¿A qué se abre la sesión? Presidenta, tenemos en la cuenta un informe elaborado por la investigadora del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Truffelo, titulado “Tres casos de políticas de cuidados, normativa, grupos beneficiarios y beneficios asociados en Canadá, Países Bajos y Uruguay”. Asimismo, se recibió hoy en la mañana una minuta acerca de las preocupaciones de la Fundación Ronda en relación al proyecto de ley que está en tabla el día de hoy. También tenemos solicitudes de audiencia, a pesar de que en la sesión anterior se había dicho que no se continuarían con ellas. Dichas solicitudes corresponden al Centro UC de la Familia, al Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y a la comunidad de organizaciones solidarias.
Senadora, senador, la vez pasada quedamos de acuerdo en que no íbamos a recibir más solicitudes de audiencia para poder votar en general hoy, ya que teníamos programadas cuatro exposiciones y, luego, la votación. No sé si debemos respetar lo que acordamos o abrir la sesión para que estas tres agrupaciones se expongan, lo cual implicaría que la exposición se trasladaría a la próxima semana, y que, en consecuencia, no podríamos votar hoy sino el próximo martes.
Sí, Presidenta, yo creo que es sumamente relevante tener espacio para escuchar a todos y a todas, sobre todo a las organizaciones. Sin embargo, considero que, dado que ha sido una característica de su presidencia este año el atender a numerosas organizaciones, lo más prudente es solicitar que las entidades pendientes envíen una nota o información por escrito, y proceder a votar en general el proyecto hoy. Ese es el compromiso y el acuerdo que se estableció, y estoy a favor de mantenerlo.
Por lo tanto, pedimos que se nos envíe la exposición y la minuta, y votamos hoy en general tal como se acordó la semana pasada. ¿Están de acuerdo? Sí, por favor.
Y esa clasificación está disponible también para realizarla. En coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública, se trabajará para que en aquellos establecimientos de mayor riesgo se cuente con un punto de atención policial. Esto se aplicará en centros hospitalarios y en centros de atención primaria de alto riesgo. En lugares de riesgo moderado o bajo se incrementará la presencia policial, ya sea mediante rotas o acciones en el entorno. Es importante agregar que la presencia policial no es la única medida de prevención, ya que se está trabajando con los directivos y con las mesas de gremio en cada territorio para implementar medidas que permitan prevenir a través de la capacitación a los funcionarios y fomentar el trabajo con la comunidad, puesto que muchas veces esta última también ayuda a defender al personal de salud. Asimismo, como funcionarios de la salud, no hacemos distinciones en el trato hacia quienes trabajan en zonas de mayor riesgo, pues nuestro servicio atiende a todas las personas, independientemente de cualquier criterio.
Muy buenos días. Nuestro primer expositor es Pedro, no, José Pérez de la ANEF. Por siete minutos, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Saludo con reconocimiento a las senadoras y senadores de esta importante Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, y a todos los presentes; también al equipo de la ministra, a los movimientos sociales como 8M, a nuestros compañeros en Londra y a la coordinadora de nuestra región de la Internacional de Servicios Públicos, junto a militantes sindicalistas que han apoyado este importante proyecto de ley.
Estoy aquí, Presidenta, y por su intermedio concurro en la misma línea que nuestra organización afiliada a SOFUMI, la asociación sindical de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde nuestra compañera presidenta Galester Campos, hace un par de semanas, expuso desde la perspectiva de los trabajadores que ejecutan la política pública en dicho Ministerio la importancia de esta ley.
En primer lugar, se ha destacado la necesidad de avanzar en medidas que beneficien a las cuidadoras y cuidadores de nuestro país, especialmente en lo que respecta a los procesos de contratación. Esta medida representa un avance importante y una madurez en el rol del Estado en el ejercicio de sus funciones públicas. Confiamos en que esta ley, durante el actual periodo de gobierno, pueda ver la luz, contando con todos los aportes de las propias cuidadoras y cuidadores que están organizados en sus agrupaciones territoriales y con todos los elementos que enriquecen este debate democrático en esta comisión. Esto es fundamental para reconocer el trabajo que durante muchos años ha sido invisibilizado, especialmente el realizado por las mujeres, como lo demuestran los datos.
