Muy buenas tardes. Saludo a nuestras invitadas e invitados a esta sesión de la Comisión de Salud del Senado. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos. Por favor, tomen asiento.
Estimados colegas, dada la trascendencia de ambos asuntos que vamos a tratar en la sesión de hoy, quiero insistir en algo que conversamos en la sesión pasada. En la última sesión, no digo que gastamos, ni perdimos, ni mucho menos, pero se ocuparon cerca de 40 minutos de la sesión para tratar temas varios y además para discutir asuntos sobre la cuenta. Por ello, solicito pedir la cuenta y dejar los temas varios para el final de la sesión, o el día de mañana, según corresponda.
Hoy nos vamos a concentrar en los dos puntos que fueron originalmente la preocupación pública: por un lado, el informe de la Contraloría General de la República sobre las vacunas COVID, y por otro, las licencias fraudulentas o licencias viajeras. Por ello, hemos invitado a la Contralora General de la República, quien se encuentra presente en representación de la institución, a la Subsecretaria de Salud Pública y a la Ministra, por cierto, cabeza de la institución. Además, se agregó al informe el caso del excedente de las vacunas de influenza.
La agenda de todos nosotros está trastocada y es oportuno que esta Comisión de Salud aborde este problema gigantesco, planteado por la Contraloría General de la República, y todo lo derivado en cuanto a la personalidad del Estado. Cabe destacar que existe un convenio entre la SUCESO y la PDI, firmado en 2011 —hace 14 años— y ahora estamos conociendo lo investigado en los períodos de 2022, 2023 y 2024, sin saber qué sucedía antes de la firma de dicho convenio.
Las cifras son gigantescas. Esto es un escándalo nacional, como ya lo hemos mencionado, sin precedentes en la historia. Lo que significa para el Estado en términos de pérdida de recursos es tal que, de haberse recuperado, no solo se habría reducido la lista de espera, sino que se habría avanzado en la modernización del Estado en su conjunto, particularmente en la prestación de los servicios de salud, que hoy enfrentan serias dificultades. Se habla incluso de crisis hospitalaria. El año pasado discutíamos la Ley de Presupuesto y los 250 mil millones que faltaban a los hospitales de las 16 regiones para poder cerrar el año sin deuda. Tuvimos que formular un protocolo respecto a lo que se podía recuperar por el esfuerzo en relación con las licencias médicas, pero lo que conocemos hoy indica cifras incluso mayores. El gasto del Estado es brutal y, en este sentido, felicito a la Contralora, en representación de la Contraloría, por haber planteado este tema y presentarlo con una investigación exhaustiva cuyos hallazgos ya conocemos.
Con todo lo que seguirá apareciendo e involucrando, seguramente, a los tres poderes del Estado —con o sin la intervención de las instituciones y poderes autónomos—, la actuación de la Contraloría nos desafía como país a que nuestros propios sistemas internos empiecen a dar cuenta de toda esta fuga de recursos que impide al Estado cumplir con su rol.
Dicho esto, pido la cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente.
Se ha presentado urgente suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece FONASA y crea el Servicio Nacional de Salud Digital. Asimismo, se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes.
Hay una comunicación del senador Karim Bianchi, en la que solicita a la comisión que pueda recibir en audiencia al psicólogo, señor Eduardo Guzmán, para referirse acerca de la falta de políticas públicas dirigidas a las personas que viven con dicha condición.
Por último, se presenta una solicitud de audiencia del director de la Zona Sur de la Asociación de Directores de Salud Municipal de Chile, señor René Firiño, para exponer observaciones en torno al marco jurídico de la Ley 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y su reforma.
Eso es todo, señor presidente.
Muy bien. Muchas gracias.
Palabras. Confieso la palabra sobre la cuenta.
Muy bien.
Pedirle a la comisión de que pudiéramos hacer un breve giro de la tabla, si me permiten, por favor. Vamos a hacer, a ver, hoy día tenemos un caso que ya dijimos no solamente nos escandaliza, sino que nos debe ocupar en todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo frenamos este portonazo al Estado? ¿Cómo frenamos este fraude al fisco? ¿Cómo frenamos este delito generalizado de lo que apenas conocemos, de aquellas personas que, estando con licencia médica, se dedicieron a viajar? ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Bueno, solamente son médicos; pueden ser cirujanos, dentistas, pueden ser matronas o quienes estén autorizados para emitir. Justo ahora, que esta semana ya entra en vigencia la ley que empezamos a trabajar en esta comisión hace dos años, que anduvo bastante rápido, que es una norma que yo diría que va a actuar con mayor firmeza, pero a la luz de lo que entrega la Contraloría, tal vez nos quedamos cortos con ese proyecto de ley y tengamos que tener una respuesta de Estado en donde el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente nosotros, tengamos que jugar un rol mucho más principal en este asalto al presupuesto fiscal.
