Senado - Adulto Mayor y Discapacidad - 27 de mayo de 2025

Comienza la sesión. Señora Presidente, se encuentra en tabla el proyecto de ley de primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos y otros que indica. Para esta sesión se encuentra presente la Directora Nacional del Instituto de Salud Pública, doña Caterina Ferrezo, acompañada por el jefe del Departamento Jurídico del ICP, señor Felipe Saavedra.

El coordinador legislativo del Ministerio de Salud, señor Cristian Miquel, introduce la sesión, en la que había sido invitada la señora ministra de Salud, Ximena Aguilera Sanhueza, quien excusó su participación el día de hoy. Asimismo, se ha recibido una presentación del Centro de la Universidad Católica del Síndrome de Down, a doña Paula Pulgar Abarzúa, quien solicita una audiencia ante la comisión con el propósito de exponer un proyecto que busca establecer la primera ley para personas con síndrome de Down, desarrollada en colaboración con Senadis. Se trata del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos y otros, correspondiente al Boletín N° 16.742-35. Este proyecto ha sido tratado por la Comisión de Salud, habiéndose escuchado tanto a las empresas farmacéuticas como al Poder de Salud. En su intervención se analizó el patrocinio del Ejecutivo para buscar una fórmula diversa, en atención a que la iniciativa afectaría las actuales facultades de las autoridades de salud y que las propuestas de solución importarían un gasto. La señora ministra señaló que presentaría indicaciones, pero lo que se requiere es el patrocinio formal del Ejecutivo. La directora del Ejecutivo, doña Carmen Pérez, invita a la interventora a continuar: —Buenos días, presidenta. Para nosotros es un proyecto de mucho interés, ya que la idea de incorporar un identificador en los medicamentos ofrece dos ventajas fundamentales. Por un lado, posibilita el acceso virtual a información sobre el medicamento, la cual puede presentarse de forma más clara, con figuras, letra ampliada e incluso sonido para quienes requieran escuchar detalles sobre las principales reacciones adversas, usos, contraindicaciones y dosis. Existe, además, un estudio presentado recientemente en una jornada del Instituto de Salud Pública, que demuestra que más del 90% de la muestra de población en Chile tiene acceso a Internet diariamente o, al menos, una o dos veces por semana, lo que evidencia que la posibilidad de acceso virtual es alta, especialmente en el contexto pospandemia. Por ello, se podría, por ejemplo, disponer de un código QR u otro medio que permita consultar información adicional sobre el medicamento. Por otro lado, esta modalidad permitiría establecer la trazabilidad de cada medicamento, de modo que, en situaciones como el tráfico irregular de medicamentos, sería posible identificar el origen de una caja que se comercialice de manera informal. Cabe destacar que la iniciativa cuenta con el apoyo técnico y que, desde la perspectiva de la industria farmacéutica, resulta conveniente disponer de este tipo de identificación, ya que evitaría el uso de folletos que, al tener letra muy pequeña y requerir un plegado múltiple, resultan poco prácticos. No obstante, se recomienda que, al implementarse, la opción de solicitar el folleto se mantenga disponible para quienes así lo deseen. Al finalizar, se invita al abogado del Instituto a complementar lo expuesto, señalando que se esperaría que, tras esta sesión, se otorgue un plazo de algunas semanas para generar una indicación sustitutiva, en la que se incorporen precisiones formales y de fondo en el sentido de que…

Nos gustaría abordar dos temas que plantea este proyecto. Por un lado, la regulación estrictamente referida a la etiqueta de los productos, es decir, el rotulado; y por otro, algunas sanciones en el Código Sanitario, en el libro décimo, que nos gustaría precisar para evitar un desorden en la regulación de las sanciones. El libro décimo del Código Sanitario establece un rango de sanciones que va de 0,1 a 1.000 UTM para cualquier infracción sanitaria, y este proyecto define sanciones especiales y específicas que acotan ese rango. Nos parece innecesario regular esta materia en el código, por lo que proponemos realizar precisiones de carácter formal y de fondo, considerando además que el proyecto no solo regula medicamentos, sino también productos cosméticos y alimentos. Con el fin de alinear a otros actores, como el Ministerio de Desarrollo Social y el CERNAC, sería muy deseable que se nos otorguen, por ejemplo, tres semanas para generar una indicación sustitutiva y formalizar el patrocinio del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludo también a la directora y a su asesor legislativo. En ese contexto, surgen