Senado - Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales - 2 de junio de 2025

Vamos a comenzar en comité la sesión. Falta que llegue un senador para iniciar formalmente, pero dado que tenemos a la ministra de Defensa Nacional, la señora Adriana Delpiano, en audiencia para este proyecto de ley tan relevante, continuaremos con el estudio del proyecto en primer trámite que modifica el Decreto Ley N° 1939 de 1977, sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indican en el Boletín N° 15.346-12, materia correspondiente a Bienes Nacionales, como se vio en la sesión anterior con el Ministro de Bienes Nacionales. ¿Podemos ver las cuentas mientras la secretaria presenta la cuenta para esta sesión?

De la excusa del Ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, que ha sido invitado ya en dos oportunidades pero se excusó por tener compromisos contraídos con anterioridad. Se recibió un oficio de la Superintendencia del Ambiente mediante el cual se responde a una solicitud de información enviada desde esta comisión respecto de una materia que se trató en la sesión del lunes 26 de mayo y que tiene relación con el proyecto de piscicultura en el río San Pedro, ubicado en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Y, finalmente, presidente, hay una solicitud de audiencia del señor Joaquín Vilarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para exponer las observaciones que dicho Consejo tiene respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra al senador. Había una audiencia el lunes pasado, ¿no?, sobre un proyecto en el sur. —Sí, porque también sería bueno poder escuchar a la contraparte, a la empresa, y escuchar también a… Entonces, yo quisiera pedir que, como se invitó a los distractores del proyecto, también se pudiera invitar a la empresa para escuchar ambas, si es posible. ¿Le parece? La guardemos cuando tengamos el coro. Muy bien, senador Chamol. —A mí me parece, estoy de acuerdo. Solo lo dejamos consignado porque quien preside la comisión y tiene que ver el tema de la tabla es el senador Durresti, quien anda en Lima en este momento en una sesión del Parlatino. Me había solicitado, en el fondo, que presida la comisión, pero claro, es él el que tiene que después ver la tabla, y absolutamente. Muy bien, y consignamos también esta solicitud de audiencia del señor Joaquín Vilarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, sobre el otro proyecto de la reforma al Código de Aguas para impedir la constitución de derecho de aprovechamiento sobre glaciares. Bien, el ministro Cordero, bueno, se excusó; lo citaremos en una próxima sesión también para abordar este proyecto, dado que lo veíamos en la sesión anterior con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, que, claro, tiene relación con las ramas de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada (aviación) y, en términos cuantitativos, principalmente Ejército y Armada—, pero también las policías, es decir, Carabineros y PDI. Por eso, el ministro Cordero tiene que ver la parte de las policías en cuanto a los terrenos y bienes nacionales. Saludamos también al representante del jefe de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Pablo Maino, y al asesor legislativo Luis Felipe Sepúlveda; y saludamos a la asesora legislativa, Leslie Sánchez, de la ministra Adriana Del Piano, a quien ya habíamos presentado, y a quien le agradecemos por asistir a nuestra comisión. Y ahora sí tenemos quórum. En nombre de Dios y la patria, se abre formalmente la sesión. Le pido disculpas, presidente. Estábamos en la Comisión de Hacienda, que se extendió más la cuenta en la sesión secreta con el director de Impuestos Internos para evaluar el hackeo que tuvo lugar en el principio de mayo. Esa es la explicación por la cual Diego, ligeramente, ha casado. No, no, usted lo hace muy bien, gracias. Yo prestigo mañana. Muy bien. Vimos temas de cuenta. No sé si, senador… bueno, pasamos nomás. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. —Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los señores senadores, a todo el equipo que está aquí presente y a los asesores. Este es un tema en el que, en mi cabeza, se juntan dos ministerios, voy a decirlo, porque me tocó verlo cuando era ministra de Bienes Nacionales hace ya buenos años atrás y hoy día me encuentro al otro lado de la mesa, en parte. Y, por lo tanto, si me permite, quisiera hacer un recuento muy breve de cómo se da esta situación. La verdad de las cosas es que, cuando un día, un día cualquiera, a partir de una destinación que se quería hacer para la construcción de Bahía Catalina en Punta Arena, estando en el Ministerio de…

