Senado - Minería y Energía - 2 de junio de 2025

Gracias, señor presidente. Cuénteme, secretario. Han llegado a la secretaría las siguientes comunicaciones: una de la Asociación de Pequeñas y Medianas Generadoras, la cual envía cartas exponiendo preocupaciones y planteando puntos relevantes sobre el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico; y otra, del Servicio Nacional de Geología y Minería, en la que se invita a participar en la Cuenta Pública 2025, actividad a realizarse el jueves 12 de junio a las 9:30 horas en el Auditorio Amanda Labarca de la Contraloría General de la República. Eso es todo, señor presidente. Señor Galileo: Solo si no molesta a la Presidenta. No sé si el secretario o alguien podría informar sobre la sesión que tuvo esta Comisión en la ciudad de Concepción. Secretario: Sí, señor senador. El jueves se realizó una actividad, una sesión seminario en la mañana. En realidad, se transformó en una reunión seminario por falta de asistencia, en la Universidad de Concepción, donde se trataron temas de la región del Bío Bío en el ámbito energético. Se identificó la zona como un polo de desarrollo para este sector, contando con la participación de representantes de CORFO, profesores de la universidad y empresarios de la región. Además, el jueves en la tarde se llevó a cabo otra reunión con la empresa Aclara para conocer las acciones respecto a las tierras raras en la comuna de Penco y otras localidades del sur. Básicamente, el foco estuvo puesto en el desarrollo energético que la Región del Bío Bío visualiza, subsanando algunos temas. Se enfatizó en el problema de la infraestructura de transmisión, que impide desarrollarse de la misma manera que en la región de Ñuble, y en la pérdida de oportunidades para instalar industrias por la falta de líneas. Presentaron un plan en el que se demuestra que, construyendo la infraestructura necesaria, el Bío Bío podría tener un rol crucial en la transición energética y en el impulso de la energía renovable en el país. Personalmente, aunque no tenía relaciones previas con la universidad, quedé gratamente impactado con todo lo que son capaces de hacer, investigar y desarrollar, no solo en este ámbito, sino también en otros, como el procesamiento de minerales mediante técnicas que se alejan de los métodos tradicionales. No sé si desea hacer alguna pregunta más, señor senador. Muchas gracias. Habiendo dicho eso, pasemos al listado de invitados. Saludamos al Senado Castro, a la señora Luz Bergue y al señor Galilea, integrantes de esta comisión, y recordamos que alguno podría necesitar licencia médica. Nuestro invitado es la Asociación Chilena de Energía Solar, representada por su asesor y ejecutivo, don Darío Morales. Del corredor eléctrico se encuentra su vicepresidente, señor Jaime Peralta Rodríguez; tengo entendido que el presidente está de vacaciones. También se hace presente su director ejecutivo, don Ernesto Huber; el director de la unidad de monitoreo de competencia, señor Pablo Ollanedel; el director de la unidad de comunicaciones, don Andrés Pozo Barceló; el consejero del consejo directivo, don Humberto Espejo; y el asesor externo del coordinador, don Felipe Venegas Pozo. Asimismo, se encuentran presentes representantes de la Asociación Nacional de APR: el coordinador nacional, señor Rufino Evia, y el vicepresidente, don Raúl Vera. Finalmente, asiste la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACER AG. Muchas gracias.

