Cámara de Diputados - Recursos Hídricos - 3 de junio de 2025

El secretario de la Comisión de la Lectura de la Cuenta, gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: En primer lugar, un correo del gabinete de las administradoras públicas por medio del cual se excusa la no asistencia a esta sesión, invitada en razón de motivos que impiden la presencia, sin perjuicio a lo anterior. Asiste el Director de la Dirección General de Aguas, don Rodrigo Sanhueza, quien ya se encuentra presente, acompañado también de la abogada de dicho servicio, doña María Graciela Veas. En segundo lugar, un oficio del secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, por medio del cual se informa que no dispone de información sobre catastros realizados a canchas rurales y campos deportivos, indicando si se cuenta o no con agua potable, por no encontrarse dentro de las materias abordadas por esa institución. Un oficio también de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas informa sobre las medidas adoptadas para la reposición de filtros en el Servicio Sanitario Rural de Victoria. Al respecto, se manifiesta que este servicio no cuenta con dicha atribución y, no obstante, se está trabajando en conjunto con la SOFDERE, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y la Sede de Salud para dar solución al problema mediante acciones de corto, mediano y largo plazo. Como primera medida, se gestionó el apoyo mediante camiones aljibes y se encuentra en ejecución la instalación de filtros provisorios, financiados con recursos de emergencia gestionados a través de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y la Ilustre Municipalidad de Alemán. Se espera que las pruebas de estos filtros provisorios se efectúen durante el mes de mayo de 2025 y, a mediano plazo, ya existe un proyecto de reposición de filtros aprobado por ese servicio, el cual será financiado por la Subdere, esperándose su licitación durante el presente año. Finalmente, se adelantará para el año 2026 el desarrollo del diseño de mejoramiento y ampliación de este sistema, que será financiado por la Subdirección de Servicios Sanitarios de la Región de Valparaíso. Luego, se da cuenta de un correo del presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, don Patricio Crespo Ureta, en el que se remite una minuta sobre la diferencia entre la gestión de bienes de origen privado y bienes públicos, señalando que espera que sea un aporte para las deliberaciones legislativas de las mociones actualmente en tabla, y manifestando su disposición a concurrir como invitado a la comisión. A continuación, se presenta un oficio de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual se informa sobre los proyectos en desarrollo y un estudio para mejorar la provisión de agua en la comuna de Chillán Viejo, una de las más afectadas en cuanto a la necesidad de abastecimiento mediante camiones aljibes. Al respecto, se manifiesta que la Subsecretaría, a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, otorga en una de sus tipologías soluciones sanitarias como herramienta para reducir el déficit en la cobertura del suministro de agua potable y la disposición segura de aguas servidas en áreas rurales de manera eficiente y sostenible, dotando de agua potable, seguridad sanitaria y condiciones básicas de desarrollo a las personas que habitan en localidades rurales y urbanas. Dicho programa ha financiado diversas iniciativas en la comuna de Chillán Viejo, las cuales se informan mediante documento adjunto. Un oficio del Jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas informa sobre la normativa vigente en materia de recursos hídricos. Posteriormente, se recibe un correo del alcalde de la comuna de San Fabián, provincia de Punilla, región del Ñuble, don Cristófer Valdés, mediante el cual solicita audiencia para ser escuchado en la sesión del día 5 de junio, que se realizará este próximo jueves en la ciudad de Chillán, con el objetivo de plantear materias relacionadas con la tabla propuesta, consideradas de alta relevancia para San Fabián y su futuro. A continuación, un oficio de la Ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, informa sobre los avances respecto a las mesas de participación ciudadana que se están llevando a cabo con motivo del desarrollo del proceso de licitación de la planta desaladora de la región de Coquimbo, la cual tiene por objeto mitigar la crisis hídrica que afecta a la zona. Se adjunta, además, un oficio del Ceremi de Obras Públicas de la región de Coquimbo. Asimismo, un oficio del Administrador de Obras Públicas informa sobre el estado del pozo del Servicio Sanitario Rural Las Palmas, en la comuna de Olmué, e incluye un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas y un informe sobre la implementación del sistema provisorio de este servicio en la comuna señalada. Luego, se da cuenta de un oficio del alcalde de la Municipalidad de Montepatria, por medio del cual se hace referencia al oficio número 578, en relación con los comentarios realizados durante una sesión reciente, en la que se abordó la situación del agua en esa comuna, señalándose una serie de opiniones que manifiestan el contenido del documento, el cual queda a disposición. Finalmente, se recibe un correo de don Emilio Plasencia, de Copquecura, por medio del cual se remite a varias comisiones legislativas una solicitud para continuar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 y regula de manera especial la construcción de complejos de agrogeneración y plantas fotovoltaicas (paneles fotovoltaicos), correspondientes a los boletines refundidos 15.412 y 14.433. Se adjunta, además, una carta que visibiliza y denuncia la problemática socioambiental de las comunidades afectadas, junto con un enlace al reportaje efectuado por el canal Chilevisión. Eso es todo, Presidenta.

