Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia acá de nuestra Contralora General de la República, de la Directora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de la Presidenta del Colegio Médico y de la Subsecretaria de Salud Pública. ¡Uy, nunca había estado con tanta autoridad junta!
Vamos a, le voy a dar primero la palabra al secretario para que lea la cuenta, y después vamos directo al grano sobre el tema de licencias médicas.
Adelante.
Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos.
Se han recibido los siguientes documentos para esta sesión:
1. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico.
2. Un oficio, también del Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas que indica.
3. Un oficio de la señora ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre el promedio de días de espera para atenciones GES.
4. Un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual responde a uno de esta comisión en relación con medidas que se están adoptando para garantizar la seguridad y protección de los funcionarios que se desempeñan en recintos de salud a nivel nacional.
5. Un oficio de la Directora de Presupuesto, mediante el cual, en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre la posibilidad de designar o destinar recursos para la materialización de traspasos de funcionarios técnicos, paramédicos y auxiliares del Hospital Sotero del Río.
6. Un oficio de la señora ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión, en relación con los motivos y alcances…
De la resolución número 1507 de noviembre del año 2024, rectificatoria de una resolución de agosto de ese mismo año, en relación con las líneas terapéuticas para cáncer de mama en primera línea (cáncer de mama metastásico HER2) y su ingreso al decreto de drogas oncológicas de alto costo.
Un oficio también de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión en relación con denuncias de maltrato laboral existentes en el contexto de la ley CARIN; y otro oficio del mismo ministerio, mediante el cual responde a la comisión en relación con la factibilidad de incluir la enfermedad de la epilepsia refractaria en las garantías explícitas de salud.
Un oficio de la Agencia Nacional de Inteligencia, mediante el cual se remite un informe de licencias médicas en cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2025; un oficio del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que remite informe de licencias médicas en cumplimiento de la citada ley, en calidad de reservado, por lo que no será publicado; y un oficio del Instituto Nacional de la Juventud, mediante el cual se remiten igualmente informes sobre licencias médicas en cumplimiento de la mencionada ley.
Un oficio del Gobernador Regional de Tarapacá, mediante el cual se remiten glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2025; un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual se remite la información de la glosa número 6 de la Ley de Presupuestos 2025; un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual se remite informe de licencias médicas en cumplimiento de la citada ley; y un oficio del Subsecretario de Justicia, mediante el cual se remite el mismo informe sobre licencias médicas.
Asimismo, se incluye un oficio de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual se remite también informe de licencias médicas en el mismo supuesto; otro oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, que remite la información relativa a la glosa número 27 de la Ley de Presupuestos del año 2025; un oficio de la Subsecretaría de Culturas y las Artes, mediante el cual se remite la glosa presupuestaria correspondiente de la Ley de Presupuestos 2025; y un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se remite la información de la glosa número 7 en cumplimiento de dicha ley, el cual, por tener carácter reservado, no será publicado.
Se continúa con un oficio del Subsecretario de Justicia, que complementa un oficio anterior sobre informe de licencias médicas y cumplimiento de la Ley de Presupuestos; y un oficio de la Directora del Instituto de Salud Pública, mediante el cual se remite la información de la glosa número 11 y del artículo 14.15 de la Ley de Presupuestos 2025.
Una vez culminada la remisión de oficios, se presentan las solicitudes de audiencia y denuncias:
• Una solicitud del diputado Cristóbal Martínez, a fin de recibir en esta comisión a la agrupación Vivamos el Autismo de San Carlos Ñuglo.
• Derivación de solicitud de audiencia, mediante ley de lobby, de la diputada Marta Bravo, para recibir en esta comisión a la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, con el propósito de dialogar sobre el próximo proyecto de ley de aborto y, en ese marco, entregar insumos a partir de las investigaciones y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia.
• La derivación de solicitud de audiencia de la diputada Lorena Fries, mediante la cual se solicita recibir a Prodesap, asociación que expondrá sobre políticas relacionadas con la atención primaria de salud en materia de financiamiento, seguridad, trato, usuario y universalización.
• Derivación, por ley de lobby, de la solicitud de audiencia del diputado Ricardo Cifuentes, para que sea recibida a la TEIA SPA, con el fin de exponer sobre proyectos de prevención y diagnóstico oncológico para la cuarta región.
• Derivación de solicitud de audiencia, mediante ley de lobby, de la diputada presidenta Elia Molina, para recibir a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, la que aportará desde la mirada estudiantil, científica y territorial en temas claves del sistema sanitario.
• Una solicitud presentada por el jefe de la Unidad de Ortopedia y Traumatología Infantil del Hospital Clínico San Borja Riarán, para exponer las razones por las cuales se estima conveniente que el pie bot y su tratamiento con yeso precoz, según el método Ponseti, ingresen al régimen.