preguntas y comentarios en relación con lo expuesto, y recordando que, durante la presentación en tabla del proyecto, el señor secretario comentó en detalle algunos temas sobre el posible grado de inconstitucionalidad que podría acarrear, además de los costos, la eventual quita de ciertas atribuciones, particularmente a ustedes, como al ISP. En ese sentido, sería útil que, a través del intermedio del señor secretario, se pudiera volver a explicar detalladamente de qué tipo de atribuciones se estaría hablando. Asimismo, se plantea el tema del código QR mencionado por la directora. Dentro de los posibles costos se consideró que la misma página web del Minsal, al entregar información —ya sea por escrito, por audio o bajo ciertas condiciones— podría incurrir en gastos adicionales, especialmente en función de la discapacidad de quien consultara la información. Se discutió también el tema de la fiscalización, ya que la situación actual, ya sea insuficiente o inexistente, podría dar lugar a la asignación de nuevas funciones o costos adicionales. De igual modo, se destacó que el alto porcentaje de personas con acceso a internet constante (alrededor del 90%) representa una herramienta sumamente importante para que, al recibir el medicamento, el ciudadano pueda obtener la información pertinente de manera inmediata a través de su móvil. Por otro lado, se comentó la posibilidad de que el mismo farmacéutico o la farmacia, debidamente habilitados, puedan leer el código QR y entregar la información de forma verbal o auditiva, atendiendo a las necesidades de personas no videntes, sordas u otros tipos de discapacidad. En relación con lo expuesto por la directora, se destacó que, a pesar de que el folletaje incluido en la caja puede presentar inconvenientes, como el tamaño reducido de la letra, el uso del código QR integrado con la información impresa brinda una solución efectiva; siendo este costo asumido por el laboratorio, no representando, en opinión del orador, un grado de dificultad en su implementación.

Yo creo que que ambas informaciones –o, mejor dicho, todo tipo de información– es lo que se busca de fondo en este proyecto para todo tipo de personas, y por ello es importante disponerla ya sea a través de un folleto, del QR o de otros mecanismos. En ese sentido, se comentó sobre la misma página mensal que se empleará para entregar esta información, de modo que se disponga de todas las herramientas y vías posibles para alcanzar el objetivo del proyecto. También era necesario determinar –y lo conversamos– lo que quedaría estipulado por la ley (con posibilidad de modificar, agregar o quitar disposiciones) y lo que se regulará mediante un reglamento específico. Por ello, resulta fundamental que, durante la discusión de este proyecto, se defina con claridad qué aspectos quedarán reglamentados y cuáles serán materia de ley, quién se encargará de armar ese reglamento, qué modificaciones se introducirán y quién asumirá los posibles costos. Tengo entendido que el representante del ministerio, que tomará la palabra a continuación, explicará el compromiso que está asumiendo la Ministra de Salud, basándose en la argumentación presentada en la intervención de la sesión –relacionada con la posibilidad de inconstitucionalidad, derivada de costos asociados o nuevas funciones–. Asimismo, se solicitó al señor Secretario que nos recordara por qué, hoy en día, el proyecto podría tener otro grado de posibilidad de constitucionalidad al agregar o quitar determinadas herramientas a lo que actualmente dispone el ISP. Actualmente, la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Salud y el ICP tienen la actuación a nivel nacional sobre todas las normas sanitarias que se establecen por reglamento para regular la importación, internación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, tenencia, transporte, distribución, expendio, trazabilidad, publicidad, promoción o información profesional, uso médico o investigación de científicos o productos farmacéuticos. Esto se ejecuta mediante decreto, y lo que en esencia se está haciendo es regular y modificar sus facultades. Adicionalmente, durante la discusión se puntualizó que el código QR no sería administrado de forma individual por cada empresa farmacéutica, sino que la información debería estar alojada en el ISP o en la autoridad de salud para que todos los laboratorios ingresen los datos de manera que puedan ser supervisados. En este sentido, se está modificando la facultad que actualmente poseen estas entidades. Por otro lado, el Ejecutivo señaló que requeriría un tiempo para implementar el sistema una vez que se apruebe la ley, dado que ello implica una inversión tecnológica. Señora Caterina, por favor. Muchas