¡Gracias! ¿Cómo están? Buenos días.
Martes 20 de mayo. Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana en esta jornada especial en la sala de sesiones, ya que no se va a abordar ningún proyecto de ley, sino que se analizará en extenso la acusación constitucional presentada por un grupo de diputadas y diputados contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.
Recordemos que esta acusación fue aprobada ayer por la Comisión que estudia la procedencia de este tipo de acciones constitucionales por cuatro votos contra uno. El voto disidente fue el del diputado Patricio Rosa, en esta instancia encabezada por el diputado Juan Fensalida, quien al término de la votación nos entregó las siguientes impresiones:
De los antecedentes que se acompañaron y de las exposiciones que tuvimos, se pudo acreditar la existencia de una negligencia que, en definitiva, implicó el incumplimiento de la Constitución. La resolución que determinó la autorización del partido llegó con cuatro horas de anticipación y sin ningún tipo de medida respecto de estos avalanchazos que se iban a producir y que estaban denunciados. Además, no hubo ningún tipo de denuncia por parte del delegado y nunca se tomaron medidas adicionales respecto de la situación relativa al entorno del Estadio Monumental.
Hoy nos llegó un oficio del Ministerio, precisamente del ministro Luis Cordero, quien señala que la tuición de la seguridad es una función que compete al delegado presidencial. Este último punto era crucial al momento de decidir la votación y también lo será en la sala, pues se discute cuál es el rol que le corresponde a un delegado presidencial en materia de seguridad pública, luego de la creación y puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, que debiese encargarse de estas materias.
Recordemos que esta Comisión está integrada, además del diputado Juan Fensalida como presidente, por los diputados Jimena Osandón, Agustín Romero, Patricia Rosas y Gastón von Mühlenbrock. Asimismo, la instancia conformada por cuatro diputados de oposición (Juan Fensalida, Jimena Osandón, Agustín Romero y Gastón von Mühlenbrock) y uno de gobierno, Patricio Rosa, adoptó una votación de cuatro votos a favor de la acusación y uno en contra.
Esta acusación fue ingresada el lunes 5 de mayo por un grupo de diputadas y diputados en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán, en el marco de los hechos ocurridos el año pasado.
En las inmediaciones del Estadio Monumental el pasado 10 de abril, donde lamentablemente perdieron la vida dos jóvenes hinchas en el marco de un partido de Copa Libertadores que se iba a desarrollar y se desarrolló hasta el minuto 70 entre Colo-Colo y Fortaleza, se discute la acusación. ¿Cuál es el rumbo, no es cierto, de esta acusación? Esta sesión ha sido citada de las 10 a las 20 horas. Generalmente, las acusaciones son extensas, por lo que para abordar solamente esta materia es necesario hacer algunas precisiones.
Si el informe de la comisión recomienda aprobar la acusación, como ocurre en este caso, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla y, posteriormente, se oirá al afectado, si está presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado. Esto se realizará independientemente de si se desecha o no la cuestión previa. ¿Cuál es la cuestión previa? Se trata de un argumento esgrimido por la defensa respecto a si la acusación cumple o no los requisitos para ser presentada, es decir, si es admisible. Esto sucederá una vez que comience la jornada.
¿Cuáles son las conclusiones de la acusación una vez que fue ingresada? Los acusadores sostienen, en la presentación del libelo, que el delegado presidencial regional Gonzalo Durán Baronti efectivamente infringió la Constitución, y por tanto procede la acusación constitucional en virtud de las siguientes aseveraciones:
Primero, el delegado presidencial regional es el representante natural e inmediato del presidente de la región y, además, le corresponde la coordinación, fiscalización y supervigilancia de los órganos que se relacionan con el Presidente de la República.
Segundo, el Presidente de la República extiende su autoridad a todo lo relacionado con el resguardo del orden público, disposición que, según los acusadores, se encuentra en el artículo 24 de la Constitución.
