Gobierno - Cuenta Pública - 1 de junio de 2025

En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Someto a aprobación las actas de las sesiones del Congreso Pleno celebradas el 1 de junio de 2024 y el 10 de julio de 2024. Respecto a la comunicación remitida por el Honorable Diputado, el señor Kaiser, solicitando la conformación de una comisión bicameral que elabore un reglamento específico para la sesión del Congreso Pleno, y al no haberse expresado razones de rechazo, estas dos actas se pasan al comité de las dos cámaras y se dan por aprobadas. Su Excelencia el Presidente de la República concurre a esta sesión para dar cuenta al país del Estado Político y Administrativo de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra a Su Excelencia el Presidente de la República. Congreso Nacional, chilenos, chilenas, habitantes de nuestra patria: por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno. ¿Cómo poder valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia? Reconocer los tropiezos y errores sin ser derrotista; asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos e identificar los desafíos pendientes con decisión, pero sin voluntarismo. ¿Cómo poder ponderar los cambios de Chile y del mundo entero en estos años y el rol que el gobierno ha jugado en ellos? Son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta. Son preguntas difíciles, sin duda. Pero quiero que sepan que los principios con los que abordaré mis respuestas son claros y sencillos: con humildad, con firmeza y con honestidad. Asumimos el gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile, a la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó, una vez más, sabiamente que nadie se salva solo. El estallido social de 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptables que no pueden ser justificados, como la quema del metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a Carabineros. Y, como respuesta por parte del Estado, se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos.

Incluso con resultados de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia, mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos. Pero si hay algo que no se puede negar es que la gran mayoría de quienes participaron en las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio. Con el paso del tiempo, quizás aún no suficiente para tener una evaluación histórica, se han logrado sacar aprendizajes. Me atrevo a afirmar que los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos, acceder a más derechos y bienestar, y tener una voz protagónica en el devenir de la patria, sin renegar de sus propias trayectorias vitales, las cuales evidencian un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en su dimensión material como en el ejercicio de libertades que, hace no tanto tiempo, estaban vetadas. Esto no fue bien aquilatado ni por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este periodo como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando incluso a tildarlo de estallido delictual, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente, y desconoce las causas profundas que generaban ese legítimo malestar. Por otro lado, en momentos se pretendió desconocer una historia, tanto colectiva como individual, de progreso que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás. No todo estaba bien, pero tampoco todo estaba mal. La ansiedad por sintonizar de manera inmediata con algún sector determinado de la población, sin una reflexión pausada, demostró para cualquiera de los sectores políticos no ser un buen camino. Pese a todas las rivalidades y tensiones, Chile logró, de manera ejemplar, encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana. Sin embargo, el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado y se expresó de forma clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominadas cada una por fuerzas antagónicas que, en mi opinión, cometieron el error de negarle la legitimidad al que tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia ni a los derechos conquistados tras largas luchas. Considero que es un profundo error entender estos procesos constitucionales como un fracaso, pues fueron un tremendo aprendizaje para Chile; un recordatorio de que el país no quiere ni precisa de vanguardias que se escapen del sentido común de su propio pueblo, y una reivindicación de que este país lo construimos entre todos y todas, sin negar jamás a quien piensa distinto. La ciudadanía le enseñó a la política que no tiene sentido pretender pasarnos aplanadoras mutuamente. Ustedes, estimados y estimadas, conocen mi postura y los ideales de igualdad que me animan. Soy una persona que cree en el cambio y el progreso social, y pienso que Chile necesita importantes transformaciones para alcanzar más justicia y una democracia más profunda. El desafío era y sigue siendo cómo lograr aquello sin despertar legítimos temores y sin desconocer los logros individuales y sociales que tenemos buenas razones para valorar. Ahora, en lo que respecta a nuestro gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria de 2021—que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso durante los siguientes cuatro años—no fueron bien aquilatados, y tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaban las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, sino que era necesaria una mejor síntesis entre generaciones y proyectos progresistas. Hubo, por tanto, que ajustar el rumbo. Se ha tratado de imponer.