Gracias, secretario. ¿Puntos varios? ¿No está? No, pero... ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Alguna observación sobre la cuenta? Si no, pasamos a puntos varios. En la cuenta me permite recordarle que hay una solicitud del alcalde de la comuna de San Fabián para ser recibido este jueves; entonces, sería bueno que la comisión lo decida ahora, por señalarle... Y es de la comuna de... de San Fabián, en la provincia de Ñuble. ¿Están todos de acuerdo con recibir al alcalde, para comunicarle que asista mañana, de 10 a 12, cierto? El jueves... de 10 a 12, creo. Sí. Eso, en Chillán, sí. Ya, perfecto. Entonces, para comunicarnos con el alcalde de San Javier. Perdón, hay un tema informático que no se grabó, pero también nos llegó el reemplazo del diputado Juan Carlos Beltrán, que sustituye a doña María Luisa Cordero en esta sesión. ¿Alguien? ¿Varios asuntos sobre la cuenta? Ninguno, ¿cierto? Entonces, pasemos a puntos varios, diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Bueno, esto fue enviado a la comisión; no obstante, no apareció en la cuenta. Sin embargo, yo creo que es muy importante darlo a conocer esta vez, ya que en la cuenta se da a entender el oficio que envió el alcalde de Montepatria, don Cristian Herrera Peña. Esto fue en relación a las discrepancias surgidas ante la exposición que tuvo él acá en nuestra comisión el 4 de marzo y las observaciones presentadas el 13 de mayo por la Junta de Vigilancia de los Ríos Guatulami-Mostazal. En dicha exposición, el alcalde de Montepatria manifestó que en su comuna existe una grave crisis, algo absolutamente innegable, al destacar la dependencia de 3.500 habitantes del suministro de agua potable mediante camiones aljibes, con un racionamiento de 50 litros diarios por persona. Además, afirmó que las APR de Guatulami y de Coyihuay no están entregando agua para el consumo humano, sino únicamente para el riego. Finalmente, hizo alusión a la migración de aproximadamente 5.000 personas, calificando a Montepatria como la primera comuna con migración por cambio climático, según la ONU en el país. Las Juntas de Vigilancia del río Guatulami-Motazal, el 13 de mayo, expresaron su preocupación en esta comisión, considerando infundadas las aseveraciones del alcalde Herrera y manifestando desacuerdo con algunas de sus expresiones, por entender que magnifican los efectos de los proyectos estudiados. Si bien reconocemos la preocupación de las Juntas de Vigilancia y la necesidad de verificar la precisión de algunas afirmaciones, la información del alcalde sobre la dependencia de miles de habitantes que se abastecen a través de camiones aljibes es efectiva, es real, presidenta. La sequía en Montepatria es innegable, lo conocemos en esta comisión desde hace tiempo, y la situación descrita es grave y requiere atención urgente. Por ello, creemos que es fundamental un trabajo conjunto para abordar la crisis hídrica en Montepatria, en otras zonas afectadas por la sequía en la provincia de Limarí y en toda la región de Coquimbo. Aprovecho para señalar que necesitamos extender esta acción hacia la provincia del Choapa, a propósito de lo cual está nuestro encargado de la Dirección General de Aguas, en el marco del estado de excepción. Disculpen el decreto de catástrofe hídrica; la colaboración entre las autoridades, las juntas de vigilancia y la comunidad es esencial para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Esta es una carta que hice llegar a la comisión presidenta, en tono de señalar la desviación de la información respecto de lo que dijo el alcalde acá y, posteriormente, de la carta que mandó la comisión en relación a ello, en esta instancia en la que creo que no se puede desmentir ni desmerecer la realidad que manifiestan las diferentes autoridades locales cuando se exponen ante nuestra comisión. Así, desde mi diputación, considero que debe ser acogida en el mérito que corresponde. Muchas gracias. Diputada Natalie: ¿Alguna petición que tengamos que pasar por...? Mire, yo sé que se llevó a cabo una votación en relación a que esta comisión decidiera, sin desestimar —entre comillas— algunas de las posiciones que asumió el alcalde Herrera en esta comisión. Sin embargo, con esta carta, que queda registrada en el acta de la comisión, reafirmamos —al menos yo y varias diputadas más — que la situación en el Lima y, principalmente, en la comuna de Montepatria, es tal como lo ha reflejado también el edil. Gracias. No solo la vez en que vino invitado para la discusión del proyecto de ley, sino todas las ocasiones en que ha concurrido a esta Cámara, él y todos los alcaldes y alcaldesas de la región de Coquimbo saben que existe una extrema sequía y que acá se viene a decir la verdad. Solamente eso para efectos del acta, estimada.

