En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a los diputados, a los senadores, a la CONAF, a CENAFOR, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a nuestra secretaría, biblioteca y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Un día lluvioso, pero con toda la energía para sacar, ojalá, varias conclusiones.
Nuestra secretaria: ¿tenemos cuenta?
Sí, señora presidenta. Tenemos una correspondencia de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de CONAF, Sindicato Nacional de Guardaparque y Trabajadores de ASP de Chile y Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, en la que denuncian prácticas abusivas hacia las y los trabajadores de CONAF. El documento está en el WhatsApp de la comisión para que tengan acceso.
Muy bien. Si les parece, procederemos a entregar a cada uno de ustedes lo que nos han mandado los sindicatos de la CONAF, de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF; vamos a leerlo y, en la próxima sesión del miércoles, podremos revisar en detalle lo que ocurre, especialmente lo que plantean en relación a la eliminación de la gerencia de fiscalización y evaluación ambiental. Asimismo, se le pedirá a la directora, que se encuentra presente, que el próximo miércoles podamos revisar las denuncias realizadas por los distintos sindicatos. Se distribuirá tiempo para conocer qué está pasando con la CONAF y cuáles son las determinaciones que se están tomando respecto a la eliminación de la gerencia y las modificaciones que se están implementando.
Directora, ¿le puedo dar las explicaciones? Prefiero que primero leamos las denuncias para saber qué plantean los trabajadores y trabajadoras y, en base a ello, dedicar los primeros 15 o 20 minutos del miércoles en discutir dicho planteamiento. Muy bien, queda acordado.
Procedo a abrir el turno de la palabra en relación a puntos varios.
Señor senador Durano, tiene la palabra.
Senador Durano: Gracias, Presidenta. En el marco de la visita que realizará la Comisión de Agricultura el próximo jueves 12 de junio, y aprovechando un viaje en su calidad de Presidenta de la Comisión Asesora Regional de INDAP –que se encuentra presente la señora Margot–, quiero entregar esta carta, que constituye una invitación a la Comisión de Agricultura. Además, después de la sesión, entregaremos formalmente a la Secretaría del Senado la lista de personas que participarán en esta comisión, para que todo se desarrolle de acuerdo a lo estipulado y a las expectativas generadas.
Por otro lado, en una de las últimas sesiones de la comisión estuvo presente el señor subsecretario de Bienes Nacionales, así como el ministro de Bienes Nacionales en Arica, en una visita secreta –casi como misión imposible, fue el secreto mejor guardado de la llegada del ministro a Arica–. No sé si se encontraba en alguna misión secreta; sin embargo, también estuvo presente el ministro de Agricultura. En esa oportunidad, se definió claramente el mecanismo a utilizar para los usuarios de INDAP y se presentó la propuesta que se entregará a esta comisión y, ojalá, en Arica para quienes no son usuarios.
Lamentablemente, debo informar que esta situación no se ha trasladado a la región, y es grave, pues se acusa al senador Durán de estar mintiendo, algo que, evidentemente, quedó grabado. Por ello, solicito a la Comisión de Agricultura que oficie de acuerdo a esa sesión del lunes en que expuso el subsecretario de Bienes Nacionales.
Puso el ministro de Agricultura, fundamentalmente, con respecto a que los agricultores, usuarios de INDAP, ya podían acercarse a las oficinas de INDAP y a las oficinas de Bienes Nacionales para el proceso del 50% del valor de los bienes del arriendo de ese predio. Y la verdad es que esto ha sido bastante grave, porque han llegado las molestias de parte de los agricultores, y lo peor es que ellos acusan que hay un intervencionismo electoral y que, finalmente, esto es una falsedad, y que nosotros estamos mintiendo con respecto a la información entregada por el Ejecutivo en esa comisión, señora Presidenta.
Muy bien, vamos. Lo que se está pidiendo es que podamos tener, por ejemplo, las actas de lo que dijo el subsecretario en su minuto, así como la intervención del ministro de Agricultura. Esto nos permitirá plantear que este es un tema que venimos tratando desde hace dos o tres años y que, además, debemos encontrar la forma de disminuir los costos en relación a los arriendos. Si pudiéramos transcribir, dado que está todo grabado, precisamente los compromisos que se tuvieron, sería muy útil. Ahora, lo más probable, como dice el senador, es que esta información no esté llegando a las oficinas; pero yo entiendo que se trata de un compromiso que tiene el Ejecutivo, lo manifestó ante todos los senadores aquí, y además quedó registrado en la transmisión televisada. Por ello, propongo que transcribamos lo expuesto e, incluso, que se solicite por oficio al Ministerio de Bienes Nacionales que nos haga llegar lo que se dijo en la comisión, lo ratifique por escrito, y de esa forma podamos entregárselo a las comunidades, no solo en Arica, sino también en Chimbarongo, que es otra comuna afectada.
