Gracias. A esta comisión. Gracias, señor presidente. Hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión:
Primero, oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público.
Luego, tenemos oficio de la Corporación por el cual se comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su votación e informe, todo el proyecto de ley que modifica el Código Penal para reemplazar las hipótesis del delito de grooming. Una vez despachado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el proyecto deberá ser remitido a nuestra comisión.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público.
Luego, tenemos proyecto iniciado en moción, que modifica la Ley 19.733 sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo, para prohibir la divulgación de la identidad de personas víctimas de delitos contra la indemnidad sexual.
También tenemos proyecto iniciado en moción, que modifica el Código Penal y la Ley 21.020 para agravar las sanciones por maltrato o muerte de animales y regular la distancia mínima de albergues animales respecto a zonas habitadas.
Proyecto iniciado en moción, que modifica la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para exigir a quienes comparezcan ante sus órganos internos prestar juramento o promesa de decir verdad.
Para los efectos de esta sesión se informa que el diputado Jaime Moulet reemplazará a la diputada Karol Cariola en esta oportunidad. Es transitorio; no ha llegado todavía algo así.
La Comisión de la Defensa Nacional acordó remitir al archivo un proyecto de ley, señor presidente.
Sobre delitos militares y sus penas, boletín 6.734-02, que es del año 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, inciso segundo del reglamento. Se hace presente que dicha iniciativa —quiero reiterar que es sobre delitos militares y sus penas— se encuentra radicada en las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y también en la de Defensa Nacional, constituidas como Comisiones Unidas, por acuerdo adoptado el 5 de abril de 2011, acuerdo que nunca se cumplió.
Después, en el fondo, lo que quiere la Comisión es que nuestra comisión dé el visto bueno para poder proceder al archivo de ese proyecto, que es del año 2011.
Se recibió, mediante correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la excusa por parte del ministro y del subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes no asistirán hoy por tope de agenda. En representación del Ministerio, asiste la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, acompañada de la asesora de la División, señorita Paula Recavarren, y del señor Rodrigo Hernández.
Asimismo, se recibió correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, por el cual se confirma la asistencia de su directora ejecutiva nacional, doña Mónica Naranjo, acompañada de su gerente de la División de Estudios, doña Ana María Morales, y del profesional de la División de Estudios, don Gonzalo Droguet.
También se ha recibido una solicitud de la señora Macarena Pino, directora nacional de AFRESEM, quien solicita autorización para asistir como oyente a través de la plataforma online, con el fin de presenciar el debate de este proyecto que fortalece al Ministerio Público.
Además, llegó una minuta elaborada por doña Carola Díaz Martínez, directora nacional de ANFUMIP, en la que se remite la opinión del Frente de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público sobre este proyecto. Dicha opinión será derivada a todos los integrantes de la comisión para efectos de conocimiento.
A través del sistema de la Ley del Lobby, se ha recibido una solicitud de audiencia derivada por el diputado Marcos Silavaca, correspondiente a la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, que desea expresar su opinión sobre el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público. En estos casos, dado que la etapa de audiencias ya se cumplió, la comisión habitualmente acuerda que se informe por escrito a los diputados, permitiéndoles tomar conocimiento de las opiniones particulares sobre el proyecto. Además, cada diputado individualmente podrá gestionar una audiencia a través del lobby, si así lo estima pertinente.
¿Habrá acuerdo, entonces, para pedir a esta Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público que envíe su opinión por escrito? Asimismo, habría que tomar un acuerdo sobre la señora Macarena Pino, directora de AFRESEM, considerando que, al parecer, la entidad se identifica con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro.
Por último, la diputada Pamela Giles intervino:
"Primero, presidenta Alessandri, muchas gracias por la palabra. Quisiera, en primer lugar, señalar que es mejor dar la palabra al procedimiento reglamentario antes de tomar acuerdos sobre la cuenta, ya que previamente se ha tomado un acuerdo y correspondería primero escuchar las palabras sobre la cuenta del presidente. Lo segundo es que yo creo que sería sano que usted tomara las medidas para aclarar del todo el asunto de la titularidad permanente o el reemplazo del diputado Moulet, lo digo porque seguramente, en virtud de nuestro evidente deterioro cognitivo, varios..."
Escuchamos, entendimos en la cuenta pasada que había un reemplazo permanente, o sea, una titularidad del diputado Mulet. Y, por supuesto, sería presidente Bochornoso, que hubiera habido un cambio en la situación sin que nos enteremos de cómo ocurrió eso. En principio lo descarto, pero creo que sería bueno aclararlo.
En tercer lugar, presidente, quisiera manifestarle mi molestia tradicional por la ausencia del ministro en esta comisión, la de mayor importancia para su ministerio, y más aún cuando acaba de renovarse la urgencia suma al proyecto. Entonces, resulta bastante incomprensible, una vez más, la actitud del gobierno, ya que se supone que estamos mandatados, el colegislador y nosotros, para legislar, y no veo cuál pudiera ser la razón por la que el ministro no está presente, habiéndose comprometido en innumerables oportunidades a hacerlo, entendiendo nuestros argumentos.
Le pediría también, presidente, que por favor tenga la bondad de hacer algo que sus predecesores no han realizado con eficiencia: mantener el orden en la sala para que nos escuchemos. Como lo he dicho en otras oportunidades, cada vez que uno de ustedes, cualquiera de mis compañeros, habla, yo lo escucho con atención y me gustaría recibir lo mismo. Es más, la verdad es que esto no es una simple petición, es una obligación que le pido se ejecute.