Presidenta, y si bien se acoge en nuestra carta, puede pasar por su secretaría y así enviársela también al alcalde para que lo tenga dentro de sus registros y documentación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo, diputado Beltrán, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, estimada Presidenta. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a los funcionarios de la Corporación que nos permiten realizar estas comisiones y a nuestros invitados. Estimada Presidenta y colega, solicito que se envíe un oficio a la DOH, particularmente solicitando la nómina de los proyectos de diseño y ejecución con financiamiento que debiera ejecutarse durante el presente año 2025 en todas las comunas de la región de la Araucanía, indicando la fecha en que se estarían licitando y, aproximadamente, la fecha de inicio de los trabajos. Eso, señora Presidenta, muchas gracias. ¿Así que también pudimos tomar nota de los oficios? Sí. Perfecto, entonces se van a hacer a nombre de la comisión, tal como solicitó usted, diputado. Muchas gracias. ¿Algún más punto vario? Por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Le deseo el mayor de los éxitos en la gestión. Primero que todo, muy buenos días a todos los presentes. Presidente, quiero que oficiemos a la DOH, tanto a nivel central y nacional como a nuestra región de Los Lagos, por la situación que ocurrió en el APR Cañitas. Esto es como una de los muermos. Es un APR que entrega agua tanto para el sector de Cañitas como de Río Frío. Hay una tremenda labor de los dirigentes, entre ellos su presidente, don Patricio Cid. Ellos tuvieron un problema con la extracción de agua debido a algunos detalles que ocurrieron en las horas de mantención, pero, más allá de aquello, necesitan el apoyo rápido y directo de contar con un nuevo pozo profundo para que la comunidad de Cañitas, de Río Frío, que está en la comuna de Los Buelos, y que también limita con la comuna de Puerto Varas —la cual ha tenido un aumento considerable de viviendas y residencias—, pueda seguir funcionando este sistema de APR, que hasta ahora ha tenido una impecable administración. Sin embargo, sabemos que, si seguimos bajo la lógica de un proyecto que demora mucho tiempo, la DOH y todo el modelo podrían generar un sistema que confíe más en los dirigentes, ya que, cuando hay recursos en los APR, ellos saben a quién contratar y consiguen mejores precios para la construcción de pozos en tiempos más breves que si se hace a través de la institucionalidad. Eso, Presidente, que se oficie, por favor, y también se envíe una copia a don Patricio, presidente del APR Cañitas, comuna de Los Buelos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. ¿Alguien más quisiera un punto vario? Diputado Venegas: Lo que pasa es que hoy día, o por lo menos ayer, sí va a haber un proyecto respecto al tema de la construcción de los tranques, de la posibilidad o factibilidad de tranques o embalses para bajar el nivel de la altura de los muros de contención. Y tengo la siguiente sensación: me preocupa porque muchas veces, cuando se han tratado temas esenciales vinculados al ámbito hídrico, prácticamente no han pasado por esta comisión, sino que han sido resueltos en la Comisión de Agricultura, la cual, por supuesto, tiene una conexión, pero está vinculada a temas de mayor envergadura. Entonces, me gustaría saber por qué ocurre eso, por qué ocurrió eso. Y, seguramente, en el transcurso de la conversación, ya que no tuvimos la posibilidad de adentrarnos profundamente en ese tema, podríamos, contando con la presencia del director de la DGA, conversar un poco sobre este asunto, que creo que prontamente tendremos que votar. Solo eso, Presidenta. ¿Quisiera hacer alguna comunicación? ¿A Obras Públicas al respecto desde la comisión o solo discutirlo aquí? Ya. Perfecto. Gracias, diputado Venegas. Vamos a pasar a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos: el que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable rural, prestadoras de servicios sanitarios rurales, en los directorios de las comunidades de agua correspondientes al boletín número 17.324-33; y el que modifica también el Código de Aguas para equiparar el número de votos a que tienen derecho los integrantes de las organizaciones de usuarios de agua, correspondientes al boletín 17.325-33. Asisten para esta oportunidad el director...

