En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cómo se llama? Matilde… ¿Te acuerdas que hay una pintora que murió, ya, chilena? Con eso la mataste, ¿viste?
Buenos días a todos, ministro, equipo. Viene bajando el senador Galilea y el senador Insulza; también venían en camino, señora Secretaria, Presidenta, no tenemos cuento.
Antes de pasar al tema que nos convoca, y como tuvimos que desplazar permisología o permisos sectoriales —que es el nombre correcto del proyecto de ley del día de hoy para poder continuar con salario mínimo— yo quería pedirle acuerdo a la comisión para que la próxima semana podamos, lunes, martes y miércoles, ver ese proyecto y sacarlo. Permisos sectoriales, cuyas indicaciones ya están; se ingresaron y se las mandé, colegas, a su WhatsApp. Se ingresaron ayer a las 9 de la noche, o a esa hora, digamos, me las envió el ministro.
Ahora sí, está bien. Entonces, que podamos la próxima semana sacar ese proyecto, que es un proyecto que también le importa al Ejecutivo. Está el ministro que puede ratificar lo que estoy diciendo, y nosotros revisamos con la Secretaría el resto de los proyectos en tabla —que ya los hemos revisado con el Ejecutivo— y les hacemos una propuesta el día lunes, ¿les parece? Para poder continuar después de eso, tenemos que, además, convocar a la mixta de la Auditoría Interna del Gobierno, que también es un proyecto que le interesa al Ejecutivo. Entonces, podríamos la próxima semana despachar eso, si le parece a la comisión.
—No, porque se lo ponemos a las dos de la tarde del martes de la próxima semana, que es la hora que pueden los colegas de la Cámara de Diputados.
—¿Se acuerdan? Ya. Señora Secretaría.
—Sí, por favor. Y entiendo que se ingresaron las indicaciones.
Hablábamos de la palabra del Ejecutivo. Ah, ya. El Ejecutivo, entonces, le vamos a dar la palabra.
—¿Cómo está, senador? Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que explique. ¿Estamos, entonces? Señor Ministro, tiene la palabra.
—Sí, gracias, Presidenta. Se presentó una indicación que entiendo que es la única que se ha presentado, suscrita por la senadora y Presidenta Jimena Rincón y el senador Cruz Coque, que básicamente establece un plazo para entregar un conjunto de información al Congreso. ¿Tenemos una presentación? Sí, la podemos proyectar. ¿Quién la tiene? Hasta en el... Y después creo que el senador Coloma tiene un punto que hacer; le vamos a dar la palabra a él o, si lo puede hacer mientras tanto, bien.
—Mientras se proyecta la indicación, el senador Coloma tiene la palabra.
—Gracias, Presidenta. No estuve presente, pero pude leer, digamos, la presentación y los PowerPoints, y tengo algunas consultas, Ministro, a ver si podemos regresar algunas, digamos. Son tres consultas: dos son similares y la otra es un poco distinta. Respecto al informe financiero, hay dos temas que me gustaría entender bien. Uno es que hay un subsidio que puede modificarse según lo que pase la inflación acumulada esperada, como usted lo explicó. Según el informe financiero, el costo de esta medida no excederá los 10.000 millones de pesos, pero no veo dónde se aplica ese 2.000 millones de pesos. O sea, si es eventual, cuando es eventual tiene que aparecer el gasto considerado en alguna parte del presupuesto, y eso es lo que no encuentro. Entonces, si eventualmente la medida legislativa puede costar 10.000 millones de pesos según el gatillo que se produce —que puede producirse o no—, pero si se produce, no veo dónde queda registrado como gasto.
En la misma línea —y puede que no lo haya encontrado—, se plantea lo mismo respecto de la Junta Nacional de Asuntos Escolares y Becas. Se dice que se incrementa el polinomio de ajustabilidad de precios que regula el incremento de precios de los servicios de alimentación licitados por dicha Junta para el programa de alimentación escolar y el programa de alimentación de párvulos. Tampoco veo dónde está registrado eso en el articulado.
