Gracias. Gracias. Vamos a comenzar en comité. Falta un senador o senadora que se incorpore para tener quórum y partir oficialmente, pero dado el tiempo y nuestros invitados el día de hoy, vamos a comenzar en comité.
Antes de presentar a todos nuestros invitados, secretario, ¿hay cuenta que podamos ver mientras tanto? Sí, presidente.
El oficio del señor ministro de la Administración, relativo a las acciones desarrolladas por el Departamento de Asentamientos Precarios en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, anuncia que ha llegado también una comunicación del señor ministro de Bienes Nacionales, quien responde con un oficio a esta comisión en relación con el traspaso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de un terreno comprometido con el Comité de Vivienda de Altos de Neltume, comuna de Panguipulli, para la ejecución de su proyecto habitacional. Se informa que dichos antecedentes ya fueron enviados a vuestros correos.
Por otra parte, en sesión del Senado, el día 13 del mes en curso se dio cuenta del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, proyecto que tiene urgencia y que precisamente figura en la tabla del día de hoy. Además, en relación con el proyecto consignado, la Cámara Chilena de la Construcción pidió audiencia para expresar su opinión sobre el mismo. Eso, señor presidente.
Muy bien, gracias, secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra.
Bien, vamos a comenzar entonces con la tabla. Hoy hemos citado para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, boletín número 17.251-14.
Le damos la bienvenida al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; al Jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgo; y a la asesora legislativa, Janet Tapia. También, en esta sesión han sido invitados, únicamente en esta oportunidad, un invitado por la extensión del proyecto: el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Se encuentran presentes Alejandra Rivas, asesora de análisis de territorio y metodologías sociales; Danitza Vimasal, asociada en planificación urbana; la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, la profesora Magdalena Vicuña; y el director ejecutivo de la Fundación Huella Local, Gonzalo Vial.
Vamos a escuchar primero al ministro, quien expondrá –puesto que este proyecto ya pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados y se encuentra en segundo trámite constitucional–, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego se le dará la palabra también al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial.
Ministro, bienvenido. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, como casi todos conocen este proyecto, voy a presentar un resumen de algunos elementos de su contenido fundamental, sin entrar en los detalles legislativos ni en el debate que seguramente tendrá la comisión durante su transcurso. Mira, este es un tema muy antiguo, tanto en el mundo como en Chile; es decir, el tema de cómo se realizan los planes reguladores y cómo se pueden mejorar. No es solo una preocupación chilena, ya que se han probado distintos modelos y formas de hacerlo, y al final se retoma lo que existía anteriormente.
Desde la Cámara de Diputados incorporamos la experiencia de Renard, el francés que se dedicó a tratar de cambiar el concepto y a trabajar mucho más con ecuaciones de consistencia que con la mera normatividad, pero tampoco funcionó; en Francia tampoco tuvo éxito. La realidad es que todos los intentos de tener un sistema más dinámico enfrentan diversas barreras, porque la forma de construir la ciudad es un problema tremendamente complejo. En la historia de Chile, el Parlamento ha intervenido muy poco, y la Ley General de Urbanismo y Construcciones solo ha abordado aspectos parciales. Quizá lo que falta es un debate más global, pero en un gobierno de cuatro años no se dispone del tiempo para primero realizar ese debate y luego entrar en el detalle.
La última vez que se presentó una propuesta de Ley de Urbanismo y Construcciones, se prolongó el debate con la participación de representantes de todo Chile. Hubo discusiones muy interesantes, profundas e incluso polarizadas en algunos temas, lo que impidió avanzar y llevó al gobierno de la época a retirarla. A mí me tocó presenciar, durante ese proceso, que se presentó y retiró dos veces por falta de un acuerdo básico.
Ante esta situación, en este gobierno se propone avanzar en ciertos aspectos mediante una estrategia más parcial, asumiendo las realidades actuales, sin descartar la necesidad de un debate global en otra instancia. Hemos aplicado este enfoque en distintos temas, y en el caso de estos dos planes se parte de consideraciones de la realidad.