Su director ejecutivo, la señora Analia Rojas. A todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a partir dándole la palabra en el mismo orden en que lo nombré. Le pido disculpas a Analia por dejarla al final, pero empezaremos con la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, y su director, don Darío Morales. Don Darío, ¿son diez minutos, secretario? Son diez minutos para exponer a partir de ahora a don Darío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera además saludar a todas las autoridades presentes, al señor ministro y a las otras colegas de las asociaciones gremiales, por permitirnos estar hoy día y conversar nuevamente sobre el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio. Nuestra presentación está básicamente enfocada en la indicación relativa al cargo FED. Gracias, presidente. Lo primero, no voy a ahondar en el detalle de esto, porque probablemente también será un tema que se conversará más adelante. A nuestro juicio, habiendo analizado las indicaciones y el proyecto de ley, entendemos que, utilizando los recursos fiscales, sería posible financiar el universo de familias que el Ministerio de Energía ajustó luego de varios meses de discusión. A la izquierda, en esta lámina, podemos ver la copia de la presentación de la semana pasada, donde el Ministerio de Energía describe cuáles son los distintos cargos y los requerimientos de fondos disponibles. El cargo FED, en la presentación del Ministerio para el año 2025, aportaría 27.000 millones; 42.000 millones en 2026; y 42.000 millones en 2027. Otros fondos aportarían las sumas que ahí se indican y, finalmente, el resto y el saldo serían cubiertos con fondos fiscales para cumplir con un requerimiento de financiamiento total de 431.000 millones de pesos. En estas indicaciones, creo que hay que tener claro que se invierte —o, por lo menos, se cambia— lo que nosotros teníamos entendido en el orden de aportes. Básicamente, primero se hace uso de los recursos privados hasta agotar el saldo de los recursos públicos. En la tabla de la derecha, hemos realizado un ejercicio con exactamente los mismos números, priorizando el aporte fiscal, que es de 115.000 millones, el ASTA que aparece en el proyecto de ley, y las otras fuentes, que son básicamente el cargo por servicio público o lo proveniente del fondo de estabilización de tarifa, que viene de la ley anterior. Cuando se suman estas dos fuentes de financiamiento, se da cuenta de que el monto total disponible sería alrededor de 508.000 millones de pesos. El fondo total tiene alrededor de 630.000 millones, pero ya se ha usado una parte de ello, lo que alcanzaría a cubrir los montos requeridos. Es importante tener presente que, a nuestro juicio, las indicaciones invierten el orden de financiamiento: utilizando primero los recursos del cargo FED. En segundo lugar, podría decirse que, dada la situación fiscal del país, probablemente el uso de los recursos públicos se realizaría posteriormente. Sin embargo, a nuestro entender, el financiamiento público, de todas maneras, estaría aprovisionado, ya que la ley establece que estos fondos deben mantenerse en una cuenta independiente y que los saldos que no se utilicen para el subsidio podrán tener otro destino. Nuestra pregunta y mensaje principal es que, si el financiamiento público es suficiente para cubrir el universo objetivo de familias, respetuosamente, no tiene sentido incorporar algunas disposiciones que afecten negativamente la inversión en el segmento de energías renovables y, sobre todo, en la generación distribuida. Además, se ha expresado, por varios expertos, que podrían eventualmente existir vicios de constitucionalidad. También se ha señalado que el cargo FED no debería tener impactos en la viabilidad financiera de los pequeños medios de generación distribuida, lo cual, a nuestro juicio, no es correcto. El análisis y el cálculo del costo nivelado de la energía que se realizó puede ser un cálculo.

Que responde a ciertas condiciones, sin embargo, no es el indicador correcto para evaluar si tienen efecto o no sobre la viabilidad financiera de las empresas. Un ejemplo, conceptualmente, es el cargo FED: se calcula como un cargo promedio a lo largo de los 30 años de la vida útil de un proyecto. Cuando se suman todos esos costos promedios y se dividen por la energía, se obtiene el costo nivelado. Estos proyectos tienen una estructura de costos que es muy intensiva en los primeros años, por temas de inversión, financiamiento y servicio de la deuda; pero a medida que avanza la vida útil del proyecto, algunos costos van disminuyendo, quedando principalmente los costos de operación. Por lo tanto, el indicador del costo de vida útil, o ECOE, como se denomina en la jerga de la energía, no es un buen representante para estimar cuáles serán los flujos de los proyectos. Este cargo FED, en los primeros años de operación, reduce entre un 12% y un 18% los ingresos —no las utilidades— de los proyectos. Bajo estas circunstancias, es difícil que los proyectos puedan sobrevivir desde la perspectiva financiera; probablemente, si algunas empresas declaran default o quiebran, esos activos sean adquiridos por otras empresas existentes en el mercado, lo que eventualmente podría llevar a una concentración del mismo. También se ha justificado y se ha señalado que los PMGD soportan esta supuesta reducción de ingresos debido a que han enfrentado, en algún momento, sobre rentas. En este gráfico, señor Presidente, se muestra la evolución de los precios de la energía para distintas situaciones. La línea roja, más gruesa, representa la evolución de los precios promedio de mercado (PMM) desde el primer semestre del 2020 hasta el primer semestre del 2025. Las otras dos líneas punteadas —una por encima y otra por debajo del PMM— muestran la descomposición de esta línea para clientes libres, es decir, grandes industriales, y para