Senado - Seguridad Pública - 26 de mayo de 2025

El convenio entre Suceso y PDI, una cosa en que simplemente hay que cruzar datos; aquí no hay que usar un software. Dígame, me imagino la Contralora poderlo informar, o dígame quiénes salieron del país en tal época y cuál es la ruta asignada a una situación. Salta. Estas páginas web que se hacen, que se observan con paciencia, son similares a cómo se persigue la pedofilia, por ejemplo, y perdonen que diga algo duro, duro, en que está el Ministerio Público revisando las páginas cuando se encuentran anuncios o situaciones; se meten, investigan y van detrás de eso. Acá me dicen que nadie del asociado, ni de la COMPIN, ni del ministerio, ni la subsecretaría, vio esas páginas; nadie instruyó sobre eso. ¿Dónde está el principio proactivo? O, como digo, esto no afecta a todos de la misma manera, porque todos ganan, pues. Y ese es el problema, mientras no se desincentive. Entonces, en lo concreto, por su intermedio, Presidente, ¿qué pasó con el acuerdo? La directora de la subsección, me imagino, estará poniendo su cargo a disposición o cayéndosele la cara de vergüenza. Y segundo, respecto de la posibilidad de establecer una ley corta para abordar estos temas –porque son modificaciones claritas, acortar plazos y establecer responsabilidades para desincentivar lo que está sucediendo–, gracias, Presidente. Gracias, Senador. No, no. Sí, por eso pregunté si podíamos; pero en todo caso, mire, este tema no va a terminar acá. Hoy día vamos a escuchar las respuestas y vamos a convocar a Suceso, particularmente, en el uso de mi tiempo ahora sí, solamente para hacer un par de comentarios y una pregunta. Lo primero… Eso es lo que queremos excusar, porque son tres integrantes y nuestras excusas a la invitada y a la ministra de la Secretaría están registradas. La comisión termina a las 15:30; la ampliamos 15 minutos para la respuesta. Vamos a seguir con esto. Estimadas invitadas, yo quiero hacer un comentario. Primero, que este fraude al fisco –porque hay que catalogar las cosas por su nombre– es tan amplio que requiere hoy día una respuesta dura, drástica, precisa. Esto está demasiado institucionalizado, demasiado en culturismo. Y quiero dar mi opinión personal: esta frescura mayúscula no se resuelve con un sumario administrativo. Los sumarios, como ya se ha señalado en la comisión, parten de una investigación sumaria; si hay mérito, hay que nombrar un fiscal, nombrar un actuario y demás, incurriendo en un gasto gigantesco para el Estado cuando se está cometiendo, eventualmente, un delito que en la mayoría de los casos no se resuelve ni con sumarios ni con comisiones de ausentismo, pues eso aumentaría la burocracia. Además, aquí se cruzan informaciones. En lo personal, vengo de dejar la presidencia de la Comisión de Seguridad, y estamos de verdad espantados de cómo las organizaciones criminales siguen avanzando en Chile sin ese contrapeso que el Estado debe generar para frenarlas. ¿En qué se basa, estimada Ministra, su secretaria, señora Contralora, el crimen organizado en el mundo, según la experiencia internacional? Lo estamos conociendo. Mire, un país tan grande como México no ha sido capaz, no solamente de controlar la invasión y el avance del crimen organizado, sino que además ha dejado de contar, en algunos estados, con la condición plena de un Estado. El crimen organizado se basa en dos pilares fundamentales: la corrupción y la impunidad. Y aquí estamos en presencia de un delito que, eventualmente, no puede quedar impune, evidenciándose corrupción, porque aquí no solamente hay un emisor de una licencia, sino que además hay un receptor que se la pide y le paga, aprovechándose malamente de fondos públicos. Entonces, la pregunta es: cuidado con esto, porque lo que estamos haciendo es fomentar una cultura en la que se comete un delito, y por esa vía se dilata todo el proceso en el resguardo de lo que, en el caso de los funcionarios públicos, establece el Estatuto Administrativo. Aquí está el presidente de la ANEF y están directivos de la ANEF, y yo sé que ellos tienen una postura súper clara, pues no pueden defender lo indefendible cuando se le está robando al Estado. Lo han hecho flagrante, a la vista y con la paciencia de todo el mundo, porque los compañeros de trabajo lo saben. El Senador Gaona acaba de comentar un caso que hoy conocíamos a través de la prensa. A mí me llegó un correo electrónico por esto: Don Wilson Rojas, Don Wilson Rojas denuncia a una persona por viajes reiterados estando con licencia.

