente crea la oficina. Senador Kuchel: La experiencia que tengo, señora Presidenta, respecto de oficinas creadas especialmente en el Ministerio de Educación es pésima. Los profesores se ven obligados a llenar formularios, ya sea de forma directa o telemática (aunque el telemático casi siempre no funciona y se requiere atención presencial), y se crean oficinas con nuevos formularios sin que se reduzcan los trámites. En mi experiencia, esto implica un retroceso, señora Presidenta; no percibo avances y solicito una explicación, por favor. La explicación es que este es un proyecto muy ambicioso que introduce cambios en los procedimientos y aumenta la transparencia; sin embargo, alguien tiene que preocuparse de que todo se cumpla. Se requiere una estructura, una capacidad y un número adecuado de personas para supervisar el proceso. Cuando tengamos la discusión mañana –que, en mi opinión, será tan o más controversial que la creación de la oficina– se evidenciarán todas las posibilidades de actuación de esta entidad, o incluso aquello que usted desearía que pudiera hacer, lo cual forma parte del debate. Inicialmente, para enmarcar esta discusión, se presentó un diseño distinto: la creación de un servicio en la Cámara de Diputadas y Diputados. Fue en acuerdo con la oposición que se optó por ubicar la oficina dentro del Ministerio de Economía, lo cual tiene ventajas y desventajas. Considero que el diseño final es razonable, ya que, de las aproximadamente 43 personas destinadas a trabajar en la oficina, 18 ya laboran en el Ministerio de Economía. Así se busca garantizar la mayor eficiencia posible con la menor incorporación de nuevo personal. Para que alguien en el Estado se preocupe por la eficiencia de los procesos se requiere personal, y eso es lo que se refleja en la creación de esta oficina. Según lo que se ha seguido del proyecto –y el Senador Rojo, junto con Edwards, podrá corroborarlo– esta oficina no está destinada a ser un punto de atención al público, sino a velar y perseguir el cumplimiento eficaz de los procesos en el Estado.

Pero no es para que uno tenga que ir a hacer otro trámite más, sino que la verdad es que es al revés: es para evitar que se entorpezca el camino. Así, por lo menos, lo entendí yo. Es para evitar el compra-huevo. Para aclarar una discusión en la que creo que es muy buena la aclaración que hace la Presidenta, no hay ninguna autorización nueva que se crea a propósito de esta oficina; todo lo contrario. Esta oficina se va a preocupar de que todas las autorizaciones, que son en torno a 400, se entreguen de buena manera y en los tiempos adecuados, respetando las normas que están especificadas. Entonces, es una oficina que va a hacer distintas cosas. Por ejemplo, va a administrar la ventanilla única y facilitar todos los procesos. Va a ser, además, una oficina que realizará funciones similares a la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, que era el nombre que tenía la administración anterior, trabajando en conjunto con los proyectos para ayudarlos en todo este proceso, por supuesto en respeto de toda la institucionalidad existente. Además, se va a dedicar, como bien decía la Presidenta, a un proceso de mejora continua con cada uno de estos más de 40 servicios sectoriales que otorgan las autorizaciones, ayudando en el proceso de reingeniería que se requiere constantemente para que sean espacios eficientes. Entonces, también, como decía el senador, a través de la intercesión de la Presidenta se va a tratar de ayudar a los privados a evitar que sea tan difícil enfrentar, en el fondo, una diversidad regulatoria y tanta heterogeneidad que existe en la actualidad. Diría que es algo fundamental; en el esqueleto de este proyecto es muy importante que exista. De hecho, la discusión que hemos tenido con la oposición en general ha girado en que ésta quiere darle más atribuciones a esta oficina, no cuestionar su existencia. Nosotros hemos tratado de dotarla con más funciones—de hecho, en el protocolo y en el avance que hicimos en Economía le pusimos más cosas—y todavía se discute si eso fue suficiente o no, pero en general, la discusión ha girado asumiendo que tiene que existir una oficina para que esto funcione. ¿Lo vamos a discutir mañana? No, mañana en el 41 se debatirá la creación; todo el detalle se verá mañana, según lo que plantea el ministro. Senador Kuchel: Señora Presidenta, subsiste, pese a si la oficina se mueve o no o si los trámites con la oficina resultan o no, una instancia legal a la que las personas puedan