El sistema de Naciones Unidas ha declarado las 5R; ya es conocimiento público. Sin embargo, desde la ejecución de la política pública, quisiera reforzar lo que expresó nuestro compañero Lester Campo en la exposición anterior, presidente, por su intermedio, que nos está escuchando. Con su intervención se deja en claro que la política queda limitada: esa ley, que uno la ve como una expectativa positiva, maciza y robusta, en la práctica debería contemplar que no sean solamente 12 personas, según lo que deberá considerar el informe financiero. Este es un temazo que tenemos también en el debate sobre la relación de contraparte con el gobierno y con todos los gobiernos, en materia de la falta de financiamiento para ejecutar una buena política pública. No lo decimos desde un punto de vista negativo, sino como una oportunidad, y creo que, antes de que sea ley, es fundamental considerar la voz de las y los trabajadores del Mideso y que ayuden a profundizar el nivel de madurez de una buena política pública, en aquello que hoy esperan las cuidadoras y cuidadores de nuestro país.
Quisiera también ser muy enfático en señalar que existen situaciones que, al menos, llaman la atención desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, la dependencia de la Secretaría de Evaluación Social guarda una relación con la Secretaría de Apoyo y Cuidado, aunque son distintas desde el punto de vista administrativo y, de alguna forma, los servicios que prestan también difieren. Asimismo, la Secretaría de Servicios Sociales, representada por su CRM a nivel territorial, y el Comité Regional de Apoyo y Cuidado, abordan desde sus respectivos ámbitos lo que todos esperamos. Esto no es nuevo, lo expuso muy bien nuestro compañero Lester Campo.
En cuanto a la precisión de la votación, si quisiéramos puntualizar los énfasis, es importante resaltar que, si bien se cuenta con el apoyo de los sindicales –no en defensa corporativa– nosotros abrazamos el sindicalismo sociopolítico que aboga por un Estado más cercano, profesionalizado, moderno y amigable. Con nuevas leyes como ésta, solo queremos avanzar; sin embargo, si no se alcanza la votación suficiente, presidente, senadores, veremos limitada la ejecución de la política pública.
Efectivamente, se trata de otra ley que vamos a saludar y a festejar, en especial a los cuidadores y cuidadoras de nuestro país, pues enriquece el debate democrático en este espacio del Senado y, en particular, en esta comisión, algo que no podemos omitir. Así mismo, tenemos un ejemplo empírico relacionado con la experiencia surgida en el ámbito de la niñez, en el marco del proceso tanto de mejor niñez como de reinserción social. Existe una contratación en la que, ante la falta de dotación, se podría contar con los profesionales del Estado y, sin duda, se plantea la posibilidad de una reconversión; nuestros compañeros y compañeras están disponibles para ello. Pero también hay un límite: existe una sobrecarga que no se visibiliza, y se evidencia un distanciamiento entre los recursos requeridos para ejecutar esa buena política pública. Por ello, una ley tan potente se ha reducido a una mínima expresión en la práctica, pues uno quisiera contar, por ejemplo, con tres profesionales en cada territorio a nivel regional. Si bien reconocemos que no hay suficientes recursos y que las prioridades son otras, consideramos que, para avanzar en un nivel de madurez en una ley tan importante y fundamental –para las cuidadoras y cuidadores– no podemos quedarnos tranquilos con un informe financiero que solo contempla el aumento de 12 profesionales.
El diagnóstico es claro. Es fundamental observar el aporte de las y los trabajadores organizados sindicalmente, como en el caso de la SUFUME, quienes están disponibles para contribuir en esta línea. Quiero ser enfático en ello, ya que no se trata de detener el proceso ni de hacer una defensa corporativa; nos ponemos a disposición de este proceso democrático parlamentario. Además, la propia organización que representa el campo, junto con la participación de nuestro compañero, de la señora ministra por intermedio de la presidenta, y de la subsecretaria, han manifestado que, si todos nos comprometemos en cada uno de los espacios, esta será una tremenda ley. Sin embargo, será necesaria una implementación oportuna de la ley, con presencia territorial adecuada para disponer de los recursos materiales, logísticos y humanos, y así evitar que la realidad empírica –como la de la Secretaría de la Niñez, con equipos colapsados y desgaste evidente– se agudice. Tenemos la oportunidad, y nosotros, como ANEV, estamos comprometidos y presionados para que esto se anticipe antes de que la ley surja a la luz pública.
En medio, ratificamos nuestra línea de trabajo sindical histórica con la participación del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de manera colaborativa, pero hoy día estamos tratando incluso el Exploratorio 2026, donde el gobierno va a entregar este proyecto al próximo gobierno. Tenemos también la oportunidad de que esa votación no es caprichosa, no es visceral, no es subjetiva, sino concreta, para que efectivamente esa ley sea contundente y tenga viabilidad de aplicación, y no administremos —con todo respeto, Presidenta, y voy cerrando— lo que vemos en algunos servicios: cuando se crean los servicios, el texto resulta muy contundente, pero quien ejecuta la política pública enfrenta una limitación constante por falta de votación y recursos, lo que, con mayor razón y además a requerir del control social, nos exige cuestionar qué pasa con la presencia en provincias, en las comunas, en regiones, etcétera.