Y resulta ser que la persona se recupera de su "licencia", termina su investigación sumaria y al día siguiente la acusan de acoso laboral, por lo que el señor es destituido, teniendo un alto cargo en la Región de Coquimbo. ¿Qué dijo la directora nacional de la Justicia en este caso, pues? Porque cuando se instituye un alto cargo después de un sumario, esto no es desconocido para las direcciones nacionales. Gracias, señor Presidente. En cuenta tenemos, en primer lugar, dos proyectos de ley que han sido remitidos a esta Comisión. El primero es el proyecto, mensaje unificado de Su Excelencia al Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta (Boletín 17.535-25). La Sala del Senado remitió este proyecto a la Comisión de Seguridad Pública y, en su caso, a Hacienda. Enseguida, se presenta un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores, señora Núñez y señores Durana y Osandón, al que se sumó, en calidad de autora, la senadora Aravena. Este proyecto modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante el delito cometido contra el personal de Gendarmería, o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en el caso que se indica (Boletín número 17.524-25). Agregar, además, que con fecha 14 de mayo se hizo presente la urgencia suma al proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuyas investigaciones requieren especial celeridad; esta urgencia sería el 29 de mayo. Se ha recibido, enseguida, un oficio en respuesta a lo solicitado por el honorable senador señor Piu, desde el Servicio Nacional de Aduana, en relación a los equipos de vigilancia –tanto de contenedores como de equipaje de mano en personas en pasos fronterizos y puertas–. Dicho oficio ya fue remitido a los correos electrónicos de sus señorías. Por último, se ha recibido un informe del Consejo para la Transparencia acerca de la fiscalización extraordinaria en relación con la publicidad de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Dicho informe también fue remitido a los correos electrónicos de sus respectivos responsables. Eso es todo, señor Presidente, en materia de cuentas. En relación a cuentas, se ofrece la palabra. Puntos varios: si me permiten, quisiera tocar un punto respecto a una situación en la Región de Arica y Parinacota, que guarda relación directa con el almacenamiento de precursores químicos en el puerto. La presencia de estos precursores, que ya supera las 700 toneladas, irá en incremento y representa un problema en todos los puertos, por lo menos en la zona norte, y según tengo entendido, también en Valparaíso en lo que respecta a las normas para su destrucción. El mayor inconveniente es que en los puertos de Arica e Iquique no existe la capacidad técnica para destruirlos, por lo que, o deben enviarse por Antofagasta o dirigirse hacia la zona central. Por ello, solicito un acuerdo a la Comisión de Seguridad para que el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad o del Ministerio del Interior –o quien corresponda– estudie una fórmula que permita liberar de impuestos esa mercancía, la cual fue decomisada para la producción de drogas, ya que al estar en tránsito debe nacionalizarse y, al hacerlo, se deben pagar impuestos.