Dicho esto, yo lo que quiero proponer es lo siguiente, colegas: partamos con la exposición de la Contralora General para tratar el tema de licencias médicas. Continúa la ministra de Salud para tratar licencias médicas, a ver cómo enfrentamos esto en su conjunto, y a continuación las exposiciones tanto de la Subsecretaría de Salud Pública como de la Contraloría por el tema vacunas, en ambos casos COVID e influenza. ¿Les parece? Pero, perdón, sobre el punto, para que tomemos el acuerdo: muy bien, acordado, modificamos la tabla entonces y vamos a partir en ese orden.
Senado Chaguán. Sí, presidente, yo quiero contactarizar. A mí me tocó presidir la Comisión de Salud del Senado. Cuando desempolvamos el proyecto que había presentado el presidente Piñera y, justamente, logramos, después del patrocinio del Ejecutivo, poder despacharlo rápidamente por parte de la Comisión de Salud del Senado, estuvo prácticamente un año en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y mi preocupación es porque estamos viendo solo —yo diría, la cúspide del iceberg—. ¿Y por qué se lo quiero plantear? Yo tuve una reunión con la directora de la COMPIN, que está acá presente, cuando fui a plantearle el tema de cómo podíamos apurar y generar una reforma estructural al sistema. Y la directora de la COMPIN me señaló: “Tenemos un programa que cruza la información, primero con la JUNJI, y logramos la recuperación de 500 millones de pesos tan solo por licencias médicas falsas, fraudulentas.” Pero quiero también, y por eso quería hablar antes de la Contraloría para transmitirle, que lo que descubrió la COMPIN es mucho más grave que respecto solo a las personas que salieron del país con licencias médicas falsas o fraudulentas. Lo que descubrió la COMPIN es que habían funcionarios públicos de la JUNJI, que estaban privados de libertad hace más de dos años, recibiendo licencias médicas y el pago de licencias médicas falsas o fraudulentas. Y así, perdón, le pido que acortemos porque ya lo hemos visto... Acoto inmediatamente: ¿por qué es tan relevante? Porque cuando pedimos el aumento de los 2.000 millones que pidió la COMPIN para fiscalizar, no tuvimos los recursos durante la ejecución de la ley de presupuestos por parte del Ministerio de Hacienda, y teníamos problemas de cómo lograr fiscalizar adecuadamente aquello. Entonces, quiero simplemente señalar que estamos viendo tan solo la cabeza o la cúspide del iceberg. Esto es mucho más grave y no tiene relación solo con aquellos que han hecho uso de licencias médicas falsas y fraudulentas por haber salido del país. El tema es mucho más grave, eso es simplemente lo que estoy diciendo.
Muy bien. Por favor, vuelvo a repetir: vamos a ir directo a las exposiciones, porque lo que nos interesa ahora es escuchar el informe de la Contraloría y luego al Ministerio de Salud. Después podremos hacer las preguntas. Por favor, le ofrezco la palabra a doña Dorothy Pérez, Contralora General de la República.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludo a usted, a los señores parlamentarios y también a las autoridades de gobierno y asesores presentes. Nosotros tenemos una presentación que se refiere a tres tópicos. Vamos a saltar la parte de vacunas para dejarla para el final y vamos a partir inmediatamente con el informe consolidado de información circularizada número 9 de 2025, que nosotros emitimos el martes pasado, el cual se refiere a la situación de funcionarios y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos y que habrían salido del país estando con licencia médica. Nosotros vamos a ver que, en este informe, tenemos algunos antecedentes generales que analizar.
Como sabemos, la licencia médica es un documento que certifica una situación de incapacidad temporal para trabajar, el cual es otorgado por profesionales de la salud (médicos cirujanos, cirujano dentista o matrona) y permite a la persona ausentarse o reducir su jornada laboral. En la medida en que se cumplan ciertos requisitos, otorga el derecho al subsidio o remuneración respectiva.
Sabemos también que el profesional que prescribe la licencia debe certificar entre distintas cosas, y, en caso de corresponder, indicar si el reposo debe ser total o parcial, el período necesario para la recuperación de la persona, y el lugar de tratamiento o reposo, especificando su dirección o teléfono. Asimismo, se rechaza o invalida la licencia médica cuando se incumple el reposo indicado. La Superintendencia de Seguridad Social ha señalado que, para rechazar una licencia médica por incumplimiento del reposo, la causal debe constatarse durante el período de reposo o, una vez concluido, sólo procede la invalidación cuando existan antecedentes escritos que lo respalden, por ejemplo, reportes de ingreso y salida del país emitidos por la policía internacional u otros similares que permitan hacer plena fe de que se vulneró el reposo.
Quiero agregar un elemento más, señor presidente, por su intermedio para toda la comisión: también existen dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social que, desde antigua data, indican que las licencias psiquiátricas sólo permiten un desplazamiento de acuerdo a la indicación del profesional de la salud y no autorizan la salida del país. Autorizar dicho desplazamiento vulneraría otras disposiciones que exigen el monitoreo y control para asegurar el cumplimiento del tratamiento médico, y no meramente del reposo físico en casa. De modo que las licencias psiquiátricas tampoco justifican la salida del país.
