En nombre de Dios y la patria se abre la sesión.
Actas: Las actas de las sesiones décimo novena y vigésima del año 2025 se encuentran en secretaría y en la plataforma Labor a disposición de su señoría para la aprobación hasta la próxima semana.
Cuenta.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la cuenta se han recibido 44 mensajes de su excelencia, el Presidente de la República. Con el primero y con el segundo se retira y se presenta la urgencia, calificando la discusión inmediata en relación con el proyecto de ley que indica, esto es, la que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades (boletín 17.042-15) y la iniciativa relativa a la muerte digna y cuidados paliativos (boletines 7.736 y 11, y otros refundidos). Con los 42 siguientes, se retira y se hace presente la urgencia, calificando de suma los proyectos de ley que se señalan. Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se ordena agregar los documentos a sus antecedentes.
Se recibe el oficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que se emite el parecer en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados, correspondiente al boletín 17.370-17. Se toma conocimiento y se ordena agregar el documento a sus antecedentes.
Informes de Comisiones:
Se presentan los informes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el contrato de buceo y actividades conexas (boletín 17.005-13); de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaídos en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo a las víctimas en los gobiernos regionales (boletín 16.132-06); de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el diseño y la accesibilidad universal en el mercado financiero, correspondiente a la ley 16.927-53; y de la Comisión de Hacienda, requerida en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes, correspondiente al boletín 17.508-05.
Queda para la tabla.
Proyecto de acuerdo – Parte 1:
De los honorables senadores, señor Insunza; señoras Carvajal, Gatica y Núñez; señor Ordenes, Progóstico y Sepúlveda; y señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Derramentería, Durresti, Durana, Edwards, Gaona, García, Huenchumilla, Cast, Keitel, Cusano, Vizcuchel, Lagos, Lato, Remoreira, Núñez, Provence, Piuc, Quintana, Saavedra, Sangüesa, Farnes, Elbel y Walker, se solicita a su excelencia el Presidente de la República que, de estar de acuerdo, presente un proyecto de ley para incorporar, entre las ventas y servicios exentos del impuesto al valor agregado, a las mercancías peligrosas y químicas que deban salir de áreas de zona franca para su transformación o destrucción final, correspondiente a la ley S. 2631-2.
Proyecto de acuerdo – Parte 2:
De los honorables senadores, señor Castro Prieto; señoras Evans Perger, Gatica, Sepúlveda y Vodanovic; y señores Bianchi, Chaguán, Coloma, Derramentería, Deuresti, Durana, Edwards, Espinosa, Gaona, Insunza, Cusanovic, Kuchel, Macaya, Moreira, Proenz, Piu, Quintana, Sandoval, Sanhuesa, Fandeselberg y Walker, se solicita a su excelencia el Presidente de la República que, en su mejor juicio, presente una iniciativa de ley con el objeto de fortalecer el control interno en las municipalidades mediante un órgano que dependa funcionalmente.
jerárquicamente de la Contraloría General de la República en las condiciones que indica, correspondiente a boletín S-2632-12. Quedan para ser votados en su oportunidad. Gracias, presidente.
Vamos a aprovechar de saludar a la visita. Tenemos a 29 alumnos del primero medio del colegio de la Greta de Puchuncabí. Bienvenidos a todos acá. Y también tenemos una delegación del colegio Reina Inmaculada de Isla de Maipo. Isla de Maipo. Saludos, segundo medio. Región Metropolitana.
Senador Castro, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Señor presidente, quisiera saludar también a los dirigentes nacionales de los suplementeros de Chile, que a nivel nacional son más de 4.000 y que el 25 de mayo pasado celebraron su Día Nacional. Hoy nos acompañan en la tribuna: Larry Abarca Román, presidente; Raquel Cisterna Vázquez, secretaria; Raúl Retamal Fontesía, tesorero; Luis Raúl Díaz Arias, primer director; y Raquel Robles Canelo, segundo director. Ellos se encuentran solicitando apoyo para que se les reconozca como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Se encuentran en la gradería, presidente, y la verdad es que merecen todo nuestro cariño y todo nuestro aprecio. Un saludo a todos los suplementeros aquí por el senador Juan Castro, el gran lector de su diario.