Ya tenemos un problema, pues debemos pagar en función de la destrucción de este material. Además, se suma una situación administrativa, ya que la aduana cobra el impuesto cuando, en muchas ocasiones, esta mercancía va para destrucción. Si fuese para reciclarse, quizá se pueda encontrar una empresa; habría que buscar la fórmula caso por caso. Pero lo puntual es que hoy día tenemos material almacenado del año 2020 y las certificaciones en los envases están vencidas, lo que nos sitúa en una situación de riesgo. Yo desearía, Dios nos lo permita, que no se provoque una situación de gravedad y luego tengamos que salir a solucionar un problema del que todas las autoridades están desconcertadas. Lamentablemente, esto depende del Ejecutivo, depende del Gobierno Central, ya que la solución no está en manos de las autoridades de la región. Por lo tanto, quisiera pedir el acuerdo para construir un oficio a la Comisión de Seguridad. Disculpe, presidente, pero no logro entender el objeto de la solicitud. ¿Por qué tendríamos que liberar de impuestos productos para la fabricación, destinados a la producción de drogas? Se argumenta que estos precursores químicos, que vienen con destino a Bolivia, fueron decomisados, y hay una cantidad importante de toneladas en los puertos, particularmente en Arica y en otros puertos del norte. Para poder ingresar a Chile para su destrucción, deben pagar impuestos, ya que hay que nacionalizarlos; es decir, se paga el derecho de aduana, lo que complica aún más la situación, pues desde el año 2020 estos recursos permanecen almacenados. Además, dado que tenemos un régimen de gestión de zona blanca, al ingresar a Chile para su destrucción hay que pagar los derechos aduaneros. Resulta contradictorio que sean decomisados recursos químicos para la fabricación de drogas, que iban destinados a Bolivia, pero que no se pueden destruir porque no existen plantas para ello, ni en Arica ni en Iquique. Sacarlos implica internarlos, pudiendo ser trasladados, por ejemplo, a la Región Metropolitana para su tratamiento. Sin embargo, si solamente se destinan a la destrucción, es necesario buscar una fórmula que permita liberarlos de impuestos, facilitando de este modo el proceso. Por otro lado, si existiera una empresa que pudiera reciclarlos, se abriría otra perspectiva, ya que el reciclaje permitiría destinarlos a otras actividades económicas. Eso es lo que estamos solicitando. Presidente, si me permite, antes de abordar el estudio propiamente dicho del tema de los impuestos, propongo que se solicite un informe a las instituciones pertinentes que nos instruya —lo digo desde mi ignorancia y asumiendo mi responsabilidad— sobre la materia y las posibles soluciones, a fin de fundamentar la propuesta de acuerdo de la comisión. Asimismo, solicito a la Secretaría de la Comisión que gestione un estudio en la biblioteca y que se verifique, en el marco del proyecto de reciclaje, la situación de la zona extrema, ya que, al tratarse de zona franca, también se enfrentaba al problema de que al sacar los productos residuales se debía pagar impuesto como si fueran productos nuevos. Quizás la biblioteca disponga de ambos estudios o, en su defecto, debamos buscar una alternativa a través del proyecto de reciclaje. Quedamos a la espera de que conste lo manifestado para registrar la respuesta. Entonces, pedimos el acuerdo para el estudio respectivo. ¿Es posible?

Volvemos a reiterar nuestros saludos al señor Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y a la subsecretaria de prevención del delito, acompañado por la coordinadora legislativa, señora Estefanía. El objeto, de acuerdo a lo solicitado por esta Comisión de Seguridad, es escuchar la exposición del Ministro en relación al proceso de instalación e implementación de dicho ministerio. Señor Ministro, se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Permítame un comentario en relación a lo expuesto. En el caso de Arica existe un componente adicional que considero más complejo y sobre el cual podemos contribuir con información. Se ha llamado a licitación para efectos de la destrucción, pero se han declarado desiertos. El Ministerio de Seguridad está trabajando en una propuesta general respecto a los bienes decomisados, lo cual incluye la situación de los precursores. Además, tenemos un tema relacionado con drogas y otros productos de contrabando que no pueden ser destruidos de inmediato. Los detalles los puedo entregar en un documento reservado a vuestras señorías para que tengan el panorama completo, ya que es un tema que actualmente ejecuta la Subsecretaría de Seguridad Pública. Le haremos llegar dicho informe en condición de reservado, pues también da cuenta de algunos riesgos existentes. A continuación, me acompaña la subsecretaria Carolina Leitado, quien, junto con el subsecretario Rafael Collao, ha participado en la etapa de implementación. Lo que buscamos es hacer referencia a las cuatro acciones que hemos estado ejecutando en el último tiempo, a partir del mandato legal que crea el Ministerio de Seguridad Pública, proceso que protege… En lo que se refiere al Ministerio de Seguridad Pública, reitero lo manifestado en una sesión anterior, cuyo carácter fue reservado por la información entregada en su oportunidad. Creo