Y la tercera consulta, tema que me importa más precisar, es la creación de este observatorio. Lo expongo en dos lógicas. Estuve viendo, Presidenta, la discusión en la Cámara. Es un tema álgido, incluso fue una votación estrecha que se produjo tanto en Hacienda como en la Sala, y la verdad es que hoy día existe un observatorio creado. Pero entiendo bien por qué se crea este nuevo observatorio, que tiene que ver —no sé si lo puedo precisar— con un mecanismo planteado para efecto de revisar, por ejemplo, evaluar el nivel…
Composición y distribución de ingresos familiares, generar indicador de ingreso, elaborar informes trimestrales. Hoy día hay un Consejo Superior Laboral y lo único que tengo claro es que existen muchos organismos, públicos y privados, que evalúan este tipo de temas. Entonces, lo que estamos haciendo es crear otro observatorio. Yo no sé si es la lógica, no entiendo que se vaya a crear más instrumentos públicos para hacer cosas que hoy día se pueden realizar por otra vía. No sé cuál es la filosofía que se pretende restringir, se está tratando de, digamos, limitar ciertas acciones. Me gustaría entender bien por qué se produce esta creación del observatorio, que, en principio, al igual que lo que dice Pantel, no me parece adecuado. Esto no es un tema nuevo; fue larga discusión en la Cámara de Diputados el porqué de la creación de este observatorio. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Lagos. ¿Les parece que le demos la palabra al ministro para que responda a las consultas del senador Coloma? Y luego veremos el tema de la indicación que presentamos.
Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días a la senadora y a los senadores integrantes de la comisión. Voy a aprovechar también para responder un par de preguntas que quedaron formuladas ayer en la sesión y que no alcanzamos a contestar. Hubo una pregunta del senador Kuchel sobre el desempeño de las exportaciones chilenas, en relación con los posibles efectos de las medidas proteccionistas en Estados Unidos, como los aumentos de aranceles. El dato que tenemos, con el año corrido hasta el 10 de mayo, es que las exportaciones han crecido un 6,7% en valores expresados en dólares. De ello, las exportaciones mineras han crecido casi un 11% y las no mineras alrededor de un 3,5%. Si se compara con el mismo período del año pasado (del 1 de enero al 10 de mayo), se observan datos bastante positivos. Pensemos que el año pasado, en el conjunto del año, incluyendo exportaciones de bienes y servicios –siendo los servicios los que crecieron más, con un 9%– fue un año muy positivo. Y vemos que, por lo menos en lo que va corrido del año, seguimos teniendo un desempeño dinámico de las exportaciones, creciendo más que la propia actividad económica.
Luego, hubo una pregunta, no recuerdo si era del senador Kuchel, relativa a la evolución de la masa salarial. La masa salarial ha estado creciendo en los últimos datos en torno a un 4,5% en términos reales. Esto ha estado alimentando, de hecho, el mayor dinamismo del consumo observado durante los últimos trimestres y refleja el comportamiento de las remuneraciones y el empleo, ya que en ese período se han registrado tanto aumentos de remuneraciones reales como la creación de empleos, particularmente asalariados. Esas fueron dos de las preguntas que quedaron pendientes de ayer.
En cuanto a las preguntas del senador Coloma, comenzaré por el tema de la Junaeb. Este está ligado a la aplicación de un polinomio mediante el cual se reajustan los valores de pago por las raciones que contrata la Junaeb dentro del Programa de Alimentación Escolar. Dentro del articulado, esto se encuentra cubierto por el artículo tercero transitorio, el cual señala que el mayor gasto que representa la aplicación de las disposiciones de esta ley en el año 2025 se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público, es decir, se suplementa el presupuesto del programa de alimentación escolar de la Junaeb. En los años siguientes, se ajustará a la Ley de Presupuesto.
Esto me lleva al tema del subsidio PYME. Tal como está formulado, el subsidio PYME se aplicará cuando el incremento del ingreso mínimo exceda la inflación correspondiente al año 2025. Efectivamente, esto ocurrirá en el año 2026 y se aplicará durante cuatro meses, conforme a lo establecido en el proyecto. Dicho subsidio deberá ser recogido en la Ley de Presupuesto del 2026.