recurrir; legalmente, siempre se puede recurrir. Porque tengo experiencias legales que demoran seis años, más los permisos, etcétera, etcétera. En mi región, donde no hay grandes empresarios que dispongan de un departamento para cada trámite, muchos desisten de realizar actividades o ni siquiera se plantean hacer ciertas inversiones, porque dicen que esto no va a resultar nunca. Hay que generar un espacio en el que la gente vea un horizonte abierto; hoy, en mi región, se percibe un horizonte cerrado. Eso es lo que debemos lograr, señora Presidenta. Lamento, digamos, mis intervenciones, pero yo ya estoy curtido; para eso es el debate parlamentario y las comisiones. Senador Rojo y senador Insurza: En el orden. Presidenta, hay cosas que este proyecto es y cosas que no es, porque en lo que respecta a las materias relativas a los organismos jurisdiccionales no se ha incluido. Es parte de otra reforma que, ojalá, podamos impulsar lo antes posible. En cuanto al tema ambiental, tampoco nos estamos metiendo en el detalle, ni en las concesiones marítimas o el borde costero; hay muchos aspectos del Consejo del Monumento Nacional que quizás me hubiera encantado incluir, pero que no están. Esto para responderle al señor Kuchel. Y en lo relativo a los recursos administrativos, todo lo relacionado con organismos jurisdiccionales tampoco está incluido, lo que, ojalá, podamos corregir rápidamente con una nueva modificación. Pero eso no quita lo favorable que creo que va a ser este proyecto. Respecto a la oficina, esta también tendrá otro rol muy importante: la estandarización de todas las peticiones de permiso. Entonces, si se quiere elaborar un proyecto de ley, tendrá que, como decía el mismo ministro, hacer un pequeño detalle para que una cantidad mínima de agua—casi un hilito—sea exactamente igual en Atacama, en Antofagasta y en otros lugares. Si se quiere abrir un restaurante, el formulario será único, aunque me imagino que tendrá alguna flexibilidad.

Va a ser único en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle, o en Puerto Montt o en Osorno. Entonces, la estandarización que hará la oficina es muy importante y también tendrá cierta capacidad; a mí me gustaría que fuera mucho mayor. En los procesos de mejora normativa se podrán ir identificando cuáles son las normas que están repetidas, las que ya no tienen sentido, etcétera, para que la mejora regulatoria avance con una visión externa. Yo creo que la discusión que debiésemos dar está más en el artículo 41 a mi juicio –ojalá, claro, que sea lo que los senadores acá en la comisión decidan–, pero la creación misma está bien y fue, además, el punto de discusión máxima entre el gobierno y la oposición en la Cámara de Diputados. Cualquier modificación ahí implicaría también el riesgo de que el proceso se extendiera indefinidamente, pues se derivaría en una comisión mixta. Senador Insurcio: Sí, Presidente, la verdad es que creo que lo que plantea el Senador Puzo tiene mucha razón. Sin embargo, hay algo que no se puede evitar: en este país siempre se puede reclamar ante alguna autoridad por algo. Generalmente, las órdenes de no innovar tienen efecto y las cosas se paralizan; eso es un hecho. No creo que se pueda legislar sobre ello, porque no se puede poner plazo para la decisión de los tribunales de justicia y otras instancias. Es, simplemente, para alertar de que no tratemos de arreglar asuntos que no tienen arreglo. Si a uno le presentan un juicio –por ejemplo, considerando algunos de los artículos–, y un experto o una entidad técnica es cuestionado y multado por hacer las cosas mal, no cabe ninguna duda de que eso provocará una apelación ante algún organismo, lo que podría trancar el proceso durante bastante tiempo. Eso es, desgraciadamente, parte de la desincrecia nacional –es Santiago, pero, a mi juicio, es también una cuestión de mi región funcional–. En fin, es parte de los desafíos que tenemos por delante. Vamos al siguiente tema. El artículo 43, inciso primero y segundo, se refiere a la jefatura de la oficina, al grado y al nombramiento (página 110). Senadora: De forma complementaria, efectivamente se crea el cargo de jefe de oficina, se establece su grado, la forma de nombramiento, y se detalla la lista de atribuciones, que complementa las funciones de la oficina y da una idea del tipo de actividades que se realizarán –son 18 en total. Interviene un ministro: ¿De qué remuneración estamos hablando, ministro? Esto debería fijarse en el DFL, según recuerdo. Les agradezco que se ocupen del micrófono, por