que lo más relevante desde el punto de vista del sistema institucional no es simplemente el casillero del Ministerio, sino que la ley que lo crea establece un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad, fundamentado en los principios de interoperabilidad. Dichos principios han ido sustituyendo, en cierto sentido, el enfoque genérico tradicional en la administración pública, centrado en la coordinación. ¿Por qué es esto relevante? Porque el propósito del Congreso —y es el motivo fundamental sobre el cual se ha estructurado el modelo de implementación del Ministerio de Seguridad Pública— es desarrollar un modelo de gestión pública flexible y adaptativo. Esto supone generar condiciones en las que concurran competencias públicas sin segmentarse en silos institucionales. Cabe recordar que, con la creación del Ministerio, se establecieron dos consejos en la ley: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, vinculado a aspectos de seguridad y en el que por primera vez se inserta una autonomía constitucional para el mecanismo del Ministerio Público —si bien la persecución penal es uno de los componentes de la seguridad pública, no es el único—; y el Consejo Nacional de Prevención del Delito. Asimismo, desde el punto de vista operativo, uno de los desafíos que enfrenta el país es el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, proyecto separado que deberá ingresar al Congreso en los próximos meses; y, por otro lado, el Sistema Integrado de Coordinación Policial (SICPOL), al cual ya haré referencia. A nivel regional, se contempla el funcionamiento de dos consejos que buscamos integrar operativamente, y se ha tratado de unificar tres figuras existentes previamente a la creación del Ministerio de Seguridad Pública: el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el de Prevención del Delito y la tercera que corresponde a las mesas.

Senadora, señora Ortega: Yo creo que existe un problema en el enfoque del proyector, lo que llevaría a que los legisladores evaluaran una norma que modifique ciertos aspectos, tal como se ha señalado. Dispongo de una copia que evidencia lo acotado de algunas licencias médicas y, de alguna manera, se pone énfasis en el diseño por lo que se está implementando: el modelo de gestión pública en materia de seguridad pública. No se trata simplemente de una cuestión orgánica, sino de instaurar un nuevo modelo de gestión en seguridad pública. En la etapa de implementación se avanzó de la siguiente manera. La primera decisión fue que, una vez publicado en el Diario Oficial a principios de febrero de este año, el Ejecutivo disponía de un año para dictar los decretos con fuerza de ley. Tal compromiso fue asumido por el Presidente de la República con las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, de modo que, al publicarse el proyecto de ley, el Ejecutivo realizaría todas las gestiones posibles para que el Ministerio de Seguridad Pública se instalara en el plazo más breve. Con ese fin se elaboraron dos decretos con fuerza de ley, cuyo propósito era establecer una regulación doméstica de derecho administrativo vinculada al traspaso de bienes y personal. Dichos decretos permitieron la entrada en funcionamiento y fijaron la fecha de entrada en funciones del Ministerio de Seguridad Pública para el 1 de abril del año 1025. Cabe destacar que, previo a los traspasos efectuados desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y del personal asociado a temas de seguridad pública de la Subsecretaría del Interior, tanto a nivel nacional como regional, el Ministerio no podía operar formalmente. De hecho, acciones previas como la habilitación de cuentas en redes sociales o la activación de la cuenta del banco dependían de la existencia formal del Ministerio. La ley estableció una solución transitoria para ciertos gastos administrativos, disponiendo que el soporte administrativo se mantuviera en esa etapa a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto permitió, por ejemplo, resolver temas relativos a la habilitación de tres pisos en el edificio donde actualmente se encuentra instalado el Ministerio de Seguridad Pública. Desde el punto de vista técnico, el Ejecutivo adoptó decisiones sobre los mecanismos operativos. Se implementaron dos mecanismos: uno correspondiente a las suplencias para aquellas personas que ejercían cargos de coordinadores en la Subsecretaría de Prevención del Delito –en algunos casos designadas en régimen de contratación con horarios específicos– y otro relativo al orden de subrogancia orgánica, fijado para todo el Ministerio de Seguridad Pública. Dicho mecanismo estableció la selección de la Secretaría Regional Ministerial más próxima o afín a los temas de seguridad, decidiéndose, entre otros criterios, que en primer lugar correspondiera aquella que tiene a cargo la Comisión del Sistema de Justicia Penal a nivel regional y, en segundo lugar, a Gendarmería. Finalmente, se avanzó en la conformación del primer presupuesto y en la creación de la unidad estratégica, cuyo desafío fundamental es la implementación del sistema de seguridad pública como modelo de gestión. Los nombres de los titulares se están definiendo, luego de realizadas las consultas correspondientes durante esta semana.