Problema con los planes reguladores comunales. Si bien muchas comunas tienen y cubren un alto porcentaje de la población (hoy día el 98%), existen problemas que se centran en la relación entre dichos planes y la realidad. En muchas ocasiones, la planificación se presenta desactualizada, anticipando escenarios que no se corresponden con el desarrollo real. Por ejemplo, recuerdo el plan intercomunal de la Región Metropolitana de 1968; en ese caso, el plan era anticipado, pero la ciudad evolucionó de manera diferente, de modo que los moldes reflejaron, en parte, la forma en que la ciudad se fue desarrollando.
Esta discrepancia genera problemas sin soluciones fáciles. Se han impulsado ciertos aspectos para facilitar el proceso, aunque se entiende que se requiere un debate global, dada la lentitud y el alto costo de estos procesos. Esto implica que las comunas y, en última instancia, las subdirecciones, deben invertir una gran cantidad de recursos. Un ejemplo es la situación en la falla de San Ramón, en la Región Metropolitana, donde vulnerabilidades de envergadura no han podido ser atendidas de forma oportuna y eficaz, afectando además la inversión pública y privada y encareciendo el precio del suelo. Como ha señalado Pablo Tribelli, en Chile el problema no es la falta de suelo, sino que, aunque existe, este resulta muy caro.
Ante este panorama, surgen interrogantes sobre el futuro, especialmente en lo que se refiere a la vivienda de interés público y su ubicación. Al comparar con la legislación y la práctica alemana, se observa una planificación con hasta 60 años de anticipación, mientras que aquí se tiende a reaccionar ante las coyunturas. La planificación territorial está vinculada a las posibilidades de inversión pública y privada en la ciudad; bastaría con observar cómo se han desarrollado las grandes vías urbanas para evidenciar que, en ocasiones, el debate sobre sus implicancias fue insuficiente.
Asimismo, existen diversas amenazas que requieren de una anticipación adecuada. Los objetivos de este proyecto y de la propuesta son moderados y se enmarcan en los tiempos y posibilidades actuales, asumiendo las dificultades para un debate más global en esta materia. Se busca, ante todo, modernizar y hacer más eficiente el sistema de planificación territorial, abordando algunos de los problemas existentes. Para ello se pretende agilizar los procesos y diversificar las herramientas para modificar la norma urbana. En ocasiones echo de menos que, en épocas anteriores, las zonas de extensión urbana resultaran tan eficaces, dado que la realidad era menos compleja y el ritmo regional diferente, permitiendo que muchas ciudades crecieran con normas generales de extensión.
En esta comisión, como se evidenció en el caso de Coyhaique —donde la parte no regularizada supera a la regularizada— se plantea la necesidad de garantizar certeza jurídica y avanzar en ese ámbito. Es fundamental crear un sistema cultural que fomente un crecimiento ordenado; durante mi tiempo como parlamentario, llegué a trabajar en siete u ocho leyes del mono, pero nunca se logró incorporar una formación integral que incluyera a la ciudadanía, el rol de los colegios y otros actores del sistema. Finalmente, es crucial democratizar el acceso a la información y fortalecer el proceso de participación en la planificación territorial.
La propuesta, en síntesis, se estructura en cuatro ejes: mejorar la eficiencia en los procesos de planificación y fortalecer el sistema de planificación territorial, entre otros aspectos relevantes.
La base para disponer de la información territorial y establecer un sistema de formación y capacitación es fundamental. Podría entrar en alto detalle, pero intentaré hacerlo de forma esquemática. En primer lugar, respecto a la eficiencia en el proceso de planificación territorial se destacan 10 puntos fundamentales: se analiza cuál es el acto administrativo de inicio del proceso, cómo se va configurando su desarrollo y cuáles son los plazos máximos para que esto ocurra. Se sugiere que tres, cuatro o cinco años pueden ser un tiempo imprudente, dada la realidad, y se busca incorporar modificaciones parciales que se valoren y agilicen en comparación con la modificación de conjunto, acortando así los tiempos. Se pretende que determinadas acciones tengan sanción automática, lo que implica que algunos procedimientos, que debieran ser muy rápidos y básicamente administrativos, se realicen de forma expedita, mientras que otros, como el debate cultural, social y general, sean más pausados.
Además, se exige que haya mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso, sumado a la implementación de mejores normas; esto da pie a diversas aristas del debate.