Tercero, el deber de resguardo del orden público corresponde al delegado presidencial regional y su mandato se origina en la Constitución, no meramente en la ley; es ahí donde se materializa dicho mandato.
Cuarto, se acusa al delegado presidencial regional de haber actuado de manera negligente al no suspender el encuentro, pese a haberse difundido en redes sociales la amenaza de avalanchas humanas, a pesar de los desórdenes y disturbios previos y a pesar de la muerte de dos personas en ese contexto.
Quinto y último, en materia de conclusiones, se señala que el delegado presidencial regional actuó de forma negligente también al demorar injustificadamente la autorización para la realización del encuentro, la cual se dio apenas cuatro horas antes del mismo y apenas dos horas antes de que se verificara el fallecimiento de dos personas. Recordemos que los fallecidos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, en un partido que estaba programado para después de las 20 horas.
Por ende, los acusadores solicitan a la Honorable Cámara de Diputados tener por formulada la presente acusación constitucional contra el señor Gonzalo Durán Baronti por haber infringido la Constitución Política de la República, además de sustanciar el procedimiento intramitable aplicable a esta clase de acciones y declarar el lugar de la misma.
Esa fue la presentación de la acusación. En la comisión se analizó, por supuesto, el mérito de esta presentación. Al fundamentar su voto, los cuatro legisladores de oposición apoyaron la acusación, considerando que el delegado sí tiene, entre otras funciones y atribuciones, el resguardo del orden público, lo cual contrasta con lo que plantea su defensa. En términos generales, se destacó que el delegado metropolitano no reaccionó ante la información pública previa y no tomó medidas adicionales ante un riesgo eminente, pese a contar con todos los elementos para hacerlo.
Ya se escuchó al presidente de la comisión y, por supuesto, se debe dar paso al voto de minoría. El diputado Patricio Rosas, con su único voto en contra de la procedencia de esta presentación, recordó que los juristas han expresado que, para configurar la responsabilidad constitucional, es necesario transgredir la Carta Fundamental de forma personal, directa, grave y causal. Añadió que no se debe caer en el abuso de esta herramienta ni buscar provecho político de ella por respeto a los fallecidos.
Por su parte, el diputado de la UDI, Gastón von Willenbrock, afirmó que lo ocurrido en las afueras del estadio constituía un mérito suficiente para cancelar de inmediato la realización del partido. El diputado republicano Agustín Romero recalcó que murieron dos personas en un evento masivo autorizado por el Estado, el cual nunca debió haberse llevado a cabo considerando los antecedentes a la vista. Finalmente, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, intervino en la discusión.
Se planteó que, si dicho resguardo no le correspondía como planteó su defensa, cabe la pregunta: ¿para qué está el Delegado Presidencial y por qué participó en la autorización y organización de este partido? Estos son parte de los fundamentos de esta acusación, que está a breves instantes de analizarse acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que además votará una serie de resoluciones que no se pudieron someter a votación ayer por un problema técnico. Bien, damos paso entonces a esta jornada en la sala de sesión.
El acta de la sesión 19 se declara aprobada. El acta de la sesión 20 quedará a disposición de las señoras y señores diputados. El prosecretario dará lectura a la cuenta.
Buenos días, buenos días, presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 29 para hoy, 20 de mayo. Se han recibido oficios de su excelencia, el Presidente de la República, por lo cual se retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos:
• El que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público.
• El proyecto sobre armonización de la ley 21.302, que quiere el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica, y la ley 20.032 que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
• Lo mismo para el proyecto que establece una nueva ley general de pesca y deroga las disposiciones que indica.
• El que modifica el código sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud, como parte de un equipo médico.
• El que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.
• El que modifica el Decreto Supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fije el texto refundido, coordinado y sistematizado, del decreto con fuerza de ley número 164 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad.
• Lo mismo para el proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.
• El que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgándoles un marco jurídico integral.