Senador Durán: No solamente que quedan dos semanas y media para la comisión, sino que no es correcto crear un mal ambiente. Finalmente, nosotros vamos con dos intenciones: una, garantizar un precio justo por el uso del suelo fiscal y, en segundo lugar, abordar el tema de la mosca de la fruta. No se trata de crear complicaciones, sino de que, al tener formalmente asumidos estos compromisos en comisión y con la documentación respectiva, podamos entregar la información oficial cuando estemos en terreno. ¿Les parece? ¿Se envía el oficio?
Muy bien.
Senador Ramentería: Yo quiero enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas, en forma específica al Ministerio de Concesiones, porque tenemos dos comunas muy importantes, que son Lolol y Marchigüe, en las cuales se está ampliando el caudal de aguas del Embalse Convento Viejo. Una, ya prácticamente tiene el agua en Lolol, y eso sin duda ha hecho una reconversión muy importante en la agricultura, sobre todo en la agricultura familiar campesina. Pero, lamentablemente, los costos de esta agua encarecen absolutamente el cultivo y la rentabilidad de estos productos. Por ello, queremos pedir en primer término que nos aclaren bien la estructura de costo del agua, ya que, si bien el recurso es del Estado, cobran por la conducción, y necesitamos saber con exactitud cómo se cobra y cuál es la estructura de costos vigente. Al mismo tiempo, al Ministerio de Agricultura, porque en el minuto de ampliar Convento Viejo y de realizar la última sección, se planteó la posibilidad de subsidiar parte de esta agua, fundamentalmente para los pequeños agricultores. Con estos dos oficios pretendemos aclarar los costos y, de igual modo, conocer la ayuda que el Estado pueda brindar a través del Ministerio de Agricultura, ya sea a través del INDAP o alguna otra fórmula, para apoyar a los agricultores, mujeres y hombres, que utilizan esta agua destinada a hortalizas y productos que llegan a la mesa de todos los chilenos y chilenas. ¿Habría acuerdo? Muy bien.
Bueno, entrando en la tabla del día de hoy, si les parece, podríamos revertir a Paco a la biblioteca. Como usted es de la casa, iniciamos el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N°458 de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de facilitar la construcción del equipamiento de seguridad para la prevención y combate de incendios, Boletín 17.525-14.
Para esto están invitados el señor Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano; Aida Baldini, directora ejecutiva de CENAFOR, y su asesor; el legislativo Maximiliano Guiñez; y, en representación de Bomberos de Chile, el abogado del Departamento Jurídico, señor Waldo Sánchez, así como el jefe del Departamento de Desarrollo Inmobiliario, señor Diego Hurtado.
Le ofrecemos la palabra, entonces, en primer lugar, para que nos dé su opinión en relación al boletín: a don Vicente Burgos. Don Vicente, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores, a la senadora y a todos los invitados. Efectivamente, iniciamos el estudio del Boletín 17.525, que, en resumen, pretende hacer dos modificaciones. Primero, agrega un artículo 28-TER a la legislación, en el que se señala que aquellas construcciones y equipamientos de seguridad se admitirán bajo condiciones específicas, salvo en zonas de resguardo según lo establecido en el artículo 60. En segundo lugar, se plantea agregar la excepción de permiso de edificación, en el contexto de la Ley General de Agricultura, para los equipamientos de seguridad destinados a la prevención y combate de incendios, en coordinación con bomberos y servicios naturales forestales.
Entonces, hay dos temas a discutir: uno que tiene que ver con los usos de suelo y, posteriormente, el tema del permiso de edificación.
En relación al uso de suelo, y habiendo conversado el tema con la senadora, este caso se relaciona con una situación específica en Pichilemu, donde el plan regulador no admite el aumento de equipamientos de seguridad. No contamos, hoy en día, con antecedentes claros sobre si se trata de un caso aislado o de algo recurrente. Sin embargo, nosotros, como ministerio, preferimos impulsar la modificación de los planes reguladores mediante una ley y mecanismos que permitan su rápida actualización cuando éstos no cumplan con los objetivos de la realidad nacional. Por ello, estamos tramitando un proyecto de ley que busca acortar significativamente los planes reguladores comunales e intercomunales a nivel nacional, el cual comenzará su discusión mañana en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, consideramos que se podría establecer algún elemento indicativo para facilitar la incorporación de equipamientos de seguridad, por ejemplo, otorgando la facultad de enmienda a los planes reguladores para que puedan integrar dichos equipamientos en aquellos casos en que no se cumplan los objetivos planificados.
