Quisiera agradecer a la OEA que se mire las autoridades en su lugar.
Gracias. Señoras y señores, hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional, Su Excelencia, el Presidente de la República, don Gabriel Boric.
En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Someto a aprobación el acta de la sesión del Congreso Pleno celebrada el 11 de marzo de 2022. Si le parece, la sala se aprueba.
Su Excelencia, el señor Presidente de la República concurre a esta sesión para dar cuenta al país del Estado administrativo y político de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra a su Excelencia, el señor Presidente de la República.
Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblos de Chile, muy buenos días.
Me corresponde hoy, frente a este honorable Congreso Nacional y ante la ciudadanía toda, rendir cuenta acerca del trabajo que hemos realizado en estos dos meses y medio de gobierno y exponer cuáles son los principales ejes de nuestro proyecto de cambio.
Quiero hablarles también sobre el sentido del presente, de las urgencias que estamos atendiendo y del futuro que debemos construir juntos; ese futuro más equitativo y sostenible por el que se han movilizado millones de ciudadanos y que me han entregado el mandato de trabajar por él.
Un honor y un deber que asumo con mucha humildad y con mucha, mucha responsabilidad. Este proceso de cambio, por cierto, no se inicia ni se termina con este gobierno. Mejorar la patria en que vivimos es un desafío de largo aliento que no acepta promesas fáciles ni respuestas simples. Requiere de responsabilidad de todos y todas y también de conciencia histórica.
Al revisar los discursos inaugurales ante el Congreso Nacional de todos nuestros expresidentes, desde José Joaquín Pérez hasta Sebastián Piñera, he podido apreciar la colosal tarea que significa lograr que nuestro Chile progrese. No es fácil, no es obvio, no es desde cero. Y vale la pena hoy, desde el año 2022, pensar las dificultades que enfrentaron quienes nos antecedieron para aquilatar de esta forma la magna obra colectiva que es Chile y comportarnos cada uno a la altura de nuestras responsabilidades.
Han habido guerras, desastres naturales, crisis políticas y económicas; el dolor del pueblo en sus diversas expresiones y conductas desestabilizadoras, que son algunas de las circunstancias que han enfrentado quienes se dirigieron a Chile desde esta testera antes que yo. Y, sin embargo, compatriotas, aquí estamos. Seguimos, siempre seguimos.
¿Pero qué es lo que nos hace avanzar? Preguntémonos. ¿Es acaso la fortaleza de nuestros líderes? Quizás, pero es mucho más que eso. ¿Serán entonces nuestras centenarias instituciones? Sin duda, estas son importantes, pero no son suficientes en sí mismas. ¿Podrá ser acaso cada individuo por separado? Cada uno, cada una de nosotros es clave, pero por separado no somos historia.
Lo que nos hace avanzar, queridos compatriotas, es que somos una construcción colectiva forjada gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país, como sociedad. Hemos enfrentado antes disyuntivas complejas en las que nos hemos jugado la oportunidad de empezar a construir una sociedad más inclusiva.
Pensionadas, pero lamentablemente no siempre las hemos aprovechado. Las esperanzas populares por mayor justicia en más de una ocasión han sido opacadas e incluso ahogadas a sangre y fuego. Y esta es una historia que también, desde esta tarima oficial, tenemos el deber de contar. Es lo que pasó en 1851 y en 1859, cuando los deseos de las regiones, desde Copiapó a Concepción, de lograr mayor igualdad y autonomía fueron acalladas por la fuerza de las armas. También en 1907 en Iquique, Forraue en 1912, 1920 en Punta Arenas o Ranquil en 1934, cuando obreros, campesinos o mapuches indistintamente fueron asesinados a mansalva por defender su derecho a una vida digna.
Y más cercano en nuestra memoria, durante la dictadura entre 1973 y 1990, donde la prisión, la tortura, la muerte y el exilio se impusieron a quienes pensaban distinto. Hace solo tres años, tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura: en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como gobierno.