• La reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales.
• El que establece un bono transitorio para la Policía de Investigaciones de Chile.
• El que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería.
• El que modifica el código aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala.
• Lo mismo para el proyecto que modifica la ley 18.287 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros.
Se han recibido, asimismo, oficios de su excelencia, el Presidente de la República, por los cuales se retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos:
• El que modifica el código del trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas.
• El que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor.
• Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de iniciativa de moción, con urgencia calificada de ejecución inmediata, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización o edificación.
• Proyecto inicial a moción de los diputados señores Mesa, Jürgensen, Moreno, Romero de Leonidas, Romero, Don Agustín, Sánchez y Trisotti, que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para exigir a quienes comparezcan ante sus órganos internos prestar juramento o promesa de decir verdad.
• Finalmente, proyecto inicial a moción de las diputadas señoras Cordero, Cid, Morales, Doña Carla y Osandón, y de los diputados señores Beltrán, Castro, Durán, Don Eduardo y Rey, que modifica el Código Penal y la ley 21.020 para agravar las sanciones por maltrato, muerte de animales y regular la distancia mínima de caniles respecto de zonas habitadas.
Indica. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Gracias, señor prosecretario.
Antes de dar palabra sola de la cuenta, vamos a saludar a don Javier Castro Corlaet, que se encuentra en las tribundas y ha venido en representación de Antofagasta. Le pido un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bienvenido a la Cámara de Diputadas y Diputados.
A continuación, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Cerrada la cuenta.
Ayer quedaron pendientes votaciones y vamos a proceder entonces a votarlas. Diputado, tiene la palabra antes de las votaciones. Me va a disculpar, pero la asistencia que había ayer era de 117 personas y hoy es de 74. ¿Les parece votar después de la acusación constitucional, entonces?
Le voy a decir que el acuerdo de reglamento, diputada Cicardini: Presidente, lo que pasa es que el día de ayer, en la sesión, antes de que usted cierre, cuando usted toma el acuerdo, se fijó que se iba a votar al principio de la sesión del día de hoy. Entonces, no me parece que hoy se cambien las reglas del juego, toda vez que todos los parlamentarios presentes estaban conscientes e informados de que a primera hora se votaba. Cada uno se hace responsable de la falla, de su inasistencia, de haber llegado atrasado, pero todos tenemos la obligación de llegar a la hora para poder también cumplir con nuestro mandato. A ver, vamos a dar una palabra sobre el punto y después vamos a votar, porque la mesa tiene claro que eso es lo que quedamos en hacer.
Le voy a dar la palabra al diputado Undurraga para que exprese su punto y, después de eso, vamos a pasar a la votación. Gracias.
Presidente, pido suspensión de sesión y reunión de comité. Estando dentro de mis facultades, se suspende por cinco minutos y damos paso a comité. Gracias.
Nuestro Parlamento es uno de los más antiguos del mundo. Es precedido sólo por los del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, cuyas democracias son reconocidas como las más avanzadas y estables del mundo. En ese marco, tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados han sido parte fundamental de la historia de Chile y la consolidación de su vida republicana.
Es así como, el 15 de diciembre de 1810, el mismo año de la instauración de la primera Junta de Gobierno, se convocó a la elección de diputados al Congreso Nacional, en el marco de la primera ley de elecciones por sufragio.
Directo. De este modo, se celebró el 4 de julio de 1811 en Santiago la sesión de instalación del primer Congreso Nacional, un Congreso unicameral que daba cabida por primera vez a las principales tendencias predominantes en la época: la realista, partidaria de la sujeción monárquica a España, y la patriótica, partidaria de la independencia. Así parte el camino de nuestro poder legislativo, de la mano de inmuebles como el Palacio de la Real Audiencia en Santiago, el Templo de Santo Domingo en Valparaíso, el Congreso Nacional en la capital y, desde hace 35 años, el Edificio Congreso, nuevamente en la ciudad puerto, entre otros recintos que son parte de la memoria histórica del país.