Sí, senador Colón. Yo lo veo: el artículo 3º establece que el mayor gasto representa, por decirlo de algún modo, “un saco grande”, ya que todo se traduce en este ítem. Es así, Presidenta, porque hay incrementos de costo fiscal por asignación familiar, por SUF, por cuota mortuoria y por las raciones de la Junaep; entonces, eso se suplementa desde el Tesoro Público, dado que el presupuesto se aprueba ajustado a los volúmenes o cantidades que se pagarán con los valores vigentes al momento de formularse el presupuesto. Gracias, Ministro.
Solo para tratar de entender lo que quiere preguntar el Senado: ¿el senador Coloma quiere saber los montos involucrados, o quiere saber desde dónde salen los recursos? No entiendo: ¿o desea que se justifique, o quiere saber exactamente qué comprende cuando dice “todos los mayores gastos”? La duda del senador Coloma es que no se especifica sobre qué implica el universo de ese mayor gasto, si se refiere al monto total de su universo eventual o a la forma en que se han registrado esos recursos.
Le damos la palabra al senador Coloma, pero no sé si usted, senador Insurza, desea preguntar antes o después de que termine.
Ya, senador Insurza.
Y de ahí le damos la palabra al senador.
La verdad es que, respecto a este proyecto, no había intervenido todavía, por lo que diré solamente tres cosas rápidamente. Primero, es innegable que uno debe decir algo respecto a lo bajo que es todavía el salario mínimo en este país, a pesar de todas las discusiones que se han generado. Estoy de acuerdo en que se alcanzó un acuerdo entre trabajadores y el gobierno y, además, es importante lo que nos decía ayer el ministro del Trabajo: en términos reales, el aumento porcentual al terminar el gobierno anterior era, al menos, de un 2%, y se ha experimentado una mejora hasta ahora. Sin embargo, persisten los mismos problemas que se me señalaban anteriormente.
No estoy a favor de crear otro organismo; francamente, no podemos seguir estableciendo un organismo nuevo cada vez que acordamos algo, pues si fortalecemos al Estado de esta manera, volveremos a expandirlo. Ayer el Ministro ofreció una excelente exposición sobre cómo se hacían estos cálculos y cómo se comparaban con los de otros países; de haber claridad en eso, entonces, ¿por qué es necesario crear otro organismo para realizar la misma función? Yo realmente no entiendo esa necesidad.
Por último, los recursos podrían provenir del presupuesto actual sin necesidad de incrementarlo; esa es mi principal objeción. Siempre tengo problemas con las pymes, por razones distintas a lo que se ha dicho aquí, ya que existen casos en que ciertas pymes no alcanzan a pagar el salario mínimo. Ante esta situación, resulta anómalo exigir que paguen dicho salario o, de lo contrario, que cesen, lo cual puede ser grave desde el punto de vista del empleo. Por esa razón, considero necesario que se solucione de esta forma.
En cuanto al Observatorio de ingresos y costos de la vida, en principio me parecía adecuado; nunca me niego a escuchar los argumentos, pero a primera vista se trata de lo mismo que he señalado respecto a la gran cantidad de instituciones que hemos creado en estos años. No estoy de acuerdo con que se sigan creando cada vez más entidades públicas. Muchas gracias.
Antes de dar la palabra al senador Coloma, yo suscribo el tema del Observatorio. Nosotros teníamos el Consejo Asesor Laboral; yo fui ministra del Trabajo y, la verdad, funcionaba muy bien. Hicimos buenos estudios. Creo que crear otra institucionalidad —y, como ha señalado el senador Insurza, cada vez que discutimos un tema, cuando ya existen espacios de trabajo en la misma línea— no se justifica, menos en el escenario actual en el que disponemos de recursos tan limitados.
Segundo, y ahí creo que voy a recoger la preocupación del senador Coloma. En el informe financiero no se incluye una estimación del costo del subsidio en caso de que se active el artículo octavo, entonces nos gustaría saber dónde va eso, porque no lo encontramos; y yo entiendo que los equipos lo buscaron y no lo pudieron hallar. Tampoco se señala si se han reservado fondos o si se contemplan dentro de la Ley de Presupuesto del 2026, y la frase “en los casos siguientes estará lo que se considera en la Ley de Presupuesto” deja nuevamente el financiamiento del subsidio sin una proyección, sin saber cuánto es. Creo que por ahí radica la consulta del senador Coloma; si no es así, que lo pueda aclarar y que el ministro nos responda. Gracias, Presidenta.