En Bienes Nacionales descubrimos que lo que nosotros pensábamos que era una destinación se ha pasado al patrimonio de afectación fiscal, cuyo conocimiento se desconocía en ese momento, y por esa vía había entrado a los servicios de bienestar; al incorporarse a dicho servicio, perdía la calidad de patrimonio fiscal y pasaba a ser un patrimonio de los departamentos de bienestar, pudiéndose vender o administrar de una manera distinta. Revisándolo, esto dio lugar a encontrar muchas situaciones de este tipo. No siendo la más importante Bahía Catalina, quiero hacerles ver a los senadores lo que fue todo el Fundo San Luis, por ejemplo, en Las Condes, que fue, quizá, una de las ventas más grandes realizadas de un territorio ya construido para una finalidad excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos llevó a conversar con Defensa en su momento y a ver de qué manera nosotros, como Ministerio de Bienes Nacionales, teníamos dificultades previas para contar con un buen catastro de la propiedad fiscal. El catastro es, tal vez, lo que más cuesta en Bienes Nacionales, y cuesta no solo porque se destinen cosas de las cuales luego no se sabe dónde están, sino también por la forma en que la propiedad fiscal se constituyó. Después de la Guerra del Pacífico, hay que pensar que ingresó a la propiedad fiscal una cantidad muy importante de bienes, que tuvieron lo que se llamaron inscripciones globales; por lo menos, eso es lo que recuerdo, y según los especialistas actuales de Bienes Nacionales, en Copiapó se inscribió fiscal todo aquello que no es privado. No se contaba con la tecnología de hoy para determinar dónde estaba la propiedad fiscal. Es muy difícil ser un buen administrador de una propiedad que es de todos los chilenos y forma parte de un patrimonio común si, efectivamente, no sabemos dónde está ni dónde queda. Esto ocurrió tanto en el norte, por la adquisición de tierras, como también cuando privados eran dueños de parte de esa tierra, y creo que tuvo un impacto muy grande durante la colonización del sur del país, en la que se entregó a colonos una cantidad de territorio sin que se supiera con exactitud cuánto abarcaba ni dónde se ubicaba específicamente. Si se le preguntaba a un colono, decía: “Mire, me apropié desde ese cerro que está allá hasta este río que está acá”. Si se consultaba el documento, decía: “Desde la punta del cerro El Alto hasta la mitad del río Frío”. Como los chilenos no somos muy imaginativos para los nombres, había veinte cerros El Alto y veinte ríos El Frío; además, los ríos cambian de curso, lo que generaba confusión. El señor afirmaba que, con sus animales –lo que llamaríamos las veranadas– también sentía que era parte de su propiedad, pues mientras nadie la reclamaba y no se hacía un uso expedito, no se manifestaban otros intereses al respecto. Evidentemente, el señor consideraba que esa era su propiedad al momento de otorgar títulos. La verdad es que se han entregado muchos títulos formales y fue necesario achicar esta situación. No fue fácil; hubo que ponerle límites reales a una propiedad cuyos contornos no estaban bien especificados. Pongo estos dos ejemplos porque, dada nuestra geografía y territorio, parte de esto no responde a una decisión totalmente racional, sino que se dio de esa manera. Esto fue un gran esfuerzo. No olvidaré lo que hoy en día se puede hacer con un aparatito para saber dónde se está parado. Recuerdo un esfuerzo enorme del subsecretario de la época, en paz descanse, Sergio Vergara, quien me dijo: “Mira, lo que vamos a hacer es un helicóptero al que se le coloca una cámara abajo; lo dejaremos y nos marcará el punto en que estamos”. Con todo lo que se hizo, fue un esfuerzo muy costoso y difícil de precisar.

Bien, porque el helicóptero no está nunca total y absolutamente detenido, porque se caería. Entonces, lo cuento casi como anécdota para resaltar, en primer lugar, la importancia de saber cuál es la propiedad fija; y, en segundo, conocer el uso que le estamos dando a dicha propiedad. Es en este punto donde aparece el tema de la ley y también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, históricamente, por el tamaño de los territorios que requieren para realizar distintos ejercicios —no estoy diciendo para construir una instalación, un puesto de mando o algo similar, sino para efectuar ejercicios—, disponen de terrenos muy grandes, sobre todo en el norte del país, para poder llevar a cabo estos entrenamientos que son parte de su formación y de la defensa de este país. Sin embargo, ocurrió lo siguiente: en el año 72 se dictó una normativa —ley, entiendo, o decreto ley, no me acuerdo con exactitud, pero era ley— que disponía que, por un tiempo determinado, se autorizaría a los servicios de bienestar a quedarse con las propiedades destinadas a dichos servicios y a realizarles mejoras, las cuales, de otro modo, no se ejecutarían. Contaban, por ejemplo, con un centro de eventos en un determinado lugar, un hospital y otros servicios, de modo que estas propiedades pasaban a lo que llamamos patrimonio de afectación fiscal. Aunque era de naturaleza fiscal, la propiedad pasaba a otra entidad jurídica, vinculada al ámbito de bienestar de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Este asunto se complicó por el hecho de que, en la búsqueda de terrenos fiscales, se encontraba que muchos habían pasado al PAS. El traspaso al PAS era muy específico, ya que se realizaba a la sola firma del comandante en jefe de la respectiva rama; es decir, no se requería ni un visto bueno de Bienes Nacionales, ni del Ministerio de Hacienda ni de ningún otro ministerio. Bastaba que el comandante en jefe afirmara que el destino del terreno era el adecuado, es decir, que el Estado lo transfería a una