Tesis de que este ajuste de rumbo y los énfasis programáticos del Gobierno respecto a nuestro programa original, y la incorporación decidida al corazón del gobierno de otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado, fueron una supuesta claudicación respecto a los motivos que nos llevaron a participar en política. Y aquí, de cara al país, quiero refutar de manera tajante esta interpretación. Por el contrario, afirmo que una de las virtudes de nuestro gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita. ¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que deseábamos? No. Pero hemos avanzado en esa dirección, atendiendo a las condiciones en las que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas, no solo del Congreso, sino de todo el espectro social. Revisando la historia, tal como en los años 30 el Frente Popular no pudo avanzar en la sindicalización campesina para, en cambio, impulsar la industrialización de Chile, o en los 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile. La reforma de pensiones, que por 10 años había resultado infructuosa, es quizás el mejor ejemplo de ello. Y es que ese es justamente el arte de la política democrática: ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido, en donde las distintas partes deben ceder respecto a sus posiciones originales. Nuestras visiones programáticas como fuerzas progresistas son firmes, y también lo es la convicción de que nuestras urgencias sociales no pueden seguir esperando una mejor correlación de fuerzas, porque la política tiene el deber de responder al presente; a la gente, a quienes hoy nos están viendo en sus casas, y a quienes no nos están viendo, pero les afecta lo que hacemos. En este punto quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para lograr estos consensos que, pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llegan a este último año de gobierno unidos y con más acuerdos que diferencias, tanto respecto a lo logrado como a lo que queda por hacer. Es la unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo y que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común. Y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo. Esta unidad es fundamental y necesaria para seguir construyendo un Chile más justo y próspero. Ahora, a todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático, así como por sus logros concretos durante el período que nos tocó gobernar, independientemente de las intenciones que se hayan tenido. Y el nuestro, sin lugar a dudas, no va a ser la excepción. Tengo la convicción de que un buen gobierno no es solo aquel que muestra números o tickets de cumplimiento, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. En el fondo, no se trata de más o menos Estado, o de frases amenazadoras a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad. Se trata, estimados y estimadas, de tener la capacidad política de progresar y de justificar que las tensiones que produce el desarrollo pueden ser resueltas. Esto es precisamente lo que hemos logrado durante nuestro gobierno, con las 40 horas, con el aumento del salario mínimo, con la reforma de pensiones, con el Sistema Nacional de Cuidado y con haber acelerado la inversión.

La solución a la deuda histórica con los profesores, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, el Plan Nacional de Búsqueda y la Estrategia Nacional del Litio, o los avances en derechos de las mujeres, entre otras tantas realizaciones. Esto es lo que jamás se podría lograr con una política hecha desde el miedo, desde la desinformación, la desconfianza y el pesimismo. Esto es, estimados y estimadas, al final del día la gobernabilidad. Además de todo lo anterior, es necesario tener presente el escenario internacional, porque Chile está inserto en el mundo, y el mundo que nos toca vivir cambia vertiginosamente, haciendo de la incertidumbre su característica central. El 2022… el mundo emergía con dificultad de los escombros de la pandemia; ¿cómo olvidarlo? Las cadenas de suministro estaban interrumpidas, la inflación presionaba a las familias y muchos empleos se habían destruido. La guerra había regresado a Europa y la democracia se tambaleaba donde antes se daba por sentada. Hoy, el orden internacional ya no gira en torno al multilateralismo, y ha emergido un nuevo escenario marcado por alianzas pragmáticas, una reconfiguración de las cadenas productivas globales y una competencia por recursos estratégicos que afecta directamente a países abiertos como el nuestro. La revolución tecnológica, liderada por la inteligencia artificial, está cambiando aceleradamente el trabajo, la educación, los medios y hasta la política misma. En este nuevo contexto, la democracia enfrenta desafíos que son inéditos, no menos graves a los que dieron lugar a las tremendas tragedias del siglo XX. La realidad nos recuerda una vez más que las libertades y derechos conquistados no hay que darlos nunca por sentados y deben ser defendidos con fuerza, con convicción por cada generación. En nuestra patria, en