Compatriotas, uno de los principales nudos de nuestra historia republicana ha sido la concentración del poder en pocas manos y la persistencia de una sociedad en la que el lugar de nacimiento determina las posibilidades del desarrollo de todas las personas. A pesar del ímpetu de quienes lucharon por recuperar nuestra democracia, a quienes les debemos muchísimo –y desde esta tarima también reconozco su valor, su obra–, de los importantes avances logrados a partir de los años 90, ese nudo sigue aún vigente. Son muchos y muchas quienes quedaron desplazados de las oportunidades del crecimiento del país en las últimas décadas, y la política institucional no se hizo cargo de ese legítimo malestar que se estaba incubando.
Así, mientras por un lado avanzábamos en la reducción de la pobreza, en mejorar la conectividad de nuestro territorio, en el mayor acceso al consumo, en la ampliación de la matrícula en educación –grandes, importantes, insoslayables logros de las últimas décadas–; por otro lado, se nos fue consolidando un Chile fragmentado social, cultural y territorialmente. Chilenos y chilenas, esta fragmentación es hoy una dolorosa fractura, y no podemos desconocerla ni seguir profundizándola. Quiero ser enfático en esto: debemos asumir la responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y que se expresan en múltiples dimensiones.
Quiero que construyamos, juntos y juntas, un país en donde la educación, la salud, la vivienda y tu seguridad social no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y, como tales, el Estado tiene el deber de garantizarlos. Es por esto que debemos enfrentar –y no integrar– las causas que nos han llevado a habitar distintos chiles. Permítanme darles un par de ejemplos que me ha tocado ver directamente y que definen a este Chile desigual desde las regiones y la infancia.
Cuando estuve hace pocos meses en la isla de Juan Fernández, visitamos, junto al alcalde del Colegio Insular Isla Robinson Crusoe, el recinto de emergencia que funciona desde el tsunami que arrasó con parte importante del poblado en el año 2010. Les habían dicho, hace ya varios años, que sería una solución transitoria; pero el año pasado egresó una generación completa, desde primero a cuarto medio, que cursó sus estudios en esos containers, entre olores inmundos y sin las condiciones dignas que se merecen. No vamos a permitir que esto siga así. Lo mismo me tocó ver en Montepatria, en donde en el Liceo Eduardo…
Prey Montalva se encuentra desde el 2015 en módulos también de emergencia, producto del terremoto que ese año asoló la zona.
Lo conversamos con las estudiantes, con los directores del colegio, con el alcalde de la zona.
Y he instruido al ministro de Educación para que en ambos casos cuenten con soluciones definitivas dentro de nuestro periodo de gobierno a la mayor brevedad posible.
Compatriotas, estos son ejemplos pequeños pero importantes para quienes los viven. Pero son ejemplos de una multiplicidad de injusticias que viven las mayorías en nuestro país y que quienes nos están escuchando hoy día desde sus casas, desde sus trabajos, reconocerán seguramente en su vida cotidiana.
La falta de acceso a la salud, con listas de esperas eternas; liceos con mala infraestructura; pensiones que no alcanzan para vivir; inseguridad en los barrios; hacinamiento sin vivienda digna, son pan de cada día en nuestra patria.
Por eso es que el estallido social no fue un evento aislado, fue una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas, sin por ello desconocer los avances de los últimos años.
Fueron millones los que se reconocieron en problemas comunes y se organizaron para que las cosas sean distintas, y todos juntos decidimos encauzar ese malestar por una vía institucional mediante un plebiscito en donde el 80% de los votantes manifestó que quería una nueva Constitución para Chile.
Hoy, honorable Congreso, tenemos la tremenda oportunidad de recomponer las confianzas entre el pueblo y sus instituciones, de hacernos cargo de estas urgencias; a ello estamos abocados como gobierno.
En definitiva, se trata de cambiar para preservar lo más valioso de nosotros y ser parte de un mismo camino; de eso entiende el proceso constituyente hoy en curso.
A pesar de enfrentar una pandemia con un clima difícil de polarización política y crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva Constitución. Quiero decir que no es poco: ha habido tropiezos, errores y también muchos aprendizajes en el camino.
Pero si hoy los podemos evaluar, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos.
Quiero invitar a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase "no lo vimos venir" a un "aquí no ha pasado nada". El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas y que el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada.