rama de las Fuerzas Armadas para que lo administrase y lo utilizase para fines específicos. Aquí radica una cuestión muy importante, que además figura en el proyecto de ley: el fin específico debe ser realmente específico. ¿Por qué? Porque lo que hoy se requiere para un fin puede que mañana deje de serlo. No se debe interpretar que lo destinado para, por ejemplo, hacer ejercicio, pueda usarse para fines distintos, como vivienda o incluso para construir un regimiento, sin la debida autorización, que en última instancia corresponde al dueño, y el dueño somos todos los chilenos. Sin embargo, existe un ministerio específico que ejerce como propietario de esta propiedad fiscal que es nacional. Con el tiempo, esta situación se tendía a repetir. Se realizó un estudio en derecho, llevado a cabo por el abogado Fernando Barros, y a partir de ese estudio se presentó un planteamiento a la Contraloría General de la República, durante el periodo 97-98, en conjunto con el Ministerio de Defensa, en el gobierno del presidente Frey. En esa instancia, el Contralor indicó que todo lo relativo al PAS realizado hasta ese momento se había ejecutado de buena fe, pero que de aquí en adelante, la administración del patrimonio de afectación fiscal debía ajustarse a las nuevas condiciones y posibilidades.

puede ser vendido si va con la firma del ministro de Defensa de Bienes Nacionales y, creo, también va con la firma del ministro de Hacienda, porque aquí ingresan muchos recursos de los que no se tiene contabilidad. Lo digo porque hasta ahí llegó mi intervención directa en este tema. Quiero, brevemente, decir lo siguiente: creo que todo el patrimonio fiscal, ingrese como ingrese, debe estar registrado. Es bueno que Chile tenga un registro y es bueno que, cuando se termina un uso, se devuelva. Ayer el presidente, en la cuenta –valga la redundancia– indicó que 300.000 hectáreas, casi todas ubicadas en la cordillera de Santiago de la Región Metropolitana y originalmente destinadas al ejército, quedaron sin uso; el ejército dejó de usarlas y hoy día son una reserva de todo el agua de Santiago, ya que se encuentra el Tupungato y, además, el Tupungatito queda dentro de un área protegida que había sido designada en el gobierno del presidente Piñera, desde cierta altura hacia arriba. Con lo que señala el presidente, quedaría el territorio en su totalidad y se le daría además la posibilidad a muchos chilenos de conocer la cordillera, de acceder a un lugar en el que, sin tener que viajar al extremo sur del país, pueden disfrutar de una zona de cordillera muy bonita. Lo menciono como un ejemplo concreto de que, al terminar de utilizar un bien, éste debe devolverse y no permanecer en uso para un fin distinto. Lo siguiente, brevemente, es una pregunta. Ah, perfecto. También tenemos ingresos de propiedad vía presupuesto regular del país. El día de mañana, cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada –y me imagino que esto sucede de igual forma con Carabineros y la PDI– compra, con recursos del presupuesto, un determinado bien. Yo creo que, independientemente de que se compre, si se vende un terreno fiscal que se me había sido destinado, es muy importante que esté en un catastro único, porque, en definitiva, también es propiedad fiscal. Es una propiedad fiscal adquirida, no porque me la concesionaron o porque se me destinó, sino porque la adquirí con una finalidad específica, con recursos que son de todos. Por ello, tener un buen registro me parece un aspecto muy importante. No debiera haber propiedad de la cual no sepamos quién es el dueño. Esa es mi postura como ministra de Defensa; creo que colaboraremos en lo que se pueda para esto, porque es algo bueno para todos. Termino con un ejemplo del día de hoy, que, si bien no está resuelto, pone sobre la mesa el ánimo existente en esta materia. Me visitó gente de Taltal, porque hay una zona en Taltal Sifuncho, donde se realizan ejercicios eventuales. No se trata de un territorio cerrado y destinado exclusivamente a la Armada, pero la Armada lo ha utilizado de forma permanente para efectuar ejercicios de mar-tierra en ese sector. Resulta que ese sector es una playa muy linda y, con el cambio de tiempos, se quiere desarrollar un polo turístico para Taltal –está muy cerca, hasta a 30 kilómetros de dicho lugar–. Sin embargo, la gente del norte, junto con el alcalde de Taltal, ha presentado una propuesta y, además, una contrapropuesta de otros terrenos que tendríamos que tramitar ante Bienes Nacionales, los cuales permitirían realizar los mismos ejercicios sin perjudicar un esfuerzo muy importante de la Armada, pero en un territorio que no tiene las mismas características del original. Creo que la flexibilidad debe estar presente. El uso de nuestro borde costero, de nuestras cordilleras, etcétera, va cambiando con el tiempo; ya no somos 8 millones de habitantes, como éramos, ni 18, casi 20, etcétera. Hay otros requerimientos y necesidades. Y, con esto, termino, presidente, diciendo que lo más importante para mi perspectiva de Bienes Nacionales es el catastro, en términos de saber exactamente no solo quién usa el terreno fiscal, sino a quién se le pasó. Voy a decir una locura, pero la moneda es...