Chile, hemos respondido con firmeza y nos hemos puesto la tarea de avanzar hacia un clima político que sea más dialogante, que sea consciente de los límites pero también de las tremendas posibilidades que tenemos como país. Este es el punto de partida del mensaje que hoy les entrego. Mi objetivo es rendir cuenta con honestidad y renovar ante Chile, con serenidad, el compromiso con un país que ha cambiado y que, con toda justicia, sigue esperando más. Hecha esta primera reflexión, destacaré en esta cuenta pública los logros más importantes de nuestro gobierno, plantearé los desafíos pendientes, identificaré los límites que enfrentamos y anunciaré medidas y decisiones para lo que resta de gobierno. Dividiré mi presentación en tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad económica y desarrollo sostenible. Además, me referiré finalmente a la promoción de la democracia y la cohesión social. Sobre seguridad ciudadana, el crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento y hemos actuado en consecuencia. En 2021 estábamos ante una tendencia que era preocupante: un aumento sostenido de homicidios y de delitos violentos, como encerronas, portonazos y balaceras; esto, acompañado de un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera que tenía un débil control migratorio ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía, hace años, en ascenso, con un trabajo serio y sostenido de Carabineros, de la PDI, de la Fiscalía, de los gobiernos regionales y de los municipios, a todos a quienes agradezco. Pero el Estado no está para buscar excusas ni solazarse, sino para dar soluciones. Porque quiero decirles, chilenos y chilenas, que no permitiremos jamás que se normalice la delincuencia, sea del carácter que sea, ante quienes afirman que no se puede hacer nada.

Irresponsablemente, cuando afirman que Chile está de rodillas frente a la delincuencia o que Chile se cae a pedazos, yo respondo que se equivocan, que Chile está de pie peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho de vivir en paz. Y vamos a ganar esa batalla. Algunos dirán malintencionadamente que no se ha hecho nada, pero no es cierto. Este mismo Congreso, ustedes han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas de delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la Ley Antinarco, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la votación para tener más dureza con la reincidencia delictual, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la modernización de la Ley Antiterrorista. Pero aún falta, y en particular me refiero a la ley de inteligencia económica. Porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, no se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana mayor eficacia ante el crimen organizado y votar en la tarde contra levantar el secreto bancario. Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto. Logramos también el aumento significativo de los recursos a las policías, lo que les ha permitido renovar su equipamiento y contar con mejores herramientas para enfrentar la delincuencia. Estas instituciones, en algo que es muy solicitado por la ciudadanía —y ustedes lo saben—, a cada lugar al que vamos se suman aumentos progresivos en su dotación: más carabineros, más detectives, para poder dar seguridad de manera más oportuna a nuestra gente. Ahí también está la nueva infraestructura, lista o en construcción, una tarea de Estado para Carabineros y para la PDI, en lugares como Arica, Antofagasta, Taltal, Oyagua, Iquilicura, Viña del Mar, Yumbel, San José de la Mariquina, Copiapó, Ipusan, Ramón, Tocopilla, Peñaflor, Peumolo y Andes. Asimismo, está la nueva escuela de formación de Carabineros del grupo de Concepción, que fortalecerá la capacitación profesional y el despliegue de nuevos efectivos. Ahí está, a la vista de todos, la destrucción en solo tres años de más de 67.000 armas, lo que equivale al 30% de todas las armas destruidas en Chile desde 1990. Porque, pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos. Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la macrozona sur: la cantidad de lesionados ha disminuido en más de un 70%, los ataques incendiarios se han reducido en un 60% y los inmuebles dañados han bajado en un 82%. Pero no nos conformamos. Queremos que todo eso sea cero. Ahí está el reforzamiento de la frontera norte. Nuestra ministra estuvo ayer en Arica con las Fuerzas Armadas, mediante la reforma constitucional que habilitó su despliegue —aprobada también de manera transversal— en una zona que se encontraba, digámoslo, desprotegida. El resultado es que, durante nuestro gobierno, ha habido un descenso del 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior. Ahí está también la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los 24 centros de atención especializada en violencia de género. Y falta aún la aprobación de la Defensoría de Víctimas, que requiere un último esfuerzo y no me cabe ninguna duda de que contará también con apoyo transversal, pese a las diferencias que tenemos.