Dicha memoria es la que se busca rescatar y poner en su justo valor con la celebración cada año del Día de los Patrimonios, instancia que favorece el encuentro con las distintas manifestaciones y bienes patrimoniales presentes en Chile. Instalado en 1999, el Día de los Patrimonios se ha transformado en la actividad cultural y patrimonial más importante del país. El objetivo de esta celebración colectiva, gratuita y descentralizadora, es favorecer el encuentro directo entre las personas y los espacios patrimoniales presentes en el territorio nacional, siendo una excelente oportunidad para vincular la cultura y el patrimonio de cada localidad y región con su entorno, y especialmente con cada uno de los ciudadanos. Es una ventana para conocer y sentirse parte de los inmuebles y recintos que constituyen la historia, el arte, la cultura y la vida democrática del país.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile adhiere a esta importante conmemoración, abriendo las puertas del edificio del Congreso, sede Santiago, este domingo 25 de mayo. Conjuntamente con el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional, se invita a conocer las dependencias del centenario edificio de calle Compañía, de estilo neoclásico, en el que se han escrito importantes páginas de nuestra vida civil. La Fiesta Cultural de Chile es una invitación a la ciudadanía para compartir memorias y reencontrarse con sus historias, donde pasado, presente y futuro se unen en nuestra Cámara, pilar fundamental de la historia y de la vida democrática de Chile.
Apoyar la adquisición de viviendas y, conjuntamente, favorecer la reducción de un stock acumulado estimado de 100.000 unidades en el sector inmobiliario es la finalidad del proyecto aprobado por la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República. La iniciativa fue analizada en sala con enmiendas del Senado, que en su mayoría apuntaron a precisar algunas materias sin alterar el fondo de lo aprobado en primer trámite. El beneficio consiste en crear un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos base, aplicable solo para adquirir viviendas nuevas y destinado a personas naturales. Se entregará conjuntamente con una garantía estatal, con el objeto de conseguir una baja de interés aún mayor al monto subsidiado.
La propuesta define, entre múltiples aspectos, que se entregarán hasta 50.000 subsidios para casos en que se trate de la primera venta efectuada sobre la vivienda cuyo valor no supere las 4.000 UF. A su vez, crea un nuevo programa de apoyo a la vivienda nueva para personas naturales de hasta 4.000 UF, con una cobertura del 60% del valor del inmueble. La garantía no podrá tener un plazo superior a 15 años ni inferior a 5, y regirá hasta el 31 de diciembre del año 2030 o, en su defecto, hasta 15 años después de que se otorgue el último crédito garantizado bajo este mecanismo.
En términos generales, quienes apoyaron la propuesta la estimaron necesaria para resolver el stock de viviendas y fomentar la reactivación del sector inmobiliario, como planteó el diputado Jaime Naranjo. El sector de la construcción, que es muy relevante en un sistema económico por el efecto multiplicador que tiene el empleo, atraviesa una situación bastante preocupante. Más de 105.000 viviendas están en stock y no se han podido vender, y eso tiene dos explicaciones: una, porque han subido los precios de las viviendas y, por otro lado, porque han subido los…
tasas de interés, lo cual ha hecho que las familias de clase media, que antes se demoraban cuatro años en tener un ahorro para comprar una vivienda, ahora requieran de 11 años, lo que hace prácticamente imposible acceder a ella. Por eso que esta iniciativa del Ejecutivo consiste en entregar una tasa de interés de 60 puntos de subsidio para, de esa forma, estimular e incentivar la adquisición de vivienda. Pero a lo que a uno le llama la atención —y lo he señalado en mi intervención y en la discusión del proyecto— es que uno esperaría que el sistema financiero y el sector de la construcción también hicieran una contribución.