Cabe, además, resaltar que el uso de suelo involucra distintos intereses. Un interés fundamental es el de los vecinos, quienes desean tener certeza sobre los tipos de usos que se implementan en el entorno inmediato a sus barrios. La inclusión permanente de un equipamiento de seguridad, en este caso para bomberos, otorgaría una garantía mínima frente a legítimas iniciativas o a restricciones que puedan afectar zonas residenciales u otros usos.
Finalmente, desde el Ministerio planteamos la necesidad de potenciar la planificación en lugar de crear excepciones a la misma, reconociendo la urgencia expresada por la senadora, quien ha manifestado de manera destacada su preocupación por el retraso en el equipamiento de seguridad en el caso de Pichilemu. Es preciso separar algunos elementos, ya que el proyecto de ley no distingue en este punto, pero efectivamente...
Hay que contar que hoy día en área rural los equipamientos de seguridad están siempre admitidos, hasta mil personas de ocupación; eso es una medida existente. O sea, hoy día yo puedo emplazar un equipamiento de seguridad en área rural, básicamente, en el artículo 55, cuyo requisito es para cualquier tipo de edificación. Entonces, en ese sentido, creo que no es necesario legislar, porque eso ya está aprobado por el proyecto de ley.
El tema son las zonas urbanas, a las que me remito a lo que acabo de expresar. La segunda parte del proyecto de ley se refiere a los permisos de edificación y a la exención de permisos para equipamientos de seguridad de bomberos. Yo creo que es una materia discutible, ya que, en principio, como bien dice la senadora, no hay argumentos, por ejemplo, para eximir de dicha condición a un uso bastante similar al de los carabineros. En ese sentido, nosotros creemos que efectivamente es una forma de debatir siempre y cuando, como lo comentaba anteriormente la senadora, se puedan resguardar de manera correcta las responsabilidades que hoy día no tendrán los electores municipales respecto a la aplicación de las normas urbanísticas, y que sí tendrá una tercera parte. Esa tercera parte está claramente definida en el caso de los carabineros, en el caso de las Fuerzas Armadas y en el caso de los bancos centrales, que son las excepciones que señala el inciso cuarto del artículo 116, lo cual habría que analizar.
Dicho eso, debo comentar que el artículo 116 y su inciso cuarto no eximen del cumplimiento del uso del suelo. O sea, para dicho artículo, si bien se exime del permiso de edificación – como ha indicado la Contraloría – igualmente debo cumplir con el uso del suelo establecido en el Plan Rural Comunal. Por lo tanto, si bien me eximo del permiso de edificación, no estoy exento del cumplimiento de la normativa urbanística, ni de su fondo, ni de, por ejemplo, la ley de aporte. La verdad es que, si bien hay una buena intención, en el caso de Pichilemo el problema se mantendría finalmente.
Volviendo y cerrando esta presentación, senadora, por su intermedio, la verdad es que abogaríamos, en el caso de Pichilemo, por una modificación lo más rápida posible del plan regulador, y para ello disponemos de tres días. El plan regulador se está modificando hoy; en segundo lugar, apoyaríamos el proyecto de ley de modificación de planes reguladores que estamos tramitando – el cual fue aprobado la semana pasada de manera unánime por la Cámara de Diputados –, y en tercer lugar, agregaríamos a ese proyecto de ley la posibilidad de que la enmienda – que es el procedimiento más corto que contempla el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones – permita adecuar equipamientos y agregar seguridad cuando las necesidades del caso así lo ameriten.
Eso es cuanto puedo responder en esta hora respecto al proyecto de ley. Muchas gracias, don Vicente Burgos. Si les parece, podemos escuchar a todos los invitados y, posteriormente, yo tengo ya varias preguntas; después, haremos las preguntas que correspondan en relación al boletín.
Le ofrecemos la palabra, entonces, a Bomberos de Chile. Toma la palabra el abogado del Departamento Jurídico, señor Waldo Sánchez.
Por su intermedio, primero que todo, señora presidenta, es la primera vez que participamos de una instancia de esta naturaleza, por lo tanto, si omito algún tipo de formalidad, le pido disculpas. A ver, como señalaba el representante, como lo ha mencionado Vicente, el proyecto, consultando, tiene por objeto dos modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con las cuales Bomberos está de acuerdo, precisamente dadas las dificultades enfrentadas en la comuna de Pichilemo, donde se intentó construir un cuartel pero el tipo de uso de suelo lo impidió, dada la normativa local.
