Invitamos a las y los presentes a tomar sus ubicaciones porque en pocos minutos más iniciará la ceremonia.
También les solicitamos que pongan en silencio sus dispositivos electrónicos.
Invitamos a todos y todas a tomar sus ubicaciones. El Presidente de la República está a muy poco de ingresar al Salón de Honor. Por favor, tomen sus ubicaciones.
Les reiteramos a todos y todas a tomar sus ubicaciones, porque en breves minutos más iniciará la ceremonia.
Reiteramos nuevamente a las autoridades invitadas a tomar sus ubicaciones, porque en pocos minutos iniciará la ceremonia.
Hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional. Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font.
Invitamos a todos y todas a ponerse de pie para entonar el himno nacional.
Muy buenos días. Los invito a permanecer de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Podemos tomar asiento.
Someto a aprobación el acta de la sesión de Congreso Pleno, celebrada el 4 de julio de 2023. Si le parece a la sala, se aprueba.
Su Excelencia el señor Presidente de la República concurre a esta sesión para dar cuenta al país del Estado administrativo y político de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra a su Excelencia, el señor Presidente de la República.
Honorables miembros del Congreso Nacional, pueblo de Chile, cumplo hoy con mi deber constitucional de dar cuenta a las chilenas y chilenos del Estado de la Nación. Lo hago con la íntima convicción de estar avanzando en resolver los problemas de nuestra patria, de estar trabajando para curar heridas y para tener un país más pacífico, sin fracturas, con una economía en equilibrio y, por lo mismo, en condiciones de crecer con más justicia y cohesión en todas sus dimensiones: pública, económica y social.
Construyendo paso a paso una sociedad del bienestar sobre el legado de quienes nos antecedieron. Esto es, en simple, que el lugar de nacimiento no determine la trayectoria vital y que las circunstancias de la vida, como la niñez, la vejez o la enfermedad, se entiendan como etapas que deben ser abordadas, no individualmente, sino como sociedad con responsabilidades compartidas por todos sus integrantes.
Antes de entrar en materia, quisiera recordar a quien, desde este mismo lugar, se dirigiera a la Nación en el periodo presidencial pasado. El expresidente Sebastián Piñera Echenique falleció trágicamente este verano. Desde aquí envío un gran abrazo a su familia.
Saludo también a los expresidentes que, por diversas razones, no han podido acompañarme: a Eduardo Freire-Gustagle, uno de los artífices de la apertura de Chile al mundo; a Ricardo Lagos Escobar, ineludible referente y constructor de nuestra democracia; y a Michelle Bachelet, cuyos caminos pioneros en derechos sociales, equidad de género, protección del medio ambiente y tantos otros hemos transitado y buscado ampliar. Cómo no recordar en este momento también al expresidente Patricio del Minas Ocar, quien lideró la difícil tarea de la recuperación y la consolidación de la democracia.
Los cambios materiales, políticos y sociales que Chile y el mundo están enfrentando han sido y seguirán siendo vertiginosos. Como gobierno, hemos asumido estas nuevas realidades y demandas; por ello, en base a la diversidad política y generacional de las distintas trayectorias de esta coalición de gobierno, hemos ido construyendo una síntesis: un proyecto que defiende y profundiza la democracia, que le da estabilidad y certidumbre al país, abriendo caminos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Esta es la esencia de mi gobierno, la que nos va adaptando a los nuevos escenarios que enfrentamos.
Si bien la paz, la democracia, la globalización y el comercio internacional siguen siendo un anhelo compartido por gran parte de los pueblos y gobiernos del mundo, hoy vemos con horror cómo la guerra y la matanza de inocentes han retornado como armas de la política y los estados; cómo los populismos y sus atajos pasan por alto las reglas más básicas de la democracia; cómo se forman bloques guiados por intereses geopolíticos y no por el bienestar de los pueblos y del planeta.
Para Chile, un país proverbialmente identificado con la paz y la democracia, y para el cual la apertura al mundo ha sido, en las últimas décadas, su motor de progreso, el curso actual de la humanidad plantea desafíos gigantescos. Hace años, la economía chilena ha venido perdiendo impulso; esto afecta todo, desde la calidad de vida hasta el ánimo de las personas, desde la tolerancia a las frustraciones hasta la violencia cotidiana, desde las ilusiones de los jóvenes hasta el merecido descanso de los mayores.
