Senado - Obras Públicas - 28 de mayo de 2025

del proyecto, sino que también con todos los trámites que sabemos que son bastante extensos en nuestro país, ¿cierto? Que hay trámites ambientales, el tema de la concesión marítima, declaraciones de interés nacional, etc. Entonces, por eso se opta ya por, ¿cómo se llama?, por comprar o por adquirir finalmente los estudios de aguas del mar. Esta es una iniciativa que es un proyecto público, que está, cierto, para la Región de Coquimbo y que se encuentra en proceso de licitación. Se inicia con el llamado a licitación el día 31 de diciembre de 2024, por la publicación en el Diario Oficial, y el presupuesto oficial estimado es de 8.195.000 UF. No sé si quieren... ¿Puedo irme a tirar una balanza? Ya.

Pero al final, entonces, tomamos atención a la presentación y luego partimos con las consultas. Saludo también al senador Coloma, que está aquí presente. La planta está ubicada, cierto, al sector sur de Coquimbo, en la encenada de Panul, no sé si se logra ver bien ahí, pero es una planta que, en su capacidad total, es para 1.200 litros por segundo. Sin embargo, cuenta con una operación inicial de 800 litros por segundo, que se pondrá en marcha una vez que se licite y se construya. En ese punto se desarrollarán obras marítimas, y la planta propiamente tal cuenta con un sistema de ósmosis inversa, además de una conducción de prácticamente 19 kilómetros y con estanques de distribución en la zona de Pan de Azúcar. En el EIA está ingresado el proyecto, el cual contempla dos etapas: una de 800 litros por segundo y otra de 1.200 litros por segundo. Dentro de la licitación, se definió partir con los 800 litros por segundo y, posteriormente, ampliar en función de la necesidad, posibilidad que el Ministerio le va a poder pedir a la sociedad. Es importante destacar que, dado que en Chile no contamos con una regulación específica, nos manejamos con una regulación supletoria, lo que ha implicado realizar distintos trámites para alcanzar esta licitación. Se partió, ¿cierto?, con el anuncio presidencial en octubre de 2023 y, posteriormente, se promulgó la ley 21.639 para poder construir las plantas desaladoras multipropósito, lo cual es muy relevante. A la par, se está desarrollando una resolución, una declaración de interés nacional, ya que en la zona donde se construirá hay bosques nativos, guayacanes y otras especies, motivo por el cual se requería dicha declaración para poder intervenir. En octubre del 2024 se firmó el contrato para la compra de estudios con Aguas del Valle, lo que permitió ingresar al EIA con todos esos estudios. El 22 de octubre se obtuvo el informe del Ministerio de Desarrollo Social, complejizando el proyecto, pues, a diferencia de los sistemas de agua potable rural que se evalúan solamente en función de los costos, en este caso fue necesario determinar también los beneficios. Posteriormente, el 30 de octubre del 2024 se ingresaron las bases de licitación en Hacienda, recibiendo una aprobación en menos de un mes por el Ministerio de Hacienda, junto con la aprobación presidencial. Luego, el 5 de diciembre se ingresaron las bases a la Contraloría, y el 30 de diciembre se emitió el llamado a licitación, el cual culminó el 31 de diciembre. Todo este apoyo en la tramitación se refleja en el desarrollo del fondo del proyecto licitado, que se sustenta en el modelo de negocio, la capacidad de producción —ampliable hasta 1.200 litros por segundo— y el plazo estimado de la concesión.