Esa iniciativa tiene, por una parte, como objeto permitir que las edificaciones de tipo equipamiento – clase de seguridad – puedan ser construidas por Bomberos de Chile sin importar las limitaciones que imponga el tipo de uso de suelo; es decir, que, independientemente del uso de suelo, Bomberos de Chile pueda efectivamente llevar adelante edificaciones de seguridad. Y, por otro lado, se propone eximir del permiso de edificación municipal también este tipo de construcciones; esto, precisamente, porque si bien es cierto que tenemos un antecedente referido al cuartel de Bomberos de Pichilemo, creemos que, extendiendo esta medida de manera general, se permitiría que Bomberos de Chile combata de mejor manera esta situación.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Lo que puedo informar no es un caso aislado, lo que ocurre con Pichilemu, sino que a nivel nacional se presentan situaciones en las que, en muchas ocasiones, nos entregan datos referidos a usos fructuosos que no podemos utilizar correctamente ni edificar, debido a que no estamos exentos de esta normativa, como es el caso de Carabineros de Chile y las Fuerzas Públicas. Esto, en buenas cuentas, representaría un avance muy significativo para la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, ya que permitiría el uso correcto y facilitaría la construcción de cuarteles necesarios a nivel nacional, comunal y regional para nuestros bomberos.
Entendiendo que no siempre contamos con la capacidad de adquirir terrenos –por ejemplo, aquellos que ya deben estar dispuestos en sus certificados de informaciones previas y que permitan la fácil construcción–, en muchas ocasiones debemos desestimar terrenos que se ofrecen de manera gratuita, ya que los bomberos no pueden edificar en ellos. Para nosotros, esto es una instancia muy importante y también para la comunidad, pues contar con un cuartel de bomberos cerca de los vecinos se valora mucho al momento de elegir dónde vivir, ya que brinda una sensación de seguridad. Lo compruebo en reuniones y juntas de vecinos, donde se consulta si desean tener un cuartel cercano, lo que generalmente resulta beneficioso, al sentirse apoyados como comunidad.
Muchas gracias, bomberos de Chile.
Yo no sé si, señora Aida, usted quisiera plantear algo, porque esto está relacionado con la seguridad en general, no solo para bomberos, sino también para Cernaspor, en el caso de brigadas, etc.
Sí, Presidenta. La verdad es que nosotros, como CONAF, en nuestro programa de incendios, no nos hemos visto enfrentados a situaciones que impidan la construcción. Por lo tanto, no tenemos mucha opinión desde el punto de vista legal respecto a este proyecto. Apoyamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, considerando la posición de los bomberos, reconocemos que hay áreas en las que se requiere un apoyo rápido; sin embargo, lamentablemente, no disponemos de todos los instrumentos legales para emitir una opinión más amplia.
Muy bien. Ofrezco la palabra. No sé si algún senador o senadora desea intervenir. A ver, yo la tomo entonces.
En relación al Ministerio de Vivienda, a nosotros tampoco nos gustan las excepciones. Creo que, sin duda, la regla debería permitir que toda la diversidad que tenemos en el país pudiera entrar sin excepciones. Pero, lamentablemente, y entendiendo el esfuerzo que está realizando hoy día el Ministerio en relación a la modificación de los Planos Reguladores, una cosa es lo que podemos hacer teóricamente en la ley –en segundo trámite– y la incorporación de esta excepción, en materia de seguridad, significaría necesariamente tener que pasar a tercer trámite.
Frente a esta situación, a mí me complica mucho, porque los Planos Reguladores han sido, si hay algo complejo que hemos enfrentado en el país, precisamente esto. Creo que, ante lo que está viviendo el país en términos de incendios, no podemos esperar a que se actualicen dichos planos. Además, en las comunas más pequeñas, donde las complicaciones son mayores, se requiere contar con profesionales capaces de gestionar la situación o, en su defecto, con la autorización o financiamiento de los gobiernos regionales. Entonces, considero que hoy día las condiciones para esta excepcionalidad –o para que la medida se aplique de forma integral y no como excepción– son demasiado complejas.
El plan de reguladores es bien complejo de realizar en el corto plazo. Y tenemos que tener un sistema de seguridad que nos permita lo antes posible tener estas construcciones.