favor, ministro. Yo consulto porque no quiero que nos pase lo que ocurrió con aquella alta autoridad, designada por el Parlamento –el coordinador eléctrico–, y que, al menos a mí, me da vergüenza lo que permitimos que ganara. Por eso formulo la pregunta. Senadora (por intermedio): Para responder, la remuneración específica es una de las materias que las indicaciones del proyecto de ley proponen delegar mediante decreto con fuerza de ley. Sin embargo, existe una norma transitoria que es indicativa de la remuneración esperada para el jefe de oficina. Dicha norma equipara al cuarto nivel de la escala única de sueldos la remuneración de quien sea nombrado, como primero o primera jefa de esta oficina para la implementación, transitoriamente, hasta que se realice el concurso por ADP y lo nombre definitivamente el presidente o la presidenta de la República. Eso equivale a cuarto nivel de la escala única de sueldos, es decir, aproximadamente 4.600.000 brutos, si no me equivoco; esa información la tienen los asesores. Ministro: No, esa es la disposición transitoria para el cargo inicial. Senadora: Exacto, es para el primero. En cuanto al rango del cargo definitivo, este estará determinado por las referencias de la escala única de sueldos de la subsecretaría y lo definirá el decreto con fuerza de ley, pero siguiendo esos estándares. Por ello, la norma transitoria es simplemente indicativa de la remuneración que se asignará al futuro jefe en dicho decreto. Senador Macaya: Sin ánimo de insistir, la pregunta es: ¿por qué no aparece esta información del monto en el informe financiero? Me gustaría entender la razón por la cual no se detalla ese monto en el informe financiero. Ministro: Sí.

Lo que está especificado en el informe financiero es un estimado, como hacen estos informes, de lo que costarían en el fondo las 18 personas extra que se sumarían a las que ya existen. Por supuesto, en nuestro trabajo con la Dirección de Presupuesto tuvimos que revisar cuáles serían esos perfiles y cuáles podrían ser sus sueldos. El sueldo de esta persona debiera ser equivalente, y lo voy a expresar de otra manera, a lo que dijo Camila, que fue más preciso: debiera ser equivalente a una jefatura de división. Eso es, en el fondo, el sueldo que debería tener. A mí me preocupa lo que dice el Ministro, porque usted afirma que debiera ser, no deberá ser, o no, gracias, senador Lago, no será. Creo que eso tenemos que dejarlo preciso en la ley, es decir, no podemos dejar tal libertad de acción. Insisto, y perdonen que ponga el ejemplo del controlador eléctrico, el coordinador—perdón, eléctrico—ya que me da vergüenza que hayamos permitido que eso fuera posible. No podemos permitir que se consuma una situación así, entendiendo que, por la naturaleza y magnitud del cargo, se requiere que la persona tenga muchas competencias y calificaciones, pero al mismo tiempo una claridad en cuanto a su remuneración. El momento, Presidenta, para discutir ese tema, en el que sabemos que existen algunas diferencias, es justamente el artículo transitorio que le confiere al Presidente la potestad de dictar el decreto con fuerza de ley para estas conversaciones. Es algo que, por la misma razón, nos estamos proponiendo votar en estos espacios donde hay acuerdos. Pero creo que es una discusión muy válida y llegará el momento en que tendremos que buscar un acuerdo en esa dimensión. Lo importante, sin querer anticipar el debate, es cómo se deja esto con cierta flexibilidad, porque entiendo la preocupación que usted tiene y debemos encontrar un equilibrio entre restricción y flexibilidad para que esto sea operativo. Dejémoslo como tema, no como artículo—ya que eso no va consignado—para discutirlo cuando abordemos el tema del DFL, pues creo que a todos nos preocupa en la discusión legislativa. Senador Insulza: Tiene que llamarse jefe o jefa, la persona que dirigirá esta oficina. A mí, la expresión, francamente, me resulta más adecuada al referirse a la jefatura de la oficina. Senador Rojo de Duers, usted estuvo en esta discusión; el senador Insulza se pregunta: ¿por qué hablamos de jefe o jefa y no nos referimos a la dirección de la oficina, estando a cargo un director o directora? ¿Existe alguna explicación? Por su intermedio, Presidenta, puedo responder que las direcciones pueden o suelen tener una naturaleza jurídica distinta a la asignada a la oficina, que es en esencia una unidad con funciones desconcentradas dentro de la subsecretaría y responde a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Aunque