Ahora, específicamente respecto de nuestro SIC número 9, revisamos el período 2023-2024. Me detengo un momento, señor presidente, por su intermedio para todos los presentes. Hemos revisado, de acuerdo a nuestras metodologías de fiscalización, siendo la mayoría de nuestras fiscalizaciones del año inmediatamente anterior, sin ninguna consideración política. Lo enfatizamos porque, frente al instructivo y las campañas presidenciales y parlamentarias venideras, hemos incorporado una cápita que establece que la Contraloría requiere que no se instrumentalicen los trabajos que realiza nuestra institución, dado que son trabajos técnicos.
Asimismo, elegimos el período fiscalizado o auditado conforme a una metodología, no por decisiones de ningún otro nivel o corte. Generalmente se selecciona el año inmediatamente anterior, pero en ocasiones se opta por dos o tres años, dependiendo de factores como la capacidad de nuestros fiscalizadores en cuanto a dotación; si no contamos con más personal, no podemos agregar más períodos a la fiscalización, por más que utilicemos herramientas tecnológicas, ya que alguien debe chequear y despejar algunos elementos. En este caso se eligieron dos años, el período 2023 y 2024, y se revisó la situación de las licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social, a partir de la base de datos que dicho organismo nos entregó conforme a nuestras facultades. Esta base se refiere a los funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos, y contenía un total de 5.147.997 licencias médicas otorgadas a este tipo de funcionarios o trabajadores.
Además, cruzamos esta información con otra base de datos oficial, facilitada a requerimiento nuestro por la Policía de Investigaciones de Chile, en la que se registraban un total de 1.231.362 salidas y/o entradas al país de distintos servidores públicos. Se trata de dos bases de datos oficiales, y es preciso señalar que, aunque en ocasiones puedan existir discrepancias, el cruce se realizó utilizando la información de instituciones públicas, lo que demuestra que por cada funcionario que tuvo licencia...
Se verificó si para el período 2023 y 2024 hubo salidas y entradas al país, a fin de identificar eventuales incumplimientos del reposo estipulado en la licencia médica. Como resultado del cruce de datos (ver lámina), se detectaron 25.078 casos de funcionarios públicos o trabajadores de entidades públicas que habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica al viajar fuera del país, o durante parte del mismo. Esto corresponde a 35.585 licencias médicas; de estas, el 69% son de Fonasa y el 31% de Isapres, lo que podría implicar el uso irregular de dichas licencias para el período 2023-2024, y se registraron 59.575 oportunidades en que los funcionarios públicos ingresaron o salieron del país.
Se realizó un análisis específico de situaciones en las que algunos funcionarios repetían múltiples entradas y salidas. Se registró que 125 funcionarios efectuaron entre 16 y 30 viajes, y en un caso hubo 51 funcionarios o trabajadores que registraron más de 31 entradas o salidas. Asimismo, en algunas comunas se observó que, aunque los casos presentados correspondían a una o dos personas, estas acumulaban numerosos viajes, elevando el total del municipio o del servicio.
Al analizar la época en que se produjeron estas salidas, se encontró que la mayor parte se concentró en el último cuatrimestre—entre septiembre y diciembre—del período revisado. De forma especialmente delicada, se detectó el caso de una funcionaria del área de la salud que se otorgó una licencia médica a sí misma y realizó un viaje durante el período de reposo estipulado en dicha licencia.
Asimismo, se determinó que el promedio de duración de estas licencias fue de 17,7 días. En cuanto a la distribución territorial, se observó que en la Región Metropolitana se registró el 43,7% de las entradas y salidas del país vinculadas a las licencias médicas; mientras que en la Región de Magallanes y en la Región de Arica y Parinacota, junto con la Región de Valparaíso, se alcanzaron las cifras más elevadas.
Respecto de los empleadores, las 35.585 licencias médicas en las que no se respetó el reposo se distribuyeron entre más de 700 instituciones públicas y privadas que administran fondos públicos. De estas, se seleccionaron 13 por concentrar el 25% de dichas licencias (8.893 en total), siendo la JUNJI y la Fundación Integra las instituciones con mayor número de funcionarios afectados. Según lo indica la base de datos de la Superintendencia de Seguridad Social cruzada con la de la Policía de Investigaciones de Chile, estas dos instituciones concentran el 12% del total de las situaciones detectadas.
Finalmente, se hace presente que la Contraloría General de la República ejerció acciones frente a estos hechos, enviando de inmediato al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, el mismo día martes en que se despachó la información a la comunidad.