Ahí está la recuperación de espacios públicos a lo largo de todo Chile, que es deber de todos cuidar, no sólo de las autoridades, sino de la sociedad entera. Ahí está la eliminación de los narcomausoleos y la implementación, con mejora continua, del Plan Calle Sin Violencia. De esto pueden dar fe los vecinos de la Plaza de los Cuncos en Renca o de la Plaza Augusto Dalmar Oriente en San Ramón, y de tantas otras comunas que se han visto beneficiadas al transformarse en espacios llenos de vida, lugares que antes les fueron ajenos, estaban abandonados o eran tomados por la delincuencia. Ahí está también el plan maestro de infraestructura penitenciaria, que va a permitir que en cinco años –y esto, por lo tanto, es una tarea de Estado– sumemos más de 15.000 nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles. Los logros que he mencionado son hechos concretos, indiscutibles en cuanto a realizaciones, pero no dan para celebrar ni para relajarse. Quiero decirles a todos que tenemos que seguir con más fuerza, con más decisión y con unidad, pese a las diferencias que tenemos, estimados y estimadas parlamentarias. Resulta fundamental el trabajo en la reinserción y en la prevención del delito, porque es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia. Hay que prevenir y, una vez ocurrido el delito, no podemos dejar a esas personas a su suerte, ya que muchos de los jóvenes que caen presos tienen ya un familiar en la cárcel. Romper ese destino trágico es un deber moral de la sociedad y se puede, se puede lograr. Ese es el objetivo que tiene el nuevo servicio de reinserción social juvenil, puesto en marcha en 2023. En estos municipios, el rol en la prevención del delito es fundamental. Déjenme decirles que, antes de nuestro gobierno, los municipios tenían que competir por recursos para proyectos de seguridad, compitiendo entre ellos, siendo generalmente favorecidos aquellos que ya tenían más recursos y capacidad para elaborar proyectos. Desde 2023 implementamos el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que entrega recursos permanentes a 120 comunas y financiamiento rotativo para otras 255 comunas, año con año. En definitiva, mi mensaje respecto a la seguridad ciudadana es que reconozcamos todos juntos lo que se ha hecho y, a la vez, no nos conformemos con ello, pues es lo que la sociedad nos exige. Para seguir avanzando necesitamos estar unidos, porque cuando nos unimos el crimen retrocede. Es necesaria una comprensión más profunda y de largo plazo: la seguridad no puede ser una bandera partidista para sacar réditos en cada elección, sino una condición indispensable para que toda la sociedad prospere y viva en paz, como se merece. En este camino, que es largo y difícil, Carabineros de Chile, la PDI y las Fuerzas Armadas han sido piezas fundamentales, y por ello les rindo homenaje por su compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado por protegernos. El sacrificio de funcionarios como Daniel Palma, Rita Olivares, Alex Salazar, Carlos Cisterna, Sergio Arevalo, Misael Vidal, de Carabineros, o Camila Silva y Daniela Salazar de la PDI, no puede pasar al olvido. Ellos no son mártires de un gobierno ni de un sector, son mártires de Chile, y como tales debemos honrarlos. Hoy las policías cuentan con más dotación, con mejores tecnologías y con un mayor respaldo jurídico y social.