En segundo lugar, el tema de la imagen objetivo se aborda acotándola a aspectos sustantivos fundamentales, evitando incorporar temas dispares en distintos momentos. Se definen los temas esenciales, tales como la modificación del límite urbano, modificaciones integrales que impliquen derogar o reemplazar completamente y aquellas acciones que involucren más del 50% del territorio regulado. Si bien la imagen objetivo es objeto de discusión global, se busca delimitarla correctamente.
En tercer lugar, se plantea una cuestión discutible, ampliamente debatida en la revisión anterior. La planificación comunal se propone que el nivel regional –en este caso, los CEREMI– participen en el proceso desde etapas tempranas y no solo al final. Anteriormente, la planificación comunal se realizaba a nivel regional y se trasladó a la comuna, con resultados mixtos. Ahora se busca que el control, dado que el Seremi actualmente se centra en el cumplimiento normativo, se anticipe y se ejecute en paralelo con los procesos, evitando un momento final de tensión y contradicción.
Asimismo, se plantean mejoras en los procedimientos ante la falta de pronunciamiento del Consejo Municipal o del Consejo Regional en determinadas materias, estableciendo un mecanismo más automático y rápido que imponga exigencias de tiempo para evitar paralizaciones, ya sea en temas sustantivos o de otra índole. Se pretende también ajustar la redacción para facilitar el cumplimiento de los trámites, reduciendo los conflictos, el desgaste y las demoras existentes, y se busca clarificar esos aspectos incorporando, por ejemplo, los rangos de la imagen objetivo.
Finalmente, se enfatiza cómo la sociedad debe participar en este proceso. En el modelo anterior, el control se concentraba en niveles superiores –tanto regional como comunal– dejando a la comunidad con un rol relegado. Durante el debate parlamentario se cuestionó quién controlaría el nivel comunal, lo que evidenció la necesidad de potenciar a la comunidad para vigilar lo que actúe el nivel municipal, considerando que dicho control puede variar en función de la correlación de fuerzas en los consejos. Se reconoce, por tanto, que el actual sistema de audiencia, improvisado en aquel entonces, requiere un contenido y procedimiento renovado, especialmente en el debate cultural sobre la diversidad y el tipo de ciudad que se imagina la ciudadanía.
Son cuestiones bien procedimentales cuando comienza a regir, es decir, cuando se publica en el Diario Oficial, dado que también ha habido debate. Se busca un régimen aprobatorio del plan, similar al decreto alcalde, que resulta determinante en la medida en que permanece vigente sin pronunciamiento en otros niveles. Esto ha generado reacciones, pues el rol y la toma de razón por parte de la Contraloría General se han convertido en foco de discusión, ya que hay sectores que no asumen la reforma anterior. Precisamente, la reforma anterior consistió en trasladar más competencias a la comuna, y ahora se pretende tener un rol no puramente normativo, sino garantizar una consistencia normativa mediante un rol intermedio encargado de verificar el cumplimiento de las normas.
Otro tema relevante es la forma en que el gobierno regional trabaja con los municipios desde el inicio. Se trata de un asunto muy complejo, especialmente porque muchos gobiernos regionales aún están en formación. No obstante, resulta fundamental en las conurbaciones y áreas metropolitanas debatir un plan integral que contemple tanto a las comunas de la región como a la coordinación con la nueva instancia que representa el área metropolitana.
Respecto a los humedales urbanos, surge la interrogante de cómo afecta la urbanización en estas zonas. Se hace referencia, por ejemplo, a la declaración de Aysén, en la que se establece que todo Puerto Aysén se encuentra dentro de un sistema de humedales, siendo en ese marco enmarcadas las intervenciones realizadas. Sin embargo, existe confusión en torno a la denominación, y se señala que algunas zonas se desafectan, estableciéndose un periodo en el que la normativa aplicable se extiende salvo que se emitan observaciones, en particular en aspectos relacionados con la línea de ferrocarriles y el área industrial. Se discute además cómo se actualizan los planes reguladores, señalando que muchos planes regionales e intercomunales, como los de Santiago, quedan rápidamente obsoletos. Dentro de esta discusión también se menciona el tema de las turberas en Aysén, evidenciando la problemática de implementar procesos de regeneración sin contar con un financiamiento preestablecido, lo que genera grandes conflictos.
