Senado - Salud - 27 de mayo de 2025

Muy buenos días. En nombre de Dios y de la Patria se abre la Comisión de Salud del Senado. Pueden tomar asiento, por favor. Saludamos a los colegas presentes, a sus asesores y a los invitados especiales, quienes serán identificados al entrar los puntos de la tabla. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señora presidenta. Han llegado dos oficios: uno de la directora de Presupuestos, con el que se da respuesta a un envío realizado por esta comisión relativo a la incorporación a la canasta GES de diabetes tipo 1, con el sensor de monitoreo no invasivo de glicemia. El documento también se enviará a sus correos; y otro, de la ministra de Salud, en el que se responde a un envío de esta comisión sobre la indicación al proyecto de ley de endometriosis, para otorgar mayor eficacia o para incluir dicha patología en el GES. Como les digo, ambos documentos serán enviados a sus correos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, colegas. Damos la bienvenida también a la senadora Proboste, quien nos acompañará en reemplazo del senador Flores el día de hoy. Vamos a comenzar, senador Chaguán. Gracias, senadora. Señora presidenta, quisiera señalar que estamos frente a una convulsión pública, como lo vimos ayer respecto a la situación de los funcionarios públicos que han hecho mal uso de la licencia médica de manera fraudulenta. Quiero insistir, y espero que podamos mandar un oficio, ya que estos casos, aun siendo pocos, producen un fenómeno de deterioro de la imagen de todos los funcionarios públicos de Chile, cuando la gran mayoría desempeñan un trabajo honesto y esforzado durante mucho tiempo sin incurrir en este tipo de irregularidades. En primer lugar, es muy relevante que el Gobierno cumpla la palabra empeñada de enviar un proyecto de ley que establezca, como hemos pedido reiteradamente (yo, por lo menos, llevo 10 años pidiendo esto), un órgano independiente de contralor tanto en el seguro privado de salud como en el seguro público de salud. Estas defraudaciones, que se dan en el sector público, también se presentan en el sector privado, afectando fundamentalmente el presupuesto de salud. No olvidemos que el 46% del 7% destinado a salud de los trabajadores chilenos, es decir, el 4,6% del 7%, se va al pago de licencias; y, por tanto, ese financiamiento compite con el agotado presupuesto que hoy enfrentan los hospitales públicos, afectado además por el impacto económico derivado de la pandemia y otros cierres. Lo que quiero señalar es que no se trata de que pague Moya, porque pareciera que se configura una defraudación: donde paga Moya, paga el Estado, paga alguien, pero no pagan quienes están en lista de espera para una patología o para la atención en un segundo nivel.

En cáncer o que se suspendió una operación, pero vuelve a existir. Esas defraudaciones también se dan en el sector privado, y yo quiero que se persiga en el sector privado y en el sector público con el mismo rigor. Primero, que acabemos con los incentivos perversos. En primer lugar, los periodos de carencia, porque eso genera un incentivo perverso para que el médico otorgue más licencia de la que realmente requiere el trabajador para que se le pague dicha licencia. Además, debemos tener la capacidad de asumir algunos temas estructurales del sistema que no han sido observados con la agudeza y el rigor necesarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que disfrazan las enfermedades profesionales —es decir, las enfermedades del trabajo— presentándolas como enfermedades comunes para bajar sus números? ¿O qué ocurre con las licencias médicas otorgadas más allá de los plazos establecidos, cuando el trabajador es compatible con su cargo en el sector público? Después de hablar con la directora de la COMPIN —porque me enteré de esta defraudación hace un año— realicé conferencias de prensa; a nadie le importó. Solicité los recursos que pedía la COMPIN, que ascendían a 2.000 millones, para fortalecer la contraloría interna. Esos recursos no se asignaron, ya que el ministro de Salud negó los 2.000 millones. Lo pedimos acá, en la sala del Senado y durante la discusión del presupuesto para fortalecer la contraloría interna, pero esos recursos no llegaron. Con esto concluyo, Presidenta. Acá también hay responsabilidades políticas en términos de cómo logramos generar un sistema en el que la fe pública vuelva a ponerse sobre la mesa. Muchas gracias, Senador Tawán. Entiendo que el Senador Gaona se referirá al punto, ya que está relacionado, después de la intervención de la Senadora. Senadora Proboste, por favor. Muchas gracias, Presidenta. La semana pasada, el jueves, tras concurrir al Hospital de Copiapó, al Hospital Regional, luego de una balacera —hecho que será tratado más adelante en la conversación con la Presidenta de la CONFUSAM—, deseo referirme a un episodio ocurrido durante nuestra visita al Hospital Regional. Se acercó un grupo de pacientes de la ciudad de Vallenar, quienes deben desplazarse hasta el Hospital de