También tienen un mandato ético que es claro: actuar con determinación ante el delito y siempre dentro del Estado de Derecho, defender la seguridad de todos y todas, siempre con respeto a los derechos humanos, porque desde esa legitimidad es de donde se construye una fuerza eficaz, confiable y respetada por toda la ciudadanía. El compromiso que tenemos es seguir avanzando, no con promesas vacías, sino con hechos concretos como los que he demostrado. Hechos que devuelvan la tranquilidad a nuestros barrios, a San Pedro de la Paz, donde se vivió hace pocos días un incidente inaceptable, en donde adolescentes fueron baleados en su mismo colegio. No podemos permitirnos ni naturalizar que eso suceda. Ahí falló la sociedad entera. Tenemos que trabajar con más fuerza porque queda mucho por hacer. Hechos que hagan de Chile un país seguro, justo y que sea digno para todos. Segundo eje, la seguridad social. La esencia de un gobierno progresista como el nuestro es que su práctica política apunte a la universalidad. Es cierto que en nuestra sociedad persisten diversas formas de discriminación injustas que deben ser enfrentadas, pero no podemos olvidar que, aunque se presenten como radicales, la política identitaria —cuando es aislada— suele terminar en una defensa de grupos de interés que no cambia la estructura de las desigualdades en una sociedad. Desde esta convicción, en el ejercicio de mi gobierno, hemos hecho políticas públicas que son universales. Por eso impulsamos el copago cero, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en las pensiones, el royalty de la gran minería, la modernización y ampliación del transporte público, el sistema nacional de cuidados y el aumento del sueldo mínimo. Y es que, en materia laboral específicamente, los avances para las y los trabajadores —no colaboradores, trabajadores, digámoslo claramente— son claros. Y no fue fácil hacerlo, porque en el 2022, cuando asumimos el gobierno de manera responsable, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía que estaba sobrecalentada, con alta inflación y con precios de muchos servicios importantes congelados de manera razonable por la pandemia. Mi primera definición en el gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de la familia. Y cumplimos, porque aumentamos el sueldo mínimo de 350.000 pesos a 539.000 pesos mensuales, lo que significa la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica. Además, y esto es muy importante, lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral. Es parte de la palabra que exigí que me cobraran, porque es la amenaza permanente a la que recurren quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores. Concretamos este aumento al mismo tiempo que las cifras de inflación interanual cayeron de 14% a 4,5%, en conjunto con el trabajo tremendamente importante del Banco Central. Se han creado cerca de 600.000 nuevos empleos en el país, de los cuales más del 90% son empleos formales. Hemos recuperado la participación laboral de las mujeres a niveles pre-pandemia y hemos apoyado a las pequeñas empresas en este esfuerzo colectivo. Tenemos que seguir en esta senda, porque el número de desempleados en Chile sigue siendo alto. Por ello, anuncio que enviaré a este Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para poder incentivar justamente la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo.

Pero sabemos que para alcanzar el pleno empleo no hay receta mágica ni atajos. Tenemos que crecer más. Me detendré en este punto más adelante. Uno de los avances más emblemáticos de nuestro gobierno es la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Todos recuerdan cuando se presentó este proyecto en 2017, cuando muchos afirmaron que era una fantasía que iba a tener consecuencias catastróficas; sin embargo, insistimos, aunamos voluntades y buscamos acuerdos entre trabajadores y empleadores, y ese acuerdo social es el que lo hizo posible. Eso es gobernabilidad: generar acuerdos sociales entre quienes piensan distinto. Son cientos de empresas las que, de hecho, se adelantaron y bajaron su jornada laboral a 40 horas, por ejemplo, la empresa Fotio, donde trabaja Pamela Martínez, quien nos está acompañando hoy en esta cuenta pública. Eso es justamente la ley de 40 horas: la posibilidad de llegar a tomarse once en familia, de participar en una organización social, de hacer deporte, de llegar a la casa antes de que tus hijos duerman. Es ser dueños de nuestro propio tiempo. Además, gracias a la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, desde el 2024 las y los trabajadores que cuidan a sus hijos menores de 14 años o a familiares con discapacidad o dependencia severa pueden teletrabajar. Y, muy importante, en Chile –y este es un desafío que tenemos como sociedad y que podemos abordar en el corto plazo– hay más de un millón de mujeres que, queriendo, no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a su familia, lo que también es trabajo. El mercado laboral chileno está marcado históricamente por las brechas de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral es solo de un 53%, frente