Algunos culpan de esto a la burocracia o a determinadas reformas; otros a la pérdida de empuje empresarial y a la excesiva desigualdad; muchos, al contexto mundial; y también a la indolencia de la política, que pareciera más preocupada de pelear entre bandos que de idear medidas creativas para salir adelante. Como sea, el hecho es que, en Chile, durante los últimos años, se parece haber perdido la confianza en nosotros. El deseo de destacar nuestros defectos pareciera superar nuestra motivación por resaltar nuestros logros. Los tenemos, y muchos; y no me refiero a los logros del gobierno, sino a los logros del país.
Podemos constatar que el monstruo de la desesperanza ha estado sentado aquí, en el living, y tenemos que expulsarlo. Para esto, es necesario construir confianza en el país que somos y en el que podemos ser. Chile, estimados y estimadas, tiene todo el potencial para ver con esperanza el futuro y materializar, paso a paso, aquellos cambios que nuestro país necesita, como me enseñara hace muchos años.
Un sabio profesor ya fallecido, la buena tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Muchos lo advirtieron años atrás. En Chile podría sobrevenir una explosión social si no se destrababan las reformas que habían esperado demasiado tiempo, si no se acordaba una nueva generación de políticas públicas para reducir la desigualdad, si no se castigaba con fuerza la corrupción de los sectores privilegiados y si no se tomaban medidas drásticas en contra de los abusos y se enfrentaban las diferencias de trato que reciben las personas según su origen social.
Esta visión de hacer cambios, sin embargo, enfrentó la resistencia de sectores políticos y económicos que tomaron la advertencia a la ligera. Nadie imaginó, sin embargo, que esa explosión social se iba a producir en octubre de 2019. Malestares acumulados, debates que no supimos y decisiones que no se tomaron a tiempo y que siguen todavía pendientes, condujeron a cientos de miles de chilenos y chilenas, sin distinción de color político, a copar las calles en gran parte del país.
Los actos de violencia existieron y son inaceptables, pero reducir todo lo acontecido a eso es engañarse. Podrá ser más cómodo tratarlo así hoy, pero no por ello deja de ser un autoengaño. Las demandas allí expresadas –malestar con la política, pensiones dignas, mejor salud, mayor justicia social, igualdad de género, reconocimiento de los pueblos originarios y cuidado del medio ambiente– siguen tan vivas y vigentes como antes.
Y la buena política, estimados y estimadas, no es aquella que está permanentemente con calculadora en mano pensando en la próxima elección, sino aquella que se atreve a cruzar barreras poniendo el bien común de Chile y de su gente por delante de los intereses particulares.
Nos tomará mucho tiempo, sin duda, entender todo lo sucedido en los últimos años, pero lo que sí sabemos es que esos eventos manifestaron una crisis profunda de las bases mismas de nuestra convivencia, de nuestra democracia y de nuestra economía. Así lo reconocieron todos los actores políticos y económicos. Fue el acuerdo de noviembre de 2019 el que significó iniciar un proceso constitucional que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía, permitiendo encauzar institucionalmente esta grave crisis que vivíamos. Eso implicó que nuestro gobierno hubo de convivir con un proceso constitucional e, inmediatamente, con elecciones en todos los años de nuestro período.
Se arribó, a partir de este proceso, a dos propuestas constitucionales, pero ninguna logró satisfacer las aspiraciones de las y los chilenos. Hay quienes, a propósito de este resultado, dicen que fue una pérdida de tiempo. Yo no comparto ese juicio. Hoy tenemos un Chile en paz, en donde nadie pone en duda la democracia y las lecciones de un proceso intenso que nos dejó como aprendizaje, y que espero quede grabado para siempre en nuestro etos democrático. Cuando nos atrincheramos en posiciones irreductibles, negando la validez de quien está circunstancialmente en minoría y dejando de dialogar las legítimas diferencias que tenemos para poder construir en conjunto, el país no avanza. Y rápidamente el péndulo cambia.