• Una solicitud de audiencia de la Unión de Dueños de Farmacias Independientes de Chile (UNFACH), para exponer los temas que actualmente preocupan a esa organización, vinculados a proyectos de ley que se debaten en el Congreso Nacional.
• Una solicitud de audiencia al señor Daniel Sepúlveda, para evaluar el funcionamiento de la Ley 21.198 (ley Cenabaste) en las farmacias independientes, con el fin de colaborar y dar a conocer sus observaciones como asociación gremial.
• Por último, se presenta una denuncia y solicitud de audiencia.
De audiencia de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Complejo Asistencial Barros-Luco, Hospital Doctor Lucio Córdoba, Hospital Psiquiátrico El Peral y Hospital Ezequiel González Cortés, por la existencia de turnos irregulares e ilegales a los que actualmente se encuentran sometidos los profesionales del Hospital Barros-Luco.
Una carta de la Corporación Humanas y de la Corporación Miles, mediante la cual manifiestan su preocupación en torno al cumplimiento de diversas normativas vigentes respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, y solicitan al Ministerio de Salud o al organismo competente un informe sobre las obligaciones señaladas.
Una comunicación de la directora del Instituto Nacional del Cáncer, mediante la cual solicita apoyo para corregir la inconsistencia en beneficio de los pacientes oncológicos del sistema público, lo cual había sido solicitado previamente a la ministra de Salud en una carta que se adjunta.
Una comunicación de una persona particular, Hans Gutiérrez, en relación al proyecto de ley que incorpora al trabajador social entre los profesionales reconocidos en el Libro V del Código Sanitario, proyecto ingresado en el año 2023.
Otra comunicación de un particular, en este caso el señor Jorge Joffre, mediante la cual manifiesta su preocupación respecto al Decreto Exento 243, normas técnicas y criterios de hospitalización, lo que se traduce en que las unidades de ginecología pasan a formar parte de las áreas médico-quirúrgicas, neonatología y pediatría, mientras que las urgencias y los pabellones serán indiferenciados.
Una comunicación de la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal, mediante la cual se señala que aún no existen avances sobre el descanso reparatorio para los y las funcionarios de dicho servicio.
Observaciones de la Asociación Gremial de Clínicas de Chile (AG) al proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas indicadas, las cuales corresponden a lo ya expuesto ante esta Comisión el 22 de abril del año 2025.
Un boletín de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional de mayo del 2025, denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional.
Un informativo de Pérez, número 89, de mayo del 2025.
Una nota del Comité Unión Demócrata Independiente, por el cual se informa que en esta sesión el diputado Daniel Lilayú será reemplazado por la diputada Marlene Pérez.
Una nota del Comité Demócrata Cristiana, mediante la cual se informa el reemplazo del diputado Héctor Barría por la diputada Karen Medina, también para la sesión de hoy.
Una nota de la UDI, mediante la cual se informa el reemplazo, por parte del diputado Borges, de la diputada Marta Bravo y, finalmente, el reemplazo del diputado Jorge Durán por la diputada María Luisa Cordero.
Eso es todo, Presidenta.
—No entendí muy bien, porque la doctora María Luisa Cordero es parte de esta Comisión.
—Sí, la reemplaza el diputado Jorge Durán.
—Entendí al revés. Bueno, muchas gracias.
Quiero ofrecer la palabra; si alguien tiene algo sobre la cuenta, adelante, diputado Rosa.
Gracias, Presidenta.
No, es en relación a una carta que llegó de la Corporación Humanas y de la Corporación Miles. Se trata de un tema de preocupación respecto a la cantidad de embarazos que aún existen en nuestro país en el año 2024 en menores de edad, específicamente en niñas de 10 a 14 años (109 niñas en 2024). Una de las causas que señalan varios especialistas del tema es la gran cantidad de objetores de conciencia que hay en la red asistencial, la cual alcanza casi un 40 % a nivel nacional en los turnos; y esa situación, según los contactos realizados, se debe también a que los protocolos no han sido actualizados en muchos de esos establecimientos, dado que cada uno debe ir actualizando los protocolos para la correcta ejecución de la Ley IDE. Por lo tanto, creo que es importante responder y trasladar esta información al Ministerio, ya que no todos los servicios de salud han actualizado dichos protocolos, situación que además ha generado mucho miedo.
Especialistas y se han puesto como objetores de conciencia, pero por la no actualización de los protocolos, más que nada, y no necesariamente por no estar de acuerdo con la ley, quisiera hacer el punto para que eso se corrija, porque hay hospitales que tienen protocolos desde 2011 vigentes hoy día, que no son los mismos de hoy día. Muchas gracias, diputado Rosa.