Para el diputado Juan Fuenzalida la iniciativa es positiva, aunque advirtió que podrían generarse también otros incentivos. Este proyecto, yo creo, soluciona en parte un parche curito, una aspirina respecto a esa situación, porque hoy día lo que necesitamos para poder reactivar el sector inmobiliario y para que las familias más vulnerables y la gente de clase media pueda acceder a un crédito hipotecario, obviamente, pasa por los proyectos de permisología; ya sacamos uno, la 21.718, que es una ley que nace de este Congreso, pero también tenemos que pensar en beneficios tributarios, recuperar, por ejemplo, el crédito a las empresas constructoras, que fue un modelo que se utilizó hasta el año 2022 y que permitía, ¿no es cierto?, disminuir al final del día los precios y los costos, ya que hoy día eso, más el impuesto que se aplica a las ventas de unidades por sobre las 4.000 UF, encarece lo que es la construcción, evitando que mucha gente esté condenada a ser arrendataria y no propietaria.
La iniciativa crea un programa de garantías de recuperación productiva regional, destinado a empresas con ventas netas anuales entre 25.000 UF y un millón de UF, que realicen actividades económicas con una clara identificación regional o local, excluyendo la Región Metropolitana. El Senado determinó que, para la designación de la o las regiones favorecidas con el programa, se atenderán anualmente factores como empleo, ingresos, inversión o la ocurrencia de desastres naturales.
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(Pausa. Se retoma la sesión.)
Vamos a la palabra, el diputado Araya, y después procederemos con las votaciones, por favor.
Diputado Araya: Gracias, presidente. Presidente, conforme a la decisión que usted adoptó ayer, se va a votar ahora, pero le solicitaríamos que se ponga a disposición de todos los proyectos de resolución para poder tenerlos a la vista y evitar confusiones. Si se pueden cargar en el sistema, sería lo más adecuado. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo, como usted lo ha pedido. Vamos a tomar un par de minutos, sin perjuicio de que el prosecretario va a leer lo que se va a poner en pantalla.
Soy el prosecretario y procedo a la lectura del proyecto que correspondería votar ahora: 15-24. 15-24, ¿cierto? Sí, efectivamente, prosecretario.
A ver, la mesa va a hacer una explicación: "Honorable Cámara, si ustedes tienen la bien, cambiar la sesión en su pupiche. En la sesión 29 por la 28, en la 28 están…"
Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados.
Resultado de la votación: por la afirmativa, 58 votos; 21 en contra; 18 abstenciones. Aprobado.
Pasamos entonces al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, considerar hasta su total despacho las acusaciones constitucional deducidas por 11 diputados y diputadas en contra del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, el señor Gonzalo Andrés Durán.
El señor Secretario hará entrar a las partes.
Ok, corresponde preguntar al señor Delegado Gonzalo Durán si va a plantear la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos de la Constitución Política que señala.
Señor Delegado, tiene la palabra.
[Silencio; por favor, pueden tomar asiento y después saludar. Estamos esperando que el delegado pueda responder.]
El Delegado tiene la palabra.
Gracias. Muy buenos días, señor Secretario, Presidente, honorables diputados y diputadas. No, no vamos a abordar la cuestión previa. Muchas gracias.
En virtud de lo preceptuado en la letra A del artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el informe de aprobación de la acusación constitucional, ofrezco la palabra al diputado, el señor Juan Fuenzalía, quien ha sido designado por la Comisión para sostener la acusación.
Diputado Fuenzalía, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Me ha tocado sostener lo que es la aprobación del informe que se aprobó en la Comisión revisora de la acusación constitucional contra…
Delegado Durán. Y puedo señalar que a partir de las exposiciones de los invitados, así como de los antecedentes que se sometieron al conocimiento de esta comisión, vamos a fundamentar desde el punto de vista jurídico y luego nos referiremos a los hechos que motivan la aprobación de este informe.