Las llagas y las demandas del estallido aún estaban vivas, y el proceso constitucional recién iniciaba su marcha cuando sobrevino otra crisis inesperada: la pandemia del COVID-19, que con su dolorosa estela de más de 50.000 fallecidos aún nos duele. Con todo, logramos salir de ella con relativo éxito en atención al escenario mundial, lo que debemos en gran parte a la fortaleza del sistema de salud chileno y a lo oportuno de las decisiones de las autoridades del momento.
El Estado tuvo que usar sus ahorros para salir en ayuda de las familias, a lo que se sumó el cuestionado retiro de los fondos de pensiones, que contó con un respaldo parlamentario transversal en su momento. Esto ayudó a las familias a salir del paso, pero generó, sin embargo, una presión inflacionaria como la que no habíamos experimentado en muchísimos años. Nos correspondió a nosotros, como gobierno en conjunto con el Banco Central, enfrentar estas amenazas y cumplimos exitosamente la tarea de estabilizar la economía mediante un ajuste necesario que no se hizo a costa de los más vulnerables, como dicta la ortodoxia.
Nos correspondió también encarar la violencia que venía en aumento durante el período anterior, que afectaba a nuestros compatriotas del sur de Chile, por obra de pequeños grupos que se escudaban en la causa del pueblo mapuche.
Sembrar el terror y asociarse con el robo de madera y el narcotráfico. Al país le consta que en esto no nos ha temblado la mano. Nos duele y moviliza cada caso de violencia y muerte.
Y gracias al trabajo conjunto y a la valentía de Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas y las Fiscalías, hemos logrado disminuir en los dos años de nuestro gobierno en un 37% los hechos de violencia en la zona respecto a los dos años anteriores. A todas estas instituciones les agradezco su abnegado trabajo. Vamos a seguir en este camino sin vacilación.
Cuando asumimos, en nuestra frontera norte se encontraba totalmente desbordada por la inmigración ilegal. Se había cometido el error de no prever la magnitud de este fenómeno, de no aquilatar su impacto en la sociedad, de no adoptar las medidas oportunas. No obstante... hoy podemos decir que Chile, con las dificultades propias de una frontera tan extensa como la nuestra, ha reforzado su control, que es lo mínimo que se le exige a un Estado en forma. Junto con eso, hemos desplegado un masivo plan de empadronamiento y desarrollado una diplomacia activa, sin la cual, recuerdo, la expulsión de aquellos extranjeros que no cumplen con nuestras leyes no es más que de magos.
En América Latina y en el mundo sabemos que el crimen organizado sabotea la convivencia, la democracia y el crecimiento económico. Este, vale decirlo, no se contendrá con facilidad, pues responde a fenómenos muy profundos de nuestras sociedades.
Urge entonces crear los mecanismos para defendernos antes de que sea tarde. Y para esto no hay atajos. La presencia del crimen organizado en nuestro país nos ha estremecido, pero no nos va a paralizar. Nos debe poner alertas para hacernos actuar con lucidez y de forma racional.
Y es que el crimen organizado ha prosperado en todo el mundo y lo hace valiéndose de la debilidad de las instituciones y del retroceso de la legitimidad del orden social. Allí donde se valida la violencia, donde se permite pasar por encima de los demás y donde se subestima el valor de la vida y la dignidad humana, el crimen prospera. Cuando la idea de la ganancia económica obtenida a cualquier precio es aceptada, el músculo moral de nuestra sociedad para defenderse del delito se debilita. Las fisuras de nuestras instituciones y sus flaquezas para resistir la corrupción son entonces aprovechadas por los delincuentes. Es cómodo pensar que el crimen organizado es un agente externo que nos invade desde afuera, pero la verdad es que cuando prospera lo hace valiéndose de nuestras propias debilidades. La mayor de ellas... es la presencia de la violencia en muchos ámbitos de la vida social. Por largo tiempo, esta ha venido colándose en nuestra convivencia: la hemos visto en las escuelas, en las barras, en manifestaciones públicas, en la vida familiar y en el trato a las mujeres y a los niños.