Sí, todo lo que usted ha dicho es cierto. Entiendo que la semana pasada salió el reglamento al fin y espero que eso sea parte de la solución para este problema. Así que, igual, después, si la ministra de Salud quiere decir algo al respecto, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien más quiere, diputada Gasmurí?
Gracias, presidente, por su intermedio. Se ha apagado el micrófono. Está tranquilito, se te va. ¿Sí? Ya.
Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a todos mis colegas y, por supuesto, a todas nuestras invitadas e invitados de hoy. En la misma línea de lo manifestado por el diputado Rosa, hemos estado en conversaciones con Fundación Mil y Fundación Humana, y se nos ha solicitado –y quiero refrendarlo– presentar en esta Comisión la necesidad de que el Ministerio de Salud informe cómo está avanzando para asegurar el cumplimiento de la ley IVA en tres causales. Entendemos que hoy día estamos dando un paso más allá, pero también nos importa ver cómo está ocurriendo esto, garantizando la atención médica que requiere la interrupción del embarazo en conformidad con el Código Sanitario, el cual, como se ha mencionado, está altamente obstruido por profesionales objetores de conciencia, especialmente en la causal de violación que afecta a niñas y adolescentes. Sin duda, es uno de los principales puntos de preocupación en la misma línea de lo que señala el diputado Rosa.
Particularmente, con relación a lo que acabo de referir, y posteriormente en puntos varios deseo realizar otro alcance, pero consideramos sumamente importante, sobre todo a la luz de esta situación, que ciertas niñas y jóvenes, víctimas de una de las causales más gravísimas –la violación–, no están pudiendo recibir la atención que requieren, que merecen y a la cual tienen derecho. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Osmuri. Hoy día no vamos a tener puntos varios; mañana es la reunión ordinaria de puntos varios, por lo tanto, hoy está cerrado este apartado, ya que contamos con un corto tiempo y varios expositores. Ha levantado la mano la señora Jimena Aguilera, Ministra de Salud, para réplica, probablemente en relación a lo que se ha dicho.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Saludo a los asistentes, gracias, Presidenta; honorables diputados, también a la señora Contralora, a la presidenta del Colegio Médico y a todos los que nos están acompañando. Bueno, sobre la interrupción voluntaria del embarazo – tema sobre el cual había solicitado una actualización desde el año 2018 hasta el 2025 – informo que 6.249 mujeres se han acogido a la ley 21.030; de ellas, el 85% decidió interrumpir su embarazo, lo que corresponde a 5.324 interrupciones. Además, 1.568 mujeres interrumpieron por riesgo de vida de la mujer, 2.309 por malformación fetal inviable y 1.447 por violación. En esta última causal se constituyen un total de 425 casos en menores de 18 años, de los cuales 223 fueron en menores de 14 años. Del total de menores, 338 decidieron interrumpir su embarazo, lo que representa un 79,5%. Hubo 160 interrupciones adicionales, por causa de tres casos de violaciones en menores de 14 años. No se registraron muertes por la interrupción voluntaria del embarazo realizada en el marco de la ley 21.030. Eso es lo que puedo informar. Muchas gracias, Ministra.
Bueno, vamos a empezar entonces, en este momento, con la tabla de hoy, cuyo objetivo es escuchar a los actores más involucrados en el tema de licencias médicas, de acuerdo con el documento emitido por la Contraloría General de la República. Inicialmente, destinaremos aproximadamente diez minutos por persona. Así, presentaremos a la señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República, quien vendrá acompañada del señor Víctor Hugo Merino, subcontralor; al señor Ricardo Proboste, relativo a la división de fiscalización; al jefe de la Unidad de Relaciones Públicas Internacionales, el señor Hans Javier Lagos Benítez; y al funcionario de la Policía de Investigaciones, el señor Isabel Rivera.
El señor Antonio González Acuña González. Le deseo la palabra.
Ahí parece que… ahí sí.
Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos acompañan, en particular los señores y señoras parlamentarios. Gracias por la invitación a esta Comisión de Salud, a la señora ministra, a las autoridades del Ministerio, y por supuesto, al Subcontralor General y al jefe de la División de Fiscalización.
Nosotros vamos a exponer muy brevemente los hallazgos representados en el informe consolidado de información circularizada número 9-2025, el SIC, que se refirió a funcionarios y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos, y que habrían salido del país estando con licencia médica. Es un informe que ya hemos expuesto en el Congreso, en el Senado, en la Comisión de Salud y también en la Sala. Lo expondremos de manera breve para dejar tiempo para las preguntas.