Copiapó para poder realizar sus diálisis. Ellos iban en un vehículo del hospital, en una camioneta del hospital, y el trayecto dura aproximadamente dos horas. Habían iniciado su viaje antes de las 7 de la mañana y estaban allí, cerca de las 5 o 6 de la tarde, esperando, ya que una de las pacientes trasladadas se había descompensado, lo que alargó la espera de manera considerable. El asunto es que el vehículo que los trasladaba esa mañana, perteneciente al hospital, se quedó sin combustible y tuvo que regresar para cargarlo en la ciudad de Vallenar. Según el relato de los pacientes, en ocasiones son trasladados en ambulancia, en condiciones muy complejas, sumado a que la carretera se encuentra en mal estado y con cortes, lo que convierte el traslado en una verdadera coctelera. Además, Presidenta, cabe destacar que nueve pacientes de la comuna de Alto del Carmen —comuna eminentemente rural— deben trasladarse hasta la ciudad de Vallenar; siete de ellos acuden a un centro privado de diálisis y dos lo hacen en el hospital. Por lo tanto, solicito se oficie al Ministerio de Salud para que informe si, en las licitaciones aprobadas en la Ley de Presupuestos para recursos destinados al traslado de pacientes, se han considerado, primero, los recursos para trasladar a los pacientes de la comuna de Alto del Carmen al centro de referencia de diálisis; y, segundo, cuáles son las condiciones que deben garantizar de manera efectiva el traslado de los pacientes dializados de las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar cuando, por alguna razón, no puedan realizar su diálisis en la ciudad de Vallenar y tengan que hacerlo en Copiapó. Asimismo, solicito que el Ministerio de Salud entregue información respecto del grupo de pacientes que se encuentra considerado en los procesos de licitación vigentes para el traslado de los pacientes.

Traslado de los pacientes y, particularmente, quiero hacer hincapié en la situación de los pacientes de Alto del Carmen, que se informe en detalle cómo está contemplado el traslado de los pacientes para su diálisis, cuántos son los recursos comprometidos en ello y cuál es el universo de pacientes que esto cubre. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Senadora Probosta. Entonces, tomamos el acuerdo para enviar oficio al Ministerio de Salud sobre el tema de la licitación para el traslado de accidentes vializados, especialmente de la comuna de Alto del Carmen. Senador Gaona, por favor. Sí, Presidenta. Quisiera solicitar, no sé si puede ser una sesión o, alternativamente, que nos envíen información. Yo prefiero que se realice una sesión para poder conversar respecto del financiamiento de la ley Ricardo Soto. Hay muchísimas dificultades: no hay financiamiento para incorporar nuevas patologías ni para actualizar los tratamientos. Entonces, quisiera, no sé si, Presidente, usted le puede comentar al Presidente titular para que podamos tener parte de una sesión en la que la Ministra nos pueda comentar respecto del estado de la situación de la ley Ricardo Soto, cómo se va a complementar con la ley que acabamos de aprobar de enfermedades raras y poco frecuentes, y qué se está haciendo en materia de acuerdos de riesgo compartido. Asimismo, ¿qué negociaciones hay, por ejemplo, con farmacéuticas para abordar patologías que, no estando incluidas en la ley Ricardo Soto, se presentan en cantidades limitadas en el país y que puedan ser atendidas ya sea mediante acuerdos de riesgo compartido o a través de negociaciones directas con farmacéuticas específicas? En el fondo, que la Ministra nos actualice respecto de la ley Ricardo Soto. En segundo término, no sé si ya estará listo lo relativo a la licitación o al estado de avance. Quisiéramos saber también sobre la modalidad complementaria de cobertura del FONASA. Me gustaría conocer de parte del FONASA cuál es el estatus, el estado de avance y cuáles son los plazos; es decir, cuándo se va a empezar a implementar, y cuándo las personas podrán decir: “¿Puedo contratar ya este seguro? ¿Puedo irme a atender?”. Quisiera tener una especie de cronograma estimativo de cuándo esto operará, ya que entiendo que se realizó la licitación. Espero que las compañías aseguradoras se hayan interesado y podamos contar con esta modalidad de cobertura complementaria lo más rápido posible. Le pregunto también esto respecto del tema de la ley Ricardo Soto, porque ya el Estado ha gastado 81.000 millones –el FONASA, en el año 2024, gastó esa suma en el pago por demandas judiciales por el no tratamiento de enfermedades raras–. Al final, lo que estamos haciendo es no financiar la ley Ricardo Soto y, en consecuencia, estamos pagando por la vía judicial. El Senador Orochacuay tiene mucha experiencia en este tema y, además, estamos llegando tarde, ya que cuando los tratamientos comienzan a no tener los efectos deseados, se pierde tiempo valioso para los pacientes. Quizás vale la pena sincerar esto, porque vamos a seguir teniendo demandas judiciales por estos temas de la enfermedad rara y la falta de