Por eso quiero decirles hoy, compatriotas, que el adversario es la violencia, que la lucha que estamos dando contra la criminalidad se apoya en políticas públicas especializadas y bien financiadas, pero que su base más profunda depende de nuestro esfuerzo por alejar a la violencia de nuestra sociedad en todas las dimensiones. Este es uno de los mayores propósitos que tenemos como gobierno: que aprendamos todos a vivir juntos, sin dañarnos, aceptando nuestras diferencias, debatiéndolas con pasión, pero respetándolas en paz. Una comunidad que se trata así y que resuelve de esta forma sus problemas tiene más recursos para defenderse del delito y de quienes lo utilizan para prosperar. ¿Hemos conseguido resultados en esta tarea? La respuesta es que sí. No todos los que nos gustaría, por cierto, pero hay signos de que avanzamos por la senda correcta, ya que veremos la tendencia al alza de los homicidios. Y, como explicaré más adelante, ahora vamos por más.
En estos dos años de gobierno hemos debido enfrentar también el gran desafío de esta generación, un desafío epocal: mitigar los efectos del calentamiento global y construir sociedades, economías e infraestructuras más resilientes, dando paso de gigantes en la transición energética. Y es que Chile es un país altamente expuesto al cambio climático. Lo sabemos bien por las tragedias naturales que nos ha tocado enfrentar y, por lo mismo, debe dar el ejemplo en las medidas para combatirlo. Y lo estamos haciendo. Por ejemplo, al ponernos a la vanguardia mundial en la protección de los océanos. Lo estamos haciendo con la sustitución de la energía fósil por energía renovable y con nuestro compromiso de avanzar.
Avanzar hacia la carbono neutralidad. Lo estamos haciendo poniendo en marcha un plan de acción de hidrógeno verde, también con nuestra producción de cobre, de litio y de otros minerales críticos para la transición energética. Y es que, estimados y estimadas, Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde, y no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Somos un eslabón de una larga historia de luchas sociales, progresos institucionales y de emprendimientos destinados a construir una mejor patria común.
Es este espíritu de unidad y optimismo con el que vengo hoy a dar cuenta ante ustedes de lo que hemos logrado como gobierno, también de las dificultades que hemos enfrentado y de lo que lograremos al final de nuestro mandato.
Concentraré mi exposición en seis propósitos que nos han guiado y que guían nuestra acción de gobierno:
1. Garantizar el derecho de las familias a la seguridad.
2. Crecer más y mejor con equidad y cohesión social.
3. Avanzar hacia una sociedad de cuidados.
4. Gestar el Chile que viene desde la educación, la cultura y el deporte.
5. Alcanzar un desarrollo justo y resiliente que sea sostenible.
6. Proteger y ampliar los derechos humanos y la democracia.
Sobre la seguridad, lo digo desde lo más profundo de mi corazón y mis convicciones: el dolor de quienes han sido víctimas del crimen y de la delincuencia es también nuestro dolor, porque es nuestra obligación como Estado brindar a las familias chilenas la seguridad para poder disfrutar de una vida segura y sin violencia, en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras casas. La seguridad, chilenos y chilenas, es un derecho; y si fracasamos en garantizarlo, todos los demás derechos y libertades que nos entrega la democracia se verán hipotecados.
Por ello, la seguridad tiene que ser un proyecto de Estado que comprometa a todos sus poderes, a todos los sectores políticos sin diferencia y, por cierto, a toda la ciudadanía. Lo dije al comenzar estas palabras en el preámbulo: la delincuencia y la criminalidad organizada son hoy día nuestra principal amenaza. Para derrotarla, debemos actuar con unidad, perseguir y sancionar a los delincuentes, y también actuar con unidad para prevenir que el crimen se expanda y penetre en las comunidades, en los barrios, en los jóvenes y en las instituciones.
Estimados congresistas, estimado pueblo de Chile, no podemos quedarnos solo en la competencia cortoplacista de quien propone para el momento la medida más drástica sin enfrentar las formas y fisuras a través de las cuales el delito se reproduce en nuestra sociedad. Esa es la esencia de un gobierno progresista como el nuestro: atacar al mismo tiempo y con la misma energía las causas y las consecuencias de la criminalidad. Los homicidios son la expresión más brutal de la delincuencia, y comenzaron a aumentar en nuestro país a partir de 2016; sin embargo, los presupuestos de seguridad, en lugar de aumentar, se estancaron e incluso disminuyeron, mientras que los proyectos de ley para robustecer la respuesta del Estado se enredaron en discusiones eternas en el Congreso.