a un 72% de los hombres. Las mujeres tienen más obstáculos para conseguir trabajo formal y derecho efectivo a la seguridad social. No es que tengan lagunas previsionales, como decían las FP, sino que han tenido que trabajar sin remuneración, cuidando, lo que les ha dificultado y provocado discriminación a la hora de buscar empleo. Además, también reciben menos ingresos que los hombres, una diferencia que incluso aumenta luego de tener el primer hijo. Por ello, quiero insistir en la urgencia de sacar adelante el proyecto Salacuna para Chile. De aprobarse este proyecto, que está en discusión actualmente, se reducirán de manera significativa las barreras a la contratación laboral femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres. Se va a incentivar la participación laboral femenina en el mercado laboral formal y se incorporará la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de esas salas cuna en establecimientos públicos, incrementando de esta manera su financiamiento y la creación de nuevos jardines, una de las políticas públicas notables que impulsó la presidenta Bachelet durante su mandato. Asimismo, de aprobarse esta ley, se mejorarán los estándares educativos tanto para instituciones públicas como privadas, ya que las salas cuna deberán contar siempre con reconocimiento oficial. Sabemos que el proyecto se puede perfeccionar, pero no podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas, porque es una prioridad para la sociedad, y hago un llamado a que también sea una prioridad para este Congreso. Para terminar, sobre materia laboral, vamos a insistir en la discusión sobre la necesidad de contar con mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y, como Presidente de la República, no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad.

La reforma de pensiones es otro gran hito, no de este gobierno, de este ciclo político. Y es que, quiero insistir en esto, veo acá a varios quienes participaron activamente de haber logrado destrabarla, porque no es un logro exclusivo del gobierno, sino una demostración de la buena política. Y es que sepan que hubo más de un momento en que la posibilidad de llegar a acuerdo estuvo a punto, a punto de naufragar. Se soportaron ingentes presiones de todas partes, de todas partes, incluidas, por cierto, las FP, que fueron las principales opositoras a la reforma. Fueron muchos los que nos combinaron, los que nos dijeron que teníamos que abandonar la reforma, por no tener mayoría en el Congreso o por la distancia que existía entre oficialismo y oposición. Pero fuimos persistentes. Y aquí quiero hacer un punto: muchas veces se discutió en el comité político la posibilidad de poner en votación la reforma sin acuerdo, lo que implicaba su rechazo. También lo planteaban sectores de oposición cuando veíamos que estaba difícil conseguir un consenso, lo que habría permitido que cada sector pudiera decir a los suyos que había defendido sus banderas hasta el final. Pero quienes participamos de esta difícil negociación tuvimos la convicción de que los chilenos y chilenas no podían seguir esperando que la política continúe peleando por más de 10 años, mientras millones de trabajadores seguían con pensiones de miseria. Todos tuvimos que ceder respecto de nuestras posiciones originales y hubo que pensar fuera de la caja. Esto nos valió enfrentar enconadas críticas de quienes afirmaban vehementemente que cualquier concesión equivalía a una derrota. No fue fácil, pero logramos sacar adelante la reforma y, al final del día, la gente se verá beneficiada. Quiero, desde esta tribuna, agradecer a quienes de derecha, centro e izquierda, a los técnicos, académicos, sindicatos y fuerzas sociales actuaron pensando en Chile. Por ello, desde septiembre aumentará la PGU a 250.000 pesos mensuales, comenzando con los mayores de 82 años. Tendremos un nuevo seguro social y un bono para corregir la discriminación hacia las mujeres. Los empleadores pasarán a aportar a la cotización y las AFP estarán más reguladas, reduciéndose el espacio para su abuso. En definitiva, son las pensiones de 2,8 millones de personas las que se verán aumentadas entre un 14 y un 35%, fortaleciendo además el ahorro nacional. Esto es una buena política, hecha por todos nosotros, casi todos. Esto es gobernabilidad. En materia de salud, la pandemia del COVID-19 fue un desafío gigante para el mundo entero, pero, sobre todo, para los sistemas de salud. Y si casi siempre, cuando un presidente en ejercicio utiliza la frase "el gobierno anterior" lo hace para lanzar una crítica, hoy quiero cambiar esa lógica y reconocer la gestión del gobierno anterior en el difícil manejo de la pandemia en su aspecto sanitario, que muchas veces en ese momento no fue justamente evaluada. Porque, tanto en la gestión de las vacunas como en la reconversión del sistema para hacer frente a la emergencia, Chile, con todos los dolores que nos dejaron las pérdidas de compatriotas, estuvo a la altura. En esto, el gobierno que me antecedió tuvo un rol central, y el principal reconocimiento se lo llevan, sin duda, las y los trabajadores de la salud.