atención, tema que ya está jurisprudenciado, como se dice en la Corte. Asimismo, quisiera saber cuánto se está pagando y qué se ha pagado en términos de demandas judiciales por el no acceso al tratamiento. Eso, Presidenta, por ahora. Muchas gracias, Senador Gaona. Les propongo que tomemos el acuerdo. El Presidente decidirá, obviamente, en qué espacio y fecha, pero analizará los temas que ha planteado el Senador Gaona, en relación con la ley Ricardo Soto y otros. Yo también quiero solicitar un oficio para el Ministerio de Salud. En el año 2023 lo planteé en esta misma comisión: el Servicio de Salud Aysén adquirió un equipo TAC o escáner odontológico, que estuvo guardado en bodegas del Servicio de Salud durante un año. Posteriormente, se nos informó, a solicitud vía oficio, de un cronograma para la instalación de este equipo, que es muy importante, sobre todo porque la lista de espera odontológica en la región de Aysén es significativa. Se establecía que, de marzo a junio de 2025 –última etapa del cronograma– se iniciarían o ya se estarían ejecutando las obras para instalar este TAC. Eso no ha ocurrido. Entonces, quiero solicitar que…

Podamos oficiar para que se nos informe claramente las razones del cambio en las fechas y cuándo estaría finalmente instalado el taco odontológico en el Hospital Regional de Coyhaique. Si no hay más puntos varios, vamos a pasar al primer punto de la tabla. Quiero saludar también a los invitados del día de hoy. Está presente el subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Bernardo Martorell; vía Zoom, el subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado; y también está presente la presidenta de la CONFUSAM, la señora Gabriela Flores. El primer punto es votar la reapertura del debate del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que obliga a los establecimientos de expendio de comidas o alimentos a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes, lo que se ha denominado la ley del vaso de agua. Entonces, secretario, por favor. Lo que corresponde es votar la reapertura, que fue pedida la semana pasada, teniendo presente que también la sala encomendó, digamos, la moción del senador Osandón. Así es. Procederemos a votar primero la reapertura y, a continuación, dar por incorporados los proyectos originales de esta comisión. En votación de la reapertura del debate, intervienen el senador Chaguán, la senadora Provoste y la señora Presidenta. Se registra voto a favor. El resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra, por lo tanto, queda reabierto el debate. Asimismo, se entiende que se fusionan los proyectos originales presentados por los integrantes de esta comisión. Sin perjuicio de lo anterior, la señora Presidenta ha pedido invitar a la Asociación de Restaurantes. Muchas gracias. El punto dos de la tabla corresponde al análisis de la situación de seguridad en los centros de atención primaria de salud de más alto riesgo, un tema que habíamos dejado pendiente y sobre el cual hoy queremos otorgar un amplio espacio de discusión. Le doy la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Bernardo Martorell. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todos. Por este medio, saludo también a los demás honorables y a los asistentes a esta comisión. Presentamos el trabajo que hemos estado realizando; esta es la segunda reunión que tenemos en este espacio para tratar la problemática de la seguridad en nuestros establecimientos de atención primaria. La reunión anterior fue hace dos semanas, en la que se expusieron los antecedentes y avances en la materia. Para esta ocasión, nos hemos coordinado con quienes hemos estado trabajando en la Subsecretaría de Seguridad. Si le parece a usted, Presidenta, procederemos a que el subsecretario de Seguridad Pública exponga el trabajo que hemos estado realizando en conjunto, a través de una presentación, a la que posteriormente se complementará con otros comentarios. Muchas gracias, subsecretario. Le entrego la palabra ahora al subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado. Muchas gracias, Presidenta. Primero, confirmar si me escuchan bien… Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. No me siento muy bien de salud, motivo por el cual me encuentro en modalidad telemática hoy. Como indicaba el subsecretario Martorell, vamos a dar cuenta de una estrategia de seguridad implementada en los establecimientos de salud. Los antecedentes de esta estrategia indican que, en el año 2024, durante el segundo semestre, la antigua Subsecretaría del Interior, en coordinación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Carabineros de Chile, diseñó una estrategia orientada a mejorar las condiciones de seguridad en hospitales y centros de atención primaria. Se implementaron diversas acciones organizadas en distintos ejes. Las instituciones que participaron en la elaboración de dicha estrategia fueron los gremios de salud, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Subsecretaría y los gobiernos locales.