estas nomenclaturas no están definidas por ley y pueden variar según el cuerpo legal o la época en la que se legisla, la denominación de director o directora suele confundirse con otras figuras, y eso es precisamente lo que se quiso evitar. Tampoco se profundizó en el tema de la nomenclatura. Recuerdo que, en alguna ocasión, cuando vine a Chile en el marco de un cargo internacional, me encontré con una declaración en la Cumbre Iberoamericana. En ese momento, la presidenta chilena, siendo la única mujer presente, inició la declaración diciendo “la jefa y los jefes de Estado y de Gobierno”, lo que resultaba algo chocante. Yo entiendo que, en ese caso, se utilizó y se sigue utilizando, pero genera una percepción de mayor autonomía en cuanto a las decisiones que adopta la persona. Para mí, afirmar que alguien es el jefe de la oficina implica que no hay nadie más que opine en ella, salvo la persona que ejerce esa función. En cambio, el término “dirección” da la impresión de ser solo un capricho. Presidenta, no lo tomemos de manera demasiado estricta; podemos avanzar sobre ese punto.

Gracias, colega. Sigamos avanzando entonces. Luego, el artículo 45, inciso 4, consagra una multa por infracción al deber de reserva en la página 118. — ¿En qué página? — En la página 118. Ministro: Este artículo establece, como bien se dice, una sanción penal por infracción a la obligación de reserva del personal de la oficina. ¿Qué es lo que pasa acá? Este personal debe manejar cierta información que puede tomar conocimiento del cumplimiento de sus labores, y es importante que sean responsables respecto al carácter privado de esta información; eso es lo que regula este artículo. Se menciona que originalmente el artículo partía en la página 117. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿No? Ok, sigamos avanzando. Enseguida, el artículo 52, que se refiere a la plataforma del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, se ubica en la página 128 a 130. Ministro: Este artículo establece la plataforma digital “súper”. Esta plataforma es fundamental porque permitirá tener una ventanilla única para la tramitación de todos los permisos sectoriales en régimen, y contará con otras dimensiones que serán muy relevantes. El senador Eduardo, por ejemplo, señalaba la existencia de formularios únicos para limitar la heterogeneidad o la arbitrariedad en la entrega de estas autorizaciones en distintas zonas geográficas. Uno puede decir en la ley “quiero evitar esa arbitrariedad”, pero se requieren mecanismos para limitarla. Entre otras cosas, esta plataforma permitirá al Estado saber en tiempo real cuánto se está demorando la autorización en cada uno de los lugares. Además, desde el punto de vista de los titulares, es fundamental como un acto de transparencia, ya que podrán ir viendo cómo evoluciona su autorización. A propósito, algo que decía el senador Lagos: en la actualidad, tanto las empresas como el sector público, cuando son titulares de un proyecto, deben conversar con cada uno de estos servicios y pedir reuniones para informarse sobre el estado de sus autorizaciones. Aquí todo estará en una plataforma donde se podrá ver la actualización del estatus de cada autorización. Preguntas sobre esto. Antes de avanzar sobre el tema de la expresión “jefe”: se aclara que el uso de la expresión “jefe” es porque se trata de una oficina; si fuera director, sería un servicio y el director tiene derecho a asignaciones críticas, cosa que el jefe de servicio no posee. Quiero que me aclare el ministro si está claro en este punto, ya que no tiene derecho a asignaciones de función crítica. — Sí, estamos claros respecto al punto; aquí queda consignada la historia de la ley secretaria. Presidenta: Una pregunta. En la página 129, colegas, el inciso que aparece en segundo término comienza con “súper”. Esto obedece a un cambio efectuado en la Comisión de Economía, en el que se reemplazó la expresión “este sistema” por “súper”. La pregunta, en un asunto casi estético, es: ¿puede quedar el sistema como “súper”? ¿Será gestionado así? — Sí, queda. En la página 129, en el inciso tercero, se puede optar por decir, en lugar de “súper”, “el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales”. No hay inconveniente en ello, porque, como dice el senador Insulza, si se opta por “súper jefe” en referencia al jefe, la Secretaría hará la adecuación correspondiente. Finalmente, el senador Macaya pregunta sobre los temas de reserva: la plataforma podrá ser operada por terceros, por la ciudadanía.