Vamos a suspender por 10 minutos, porque cito a reunión de comité.
Continuamos. Secretario, necesito autorización para que ingrese el subsecretario Facundo Nicolás. ¿De acuerdo, ministra? Gracias, Presidente.
El Presidente pone en discusión el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes que indica, correspondiente al boletín número 17.508-05.
El Ejecutivo se presenta en urgencia para su despacho, calificando la discusión como inmediata. Este proyecto de ley tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar.
Asimismo, se establece un subsidio temporal de carácter mensual a los empleadores para el caso en que la variación en el monto del salario mínimo, a partir de enero de 2026, sea superior a la inflación efectiva del año 2025. Además, busca incrementar los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo a fin de estabilizar el precio del kerosene doméstico.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratar el proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez. La referida comisión deja constancia de que aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores, señora Rincón y señores Coloma, Galilea Insunza y Lagos. En particular, fue sancionada con las modificaciones y votaciones que registra en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 60 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Cabe señalar que el Ejecutivo…
Ha presentado dos indicaciones al texto de iniciativa: una primera indicación para incorporar un artículo 12 y una segunda indicación para incorporar un artículo primero transitorio, las cuales se darán a conocer y se someterán a la consideración de la sala y votación en su oportunidad. Esto es todo, señor presidente.
Senador Rincón, usted hace el informe. Tiene la palabra.
Gracias, Presidente.
El proyecto de ley de reajuste de ingreso mínimo mensual y la modificación de otras leyes está en el Boletín Nº 17.508-05 y me corresponde, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, informar sobre la tramitación de este proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y que modifica otras leyes, como el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y la Ley de Relaciones Laborales.
Este proyecto, Presidente, fue discutido con urgencia calificada a discusión inmediata, fijada por el Ejecutivo, en sesiones celebradas los días 27 y 28 de mayo. En ambas jornadas, la Comisión escuchó a los ministros de Hacienda que nos acompañan en esta sesión, así como a sus equipos técnicos y asesores, y se analizó en profundidad tanto el contenido del proyecto como sus efectos económicos, sociales y fiscales.
Sobre el contenido del proyecto, Presidente, destaco lo siguiente:
Primero, se establece un reajuste escalonado del ingreso mínimo mensual, con un primer incremento a 529.000 pesos a partir del 1 de mayo de este año y un segundo aumento a 539.000 pesos desde el 1 de enero de 2026. Este reajuste se aplica, además, proporcionalmente al ingreso mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como para efectos no remuneracionales.
Segundo, se reajusta la asignación familiar y el subsidio único familiar, comprometiéndose el envío de un nuevo proyecto de reajuste antes de mayo de 2026, previa consulta al Consejo Superior Laboral.
Tercero, se establece un subsidio transitorio para las MIPYMES, activándose en caso de que el reajuste de enero de 2026 supere la inflación acumulada de 2025. Este subsidio beneficiará a personas naturales, jurídicas, comunidades y cooperativas que cumplan con los requisitos definidos por el reglamento, con un marco presupuestario previsto de hasta 10.000 millones.
Cuarto, el proyecto contempla la creación del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, autorizando al Ministro de Hacienda a incrementar el fondo en hasta 25 millones de dólares, con el fin de asegurar que el precio del kerosene doméstico se mantenga cercano a los 1.050 pesos por litro durante el año 2025. Se introduce además una modificación a la Ley 20.940 para establecer una nueva línea de fondos de formación sindical, que asegure que al menos el 40% de los recursos se destine a iniciativas directamente impulsadas por organizaciones sindicales, y se crea la institución del Observatorio de Ingresos y Costos de Vida como una instancia técnica tripartita dependiente del Consejo Superior Laboral, con funciones de evaluación de ingresos familiares, elaboración de informes y generación de insumos técnicos para la política pública.