clientes regulados. Se observa que la línea correspondiente a clientes regulados se separa significativamente a partir del año pasado por razones que probablemente todos conocemos. La línea azul representa el precio estabilizado al cual se vende la energía (PMGD). Por diseño, el precio en el corto plazo o precio estabilizado debe estar dentro de una banda, definida como un porcentaje por arriba o por debajo del PMM. De esta manera, tener PMGD vendiendo energía a un precio sustancialmente más bajo que el PMM, al precio al que se compra energía a otros clientes, hace difícil entender el argumento de la eventual existencia de una sobre renta, situación que además resulta contradictoria con la idea de utilizar parte de esta energía para alimentar la bolsa PYME. Otro elemento importante es el principio de autocontención, que permite financiar el gasto fiscal con recursos privados. En esta comisión, algunos abogados han expuesto que, en su opinión, este principio no tendría necesariamente una base constitucional ni respaldo en la Ley de Presupuesto. A nuestro juicio, esto crea un precedente peligroso para cualquier otra industria regulada y resulta, en cierta medida, innecesario introducir estos elementos de riesgo para la inversión en energías renovables cuando el universo de beneficiarios ya se encuentra financiado por la ley de presupuestos, es decir, por los aportes fiscales. Finalmente, es importante mencionar que, si bien efectivamente los PMGD durante el año 2023 —fundamentalmente— y parte del año 2024 produjeron un aumento en las compensaciones del precio estabilizado, dichas compensaciones han venido disminuyendo significativamente, aspecto que no ha sido abordado de manera suficiente en la discusión.

la mesa, los beneficios sistémicos que tienen los PMGD en términos de la reducción de los costos operacionales, la reducción de las emisiones de gases invernadero y la reducción de las pérdidas también por transmisión. Finalmente, señor presidente, ya para concluir y para respetar el tiempo que se me ha asignado, creemos muy importante que la generación que está ubicada cerca de los centros de consumo va a cumplir un rol en esta transición energética. Los PMGD, el autoconsumo y los techos solares van a cumplir un rol en esta transición, por lo que para nosotros como asociación es urgente tener una visión de política pública sobre los medios energéticos distribuidos; no solo generación, sino también almacenamiento distribuido y movilidad eléctrica. De alguna manera, sentimos que las disposiciones que están en este proyecto lo que hacen es seguir anclando la generación distribuida a un modelo de mercado que, a nuestro juicio, ya es obsoleto. Fundamentalmente, creemos que es muy importante buscar la forma de aprovechar de mejor manera los beneficios económicos y sistémicos que tiene la generación distribuida, no solo en la reducción de costos del suministro eléctrico, sino también en la resiliencia de la operación segura del sistema. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Darío. Vamos a las preguntas finales. Le pediré al coordinador, si me permite, hacer un trueque y darle la palabra a don Rufino, vicepresidente del coordinador nacional de la Asociación Nacional de APR. Don Rufino, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Saludarlos a los senadores y senadoras. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento, desde que ingresé a este proyecto y desde mucho antes, al tema que nos afecta en términos energéticos, y hemos pasado por distintas instancias entregando una línea de propuestas. Vamos a leer un documento, ya que en él se sintetizan todos nuestros aportes; nuestra mirada tiene que ver con aspectos técnicos, los cuales no podemos abordar porque no es nuestro expertise, pero sí desde el punto de vista de las necesidades que nos afectan. Así que, si me permite, señor presidente, voy a dar lectura a nuestro documento: "Fortalecimiento del subsidio eléctrico para los APR y el derecho humano al agua. Señor Presidente, senadoras y senadores presentes, agradecemos esta instancia para expresar nuestra opinión sobre la ampliación del subsidio eléctrico, un tema fundamental para la sostenibilidad del agua potable en las comunidades rurales de Chile. Hasta el día de hoy, no existe respuesta alguna al problema del alza de las tarifas que afectan a los APR. Si bien en el año 2023 logramos la eliminación del cobro de hora punta —esta ha sido la última iniciativa legislativa discutida y convertida en ley—, desde entonces el tiempo ha transcurrido sin avances ni soluciones reales para este problema que sigue afectando a las comunidades de agua potable rural. Por esta razón, hemos solicitado al Gobierno otorgar discusión inmediata al proyecto de ley. Celebramos que esta medida se haya tomado la semana pasada, pero enfatizamos que los APR no pueden seguir esperando; este proyecto debe aprobarse con sentido de urgencia. Hoy discutimos una cuestión que no es solo de economía ni de política pública, sino de derechos humanos. Más de 2.441 sistemas comunitarios abastecen diariamente a 2.308.071 personas, asegurando el agua potable en territorios que dependen de nuestro esfuerzo comunitario. No hablamos de un servicio accesorio, sino de una función esencial que permite la vida y el desarrollo rural en su más amplia dimensión. Sin embargo, esta función vital enfrenta una amenaza creciente. El sostenido aumento de costos energéticos golpea directamente la operación de nuestro sistema, poniendo en jaque su estabilidad y, con ello, el acceso al agua potable para miles de familias rurales. No es un problema financiero, es una crisis que compromete un derecho fundamental. Si no se toman medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas, las comunidades que dependen de la gestión de los APR verán vulnerado su bienestar y su futuro. La respuesta no puede esperar."