Originalmente, lo habíamos establecido en 25 años, pero finalmente se hizo un cambio con la primera circular, que ya está en Contraloría, y se contarán 21 años a partir de la puesta en servicio provisional para evitar problemas con la extensión en los plazos de construcción. Esto otorga a la sociedad concesionaria la certeza de que tendrá ingresos durante ese período. El presupuesto oficial, como se había comentado, es de aproximadamente 350 millones de dólares, y se fijará la fecha de inicio de la operación, la cual se proyecta para el 2029. Actualmente se está revisando el modelo de negocio, ya que por ahora existe una tarifa máxima de 1,3 dólares por metro cúbico, asociada a un caudal garantizado de 200 litros por segundo. De hecho, se estipula un pago por disponibilidad de un máximo de 200.000 UF, correspondiente a ese caudal garantizado. En conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se analiza el impacto que esta tarifa tendrá sobre el usuario final. Se está realizando además un análisis para aumentar el caudal, de modo que la tarifa disminuya, y se estudia la posibilidad de escalonar el impacto en la tarifa final al usuario; estos cambios se plasmarán en una próxima circular, dado que aún no se han efectuado modificaciones. Existe un cobro de tarifa diferenciado para el consumo humano y para el uso multipropósito, de forma similar a lo que ocurre en las carreteras, donde distintas categorías de vehículos pagan tarifas diferentes. En efecto, si participa una minera, se le aplicará una tarifa diferenciada, considerando que existe un subsidio del Estado al CAPEX, el cual se transferirá exclusivamente al consumo humano y no a empresas o mineras, incorporándose dicho CAPEX en el costo por metro cúbico. Adicionalmente, se modificaron las cuotas de subsidio, estableciéndose 10 cuotas de subsidio de 1.340.000 UF anuales. En la última circular se solicitó detener este mecanismo, ya que estamos más avanzados en el trámite ambiental de las obras marinas y de la planta, aunque no lo estamos en lo referente a la conducción y almacenamiento. Para viabilizar el proyecto, se acordó que, una vez que la sociedad concesionaria finalice la construcción y se valide la ejecución de la planta y las obras marítimas, se podrá comenzar a pagar el subsidio asociado, independientemente de lo que ocurra con la conducción. El EIA de la planta se ingresó el 22 de octubre de 2024 y actualmente se está respondiendo el Ixara 1. Se tiene como fecha límite el 29 de agosto para solicitar ampliación del plazo para la adenda 1, aunque se trabaja para que este trámite se realice antes de dicha fecha. Por último, en lo que respecta a la conducción y almacenamiento, ya se están adelantando los antecedentes para la nueva licitación y se ha solicitado recursos, dado que el MOV se hizo responsable de tramitar ambos estudios del pacto ambiental, responsabilidad que en otros proyectos se transfiere a la sociedad concesionaria.

Para migrar a clientes libres. Después de que ya se obtenga la RCA, se van a traspasar a la sociedad concesionaria. Estamos esperando ingresar en el segundo semestre a trámite. Este es el cronograma actual –última lámina–. Aquí corrijo: ya es julio, actualmente la fecha es el 10 de julio, que es la fecha de recepción de oferta, y la apertura económica es el 21 de agosto. Considerando todos los trámites posteriores, se estima una adjudicación en diciembre de este año. La constitución de la sociedad concesionaria, en teoría, debería realizarse en febrero, pero se está retrasando un poco, ya que se manejan 60 días y, considerando que enero y febrero tienen más vacaciones, podría extenderse en caso de demoras en la adjudicación. Sabemos que deben presentar un plan para la ingeniería de detalle e iniciar dicha ingeniería en el primer semestre de 2026. La idea es comenzar la construcción en el segundo semestre, a fines del año, aunque podría pasarse a principios de 2027. En el fondo, esto se plantea porque, aunque el proyecto no sea corto, la ingeniería que entregamos ya está bastante avanzada. Los adjudicatarios tendrán que desarrollar la ingeniería de detalle y podrán separar los proyectos, dado que vamos más adelantados con el tema de la planta y las obras marítimas. Se estima que la construcción tomará aproximadamente tres años, alcanzando fines de 2029 con la planta ya puesta en servicio; y para eso estamos trabajando. Respecto a los riesgos, hemos tomado contacto