El trabajo fue traspasado desde la Subsecretaría de Interior, por supuesto, a la Subsecretaría de Seguridad Pública, una vez creado el Ministerio de Seguridad el 1 de abril. ¿Cuáles son los ejes de intervención? Son cinco: la presencia y resguardo policial, la protección del establecimiento y sus comunidades, el mejoramiento de la gestión del entorno, el fomento a la denuncia y la promoción del buen trato de funcionarios y personal de salud. La estrategia se focaliza específicamente en 127 centros de salud de atención primaria y 193 hospitales, bajo criterios de categorías de extremo, muy alto, alto, medio y bajo respecto de seguridad. Luego de haber aplicado la matriz de riesgos a los distintos centros, ésta arrojó la existencia de 9 APS que deberían ser calificados como extremos, 46 hospitales que deben ser calificados de extremos y 26 con la categoría muy alta en el caso de la PSI, y así sucesivamente, como se muestra en la imagen. Dada esta categorización, que además adelanto a la Comisión, estamos en pleno proceso de reevaluación o actualización, por lo que hemos empezado el trabajo y les vamos a comentar el estado de situación actual de esta estrategia. La implementación considera la instalación de una mesa permanente de trabajo, liderada por las distintas delegaciones presidenciales regionales y, a partir del 1 de abril, por la seremi de Seguridad Pública, en la que deben participar el PR, tanto los regionales como los provinciales, Carabineros de Chile, Policía de Investigación, Ceremia de Salud, gremios y otros actores locales de relevancia. Lo importante para el nivel de implementación es que estas mesas se encuentran instaladas y en operación en todas las regiones. Además, todas ellas ya están trabajando en un plan de acción regional. Esto es importante de enfatizar, pues el trabajo interinstitucional que estamos desarrollando evidencia que ya existe un plan de acción regional en materia de seguridad en centros de salud. En lo que respecta al primer eje, la presencia y el resguardo policial, tenemos nueve centros categorizados como extremos, de los cuales cuatro cuentan con un punto fijo de Carabineros; la razón es que, en esos casos, ya existía o se construyó un punto fijo. En los centros en que no resulta factible el punto fijo, se aplica la vigilancia especial. Por ejemplo, en el caso del Cefán de Juan Pablo II de La Serena, la subcomisaría que se encuentra casi inmediatamente en el metro hace innecesario el punto fijo. Los centros de categorías muy alta, alta y medio baja mantienen servicios de vigilancia especial, exclusivamente en horarios priorizados y según la disponibilidad de recursos. Respecto a los hospitales que integran Carabineros de Chile, se mantienen 30 servicios diarios de punto fijo en la actualidad. De los 46 hospitales categorizados como extremos, en los que no se instala punto fijo, se brinda un servicio de vigilancia especial. En este contexto se encontraba, por ejemplo, el hospital de Copiapó, que contaba con vigilancia especial; sin embargo, luego de los hechos ocurridos el 21 de mayo, la seremi de Seguridad Pública de Atacama está gestionando, con la general de zona, la instalación de un punto fijo en dicho hospital. También se registraron los siguientes resultados de labor a 100 metros a la redonda durante el periodo que transcurrió desde el inicio de la implementación hasta el 30: 27.868 controles de identidad y vinculares, 1.045 infracciones en el marco de fiscalizaciones, 484 detenidos (de los cuales 105 en la Región Metropolitana y 300 en otras regiones). La mayor cantidad de detenidos se debió a órdenes vigentes, seguido de lesiones o amenazas que se producen al personal en estos centros de salud. Es importante remarcar que, en las 13 regiones del país, se reportan acciones de coordinación con las policías. En efecto, hay mayor presencia policial debido a que ya se cuenta con esta estrategia focalizada en los centros de salud. Entre las acciones de coordinación destacan el intercambio de contactos telefónicos entre los encargados de los establecimientos y las jefaturas policiales más cercanas, así como el establecimiento de un teléfono especial entre directores de salud y Carabineros de Chile para reportar de inmediato hechos que puedan incidir en la seguridad. Dentro del eje 2, relativo a la protección de los establecimientos y sus comunidades, tenemos nueve regiones que presentan avance en este aspecto, tal como se muestra en la lámina, donde destacan las capacitaciones impartidas a funcionarios.