Yo me la echaré a bomberos porque esto no es excepcional. Excepcional es lo que hemos levantado en relación a lo que pasa con Gawil. Pero esto no es excepcional. No es excepcional. Y yo creo que Bomberos ha tenido que perder, ha perdido muchos terrenos precisamente por no tener esta excepción.
Por otro lado, desde el punto de vista de cómo se construye y dónde se construye, hay una evaluación previa, la cual tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, ya que la mayoría se construye a través de la Dirección de Arquitectura, donde existen, al menos según mi conocimiento, tres modelos. No es que se pueda construir cualquier cosa; dependerá del lugar, de la cantidad, de voluntarios, etc. Existen los cuarteles tipo, que son edificaciones que cumplen con todos los requisitos, tanto desde el punto de vista técnico como de construcción.
Si tuviéramos que homologar, la pregunta es: ¿por qué Carabineros sí y por qué no Bomberos? ¿Y por qué no, por ejemplo, la CONAF? Vuelvo a Pichilemo, sector urbano de Pichilemo. Tenemos ahí un bosque tremendo en el sector urbano, no sé si ustedes lo conocen, y ese sector podría ser atacado en caso de incendio, al estar en pleno corazón de Pichilemu y además contar con patrimonio afectado. Entonces, cuando se habla de Pichilemu, no se trata de una situación excepcional.
Si no entendemos lo que está pasando con el cambio climático ni lo que requiere la seguridad de los vecinos, cuando se dice que el interés de los vecinos es que se construya, se refieren a que quieren que se edifique y que esté cerca de CONAF, de Sernafor y de Bomberos. Entiendo perfectamente al ministerio y, en teoría, comparto esa visión; pero en la práctica, en lo que se necesita de forma urgente, no puedo compartirla. Me encantaría que los planos reguladores se modificaran de manera más racional y rápida, pero esto no ocurre.
Sí, por supuesto, don Vicente. Muchas gracias, senadora. Quiero hacer una precisión: en mi exposición mencioné que creo que se puede analizar efectivamente el proyecto del artículo 116 para homologar la condición de Carabineros, por ejemplo, a la de los Bomberos. Eso lo comparto incluso a primera vista. Sin embargo, es importante destacar que el proyecto de ley no se detiene en ese punto, sino que establecería una excepción única en la legislación urbanística. Ni Carabineros, ni el Banco Central, ni las Fuerzas Armadas —beneficiados por la excepción del artículo 116— pueden ejecutar una obra sin arreglo al uso del suelo. Sería una excepción única para el caso de los Bomberos.
Dado que existen dudas respecto al proyecto de ley que estamos tramitando, y siendo optimistas, creo que podríamos analizar que la enmienda que propongo se plantee a través de este proyecto y no mediante el proyecto de planificación. Esa podría ser una vía de discusión para homologar el problema que describo en relación a la excepcionalidad absoluta general nacional para el uso del suelo, la cual, considero, podría tener ciertos grados de excepción. Con el mayor respeto, entiendo que puede haber vecinos o vecinas que no deseen tener un cuartel al lado; no es la mayoría, sino una minoría. En ese sentido, desde el ministerio creemos que esos procesos deben discutirse dentro del marco de los planes reguladores, dado que muchos de estos procesos se están demorando considerablemente.
Pero también tenemos la posibilidad de la enmienda. La enmienda es un proceso abreviado de planes reguladores, que recoge menor participación y que, la verdad, toma menos de seis meses —o seis u ocho meses— desde la modificación. Si existe este problema, y para casos más atingentes, se podría recoger la excepcionalidad de la enmienda para ese procedimiento. Sin embargo, establecer una excepcionalidad de uso de suelo —insisto— no tendría carácter único en nuestro sistema normativo, lo que requiere un estudio mayor.
Eso, Presidenta. Bomberos, por favor. Pues, intermedio, señora Presidenta. Muchas gracias. Quisiera hacer un alcance: cuando el proyecto establece que se excepcionan las obras relacionadas con Bomberos de Chile para que se permita construir, cualquiera que sea el tipo de uso de suelo, no se exime a dichas obras de la obligación de someterse a las inspecciones de la dirección de obra ni de las recepciones, tal como ocurre actualmente con Carabineros en las obras penitenciarias, que están obligados a someterse a tales recepciones. Por lo tanto, si hoy en día Carabineros no está obligado a que su obra tenga recepción, podría incluso apartarse del tipo de uso, según lo que entiendo que plantea el colega. Sin embargo, el proyecto de ley que se está apoyando no exime a Bomberos de las inspecciones ni de las recepciones; por lo tanto, entendemos que Bomberos debe ceñirse igualmente a las reglas de construcción.