En estos últimos años, hemos logrado revertir esta situación. En 2023 y 2024, los recursos para la seguridad pública han tenido los mayores aumentos presupuestarios porcentuales en ocho años, y gracias a la colaboración de este Congreso, hemos aprobado 55 leyes en este ámbito, lo que nos ha permitido actualizar nuestra institucionalidad. Desde el retorno a la democracia, ningún otro gobierno había publicado tantas leyes sobre seguridad como la actual. Esto nos ha permitido dotar a las instituciones de más herramientas para combatir el crimen organizado, quitar poder de fuego a las bandas y recuperar e invertir en espacios públicos para prevenir delitos.
En este trabajo, la labor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto a Carabineros de Chile, a la PDI, a Gendarmería, a la Fiscalía, a los municipios y a los gobiernos regionales, ha sido fundamental. Entrego nuestro respaldo a Carabineros y a la PDI.
Y digo que ese respaldo no se ha quedado en gestos y palabras al viento. Se ha reflejado en recursos y medidas concretas. El plan de adquisiciones en Circe es el mayor de una década e incluye blindados, drones, detectores de droga, mejora en armamento, reposición de la flota vehicular, nuevas tecnologías y, por sobre todo, mejores condiciones para que las policías realicen su labor. Además, estamos realizando un centenar de proyectos de infraestructura para la seguridad en las 16 regiones de Chile.
La reforma y modernización de las policías es una tarea primordial. Pero, para ello —y no hay que olvidarlo— se requiere el compromiso de este Congreso para poder despachar, hasta el mes de septiembre, el fast track legislativo con proyectos del pacto fiscal que nos dejará en condiciones de financiar estos programas de seguridad de manera responsable en el tiempo. Esto incluye las siguientes materias:
Uno, elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Ustedes lo saben, ustedes vecinos también lo saben. A cada lugar donde voy, la gente me dice: “Necesitamos más Carabineros”. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Vamos a subir esta cifra en cerca de un 30 %, sumando 800 nuevas plazas. Para la PDI, también presentaremos en octubre un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales desde 950 a 4.000, a un ritmo de 250 funcionarios adicionales por año.
Dos, reforzaremos ahora mismo el contingente de Carabineros, porque sabemos que nuestros barrios, nuestras poblaciones y nuestra gente no pueden esperar. Vamos a adelantar la implementación de la ley de llamado a servicio que fue aprobada el año pasado y, en esa misma línea, estamos financiando el reemplazo por personal civil de mil Carabineros que hoy desarrollan labores administrativas y de notificación, para poder devolverlos a tareas realmente policiales. Estas dos últimas medidas van a significar que, durante el 2025, tendremos alrededor de 1.392 Carabineros adicionales, que estarán dedicados a tareas de control y patrullaje en las calles que hoy día no lo están.
Otorgaremos, en tercer lugar, un reconocimiento monetario más adecuado a la esforzada labor que realizan los Carabineros. El año pasado avanzamos en esta dirección elevando la gratificación de riesgo en aquellas regiones que no recibían el tramo más alto de este beneficio. Ahora vamos a dar un paso adicional. He decidido aumentar el monto de la gratificación de los 24.000 Carabineros que trabajan en las calles en todas las regiones del país y de los efectivos de control público (GOPE y PPI). Este incremento llegará a representar hasta un sueldo entero adicional al año. Esta modalidad operará de manera provisoria, sin esperar que se elabore y apruebe en el Congreso la Ley de Carrera de Carabineros, en la cual incorporaremos un sistema moderno de incentivos al desempeño, que reconozca el cumplimiento de metas y objetivos y permita establecer y fortalecer los mecanismos de control y evaluaciones de la función policial.
Cuatro, vamos a seguir reforzando la formación ética y el control interno en las instituciones policiales, para que se prevengan, se castiguen y no se repitan las conductas de algunos pocos que enlodan el bien ganado prestigio de las instituciones. Y es que la confianza de las personas y de las policías es, sin lugar a dudas, su arma más poderosa; por eso debemos cuidarla celosamente.