En primer lugar, ¿qué es un SIC? Se trata de la denominación de este tipo de reporte que realiza la Contraloría a contar de enero de este año. Los SIC son reportes en los que se agrupa información de bases de datos oficiales del Estado, en este caso de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Policía de Investigaciones de Chile, que se cruzan para detectar elementos sujetos a fiscalización. En este caso particular se revisó si funcionarios públicos hubieran estado saliendo al extranjero durante el período de reposo obligatorio establecido en una licencia médica. Esa era la búsqueda: se cruzaron dos bases de datos oficiales y los resultados son los que ya se han conocido por la ciudadanía y que vamos a detallar.
Estos SIC, ya en el número 10, se encuentran, desde enero a la fecha, en la página de la Contraloría, donde existe un buscador específico que permite localizar las auditorías, los informes finales, el tipo de fiscalización clásica de la institución, los dictámenes, los anuncios jurídicos y los SIC. Cualquier persona puede acceder a ellos.
Enseguida, como antecedentes generales, recordemos que las licencias médicas son documentos que certifican la incapacidad temporal para trabajar y son otorgados por profesionales de la salud, permitiendo al trabajador ausentarse o reducir su jornada para restablecer su salud. Quiero detenerme un instante, señora Presidenta, para reforzar el hecho de que la licencia médica materializa el derecho a la recuperación de la salud. Ya sea que se trate de un funcionario público o de alguien del ámbito privado, este derecho está garantizado a nivel constitucional, posibilitando la recuperación a través de un tratamiento médico, que en algunos casos exige reposo en el domicilio o en el lugar que indique el profesional de la salud.
Cumpliendo ciertos requisitos, se otorga el derecho al subsidio por incapacidad laboral o a la remuneración íntegra, como es el caso de los funcionarios públicos. El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otros aspectos, el tipo de reposo (total o parcial), el período de recuperación, el lugar de tratamiento o reposo, la dirección y el teléfono del paciente. Asimismo, en caso de incumplimiento del reposo, según la normativa, se procederá al rechazo o invalidación de la licencia. La Superintendencia de Seguridad Social ha señalado que, para rechazar una licencia médica por incumplimiento del reposo, dicho incumplimiento debe constatarse durante el periodo de reposo o, si este ya culminó, solo procedería cuando existan antecedentes escritos serios que lo avalen, como por ejemplo, reportes de ingreso y salida del país u otros antecedentes que hagan fe del incumplimiento.
Respecto del trabajo específico realizado, se revisó el período 2023-2024. Se ha consultado ampliamente por qué no se revisaron otros periodos, pero es importante señalar que la responsabilidad administrativa prescribe en cuatro años y la responsabilidad civil en cinco; revisar periodos mayores implicaría analizar datos prescritos, lo que resulta ineficiente. Lamentablemente se desconfiguró la presentación y las cifras no se ven con claridad, pero en la presentación escrita que tienen los señores parlamentarios se aprecian correctamente. Por esas razones técnicas, se revisó el período 2023-2024, abarcando 5.147.000 registros.
De 1997 licencias médicas en la base oficial de la Superintendencia de Seguridad Social, que habían sido otorgadas a funcionarios públicos o a trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos (por ejemplo, Integra), se constató un total de 1.231.000 licencias y fracciones, correspondientes al registro de salidas y entradas al país de servidores públicos. Para cada funcionario o funcionaria que tuvo licencia médica se verificó si, en su período de reposo, presentó salidas o entradas, a fin de detectar incumplimientos. Se incluyó a las personas que, a la fecha en que viajaron, tenían licencia (desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024) en la medida en que eran funcionarios públicos a la fecha del hallazgo. Si, a la semana siguiente, la persona dejó de ser funcionario, se jubiló, falleció o se diera alguna otra circunstancia, aparecerá en el reporte con el incumplimiento, pero hoy en día a la institución pública no le aparecerá en la nómina porque esa persona ya no está en el servicio. Por ello, se producen diferencias entre el reporte que envía la Contraloría y el de los funcionarios que realmente trabajan en ese servicio. También ocurre que hay funcionarios que se trasladan de un servicio a otro, lo que genera diversas circunstancias que hacen variar las cifras entre un servicio y otro.