Y al país. Este SIC número 9 enviamos al Ministerio Público la nómina de todos los funcionarios con todos los viajes y toda la indicación de las licencias médicas en cuestión, porque tenemos que dar cumplimiento al artículo 61 letra K del Estatuto Administrativo y al Código Procesal Penal, que nos obliga a denunciar de inmediato los hechos que puedan revestir caracteres de delito. También enviamos esta misma información, ese mismo día martes, de inmediato, al Consejo de Defensa del Estado, toda vez que estos hechos generan, evidentemente, daño al patrimonio público y porque podrían revestir caracteres de delito, siendo ambas situaciones de competencia de esa institución.
Al mismo tiempo, ese mismo martes comenzamos las primeras notificaciones a los servicios públicos, más de 700 instituciones, instruyéndoles que ordenaran de inmediato sumarios administrativos sobre la materia para esclarecer los hechos. Esto es muy importante para que, en su caso, de acreditarse la irregularidad, se disponga la aplicación de medidas disciplinarias. Hago presente que es fundamental esclarecer los hechos, ya que, según las bases de datos que nosotros cruzamos, se arrojaron resultados que indican que, en ciertos casos, una persona que se encontraba en alguna situación específica viajó por algún tratamiento médico. La verdad es que, en términos porcentuales, probablemente sean casos muy bajos dentro de los 25.000 casos, pero pudieran existir situaciones justificadas. Por ello, ordenamos un procedimiento que realiza una investigación más profunda mediante un sumario administrativo, en el cual las personas tienen derecho a defensa y pueden hacer valer, conforme a las normas constitucionales que resguardan el debido proceso, todas sus alegaciones y defensas para esclarecer la situación. En caso de detectar irregularidad, se aplicarán las medidas administrativas correspondientes, y las otras instituciones mencionadas realizarán, por supuesto y conforme a su competencia, las investigaciones penales o civiles.
A continuación, el día 22 de mayo de 2025, iniciamos en la Contraloría un sumario administrativo respecto de Fondo Nacional de Salud, Superintendencia de Seguridad Social y también de la COMPIN, y lo hicimos de este modo porque nos parece que corresponde directamente a la Contraloría investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran darse por falta de control de estas instituciones. Cabe señalar que no se investiga solo este periodo; en un ámbito administrativo, cuando se incluye en términos amplios, se investiga todo el lapso de la responsabilidad administrativa, que es de cuatro años, plazo de prescripción.
Quiero señalar, adicionalmente, que hemos tenido varias dificultades técnicas y por ello la lámina no coincide necesariamente con lo que les estoy señalando. Sin embargo, quiero hacer presente que, a continuación e inmediatamente, emitimos otro informe circularizado, el SIC número 10. En este informe nos referimos a la situación de médicos que, estando con licencia médica en su hospital público, donde trabajan, atendieron partos en clínicas privadas o en otros establecimientos. Informamos que hay 250 médicos que, mientras estaban con licencia médica en sus hospitales públicos, atendieron partos en clínicas privadas, en los mismos establecimientos donde trabajan, pero como prestación privada y no como funcionarios públicos. Esto tiene un valor más alto y podría implicar el uso irregular de 440 licencias médicas para el periodo que revisamos, que es el periodo 2023-2024. Estas habrían sido incumplidas porque, en ese mismo lapso, detectamos—al revisar las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación—que, junto al certificado de nacimiento, se adjuntan los certificados de parto en los que se indica el nombre del médico, el día en que nació el bebé y, por supuesto, también el lugar, lo que permitió detectar la existencia de clínicas privadas.
Cabe mencionar que algunas personas nos han preguntado por qué no se revisa la situación de otras especialidades médicas. La razón es que no tenemos atribuciones para requerir información a instituciones privadas, como las clínicas privadas, pero sí podemos obtener información a través del Registro Civil, de donde se extraen los certificados de parto.
En este SIC se constató que, durante el periodo de reposo establecido en estas licencias médicas, 216 funcionarios o trabajadores asistieron entre 1 y 3 partos, 14 personas asistieron entre 4 y 6 partos y 20 asistieron a más de 7 partos. Además, se detectó la situación de un funcionario del área de salud.
La salud que se otorgó una licencia médica a sí mismo y que, en ese contexto, asistió a atender un parto en el período de reposo. Informamos y detectamos también 343 partos realizados en clínicas, 358 en hospitales y 9 en otros lugares, donde probablemente se dieron alumbramientos en el hogar. En términos territoriales, observamos que, de los partos asistidos durante el período de reposo por licencia médica por médicos de hospitales públicos, la Región Metropolitana tuvo el mayor número, con 291 partos (41%), seguida de la Región de Los Lagos con 86 casos, la Región de Valparaíso con 79 y la Región del Bío Bío con 60 casos.