Yo comparto eso, pero adicionalmente, por eso le pedí la palabra respecto a lo que dice el ministro. Lo que no entiendo es lo siguiente: en el informe financiero aparece el tema de la Junaeb, pero no veo en el articulado la norma que obliga a que exista un informe financiero respecto a ello. Sí encuentro respecto a todo lo demás –por ejemplo, el Subsidio Único Familiar–, pero no localizamos el articulado, ya que el presupuesto fiscal indica “como consecuencia de las modificaciones anteriores”. Entonces, eso es lo que no encontramos, es decir, dónde está ubicada esa modificación en el articulado.
Ministro, para que recoja la consulta: respecto al tema de la Junaeb, dado que se trata de un polinomio que se activa automáticamente, no es algo que tenga que estar legislado en este proyecto. Están los contratos de la Junaeb con los proveedores de la institución, y el informe financiero explica cuánto cuesta la activación o la aplicación de ese polinomio una vez que aumenta el ingreso mínimo. No se incluye acá porque no se legisla directamente sobre ello, sino que es un polinomio ya establecido; es como el caso de los polinomios de los contratos de obras públicas o de las tarifas de diversos servicios de utilidad pública. Es decir, no se requiere que la ley diga algo que ya figura en los contratos. Entonces, para efectos de completitud o de ser exhaustivo respecto al efecto del aumento del ingreso mínimo sobre el gasto fiscal, se recoge cuánto cuesta que, al aumentar el ingreso mínimo, se reajusten los contratos de la Junaeb con sus proveedores.
Senador Coloma: Realmente, no sé si me ha pasado esto antes, pero dice “efecto de este proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal”. Se hace referencia a una ley general, pero hay diferencia con los otros casos: en todo lo demás se indica, por ejemplo, la modificación de la asignación familiar, y se coloca el efecto que tiene sobre ello, pero en este caso no está articulado. Me cuesta entender que se pretenda que el informe financiero se refiera a algo que no está expresamente referido en la ley.
Ministro: Claro, efectivamente, el efecto del aumento del ingreso mínimo sobre el presupuesto fiscal, en el caso del programa de alimentación escolar, corresponde al hecho de que al aumentar el ingreso mínimo se ajustan los costos o los pagos a los prestadores del servicio alimentario, ya que el ingreso mínimo forma parte de ese polinomio. Además, existen otros polinomios y factores que dependen del IPC u otros mecanismos, que no son sujetos de política pública o están regulados por una ley. En este caso, como la ley modifica el ingreso mínimo y eso gatilla un aumento en los costos del programa de alimentación escolar, se incluye en el informe financiero como consecuencia de la aplicación de esta ley, sin que se legisle directamente al respecto, dado que son contratos ya establecidos. La referencia al Tesoro Público se debe a que, para cubrir esos costos, debe efectuarse un aporte desde el Tesoro Público al Ministerio de Educación en el marco de los programas de alimentación escolar.
Senador Coloma: Perdón, Ministro, ¿y qué pasaría si no estuviera considerado aquí?
Si no existiera el informe financiero, estaría subestimando el costo y el efecto del aumento del ingreso mínimo. Pero eso no pasaría respecto de todo lo que el Estado licita. Hay pocos casos, probablemente ninguno, en el cual el ingreso mínimo como tal forme parte de un polinomio, aunque existen efectos indirectos. En la licitación de los contratos para la prohibición de alimentos se evidencia que, en ese sistema, se les indica a los adjudicatarios que, al contar con una estructura de costos –y habiendo ganado la licitación, lo cual implica un alto recurso–, ciertos ítems, como las remuneraciones, cuentan con la garantía del Estado; es decir, una vez que se realice el cálculo, si se reajusta el ingreso mínimo, el reajuste se aplicará al contrato. ¿No entienden?