Urge una solución estructural que proteja el acceso al agua como un derecho y no como una variable sujeta a costos insostenibles. Las organizaciones de agua potable rural no somos simplemente clientes del sistema eléctrico; somos pilares de la gestión comunitaria del agua, garantizando un derecho fundamental al que el Estado debe llegar a través de nuestra gestión. La aprobación del subsidio no puede ser un beneficio opcional, sino una medida imprescindible para asegurar la continuidad del suministro y proteger el bienestar de miles de familias rurales. El proyecto de ley 1706-08 propone reducir hasta en un 30% las cuentas eléctricas de los APR. Valoramos esta medida, pero no es suficiente, ya que los costos energéticos siguen poniendo en riesgo nuestro funcionamiento. Por ello, venimos hoy con propuestas concretas para asegurar la viabilidad de los APR: 1. Ampliación y fortalecimiento del subsidio eléctrico. El subsidio debe cubrir la totalidad de las alzas tarifarias, asegurando la estabilidad financiera de los APR y la continuidad del servicio. Mientras se tramita la ley, solicitamos un subsidio transitorio inmediato para mitigar los efectos de las tarifas actuales. 2. Creación de un esquema tarifario diferenciado. Los APR deben contar con una tarifa especial adaptada a su función pública y comunitaria, evitando que se nos impongan costos diseñados para consumidores industriales. 3. Mesa intersectorial sobre el nexo agua-energía. Instamos a la creación de una instancia de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía y representantes de los APR para diseñar soluciones estructurales que aseguren un suministro energético justo y sostenible. 4. Medidas de sostenibilidad energética. Se requiere la implementación de un fondo permanente para energía renovable, promoviendo la autosuficiencia de los APR y su resiliencia ante el cambio climático, además del desarrollo de una ley específica para APR en el ámbito energético que garantice estabilidad y equidad territorial en el acceso y costos eléctricos. 5. Eliminación del cobro de IVA a los APR. Dado que los APR no operan con fines de lucro, el cobro de IVA por parte de las compañías eléctricas representa una carga injusta para las comunidades y debe eliminarse. Honorable senadores y senadoras, hoy no discutimos únicamente un subsidio. Lo que está en juego es el compromiso real del Estado con la equidad territorial y con el derecho básico de nuestras comunidades rurales a acceder a agua potable digna, segura y continua. El agua no espera, y tampoco lo hacen las familias que día a día viven la incertidumbre de no saber si tendrán agua para beber, cocinar o cuidar a sus hijos. Este es el momento de actuar con responsabilidad y con visión de país. Lo que proponemos no son favores ni privilegios, sino soluciones urgentes y estructurales, construidas desde los territorios y con la experiencia de quienes gestionan el agua en los rincones más aislados de Chile. Aprobar este subsidio y nuestras propuestas no es solo una medida técnica o presupuestaria, sino un acto de justicia, de coherencia y de voluntad política para que ningún lugar rural vuelva a ser invisible ante los ojos del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Esa es nuestra postura concreta y precisa sobre el tema. Ya, Rufino, muchas gracias. Algunas de las propuestas presentadas por nosotros desde el Ejecutivo, como la eliminación del IVA, no son de nuestra competencia, salvo que el Ejecutivo las envíe; en ese caso, únicamente podríamos evaluarlas para dejarlo claro. Muchas gracias, de todas maneras, por la presentación. Doña Analia, con la palabra, por favor. Gracias. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, y por su intermedio, saludar al señor ministro y al resto de los honorables senadores. Nuestra presentación de hoy se centrará en el análisis de cuentas, de manera directa y simple, en relación con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Enviamos el viernes pasado una minuta elaborada por nuestra consultora principal en este tema, por Vinken, asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica; por ello, insto y solicito respetuosamente a los senadores que lean y conozcan dicha minuta, que, aunque corta y técnica, es bastante decisoria. La presentación de hoy la pasaré rápidamente, pues ustedes ya nos conocen, para hacer una reflexión respecto del año casi transcurrido, comentando el proyecto de ley. Voy una más atrás. Ahí, en el marco de un año de discusión que lleva el proyecto...