¿Va a poder acceder la ciudadanía, supongo? Sí, es accesible, pero me imagino que, como usted lo mencionó, hay trámites que son reservados y que tienen algún deber de confianza. ¿Cuáles son los estándares en eso? ¿Existe alguna consideración? Porque no me cuesta imaginar cuáles son los procedimientos reservados o, en su caso, cuál es el deber de reservar un procedimiento. Es que, antes de pasar la palabra, supongo que se hace referencia al tema de la confianza, ya que estamos hablando de proyectos de inversión y, obviamente, que la competencia tenga acceso a información privilegiada o sensible es algo muy delicado. Creo que, si leo esa parte específica del artículo —que está muy en línea con lo que expone la Presidenta— puede quedar más claro. Dice lo siguiente: “Para todos los efectos legales se entenderá que tiene carácter reservado cualquier información derivada de documentos, antecedentes e informes a que se refiere el inciso primero y cuya divulgación pueda afectar los derechos a la intimidad comercial y económica de las personas que soliciten autorizaciones sectoriales para el desarrollo de actividades o la realización de proyectos.” Eso aclara el tema en particular, pero persiste otra dimensión de la pregunta del senador Macaya, por cierto, señor presidente: la otra cara de la moneda. Por supuesto, se desea que esta sea una plataforma que fomente la transparencia, lo que significa que la ciudadanía y la prensa puedan acceder a información que, por ejemplo, permita conocer los tiempos en que se demoran cada uno de estos servicios. Esa información existirá, siempre que no vulnere en el fondo lo establecido en el párrafo que acabo de leer. No se mantendrá el texto tal cual; se harán las adecuaciones necesarias para mejorar su redacción. La Secretaría sugerirá que se explique de manera más estética y precisa. En relación con lo comentado sobre los jefes y directores de servicios, es importante destacar que existen varios jefes de servicio en la administración pública. Por ejemplo, en el SECPRES contaba con diversas divisiones, cada una dirigida por un jefe, y eran cinco o seis en total. Voy a hacer una pregunta. Por favor, no nos desordenemos en esto, porque lo que plantea el senador Macaya me parece muy relevante. Ayer lo vimos en la Comisión de Hacienda, en relación con el Servicio de Impuesto Interno y Tesorería, a raíz del hackeo que sufrieron, todo el tema de la Ley de Ciberseguridad y los plazos para informar. Estamos hablando de información sumamente sensible, no solo para las personas, sino también para el emprendimiento. Entonces, no sé si eso quedará así. Y ahí le pregunto al senador Rojo Edwards, que está acá y que tramitó la ley: ¿se consideró esto para los reglamentos? ¿Cuáles serán los accesos? ¿Qué información estará disponible para terceros interesados, para la prensa y para aquellos que están tramitando? El senador Rojo Edwards respondió que fue ampliamente discutido y, en efecto, se logró un acuerdo. Se hará un reglamento para definir los detalles, se protegerá la información sensible conforme a la ley general y se establecerán plazos. Además, como indican el senador Insulza y el senador Macaya, deberán existir distintos niveles de acceso: unos para la comunidad, otros para la prensa y otros para el interesado, quien probablemente tendrá mayor acceso que los demás. Sin embargo, no debe quedarse ninguna duda respecto a los plazos, ya que algunos procedimientos avanzarán más rápido que otros. Para responder la pregunta, el proyecto de ley, en términos de la plataforma y la gestión de la información existente, adopta las normas generales que determinan qué se considera información de acceso público y qué no lo es, permitiendo su acceso únicamente una vez concluidos los procedimientos administrativos. En términos generales, tanto la Constitución como la Ley de Acceso a la Información Pública establecen que los actos terminales de los procedimientos son públicos para terceros, pero no aquellos actos que formen parte de procesos aún en curso. Ese es el estándar general que se aplicará en la plataforma.