Para cerrar esta parte, señor presidente, quiero hacer presente algunos elementos adicionales. Se nos ha consultado insistentemente respecto de por qué no se han revisado otras situaciones. Nosotros revisamos las bases de datos correspondientes a licencias médicas tanto de FONASA como de ISAPRE, dado que representan la mayor cantidad de funcionarios públicos, que ascienden a cerca de 920.000 personas. Es una cifra que está en estudio, ya que no se cumple la obligación de informar oportunamente a la Contraloría y registrar en el sistema CIAPER a los funcionarios públicos contratados. En este sentido, hay un SIC que emitimos hace algunas semanas, el cual informa que 106.000 funcionarios públicos del mundo municipal no están registrados en dicho sistema, a pesar de que los municipios tienen esta obligación. Al cruzar esta base de datos con la información del Servicio de Impuestos Internos sobre rentas e ingresos, detectamos 106.000 personas que reciben rentas como funcionarios o mediante honorarios en las municipalidades y que no figuran en CIAPER. Esto altera todos los cruces de datos que podemos realizar, pues existen 106.000 personas que, en este cruce, podrían haber estado registradas y no lo están.
Quisiera hacer presente que, en el sistema de administración de personal del Estado, también contamos con información muy interesante para estos cruces, y es de máxima relevancia que se cumpla con ingresar a esa base de datos todas las contrataciones que realizan tanto los hospitales como los servicios públicos y los municipios. Asimismo, señor presidente, hemos realizado este tipo de fiscalizaciones, acotadas a casos específicos y no de manera masiva, que se refieren a licencias médicas en varios otros casos durante décadas. Llevamos mucho tiempo haciendo auditorías y reportando casos en este servicio, pero nunca lo habíamos hecho de forma tan transversal y masiva, utilizando sistemas más automatizados y un mayor uso de tecnología, que es lo que comenzamos a implementar ahora.
Por ejemplo, el año pasado informamos a la Dirección de Presupuesto sobre una funcionaria con 332 días de licencias médicas, que ejercía otras labores como psicóloga, y que, según comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos, emitía boletas de honorarios durante ese período y además realizaba actividades recreativas, publicándolas en redes sociales mientras se encontraba con su licencia médica. Se le ordenó a la Dirección de Presupuesto que hiciera el sumario, y, de acuerdo a la información que manejo, dicha dirección dispuso la destitución de la funcionaria. Este mismo tipo de situaciones se lo informamos a la Subsecretaría de Energía, a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, al Instituto Geográfico Militar, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (incluso en una segunda oportunidad), a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Dirección de Aeronáutica Civil. A modo de ejemplo, presenté estos casos correspondientes a los años 2024 y 2025. Lo que quiero decir es que, con este mecanismo de reportar permanentemente a los servicios públicos, hemos logrado que se solucionen casos específicos. Por ejemplo, se han identificado funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica, o que estuvieron en comisiones de servicio en el extranjero y extendieron su licencia para viajar hacia otro continente; incluso, funcionarios que completaron sus estudios en el extranjero durante dicho período. Llevamos mucho tiempo reportando estas situaciones, y la diferencia en esta oportunidad es que se han tomado volúmenes mayores de casos.
También quiero agregar, señor presidente, que hemos realizado un trabajo incesante durante muchos años con los servicios públicos para la recuperación de los fondos públicos relacionados con el subsidio de incapacidad laboral, porque en el sector público se paga...
En estas licencias médicas y después se debe producir la recuperación de las instituciones previsionales. Pero a veces los servicios públicos, municipios, gobiernos regionales, etcétera, no recuperan esos dineros. Nosotros, solo en esta muestra que trajimos aquí del periodo 2023-2024, de algunas de las fiscalizaciones que hemos hecho en esta materia, hemos dispuesto a la recuperación de más de 14.000 millones de pesos en relación a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral que los servicios no estaban recuperando para el fisco.
Entonces, quiero demostrar con esta tabla también que hay un trabajo permanente de la Contraloría en esta materia. En la siguiente lámina, les quiero hacer presente algo que nos parece muy relevante y que, en nuestra cuenta pública y en todas las oportunidades que hablamos en el Congreso Nacional, reiteramos: mientras vemos al aparato público, la administración del Estado, en sus ministerios, en sus servicios públicos e instituciones —que son tantas—, lo que queremos enfatizar es que necesitamos que todas ellas, y no solo la Contraloría ni solo los organismos de control interno, se dediquen a controlar. No solo la Contraloría, órgano de control externo en nuestro país, sino que cada institución tiene el deber de realizar esta tarea. Cada funcionario, cuando realiza su tarea, tiene que controlar que la esté desempeñando correctamente; tiene que existir un ambiente de control dentro de las instituciones. Técnicamente, debe haber controles cruzados y, además, es necesario que operen los controles jerárquicos que las jefaturas de las distintas instituciones deben acometer respecto del funcionamiento de los procesos en sus servicios, no solo los procesos de licencia médica, sino cualquier proceso. Y observamos que hay poco control interno.