Presidente, este proyecto fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, debo dar cuenta de los principales puntos que surgieron durante su análisis y aquellos que no fueron acogidos por la misma, especialmente en relación con el subsidio para las MIPYMES.
Respecto al subsidio para las MIPYMES, se consultó expresamente si el gasto potencial que generaría estaba contemplado en el informe financiero. El Ejecutivo explicó que, dado que el subsidio se aplicará en 2026, debe considerarse en la ley de presupuesto que se discutirá para ese año. Aun así, se solicitó mayor claridad en la redacción legal, particularmente en lo referente a los artículos transitorios.
En la Comisión manifestamos nuestra preocupación en torno al subsidio propuesto para las MIPYMES, que busca compensar la diferencia entre el reajuste del salario mínimo de enero de 2026 y la inflación acumulada del año anterior. Si bien valoramos el principio de apoyo a las pequeñas empresas, que son las más vulnerables a estos ajustes, advertimos que el diseño del subsidio depende de una activación futura, sin que exista hoy certeza absoluta sobre su costo o financiamiento efectivo. El informe financiero menciona un marco de hasta 10.000 millones, pero se reconoce que este gasto debe incluirse en la ley de presupuesto del año 2026. Se destacó, además, la necesidad de establecer mecanismos más robustos de proyección y activación presupuestaria que aseguren la transparencia y la sostenibilidad de este tipo de subsidios contingentes.
Por último, respecto al impacto del reajuste en la programación de alimentación escolar (JUNAEB), se discutió extensamente la activación automática de un polinomio de reajuste incluido en los contratos, lo cual implica mayores pagos sin necesidad de modificación.
El articulado legal. Algunos senadores manifestaron dudas sobre si este mecanismo puede replicarse en otros contratos estatales y pidieron precisión para evitar subestimaciones del costo fiscal. El Ejecutivo accedió a hacer la revisión completa de esta situación, por cuanto expresó no tener otros efectos más que los que se consideraron en la ley. Sobre la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de Vida, fue uno de los puntos más debatidos. Si bien compartimos la necesidad de contar con información técnica de calidad para sustentar las políticas salariales del país, sostenemos que la institucionalidad ya existe, particularmente el Consejo Superior Laboral y el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, quienes podrían asumir dichas funciones con mejoras sin necesidad de crear una nueva estructura. El Ejecutivo argumentó que este observatorio será una comisión técnica dentro del Consejo Superior Laboral, con representación tripartita y sin aumento de planta ni presupuesto significativo, lo cual reduce las aprensiones. Sin embargo, en la ley se consideraba la creación de cargos remunerados para estos efectos; advertimos incluso que era un gasto fiscal limitado. En el escenario actual, el crecimiento institucional debe ser evaluado con criterio de necesidad y eficacia, más aún en contextos de estrechez presupuestaria.
Quisiera destacar también que la Comisión aprobó una indicación que presenté junto al senador Cruzcoque, con modificaciones acordadas, para que el Ministerio de Hacienda y Trabajo informe, en el plazo de ocho meses, el impacto del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad y la estructura salarial nacional. Esta información permitirá tener un análisis técnico serio para las futuras decisiones en esta materia. En cuanto a indicaciones y votaciones, se aprobó una indicación de los senadores Rincón y Cruzcoque, con modificación, que es la que ya he señalado. Se solicitó votación separada para la creación del Observatorio de Ingresos, quedando rechazada por mayoría, y el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, salvo lo referido al Fondo de Formación Sindical, que fue rechazado por mayoría, debido a las modificaciones propuestas en la forma de distribución, lo que consideramos innecesario abordar en la ley. Es todo cuanto puedo informar, Presidente.