Entonces, Presidenta, gracias. Desde la ANE queremos agradecerle el espacio; mi intervención va en la línea y suscribimos la presentación que hizo nuestro compañero, presidente de Asofume, en este campo, como ya lo he expresado en dos oportunidades. Tampoco podemos dejar de destacar la importancia de nuestra propia organización sindical internacional, en la que también militamos en el sector de servicios públicos junto a muchas organizaciones sindicales, y donde hay lideresas que han tenido una voz importante. Nos hacemos parte de esas luchas históricas de las cuidadoras —principalmente—, y en algunos casos, de relevar y ponernos a disposición para respetar ese trabajo. No pretendemos un protagonismo distinto ni paralelo, sino simplemente ratificar que ofrecemos nuestro apoyo, junto con estas alertas: antes de que la ley tenga conocimiento público y se promulgue, tenemos la oportunidad de efectuar esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista financiero.
Insisto: no se trata de recursos corporativos, sino de recursos a disposición para una buena ejecución de la política pública, que sigue siendo –y será– lo que nosotros expresamos desde la ANET, la función pública de garante estratégico y parte del rol del Estado para atender mejor a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, y reitero el agradecimiento de nuestra confederación. Presidenta, saludarla es también un privilegio y un agrado como siempre, además de la oportunidad de reforzar el planteamiento desde los trabajadores y las trabajadoras del propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes están disponibles, permanentemente, pero también inquietos para que esa mirada técnica y profesional aporte de forma concreta, en lugar de marginal, en la tarea de que esta ley sea la mejor ley del Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país.
Y a aquellos, principalmente cuidadores, que han vivido durante muchos años la invisibilidad—en tanto se cuestiona, incluso con recursos que hoy día son escasos en el Estado—, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo atenderemos a esas cuidadoras, sobre todo a las mujeres que siguen siendo postergadas en ese derecho fundamental de reconocerles también ese trabajo esencial a quienes tienen dependencia infantil, adultos mayores y personas con capacidades diferentes?
Muchas gracias, Presidenta, y gracias por su intervención. También creemos que dentro de la ANEF puede haber cuidadores y, sobre todo, cuidadoras que realizan el mismo trabajo, es decir, trabajan al mismo tiempo. Muchas gracias por su exposición.
¿Algún senador que quiera hacer una pregunta? No. Muchas gracias.
Internacional de Servicios Públicos en Chile.
Adelante, por favor. (Siete minutos, disculpe.)
Presidenta, yo tenía una presentación que había mandado para ordenar mi intervención. Agradezco a quienes hoy están y son parte de esta sala. Saludo al presidente de Veli, José Pérez de Belli, y a las organizaciones que hoy son parte de esta sesión.
Primero quiero presentarme. Somos una Federación Sindical Mundial con 115 años de vida. Nacimos allá por el año 1907. Agrupamos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público en 163 países, y en Chile nuestras organizaciones afiliadas representan a funcionarios y funcionarias que sostienen a diario el sistema de salud, la educación, la infancia, la seguridad social, la justicia y los cuidados en sus múltiples formas. Ahí están las afiliadas que hoy son parte de nosotros. Primero, y rápidamente…
Y ustedes ya lo saben porque ha sido parte de la discusión. El escenario internacional marcado por el COVID puso en evidencia irrefutable las condiciones desiguales y las dimensiones interseccionales en las que las mujeres constituyen y desarrollan los cuidados, además de evidenciar las fallas sistémicas del enfoque lucrativo del cuidado social. Cuando hablamos de cuidado social, nos referimos particularmente al cuidado de la primera infancia, al cuidado de adultos y al cuidado de las personas con discapacidad.
La pandemia también puso de manifiesto la crisis de los cuidados no remunerados, con las escuelas cerradas, las familias enfermas, los ancianos que necesitaban apoyo y la intensificación de la carga de trabajo de cuidado no remunerado, que en gran medida tuvieron que asumir las mujeres. Lo que finalmente nos sirvió para concluir es que, sin servicios públicos que transformen las relaciones desiguales de género, las mujeres se enfrentaron a otros impactos desproporcionados de la pandemia, como una mayor exposición a la violencia, al acoso y una mayor probabilidad de pérdida de empleo.
Específicamente, respecto al proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, nuestras indicaciones son las siguientes. Primero, reconocemos que el proyecto representa un avance sustantivo hacia la sociedad del cuidado. Este proyecto de ley constituye, sin lugar a dudas, un hito en el proceso de reconstrucción de un nuevo pacto social en Chile, pues reconoce el cuidado como un derecho humano, entendiendo que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado tiene el deber de garantizarlo de forma progresiva, universal y con perspectiva de género.