En primer lugar, en cuanto a la procedencia jurídica, la Constitución atribuye al delegado presidencial regional el deber de conservar el orden público como representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región, en este caso, la Región Metropolitana. Lo anterior, conforme al artículo 115 bis, establece las funciones del delegado en relación con el artículo 24, cuya norma extiende la autoridad del mandatario a todo lo que implica la conservación del orden público. Por tanto, las labores del delegado están directamente relacionadas con las funciones del Presidente en esta materia.
De este mandato constitucional derivan, naturalmente, los deberes legales del delegado, los cuales se encuentran principalmente en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Entre ellos, es lo que en este caso nos interesa: el deber de velar por la tranquilidad y protección de las personas y bienes en la región, así como también de instruir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia a través del respectivo Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública.
En el contexto de espectáculos de fútbol profesional, a juicio de la Comisión, la infracción del delegado al texto constitucional se configura al no haber realizado lo mínimo exigible para resguardar el orden público, en proporción al riesgo que conllevaba el partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Dicho encuentro fue catalogado en categoría A, es decir, de la mayor conflictividad, en el que participaba uno de los equipos con más adherentes en Chile, con un amplio historial de incumplimientos en las condiciones de ingreso y permanencia, y con llamados a hacer avalanchazos, en los que finalmente fallecieron dos personas en medio de graves desórdenes públicos. A ello se suma la decisión de no suspender el partido luego de la tragedia, poniendo en riesgo la integridad de todos los asistentes y jugadores, a pesar de la alta probabilidad de que esto ocurriera. Y esto ocurrió, como todos saben, cerca del minuto 70, cuando barristas invadieron por la fuerza el campo de juego.
Todo ello, señor Presidente, a juicio de los que votamos a favor de este informe, demuestra una conducta negligente con infracción a la Constitución, que quedó de manifiesto con algunas conductas y omisiones constatadas antes y durante el partido, y que a continuación paso a señalar: en primer término, la tardanza injustificada en la resolución que autorizaba el encuentro. Como es de público conocimiento, el delegado emitió la resolución el mismo día del partido, tan solo cuatro horas antes del inicio y dos horas antes de la tragedia en la que fallecieron dos personas. Si bien se ha dicho que la resolución era el resultado de acuerdos y conversaciones previas con el club organizador, lo cierto es que, en atención al alto riesgo del partido, lo más lógico y razonable era haber emitido el acto administrativo final.
Con la debida anticipación y esto por dos razones. En primer término, porque la anticipación denotaba diligencia y preocupación por la conflictividad del encuentro, y en segundo lugar, porque esa resolución es la que, en definitiva, permitía iniciar con la debida certeza jurídica los procedimientos sancionatorios que posteriormente pudieran haber derivado del incumplimiento de las medidas de seguridad estipuladas. Por lo que el hecho de haber formalizado y emitido la resolución el mismo día del evento, con pocas horas de anticipación, no se condice con la diligencia que se le exigía al delegado en el contexto de un partido de alto riesgo en que barras bravas habitualmente protagonizan incidentes de violencia tanto en los accesos como dentro del estadio, sumado a las convocatorias previas para hacer avalanchas humanas y al historial de incumplimiento en las condiciones de ingreso y permanencia de uno de los equipos participantes.