Que dieron todo de sí. Y Chile entero les agradece por ello. Pero sabemos, y me imagino que hay muchos trabajadores de la salud escuchando, que no basta con palabras, agradecimientos ni aplausos. Por eso, hemos impulsado medidas concretas para estos trabajadores, como la materialización del reconocimiento histórico que nuestro país debía a quienes sostienen nuestro sistema público de salud, los TENS, mediante la creación de la asignación técnica para más de 57.000 trabajadores, de los cuales 85% son mujeres. Esto representa mucho más que una mejora salarial, y quiero destacar que esta medida logró respaldo unánime del Congreso. Esto se suma a las indicaciones que ingresamos para incorporar definitivamente a los TENS al Código Sanitario. Estamos trabajando para que en Chile todos y todas puedan ejercer su derecho a la salud de manera oportuna y con calidad, sin importar sus ingresos ni dónde viven. Los mejores ejemplos de esto son los planes pilotos que hemos impulsado en la política universal de APS y el Copago Cero. Permítanme ilustrar, a propósito del Copago Cero, los beneficios que ha tenido con un ejemplo muy concreto: en el 2022, Alessandra y Eduardo, de alto auspicio, tuvieron trillizos que, al nacer, estuvieron hospitalizados más de 80 días. Su primera preocupación fue siempre la salud de sus niños, pero no sabían cómo iban a poder pagar los más de 7 millones de pesos que les costó el tratamiento. Gracias al Copago Cero, no tuvieron que pagar ni un peso. Y esta es una política pensada para nuestra clase media. Otra política universal, de la cual Chile tiene una larga tradición, es la vacunación. En el 2024 nos convertimos en el primer país del hemisferio sur en implementar la inmunización contra el virus incisial. Esta medida significó que, el año pasado, por primera vez no fallecieran niños menores de un año producto del virus en invierno y, además, se registrara una disminución muy significativa en la hospitalización, lo que representó un ahorro considerable para el sistema de salud. En esto quiero ser muy claro: quienes se oponen a las vacunas desconocen la ciencia y amenazan la salud de la población. En materia de fortalecimiento de la atención primaria de salud, nuestro gobierno –y esto también es una política de Estado– alcanzará un total de 70 nuevos dispositivos de atención primaria a lo largo de Chile, desde la posta de salud rural de Cariquima, en la comuna de Colchane, hasta el nuevo CESFAM Tomás Fenton, en Punta Arenas. Esta expansión de la red primaria significa acercar la atención médica de calidad a cada rincón del país. También, algo que era muy anhelado: en abril pasado cumplimos con promulgar la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, un trabajo de años de organizaciones de pacientes y sus familiares que también contó con un apoyo transversal de parlamentarios. Además, ingresamos un proyecto de ley que mejora y da sostenibilidad al Fondo Ricarte Soto. Quiero aprovechar la ocasión para anunciar que, después de haber escuchado a cientos de mujeres que por diversos motivos no han podido tener hijos deseándolo, he instruido a nuestra ministra de Salud a elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida, tomando como base las mociones que han sido presentadas en este Parlamento. Compatriotas, cumpliendo con el compromiso que adquirimos...