También debemos pensar y actuar para las personas afectadas por la delincuencia, que demandan contar con un mayor apoyo de las instituciones del Estado en la entrega de información, en la orientación legal y en el acompañamiento psicológico. Con este fin, en noviembre pasado ingresamos indicaciones e impulsamos el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, que, si el Congreso lo tiene a bien, podría estar aprobado de aquí a septiembre.
Informo al país que, en 2023, fiscalizamos más de 67.000 armas —un 30 % más que en 2022— y trituramos y destruimos más de 25.000 armas, siendo este el mayor número de armas destruidas en el país.
Desde 1990, esto es una buena noticia, porque piensen ustedes que cada arma decomisada y destruida es un arma que no podrá ser usada en un asalto, en una balacera o en un portazo. El desarme es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para enfrentar la violencia delictual.
También, en 2023, junto a Carabineros y la PDI, logramos desarticular más de 1.600 bandas criminales y, a abril de este año, como seguramente han visto en operativos masivos —por ejemplo, el último realizado en Pozo Almonte esta semana—, ya son más de 500 las bandas que han caído. Además, estamos implementando el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial, lo que posibilitará ubicar automóviles con orden de búsqueda de manera mucho más rápida.
En otro de los avances, Chile cuenta hoy con la primera política nacional para combatir el crimen organizado, con un programa presupuestario inédito. Este esfuerzo ha tenido como uno de sus puntales el Plan Calle Sin Violencia, cuyo foco es detener el alza de homicidios que venía desde 2016. Como parte de este plan, hemos fortalecido el trabajo de la Fiscalía —institución a la que agradezco por hacer más efectiva la persecución penal—, sumando 250 nuevos profesionales contratados en donde más se necesita. Además, cuando se apruebe el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, avanzaremos aún más aumentando en un 25% la dotación de fiscales.
En su primer año, la ejecución del Plan Calle Sin Violencia logró quebrar la tendencia al alza de homicidios que venía desde 2016, reduciéndolos en un 6%. Esto es insuficiente, lo tengo claro, porque cada asesinato nos duele y sé que cambiar una tendencia no repara en ningún caso el tremendo e infinito dolor de las familias que han sido víctimas de un homicidio o de un femicidio. No obstante, este logro indica algo importante: la delincuencia, por el camino que estamos siguiendo, no nos va a ganar la partida.
Quisiera, estimados y estimadas, referirme a otro delito que atenta contra la seguridad pública, amenaza la democracia y corroe nuestras instituciones: la corrupción. Chile se ha solazado durante mucho tiempo en tener niveles de corrupción muy distintos a los de otros países, pero ninguna sociedad está exenta de faltas a la probidad; la diferencia está en cómo las enfrentamos. Hace pocas semanas, la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, dio a conocer un grave caso de colusión entre empresas que proveían gas medicinal a hospitales en plena pandemia. En buena hora, contamos con una institucionalidad robusta que descubrió la trampa y la llevó a la justicia. Tal como hicimos con la Ley de Delitos Económicos de Cuello y Corbata, este año ingresaremos un proyecto de ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen en la cárcel, que es donde les corresponde. Para nuestro gobierno, y no me cabe ninguna duda de que, de manera transversal, nadie está sobre la ley —no importa su origen ni color político— y estos casos no pueden quedar impunes.
Por ello, a propósito del caso Convenios, convocamos a la Comisión Jaraquemada para regular de mejor manera la relación entre corporaciones, fundaciones y el Estado. También lanzamos la primera estrategia nacional de integridad pública, que incluye 210 medidas, entre ellas, la protección al denunciante, el levantamiento del secreto bancario y el proyecto de ley de integridad en municipios.
Finalmente, es importante decirlo: cualquier estrategia de seguridad pública estará incompleta si no incorpora la seguridad y las condiciones de las cárceles, tal como nos demuestra duramente la realidad de muchos países de nuestra región. Por ello, en el segundo semestre de este año presentaré al país un plan maestro de infraestructura carcelaria. En nuestro gobierno, se habrán habilitado más de 5.000 nuevos cupos en cárceles, superando el compromiso asumido el año pasado, y gracias a las gestiones durante nuestro periodo, de aquí al 2030 se habrán habilitado más de 12.000 nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento.