Para eso se trajo una persona, un especialista de fuera de los equipos, que es Fabián Génez, quien ha estado a cargo de ese proceso, y luego se crearon nuevas instancias en materia del sistema de Seguridad Pública; era necesario constituir la Secretaría de Seguridad Pública, que hasta ese momento no existía. Enseguida, durante este período, se ha tratado de gestionar dos fuerzas de tareas muy específicas para ir calibrando las funciones del Ministerio de Seguridad Pública. Una de estas fuerzas, vinculada a la Subsecretaría de Seguridad Pública, se destinó a las faenas mineras, debido a que existen varios eventos relacionados no solo con el robo de cobre (habitualmente asociado al robo de cables), sino también con el robo en operaciones o faenas mineras de cobre y oro. Para ello se constituyó una fuerza de tareas muy específica en conjunto con las empresas mineras y el Consejo Minero. En el caso de prevención del delito, el Consejo Nacional de Prevención del Delito conformó un comité ejecutivo específico para los temas de infancia, esencialmente por los datos que indican la participación de menores de edad en delitos de determinadas características. De hecho, la participación de ellos no se encuentra sujeta al régimen de imputabilidad penal y, sobre todo, a las trayectorias que se han ido construyendo, trabajo que ha estado desarrollando específicamente la subsecretaria Leitado. Solo recordar que, de acuerdo con las reglas aprobadas por este Congreso, estos comités operativos o aquellas fuerzas de tarea deben tener objetivos y plazos definidos, no pudiendo perpetuarse en el tiempo. Durante este primer mes se avanzó estratégicamente con la instalación del Ministerio de Seguridad Pública y se constituyeron dos consejos en el marco del compromiso con otras unidades que se organizaron en abril: el primero, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y el segundo, el Consejo Nacional de Prevención del Delito. En estos consejos participan no solo funcionarios del Ministerio, sino también, además de las policías, un organismo autónomo como el Ministerio de Policía. En el mes de mayo, una vez constituidos los dos consejos nacionales, se fueron estableciendo los consejos regionales en diversas localidades (en Queverina Jota, Tarapacá, Vío León y Valparaíso), siendo previsto que durante el mes de junio se concluyan todos. La idea es que las tres autoridades del Ministerio –el ministro, el subsecretario y el titular correspondiente– viajen a cada región para, más allá del trabajo que ya se ejecuta, dar inicio a las acciones a nivel regional. Se mantiene la idea de contar con dos consejos separados –uno de prevención y otro de seguridad pública–, aunque en las instalaciones se han hecho funcionar de manera conjunta, ya que las autoridades a nivel regional son, en general, las mismas; además, resulta mucho más eficiente, dependiendo de la escala, trabajar de forma integrada para tener acceso a los avances. En los avances de implementación se trabajó en el Reglamento del Sistema de Seguridad Pública, el cual se encuentra actualmente sometido a ambos consejos y en proceso de consulta. Dicho reglamento regula tres materias: el propio sistema de Seguridad Pública, el tratamiento de datos (una regla expresa regulada en la ley) y, en tercer lugar, el Centro Integrado de Coordinación Policial. La decisión ha sido avanzar en un único reglamento con ese fin. El propósito del Gobierno y de las policías, trabajo desarrollado conjuntamente, es tener instalado el SICPOL aproximadamente en el mes de octubre. En cuanto a la Política Nacional de Seguridad Pública, es importante recordar que este instrumento se venía elaborando en los dos últimos años; la última política nacional en Chile fue dictada por la administración del Presidente Lagos, y las siguientes administraciones han implementado planes o estrategias. La ley del Ministerio de Seguridad Pública condiciona la creación de esta política. En esta línea se avanzó significativamente, contando con un amplio mecanismo de participación, reconociéndose el procedimiento del trabajo previo y estableciéndose etapas de observaciones por parte de los consejos. Así, como se manifestó en la sesión anterior, el eje central de la política está gatillada.