Compatriotas, quisiera que fuéramos recordados como un gobierno que dio pasos claros y decididos en la construcción de una sociedad sin privilegios ni abusos. Esa es la tarea que hemos asumido: sentar las bases del Chile que aspiramos construir para las niñas y los niños de hoy y para las futuras generaciones, sin descuidar las urgencias del presente. Y eso tenemos que hacerlo reconociendo también el valor de la opinión de quien piensa distinto, escuchando con ánimo de aprender, con menos soberbia y con más humildad.
Entre estas urgencias del presente, sin duda la pandemia del COVID-19, que luego de más de dos años nos sigue golpeando con cerca de 7.000 casos promedio diario, está tremendamente presente. Las consecuencias de esta pandemia en todas sus dimensiones, especialmente en la humana, nos acompañan a la hora de que la pandemia se vuelva a realizar.
Por mucho tiempo debemos salir adelante, pero, por favor, sin olvidar a quienes han partido. Son más de 57.000 personas que en nuestra patria han fallecido, y el dolor que eso ha causado es inmenso. Existe un proyecto en el Congreso para recordarlos desde el día del deceso de la primera persona fallecida por COVID-19, proyecto que, por cierto, respaldaremos como gobierno. Desde este espacio institucional quiero abrazar a cada familia que ha perdido un ser querido y decirles que no estarán solos.
Quiero reconocer y valorar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes han cumplido un rol fundamental y nos han enseñado el verdadero significado del compromiso con la vida y el bienestar de las personas. Reconozco también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera. Para nadie fue fácil ni obvio enfrentar esta situación, y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, reconozco que lo hicimos de buena fe y que entendemos las dificultades de afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo.
No ha sido fácil tampoco para las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, especialmente aquellas dedicadas a los servicios del turismo y otras actividades afectadas, que sin embargo han logrado salir adelante. Ustedes lo saben y lo han visto en sus distritos: detrás de cada negocio hay una cadena de esfuerzo colectivo conformada por emprendedores, trabajadores, proveedores y familias a quienes debemos proteger. Los vamos a apoyar, y lo detallaré en el discurso.
Reconozco también el sacrificio de miles de profesores y profesoras que han logrado sacar adelante la tarea de educar en medio de tan desafiantes circunstancias. A los millones de estudiantes que se han reintegrado a la presencialidad, sepan que cuentan con este presidente y con todo nuestro gobierno. Quiero que sepan que pondremos especial énfasis en quienes, producto de la pandemia, desertaron de la educación; los queremos recuperar y agotaremos todos los esfuerzos para lograrlo.
La humanidad entera está viviendo tiempos difíciles. Enfrentamos desafíos globales y nuestro país, sabemos, no está exento de las consecuencias derivadas de los conflictos internacionales. Si en 1916 el presidente Sanfuentes se lamentaba por la gran guerra en Europa y, en particular, por sus efectos sobre el precio del salitre chileno, y en 1942 Juan Antonio Ríos, desde esta misma testera, hacía lo propio respecto a la Segunda Guerra Mundial, hoy asistimos con estupor a la ilegítima invasión de Rusia en Ucrania. Desde el sur del mundo denunciamos las brutales consecuencias sociales y de derechos humanos que ha generado esta guerra de agresión. Por eso, durante las últimas semanas he tenido conversaciones con líderes mundiales y regionales, tales como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Alberto Fernández, Antonio Guterres, Jacinda Ardern y Boris Johnson, para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover, de manera multilateral, la paz.
Chile es un actor en el mundo y la opinión del Estado de Chile es respetada y valorada; lo he podido sentir en estas y muchas otras conversaciones. Quiero que el mundo sepa que Chile es profundamente latinoamericano y que, desde América Latina, levantaremos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y de la cooperación entre los pueblos, sin subordinarnos jamás a ninguna potencia extranjera.
Compatriotas, la situación global de la guerra y la pandemia tiene efectos negativos en la cadena de suministros y en el alza de precios de los combustibles, elementos que sabemos inciden decisivamente en la inflación. El alza del costo de la vida perjudica especialmente a quienes menos tienen y dependen exclusivamente de su trabajo. Para enfrentar este desafío, debemos actuar con responsabilidad, fortaleciendo la resiliencia de nuestra economía y de las finanzas que nos permitan responder a emergencias.