el director nacional de la Dirección General de Aguas, don Rodrigo Sanhueza, y la asesora legislativa de la DGA, doña María Graciela Véas. También en esta oportunidad estará con nosotros don Humberto González de APR La Troya. El primer invitado en hablar es el director y la señorita María Graciela. Director, es todo suyo el micrófono. Buenos días, por su intermedio, señora presidenta, saludos a los diputados y diputadas de esta comisión. Se nos ha invitado a revisar dos boletines, el 17.324-33 y el 17.325-33, en los cuales hay dos mociones parlamentarias que buscan, por un lado, incorporar un puesto dentro de la organización de usuarios para los sistemas de saneamiento rural en las distintas cuencas y organizaciones que existen a nivel país, y por otro lado, un proyecto que busca modificar la forma en la cual se escogen los directores, esto en la votación de las asambleas. A continuación, vamos a mostrar algunas láminas que hemos estado revisando como Dirección de Aguas. Primero que todo, señalo que el Código de Aguas, desde abril de 2022, establece que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial, que debe ser garantizado por el Estado, razón por la cual se da prioridad a este uso para el consumo humano, el uso doméstico, la subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Es importante recordar que, antes de 2022, todas las solicitudes de derecho de aprovechamiento ingresaban a una lista y se resolvían conforme al orden de ingreso. Desde la modificación de 2022, en los listados pendientes de tramitación de este tipo de solicitudes se ha ordenado de modo que, inicialmente, se atiendan aquellas asociadas al consumo humano, al saneamiento y, sin duda, aquellas presentadas por cooperativas, por sistemas de saneamiento rural y también por algunas empresas sanitarias. El primer boletín, 17.324-33, es el proyecto que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de los comités y las cooperativas de agua potable rural, prestadoras de servicios sanitarios rurales, en los directorios de las comunidades de agua. Se introduce, en el artículo 235, un tercer párrafo que dispone que, siempre que exista dentro de la comunidad de aguas un comité o una cooperativa de agua potable rural, prestadora de servicios sanitarios rurales, al menos un cupo en el directorio deberá ser reservado para ser ocupado por su representante. Es el único articulado modificado en el artículo 235, por lo que la inserción es bastante simple. Por otro lado, se señala que el directorio es el órgano de administración de una organización de usuarios, encargado de ejecutar operativamente los acuerdos tomados en junta general, aplicar sanciones, resolver conflictos y representar a los comuneros. La conformación de los miembros de estos directorios está determinada en el Código de Aguas en los artículos 231 y 235. La normativa actual implica que quienes tienen mayor cantidad de acciones pueden elegir ser todos los directores que representen sus intereses, mientras que aquellos con menor peso accionario no inciden significativamente en la elección del directorio. Esto constituye una brecha en términos de representatividad, reforzada por el hecho de que, en la práctica operativa de las organizaciones de usuarios, una persona jurídica con elevado porcentaje de acciones puede presentar a varios candidatos y, al fraccionar su voto, elegir a varios directores, capturando en muchos casos las decisiones de la organización de usuarios. Este proyecto pretende equilibrar la representación, asegurando que al menos aquellos con el uso prioritario de los servicios de saneamiento rural—afectados por las decisiones de la organización, pero que no suelen tener la participación accionaria suficiente—puedan acceder a un escaño en el directorio. Por último, el proyecto que modifica el Código de Aguas equipara el valor de los votos de los miembros en las distintas organizaciones de usuarios de agua, eliminando cualquier diferenciación en virtud de la cantidad de acciones que posean. Este es el boletín 17.325-33. En el articulado, el artículo 222 señala que cada comunero tendrá derecho a…