Es más, en el contrato queda incorporado el efecto del polinomio. Por ello, hacía la pregunta, en la misma línea del senador Lagos: ¿ocurre esto solo en este caso? Porque si solo sucediera aquí, se trataría de una mención particular, pero yo tiendo a pensar que esto debe ocurrir en todas las licitaciones que hace el Estado, sean o no de esta índole. No existe, por ejemplo, ningún otro servicio subcontratado por el Estado en el que el ingreso mínimo tenga la incidencia que presenta en el caso de la Junaeb. Estamos todos familiarizados con la presencia permanente de las manipuladoras de alimentos en muchas discusiones presupuestarias; por cierto, durante el circuito del presupuesto todas las organizaciones están presentes. Así, no hay ningún contrato en el que el ingreso mínimo esté incorporado en un polinomio y tenga el peso que tiene en el caso de la Junaeb. La pregunta es si existe otro caso en que el Estado asuma el compromiso de que, si se produce esa diferencia, la absorba.
Además, hay otros beneficios en esta lista que probablemente tampoco estén legislados directamente en este proyecto, pero en los cuales sí repercute el hecho de que aumente el ingreso mínimo. Por ejemplo, en el subsidio previsional para los trabajadores jóvenes, que está fijado en función de ingresos mínimos; y respecto de la importación presupuestaria, recordemos que el Tesoro Público cuenta con varios programas presupuestarios en su interior. La partida del Tesoro Público incluye subsidios, como la asignación familiar y otros beneficios sociales, y el programa de operaciones complementarias, que tiene la provisión para financiamientos comprometidos, de donde se sacan los recursos para suplementar en situaciones como ésta.
En cuanto al subsidio PYME, en la Cámara se presentó un informe financiero complementario, el número 124, que complementa el número 110, resumido en el cuadro de la presentación. El 110 contiene el efecto del aumento de la asignación familiar, el subsidio único familiar –incluido el tema de la Junaeb–; y el informe financiero complementario agregó la referencia a los 10.000 millones de pesos, cifra que nos solicitó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que quedara consignada, en vista de que ese beneficio estaba redactado en forma de facultad con un gatillo determinado. Así, dicho monto quedó consignado tanto en el informe financiero complementario como en la presentación, donde posteriormente se hace referencia a los 10.000 millones de pesos.
Respecto del Observatorio, lo puede comentar a continuación el Ministro del Trabajo.
Ministro.
Bueno, muy buenos días, Presidenta, Senadores. Agradezco la pregunta, porque este fue un debate que desarrollamos de manera muy intensa en la Cámara.
Me gustaría partir diciendo que, en el caso particular de este observatorio, esto no implica la creación ni de un nuevo servicio, ni de observatorios como los que existen en el Estado en distintas entidades y ministerios, ni tampoco implica un crecimiento de la burocracia estatal. Son dos temas que se instalaron en el debate y que, al menos, quisimos explicar de manera extensa. ¿Por qué nos propusimos avanzar en la creación de este observatorio? Primero, porque permite fortalecer el Consejo Superior Laboral. Este es un observatorio que se anida dentro de una institución ya existente, que, como bien señalaba la senadora, tiene un funcionamiento que permite ir procesando y construyendo consensos de manera tripartita. Además, la gracia de que el Consejo Superior Laboral tenga un mandato legal es que obliga, de cierta forma, a las partes a procesar distintas cuestiones.
De hecho, en nuestra legislación actual, las leyes laborales están sometidas a que el Consejo Superior Laboral las evalúe. Sin embargo, dada la diversidad temática y de discusiones que debe afrontar, dicho organismo no cuenta con una función específica para observar el costo de la vida y su modificación. Por lo tanto, nos pareció relevante definir por ley esta experiencia, que ya tuvimos en el Consejo Superior Laboral durante el año anterior, la cual permitió abrir el debate técnico que cada año surge al discutir el salario mínimo. Se señala que este ajuste debería fundamentarse en ciertos insumos técnicos, informes y estudios; pero, para el momento en que se abre la discusión, gran parte de esos aportes se pierde, cuando podríamos contar con un organismo que mensualmente se dedique a construir estudios y elaborar informes.