En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Damos inicio formalmente a la sesión. Bienvenido, señor Sandoval. Se dispone de aproximadamente media hora para tratar los temas en la agenda, por lo que se solicita puntualidad.
El segundo eje, en el fortalecimiento del sistema de planificación territorial, plantea 12 aspectos a destacar. Se busca ampliar las causales de enmienda, agilizar la tramitación de los seccionales de remodelación de aspecto, aplicar los planes maestros de regeneración en los municipios y se incorpora la posibilidad de adoptar las mismas medidas del 74 para las municipalidades. Este es un tema sumamente polémico, ya que en la actualidad enfrentamos un problema serio con la regeneración: no basta con declarar la intención de regenerar un barrio, sino que es necesario definir qué acciones específicas se llevarán a cabo y de qué modo se financiarán. El modelo actual se asemeja al implementado en Chicago, aunque con diferencias sustanciales, pues allí se contaba con mayores recursos, mientras que en nuestro caso la regeneración sin financiamiento preestablecido genera grandes conflictos.
Reina Cota, Bajo de Mena, Vicuña Maquena, Bata Sarcastro, uno sigue. Y en todas hemos tenido dificultades porque existe una gran distancia entre lo que se genera como expectativa de la población y las posibilidades reales. Ese es un modelo que necesita replantearse. Entonces, darle más facultad a los municipios para definirlo supone que éstos deben tener exigencias; por lo menos, que estén definidos los recursos que se utilizarán para esa regeneración, o de lo contrario se tratará simplemente de una buena idea.
La planificación simultánea es una cuestión que resulta evidente en el nivel intercomunal y comunal, no de manera consecutiva, ya que muchas veces lo consecutivo hace perder tiempo y profundidad. Para ello, también está prevista en la norma la habilitación normativa del terreno, lo cual ha resultado pertinente a la luz de la ley del Plan de Emergencia, y queremos ver que esto se mantenga y se perfeccione, especialmente en el caso de ciertos bienes públicos urbanos, como los hospitales, que no requieran grandes cambios, sino que puedan extenderse mediante procedimientos más ágiles.
Esto se incorpora en el ámbito intercomunal o metropolitano con la posibilidad de establecer áreas con densidad mínima. Yo no sé, aquí todos los académicos coinciden en que el concepto de planificación con el que contamos se ha empobrecido y reducido sustancialmente. Por ello, diría que las planificaciones son más bien indicadores de líneas de acción. Esto tiene que ver, sin duda, con cuestiones constitucionales; pero, entre otros aspectos, es uno de los puntos que la ley debería plantear, estableciendo densidad mínima en ciertos sectores.
La idea de ampliar el ámbito de competencia a los planes reguladores comunales –que aparece además como otro aspecto, pero resulta fundamental en todo lo referente a la planificación comunal– se origina en que el actual ámbito de competencia es demasiado restrictivo. Existe, de hecho, un extenso debate en torno a ampliarlo. Por ejemplo, si se pretende establecer zonas de vivienda de interés público, es imprescindible que el plan tenga la facultad de preestablecer criterios imperativos, y no se limite a meras sugerencias, pues de lo contrario no tendrían eficacia real.
A lo anterior se suma el debate que surgió a partir de la ley de copropiedad acerca de la continuidad, los 200 metros y otros aspectos, ya que existen posturas a favor y en contra. La realidad es que hay condominios –y no sólo condominios, sino también clubes deportivos– lo que nos obliga a repensar la estructura de nuestras ciudades. Por ello, la norma que garantiza la continuidad debe perfeccionarse.
En cuanto a la jerarquía entre los niveles de participación, se clarifica la necesidad de una coordinación entre el PLADECO y el plan territorial, es decir, el instrumento de planificación territorial. Los PLADECO surgieron con la muy buena intención de que las comunas tuvieran su perspectiva de desarrollo, pero quedaron desvinculados de los instrumentos necesarios para asegurar que eso se materializara de manera consistente. Así, los PLADECO se han ido convirtiendo en un referente, en lugar de funcionar como un elemento articulador y coordinador del instrumento de planificación territorial. Han perdido la intención original para la que fueron creados; algunos reflejan proyectos comunales consistentes, mientras que en otros se plasma, en ocasiones, la opinión de las empresas contratadas para elaborarlos, y no necesariamente el proyecto de la comuna.