Enseguida, la detección principal en este cruce fue que 25.078 funcionarios públicos habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica, porque, según la base de datos de la PDI, durante ese mismo lapso habían viajado fuera del país (total o parcialmente). Se detectaron 35.585 casos específicos, de los cuales el 69% corresponden a FONASA y el 31% a ISAPRES; estas son las licencias en cuestión, y se registraron en total 59.000 entradas y salidas del país. Esto indica que hay funcionarios que realizaron numerosas entradas y salidas. De hecho, en algunas municipalidades se comprobó que una o dos personas representaban el 100% de las irregularidades detectadas, mientras que el resto de los funcionarios habían utilizado correctamente su reposo y licencia médica. En ciertos casos, una o dos personas tuvieron 30 o más entradas y salidas durante el período en que estaban con licencia médica. Se identificaron casos en que funcionarios registraron entre 16 y 30 movimientos, y se detectaron 51 funcionarios con más de 31 entradas o salidas en el mismo lapso.
Cuando se analiza en términos temporales, estas situaciones de incumplimiento se concentran fundamentalmente entre septiembre y diciembre de cada año, en los dos años revisados. Además, se detectó una situación doblemente irregular en la que un funcionario del área de la salud se otorgó licencia a sí mismo; en ese caso, además de evidenciar una falta de probidad, realizó un viaje durante el período en que debía reposar. El promedio de duración de estas licencias es de 17,7 días para las 35.585 licencias en las que se detectó incumplimiento del reposo.
En términos de extensión territorial, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 26.000 entradas y salidas durante el período de reposo, lo que representa un 43,7% de los casos. En Magallanes y en Arica y Parinacota se registró también un porcentaje importante; estas son las regiones por donde se detectó mayor frecuencia de salidas e ingresos para aquellos funcionarios que habrían incumplido su período de reposo. Respecto a los empleadores, estas 35.585 licencias con incumplimiento se distribuyen en 700 y tantas instituciones públicas. Se seleccionó un cuarto de ellas, es decir, las que representaban los mayores incumplimientos, correspondiendo a 13 instituciones para confeccionar este ranking. La elección de estas 13 se realizó porque representan un cuarto de los incumplimientos, y se cortó el listado en ese punto, pudiendo haber sido más o menos, dependiendo inclusive de la diagramación y espacio físico del documento.
El SIC está concebido como un documento que puede ser leído por cualquier ciudadano, incluso por personas con un nivel educativo muy básico, pues se busca que toda la ciudadanía tenga acceso a la información de nuestras fiscalizaciones. Este mecanismo resulta más sencillo que el informe de auditoría clásico, que suele tener cerca de 100 páginas con numerosos temas técnicos y que la ciudadanía no logra comprender a cabalidad o no tiene tiempo para revisar en detalle.
¿Qué acciones ejerció la Contraloría?
Luego de estos hallazgos, ordenamos a todas las instituciones públicas donde se detectaron irregularidades iniciar de inmediato los sumarios administrativos y acreditar que habían iniciado dichos sumarios dentro del plazo de cinco días desde la notificación. Hago ver esto porque se trata de distintos momentos, no es un solo corte. Los medios de comunicación han preguntado mucho sobre cuándo vence el plazo, y eso dependerá de cuándo cada institución recibió la notificación.
También, el mismo día que emitimos el SIC, y posteriormente, el día 20 de mayo, enviamos al Ministerio Público la nómina completa de todos los casos, con todas las entradas y salidas, así como los nombres y ruts de todos los funcionarios involucrados, en cumplimiento del estatuto administrativo que nos obliga a denunciar hechos que pudieran restar carácter de delito, acorde con dos normas del Código Penal que podrían estar siendo vulneradas y las disposiciones del Código Procesal Penal que obligan a informar de inmediato. Ese mismo 20 de mayo se envió esta información al Consejo de Defensa del Estado, dado que estos hechos evidencian daño al patrimonio público y podrían eventualmente ser constitutivos de delito.
El día 22 de mayo se ordenó un sumario respecto de FONASA, la Superintendencia de Seguridad Social y CONFIN, en virtud de la resolución 947, para investigar eventuales situaciones de falta de control que pudieran haberse producido en esta materia.
Para concluir, señora presidenta, se emite el informe SIC-10, que también tiene que ver con licencias médicas y que se publicó unos días después del SIC-9. Dicho informe se refiere a médicos que, estando con licencia médica en un hospital público donde trabajaban como funcionarios, atendieron partos en clínicas privadas u otros establecimientos, o incluso en el mismo establecimiento, pero desde un punto de vista de prestación privada con un pago mayor. Se detectaron 250 médicos que, mientras estaban con licencia médica en sus hospitales, atendieron partos en clínicas privadas. Esto implica el uso irregular de 440 licencias médicas para el mismo período 2023-2024, ya que habrían atendido 710 partos. Asimismo, se identificaron funcionarios que atendieron más de siete partos; por ejemplo, 20 funcionarios atendieron más de siete partos durante el período en que debían reposar conforme a su licencia médica. Se detectó el caso de un funcionario de la salud que se otorgó licencia a sí mismo y atendió un parto durante su período de reposo.