Se ha caracterizado por dar antecedentes técnicos, ¿no? Ese fue el objetivo que tuvimos a la vista cuando encargamos el estudio a la Universidad Católica, porque nos enfrentamos a una discusión que, creo, para todos nos queda muy clara: una discusión compleja, técnica, económica y social, con muchas aristas que no se pueden apreciar en una lectura simple o de primera vista. Sin embargo, hay algo claro: la industria lo ha planteado varias veces a través de distintas asociaciones y coincidimos en esta mesa en que debemos buscar soluciones que cumplan dos objetivos. Uno, otorgar el subsidio, fundamental para cubrir las necesidades de las personas que han postulado a este beneficio; y dos, garantizar que este subsidio se otorgue sin generar distorsiones que afecten tanto al desarrollo del sector como a sus precios, un dilema que se asemeja al problema del huevo y la gallina. Estamos hablando de un subsidio para enfrentar un alza que se produjo luego del congelamiento de las tarifas, lo cual constituyó en sí un embate para la industria. Es claro que los 4,7 millones de hogares que se pretendió subsidiar en el principio eran un número incorrecto, y surge la pregunta de qué habría pasado si, como sociedad, Congreso y Ejecutivo hubiéramos aprobado un subsidio para 4,7 millones de hogares, que hoy en día no tendrían postulantes. Por otro lado, con total honestidad, el PEC fue un ejemplo de distorsión que hasta el día de hoy estamos tratando de corregir. Esto ha generado un mayor riesgo y ha complicado el desarrollo de proyectos que afectan el financiamiento, el costo crediticio, el costo de capital y, además, generan presiones al alza en las cuentas y en los precios que finalmente reciben los consumidores regulados. Esto se puede constatar en el comportamiento de las últimas licitaciones a clientes regulados. Voy a presentar un cuadro similar al de Darío, en el sentido de tomar las estimaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la recaudación. Aquí se muestra muy claramente que el Ejecutivo estima una recaudación del orden de 630.000 millones de pesos, proveniente de la ley 21.667, del IVA neto que incrementa dicha recaudación y de las multas de la SEC. En la tabla se explica la recaudación por año. Es importante señalar que, hasta el momento, se han utilizado 142.000 millones de pesos para la entrega de los subsidios correspondientes al segundo semestre de 2024 y al primer semestre de 2025. De acuerdo con la presentación del ministro de la semana pasada, se estima una necesidad efectiva del orden de 431.300 millones de pesos, que es la suma de las tres cifras en negro que aparecen en la tabla inferior derecha, y esto, según el Ministerio, es suficiente para cubrir a 1,9 millones de hogares en 2025 y a 2 millones de hogares en 2026 y 2027. En suma, estos antecedentes nos permiten concluir que, siempre y cuando se respete el orden de proveer el financiamiento con los recursos fiscales disponibles –el IVA, los fondos de la ley 21.667 y las multas de la SEC, descontando los montos ya utilizados para cubrir los subsidios de 2024 y 2025– serán suficientes para atender a los beneficiarios actuales del subsidio. Es más, existe un remanente, un exceso de recaudación de alrededor de 58.000 millones de pesos, que permite, además, financiar a otros grupos incluidos en el foco del subsidio, como son los sistemas medianos, los electrodependientes, e incluso posibilitar la implementación de un mecanismo directo para beneficiar, por ejemplo, a los APR presentes en esta sesión e incluso a las pymes.