Muchas gracias. Le damos la palabra al Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Muchas gracias, Presidente. Este proyecto, que está para votación hoy en la Sala del Honorable Senado, corresponde al cuarto proyecto de esta misma naturaleza que se presenta durante la administración del Presidente Gabriel Boric. El anterior incluyó solamente reajustes de beneficios, dado que en el año previo se había definido un incremento del ingreso mínimo distribuido en dos años. De esta manera se completa un ciclo en el cual, cada año, los proyectos de ley sobre reajuste de ingreso mínimo y de beneficios han llegado con acuerdo con las organizaciones de trabajadores y, en particular, se han ido constituyendo y desarrollando de forma que se asemejan a una política de ingresos, es decir, con un criterio que define hacia dónde se quiere llegar y a través de qué instrumentos. Nos parece que esos son avances importantes que valoran y relevan el diálogo social, al mismo tiempo que enfatizan el aporte de las organizaciones de trabajadores del sector público y de la economía, marcando el mapa de fondo para lo que es este proyecto.
En el proyecto se reajusta el ingreso mínimo en los montos señalados por la presidenta de la Comisión, a través de dos medidas: a partir del primero de mayo del 2025, lo que, en caso de un tercer trámite, significa que habrá un pago retroactivo con las remuneraciones de junio, dado que no alcanzaría a convertirse en ley antes de fin de mes; y, por otra parte, a contar del primero de enero del 2026, se aplicará un incremento adicional para llegar a los 539.000 pesos. Esto significa que, en mayo del 2026, el ingreso mínimo contará con el mismo poder de compra que cuando se alcanzaron los 500.000 pesos, meta que formaba parte del programa del gobierno del Presidente Gabriel Boric y que se logró en julio del 2024. Es decir, no solamente se adelantó el logro de una meta establecida en el programa de gobierno.
Sino que además se aseguró que, una vez alcanzada esa meta, ésta no se vería deteriorada por la inflación durante los años siguientes. El hecho de que el incremento del ingreso mínimo nominal tenga estas características implica, a la vez, que respecto de toda la discusión sobre los efectos del ingreso mínimo sobre el empleo y la economía —en circunstancias de mantener el valor real del mismo— tenga una importancia probablemente menor que en otras oportunidades, donde ha habido un incremento significativo, como fue el hecho de llegar a los 500.000 pesos.
Sin perjuicio de ello, hemos estado de acuerdo con lo planteado en la indicación patrocinada por la propia presidenta de la Comisión, la senadora Rincón, por su intermedio, junto con el senador Cruz Coque, para entregar un estudio sobre los impactos del ingreso mínimo sobre la economía, el empleo y la actividad, cuestión que, ya preliminarmente, hemos acordado que se realice con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
El incremento del ingreso mínimo beneficiará directamente a alrededor de 900.000 trabajadores, 950.000 en todo el país; beneficiará especialmente a mujeres, que están más afectadas de manera proporcional, y a trabajadores de empresas de menor tamaño que muchas veces tienen menor poder de negociación. Por esa misma razón, el proyecto contempla un mecanismo de compensación para aquella parte que exceda de la inflación a partir de 2025, lo cual se aplicaría a comienzos de 2026.
En lo que se refiere a la asignación familiar, al subsidio único familiar y maternal, este proyecto de ley contempla beneficios para 2.200.000 cargas familiares, cifra que a su vez se vio incrementada por las decisiones adoptadas en anteriores proyectos de esta misma naturaleza, al darle carácter automático al aumento de cobertura del subsidio único familiar en base a la información del Catastro Nacional de Hogares.
Junto con esto, el proyecto refleja otras materias que fueron objeto de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. Entre ellas se encuentran los dos temas mencionados por la presidenta, que fueron rechazados en la Comisión, pero para los cuales hemos presentado una indicación a fin de reponerlos, buscando fortalecer la institucionalidad en torno a la discusión y a la fijación del ingreso mínimo. Muchas veces se ha reclamado la necesidad de contar con referentes para fijar el ingreso mínimo y tener una perspectiva a más largo plazo, y eso es lo que se busca lograr con la institucionalización de este Observatorio de las Remuneraciones y del Costo de Vida, al amparo del Consejo Superior Laboral. Con seguridad, el Ministro del Trabajo podrá referirse a esto durante el curso de la discusión.