Bueno, senador Durana. Gracias, Presidenta. Yo creo que sería interesante también saber cómo conversan dos proyectos que están acá en el Senado, porque hoy día vemos en la Comisión de Agricultura este proyecto, el Boletín N° 17.525-14, de construcción de equipamiento de seguridad, y está también otro proyecto, el N° 17.287-14, para obtención de permisos de urbanización o edificación. Ambos se encuentran en el Senado. Sería interesante, ya que por un lado evaluamos este proyecto para facilitar la construcción de equipamiento, y por otro se discute una disputa que se irá generando entre el Ministerio de Vivienda y las direcciones de obras municipales. De hecho, hay bastantes observaciones por parte de las direcciones de obra de todo el país.
No sé cómo finalmente puedan conversar estos dos proyectos, ya que, por un lado, ambos buscan la facilitación y agilización de acciones destinadas a facilitar la construcción de equipamiento de seguridad, en especial para la prevención y combate de incendios; pero, por otro, enfrentamos las dificultades que tienen todas las regiones con los planes reguladores, cuyos plazos se van postergando de manera considerable. Desde esa perspectiva, me gustaría saber si la Biblioteca del Congreso puede presentarnos un comparado de los dos proyectos, porque, obviamente, uno lo aborda el Ministerio de Vivienda y el otro lo mira el de Agricultura, y me imagino que habrá puntos de encuentro, pero también muchos puntos de diferencia. Especialmente, si consideramos que existe una presentación formal con observaciones hechas por las direcciones de obra municipales, en las que se exige a estos organismos su labor, mientras que se señala la deficiente capacidad de las secretarías ministeriales de Vivienda, situación que, a futuro, repercute en los ciudadanos.
Muchas gracias, Senador Durana. Estamos buscando el boletín, ¿no?, que está en la Comisión de Vivienda; podemos chequearlo cuando nos toque revisar nuevamente el proyecto. Pero mi preocupación siempre es cómo construimos un sistema de seguridad a través de CENAPRE, posteriormente la Ley de Incendios, etcétera, donde además se contempla la prevención y el combate de incendios.
Son prácticamente todas las complicaciones que tenemos en el verano. Imagínense lo que ocurrió en Viña del Mar, senador. Entonces, donde podemos tener la posibilidad de tener infraestructura a través de bomberos, las condiciones y la ley no permiten excepcionalidades. Lo que estamos diciendo es que, de la misma forma en que estamos construyendo Carabineros, también se debe poder hacerlo con bomberos de Chile. Entiendo al Ejecutivo, que está armando algo importante, ya en segundo trámite con los Planos Reguladores, pero nosotros sabemos en la práctica qué significa eso. Vamos a reducir los tiempos, aunque no sé si sea de 16 años a 10, pero los Planos Reguladores son de verdad una complicación frente a la urgencia de construir ciertos cuarteles de bomberos en sectores urbanos y rurales.
Senadora Carvajal: Gracias, Presidenta. Saludo a los representantes de bomberos, especialmente, por cierto, a todos los invitados y también a la representación del Ministerio de Vivienda. Yo no he sido parte, creo, hace muchos años de la Comisión de Vivienda, pero quiero preguntarle al Ministerio, a propósito de la necesidad urgente que tiene hoy día el equipamiento en materia de seguridad, porque, obviamente, la seguridad no puede traducirse solo en lo que hacen las policías. Estamos avanzando en ello, pero todavía tenemos muchas falencias a nivel regional y, particularmente, a nivel comunal en equipamiento, sobre todo en bomberos y en servicios básicos como el agua potable.
Pero, como estamos hablando de esta materia, me gustaría insistentemente preguntarle al representante del Ministerio de Vivienda si existe alguna dependencia, departamento o unidad especial que colabore o que genere un lazo comunicador más permanente y constante con bomberos, por ejemplo. Lo pregunto porque ya veo que este proyecto provoca una distancia que, muchas veces, traslada la competencia a que todo se deba traducir en el cambio de los Planos Reguladores, cuando sabemos, como usted dice, Presidenta, la lentitud y el costo que eso significa, así como las observaciones extremadamente lentas. La tramitación en el Ministerio de Vivienda puede prolongarse años o incluso décadas, sin resolución, lo que afecta la prestación de servicios.