A lo largo de los años y en distintos gobiernos hemos insistido en esto, pero en este periodo queremos con especial fuerza insistir en que debemos fortalecer como país el Sistema Nacional de Control, que tiene que operar en red. Las superintendencias son organismos especialmente llamados a hacer labores de control, pero no solo ellas; también otras instituciones públicas, ya que cada una, en su ley orgánica, tiene tareas de control, que en ocasiones se olvida que las mismas jefaturas deben cumplir. Respecto de las superintendencias en particular, hago este énfasis porque este trabajo involucra a la Superintendencia de Seguridad Social, y hemos instruido un sumario administrativo, pues consideramos necesario investigar de qué manera esta superintendencia realizó o no los controles. Sabemos que existen denuncias, que se había trabajado inicialmente y que se habían presentado denuncias penales por parte de organismos de gobierno ante el Ministerio Público por algunos casos detectados. No obstante, este tipo de trabajo de cruce de bases de datos es algo que ya se podría haber realizado desde los organismos con labores de control interno, y no solo esperar que intervenga el órgano de control externo, cuya capacidad es muy limitada para cumplir esta labor.
Quedo atenta, señor presidente, si tienen más consultas respecto de este punto, sin perjuicio de la presentación de las vacunas. Y quisiera terminar este punto con lo siguiente: existen hechos graves, de público conocimiento, que, en relación al trabajo de la Contraloría, observamos de manera permanente y que deberían ser corregidos con mayor urgencia, sin esperar a que una auditoría los detecte.
Esta primera ficha aparecía en redes sociales hasta ayer; la agregué a esta lámina porque me pareció indicativa de lo que estaba sucediendo. Se trataba de un hecho de público conocimiento en el que una persona —probablemente un delincuente, utilizando incluso el logo de la superintendencia de manera irregular— promocionaba la entrega de licencias médicas electrónicas, si era por 30 días, a 60.000 pesos. Al ver la imagen, uno se daba cuenta de lo que se promovía, y era para que las personas salieran de vacaciones. En la siguiente lámina veremos en redes sociales a otra persona que promocionaba abiertamente: "esto no es una red oculta, esto es abiertamente promocionando licencias médicas 100% garantizadas". En la siguiente también veremos otra promoción realizada mediante grupos de WhatsApp, y en la última imagen se observa un grupo masivo de WhatsApp, al que cualquier persona podía acceder, con miles de interacciones en el que se tramitaba la compra irregular de licencias médicas.
¿Por qué traemos esto a colación, señor presidente? Porque estos hechos estaban a disposición de cualquier persona y llevan mucho tiempo disponibles para cualquier gobierno. Esto lleva sucediendo mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortalecer la red o sistema
De control es que todos comprendamos que tenemos una tarea en esta materia. Y, insisto, no esperar que los órganos de control interno o los órganos de control externo detecten; cualquier funcionario tiene la obligación de informar cuando detecta situaciones que puedan revestir caracteres de delito como ésta. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a sus consultas, señor Presidente.
Muy bien, muchas gracias, señora Contralora. A ver, habíamos señalado al principio que no vamos a hacer intervenciones porque, si no, vamos a empezar a intervenir nosotros; y aquí lo que importa es escuchar a nuestras dos instituciones principales invitadas hoy día. Después vamos a hacer una ronda de preguntas, me imagino que todos hemos anotado preguntas para la Contralora. Le voy a ofrecer ahora, sobre este tema, la palabra a la Ministra y su Secretaría, según sea el caso; y, después, abrimos una ronda estrictamente para licencias médicas.
Ministra, por favor.
Sí, muchas gracias, Presidente. Agradezco la invitación, de hecho, para comentar estas actividades y, justamente, para escuchar el informe de la señora Contralora, quien también saludó, a través de su intermedio, a los honorables senadores presentes en la comisión, a los invitados y a todos los técnicos que nos están rodeando. Quiero decir que, para nosotros, todo el tema del subsidio de incapacidad laboral y su control es de gran relevancia. Esto se ha evidenciado tanto en lo detectado por la Contraloría como en las investigaciones realizadas por la Subsecretaría de Salud Pública, la cual presentará en mayor detalle, posterior a mi intervención, si Usted lo permite, Presidente.
Efectivamente, son indignantes los hallazgos respecto a situaciones en las cuales se afecta a la salud pública y se hace uso de recursos públicos. Desde que llegamos al Gobierno, en el año 2022 —año del mayor uso de licencias médicas— definimos este tema como una actividad prioritaria. Este gobierno ha trabajado no en un solo proyecto, sino en tres referentes a este tema.
Primeramente, se impulsó el proyecto de licencias médicas para grandes emisores, como recordaba el senador Chaguán; un proyecto que venía de la administración del presidente Piñera, en paz descanse, y que nosotros retomamos, indicamos y empujamos fuertemente. Ustedes recuerdan lo complejo y lo prolongado que fue en la Cámara de Diputadas y Diputados, y finalmente logramos aprobar ese proyecto enfocado en los grandes emisores.