Sin que ello derriele recursos y atención en el camino de transformaciones de largo plazo en el que estamos empeñados, debemos enfrentar la tentación de las soluciones supuestamente fáciles, pero que generan a la larga más problemas. La historia nos enseña que las transformaciones profundas requieren de convicción y persistencia, y que no existen atajos. En los últimos años, todos hemos estado tentados en algún momento a seguir este camino, cediendo a la presión de las redes sociales o a la arrogancia de creer sabérnoslo todo. Reunir evidencia, decir la verdad, trabajar duro y construir consenso, sin embargo, es quizás más difícil, pero es la única forma de responder responsable y oportunamente a las aspiraciones de nuestro pueblo y estar a la altura de este momento histórico. Pero que no se vaya a confundir esta responsabilidad con la inacción.
Es en esta convicción que hemos desplegado, junto con nuestro gobierno, nuestros ministros y nuestros equipos de trabajo, tanto desde la moneda como también en regiones, el Plan Chile Apoya, que moviliza más de 3.700 millones de dólares y creará medio millón de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos. En los próximos 60 días estarán operando todas las líneas de este plan, incluyendo inversiones en obras locales, con servicios públicos, municipios y gobiernos regionales.
Además, hemos congelado las tarifas del transporte público regulado por todo este año y, como bien nos hicieron ver parlamentarios de distintas regiones, estamos estudiando las alternativas para los casos del transporte público no regulado.
Inyectamos fondos para estabilizar el precio de la parafina, disminuyendo su precio directamente en más de 300 pesos por litro, lo que beneficia a más de un millón de hogares. Y para evitar –y esto les pido que lo noten, porque muchas veces estos esfuerzos no se ven o se diluyen en medio de las noticias o en medio de las dificultades– un incremento que habría sido de más de 400 pesos por litro de benzina, hemos dotado de cerca de 3.000 millones de dólares al Fondo de Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. 3.000 millones de dólares. Hay países que no tienen la oportunidad de hacer esto.
Y desde este lugar me complace, y también asumo la tremenda responsabilidad que significa destinar tantos recursos a cuestiones que afectan tanto la vida de la gente, que sabemos que les preocupan. Somos conscientes de cuánto ha aumentado el valor del arroz, el pan, el aceite, las verduras y el impacto que esto tiene en el bolsillo de las chilenas y los chilenos. Le digo permanentemente a mi gobierno que tenemos que estar en terreno, que tenemos que ir a la feria, que tenemos que estar viendo lo que el pueblo ve. Porque cuando la política se desconecta de esa realidad, cuando no hay conciencia de cuánto cuesta el pan, de cuánto cuesta la vida diaria, es cuando se produce este quiebre entre instituciones y ciudadanía.
Por eso, a partir de este mandato de estar en terreno, hemos elaborado también un aporte adicional para cubrir el alza de la canasta básica, y quiero destacar que este es un mecanismo que beneficia a más de 1.600.000 familias que hoy reciben la asignación o subsidio familiar.
No podemos permitir que, por esta crisis, el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad recaiga exclusivamente en los hombros de millones de mujeres. Y es por esto que, siguiendo nuestro programa de gobierno –que a su vez se nutre de las reflexiones y aprendizajes del movimiento feminista–, impulsaremos la creación de un sistema nacional de cuidado y avanzaremos en corresponsabilidad, porque las mujeres han demostrado en Chile y en el mundo que no existen cargos vetados para ellas. Y lo mismo... aunque en otro sentido, corre para los hombres que aún rechazan o se resisten.
A realizar labores de cuidado por ser supuestamente tareas femeninas, no más. Recordando al movimiento feminista que tanto ha cambiado nuestro país –en la democracia y en el hogar–, bienvenidos, compatriotas.
Tengo la convicción profunda de que es posible volver a encontrarnos para, juntos y juntas, sanar las heridas que nos dividen y fracturan. Para darle estabilidad al camino de los grandes cambios debemos hacerlo con la participación de todo nuestro pueblo, y quiero ser enfático, sin exclusiones.