Tengo, por ejemplo, el caso de la comuna de San Carlos. En toda la zona que abarca la última estación, luego de San Carlos Yula, donde habitualmente se registran antecedentes de incendios forestales en todas las temporadas de verano, los bomberos no se limitan a la zona urbana, sino que salen a asistir los incendios en todo el país. Y digo que, luego de la línea del Ternaste, ya existe un poblado muy grande y resulta que no tenemos la posibilidad de tener allí ninguna dependencia de bomberos, ya que, aunque hemos avanzado en la regularización, el proceso es demasiado lento.
Entonces, mi pregunta o propuesta es: ¿será posible tocar una ventanilla en el Ministerio para acelerar estos trámites, acompañar y generar una ventanilla única? Porque no estamos hablando de habitabilidad, sino de servicios esenciales, de necesidades urgentísimas, para contar con una coordinación más ágil. Este proyecto, sin duda, abre una puerta que podría ser tratada de forma priorizada y, tal vez, unificada a nivel regional y nacional. Cuando una inmobiliaria cuenta con un abogado y un staff que se encargan de los trámites desde los lobbies hasta las regulaciones, no es lo mismo que ocurre con los bomberos, quienes, al tocar la puerta del Estado para obtener una habilitación, se encuentran en la misma fila que cualquier otro, sin contar con un equipo especializado previo pago.
A los municipios, cuando queremos el cefano, o particularmente a bomberos u otros, ¿cómo nos hacemos cargo como Estado a través del Ministerio de Vivienda de esta falencia? ¿Y cómo competimos en una situación más o menos equilibrada? Para mayor abundamiento de lo que se conversó con la señora, nosotros hicimos todo el camino largo: estuvimos en la comuna, luego fuimos a la región, en la provincia y después nuevamente a la región; finalmente, vinimos a Santiago a encontrar esa excepcionalidad y a buscar el camino. De hecho, hemos estado con el señor Burgo, en reuniones en relación a esto. Las herramientas para poder construir cuarteles de bomberos con estas condiciones son factibles en las regiones, incluso si en Santiago eso no se da.
Frente a esta situación hemos hecho una excepcionalidad que, aunque la legislación está llena de excepciones, no es para cualquier cosa; estamos hablando de seguridad.
Senador Rementería: Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio y por las exposiciones. Es bueno que se mencione el caso de lo que pasó en Viña del Mar. Viña del Mar, en general, y Valparaíso son regiones en las que el bosque y la ciudad se encuentran: una parte de bosque y otra de ciudad, existiendo una interfaz urbano-rural demasiado marcada. Esto puede llevar a situaciones absurdas, como que no se ubique un cuartel de bomberos en un lugar porque se trate de un bosque y, en consecuencia, ese bosque termine quemado por falta de protección. Eso ha sucedido.
Considero que la institucionalidad actual no da el ancho para la velocidad que requieren estos proyectos, sobre todo considerando el rápido crecimiento de las ciudades. Con estas características, lo vivió la CONAF, cuando enfrentó lo sucedido y los problemas que surgen al construir en zonas con presencia de bosques, en algunos casos protegidos, como en El Palmar del Salto en Viña del Mar, o en Valparaíso. Esta situación complica la generación del equipamiento tan necesario, haciendo indispensable una mayor dotación de bomberos y una detección más eficaz por parte del Servicio Nacional Forestal en sus áreas de incendios. Es un avance positivo, ya que, aunque existe una excepcionalidad con Carabineros —y es importante reconocer su rol—, en este caso ellos no poseen la naturaleza misma de la protección de los lugares afectada por las características del suelo.
Además, como señalaba la señora Carvajal, muchas veces los bomberos o los servicios del Estado dedicados a la emergencia no cuentan con el personal suficiente para atender todos los trámites. Sabemos lo engorrosos que son los procesos ante las direcciones de obras municipales, que exigen papeles y que obligan a desplazamientos, por ejemplo, ante la dirección de obra hidráulica cuando se requiere aprobar un hilo de agua, como ocurrió en su momento con la CONAF. Esto es de vital importancia, sobre todo porque, debido al cambio climático, seguiremos teniendo cada vez más incendios. Si los trámites se demoran 10 o 15 años para instalar un nuevo cuartel en un lugar donde el riesgo de incendio es alto, terminaremos instalando los cuarteles en zonas ya completamente urbanizadas. Los incendios, que se provocan precisamente por la interfaz urbano-rural, se verán reflejados en esa falta de rapidez, mientras que las constructoras, por ejemplo, realizan sus trámites con mayor celeridad.