De esta manera, Presidente, la verdad es que estamos muy satisfechos con lo avanzado durante todo este período en materia de mejora del ingreso mínimo, en el cumplimiento de los compromisos y metas fijados, en el respaldo del diálogo social logrado con los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores y en la construcción de una institucionalidad más robusta que apoye este tipo de decisiones en el futuro. Eso sería por mi parte, Presidente.
Gracias, Ministro. Le damos la palabra al Ministro del Trabajo.
Gracias a todos los senadores y senadoras. Bueno, tal como señalaba también el Ministro de Hacienda, es necesario valorar la política salarial que se ha ido construyendo en estos cuatro años, no solamente a partir de este proyecto de ley de reajuste del salario mínimo, que, como bien se explicaba, permitirá no solo cumplir con el compromiso programático del presidente Boric de alcanzar un salario mínimo de 500.000 pesos, sino también mantener el poder de compra de los trabajadores en los próximos meses. Es en ese marco que este proyecto de ley da cuenta también de un horizonte normativo que, en su momento como gobierno, nos trazamos, que era avanzar a que un salario mínimo de una familia promedio en Chile que estaba afecta al salario mínimo, que además recibe...
Recibe las asignaciones familiares y, a propósito, también las políticas sociales que incluye este proyecto de ley, descontando, obviamente, los descuentos legales, las gratificaciones y otros elementos, lo que permite que las personas que perciben un salario mínimo estén por encima de la línea de la pobreza. En el año 2022, una persona se encontraba dos puntos por debajo de dicha línea con un salario mínimo de 350.000 pesos, y hoy, con el proyecto de ley que se está proponiendo, para el año 2025 esa diferencia se eleva a 17 puntos. Esto permite no solamente trazar un número asociado a ciertos parámetros del mercado laboral, de la inflación y del crecimiento, sino también marcar un norte normativo y evidenciar la relevancia de las políticas de salario mínimo, así como el diálogo social establecido con las organizaciones de trabajadores.
En segundo lugar, y como ha sido característico de otros proyectos, este ha mostrado responsabilidad económica tanto en la gradualidad de los incrementos del salario mínimo como en la incorporación de medidas que acompañen a las pymes. Gracias a ello, cientos de miles de trabajadores del sector pueden mantenerse en sus puestos mediante el subsidio otorgado en el proyecto, cuyas características ya han sido señaladas.
En tercer lugar, es importante destacar que este proyecto de ley ha mantenido un sólido marco de diálogo social con la Central Unitaria de Trabajadores. En ese contexto, se presentaron dos propuestas por parte del Ejecutivo, las cuales fueron rechazadas por mayoría en el debate de la Comisión, pero que consideramos relevantes para mencionar en esta sala. La primera corresponde a la creación de un observatorio de ingresos y costos de la vida, que a nuestro juicio constituye un fortalecimiento del Consejo Superior Laboral, órgano tripartito en el que participan trabajadores y empleadores. Se requería un instrumento específico para monitorear el costo de la vida y procesar este debate a lo largo de un año, con representación de trabajadores, empleadores y pymes, y así construir acuerdos políticos en torno a las cifras de ingresos y costos. Cabe señalar que este observatorio no implica la creación de un organismo distinto, sino el fortalecimiento del Consejo Superior Laboral, sin añadir burocracia ni personal, y asegurando la equidad de las contrapartes para que trabajadores, pymes y grandes empleadores cuenten con condiciones de debate equilibradas frente al Ejecutivo.