Otro punto a considerar es la cuenta pública. No profundizaré demasiado en ello, ya que participé en el debate sobre la ley municipal, en el que, en muchos aspectos, las cuentas no han logrado consolidarse a lo largo del proceso de discusión.
Finalmente, se destaca la obligación de considerar ciertas normas para la construcción de viviendas públicas y la calidad regulatoria, tema estrechamente vinculado al concepto de Estado. La calidad regulatoria –junto a aspectos como la circular y la deuda– no es algo inocente; al establecerse, requiere un contrapeso fuerte, es decir, un contrapeso conceptual que, en ocasiones, no se refleja en la norma misma. Para abordar esto, se plantean un par de mecanismos orientados a tales efectos.
Bueno, hay aspectos que quedaron fuera del proyecto en la Cámara, especialmente…
Todo el tema de los 200 metros, especialmente uno que hay que terminar de decantar, y otra cosa que existió fuertemente antes: los serbios tenían facultades para asociarse con los municipios, una alternativa que se fue perdiendo. Hoy día existe en Valdivia, en Glosa, y ha sido siempre cuestionado. Esto viene ya de hace mucho tiempo; lo hemos planteado en distintos roles y de diversas maneras, y al final ha sido cuestionado por la Contraloría, que señala que el gran tema es el manejo de los recursos, sin lugar a dudas. Pero aquí se busca profundizar en esto.
Bueno, los dos ejes que se plantean son los siguientes: uno, el tema de la información territorial. Se trata de información, pero no solo de datos o de estadística, sino del debate sobre cómo las ciudades han cambiado de forma radical, generando fenómenos nuevos que a veces nos cuesta captar. De repente, intervenciones sobre la ciudad las transforman fuertemente. Hoy día el tema de la seguridad está cambiando la lógica de las ciudades, queramos o no, y por eso se debe incorporar en la discusión de la planificación, sin tratarlo como algo paralelo.
No podemos olvidar el impacto de los malls. Estos centros comerciales no fueron discutidos dentro de la manifestación comunal; llegaron a las comunas, se instalaron y definieron gran parte de ellas, tanto en términos de vialidad como de configuración urbana. Asimismo, la autopista urbana no fue implementada por las autoridades intercomunales o comunales, sino que respondió a la necesidad de vías para conectar diferentes espacios de la ciudad, al igual que la construcción de parques urbanos. Por ejemplo, tener hoy día en Temuco parques de gran calidad o en la región metropolitana contar con 22 parques es determinante para el desarrollo urbano, aunque esta visión aún está separada de la discusión general sobre la ciudad.
Voy a decir algo en calidad de exfuncionario: las canchas fueron un elemento fundamental de la convivencia en la ciudad, y de repente surgió una ola de necesidad de terrenos que llevó a hacerlas desaparecer, sin medir las consecuencias, no sobre los organizadores o propietarios, sino sobre la forma de convivir en la ciudad. Se podría también referir esto al metro y otros proyectos, pero se requiere hoy día un mayor conocimiento de lo que sucede en nuestras diversas ciudades. Copiapó, por ejemplo, la he conocido tanto como parlamentario como ministro, y tengo la percepción de que posee una riqueza, una diversidad y una forma particular de articularse que aún es poco reconocida cuando se legisla, ya que se desconocen las distintas lógicas y riquezas propias de cada ciudad.
En la historia no ha habido intentos efectivos de marcar lo que denominamos "ciudades fuertes". Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se estableció una norma, y posteriormente con el gobierno de Allende se impulsaron los jardines infantiles como una forma de centralizar el desarrollo infantil. Sin embargo, cuando regresó la democracia, lo primero que se hizo fue terminar con esas normas, pues existían terrenos desocupados en muchos lugares y no estaba claro quién era el propietario para destinarlos a jardines, ya que no se habían usado. ¿Qué reemplazó esa norma? Todavía hoy se observa el conflicto en diversos ámbitos. Asimismo, los pavimentos participativos, que movilizaron a mucha gente, se alejaron de la perspectiva de revalorar y mirar la ciudad en su conjunto.