De estos partos, 343 se realizaron en clínicas, 358 en hospitales y 9 en otros lugares, que podrían corresponder a partos domiciliarios. En términos territoriales, en la Región Metropolitana se registró el 41% de los casos, en Valparaíso el 11%, en Los Lagos el 12% y en Bío Bío el 8,5%.
Para concluir, señora presidenta, es importante señalar que la Contraloría General, en este SIC, entregó la información de manera agregada. Sin embargo, con anterioridad –incluyendo el año pasado en particular– se habían emitido alertas en nuestras auditorías regulares sobre casos específicos que fuimos detectando. La diferencia es que, en el SIC, al cruzar grandes bases de datos, se identifican muchos más casos, aunque se revisa solo el incumplimiento; en cambio, en las auditorías realizadas en distintas épocas de los años 2024 y 2025 a las diversas instituciones señaladas, se evidenció que algunos funcionarios acumulaban numerosos días con licencia médica. El problema no es tener muchos días de licencia médica, puesto que es un derecho, sino que se detectó que algunos funcionarios, durante su reposo, ejercían otras labores remuneradas, según la información de Impuestos Internos. En uno de los casos se identificó a una persona que ejercía su profesión desde el ámbito particular con boletas de honorario, y que llevaba cerca de un año con licencia médica. Asimismo, se encontraron otros casos de funcionarios que realizaron actividades académicas fuera del país, emprendimientos, viajes al extranjero o candidaturas políticas durante el período de la licencia médica. Todas estas situaciones están señaladas en la tabla y en las fiscalizaciones que la Contraloría ha realizado para recuperar los fondos públicos utilizados en el pago de las remuneraciones a los funcionarios durante su licencia médica, ordenándose la recuperación de 14 mil millones de pesos de subsidios por incapacidad laboral.
Son de dinero que se habían pagado a los funcionarios mientras éstos estaban con licencia. La observación es que las instituciones no realizan oportunamente las acciones de recuperación de estos dineros por parte de FONASA o de las ISAPRES. Además, en este año en particular se dispusieron fiscalizaciones sobre recuperación de licencias médicas mediante un mecanismo específico: exámenes de cuenta autónomos, que son más rápidos que las auditorías regulares, las cuales incluyen procedimientos adicionales al examen de cuenta. Se seleccionaron algunas instituciones en que se realizó únicamente el examen de cuenta autónomo; mayoritariamente, estas fueron escogidas a partir de una base elaborada por la Dirección de Presupuesto, mediante un ranking de instituciones de salud con mayor ausentismo. En ellas se verificó si, al existir mayor ausentismo, se evidenciaba también una mayor recuperación de licencias médicas por los servicios. Estamos en proceso de exámenes de cuenta y entregaremos los resultados a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, se han revisado otras instituciones que no pertenecen al sector salud, como universidades, la Dirección del Trabajo y la JUNJI, entre otras; así como diversas instituciones de salud, la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, entre otras, en relación con la recuperación.
En materia de licencias médicas, se presentó la nómina de auditorías que se han referido a este tema desde el año 2014 hasta la fecha. En más de 10 años se han realizado más de 100 auditorías, lo que pone de manifiesto que, a pesar de las numerosas auditorías realizadas y observaciones emitidas en distintos gobiernos, dichas situaciones no se han corregido a cabalidad. Esto evidencia, además, que el tipo de fiscalización –la auditoría regular, más profunda pero más lenta– presenta menos hallazgos que la fiscalización masiva con tecnología.
Asimismo, las nuevas fiscalizaciones que anunciamos para realizarse anualmente buscan, en primer lugar, desincentivar el uso irregular de las licencias y colaborar con la administración en esta materia. También se está levantando información para el cruce de licencias médicas de funcionarios de CAPREDENA y de DIPRECA, así como de algunas instituciones de nivel regional que no se informan en el SIC, dada la cobertura del nivel central de la Contraloría, y a la que se suman gobiernos regionales y municipalidades. Esto implica que algunos hospitales, servicios e instituciones regionales aparecerán en el siguiente SIC, junto con la información que provenga de CAPREDENA y DIPRECA.
Adicionalmente, se anunció, en el minuto en que nos citó el Senado, que se está revisando la situación de doble empleador, es decir, de personas que se mantienen uno o dos años con licencia médica y que, en realidad, no están reposando, sino que, según el Servicio de Impuestos Internos y su base de datos, perciben cotizaciones o emiten boletas de honorarios de otro empleador. También se están explorando otros mecanismos para fiscalizar aquellas licencias médicas que pudieran haberse vulnerado por funcionarios públicos, incluso en el caso de viajes nacionales, aunque ello es más complejo debido a que las bases de datos en esa materia son más escasas y limitadas.