con las empresas que adquirieron las bases; inicialmente eran alrededor de 20, pero se han ido conformando consorcios, por lo que se estima que hay ocho empresas interesadas en postular como adjudicatarias y presentar ofertas. Nos han solicitado un plazo adicional de entre uno y cuatro meses. En la reunión con la última unión claminista, se acordó otorgar dos meses más de plazo, entendiendo que la ingeniería puede ajustarse una vez se adjudique, ya que está muy avanzada, sin poner en riesgo el inicio de obra a fines del 2026. Con ello, se prevé que la entrega de oferta se realice en los primeros días de septiembre para asegurar que se presente alguna, ya que si se recibiera en septiembre, todo se correría dos meses; lo que no se desea, por lo que habrá que ajustar la ingeniería. En definitiva, es mucho más conveniente trabajar con una empresa ya adjudicada que con los licitantes. Este riesgo está medianamente controlado. Lorena y su equipo se han reunido con todos los potenciales oferentes, y se observa un notable interés en este proyecto, a diferencia de otros en los que el interés ha sido reducido. Por último, se destaca el riesgo asociado a la tramitación del estudio de impacto ambiental. Aunque el proceso avanza adecuadamente y la adenda 1 está casi lista para contestar, siempre existe la posibilidad de que se requiera una consulta indígena, lo que extendería considerablemente los plazos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar que esto ocurra, pero es un riesgo latente. La ruta crítica para el inicio de las obras es obtener la RCA, especialmente de la planta, y se irá informando a medida que se avance.

Esperamos, tenemos toda la confianza; nuestros expertos dicen que no, pero no depende 100% de nosotros. El CEA no indica, dependiendo también. Nosotros todo esto está basado en un desarrollo normal de la RCA, de obtener la RCA en los plazos que estamos viviendo. Tal como decía Lorena, nosotros no acostumbramos a hacer la tramitación como MOP o en sesiones de estudios de impacto ambiental; generalmente se le da una vez al adjudicatario, pero eso claramente alarga los plazos. Esto fue en virtud de que el proyecto es el tercer ingreso que tiene al sistema por diferentes modalidades; por lo tanto, ya se ha mejorado bastante el ingreso y, por eso, la DENDA 1 no trae preguntas muy complejas. Si bien pedimos tiempo, es lo natural en estos proyectos, pero creemos que incluso lo vamos a presentar antes de agosto, así que por ahí estamos. Muchas gracias. Le doy la palabra al senador Gaona y luego al senador Matías. Gracias, Presidenta. Esta sesión es muy oportuna para actualizarnos con el proyecto de la planta desaladora, ahora que es un tema que en la región venimos trabajando y solicitando desde hace tiempo. Incluso se impulsó una ley para que se pudiera materializar, la ley que permitiera al Ministerio de Obras Públicas desarrollar obras hidráulicas o de agua para consumo humano, ya sea mediante concesión de obra pública o de manera directa. Hemos estado muy encima de esto todos los parlamentarios de la región. Tengo un par de dudas. Entiendo que las fechas que se muestran son fechas de ingreso y fechas máximas, y me imagino que el Ministerio de Desarrollo Social ya está de acuerdo con ello. Respecto a la capacidad de la planta, entiendo —y ustedes me corregirán— que hoy día la demanda de agua para consumo en la región, es decir, en la conurbación, debe estar alrededor de 1.400 litros por segundo, más o menos. Por eso se plantea como punto de partida el diseño de 200 litros por segundo, pensando en que la demanda en el año 2029 aumentaría 200 o 300 litros por segundo más. En el fondo, lo que se busca es suplir los aumentos de demanda y no tanto el stock actual de consumo; básicamente, no es que se haya agotado el agua en la región, sino que no hay más agua para atender una mayor demanda en la conurbación, al menos hasta que el stock disponible comience a disminuir. Por eso entiendo que esos 200 litros por segundo son modulares, pero eso no significa que la planta se construya únicamente para 200 litros por segundo, sino que tendrá una capacidad mayor. En ese sentido, ¿qué posibilidades existen a este precio de 1,3, considerando que el subsidio está destinado al consumo humano y no a actividades productivas? Es decir, ¿qué posibilidades hay realmente de que el modelo de negocio funcione para la agricultura? Porque el problema de la agricultura