En esto, la participación conjunta de trabajadores y empresarios es fundamental. Su presencia hoy día en nuestra Cuenta Pública es una señal de voluntad por caminar juntos hacia un Chile mejor. Y a ustedes les digo que mi Gobierno está trabajando para construir las condiciones de estabilidad necesarias para que Chile crezca y se desarrolle; es justamente a través del diálogo con ustedes que podremos construir transformaciones sociales que sean estables.
Un ejemplo claro y concreto de esto son los procesos participativos que se están llevando a cabo en el marco de la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Quiero que esta manera de hacer las cosas la repliquemos en un ámbito mucho más amplio, por ejemplo, en lo que hemos logrado recientemente sobre el salario mínimo, en donde destaco el acuerdo alcanzado con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, que involucra la mayor alza en los últimos 23 años. Es bueno agregar que la implementación del nuevo salario mínimo viene de la mano con el acuerdo al que llegamos con todas las organizaciones de PYMES, muchas de ellas aquí presentes, para que nadie se quede atrás.
A todas y todos quienes participaron de estos esfuerzos, liderados por nuestra ministra del Trabajo, nuestro ministro de Economía y nuestro ministro de Hacienda, a las organizaciones de PYMES y a las organizaciones de grandes empresarios que también fueron parte del debate, y, por cierto, a este Congreso Nacional que transmitió con celeridad este proyecto, les agradezco profundamente. Son ustedes que están aquí presentes un ejemplo de que cuando nos unimos podemos hacer las cosas bien, más allá de las legítimas diferencias. Es así como queremos avanzar. ¡Chilenos y chilenas!
Las cosas no han sido fáciles para nuestro país, pero a la vez soy optimista. Tengo esperanza, porque tenemos por delante un futuro esplendor, y depende de todas y todos hacerlo en conjunto realidad. Quiero ser convocante, que esta esperanza y la confianza en el porvenir compartido se impongan por sobre el derrotismo y la sospecha.
En este momento histórico nos enfrentamos a la gran tarea de consolidar e institucionalizar los cambios que la ciudadanía reclama y hacerlo en paz, con estabilidad y entre todos y todas, sin que nadie se quede afuera. Para abordar los desafíos y transformaciones que llevaremos a cabo siguiendo este espíritu, agruparé esta Cuenta Pública en cinco ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente.
Partiendo por derechos sociales, llegamos a gobernar con el mandato claro de concretar una agenda de cambio y es nuestro deber dar respuesta a las incertidumbres a las que se enfrentan millones de chilenos y chilenas que viven todos los días en un país que aún carece de una base sólida de derechos sociales. El gasto privado en salud, en educación y en complemento de las pensiones es demasiado alto en Chile; el rascarse con las propias uñas es demasiado común. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP y ha llegado el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social, en donde nuestras legítimas ideologías no impidan atender la necesidad.
Chilenos y chilenas de tener una pensión digna. Es por ello que en agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes y que será resultado de un proceso de diálogo social amplio, con participación de trabajadoras, empleadores, expertos, académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de los chilenos y chilenas para su vejez.
Además, me comprometo a que, con esta reforma en régimen, cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250 mil pesos. Reconozco el avance que se dio al finalizar el gobierno anterior con la PGU, que es la base sobre la cual vamos a construir y cumplir este compromiso.
En materia de salud, en el camino de las grandes reformas sabemos que no lo estamos empezando hoy. Reconociendo los avances sustantivos que se realizaron durante los gobiernos del expresidente Lagos y de la expresidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto, presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares. Además, disminuiremos el copago del sistema público de salud para las personas de los tramos 6 de FONASA, beneficiando a más de 6 millones de personas.
Quiero decirles que aquí nos guía una convicción, que yo me imagino que todos ustedes también adquieren cuando recorren sus distritos, de que la salud no puede seguir siendo un negocio; no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata puedas pagar. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar.
En el estudio de los discursos de presidentes anteriores, revisé algunos compromisos que se hicieron en esta materia. Todos los presidentes se referían a este tema, pero me sorprendió cómo, en los últimos años –desgraciadamente, y sin atribuir responsabilidad específica, ya que es responsabilidad de todos hoy día y de nuestro gobierno en particular– hemos retrocedido mucho, en particular en materia de lista de espera. La pandemia, sin lugar a dudas, fue determinante en esto, y las personas del país que están en espera de resolver más de 330.000 cirugías deben esperar un promedio de 602 días en el caso de las cirugías electivas. Estas cifras, compatriotas, no son tolerables.