Una propiedad fiscal destinada al Gobierno de Chile para que funcionen las más altas autoridades y se tomen las decisiones. Pero ni quien lo ocupa ni tampoco vienen nacionales por su cuenta el día de mañana a darle otro destino a La Moneda, como se le dio antaño: era la Casa de Moneda y pasó a ser el Palacio Presidencial. Entonces, creo que ese catastro es fundamental; toda la propiedad debería entrar al catastro y nada debiera resolverse con una firma, ni la del ministro de Defensa, ni la del ministro de Hacienda, ni de Bienes Nacionales, ni de nadie. Todo tiene que tener contrapeso porque estamos hablando de muchos millones de pesos, muchos millones de pesos. Termino con algo que afecta y que lo he hecho ver, incluso de modo anecdótico. Alguna vez, el presidente Frey me encargó, “Adriana, hay que instalar un puerto en Mejillones”. ¿Dónde debería estar el puerto en Mejillones? Entonces, nos pusimos a buscar qué territorios había en torno a Mejillones, a quién estaban destinados, etcétera, y encontramos un terreno precioso, profundo, que era el mejor para poner un puerto en Mejillones. Dicho terreno lo tenía la Fuerza Armada, pero no lo ocupaba; estaba en manos de la Marina y tampoco lo utilizaba, y ese terreno estaba pasado al Paz. Mientras el presidente de la República de la época buscaba el terreno para este puerto, salió un gran aviso en el diario: se vendía ese terreno, con vista al mar, porque estaba pasado al Paz. Era la orilla del mar, un terreno precioso que habría costado millones y millones de pesos. Lo expongo porque creo que estamos en otra etapa en la vida, en otra etapa de colaboración entre distintas instituciones, y considero fundamental contar con algún mecanismo –cualquiera sea la forma en que ingrese al patrimonio fiscal un bien– que implique un registro único. Incluso puede incluir una anotación al lado indicando si esto pertenece al PAF antiguo, al PAF nuevo, o si entró por compra; en fin, que tenga un historial del terreno que nos facilite entender cómo se lo está considerando desde distintas perspectivas. Pero, quien debe llevar ese registro es Bienes Nacionales. Muy bien, muchas gracias, ministra Adriana Delpiano. Ofrecemos la palabra, entonces, al senador Chaguán. Sí, primero, presidente, por su intermedio, quiero señalar a la ministra que esto es absolutamente urgente y necesario, no solamente porque eventualmente se pueden usar recursos fiscales previos para poder resolver y poner a disposición la solución a una demanda social que versa fundamentalmente sobre el Plan Nacional Habitacional. Quiero contarles que la gestión que hicimos con la exministra de Defensa –una gestión ágil que nos permitió dotar a Papudo de un predio que pertenecía al Ejército– fue iniciada con el gobierno del presidente Piñera y, a pesar de haber demorado, con la anterior ministra (su predecesora) el trámite fue expedito y rápido. Logramos hacer todas las pruebas del terreno, comprobando que no hubiese explosivos (el examen OXAC se llama), y posteriormente traspasamos el predio. Con otra gestión ágil del ministro de Vivienda, logramos traspasarlo al Servio. Quiero decirles que estamos en proceso de que dos comités, que habían esperado 20 años en Papudo, hoy tengan posibilidades, ya que el terreno está inscrito a nombre del Servio y destinado a vivienda social. Extraordinario. A diferencia de eso, nos ha ocurrido –hemos tratado de hacer lo mismo con otros predios del Ejército, los moyes, que también estaban destinados a viviendas sociales– y se están realizando los análisis correspondientes, consultando catastros, porque en algunos lugares no hay terreno; simplemente, en Papudo, no había dónde construir, es decir, el Ejército no facilitaba esos terrenos que tenían para práctica de tiro y que ya no utilizaban desde hace muchísimos años. Mire, otro ejemplo es respecto de…