En ese marco, proponemos el fortalecimiento del Consejo Superior Laboral, en un organismo que contará con la representación de los grandes empresarios, de las pymes y de los representantes de los trabajadores. Esto es relevante, pues se le confiere un mandato específico al Consejo Superior Laboral, permitiendo que los representantes de trabajadores y de empleadores puedan designar a sus delegados. Además, el carácter tripartito del observatorio no solamente posibilita que las contrapartes designen representantes técnicos para discutir las cifras, sino que también consolida un espacio propio para evaluar las diversas cifras presentadas por el Ejecutivo, las instituciones oficiales, la sociedad civil y los representantes empresariales y de los trabajadores.
Hemos sido testigos de situaciones en las que, en el debate, los representantes de los trabajadores presentaron una cifra A respecto a sus expectativas de salario mínimo, mientras que los empleadores ofrecieron una cifra B y las pymes una cifra C. Confiamos en que este organismo tendrá la capacidad mensual de procesar esa discusión y, por lo tanto, aportar insumos más precisos al momento de reajustar el salario mínimo cada año. Esta iniciativa constituye un legado de fortalecimiento del tripartismo, alineándose con las orientaciones de la OIT para dotar al Estado de instrumentos que propicien estos debates.
El proyecto, además, señala de manera clara que el único gasto fiscal incorporado en el informe financiero corresponde a las dietas de participación de los consejeros: los representantes de empleadores, de trabajadores y de las pymes. Los representantes del Gobierno son funcionarios de los ministerios, quienes no generan costos adicionales, ya que, como representantes técnicos, deben cumplir una serie de requisitos que demuestren su capacidad para integrarse al consejo. Se establece, precisamente, una dieta señalada en el informe financiero que asegura el mínimo sustento, seriedad y trabajo en el desempeño de sus funciones en el observatorio.
Consideramos que este es un espacio que fortalece al Consejo Superior Laboral, permitiéndole hacerse cargo de una discusión que siempre ha sido relevante en el Congreso: la necesidad de contar con insumos técnicos adecuados. Además, entendemos que las observaciones realizadas en esta indicación, que más adelante se discutirán, apuntan a la importancia de contar con dichos insumos. En ese sentido, no se trata de crear un nuevo servicio con funcionarios y burocracia, sino de establecer un organismo técnico y tripartito, en el que empleadores y pymes, actores que en ocasiones quedan al margen de este debate, puedan participar de manera efectiva.
Discusión del subsidio, pero ellos participan poco en la discusión de las cifras de costo de la vía, y además se contempla la creación de un observatorio que, por un lado, permitirá ver los ingresos y, por otro, observar las transferencias monetarias del Estado, de modo que se obtenga una versión más integral de salario e ingresos en esta materia. Entonces, eso es lo que fundamenta este observatorio y nos parece que puede ser un aporte sustantivo, entendiendo que, además, no implica la creación de un nuevo servicio ni el aumento del gasto en funcionarios públicos. Sí, vuelvo a insistir: tiene un costo, y creo que es bueno explicitarlo, ya que, por la ética del tripartismo, se generan condiciones mínimas de igualdad entre representantes técnicos de empleadores, trabajadores y pymes, evitando así que alguno de los actores disponga de la capacidad de colocar a sus técnicos mientras otros no lo tengan. Esa es la justificación del costo que figura en el informe financiero.
Gracias, ministro. Se ofrece la palabra.
Senador Coloma: Yo entiendo las explicaciones, pero la verdad es que, al escuchar todo lo planteado por el ministro —sobre la necesidad de bajar el gasto, reducir la burocracia y dotar de sentido a la institucionalidad— y considerando que hoy se tiene una localización que, según usted, funciona, y que la presidenta ha expuesto de buena manera, encuentro que resulta una señal completamente contradictoria, pues siempre hay un momento para crear más lógica de Estado. Por lo menos, yo no lo comparto; no aprobaré, presidenta, ese tipo de observatorios. Entiendo que puede haber un razonamiento distinto, pero la señal que debemos dar hoy no es buscar excusas para crear mayor institucionalidad. Aunque se dice que puede costar poco y las dietas no son muy altas, creo que existen 50 razones por las cuales, a veces, se considera necesario aumentar el número de funcionarios. Nuestra lógica debe ir en sentido inverso, hacia la creación de un Estado más eficiente, y dando la facultad a la estructura organizacional actual se cumple ese objetivo.