Por eso, este año he encomendado a nuestra ministra de Salud la implementación de un plan de resolución de listas de espera quirúrgica, que contempla la puesta en marcha de tres centros regionales de resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y Araucanía, llegando a siete centros en 2023. Al término de nuestro mandato, nos preocuparemos de que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo sea resuelta antes de seis meses.
Además, sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Vamos a comenzar por construir 12 centros de salud mental comunitaria, mediante una inversión de 36 mil millones de pesos, comenzando este año en San Antonio, en el puerto de San Antonio, y en 2023 seguiremos con Antofagasta e Iquique. Asimismo, vamos a fortalecer el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a niños de 3 y 4 años.
Prometidos también con el derecho a los cuidados paliativos y una muerte digna. Y es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando a quienes están enfermos.
Compatriotas, sabemos que la pandemia no ha terminado y la vacunación, así como las medidas sanitarias, siguen siendo prioritarias para enfrentar el COVID-19. Es deber de nuestro gobierno asegurar la disponibilidad y provisión de vacunas, tal como se hizo durante el gobierno recién pasado. Las buenas políticas públicas tenemos que continuarlas como políticas de Estado.
En materia de vivienda y ciudad, sabemos que la población de la ciudad es un lugar de vida. De seguro ustedes lo observan permanentemente en sus territorios, pues estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Para enfrentarla, vamos a comenzar con la construcción de 65.000 viviendas dignas para alcanzar nuestra meta de 260.000 viviendas entregadas a fines de gobierno.
En esto me entristece decir que no nos merecemos tantos aplausos, pues nos gustaría avanzar mucho más; el déficit de vivienda es mucho mayor, y tampoco podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy día. Esto quizás no se había visto antes, ni siquiera en la década de los 10 o de los 20, en el contexto de la migración campo-ciudad; vivimos algo parecido, pero tenemos que avanzar más rápido.
Por eso le he pedido a nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo que ponga todo el corazón, que sé que tiene en grande, en esta tarea. Para ello, ampliaremos el banco de suelos, redestinando terrenos fiscales hacia fines habitacionales y recuperando aquellos terrenos en desuso, y también vamos a aumentar la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo.
Honorables congresistas, hoy son más de 81.000 familias las que viven en campamentos en nuestro país, en condiciones inseguras e inciertas. Todos los hemos recorrido: he estado en las mulatas en Valdivia, en Alto Hospicio, en su momento en Puñonalto, en Punta Arena, en Tomás en Lampa y en las caletas de Tarapacá. Esta cifra ha ido en aumento desde el año 2014, y no podemos permitir que episodios como el incendio ocurrido el 20 de mayo de este año en Alto Hospicio, en el que murieron nueve personas, se repitan. Estas muertes nos duelen profundamente y, al mismo tiempo, nos deben movilizar.
Por ello, vamos a desarrollar la política de construir barrios que nos permitirá avanzar en una estrategia de urbanización integral de campamentos, invirtiendo durante todo nuestro gobierno más de 580 mil millones de pesos en 300 campamentos a lo largo del país, beneficiando por lo menos a 4.500 hogares al año.
Pero sabemos que no basta solo con construir viviendas; también debemos ser capaces de crear espacios de encuentro en los que vecinos y vecinas puedan conversar y apoyarse. El Estado no puede construir y retirarse. Cuando el Estado se retira, avanza el narco, y al narco tenemos que combatirlo con mucha firmeza, todos juntos y unidos. Por eso, vamos a habilitar 190 centros comunitarios destinados al cuidado y protección de los barrios en el 2023, en distintas localidades del país.
Además, el acondicionamiento térmico de viviendas es una política medioambientalmente sostenible de especial importancia que este año beneficiará a más de 19.000 familias.
En materia de educación, de donde venimos luchando durante tantos años, quiero que sepan que he escuchado con atención las dificultades que están enfrentando las comunidades educativas en el retorno a clases luego de dos años de pandemia. Tenemos la tremenda responsabilidad de entregar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las mejores condiciones para educarse. Ese es su derecho.