Son una imagen que da cuenta de la realización de esta capacitación a los funcionarios por parte del programa de apoyo a víctimas de la SEP, y también en materia de primeros auxilios psicológicos para la atención de víctimas. Esta capacitación ha sido dirigida a referentes de seguridad de los propios APS y a los directores de los servicios de seguridad. Es súper importante hacer presente que tenemos una jornada prevista para el 13 de junio de este año, en donde el Departamento de Seguridad Privada de la SPD, junto con el Departamento de Seguridad Privada de Carabineros, realizará una jornada de capacitación nacional para todos los centros de salud el día 13 de junio de 2025. Dentro del mismo Eje 2, tenemos un plan de acción interno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que complementa este trabajo interinstitucional, en el cual ya se encuentran 29 servicios con protocolos activos frente a eventos violentos. También se han entregado orientaciones técnicas para diseñar espacios seguros en la APS y se están actualizando normativas, por ejemplo, la norma administrativa número 28 sobre agresiones, que será actualizada en este segundo semestre. En agosto de este año se lanza la nueva plataforma de reporte de agresiones para mejorar el monitoreo y análisis de seguridad. Un dato que hemos detectado en las mesas regionales, Presidenta, es que muchas veces es complejo determinar, a la hora de reportar, si una agresión es delictiva o no, ya que existen zonas grises que hemos logrado ir despejando a medida que se han realizado las capacitaciones sobre cómo y qué se debe reportar. Finalmente, tenemos un apoyo financiero territorial a partir del AGN que suma 4.865 millones. Este fondo se ha invertido en cámaras, centros cerrados de televisión, iluminación, cierres perimetrales, así como en láminas y puertas de seguridad para algunos centros. En el Eje 3, relacionado con el mejoramiento y gestión de los entornos de los establecimientos en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos, se han realizado actividades de diagnóstico conocidas como marchas exploratorias. Esta marcha exploratoria es un método de trabajo en el cual se recorre el entorno del establecimiento de manera intensa, detectando las variables que pueden afectar la seguridad. Es importante destacar que, durante los primeros tres meses de la implementación de las estrategias –entre noviembre y enero de 2025– la Policía de Investigaciones realizó 31 procedimientos policiales en torno a 23 centros de atención primaria de la región metropolitana, registrando incautaciones y allanamientos de inmuebles en las zonas circundantes a dichos centros. Durante el primer semestre de este año 2025, la METE CERO priorizó 21 puntos, entre ellos, las comunas de Puente Alto, San Bernardo y Santiago, las cuales deben contar con una adecuada reportabilidad, de la mano de los análisis surgidos en las mesas. Además de eso, se ha difundido la existencia de canales de denuncia, entrando ya en el Eje 4, en las regiones de Los Ríos, Maule, Metropolitana, Bermudadizo, Atacama, Antofagasta, Nique, Perinacota y Cumle. En cuanto al mejoramiento de la gestión de los entornos y la promoción del buen trato hacia los funcionarios, se ha diseñado, en conjunto con los equipos de comunicaciones del MINSAL, una campaña que tendrá su foco en redes sociales y formatos digitales en su primera etapa. Esta campaña ya fue enviada por la Secretaría de Comunicaciones al Ministerio de Salud, se encuentra en etapa de diseño final y será comunicada próximamente. Recientemente, se sostuvo una reunión con la CONFUSAM en el Ministerio del Interior, en la cual se acordaron también otros puntos específicos que se discutirán al final de mi presentación. ¿Cuáles son los cursos de acción para contingencia? ¿Qué hemos definido para trabajar una contingencia en materia de seguridad en los centros de salud ante situaciones de extrema violencia y alta connotación pública, que involucran armas, disparos, agresiones o incluso muertes? Lo primero es la comunicación con las autoridades regionales, es decir, con el Ceremia de Salud, la Policía y el Ceremia de Seguridad, así como la comunicación inmediata con el director de Servicios de Salud donde se presentó la contingencia. Se debe realizar el seguimiento inmediato de la denuncia y, en caso de que no exista, interponerla, evaluar la presentación de querella y activar el convenio con el programa de atención a víctimas.