Ministro: Sí, presidente, quería referirme a la indicación suya con el senador Cruzcoque. Ahora, si la podemos tener en la pantalla. Entonces, la lámina siguiente —la que tienen los colegas en su escritorio— plantea que, en un plazo de seis meses, se informe en las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y del Senado sobre la evolución del costo de contratación de trabajadores dependientes. En particular, se señalan cuatro puntos:
Primero, la evolución del ingreso mínimo mensual nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo su impacto en el costo laboral para los empleadores, desagregado por tamaño de empresa.
Segundo, la evolución de las condiciones obligatorias y otros componentes que inciden en el costo de contratación.
Tercero, una comparación con los costos laborales totales en países de la OCDE, considerando distintas capacidades adquisitivas e incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano.
Y, por último, letra D: un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional.
Si vamos a la lámina subsiguiente, se presentan los datos correspondientes a los tres primeros puntos. Primero, se muestra la evolución del ingreso mínimo nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley. Aparecen las fechas en que se ha reajustado el ingreso mínimo, el reajuste nominal, el IPC desde la fijación anterior y la variación real. En el gráfico del medio, esos mismos datos se presentan en forma de índice, anclado en julio del 2024, fecha en la que se llegó a los 500.000 pesos mensuales. Se aprecia que, en un período de mayor inflación —como fue el 2022— se registró un aumento más acentuado del salario mínimo nominal, aunque el real no fue tan marcado debido a la alta inflación, sin dejar de crecer en ambos casos. Se observa, asimismo, que tras cada actualización del salario mínimo la inflación comienza a reducir su valor real y, al final del período, se evidencia cómo…
Con los dos reajustes que se incluyen en este proyecto de ley se llega a un valor real equivalente a los 500.000 pesos de julio del 2024 en términos de poder adquisitivo. En el balance, el aumento del ingreso mínimo nominal sería de 45,9% y el aumento real de 16,8%.
En la lámina siguiente se grafica cómo ha evolucionado el salario mínimo en términos reales, mostrando el manejo del valor de los 500.000 pesos de julio del 2024 y las variaciones promedio anuales del ingreso mínimo real.
En la siguiente lámina se presenta la evolución del porcentaje de la masa salarial que pagan las empresas a trabajadores con salario mínimo. Se observa que este porcentaje oscila, partiendo de cifras del orden del 7% (con un mínimo de 6,8% en años como 2015, 2007 y 2018) y llegando a 8,1% en comparaciones con 2022 o 2021 (antes de los incrementos del actual gobierno, que pasaría de 7,3% a 8,1%). Esto se ha calculado sobre la base de la información del seguro de cesantía.
Posteriormente, se muestra el porcentaje de la masa salarial destinado al pago de asalariados afectos al mínimo, diferenciando entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Se evidencia que, para todos, ha habido algún incremento, siendo más notorio en las microempresas, donde pasó de aproximadamente 24% a 26,1%, mientras que en las empresas grandes el cambio fue de 3,3% a 3,5%. Este comportamiento explica la implementación de subsidios para facilitar la aplicación del mínimo en las empresas de menor tamaño.
En la lámina siguiente se aborda la segunda pregunta, relacionada con las cotizaciones obligatorias. En el cuadro, específicamente en el gráfico de la derecha, se detalla el valor de estas cotizaciones por trabajador en relación con el salario mínimo, abarcando las cotizaciones para salud, accidentes del trabajo, seguro de cesantía (con diferenciación entre fondo de cesantía solidario y cuentas individuales), seguro de invalidez y sobrevivencia, la comisión de FP y la cotización AFP. Estas cotizaciones, representadas por la línea azul, no han mostrado cambios significativos durante este período; sin embargo, los ajustes más relevantes se han dado en el seguro de invalidez y sobrevivencia y en las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Mirando hacia el futuro, se anticipan aumentos más notables, ligados a la reforma previsional, que contempla una transición de entre 9 y 11 años para incorporar 7 puntos adicionales de cotización.