La eliminación de los delitos violentos y el índice de temor representa el gran objetivo al cual debe aspirar el país. ¿Por qué esto importa? Porque, pese a que la creación del Ministerio de Seguridad Pública es una nueva institución pública a partir del 1 de abril, en estricto rigor la gestión de la seguridad pública se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Por ello, el Ministerio ha tenido que encargarse, además, de incorporar al personal que venía trabajando, gestionando el traspaso íntegro de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de los equipos que se desempeñaban en el Ministerio del Interior, mediante la conformación de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Esto permitió, en los primeros días de abril, entregar el informe consolidado de homicidios consumados, que integra a todas las instituciones del sistema de seguridad pública y evidenció nuevamente una reducción en los índices. En cuanto a la integración de las cámaras, se han profundizado los operativos policiales, integrando específicamente a los organismos vinculados a ellos, y se han inaugurado nuevas dependencias que se venían desarrollando desde el Ministerio del Interior. Además, desde la instalación del Ministerio de Seguridad Pública a partir del 1 de abril, se decidió, junto con las policías, realizar visitas semanales a una o dos comunas. El efecto es relevante, ya que se trabaja directamente con los alcaldes y con las máximas autoridades de ambas policías, así como con las autoridades locales de las áreas más complejas, lo que facilita además el seguimiento de los compromisos establecidos. Es muy distinto que los alcaldes se reúnan únicamente con un ministro; ahora, el Ministerio y sus autoridades interactúan de manera directa con ellos, complementado con reuniones con los equipos de seguridad que permiten compartir información de manera más eficaz. El énfasis en los municipios responde a que, en la escala local, es posible captar de mejor modo determinados fenómenos. Un ejemplo es el de "Calles sin Violencia", que demuestra cómo en cada comuna los problemas no afectan a la totalidad de la zona ni a un barrio completo, sino que se concentran en sectores de dos o tres cuadras, lo que facilita la focalización de las intervenciones y la rendición de cuentas. Por otro lado, se han celebrado reuniones con el sector privado por diversas razones. En algunos casos, como con el sector minero—debido a la preocupación por el impacto en las faenas—y con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, se han compartido criterios y preocupaciones. Asimismo, con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se han abordado las obligaciones que deben cumplirse, recordando que, en el caso de eventos masivos, la creación del Ministerio de Seguridad Pública implica regulaciones y exigencias específicas que trascienden el ámbito del fútbol. En el caso de Lo Valledor, iniciativa promovida recientemente por el comercio del lugar, se detectó un problema logístico que ya había sido tratado en coordinación con la Subsecretaría del Interior; sin embargo, lo relevante fue que la actividad ha invertido ingentes recursos en materia de seguridad, tales como cámaras y mecanismos de reconocimiento facial, lo que podría servir de experiencia para otros sectores productivos o actividades con eventos masivos. Esta agenda se ha mantenido fundamentalmente por la convicción de que, en materia de seguridad pública, existe un mecanismo de coproducción público-privada. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y sus obligaciones evidentes y primarias, pero asimismo se reconocen aspectos importantes en materia de prevención.