Pensemos, por ejemplo, en la bajada Santos 12 de Valparaíso, donde el bosque y las casas están lado a lado, o en la subida Aguasanta, donde existen grandes complejos habitacionales contiguos a áreas verdes, ya sea protegidas o no. No contamos con la posibilidad de tener, en el sitio necesario, las oficinas o cuarteles de los servicios dedicados a la emergencia que se requieren de manera urgente. Por ello, considero que el avance en este aspecto es incluso más necesario que el que tiene Carabineros, ya que Carabineros opera mayormente en zonas urbanas o rurales y tiene una capacidad de movimiento muy ágil (el fuego, cabe decir, se propaga mucho más rápido que un delincuente). En ese sentido, necesitamos actuar; por ello, apoyo firmemente este proyecto.
Don Diego, Gustavo. Sí, don Diego, Gustavo, primero y después Cernán. Por si se me dio presencia, senadora, lo que puedo comentar tradicionalmente es que este proyecto permite…
Podría disminuirse considerablemente el plazo para la construcción de un cuartel. Nosotros consideramos que el proceso, desde que los arquitectos diseñan hasta obtener la recepción definitiva del cuartel, es de aproximadamente cinco años, de los cuales entre un año y medio y dos años corresponde únicamente a la tramitación de permisos, anteproyectos y permisos de edificación. Entendemos la necesidad de acortar estos tiempos, aunque nuestro departamento –al igual que varios arquitectos a nivel nacional– diseña cuarteles basándose en la metodología de Mideso para el desarrollo de estas tipologías, permitiendo que sean acordes a las necesidades de la comuna, de la población y al acto de servicio de los bomberos. Asimismo, se definen distintas especialidades de los bomberos, por ejemplo, los forestales o aquellos que responden a incidentes vinculados a accidentes o eventos en ruta.
Estas iniciativas de inversión están todas enlazadas con base en dichas definiciones, que también se están trabajando con Mideso para la inversión en seguridad pública en cuanto a los bomberos. Se trataría de un beneficio importante si esto fuese viable en términos de tiempo para la obtención de los cuarteles. Mientras que en algunas instancias el proceso toma un promedio de cinco años desde el comienzo de los trámites, aquí en Cagua llevamos 15 años tratando de hacer algo en un sector, en el que, además, hay que considerar los riesgos de terremotos, inundaciones y accidentes. Las especialidades son determinantes, pero, independientemente, ustedes contarán con la ciudadanía, con o sin especialidad; esa es la diferencia.
Senadora y don Maximiliano, posteriormente: no se trata únicamente de la necesidad de mirar este asunto desde un prisma diferente, sino de que la respuesta del Estado debe ser más ágil. Con frecuencia tendemos a llegar tarde cuando hay que buscar un terreno que pueda ser idóneo para una cancha de fútbol, para un centro de equipamiento o para un hospital, porque actualmente, como se dice, la ambición inmobiliaria lo abarca todo. Alterar uno, dos, diez o quince años –como han experimentado algunas senadoras– limita la capacidad de contar con servicios adecuados, ya que para cuando se obtiene el terreno, éste puede tener un alto valor o incluso ya estar vendido. En consecuencia, es indispensable abordar la necesidad desde un prisma diferente, lo que cobra gran relevancia. Considero que este proyecto es totalmente contingente y que debemos avanzar; mientras no exista una respuesta adecuada, nos toca avanzar conforme al marco normativo vigente.
Por su intermedio, señora presidenta: celebramos de todas formas que CONAF – o el Servicio Nacional Forestal – haya sido incluido en esta propuesta, ya que reconocemos la necesidad de contar con infraestructura pública en estos lugares. La interfaz urbano-forestal, como bien señalaba el senador, es una zona de alto riesgo, y es imprescindible disponer de infraestructura pública para hacerle frente. Además, entendemos que la propuesta del artículo 28-TER contempla un resguardo, al establecer "salvo aquellos indicados en el artículo 60" y en las zonas expresamente señaladas en la ordenanza, lo que podría incluir los resguardos que solicita el Ministerio. Así, una propuesta como la que se discute es absolutamente viable y necesaria, y ojalá el Servicio Nacional Forestal continúe siendo parte de ella.
Sí, por supuesto. Me veo en la obligación de precisar algunos aspectos. En el caso de la interfaz urbano-rural, por lo general se ubica en zona rural, lo cual siempre está admitido. Debo aclarar que este proyecto de ley sería inocuo en cuanto a esa característica, ya que, según nuestra legislación actual, el equipamiento de seguridad está permitido y siempre admitido en zona rural. Respecto a enfrentar el cambio climático, efectivamente una de las motivaciones del Ejecutivo para promover el plan regular más rápido radica en el proyecto de ley que estamos tramitando para apurar los planes reguladores que actualmente se discuten en Comisión.