Esto lo hacemos con énfasis en los cupos en las cárceles de alta seguridad. Además, el último año hemos mejorado el equipamiento de las cárceles, como por ejemplo con los inhibidores de señales telefónicas que ya están implementados en las principales cárceles de la Región Metropolitana y que seguiremos ampliando a todos los recintos del país.
No vamos a permitir que a ojos de todos, desde las prisiones, se sigan planificando y cometiendo delitos. Tan importante como contar con mejores cárceles es tener una política de reinserción que sea real y efectiva. El Estado tiene el deber de reconocer la dignidad inherente a todas las personas, reconociendo también el derecho a volver a empezar.
En enero iniciamos en Coquimbo las actividades del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y he mandatado al Ministro de Justicia a formular un modelo de reinserción para adultos que pueda entregar verdaderas opciones sociales y laborales para quienes quieran dejar atrás su trayectoria delictual. Permítanme contarles lo que me dijo un joven que estaba preso, condenado, en una cárcel en Coquimbo: "Si yo no tengo oportunidades de trabajo, si yo no aprendo un oficio en este lugar y quiero hacerlo, ¿cómo cree usted que me va a ir cuando salga de la cárcel?" Él estaba condenado a 10 años. Si no rompemos el ciclo vicioso, si no nos preocupamos por la verdadera reinserción en el interior de las cárceles, especialmente de los jóvenes, tenemos un grave problema que podemos solucionar. Hay experiencias comparadas de éxito.
En estos dos años, por las circunstancias, hemos debido priorizar el control, la persecución y la sanción de los delitos, debido al incremento de la inseguridad que venía sacudiendo al país cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, ello no significa que hayamos abandonado la tarea de la prevención. Hemos avanzado significativamente en esa línea. Por ejemplo, los recursos que se entregan desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para que las municipalidades realicen acciones preventivas han crecido en más de un 50%, y si consideramos lo que se ha adicionado desde la Subdere para proyectos comunales de seguridad, los recursos se han triplicado desde el inicio de nuestro mandato.
El incremento de los recursos para el sistema de seguridad municipal ha permitido acciones concretas. Durante nuestro gobierno, las comunas beneficiadas han aumentado de 59 a 233, cifra que se mantendrá al final de nuestro mandato. A estas además se les asigna financiamiento de acuerdo a sus necesidades, dejando atrás la lógica de los concursos para estos recursos, que terminaba beneficiando casi siempre a las comunas más ricas. Esto ha permitido, por ejemplo, que las comunas que cuentan con vehículos de seguridad municipal hayan aumentado en este periodo de un 65% a un 98%.
El esfuerzo en prevención se expresa también de manera muy importante en la recuperación de los espacios públicos, porque estos tienen que ser lugares de encuentro para la ciudadanía. Por eso, transformar calles, plazas y parques en lugares más amables y seguros para los vecinos, niños, niñas y jóvenes de nuestra patria es una prioridad, y debemos hacerlo a través del deporte, la cultura y la educación. Esto es una estrategia central de la seguridad en mi gobierno.
Es, además, parte esencial de una política progresista para enfrentar las causas de la delincuencia, ya que así construimos una sociedad más cohesionada y, por ende, más segura. Solo por poner un ejemplo, el año pasado instruí transferir los recursos desde esta misma Cuenta Pública a todos los municipios necesarios para destruir cualquier memorial relacionado con el narco. Desde entonces ya han sido demolidos más de una decena de narcomausoleos en 15 comunas, y es que donde el Estado se hace presente, la ciudadanía se empodera, mientras que la delincuencia, la violencia y el miedo retroceden.
En esta etapa queremos ampliar y reforzar esta tarea de prevención. Necesitamos llevarla a otro estándar y dejar de tratarla como el pariente pobre de la seguridad. Con este propósito, estamos partiendo la primera fase de dos intervenciones preventivas que serán la base de una acción más profunda del Estado en este campo.