Un voto por cada acción que posea. Las fracciones de votos se sumarán hasta formar votos enteros, despreciándose aquellas que no alcancen a completarlos, salvo en caso de empate, en que se computarán para decidirlo. Si no hubiere fracciones, el empate lo dirimirá el presidente. Este articulado, que tenía tres incisos, se reemplaza por un único inciso que señala que cada comunero tendrá derecho a un voto, con independencia de la cantidad de acciones que posea; es decir, si un usuario tiene 0,1 acciones, tiene un voto, y si un usuario tiene 3 acciones, también vale un voto. Se modifica el artículo 229, incorporando posterior al inciso existente el siguiente párrafo: el directorio se elegirá en cada sesión general de comuneros sin perjuicio de las elecciones extraordinarias que contempla el artículo 233. Las elecciones se efectuarán en una misma votación, en la que serán elegidas aquellas personas que hayan obtenido el mayor número de votos hasta completar el número de cargos a cubrir. Además, se agrega un inciso que dispone que, de entre todos, el que obtenga la mayor cantidad de votos será designado presidente. Cabe señalar que, aunque el artículo 129 es conocido, no se tiene constancia de que se aplique en las distintas organizaciones de usuarios. La fórmula existente plantea que, con el acuerdo unánime de la sala, las elecciones podrán ejecutarse de una forma distinta a la señalada en el inciso precedente, es decir, no únicamente mediante la votación dependiente de la cantidad de acciones y el número de votos correspondientes. El artículo 239 también se modifica, señalando que el directorio, en su primera sesión, fijará el orden en que los demás directores reemplazarán al presidente en caso de ausencia o imposibilidad. Asimismo, el artículo 256 se sustituye por un solo articulado en el cual se establece que los comuneros tendrán derecho a un voto, independientemente de las hectáreas de dominio que afecten al sistema. El establecimiento de un voto por acción, señalado en el artículo 222 del Código de Aguas, es la forma tradicional en la que se estructura el funcionamiento de las organizaciones de usuarios. Esto confiere mayor poder de decisión a aquellos usuarios que tienen una mayor participación accionaria, lo que a su vez implica una carga proporcional en términos de cuota o valor de participación. Por ejemplo, en el artículo 212 se establecen las obligaciones de los comuneros, en tanto que deben costear la construcción y reparación del dispositivo por el cual se extraen las aguas del canal principal; y si varios estuvieran interesados en el dispositivo, la obra se pagará a prorata de sus derechos, al igual que su mantención. Asimismo, en el artículo 215 se dispone que todos los gastos derivados de la construcción, explotación, limpieza, conservación, mejoramiento, y demás acciones en beneficio de los comuneros serán de cuenta de éstos, a prorata de sus derechos de aprovechamiento; mientras que los gastos que favorezcan a determinados comuneros serán de cuenta exclusiva, igualmente a prorata de sus derechos. En consecuencia, lo que se muestra es que, en la actualidad, aunque la votación se efectúa considerando el número de acciones y la suma de las fracciones para lograr un voto completo, también se contempla que los gastos incurridos en la operación, distribución y mantención de los canales se repartan de forma proporcional a los derechos. Una fórmula distinta, como la que se plantea, implicaría que todos los gastos se sometan a la misma prioridad respecto a las votaciones. La propuesta busca regular la forma de votar en las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, dado que en las sesiones de directores ya se rige el principio de que un voto equivale a un director. Sin embargo, la modificación planteada no asegura la representatividad de los términos señalados en el mensaje, pues la mayor participación de los usuarios con menores cantidades de acciones queda condicionada a la suma de estas fracciones para alcanzar un voto completo. Además, no existe certeza de que dichas sumas puedan sobrepasar a las de aquellos usuarios con mayor caudal accionario. Eventualmente, esta modificación podría generar un desincentivo en la participación de los comuneros y entre aquellos accionistas que, por tener mayor peso, se ven más afectados por las decisiones, ya que, al prorratear tanto caudales como costos en una relación uno a uno, se obliga a que éstos sean proporcionalmente asignados de acuerdo con la cantidad de acciones o votos correspondientes.