A mí me parece que, en cuarto lugar, está el tema de las bases de formación y capacitación. Agregaría también la formación profesional, ya que no se trata solo de los especialistas en arquitectura, sino de una formación general. Esto es además un problema a nivel escolar; siempre se comenta, por ejemplo, que en ciertas ciudades los pasos peatonales detienen a la gente, algo que no ocurría antes. En un caso se relató que una directora del liceo, que había estado casada con un carabinero y un coronel de la zona, se puso de acuerdo en un plan que terminó instalándose culturalmente.
Lo que quiero decir es que la dimensión cultural en la construcción de ciudades es fundamental. Aquí se podrían profundizar muchos otros aspectos, pero me quedaré en los criterios más generales. En la presentación que se tiene y que ustedes van a revisar se expone un intento de mejorar los procedimientos, acortar la secuencia de los mismos y enfrentarlos de manera más efectiva. Me preocupa mucho, en toda esta secuencia, la inclusión de la comunidad. Si la comunidad no es un factor del proceso, esto traerá otro tipo de problemas. Está bien que los negocios y la lógica técnica tengan un rol, pero la comunidad también debe tener una participación definida.
Y eso sustantivamente, no necesariamente los procedimientos. Han habido aquí distintas maneras de ligar todo esto. Le digo a la directora de la Facultad de Arquitectura de la Católica; o sea, la idea de ciudad es muy determinante. Si los técnicos vienen marcados por una idea de ciudad y la inspiración es individual, eso marca, y así ha sido la historia de muchas ciudades. Pero, ¿cómo ligar? Digamos que se socializa ese concepto. Porque una buena ciudad es aquella que los ciudadanos sienten como propia y valoran. Por ejemplo, uno va a preguntar a Santiago qué piensa del Parque Metropolitano, que es muy valorado, con la llegada de 7 millones y medio de personas al año, aunque ese aprecio no siempre forma parte de la cultura de quienes son parte de la ciudad. Hay algo nuestro que no se encuentra en otros países, en todo caso.
A mí me motiva mucho que no se mire la planificación proyecto a proyecto. Recuerdo, como parlamentario, que en el llano se iban a construir 125 edificios simultáneamente y que la planificación y la discusión se hacía proyecto a proyecto, una vez realizado cada proyecto, abarcando 125 usos de todos los bienes públicos. Hoy día se evidencian problemas por no haber tenido una planificación integral, algo que ni está en la norma ni en la cultura. Aquí se señala que las herramientas clave de la gestión urbana son el suelo, las normas, las metodologías y los planes, junto con la asociatividad como mecanismo nuevo y la incorporación de la idea de urbanizaciones voluntarias. Reitero que, en los tiempos venideros, la seguridad será un elemento clave de la urbanización. Hoy día enfrentamos el problema en algunos proyectos grandes de viviendas, como los del POH, donde no existe un modelo de seguridad consistente con esa forma de urbanizar. En Cerrillos, por ejemplo, ha llegado y sigue llegando mucha gente, pero no hay un modelo de seguridad: Carabineros no sabe muy bien qué hacer, el municipio tampoco, y los vecinos sufren robos diarios de elementos eléctricos, como la extracción de cables, entre otros problemas; en otros sectores, como en Las Chimbas, se presentan dificultades similares de otra índole.
Además, al observar la entrada en Cerrillos, que constituye una gran avenida de acceso, surge la interrogante de quién se hará cargo de controlar y de fomentar la comunicación entre todos: comercios a un lado y departamentos al otro. No basta con pensar urbanísticamente; también se debe considerar la dimensión del comportamiento ciudadano y la respuesta institucional. Un ejemplo es la institución Desarrollo País, creada en el Parlamento —originalmente con el objetivo de dar aval al uso de recursos privados para fines públicos— y que, con el tiempo, fue adquiriendo la calidad de intermediario en ciertos procesos. En este sentido, quiero advertir que el Estado no puede renunciar a ser el principal captador de la plusvalía; puede compartir ese rol, pero siempre desde su propia perspectiva.