Otras medidas de control anunciadas incluyen la realización de una auditoría coordinada con todas las unidades de control y auditorías internas de la administración, con el fin de impulsar un mayor esfuerzo en la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral, dado que los montos son muy altos. Además, en la plataforma de Auditoría Interna se está planificando esta auditoría en conjunto con las unidades de control interno. Se está revisando también la jurisprudencia administrativa en lo que respecta a los 180 días de licencia médica, los que permiten, en algunos casos y cumpliendo ciertos requisitos, que las jefaturas de servicio envíen los antecedentes a CONFIN para que se declare la salud incompatible con el desempeño del cargo, a la luz, además, de sentencias de la Corte Suprema.
En el día de hoy, señora Presidenta, se han emitido dos instrucciones. Una de ellas se refiere a los sumarios que debían realizarse en relación con los hallazgos del SIC expuestos; en particular, se ha remitido un instructivo a toda la administración y a los órganos sujetos al control de la Contraloría General, el cual establece varios elementos, considerando que había personas que estaban renunciando.
Y que la renuncia, según nuestro Estatuto Administrativo, extingue la responsabilidad administrativa, salvo que el sumario se haya incluido con anterioridad. Entonces, dimos instrucciones sobre cómo trabajar estos puntos y otros elementos adicionales. Adicionalmente, informamos que pusimos a disposición un nuevo módulo informático en nuestra plataforma de seguimiento de las acciones derivadas, las cuales comprenden todas las órdenes que la Contraloría emite en un informe final de auditoría o en un SIC; por ejemplo, hacer un sumario, informar sobre 60 días, mandarlo al Ministerio Público, entre otras. Esa plataforma era interna, por lo que se desarrolló rápidamente un módulo externo y se puso a disposición de todas las instituciones, con el propósito de que remitan los antecedentes que demuestren que están cumpliendo con iniciar el sumario oportunamente. Hasta el día viernes, solo se habían reportado 82 sumarios a la Contraloría, sin perjuicio de la información enviada a Hacienda; es decir, de estos 25.000 casos, únicamente se habían iniciado 82 sumarios.
En esta plataforma se podrá ingresar estos datos de manera más expedita. Además, dichos antecedentes, que también puse a disposición en su minuto ante el Ministerio Público, evidencian que se trató de un hecho que la ciudadanía podría haber observado y que los mismos funcionarios públicos habrían podido denunciar. Afortunadamente, hemos constatado acciones por parte de las distintas autoridades para denunciar; se registraron 300 denuncias en el Ministerio Público por situaciones como esta.
Y quiero cerrar, señora Presidenta, insistiendo en que lo que se requiere es que todas las instituciones –no solo aquellas propiamente orientadas al control, sino todas que, en sus leyes orgánicas, incluyen labores de control– refuercen aún más el Sistema Nacional de Control para que situaciones como esta no se repitan. Muchas gracias, señora Presidenta, por la invitación, y quedo atenta a las consultas.
Muchas gracias, señora Contralora, por su presentación tan clara y detallada. Voy a dar la palabra a los expositores para, posteriormente, dejar un espacio de preguntas para los diputados de la comisión; por ello, le doy la palabra ahora al Ministerio de Salud y, después, corresponderá al Colegio Médico. Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, agradezco la contundente presentación de la Contralora. Es la tercera ocasión en que estamos juntas revisando esta temática; la semana pasada estuvimos en la Comisión de Salud del Senado. Planteo a modo de preámbulo –ya que la presentación detallada la realizará la señora Subsecretaria de Salud Pública– que, como Ministerio de Salud, consideramos que estas situaciones denunciadas son graves.
Como es de su conocimiento y dado que hemos trabajado en conjunto en un proyecto de ley en este sentido, hemos estado laborando desde el año 2022 –desde el inicio del Gobierno– en la detección de situaciones anómalas, lo que ha llevado a querellas y a la condena de ciertos médicos, además de casos de funcionarios que se han fugado del país. Se tomó el proyecto de ley que provenía de las licencias médicas emitidas por el gobierno anterior, se le dio urgencia y se le incorporaron indicaciones, tramitándose con un apoyo transversal en el Senado y también en la Cámara de Diputados, y que fue finalmente publicado la semana pasada, en el cual se endurecen las sanciones hacia los emisores de licencias médicas. Entiendo que la Contralora, durante nuestra reunión, manifestó su beneplácito ante la oportuna publicación de esta ley, destacada en la página web de la Contraloría. Para nosotros, constituye además una herramienta que restringe la posibilidad de otorgar licencias médicas a los médicos que han aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos, una indicación que hicimos desde el Ministerio de Salud, y que resulta muy oportuna ante los hechos acontecidos.