Esta iniciativa legislativa responde a compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio 156 y 189 de la OIT, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, más recientemente, en el año 2022, los compromisos de Buenos Aires, que llaman en definitiva a transformar la injusticia de la organización social del cuidado que históricamente ha recaído en las mujeres, especialmente en las más pobres y, en algunos casos, en la mano racializada.
Datos que evidencian la urgencia de este proyecto: en Chile, nueve de cada diez personas cuidadoras no remuneradas son mujeres, quienes destinan más del triple del tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, según la última encuesta nacional sobre el uso del tiempo. El 21% de las mujeres fuera del mercado laboral declaró que su razón principal era el trabajo de cuidado, y más del 77% de las personas en situación de dependencia en Chile no acceden a apoyos formales, haciendo que el cuidado recaiga enteramente en las familias, muchas veces sin redes, sin recursos y sin respiro. Este proyecto no solo visibiliza y valora el trabajo invisible, sino que también sienta las bases de un sistema que distribuye responsabilidades, reconoce derechos, garantiza la oferta pública y promueve condiciones de vida dignas.
Datos que evidencian también la urgencia de este proyecto y, entre sus elementos innovadores, rescatamos al menos cuatro: primero, la creación de una arquitectura institucional descentralizada y participativa, con consejos de la sociedad civil a nivel nacional y regional, consignados en los artículos 10 y 14; segundo, el reconocimiento expreso del trabajo de cuidado no remunerado como una función social, estableciendo derechos para quienes lo ejercen, contenido en los artículos 3 y 9; tercero, el principio de corresponsabilidad social y de género, fundamental para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contenido en el artículo 5; y cuarto, el mandato al Estado de garantizar el acceso a apoyos y cuidados como parte de la protección social.
Algunas observaciones críticas y propuestas de mejora a este proyecto desde la Internacional de Servicios Públicos proponen fortalecerlo en dos aspectos centrales: primero, limitar la participación del mercado y blindar el carácter público del sistema, ya que nos preocupa que el texto en su artículo 7, literal F, fomente explícitamente la inversión privada sin establecer mecanismos claros de regulación ni garantías contra la mercantilización.
Utilización, la experiencia internacional es clara, donde el cuidado se privatiza, este se deteriora, se deteriora la calidad, se precariza el empleo y se excluye a quienes no pueden pagar. Proponemos establecer una cláusula expresa que proteja el sistema frente a la financiarización y la comercialización, y que defina que la provisión privada, cuando exista, se someterá a regulación estricta bajo el principio de hecho humano, en todo caso siempre garantizados por el Estado. Asimismo, es necesario clarificar la participación de las trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. El sistema debe garantizar condiciones laborales dignas en la lógica del trabajo decente que promueve la OIT, a través de formación certificada y participación efectiva en la gobernanza. Por ello, proponemos reforzar los mecanismos de diálogo social y representación sindical, especialmente en el Consejo de la Sociedad Civil, donde no está explícitamente contenida la participación sindical. Esas son nuestras dos observaciones al proyecto. Siguiente.
Pensamos que este proyecto es una oportunidad histórica y queremos ser claras, como Internacional de Servicios Públicos, al afirmar que el cuidado no es una política sectorial, sino una mirada sobre el Estado y el desarrollo. Una sociedad que cuida es una sociedad que reconoce la interdependencia humana, que democratiza el bienestar y que afirma la dignidad por sobre el lucro. Este proyecto puede marcar un antes y un después, siempre que logremos proteger su espíritu transformador, avanzar en mejoras sustantivas y resistir a los embates ideológicos que buscan vaciarlo de contenido social. Finalmente, desde la Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas en Chile, les instamos a aprobar este proyecto de ley con las mejoras necesarias, pero sin diluir su corazón, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y del Estado como su garante. Muchas gracias.
Instituto de Libertad y Desarrollo, es su turno, por favor.
Hola, Presidenta. Adela. Antes de partir mi presentación, quería saber si el que me acompaña podría sentarse con nosotros en la mesa, ya que también va a exponer un punto de nuestra presentación. Muchas gracias.
No hay ningún problema. Muchas gracias, Presidenta.
Saludo también a los senadores y senadoras que nos acompañan, al Ejecutivo y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Soy Trinidad Straín y, junto con Juan Ignacio, venimos a exponer de parte de Libertad y Desarrollo. Siguiente, por favor.