Posteriormente, en esta comisión se ha venido discutiendo otro proyecto cuyo objeto es fortalecer la capacidad de contraloría, en línea con lo planteado por la Contralora, para robustecer los mecanismos de control. En este sentido, estamos otorgando a FONASA, que hasta el momento solo tenía participación en el pago de las licencias médicas, aquellas capacidades que le permitan asumir un rol contralor, mientras que COMPIN —entidad que se encuentra sobrecargada de tareas, incluso en temas como la certificación de discapacidad— pueda concentrarse en el control de segundo nivel, antes de llegar a la tercera instancia (la suceso). Este rol contralor de FONASA es un tema que se está discutiendo en esta misma comisión.
El tercer proyecto es uno que estamos preparando. En el protocolo de presupuesto acordamos presentar un proyecto para modificar, de forma paramétrica, el subsidio de incapacidad laboral, proyecto que debemos presentar muy prontamente y en el que ya hemos avanzado significativamente en su diseño.
Por lo tanto, este es un tema que nos ha preocupado y ocupado. Se han desarrollado distintas acciones relacionadas con la fiscalización en diversos elementos, incluso considerando a las personas que viajan al extranjero a través del convenio que tenía COMPIN con la PDI, que presentará la Subsecretaria. Se han tomado medidas para enfrentar esta situación, que es claramente masiva. Entendemos y compartimos la indignación que genera esta problemática, así como la inquietud en relación con los médicos que utilizan las licencias médicas para ejercer en forma privada, lo cual afecta la fe pública, el compromiso y hasta el prestigio del gremio.
Solo planteo que, efectivamente, ha habido un trabajo consistente a lo largo del tiempo, y agradecemos el esfuerzo de la Contraloría en cada una de las áreas que desarrolla, porque es parte esencial de un control que conduce al mejor ejercicio de la función pública y que, efectivamente, podremos presentar en mayor detalle a través de la…
de la Secretaría de Salud Pública, donde está la COMPIN, los trabajos que se están haciendo, si le parece, Presidente, por su intermedio. Muy bien, Subsecretaria, y cerramos las presentaciones. Por favor.
Buenas tardes, estimado Presidente, un gusto saludarlo el día de hoy. Por su intermedio, también quisiera saludar a los honorables senadores y senadoras integrantes de esta comisión, y saludar por su intermedio a la señora Contralora en esta tan importante sesión.
Yo quiero hoy día compartir con ustedes el trabajo que ha realizado en esta línea la Subsecretaría de Salud Pública, por medio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN. Y quiero comenzar, antes de eso, manifestándonos sobre la información emitida por la Contraloría General de la República.
Así como mencionaba la ministra, la doctora Aguilera, antes que todo queremos reiterar que condenamos toda práctica contraria a la probabilidad, que son actos que atentan contra la fe pública y la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, y que perjudican directamente la salud y el bienestar de las personas que realmente se encuentran enfermas y requieren de un reposo médico para su recuperación, que son la gran mayoría. Valoramos el trabajo realizado por el Ente Contralor y estamos, como siempre, disponibles para colaborar en todo lo necesario para el esclarecimiento completo de estos hechos y para que se apliquen las máximas sanciones que la ley contemple para los casos donde se constate falta de la probabilidad.
Como contexto, quisiera comenzar por mencionar algunos puntos clave. La cantidad de licencias médicas de tipo curativa común emitidas a los funcionarios del sector público y privado ha experimentado un incremento sostenido en el tiempo. Esto ha generado una alta tasa de ausentismo. También se han ido detectando situaciones de mal uso, sobreuso o fraude en esta materia, tanto en las fiscalizaciones realizadas como a través de las denuncias que hemos recibido. Este fenómeno afecta la atención de los servicios brindados a la ciudadanía y resulta en una sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios, lo cual es importante destacar. Sobre todo, considerando que se trata de un alto porcentaje del gasto en salud, en el sentido de que el gasto que se destina al descanso reparatorio, cerca de un 20%, compite con los recursos para la atención de salud, uno de los efectos más importantes que hay que tener en consideración, y por eso le hemos dado tanta importancia a este trabajo.
Ante esta situación, la COMPIN ha tomado distintas acciones, comenzando decididamente en el año 2022 con una nueva forma de fiscalización de emisores que resultó en 31 personas detenidas y 29 médicos formalizados por fraude al fisco, marcando el primer quiebre a la baja en la tendencia de licencias médicas. Ya les voy a mostrar el gráfico que demuestra esto; tiene más información detallada, la cual ya he explicado previamente en esta comisión. Por ende, no profundizaré más en este aspecto, pero la directora de la COMPIN Nacional ha entregado para todos ustedes una versión impresa de un informe que detalla este trabajo, tanto de las fiscalizaciones de emisores iniciadas en el año 2022 como del trabajo que realizaremos en 2024. Se lo haremos entrega directamente y, por supuesto, también lo podemos enviar de manera digital posteriormente.