Además, en el proyecto de ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que aún se discute en el Senado, hemos propuesto que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) asuma la función de contraloría de las licencias médicas, fortaleciendo así el rol de control en este ámbito. De igual forma, se espera que la COMPIN pueda concentrarse en los aspectos de segundo nivel en casos de rechazo, cuando las personas recurren a dicha institución, así como en todo lo relacionado con la discapacidad, situación que, debido a las diversas leyes aprobadas, ha generado una sobrecarga en la certificación correspondiente. Dicho proyecto de ley se encuentra presentado y en discusión, y que además, en la Ley de Presupuesto, como también ustedes probablemente recuerden, nos comprometimos a presentar...
Dar un tercer proyecto de ley relacionado con el subsidio de incapacidad laboral que estamos en este momento discutiendo a nivel del Ejecutivo. Por lo tanto, después de varias décadas en que no ha habido regulación ni modificación en las regulaciones de licencias médicas, justamente nosotros empezamos un trabajo en este sentido que ya ha tenido frutos concretos, al lograr tener una ley publicada. Y sin más preámbulos, si le parece, Presidenta, por su intermedio, le doy la palabra a la subsecretaria para que haga la presentación.
Muchas gracias. La señorita Jimena Aguilera, Ministra de Salud, adelante su secretaria Albagli.
Estimada diputada, Presidenta, como siempre es un gusto saludarla. Por su intermedio quiero también saludar a todos los honorables integrantes de esta comisión, a la señora Contralora y a la presidenta del Colegio Médico.
Hoy día yo les voy a presentar, en particular, haciendo un foco sobre el caso de las licencias médicas, pero también voy a exponer con algún grado de mayor detalle los distintos roles que tiene la COMPIN y, desde ahí, cuáles son los otros avances que ha tenido en este periodo, pues hay otras materias tan relevantes como las licencias médicas dentro del trabajo que realiza esta institución.
Para comenzar, lo primero que quiero hacer es ofrecer un contexto que para nosotros es muy importante reiterar: condenamos toda práctica contraria a la probidad. Son actos que atentan contra la fe pública y contra la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, que perjudican directamente la salud y el bienestar de las personas que realmente se encuentran enfermas y requieren de un reposo médico para su recuperación, que son la gran mayoría. También quisiera agregar que ello tampoco refleja el compromiso de la gran mayoría de los funcionarios públicos que cumplen sus funciones desde la vocación de servicio. Por lo mismo, es importante sancionar de manera muy severa a quienes atenten y vayan en contra de esta conducta que exige nuestro rol.
Valoramos también el trabajo realizado por el ente Contralor y estamos, como siempre, totalmente disponibles para colaborar en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento completo de estos hechos.
Como contexto general, quiero mencionar algunos elementos. Primero, la cantidad de licencias médicas de tipo curativa común emitidas a funcionarios del sector público y privado ha experimentado un incremento sostenido en el tiempo, generando una alta tasa de ausentismo. Se han detectado también situaciones de mal uso, sobreuso o fraude en esta materia, según las fiscalizaciones realizadas y las denuncias recibidas por la CONFIM. Este fenómeno afecta la atención y los servicios brindados a la ciudadanía, resultando en una sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios y, sobre todo, compitiendo con recursos para la atención de salud.
Ante esto, la COMPIN innovó en medidas de control, las cuales voy a describir con mayor detenimiento. Pero, antes, quiero hacer un repaso general de la Comisión Preventiva e Invalidez. La COMPIN depende de la Subsecretaría de Salud Pública y se relaciona con todas las compines regionales a través de las Ceremis de Salud. Su rol es constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y la recuperabilidad del estado patológico. Sus acciones se concretan en informes, resoluciones, dictámenes y certificaciones, lo que permite que trabajadores y trabajadoras tengan acceso a beneficios estatutarios, laborales, asistenciales o previsionales.
Hay 29 comisiones en total en el país y 933 funcionarios. Quería hacer la aclaración de que, en algunos datos, se observa un dígito adicional debido a la configuración de la pantalla. Además, cuenta con un total de 36 trámites. A continuación, presento un listado de los trámites y la cuantificación de algunos de ellos, para entregar un orden de magnitud de la gran labor que realiza la COMPIN durante el año, considerando solamente el año 2024.
Uno de los roles de la COMPIN es la Contraloría Médica. El punto 1 y el punto 2 de esta tabla apuntan a lo mismo: a la Contraloría Médica que se realiza sobre las licencias que provienen de FONASA. En primera instancia, se tramitaron, solamente en el año 2024, 7 millones de licencias.