Tenemos un problema grave en Chile. Sabemos que tenemos un cambio demográfico: nuestra población envejece, la natalidad disminuye y la expectativa de vida aumenta. Lo anterior se traduce en una presión respecto de cómo hacerse cargo de las personas que pierden su autonomía, ya sea de manera abrupta o progresiva. Es claro que necesitamos una respuesta institucional que sea seria, bien diseñada y al mismo tiempo sostenible en el tiempo. Este proyecto de ley busca dar esa respuesta, pero se presentan ciertas dificultades y debilidades desde el punto de vista técnico e institucional. La estructura planteada no solo parece poco efectiva, sino que además podría generar dificultades adicionales en su implementación. Si miramos la historia de nuestras políticas públicas, muchas han sido, precisamente, exitosas porque se ha fomentado una lógica de colaboración entre el Estado y los privados. Esto no significa reducir el rol del Estado, sino enfocarlo mejor. Si entendemos que su objetivo es estar al servicio de las personas, entonces debemos buscar la forma de maximizar el bienestar social con los recursos que tenemos disponibles, que todos sabemos que son escasos. Y en esta lógica, el proyecto nos presenta las siguientes inquietudes. Siguiente, por favor.
En primer lugar, una falta de diagnóstico y de diseño institucional que se encuentra sobredimensionado; observaciones al diseño financiero del proyecto; exclusión de las personas que requieren cuidados y que se encuentran en instituciones con fines de lucro; y otras observaciones que se agrupan en un cuarto punto que vamos a exponer más adelante. Siguiente, por favor.
Respecto al diagnóstico, una de las principales debilidades del proyecto es que no identifica con precisión un problema de política pública concreto: ¿dónde están las principales brechas y, por tanto, las oportunidades de mejora? ¿Qué es lo que falla actualmente y, en consecuencia, qué es lo que debemos mejorar? ¿Necesitamos más recursos enfocados en la estructura administrativa o necesitamos más cobertura?
Si bien el proyecto entrega algunas señales, como la necesidad de interconectar mejor la oferta, evitar las duplicidades en el Estado o mejorar la coordinación con el sector privado, todo esto apunta más bien a mejoras en la gestión, lo que está muy bien, pero no apunta a un problema de política pública. Sin un diagnóstico sólido y un panorama general, es muy difícil que las soluciones propuestas tengan un impacto real. Siguiente, por favor.
En el diseño institucional, el proyecto plantea la creación de una superestructura con un entramado de nuevos órganos nacionales y regionales, muchos de ellos en forma de consejos, cuya resolutividad resulta cuestionable. Lo anterior implica un costo de oportunidad importante, tanto en tiempo como en recursos que se destinarán a dicha superestructura. Además, el uso del registro social de hogares como herramienta de referencia puede sobredimensionar la cobertura necesaria debido al fraccionamiento que se presenta en los hogares. Por último, el proyecto aspira a una cobertura universal, algo que no se ajusta al contexto fiscal actual. En virtud de lo anterior, el proyecto debiese introducir criterios de focalización para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las personas que más lo necesitan. Siguiente, por favor.
El artículo 21 del proyecto establece que solo las instituciones privadas sin fines de lucro y las públicas podrán celebrar convenios con los gobiernos regionales. Esto no solo excluye a los prestadores privados con fines de lucro, sino que también excluye, en la práctica, a sus beneficiarios, que son personas que requieren cuidados tanto como cualquier otra. De lo anterior se deduce una incongruencia con el mensaje, pues se plantea que el cuidado es un derecho humano. Si ese fuera el caso, la prioridad debería ser asegurar el acceso efectivo al servicio, más que restringir quién lo entrega. Es importante que los gobiernos regionales puedan aplicar criterios claros de necesidad, establecer restricciones adecuadas para el uso de recursos y garantizar una asignación eficiente. Por su intermedio, Presidenta, y con su autorización, continúa Juan Ignacio. Muchas gracias, Presidenta.
La siguiente lámina, por favor.
En algunas observaciones de orden técnico-legislativo, quisiéramos destacar que el proyecto contempla 13 principios para interpretar y aplicar la ley en el artículo 5. Esto resulta complejo, ya que en general los principios están redactados de manera vaga y no se entiende claramente cuál es el mandato concreto que se asigna a las autoridades administrativas encargadas de aplicar, desarrollar y ejecutar la política. Particularmente, hay dos aspectos que se deben relevar en la construcción de estos principios.
El primero es que, en términos prácticos, limitan la posibilidad de que futuros gobiernos adopten enfoques distintos en los programas, ya que se impondrán restricciones legales en forma de mandatos o redacciones relativamente ambiguas. El segundo es que la aplicación de algunos de estos principios podría derivar en situaciones arbitrarias e injustas; por ejemplo, los principios de interculturalidad e interseccionalidad están redactados en términos de que solo se deben considerar elementos como la pertenencia cultural o las identidades, sin mayores detalles. Esto abre la posibilidad de que, en el caso de que dos personas estén en situaciones equivalentes respecto a los cuidados que requieren, puedan llegar a recibir tratos disímiles únicamente por consideraciones culturales o de identidad, lo que eventualmente podría representar un problema de constitucionalidad en relación al artículo 19, número 2 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley.