Implementar las medidas policiales y monitorear estas una vez que ocurran. ¿Para qué es todo esto? Bueno, para recabar antecedentes y formalizar las denuncias de manera correcta, ya que la forma de monitorear y de establecer el criterio —extremo, alto, bajo— tiene que ver con los niveles de denuncia. Por eso, estamos poniendo un énfasis especial este año en capacitar sobre la forma de denunciar y, por supuesto, también en activar un correcto control policial y prevención en los establecimientos y su entorno, lo cual es muy importante. ¿Cuáles son las buenas prácticas regionales que hemos observado, por ejemplo, ya implementadas en distintas regiones? En Carica, por ejemplo, se ha puesto en funcionamiento el teléfono verde, un canal entre directores y Carabineros. En Coquimbo se comparte el listado actualizado de los cuarteles de Carabineros y la información de los establecimientos de salud. En el eje 2, en protección de establecimientos, en Antofagasta se ha aplicado una encuesta funcional sobre temas de seguridad. En Atacama se realizó una capacitación y se mejoró el manejo de conflictos con la agroempresidad. En el eje 3, una buena práctica regional se ha evidenciado en Arica, donde se han realizado reuniones para coordinar fondos y proyectos en materia de seguridad en establecimientos. En la Región Metropolitana se han llevado a cabo marchas exploratorias en el hospital Pino y en el hospital Padre Gustavo, mientras que en Los Ríos se coordinó la entrega de información relevante a la PDI sobre delitos en establecimientos. Entonces, como se indicaba, es muy importante la forma en que se denuncian los hechos. En la Región Metropolitana se suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía Occidente para efectos de atención rápida por parte de los fiscales de flagrancia, lo que ha permitido intervenir en los APS y en los hospitales de la zona occidental. Antes de cerrar mi intervención, quiero comentar lo ocurrido en Ercilla. Se implementó una mesa de trabajo especial, específica para Ercilla, y el jueves 29, a las 15 horas, se realizará una nueva reunión de coordinación para establecer o mejorar el protocolo de resguardo en trayecto. En la macro zona sur existe un protocolo de resguardo en trayecto mediante el cual los APS o los hospitales deben informar sobre todas las visitas rurales que realizan, para contar con resguardo policial; se está reforzando la aplicación de este protocolo en esa zona en particular, siendo de aplicación general para las zonas rurales. Con esto, he tratado de describir el trabajo interinstitucional llevado a cabo junto con la Subsecretaría de Salud Pública para implementar una estrategia de seguridad en los establecimientos de salud, la cual se encuentra en actual actualización de acuerdo al nivel de riesgo y que se implementará desde el año 2024 en toda la ciudad. Muchas gracias, subsecretario. — Bueno, primero que nada, saludo a usted, señora Presidenta; a los senadores presentes; a las autoridades del Ministerio de Salud; y, por supuesto, a todos los trabajadores de atención primaria que en estos momentos nos siguen a través de las redes. También saluda a mis dos compañeros dirigentes que me acompañan hoy a nivel nacional, el compañero Claudio Jiménez y Marcos Vargas. La presentación fue enviada ayer y ya está disponible. Quiero señalar, en primer lugar, que nos gustaría saber cuándo parte la campaña, porque llevamos más de un año esperando y aún no tenemos noticias; no podemos esperar a que un trabajador o una trabajadora sean asesinados para poder actuar. Desde hace más de una década, Confusam viene demandando soluciones ante el creciente aumento de la violencia en los consultorios del país, que afecta tanto a los trabajadores como a las usuarias. A fines de 2019, tras una gran lucha de nuestra organización, se promulgó la Ley 21.188, conocida como Consultorio Seguro; sin embargo, decidimos con firmeza que esta ley no garantiza seguridad real para quienes laboran en la atención primaria de salud. Chile vive una escalada preocupante de violencia en los territorios, que impacta fuertemente a los equipos de atención primaria, especialmente en los sectores urbanos vulnerables y en las zonas rurales aisladas. Esta situación provoca temor, inseguridad e impotencia entre los trabajadores y trabajadoras, quienes, pese a su rol esencial, están siendo expuestos sin protección efectiva del Estado. El discurso institucional, no?