Por último, es necesario revalorar el debate con las universidades, no solo desde el punto de vista técnico o especializado, sino involucrándolas en la dinámica del debate territorial, al igual que la Junta de Vecinos, ya que el debate territorial es fundamental para que estos temas tengan un rol relevante en el desempeño profesional.
Con los vecinos, con los ciudadanos y de otra forma. Bueno, a mí me parece que este proyecto abre muchas posibilidades y ojalá que lo saquemos lo antes posible, pero ojalá que lo afirmemos, lo que sea necesario afirmar. Nosotros internamente hemos tenido un cierto debate sobre cómo definir un determinado "ataque" en esto, porque hoy en día hay una realidad que se demorará mucho en ponerse al día, incluso en estas normas. Hemos conversado la posibilidad de un fast track, que es la manera de resolver, y el ejemplo que siempre usamos con el senador Sandoval era que, justamente, aunque Coyhaique puede extenderse la planificación e incorporarse muchos elementos, ello supone tener ecuaciones claras de equilibrio entre los servicios públicos y el aporte de normas que en su momento no correspondía al desarrollo de la ciudad. Eso está en otra ley, con varios elementos, pero yo no…
Siempre se lo digo al jefe de U que esto no podemos tratar de incorporar acá de alguna manera, porque las normas, con el paso del tiempo, pueden volverse muy difíciles de traducir en acciones.
Una tercera cosa que a mí me preocupa es el espacio para la iniciativa política. Yo creo que es bueno tener planes, tener magnitud y todo lo demás, pero hay que reconocer que cierto espacio para la iniciativa política debe estar bajo control. Cuando, ministro, tuvimos que ir a Vivienda y Urbanismo, discutimos mucho el tema del metro: tratar de poner de acuerdo todas las normas para que las estaciones del metro tengan proyectos especiales es casi imposible. Entonces, si no hay una autoridad que tenga ciertas facultades para disponer eso, sometiéndolo a control y con sanciones fuertes, se necesita una forma más ágil. Uno mira Brasil, por ejemplo, donde la autoridad política tiene mayor capacidad de iniciativa con controles; pero en esto hay que tenerlo.
Aunque pueda parecer difícil, por nuestra cultura y forma de entender que las autoridades debieran tener facultades para ser controladas y cuestionadas, todos se tratan de poner en norma cuando la realidad es tan diversa, tan heterogénea, que una ley nacional – y todo el tema de la descentralización en la región – está bien condicionado por ello, porque pretender tener leyes iguales para todo es un problema casi imposible. Y, además, es parte de la discusión teórica de la planificación – como se vendía a propósito en la Católica – en cuanto a la relación entre planificación y de inversión. No podemos separar planificación de inversión así como así; si no juntamos las dos cosas, la idea resulta incompleta y no existe certeza de poder vincularlas al 100%, aunque sí es posible relacionarlas en ciertos aspectos, tal como se decidió para la calle en esta ciudad.
Las calles antiguas recibieron, en un tiempo, el aporte de los vecinos, pero después desapareció esa responsabilidad y no se encontró otra manera de financiarlas. Entonces, hoy en día hay un problema muy serio: no se generó otro mecanismo. Eso fue bien discutido, pero se perdió la discusión. Así, hoy tenemos un problema con las "caídas antiguas", que se refiere a cómo se van haciendo; nosotros, junto con el Estado, tenemos que definir de dónde sacar recursos para ello. Con un mecanismo que tenía todos los defectos conocidos, se requiere pensar de otra manera la relación entre inversión. Y lo digo para concluir: quizás Chile nunca ha tenido tantos recursos, en un tiempo tan largo para construir ciudad, y nunca han habido tantas obras urbanas, tanto privadas como públicas, como las que se han realizado desde los años 90 hasta ahora. Difícilmente habrá otro período en la historia en que, en un lapso tan corto y con tantos problemas, nos haya faltado una discusión mayor entre planificación e inversión. La inversión pública y privada, sumando sus propias iniciativas – yo fui parlamentario de La Florida y, ahí, se constituyó la comuna de Los Dos Mares, y después se construyó el metro – pero no hubo una discusión que proyecto común para el desarrollo inmobiliario, con muchos edificios, en el que se establezca un espacio para que esto juegue un rol más importante.