Asimismo, existe un problema con el enfoque del proyecto respecto a la infancia, ya que se la considera un sujeto de cuidado, lo que desconoce la naturaleza de la infancia como un estado de desarrollo progresivo, más que como un problema de autonomía. Creemos que esto debería motivar una segunda mirada en el proyecto de ley.
Por último, en términos prácticos, el proyecto hace mucho énfasis en el rol del Estado y en lo que este debe hacer, pero se ha hecho de menos la articulación entre familia, sociedad civil y Estado. Esto resulta especialmente llamativo en el proyecto de ley cuando, en sus fundamentos, se recuerda la cita a Razavi y el famoso diamante de los cuidados. Así, también se debería prestar atención a la forma en que se articula la interacción entre familia, sociedad civil y Estado.
Para concluir, Presidenta, simplemente para resumir lo señalado hoy, es importante articular familia, sociedad civil y Estado.
Independientemente de si tiene o no fin de lucro, porque finalmente son personas que también tienen derechos al cuidado y, por cierto, participan del sistema, uno debería quizá contar con resguardos y restricciones en el uso de los recursos que se transfieren a instituciones con fines de lucro, como se ha hecho en otras políticas que han tenido restricciones semejantes, por ejemplo, en el ámbito de las políticas educacionales; pero probablemente se deba enfocar la revisión en dichas restricciones.
Lo segundo es que no está claro el rol ni cómo abordar el problema de política pública vinculado a la creciente longevidad de la población, la baja natalidad y el cuidado de las personas. Probablemente hay muchos de estos aspectos que son exclusivamente reglamentarios o de orden administrativo, pero es importante tener claridad sobre cuál es el objetivo que se busca, más allá de simplemente crear un sistema administrativo de coordinación de programas públicos.
Para ir terminando, recordemos lo que señalábamos respecto a los principios. En general, estas normas no contienen mandatos claros y es fundamental que una ley sí los contenga para evitar situaciones que puedan derivar en discriminaciones, restricciones de facultades u otras circunstancias que terminan minando la legitimidad de estos sistemas. Finalmente, recordemos, Presidenta, el estado actual de la hacienda pública. Es importante redoblar los esfuerzos para lograr una gestión lo más eficiente posible de los recursos públicos, y en ese sentido, la claridad en el diseño de la política pública es fundamental para optimizar los recursos destinados a ella. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición.
Ahora, Asociación Yo Cuido Chile, por siete minutos, por favor.
Muy bien, aquí Asociación Yo Cuido.
Buenos días, mi nombre es Victoria Orellana. Somos Asociación Yo Cuido, una organización social que, desde 2018, agrupa a cientos de personas cuidadoras no remuneradas en diferentes regiones del país. Estamos aquí porque conocemos en primera persona el costo humano detrás de las cifras. Según el Ministerio de Desarrollo Social, cerca del 85% de quienes cuidamos somos mujeres, quienes dejan de lado su trabajo, sus estudios y su salud para sostener a quienes aman. Pero también estamos aquí porque celebramos que se esté discutiendo esta ley, por fin, Ley Chile Cuida, que nos nombre y nos considere.
Nuestro recorrido como organización ha sido largo, desde impulsar modificaciones a la Ley 20.422, que por primera vez reconoce la figura de la persona cuidadora, hasta la Ley 21.380, que también buscamos modificar para garantizar atención preferente en salud a las personas cuidadoras. Cuando las puertas a nivel nacional se cerraron, llevamos nuestra lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizando una presentación ante esa Corte para la opinión consultiva 3124, que hoy es referencia continental. Porque el cuidado no es caridad, es un derecho humano.
Queremos ser absolutamente claras como organización que ha acompañado este proyecto desde sus primeras discusiones en mesas técnicas ministeriales, en los diálogos ciudadanos sobre cuidado, y damos nuestro total respaldo a esta ley; celebramos su espíritu transformador y su potencial para cambiar la vida de cientos de miles de personas cuidadoras en Chile. Pero hoy no venimos solo a aplaudir, venimos a exigir también coherencia. Esta ley será un avance real solo si mantiene intactos sus pilares fundamentales y corrige sus omisiones. Por eso, hoy les presentamos algunos artículos que consideramos intocables y algunas propuestas urgentes de derechos que, a nuestro parecer, han quedado afuera.