los fondos de la 21.667, las multas de la SEC y descontando todos los gastos que ya se han hecho permiten cubrir a los beneficiarios del subsidio, los actuales 1,8 y 1,9 millones, hasta 2 millones de hogares. Segundo, con los excedentes se puede financiar un subsidio directo. Perdón, perdón por interrumpir, presidente. Sugiero que se puedan abrir las puertas un poquitito, porque hay un medidor que usamos normalmente de CO2 en el medio ambiente y, creo que, por el aforo que tenemos hoy, que es de mucho público, podemos estar en niveles peligrosos. Por favor. No está aquí el medidor; está en la Comisión de Salud, pero ayuda mucho. ¿Está acá? ¿Dónde está? Está en rojo. Está en rojo. ¿Pero es medidor de CO2? Ya. Está claro. Está claro entonces, hay que abrir. Hay que abrir. ¿Para qué lo mejor? Sí. Gracias. Analia, siga, por favor. Voy a retomar entonces el punto uno de las conclusiones para hacer, en el mensaje central, y de verdad, con todo el respeto que merece el análisis técnico que yo sé que el Ministerio ha hecho, nosotros también hemos tratado de aportar desde el punto de vista de redondear y entender bien cuáles son los números de este proyecto. O sea, al final, con el subsidio para el 1,9 o 2 millones de hogares, con el IVA que se está recaudando en este momento, alcanza. Ese es el mensaje central. Pero, además, hay un remanente y con ese remanente se podrían financiar subsidios directos sin entrar en las distorsiones que ustedes ya han conocido, como es el cargo FED, la bolsa PYME, el impuesto al CO2 que no está en un diseño correcto para atender a las PYME, los APR, los electrodependientes y los sistemas medianos. La recaudación del IVA y todos los demás recursos que he señalado alcanzan los mismos objetivos de política pública que el proyecto persiguió. En esta comisión, cuando lo discutimos al término de la discusión del PEC III, y la presidenta de ese momento, la senadora Evans-Perger, señaló que era necesario ampliar el subsidio, coincidimos en que hay una preocupación en la industria sobre cómo dar cuenta de ese objetivo de política pública, pero sin el impacto, el ruido, la distorsión regulatoria en las inversiones que esto genera. Y quiero hacer una última reflexión. Ayer se anunció en la cuenta pública del presidente Boric acerca de un proyecto de ley para facilitar permisos, trámites, etcétera, sectoriales, para ir en pro del desarrollo y despliegue de energías renovables, almacenamiento, reconversión y transmisión. Al mismo tiempo, eso implicaría la posibilidad de adelantar, ¿cierto?, la salida de centrales a carbón. Ese proyecto de ley es muy importante, pero es tan importante como este que estamos terminando de discutir y, por lo tanto, insto y hago un llamado a la comisión a comprender responsablemente la suficiencia de la recaudación fiscal que hay en este momento para poder cumplir con los objetivos de política pública que este importante proyecto nos merece a todos en su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Analia. Don César Peralta, le pregunto la palabra. O vicepresidente, coordinador. Bueno, Néstor, si quieren complementar, ustedes lo van viendo. Señor Peralta. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, quisiera agradecer la invitación y saludar a los miembros de esta comisión, al ministro y a los representantes de los gremios que nos acompañan hoy. Como es habitual, este coordinador siempre ha estado disponible para asistir a estas instancias y aportar a la discusión de temas que se marquen dentro de nuestras atribuciones y funciones. Cabe destacar que nosotros no tenemos facultades regulatorias, ni de fiscalización, por lo que no nos compete pronunciarnos sobre aspectos relacionados con proyectos de ley en temas tarifarios, por ser facultad única y exclusiva del Ministerio de la Comisión. Sin perjuicio a lo anterior, hemos preparado una breve presentación en la que abordaremos algunos aspectos operacionales y de seguridad, así como también de competencia de los pequeños medios de generación. Para ello, señor presidente, si me permite, quisiera darle la palabra al director ejecutivo, quien realizará una breve presentación, y al director de la unidad de monitoreo de la competencia, referente a los temas de precios estabilizados. Nos restringiremos a un tiempo no mayor a 10-15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo también, por su intermedio, a los miembros de la comisión y al ministro de Energía. La presentación es solo para efectos del registro, con las láminas que ya hemos presentado.