Finalmente, entendiendo que el diálogo social es fundamental para la cohesión, la comunicación y el fortalecimiento de la democracia, se propuso reforzar la línea del fondo de formación sindical. Este fondo ya cuenta con dos criterios establecidos por ley: uno que exige una distribución regional del 40% y otro que asigna un 20% a empresas de menor tamaño. Además, se incorporó una línea particular para que, preferentemente, las organizaciones sindicales puedan acceder a dichos recursos, ya que, en ocasiones, estos fondos terminan siendo captados por universidades u otras organizaciones de la sociedad civil. Aunque esto no necesariamente resulta negativo, impide que sean las propias organizaciones sindicales las que fortalezcan a sus dirigentes y mejoren los procesos de negociación. En términos de balance, creemos que el país y este Congreso han transitado de manera transversal y mayoritaria por un camino de salario mínimo que hoy permite afirmar que una persona con dicho ingreso puede superar el umbral de la línea de la pobreza. Este acuerdo, ajustado a la realidad económica del último año, se ha establecido con responsabilidad, manteniendo el poder de compra y el poder adquisitivo de alrededor de 900 a 950 mil personas afectadas por el salario mínimo, al mismo tiempo que se protege a las empresas de menor tamaño y se dotan mejores instrumentos para que el diálogo social y el tripartismo sean la base de la construcción de futuros acuerdos.
...políticas salariales, sino que políticas sociales que vayan en beneficio de las grandes mayorías del país. Eso, presidente. Gracias.
Solicito autorización para que presida un par de minutos el senador Coloma, y tiene la palabra la señora Yarna Proboste. Sí, ahí lo solicité: la senadora Proboste pide abrir la votación. ¿Está de acuerdo, don Francisco? Ya se abre la votación. Y le ofrezco la palabra a la señora Diana Prost.
Entonces, don Juan Ignacio La Torres tiene la palabra en votación. Gracias, Presidente.
Bueno, por su intermedio, quiero saludar al Ministro de Hacienda y al Ministro del Trabajo que nos acompañan. Es importante valorar que estemos votando este proyecto, este nuevo reajuste, articulado en un acuerdo y diálogo social con la CUT, que incorpora dos reajustes: uno en mayo, de 529 mil pesos, y el otro, el primero de enero, de 539 mil pesos. Además, cuenta con apoyos que han sido parte de una política permanente de apoyo a las pymes y a las cooperativas.
Lo fundamental es que este aumento del salario mínimo no implique una dificultad en el empleo, ya que sería un contrasentido. Por tanto, se van generando políticas —esto creo yo es parte de la política social— que hacen que el país, a la medida que va creciendo (aunque sea un crecimiento lento y bajo en indicadores macro), experimente un crecimiento positivo. Esto se traduce también en un alivio para las familias trabajadoras de nuestro país.
Sabemos que hay un conjunto importante de familias que viven con el salario mínimo, y que existe otro porcentaje de la fuerza de trabajo que, estando por encima, se encuentra muy cerca de ese umbral. Es un grupo de familias al que esta política afecta de manera directa.
Me preocupa que se haya rechazado una indicación que, si bien no era necesariamente el corazón del proyecto, me parece importante: la creación de un observatorio, con un diálogo tripartito, que esté permanentemente monitoreando los indicadores del costo de la vida, apoyado en un Consejo Superior Laboral encargado de analizar ingresos, poder adquisitivo, el bienestar de los trabajadores, la canasta básica y demás insumos, para que esta política pública de equidad y calidad de vida tenga sostenibilidad en el tiempo. Lamento que esto no se haya aprobado en la Comisión de Hacienda y espero que en el futuro se pueda incorporar, ya que considero fundamental que el país acepte de forma permanente el diálogo social entre gobierno, trabajadores y empresarios, para ajustar justamente el salario mínimo y mejorar el bolsillo de las familias trabajadoras.
Asimismo, cuando surjan situaciones de crisis, como las internacionales que impactan determinados productos de la canasta básica o el precio del consumo cotidiano de las familias chilenas, se deben buscar fórmulas y alternativas que permitan mitigar esos efectos a tiempo.
En ese sentido, es importante contar con este tipo de observatorios y, finalmente, con la modificación al Fondo de Formación Sindical de Relaciones Laborales Colectivas. Espero que esa propuesta, en otro proyecto, pueda llevarse adelante. Es bien significativo el compromiso programático del gobierno de llegar a los 500 mil pesos: ese compromiso ya se cumplió, y se sigue ajustando, especialmente en este último año de gobierno, con un aumento importante y significativo, producto del diálogo social con las y los trabajadores organizados en la CUT, e insisto, con apoyo también a las pymes y a las cooperativas.