Bueno, esta es una ley que, ojalá, saquemos rápido y logremos mejorarla y enriquecerla, sabiendo que un fast track es necesario para saltarse algunos pasos y poder avanzar especialmente en lugares donde exista decisión política y compromiso para hacerlo.
Eso es una aproximación muy buena. Muchas gracias, ministro Carlos Montes, por todo. La cuenta del proyecto se complementa con que este proyecto, en primer trámite, recibió audiencia y observaciones de la Asociación de la Oficina de Arquitectos y de la Cámara Chilena de la Construcción.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Municipalidades de Chile, el Colegio de Arquitectos y Arquitectas, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y los Comités de Vivienda fue aprobado de manera unánime en la sala en mayo del 2025, ahora recientemente. No sé, senador, si quiere hacer ahora al tiro algunas consultas al ministerio. Escuchamos la presentación del Consejo y después recogemos comentarios y consultas al final, dado que estamos los dos nomás por ahora. ¿Qué prefiere?
Escuchemos entonces al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Yo había hablado con Paola Girón, su presidente, y entiendo que está en un viaje. Habíamos acordado que, de todas maneras, como teníamos calendarizado al Consejo, agradeciéramos la presencia hoy de cuatro de sus representantes, quienes ya fueron presentados al inicio: Alejandra Rivas, Danitza Vimasal, Magdalena Vicuña y Gonzalo Vial.
En una primera instancia habíamos hablado con Paola, antes de ingresar este proyecto al Senado, para que pudieran hacer una presentación más general del Consejo, de su plan y de sus propuestas, pero considero que es coincidente que también se focalicen en el fondo de la presentación de este proyecto, en cuanto a los avances de su opinión y las cosas pendientes. Obviamente, el Consejo será invitado en próximas sesiones si se requiere profundizar en una presentación más general.
Así que, le damos la palabra. Entiendo que van a presentar Alejandra y Danitza. Paola está representando a Chile en la Asamblea General de ONU Habitat en Nairobi, por ello vinimos hoy. Existe un intento —perdón— de un debate bien ideológico. Hay un movimiento para sacar el concepto de género de todo lo que tenga que ver con la estrategia, para eliminar el concepto de integración social, e incluso se ha planteado eliminar el cambio climático de toda la estrategia. Se trata de un debate que, por su naturaleza, resulta necesario abordar. Aunque está lleno de cuestiones, ella fue por nosotros, por Chile.
Bueno, nosotros vamos a comentar brevemente el proyecto de ley y luego le doy la palabra a Alejandra, quien abordará el Consejo, junto a nuestros consejeros que nos acompañan. Revisión del proyecto de ley: primero que nada, lo valoramos positivamente, ya que refuerza lo que estamos conversando en el Consejo en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Dentro de los aspectos que valoramos positivamente está el fortalecimiento del rol planificador de los municipios y gobiernos regionales, lo cual está en coherencia con lo que proponemos en la política, al buscar una coherencia con las estrategias de desarrollo tanto regionales como locales, e incorporar la inversión en la planificación. La incorporación de mayor transparencia y trazabilidad en la planificación también se valora fuertemente, para poder tener ese control del que han hablado recientemente ciudadanos y otros sectores.
El establecer procesos más claros y acotados en el tiempo va directamente a lo que buscamos, es decir, agilizar los procesos de planificación. Asimismo, reutilizar o utilizar elementos como la imagen objetivo contribuye a acotar los plazos, y este elemento ha sido discutido en el Consejo, siendo fundamental para lograrlo. La posibilidad de que los Planos Reguladores Intercomunales o los metropolitanos puedan establecer densidades mínimas es fundamental con el enfoque que proponemos de promover ciudades más concentradas. Y el reconocer al MIMBU como ente rector e intérprete oficial de la ley general también ordena los procesos para las tramitaciones.
Dentro de los aspectos a reforzar, destaca el apoyo a la diversidad de las capacidades municipales. Contamos con el enfoque de pertinencia territorial, cuyo objetivo es reconocer esa diversidad y proporcionar los apoyos correspondientes a las necesidades.