Quiero destacar en este contexto que, además de la fiscalización a los emisores, es decir, a toda persona que puede emitir una licencia médica, la COMPIN también realiza una revisión y atiende denuncias relacionadas con cualquier tipo de publicidad de venta de licencias médicas. Por ello, la COMPIN ha denunciado todos los avisos que aparecen en redes sociales, como los que la señora Contralora nos acaba de presentar; todos esos avisos han sido denunciados al Ministerio Público. En este sentido, estamos en total sintonía con la Contraloría General de la República y agradecemos la mención que hace al respecto.
Perdí la conexión, pero voy a seguir con mi presentación. En todo caso, queda registro en la grabación, y ustedes, senadores y senadoras, tienen en sus pupitres la exposición. Ahí está. Puede continuar, Subsecretaria.
Bien, el año 2024, y con anterioridad al resultado entregado por la Contraloría General de la República, la COMPIN elaboró un plan con acciones innovadoras para apoyar la gestión del ausentismo laboral por licencias médicas en los funcionarios del sector público, con algunas instituciones públicas priorizadas. Las priorizamos de la siguiente manera: lo primero, y que ya está evidenciado...
Las cifras: la JUNJI, porque teníamos conocimiento de que era una de las instituciones donde el ausentismo laboral era un problema mayor; y, además, también en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en los servicios de salud y en la Subsecretaría de Salud Pública –lo que implica que todas las Seremi de Salud participan–. Tenemos la convicción de que, cuando hablamos de fiscalización para asegurar el correcto comportamiento de todos los funcionarios públicos, es importante dar el ejemplo empezando por casa. Es así que, en el año 2024… siguiente.
Acá, en las próximas dos diapositivas, les voy a mostrar un contexto de lo que mencioné en la diapositiva inicial sobre la tendencia de las licencias médicas. Esta diapositiva representa el total de las licencias médicas, tanto de FONASA como de ISAPRE, e incluye aquellas que se relacionan con COVID-19. Se observa que en 2022 se alcanzó el punto máximo de un aumento sostenido en la cantidad de licencias médicas emitidas y, luego, se registra por primera vez un quiebre de dicha tendencia al alza en 2023, con una reducción total del sistema de un 12%. Siguiente.
Si miramos únicamente las licencias médicas de FONASA, excluyendo las licencias por COVID-19 –lo que implica también excluir las licencias de contacto estrecho– se observa el mismo patrón: un aumento sostenido hasta 2022 y luego, por primera vez, un quiebre de la tendencia de 2022 a 2023, como consecuencia de la reducción de los grandes emisores lograda con la fiscalización priorizada de la COMPIN Nacional. Todo ello está descrito en el informe que hemos puesto a su disposición, en particular la reducción de los grandes emisores. Siguiente.
Aumentó también el denominador de las personas beneficiarias de FONASA. Quiero reiterar esta gráfica, pues se la mostré hace apenas un par de semanas cuando presentamos esta misma materia, para mostrar cuál es el universo sobre el que se investiga las licencias médicas de FONASA a los funcionarios públicos: el 17% de las licencias médicas que emite FONASA son reembolsadas posteriormente a la institución; las otras, el 68%, son entregadas por las cajas de compensación y asignación familiar; y el 15% es de pago directo. Siguiente.
En 2024, como mencionaba, la Subsecretaría de Salud Pública y la COMPIN, previo a la publicación de los datos que nos entrega la Contraloría General de la República, implementaron las siguientes acciones innovadoras –acciones adicionales al trabajo de fiscalización permanente. En primer lugar, se realizó la revisión de la veracidad de las licencias médicas electrónicas mixtas, lo que quiere decir que se evaluó si el documento podía haber sido falsificado o adulterado, se identificó el caso de doble empleador o doble cotización en período de reposo médico y se gestionó con la Policía de Investigaciones la verificación de movimientos migratorios. Esto fue una innovación, ya que existía un convenio del Ministerio de Salud con la PDI, exclusivo para el Reglamento Sanitario Internacional (proveniente de Epidemiología), y en 2024 se incorporó la COMPIN en ese contexto, aunque sigue siendo un convenio limitado. La Contralora tiene con razón cuando señala que debemos propender a un cruce de datos más masivo y sistemático; y es en ello en lo que estamos trabajando, dado que el convenio actual con la PDI permitía verificar un máximo de 30 RUT al mes, lo que evidentemente limita el avance en velocidad que todos aquí deseamos, considerando el universo total de licencias médicas emitidas. Siguiente.
También se avanzó en el trámite de salud irrecuperable para funcionarios públicos en la COMPIN, con la homologación de criterios humanos de procedimientos y la priorización de casos; solamente en 2024 se tramitaron 4.800 evaluaciones de funcionarios con ausentismo crítico, definido como 180 días en los últimos dos años. Se implementó, además, la notificación quincenal de resoluciones de licencias médicas a empleadores públicos para gestionar el ausentismo, y se avanzó en concretar el descuento de las licencias rechazadas para la solicitud de los reintegros de los ingresos percibidos indebidamente. Con todo esto, se incorporó un scoring de riesgo a prestadores del servicio público que contiene un índice de riesgo por licencias a funcionarios públicos.