gracias. Presidenta, bueno, varias preguntas: lo primero es que nosotros ya estamos avanzando en este tema como instituto, por solicitud de la empresa y porque en otros países desarrollados ya está instalado. O sea, no vamos a inventar procesos, sino que sí queríamos pilotar el sistema, dado que en un proyecto anterior estábamos trabajando específicamente con medicamentos. En esta ley se amplía la aplicación a alimentos, cosméticos, etcétera, pero lo más complejo es el caso de los medicamentos, y en ese ámbito estamos progresando. La empresa está interesada en implementarlo, al igual que los gremios de empresas farmacéuticas que nos han visitado. Sin embargo, para estos actores el interés reside en mantener el folleto, ya que este representa un costo adicional en el embalaje. Cabe señalar, además, que en el sector público no se entrega folleto, puesto que, por ejemplo, al comprar medicamentos en instituciones como Senabast, se entregan en una bolsita acompañados de un papelito. De ese modo, la población más vulnerable –la que mayor volumen representa y que, en teoría, podría tener dificultades para acceder al código QR o mecanismos similares–, en estos momentos, no está recibiendo el folleto. Así, mirando la realidad, es poco probable que esta medida tenga un impacto significativo en dicha población, aunque sí genere un impacto económico para la empresa.

Ellos están felices de cambiar a lo que les recomendemos. Pero la idea es que el Instituto va a tener acceso a controlar el contenido que va a poner la empresa por ese link. Para nosotros, ya realizamos tareas de vigilancia, pues tenemos la responsabilidad de monitorear la publicidad que hacen las empresas. Con un sistema digital será mucho más sencillo llevar a cabo esa vigilancia. No creemos que se incremente el costo, ya que lo que cambiará es el objeto de fiscalización. Además, el hecho de poder hacer trazabilidad es algo que hoy día realizamos, pero con ciertas dificultades. Por ejemplo, cuando los carabineros efectúan una requisa en una feria, resulta imposible descubrir con exactitud cómo llegó el medicamento o de dónde provino. Así, consideramos que la inversión requerida para nosotros no será elevada, pues la parte del código QR corre a cargo de la empresa. Hemos mantenido conversaciones, y se ha entregado más detalle respecto de ello con Casa de Moneda, que ha presentado una propuesta para ofrecer alternativas al momento de licitar este sistema. Nosotros pondremos las condiciones al sistema, de manera que, si bien habrá que implementar un piloto en algún lugar para evaluar su funcionamiento y aprender los detalles, no vemos riesgo de costo adicional ni por fiscalización ni por el proceso en sí. Las atribuciones necesarias ya están definidas; de hecho, inicialmente íbamos a avanzar para incluir los medicamentos, y ahora esta ley lo amplía. Cabe mencionar que habría que coordinar con el Ministerio de Alimentos, ya que en esa área no somos los responsables directos y se debe evaluar el impacto para la Seremi. Efectivamente, hemos mantenido algunas conversaciones con Casa de Moneda, empresa del Estado, que nos ha brindado orientaciones y directrices sobre los estándares que deben cumplir este tipo de códigos para evitar falsificaciones o copias, considerando que cualquier QR podría ser fácilmente replicable. La idea es establecer medidas y estándares de calidad para esta codificación, los cuales serán fijados por el ISP mediante resolución exenta. Una vez establecidos, la industria farmacéutica, de alimentos o de cosméticos podrá elegir libremente cualquier proveedor que cumpla con dichos estándares, ya sea Casa de Moneda o cualquier otra empresa. Desde nuestro sistema, podremos monitorear la interoperabilidad de los laboratorios y generar el seguimiento del ciclo de vida del medicamento, desde su fabricación hasta la dispensación. Ahora sí, don Cristian, por favor, adelante. Buenas tardes. Me presento, soy Cristian Miquel, coordinador legislativo del Ministerio de Salud. En esta oportunidad, ratificando lo señalado por la directora y su abogado, quisiera refrendar el compromiso que hizo la Ministra de Salud por escrito con esta comisión. Fue el 4 de diciembre del 2024, en el marco de la voluntad de patrocinar el proyecto de ley, y se solicita respetuosamente a usted y a los presentes un plazo razonable para cumplir con ello mediante una indicación sustitutiva, que reglamentariamente es posible en esta etapa, para así despejar el vicio de constitucionalidad señalado. No me refiero a los recursos –ya que la directora indicó que no representan un problema–, sino al cambio de funciones que corresponde al artículo 65, inciso cuarto, numeral 2 de la Constitución Política de la República.