Buenas prácticas que podrían desarrollar el sector privado que contribuyen en ese sentido. En el sector agrícola también nosotros hemos conversado sobre este punto. Se ha mantenido el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Solo quiero recordar la cantidad de recursos que el Estado ha destinado a dicho plan: son 241.000 millones de pesos. Cuando ustedes ven la distribución, estamos hablando, por ejemplo, de Carabineros y de otros organismos, lo que quiero decir es que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha implicado transferencias de recursos a organismos de muy distinta naturaleza. Además, al analizar también los recursos vinculados a Calles sin Violencia, se han distribuido más de 44.000 millones; buena parte de ellos está asociada a más de la mitad de los recursos destinados al Ministerio Público y, específicamente, a ECO. Si uno mira los datos, podemos analizarlos con mayor detalle en otra sesión. Por ejemplo, en los datos del año 2024, en el caso de recursos invertidos y esclarecimiento de delitos de homicidio, la Policía de Investigaciones, que es la institución que recibe la mayor cantidad de homicidios para investigación, presenta una tasa de esclarecimiento policial de homicidios superior al 70%, muy por lejos el promedio del resto de las policías en América Latina. En el contexto de la nueva ley antiterrorista, bajo la gestión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se ha tomado la decisión de ejercer querellas por esa ley en tres casos: primero, en el caso de Rucalwe, que ya comenté en esta comisión; segundo, en el caso de Contulmo, en el cual tomamos la decisión de querellarnos; y, por último, el caso del artefacto explosivo de la semana pasada en Providencia, cuya querella ingresamos la misma semana. La razón por la que el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad han ejercido estas acciones no es solo porque lo exige la ley, sino porque hemos convencido que, en el contexto de la nueva ley antiterrorista, estos hechos constituyen ilícitos recogidos por dicha normativa. En cuanto a la agenda legislativa priorizada, tenemos reglas de uso de la fuerza que están mixtas y que forman parte de la conversación que debemos tener. La seguridad municipal se encuentra en segundo trámite ante vuestra señoría y entendemos que estará en tabla la próxima semana, o el miércoles, en sala. Asimismo, el bono transitorio a la Policía de Investigaciones, que en general ya tuvo una votación bastante unánime; la nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones; el control preventivo de los gobiernos regionales y la carrera policial, que, como ustedes han escuchado, también es un compromiso que venía de la agenda, han ingresado para el conocimiento de esta señoría. En el área de Inteligencia, nosotros somos coayuvantes; estos son los proyectos directamente vinculados, ya que en ese proyecto también está involucrado el Ministerio del Interior, al igual que en el proyecto de ley de infraestructura crítica. Somos uno de los ministerios, junto con Interior, interesados en la gestión conjunta de esos proyectos. ¿Cuáles son los próximos plazos asociados a la implementación? El primero es el reglamento del sistema de seguridad pública y CITPOL, cuyo compromiso de ingreso es presentarlo ante la Contraloría durante el mes de junio. Esto es clave para poder cumplir con los propósitos de instalación de CISPOL, especialmente en el mes de octubre. Le anticipo a vuestra señoría que, en el exploratorio presupuestario para el próximo año, estamos considerando recursos específicos para CISPOL, asumiendo que estará integrado este año, lo que implica no solo una cuestión administrativa sino también una nueva forma de trabajo conjunto de las policías. En segundo lugar, en lo que respecta al proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, tenemos un mandato legal de ingreso de acuerdo a los plazos establecidos en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Nuestro objetivo es ingresar dicho proyecto en el segundo semestre, aunque probablemente lo razonable sea llevar a cabo una etapa prelegislativa con vuestras señorías antes de que el Ejecutivo ingrese el proyecto, ya que se trata de un proyecto en el cual todos compartimos un interés común y una urgencia que probablemente permita un trabajo prelegislativo más efectivo.