es que en la región no se practica en el secano costero, sino en los valles intermedios, fundamentalmente en la zona un poco más adentro del secano costero o, incluso, en áreas cercanas a la costa, donde se cultiva caña de azúcar, por ejemplo, lo que podría generar demanda de agua. Sin embargo, no veo cómo se reconcilia esto para la agricultura, considerando el costo público, especialmente por las obras de transporte y el costo energético implicado. Se agradecería una aclaración al respecto, sobre si esta obra podrá realmente ser multipropósito. El segundo término, perdón, explíquenme un poco esto: se habla de 8.195.000 UF para 800 litros por segundo, lo que equivale aproximadamente a 340 millones de dólares, y se mencionan subsidios de 10 cuotas de 1.300.000, es decir, subsidios que suman 13 millones de UF. Entonces, hay una diferencia de 5 millones de UF, lo cual me resulta llamativo. Era una explicación, y quiero que me lo comenten, dado que evidentemente se ha establecido un subsidio por 10 años y a un monto bastante superior, además de estar expresado en UEF y no en pesos, por lo que se entiende que se contempla la actualización de la moneda.

Porque hay esa diferencia de casi un 40% entre el costo de la inversión y el monto de subsidio. Entiendo que no hay subsidio a la operación, lo cual está bien, y este pago por disponibilidad en el fondo se realiza, ocurra o no el uso de agua en las plantas, ya que se requieren 200.000 litros que deben estar disponibles y eso se paga. ¿Cómo se va a trabajar el tema de la tarifa de la sanitaria? La tarifa es regular, pues evidentemente no es que yo utilice toda el agua ni que todos mis clientes hagan uso del agua de la planta desaladora, cuyo costo es distinto al costo estructurado en la tarifa producto del plan de desarrollo normal que tiene la sanitaria sin la planta desaladora. ¿Cómo se conversa esto? Les pido que aclaren el asunto, ya que estas son las preguntas que nos harán para poder explicar y defender este proyecto que nos interesa llevar adelante. Todos estos datos son muy importantes, pues implican que habrá agua a precios y costos de producción distintos. Respecto al estudio de impacto ambiental, entiendo que está declarado a nivel internacional, aunque imagino que el problema radica en el famoso lucumillo. Sin embargo, esto no debería representar inconveniente. En cuanto a las comunidades indígenas, me preocupa que, como ocurrió en el sector de Panul, se estén constituyendo comunidades indígenas producto del proyecto. Se trata, en muchos casos, de grupos de tres o cuatro personas que son reconocidos como comunidades indígenas bajo el amparo del Estado de Chile y de las autoridades. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación para evitar que se sigan constituyendo comunidades y se active el complejo proceso de consulta indígena, que aún carece de parámetros claros? Prefiero tener preparada una estrategia para enfrentar este tema, en lugar de arriesgarnos a una consulta indígena sin precedentes. Otro punto relevante es cómo se concilia el carácter multipropósito de este proyecto y su potencial para convertirse en una solución de agua potable para Ovalle. Me imagino que no sería necesario construir una nueva conducción, sino inyectar el agua a la conducción existente, siempre y cuando esta cuente con las características ingenieriles adecuadas para soportar un mayor caudal. Esto implicaría un costo adicional y afectaría la tarifa o generaría otro subsidio, lo cual también es un tema importante. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, agradezco la oportunidad de exponer en la Comisión de Obras Públicas del Senado este asunto, por lejos el tema más apremiante en la Región de Coquimbo. Existe, efectivamente, gran inquietud respecto del proceso de licitación de la planta desaladora multipropósito, entre comillas, y por ello, con el senador Gaona, solicitamos invitar a la ministra. Lamento que no haya podido asistir; le deseo mucho éxito, al igual que al nuevo director de concesiones, y agradezco a Lorena Araya por su exposición. Comparto la inquietud del senador Gaona, sin pretender repetirla, pero sí precisando algunos aspectos importantes para el contexto de esta comisión, especialmente para el resto de los senadores que representan a otras regiones. En su momento, lo que hablamos y solicitamos al Presidente Boric fue que se construyera una o más plantas desaladoras multipropósito.