Con esa voluntad queremos, insisto, solicitar un plazo que pudieran acordar los honorables presentes para que nosotros podamos cumplir con esto. Nosotros ya hemos comenzado la conversación con otros ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social y de Economía, para poder mostrar las indicaciones y la indicación sustitutiva que estamos desarrollando, de modo que esto avance con rapidez y celeridad, como corresponde al trabajo que la Comisión ha propuesto al Ministerio. Eso, señora Presidenta, es el compromiso que vengo a ratificar de la Ministra y a hacer esta solicitud respetuosamente, de poder contar con un plazo razonable para cumplirla. Muchas gracias, Presidenta. Si quiere, vemos el plazo inmediatamente. No sé cuánto; yo creo que un prudente plazo serían dos semanas para poder hacerlo rápido. Ellos tienen la capacidad, tienen la gente para poder hacerlo. Claro, lo tienen. Senador Keitel. Gracias, Presidenta. Yo quedé con una pequeña duda. Según lo que entendí —aunque mi interpretación puede ser absolutamente equivocada—, escuchando a la directora por su intermedio, creo entender que lo que se indicó es que no se les quitará ni se les cambiará ninguna atribución de las que actualmente tienen, al contrario de lo que nos explica el señor Secretario. Por otro lado, escuché e interpreté que las funciones que ya hoy día cumplen, de fiscalización y de otros temas, podrían tener un costo muy mínimo; eso fue, creo, lo que se dijo. Y, ya sea que ese costo sea mínimo, medio o máximo, pasaría a tener un grado de inconstitucionalidad. Por otro lado, según yo, el compromiso del Ministerio que se ratifica hoy a través de su asesor, Cristian, es que no tendría un costo económico. No es cierto, Cristian, por lo que se temería, pero el compromiso viene de parte del Ejecutivo a decir que, si existiera un costo económico, lo asumirían, cumpliendo y supliendo lo que la propia directora acaba de comentar. Además, si hubiese alguna nueva función de contratación o algún cambio que afectara las herramientas del Instituto de Salud Pública, estarían en condiciones de resolverlo; entiendo que lo hablarían con otros ministerios, como Desarrollo Social y Economía. En definitiva, el Ejecutivo está dispuesto a patrocinar todas las alternativas que presenten alguna solución para esta cuestión de la constitucionalidad. Y, lo otro, Presidenta, antes de que se me olvide, es también lo que comentó la directora, que es muy importante: hoy se habla de alimentos, cosméticos, medicamentos, todo lo que se puede vender adentro de una farmacia. Se requiere la colaboración de quien establezca, por ejemplo, el tema de un suplemento alimenticio que venden, ya que las principales cadenas farmacéuticas tienen sus propios productos con marca propia, y resulta relevante definir quién asumirá esa responsabilidad, porque, por lo que entendí, el ISP no contempla esa parte, quizá necesitando el aporte de médicos. Entonces, ahí sí habría una nueva función que tendría que cumplir alguien —o incluso ustedes mismos—, lo que implicaría contratar más gente y desplegar, a lo largo de Chile, más fiscalización. Esto genera ciertas discusiones en la línea de lo que me parece un proyecto súper positivo; es muy importante, y tenemos que limar esas diferencias que puedan existir o declararse. Quería poner ese tema sobre la mesa, Presidenta, y el plazo de indicaciones me parece acertado, por lo que entendí que el ISP también pretendía, de alguna forma –ya sea por separado o en conjunto– presentar ideas de posibles indicaciones. Sí, señora. Dígame, Senador Sandoval. Sí, sí, muchas gracias. A ver, lo que yo entiendo es que los problemas de constitucionalidad se van a salvar con la indicación sustitutiva, ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno asume en plenitud lo que va a significar la norma en sus diferentes ámbitos. Y, en segundo lugar, todos recibimos esas cajas cuando compramos, y en ellas viene una letra chiquitita, ¿no es cierto? Incluso, hasta en chino mandarín, entre otros.