A continuación, en el artículo 15 destacamos el siguiente párrafo:
"Para ello, esta política fomentará una nueva forma de organización, de organizar socialmente el trabajo de cuidado en condiciones de igualdad, dignidad, corresponsabilidad social y de género, sin discriminación arbitraria y respetuosa de los derechos humanos."
Este párrafo del artículo 15 no es una frase bonita; al hablar de corresponsabilidad social y de género se reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una carga invisible que recaiga únicamente en las mujeres. Creemos que este párrafo debe quedar blindado, ya que es el espíritu de esta ley. Exigimos que este artículo no se modifique ni se debilite, pues es el corazón de la ley y la demanda que, desde hace años, muchas organizaciones de la sociedad civil venimos haciendo. Además, es totalmente coherente con la opinión consultiva 3124 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con los tratados internacionales que Chile ha firmado.
Siguiente diapos, por favor. En el artículo 21 creemos que debe mantenerse sin cambio el tema que habla de las instituciones sin fines de lucro. Creemos que debe ser así. Hemos visto cómo en pensiones, salud y educación el lucro ha dejado a miles en el abandono y la miseria. No permitiremos que esta ley se convierta en un nuevo negocio. Como personas cuidadoras que hemos sostenido con nuestra propia vida las fallas del Estado al abandonar a nuestras personas de cuidado, no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que un porcentaje no menor del presupuesto de esta ley termine enriqueciendo a empresas en vez de destinarse a lo que realmente lo merece.
Siguiente, por favor. Hay varios artículos donde se mencionan los roles de los ministerios, que si nos vamos a cada uno es muy extenso, pero quisimos tomar en particular el Ministerio del Trabajo, porque ataca un dolor importante para quienes realizamos labores de cuidado en forma permanente. Para cada ministerio podríamos hacer recomendaciones, pero nos vamos a enfocar en este. Nos parece de total relevancia que se creen mecanismos que permitan a las personas cuidadoras incorporarse al mercado laboral, conciliando su labor de cuidado y recibiendo apoyo, por cierto, del Estado para poder cuidar, y ya que como todas las personas queremos aportar al país, crecer y desarrollarnos, estimamos que se pueden garantizar cupos laborales, cuotas de cuidadoras en las empresas (similar a las cuotas de discapacidad), horarios flexibles, teletrabajo en general y garantizar espacio tanto en el mercado laboral formal como en la prestación de servicios freelance o en el emprendimiento para cuidadoras.
Siguiente, por favor. Y finalmente nos quisiéramos referir a una gran omisión que tiene esta ley, que es el derecho a no cuidar. ¿Por qué es urgente? Quisiera compartirles algunas realidades que nosotras hemos visto entre las socias de nuestra organización. Hay mujeres que han sido agredidas sexualmente por sus padres en su infancia y adolescencia y, al llegar la vejez de ellos, les toca hacerse cargo y cuidarlos, siendo obligadas a limpiar, mudar y dar de comer a sus agresores cuando estos envejecen. Hay esposas y familias que han sido abandonadas por sus maridos, quienes años después vuelven cuando están enfermos, viejos y requieren cuidado, y estas esposas deben hacerse cargo del esposo que las ha abandonado. Son situaciones de profunda violencia que nos toca vivir y en las que no existe la posibilidad de decir: “no, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo”. También hemos visto la necesidad de poder tomar relevos del cuidado. Tenemos socias en nuestra organización que han debido cursar enfermedades tan graves como un cáncer; a ellas les toca ir a su quimioterapia, volver a la casa y seguir cuidando como si aquí no hubiera pasado nada, sin ningún derecho a tomar un descanso, a reponerse, a recuperarse. Entonces, creemos que estos abandonos también constituyen un tipo de violencia institucionalizada. La ley debe permitirnos decir: “hasta aquí llegamos” o “hasta aquí no más, sin culpa”. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias.
Fundación Cuidadores de la Familia.
Cam, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Agradecemos la invitación y para nosotros siempre es un privilegio estar en estas instancias donde podemos compartir nuestras experiencias, porque nuestra fundación ha sido levantada por mujeres que han cuidado; o sea, todo lo que se está legislando en este minuto es lo que vivimos nosotros realmente. Nuestra visión es visibilizar el derecho al cuidado con participación activa ciudadana. Nuestra fundación la componen mujeres que cuidan con salud deteriorada y con un sinnúmero de situaciones a cuestas.