En segundo lugar, señor presidente, falta de medidas adicionales para contener las denominadas avalanchas humanas, a pesar de haber estado en conocimiento de las convocatorias que circularon por redes sociales días antes del evento. La resolución que autorizó el evento no instruye medidas focalizadas para enfrentar las avalanchas humanas, que lamentablemente terminaron con dos personas fallecidas. Incluso en esta resolución, paradójicamente, hay medidas de aseo y ornato, pero ninguna acción específica destinada a contener un problema de seguridad grave como es la aglomeración planificada de personas para ingresar masivamente por la fuerza al estadio. Pese a la gravedad de tal circunstancia, la resolución que autorizó el partido no hace ninguna referencia a este escenario de riesgo. La legislación autoriza al delegado a ordenar medidas adicionales de seguridad en encuentros de alta conflictividad; sin embargo, en este caso en particular prescindió de acciones para mitigar posibles estampidas humanas. Y lo peor de todo es que, contando con estas herramientas y antecedentes, tenía la capacidad para hacerlo, pero no ordenó medidas especiales ni tampoco instruyó el auxilio de la fuerza pública a través de la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública. Es más, todo indica que subestimó la amenaza que representaban estas convocatorias previas, ya que al ser consultado en la comisión de seguridad respecto a la decisión de no suspender, pese a estos llamados, declaró que, si el criterio predominante para la suspensión fueran dichas convocatorias, no se jugaría ningún partido en Chile. Esto no resulta razonable, pues, dado el alto riesgo del encuentro —ya categorizado como A— y las circunstancias de grave alteración del orden público constatadas con la tragedia en que fallecieron dos personas, era necesario adoptar medidas adicionales.
En tercer lugar, existe una desproporción entre la cantidad de guardias de seguridad exigidos en relación con el número de asistentes: 460 guardias de seguridad para un aforo de…
42.000 asistentes. Esto arroja una proporción de un guardia por cada 90 personas, y lo señaló el experto en seguridad, don Ricardo Neb, indicando que resulta insuficiente por dos motivos. Primero, porque se trataba de un partido categoría A, de alto riesgo; y segundo, porque los guardias no tienen reales atribuciones disuasivas como las tiene Carabineros. Por lo que, ante graves desórdenes públicos y actos de violencia como los ocurridos el día del partido, es poco lo que ese personal de seguridad podría hacer para resguardar efectivamente la tranquilidad y la integridad de los asistentes y de los jugadores.
En cuarto lugar, y no menor, el deber de denuncia. Durante el transcurso de la Comisión conocimos que el delegado presidencial de la Región Metropolitana no efectuó ninguna denuncia por los hechos que se contrajeron antes y durante el partido, lo que, a juicio de la Comisión, evidencia una falta de diligencia grave en el ejercicio de su mandato constitucional relacionado con la protección de la población en materia de orden público con ocasión de espectáculos de fútbol. Nuestra legislación exige a los funcionarios públicos denunciar todos los hechos que pudieran tener la calidad de delito y que conocieron en el desarrollo de sus cometidos dentro del plazo de 24 horas.
Es cuestionable que el delegado, como representante inmediato del Presidente de la República en la Región Metropolitana, con atribuciones de conservación del orden público y el deber de velar por la protección de la población, haya decidido no hacer ninguna denuncia ante la gravedad de las consecuencias que dejaron los avalanchazos con resultado de muerte y lo ocurrido en los accesos al recinto, específicamente los desórdenes públicos. A pesar de las gestiones de la Fiscalía, el estándar mínimo de responsabilidad de una autoridad medianamente diligente le exigía haber adoptado una actitud proactiva en el inicio de la indagatoria, haciendo las denuncias correspondientes, ya que, si bien se le exime de este deber una vez que algún otro obligado efectúa la denuncia, lo cierto es que esto no es excluyente. Por tanto, una actitud diligente acorde a su mandato le exigía denunciar los hechos, pero no lo hizo, dejando de manifiesto una conducta contraria al trasfondo constitucional de su cargo, que en definitiva apunta no solo a brindar la debida protección de la población, sino también a hacer lo mínimo exigible en el resguardo del orden público en representación del Presidente de la República en la Región.
En quinto lugar, señor presidente, la decisión de no suspender el partido. A juicio de los miembros de la Comisión que aprobamos el informe, no suspender el partido es la omisión más grave, luego de la tragedia en que falleció un menor de 12 años y una joven de 18, en un contexto de graves desórdenes públicos en el que además hubo varios lesionados y detenidos, el delegado, a pesar de haber estado en colonia,