Resulta insuficiente, sino que invisibiliza las condiciones extremas que se viven en muchos centros de salud. Bajo este escenario, CONFUSAM comparece hoy ante la Comisión de Salud del Senado. El 12 de mayo asistimos a una primera reunión con la comisión, donde denunciamos públicamente la falta de respuesta real por parte del Estado. En la misma sesión intervino el Subsecretario de Redes Asistenciales, quien expuso una visión institucional que pretende mostrar avance y coordinación, pero que en los hechos resulta desconectada de la realidad que viven día a día quienes integran la atención primaria de salud. Frente a esto, es necesario precisar lo siguiente. En el enfoque del problema, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes presentan una visión técnica y administrativa del problema de la violencia en salud, centrada en estrategias, registros, mesas de trabajo y marcos legales ya existentes. Para nosotros, ello denuncia una realidad cruda y urgente, en la que los equipos de salud trabajan con miedo constante, arriesgando su vida ante hechos de extrema gravedad, como ataques armados, incendios y amenazas sexuales. El contraste es que, mientras el gobierno presenta una narrativa ordenada y progresiva, la organización sindical expone una crisis humana, moral y política. Es responsabilidad del Estado. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes, reconoce desafíos pendientes, pero se posiciona como un actor activo, comprometido y coordinado con otros ministerios. CONFUSAM asegura que el Estado ha abandonado a la atención primaria al no garantizar ni siquiera lo más básico: la integridad física y psicológica de quienes trabajan en el sistema. ¿Cuál es el contraste? Existe una brecha entre el discurso de avance institucional y la inacción concreta en los territorios. Las respuestas institucionales se perciben como evasivas y burocráticas. En las medidas, la Subsecretaría de Redes cita leyes, consultorios seguros, registros de incidentes, mesas de seguridad y estrategias con ejes preventivos, formativos y policiales. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas ha cambiado la situación en terreno: las mesas no funcionan, los puntos fijos policiales no se instalan y la violencia continúa creciendo. Lo que el Ministerio declara como avance, CONFUSAM lo denuncia como promesas incumplidas que no inciden en la realidad concreta. Desde su rol como organización defensora de las y los trabajadores de la salud, CONFUSAM sostiene que el relato del Ministerio omite, de manera irresponsable, la dimensión real de la crisis. Mientras el gobierno intenta construir una imagen de gestión activa, los equipos de salud siguen solos frente al peligro, sin resguardo policial efectivo, sin respuestas oportunas del Estado y con medidas que solo existen en el papel, como la campaña comunicacional definida conjuntamente con el gobierno. Este contraste no solo debe ser visibilizado en el espacio parlamentario, sino también en los medios de comunicación y ante la ciudadanía, dejando claro que los relatos oficiales no pueden seguir negando ni relativizando el miedo y el sufrimiento cotidiano de quienes sostienen la salud pública en los barrios más golpeados del país. Como ejemplo, se citan hechos recientes ocurridos en mayo: el 3 de mayo, en el SIA, un nutricionista fue baleado durante una ronda rural y otros dos trabajadores fueron agredidos; el 13 de mayo, en Linares, un funcionario de la posta rural de Vara fue amenazado con cuchillo; y el 23 de mayo, en San Bernardo, un individuo en el SAR intentó robar y apuñalar a otro usuario en la sala de espera. Estos casos recientes evidencian que las medidas implementadas por el Ministerio de Salud y otras autoridades no han sido suficientes ni efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la red.