Voto a favor, Presidente. Muchas gracias.
A continuación, gracias al Senador La Torre, al Senador Juan Castro y a Juan Antonio Coloma. Ah, Juan Castro, tiene usted la palabra, Juan Castro. Cuidado con tropezarse, por favor; no hay seguro aquí.
Presidente, todos los años, cuando se abre la oportunidad de hablar del salario mínimo, yo he dicho lo siguiente.
Hoy día tenemos mucha tecnología, hay fórmulas, hay algoritmos y yo creo que no corresponde que nosotros tengamos que ver el tema del salario mínimo. Debe haber una fórmula que permita, por sí sola, llevar a un reajuste este valor, porque es doloroso, por un lado, que se suba tan poco el salario mínimo. Además, en años anteriores he escuchado que se genera un tremendo comentario de que los gobiernos son los que más suben el salario mínimo, cuando en realidad ni siquiera se incrementa el costo de la vida. Por eso, creo que no corresponde que los senadores tengamos que estar en este trámite.
Este es un tema que debe regirse por una fórmula relacionada con el costo de la vida: tenemos el IPC, la UF, el costo del petróleo y, muchas veces, la falta de trabajo. El algoritmo para desarrollar el alza del sueldo mínimo —el reajuste del sueldo mínimo— debería fundamentarse en aspectos técnicos y no en criterios ideológicos, de manera que no recaiga en una sala nuestra la responsabilidad de decidir el incremento para que lo pague otro, ya que nosotros no pagamos el salario mínimo. El Estado, por lo general, no lo abona; son los privados y, en especial, las pequeñas empresas quienes asumen este costo.
Por ello, aunque yo voto a favor de un reajuste—nadie se negará a un aumento, incluso si es mal calculado—me encantaría, señor presidente, que el señor ministro de Hacienda deje un legado en la historia de este país, generando una fórmula justa y correcta, sin aprovechamiento y evitando que sean los políticos quienes decidan el valor para que otros lo paguen. Muchas gracias.
Aprovecho para saludar a una delegación de la Universidad del Paraíso: estudiantes de Relaciones Públicas de primer, segundo y tercer año, invitados por el senador Rementería. Bienvenidos.
Ofrezco la palabra al senador Juan Antonio Coloma.
Gracias, presidente. Este tema del salario mínimo, obviamente, es largamente discutido año tras año y tiene dos características especiales. Primero, fija un marco en el que se hace una excepción al libre precio del trabajo, pues se busca establecer un mínimo que permita, en la medida de lo posible, garantizar una vida digna. Aunque no son lo mismo, la discusión sobre la vida digna y el salario mínimo se relaciona en esa lógica.
Quiero señalar, a través del intermedio del ministro de Hacienda, que desde esta bancada siempre hemos hecho fe de la importancia de que el Ejecutivo fije este monto; lo hemos hecho en distintas ocasiones. Efectivamente, el Estado suele no pagar el salario mínimo, si bien algunas prestaciones se calculan en base a él, y en definitiva, la paga recae en la pequeña empresa —y en ocasiones también en empresas de mayor tamaño. Este ajuste entre empleo e ingreso es muy complejo y se presta al campo de la demagogia, por lo que hemos tratado de mantener la confianza en que, al presidir el país, se fije el marco adecuado, que represente el máximo posible dentro de una lógica de productividad e interés económico y, adicionalmente, que las señales emitidas sean las correctas. Lo peor que se podría decir es que, por subir el salario mínimo, se genere un desempleo mayor; de ahí la complejidad de esta difícil ecuación, sobre la cual hemos conversado y planteado en la Comisión de Hacienda para que sea lo más adecuado.
En todo caso, en la eventualidad de que el salario mínimo deba reajustarse a partir de enero, y conforme a determinadas fluctuaciones del IPC, a 539.000 pesos se gatilla el Fondo Especial de Cargo Fiscal para ayudar a la pequeña empresa a pagar este ingreso.