Ejemplo, acá a nivel nacional hay 3.639 organizaciones de usuarios registradas en la DGIA (Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas Superficiales, Comunidades de Aguas Subterráneas), y un par de comunidades que están en captaciones comunes, que son captaciones de pozos. Hoy día el Código de Aguas establece una herramienta que permite fiscalizar la organización del usuario cuando existen problemas en la distribución de los caudales existentes y en la gestión económica de las propias organizaciones. Esto es una herramienta que existe en la EGIA; hoy día, como se ha señalado, es el afectado quien debe presentar este requerimiento al servicio, no siendo una fiscalización que parte de oficio. Esta atribución fue entregada a la organización de usuarios y todavía ellos la mantienen para efectos de la administración del recurso hídrico dentro de su jurisdicción. Los números actuales provienen de un estudio realizado aproximadamente en el año 2018. Las juntas de vigilancia, organizaciones de usuarios —llámese canalistas o asociaciones— cuentan con un registro del orden de 192.000 usuarios en las distintas organizaciones. No se dispone en este cuadro del detalle de cuántos son los caudales o las acciones (llámese litros por segundo, menores a uno o mayores a este), por lo que habría que verificar si la fórmula que se propone en este proyecto efectivamente alcanza el objetivo de lograr una mejor representación en los directorios correspondientes. Del mismo informe, en aquellas organizaciones de usuarios donde existen datos de caudales, en 47 juntas de vigilancia se entregaron 846.000 litros por segundo. Hay algunas organizaciones cuyos derechos están expresados únicamente en porcentaje, por ejemplo, de fracciones de río; por ello, estos derechos deben irse perfeccionando en el tiempo para lograr una unidad común. Ciertamente, hay algunas organizaciones de usuarios —por ejemplo, en comunidades de canales— en las que, del orden de 1.697, no se cuenta con una unidad, ya sea en litros por segundo o regadores establecidos en su título; son aquellas que deben avanzar para perfeccionar o regularizar según los procedimientos existentes en el Código de Aguas. En materia de fiscalización de organizaciones de usuarios, el registro histórico indica 211 fiscalizaciones ingresadas al servicio en aproximadamente una década, lo que equivale a un 5,6% – en una relación uno a uno – de las 3.349 organizaciones de usuarios. Esto significa que existe un porcentaje de organizaciones que efectivamente ha requerido o denunciado malas prácticas o la falta de claridad en la distribución de los caudales dentro de una junta de vigilancia, o en la toma de decisiones respecto, por ejemplo, a cuando algunas juntas cuentan con empresas hidroeléctricas en cabecera, las cuales deben hacer manejo de caos sin afectar, por ejemplo, el riego que se realiza en los valles dentro de cada una de las cuencas. Actualmente, hay 118 expedientes de este tipo en las distintas regiones, visibles principalmente en los registros más grandes en Coquimbo, la región del Maule y O’Higgins. La región de Coquimbo se ve especialmente afectada por temas de sequía, y los caudales disponibles en el cauce no alcanzan a satisfacer todos los derechos de aprovechamiento. Esto finalmente conlleva que la regla de distribución no esté normalmente acotada respecto de los caudales y de los derechos. A pesar de que en estas cuencas –sobre todo en Coquimbo hoy día– las tres cuencas cuentan con acuerdo de redistribución en el caso de Limarí, tal como señaló la diputada Castillo, se observa una situación en la que algunos de los regantes del sector de Montepatria presentaron un expediente de denuncia contra la administración de la Junta de Vigilancia del Río Grande. Es un proceso que ya está en estudio y en revisión.