Contarles qué está pasando. Durante nuestro trabajo hemos tenido participación técnica en diferentes mesas de trabajo, incidencias en políticas públicas tanto nacionales como internacionales; estamos colaborando con México en su sistema nacional de cuidado y también realizamos innovación social, porque desde los territorios vivimos el cuidado y, en base a eso, generamos cambios. Ahí hay un listado en el que trabajamos en diferentes mesas técnicas actualmente: caminatas que hemos hecho en la antesala de proyectos de ley, como el Alzheimer y otras demencias, y seminarios en conjunto que se han ido sumando a lo largo de los años 2018-2019. Y la pregunta interesante que sería hacer, esto es un...
Desafío individual de Paola Reyes, que cuida a mi mamá que tiene demencia, pues una necesidad social. Creo que eso nos convoca hoy día, y para ello no es un tema que tan solo se centre en Chile, sino también en América Latina, el Caribe, la ONU y la CEPAL. Todos hablan de la crisis de los cuidados.
Nuestro país ha levantado diferentes estadísticas que avalan lo que se está desarrollando en el ámbito nacional, así como las convenciones internacionales que se suscitan. Como se mencionó anteriormente, las organizaciones y los movimientos de mujeres que cuidan han elaborado proyectos de ley, como la 21.380, que se destacó el Día de la Persona Cuidadora, y la 21.390, que corresponde al 5 de noviembre, para quienes no lo sepan.
Algo que tenemos pendiente es un proyecto de ley que está justamente en el Senado, en la Comisión de Personas Mayores, y que sería muy interesante, señora presidenta, poder ver, ya que se encuentra instalado allí. Asimismo, hemos participado y hecho seguimiento de toda la política nacional de cuidado. Les traje a la mano un organigrama o secuencia de lo que ha ido pasando, que nos permite comprender el sistema en el que la gobernanza se articula en diferentes niveles. Para desarrollar cualquier proyecto de ley se requieren las bases sobre las cuales se realizó la consulta en materia de cuidado, y es a partir de ahí que partimos en el artículo único, en el que resaltan los derechos que se van concretando, como el cuidar el cuidado, ya mencionado anteriormente.
En el artículo 2 se plantea la necesidad de separar lo que son las cuidadoras familiares, en contraste con aquellas remuneradas, ya que existe una diferenciación de roles y un impacto en la vida que es absolutamente diferente. Esto condujo a la concreción del Sistema Nacional de Cuidados, sustentado en estadísticas claras que registran a más de 160.000 personas inscritas.
En el artículo 3, donde se habla del reconocimiento del cuidado no remunerado, es muy importante lo que hizo el Banco Central en su gerencia estadística, que cuantificó este cuidado en un 25% del PIB ampliado. Esto, además de haber sido mencionado anteriormente, resulta relevante porque demuestra que está cuantificado y permite elaborar algunas caracterizaciones en relación a quienes cuidan, incluyendo aspectos como edades y condiciones.
En el artículo quinto se abordan los principios, la implementación y la supervisión, destacándose la necesidad de que el seguimiento y el proyecto de ley cuenten con una articulación coherente entre sus actividades. En su letra A se enfatiza el rol de la familia, señalando explícitamente que ésta es el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual se refleja en las políticas, reglamentos y protocolos. Esto resulta importante, ya que no se excluye a las familias, sino que se fortalece su papel mediante mayores herramientas estatales.
El artículo 7 establece que los objetivos dentro del Sistema Nacional de Cuidados incluyen la planificación y coordinación de la oferta problemática. La coordinación entre estos actores es trascendental, dado que permite una articulación progresiva y sustantiva a lo largo del tiempo.
En relación a los derechos de las personas cuidadoras, se ha instalado la percepción de que no existen políticas públicas adaptadas para nosotras, quienes cuidamos. Por ello, sería muy interesante evaluar esta situación en los centros de cuidado que ya se están formando, donde pueden acceder personas de diferentes regiones del país.
En el artículo 11, al hablar de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, se hace referencia a la institucionalización de dicha secretaría; sin embargo, hemos observado que todos los servicios están concentrados en la Secretaría de Servicios Sociales. Esto genera la interrogante de por qué el nuevo organismo estaría sometido a evaluación social, lo cual considero un punto importante a desarrollar.
Los artículos 12, 13 y 14 tratan sobre los nuevos comités y la institucionalización que se está gestando. Se considera trascendental la creación de estos nuevos organismos, pero es esencial que, dentro de sus funciones, los nuevos funcionarios posean competencias personales y experiencia que les permitan liderar estos espacios con las observaciones que correspondan a su cargo.
En el artículo 15 de la Política Nacional de Apoyo se diferencia claramente la política, y en el artículo 16 sobre el Plan Nacional de Cuidados se debe definir cómo interactuar con estas dos miradas. Asimismo, las acciones y programas deben estar enfocados en las personas cuidadoras, dado que aún se observa una debilidad en este aspecto.
En el artículo 20…