Finalmente, en la lámina siguiente se presenta lo solicitado en la letra C, que es una comparación con los costos en países de la OSD a distintos niveles de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano. En el gráfico de la izquierda se muestra la relación con el salario promedio, mientras que en el de la derecha se relaciona con el salario mediano. Se observa que, en el caso del salario promedio, Chile se sitúa en un punto intermedio (aproximadamente en el orden del 45%, como se comentó en la presentación de ayer), mientras que en el gráfico del salario mediano aparece una proporción más alta. Es importante recordar que, en Chile, esta relación se calcula sobre la base de la renta imponible, lo que implica que la estructura salarial se ve limitada por un tope en la renta imponible, diferencia que no se presenta en otros países.
En la lámina siguiente, hay una que mostramos también ayer, donde se compara el ingreso mínimo en valores absolutos, en dólares a paridad de poder de compra, con otros países de Sudamérica. Esto está tomado de un estudio de la Universidad Diego Portales. En el gráfico de la derecha se muestra lo mismo, pero como porcentaje del ingreso per cápita, que es lo que corresponde, porque, evidentemente, países con mayor ingreso per cápita pueden solventar ingresos mínimos en términos absolutos que son más altos. Entonces, en lugar de aparecer al tope de la tabla, Chile se sitúa más o menos en un punto intermedio y nuevamente aparece la cifra del 46%.
Respecto de las tres primeras preguntas, se puede ya responder, y no es necesario incorporarlo como una obligación para informar en los próximos seis meses. Lo que sí requiere más trabajo es el análisis del impacto del incremento del ingreso mínimo sobre el empleo formal, la informalidad y la estructura salarial en Chile. En la presentación de ayer se mostró evidencia internacional sobre el impacto del ingreso mínimo sobre el empleo, y se presentaron algunos hallazgos de estudios realizados en Chile; pero entiendo que lo que nos plantean la Presidenta y el senador Cruzco es que se elabore un estudio ad hoc para este caso.
A raíz de la indicación, hablé ayer con la representante del BID en Chile y ella señaló que el BID estaría disponible para hacer este estudio por encargo nuestro, e incluso se lo encargaría a la exjefa de la División Laboral del Departamento de Investigación del BID, Carmen Pallés, quien es una de las personas que más sabe sobre temas laborales en América Latina. Así, tendríamos ese canal para encargar el estudio. Esto lo podemos comprometer desde ya, ya que no es estrictamente necesario que esté en la ley. Se establece, pues, el compromiso y hemos tratado de hacer la diligencia debida para responder concretamente a esta propuesta.
En la lámina siguiente se muestra un primer esbozo de términos de referencia para lo que sería ese estudio, que es lo que nos pidió el BID, de modo que se lo enviaríamos hoy mismo, en la medida en que estemos de acuerdo. Esto sería, Presidenta, en relación a su indicación.
A ver, respecto de la indicación, ministro, usted muestra los datos de las tres primeras consideraciones que hemos pedido. En la última se establece un compromiso. Yo lo que sí estoy dispuesta a hacer es retirar las tres primeras letras, pero que se vote la última, ya que lo que se está pidiendo es un análisis de impacto de los incrementos del ingreso mínimo. Eso ustedes deberán presentar en el plazo establecido y, si además ya han sostenido conversaciones con el BID para respaldar lo planteado, nos parece fantástico, pero queremos que quede consagrado en la aprobación de la ley.
En cuanto de los otros temas abordados, ofrezco la palabra a mis colegas para ver cómo resolverlos en la votación de la comisión.
Senador Coloma: Gracias, Presidenta. Respecto a lo que planteé, y más allá del tema del Observatorio, en relación al polinomio, doy por bueno lo que me dice el ministro; tengo que creer que se trata del único caso, porque de lo contrario sería complicado. Perdón por interrumpir, pero sería bueno, además de lo que vamos a probar ahora, que el Ministerio se comprometiera a ratificar lo expresado, ya que, según las palabras del ministro –corríjame si no es así–, hasta donde él sabe, es el único caso. Entonces, que nos puedan informar si existiese otro, porque podría entenderse que es el único caso. Entiendo que se puede interpretar que, como regla general, cada vez que haya un salario mínimo habría que revisar el tema; a pesar de que, en el pasado, en ocasiones se ha hecho y en otras no, pero suponiendo que se trate del único caso… lo que sí, si quisiera pedir la votación separada o votar básicamente el tema del Observatorio, me parece que no habría una mirada casi unánime.
Senador Insur, senador Galilea.