Esto fue un tema largamente discutido hace dos años atrás, que creo que ayuda particularmente a aquellos que son más difíciles de pagar, para que lo que debería ser una buena noticia no tenga un impacto negativo. Y nosotros, en este espacio, hacemos honor al esfuerzo de tener una lógica positiva y de enviar señales importantes en la economía, a pesar de que, obviamente, ya hemos recibido, por parte de pequeñas empresas, preocupaciones respecto a qué puede significar esto en el empleo.
Pero quiero dedicarme a otro tema; por eso, en cuanto a señales, yo hablé con la misma convicción. Creo que la señal que está dando el gobierno al establecer e insistir en el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida de los Trabajadores va en el sentido exactamente inverso. Si hay algo claro en nuestro país, es que tenemos que tratar de reducir el gasto público y enfrentar problemas de estrechez fiscal. El CFA lo ha dicho hasta el cansancio, y algunos podrían señalar, de forma explícita, lo indispensable que es la autoridad y la necesidad de recortar gastos del Estado.
Así se plantea la discusión con el Ejecutivo: cuánto se recorta y cuánto se ajusta, porque es parte de la economía; los ingresos estimados por el Ejecutivo son mayores de los que se han recaudado, lo que genera un déficit complejo, especialmente considerando la eventualidad de la deuda y los intereses que ésta supone. ¿Por qué digo esto? Porque, junto con el salario mínimo, está el Observatorio de Ingresos y Costos de Vida de los Trabajadores. Se podría decir, de manera escueta, que este observatorio genera nuevos funcionarios o gastos públicos para una actividad en la que ya existe una institucionalidad establecida, ya que hay un organismo del Estado que se ocupa de materia laboral. Asimismo, he visto decenas de universidades que realizan estudios en este ámbito, por lo que no habría problema en establecer convenios.
Generar observatorios para una función ya existente y crear nuevas institucionalidades que impliquen nuevos gastos me parece completamente un contrasentido con la señal que debía darse en el ámbito público. Por eso, nosotros hemos rechazado esa señal, pues hoy en día existe un organismo financiado por el Estado que cumple objetivos asimilables. Y si se trata de mejorar los estudios, no cuesta nada asignar esa función; además, hay decenas de universidades públicas y privadas que ya lo realizan de forma permanente.
Debemos ser muy cuidadosos con estas señales. En este momento, en que la economía se encuentra en una situación compleja a nivel mundial—y con una mayor consideración en Chile—la señal que se está dando no es la de restringir gastos, sino la de aumentarlos y, con ello, incrementar las funciones públicas, lo cual va en sentido contrario a lo que se necesita. Por ello, he procurado ser equilibrado. Por un lado, valoro que se haya fijado un salario mínimo y que se haya abierto una conversación amplia con las distintas institucionalidades. Espero que esto se refleje en la economía real y que no genere problemas de desempleo, confiando siempre en quienes tienen la responsabilidad de defender el bien público. Sin embargo, me parece que la señal del Observatorio va exactamente en el sentido opuesto a lo que deberíamos mostrar en la economía del país.
He dicho, Presidente. Tiene la palabra el senador Fidel Espinosa.
Muy brevemente, Presidente: señalar que, claramente, siempre cuando se trata de discutir el tema del salario mínimo, lamentablemente vamos a quedar, obviamente, por debajo de las expectativas que todos deseamos. Sabemos que se han hecho esfuerzos importantes desde el Ejecutivo para ir cumpliendo los compromisos de gobierno, pero es innegable que hablar de cifras y de guarismos, cuando vemos que las condiciones y la vida de las personas se encarecen día a día, resulta difícil situar esta discusión en la realidad vivida. A medida que nos alejamos de Santiago, se evidencian más problemáticas; los productos, las cuentas de la luz, el agua y todo lo relacionado con el mantenimiento de un hogar son mucho más caros.
Desde ese punto de vista, es importante hacer un llamado al Gobierno para que avance en la iniciativa que, de una u otra manera, también contribuya a mejorar la situación en zonas aisladas, sobre todo.