Lo que tenemos hoy día en licitación, para ser franco, es una planta desaladora para abastecer de agua potable a las comunas de La Serena y Coquimbo, con una dotación inicial de 800 litros por segundo, proyectándose a 1.200 litros por segundo. ¿Por qué habíamos planteado otra planta multipropósito para la provincia de Limarí? Porque Limarí ha sido el epicentro de la sequía y de la escasez hídrica producida por el cambio climático en nuestra región en los últimos años y, además, es la provincia de mayor producción agrícola, donde se destacan la fruta, la uva de mesa, la uva de exportación y pesquera, las hortalizas, los olivos, los paltos y los cítricos, que —gracias a los tratados de libre comercio— han logrado mantener cierta actividad agrícola a pesar de la sequía. Entonces, lo que tenemos hoy día es que esa posibilidad se ha desechado, lo que nos preocupa. Me remito a la respuesta al oficio enviado por el diputado Víctor Pino, de fecha 9 de mayo, en el que el secretario regional ministerial del Sistema de Obras Públicas de nuestra región informó a la unidad ciudadana y a actores relevantes del Ministerio de Obras Públicas que, en lo referente a la conducción hacia Ovalle —tema que también plantea el senador Gaona— se señala textualmente que el objetivo principal del proyecto es abastecer de agua a las comunas de Coquimbo y La Serena, ya que el diseño actual no contempla infraestructura ni distribución directa de caudales hacia la provincia de Limarí. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque, junto al senador Gaona, fuimos testigos, en enero de 2024, de las declaraciones del presidente Gabriel Boric al respecto. Asimismo, desde el mirador de San Juan se comprometieron a que habría conducción de esta planta desaladora para abastecer de agua a la comuna de Ovalle. Esto se confirma hoy mediante un documento oficial del Ministerio de Obras Públicas del 9 de mayo, en respuesta al oficio del diputado Víctor Pino, quien ha sido presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y uno de los principales impulsores de la construcción de estas plantas desaladoras. La pregunta concreta es si esta situación está absolutamente descartada o si se contempla alguna solución para la provincia de Limarí. En un momento, la Ministra de Obras Públicas, reiterado mediante el delegado presidencial Galo Luna, explicó que se implementarán pequeñas plantas de emergencia para la provincia de Almería. Asimismo, el senador Gaona ha informado que este viernes se mantendrá una reunión con la asociación de APR de la provincia de Almería, quienes se muestran muy preocupados. Yo creo que es necesario hacer un esfuerzo adicional para incorporar al sector agrícola, si de verdad queremos que la planta sea multipropósito. En tercer lugar, quiero ratificar lo expresado por el senador. Es de conocimiento general que, en el sector del Panul, en la región de Coquimbo, no existen comunidades indígenas. Tal como se evidenció en la discusión sobre la construcción de tres hospitales en la región —donde los dirigentes indígenas manifestaron su apoyo al hospital y señalaron que quienes se oponían no representaban a las comunidades indígenas—, quiero dejar muy claro al Ministerio de Obras Públicas que, en el marco de la elección de concesiones y considerando la competencia del Servicio de Evaluación Ambiental, cuya evaluación está sujeta a una serie de reformas, sería absolutamente improcedente incorporar una consulta indígena respecto de un proyecto que tiene por objetivo abastecer un elemento vital a la región. Sabemos que este será un año muy complicado y que habrá una presión enorme para que el plazo de adjudicación se cumpla efectivamente en diciembre.