Por último, presidente, envié a la cuenta —y no escuché, probablemente porque hay gente que habla durante la cuenta o porque no se proyecta en la cuenta— un escrito a la comisión con copia de la Secretaría, pues en nuestra última sesión le hice ver, en tres oportunidades, que era antirreglamentario aceptar un reemplazo dado fuera de la cuenta, es decir, 16 minutos, para ser exactos, después de haberse aceptado, pasada la cuenta y comenzada la sesión. En esas tres oportunidades, finalmente, no fui escuchada. Se dio una versión por parte de la Secretaría, la cual consulté directamente con el Secretario General, y me gustaría que esa situación se resolviera oficialmente. Por ello, envié un escrito a la comisión, a usted en particular, con copia a la Secretaría, pidiendo que se le solicite un informe al Secretario General para esclarecer si su acción, presidente, estuvo en regla o, como sostengo, si no se actuó conforme al reglamento y se aceptó un reemplazo fuera de plazo, que no había estado en la cuenta y que llegó en papel 16 minutos después del inicio de la sesión.
Mi primera pregunta sobre este punto es si ese documento figura en la cuenta o no y, en caso de no estar, tendremos que asegurarnos de que se incluya en la cuenta de la próxima sesión. Aprovecho también para pedirle, a viva voz, que se aclare esa situación, sobre todo por el precedente que contradice lo que esta misma comisión ha venido haciendo durante siete años y ocho meses. Esto es una situación distinta y me gustaría que no quedara ese mal precedente; me parece que deben tomarse las medidas correspondientes para que así sea.
Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Giles. En la cuenta efectivamente no aparece. He pedido a la Secretaría que revise la casilla para confirmar si está ahí y, por mi parte, ya solicité reunión al señor Secretario General para analizar la situación. La duda es si lo que vale es el correo que ingresa a la casilla de la Secretaría o, básicamente, cuándo se da cuenta verbalmente. Es importante definir ese aspecto. Esa es mi duda. Ahora, respecto al reemplazo anterior, la última sesión ordinaria fue el miércoles 14 de mayo de 2025.
Se recibió el reemplazo al diputado Jaime Muelen Martínez por la diputada doña Karol Cariola Oliva por la sesión del día de hoy, que era miércoles 14 de mayo de 2025. Entonces, ¿no hace alusión a si es semanal? No, porque además, señor presidente, disculpe que lo interrumpa, que para que un reemplazo sea permanente se presente no ante la Secretaría de la Comisión, como ha sido en todos los casos, sino frente al Secretario General de la Cámara de Diputados; se da cuenta en sala y se origina un oficio del Secretario General comunicando el reemplazo permanente de la comisión, y eso no ha acontecido hasta el momento. De hecho, me pareció ver a la diputada en la sala hoy, es posible que vuelva antes; pero, en todo caso, el secretario fue claro en que fue algo temporal y que cuando sean permanentes, provienen desde la Secretaría General.
Diputado Sánchez: Muchas gracias, señor presidente, saludos a todos los colegas.
Quiero compartir en esta ocasión las palabras de la diputada Giles. Lamento también la falta del Ejecutivo en esta sesión. Es lamentable, precisamente, porque en esta comisión, por la naturaleza de los temas que vemos y por su relevancia política, en muchas ocasiones —y la gran parte del tiempo, en realidad— lo único que discutimos son urgencias del Ejecutivo. Entonces, si tenemos urgencias del Ejecutivo y el Ejecutivo no acude, nos tranca la pelota y no podemos avanzar con muchos otros temas pendientes de discusión, muchos de ellos iniciativas de los miembros del Congreso o de esta comisión. Es, pues, bastante injusto para los miembros de esta comisión y para el Congreso que el Gobierno no nos permita seguir avanzando en proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, algunos de ellos muy relevantes y que se arrastran desde hace muchos años, manteniendo de cierta forma la comisión secuestrada por las urgencias de Gobierno; y no vienen, y no vienen. Es lamentable, quiero expresar esa molestia. Quizás debiésemos, al menos, pedirle al Ejecutivo que, con una anticipación mayor, avise cuando no va a acudir a la comisión para que no nos veamos en la situación que vivimos hoy. Me permito transparentar a la opinión pública que, dado que nos avisaron muy sobre la hora que el Ejecutivo no iba a estar presente en la comisión, no tuvimos tiempo para cambiar la tabla, la cual podríamos haber modificado si hubiéramos contado con la unanimidad de los miembros de la comisión; y lamentablemente, eso no se dio. Aquí lo que debimos haber hecho es tomar esa decisión con tiempo, pero esa decisión no se pudo tomar porque, hasta donde entiendo, el Gobierno informó tarde que no se iba a hacer presente en el debate de hoy. Es un proyecto de ley muy relevante; hemos visto mucho interés del Ministerio Público y de las asociaciones de funcionarios, y lamentablemente, el ministro de Estabilidad presente indica que no podemos avanzar, hasta donde yo entiendo. Comparto, diputado, que hasta cuatro horas antes se podría cambiar la tabla, pero cuando recibí la notificación de que ni ministro ni subsecretario acudirían, ya había pasado ese plazo.
Diputado Soto: Sí, señor presidente, yo quisiera justificar en cierta medida lo que se plantea como una grave denuncia de abandono por parte de los ministros del proyecto de ley de esta comisión. La circunstancia en que estamos sesionando es después de una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para revisar una acusación constitucional, la cual fue citada hasta alrededor de las 6 de la tarde, de acuerdo a la programación natural que contempla varias fases. En ese entendido, y dado que la programación de la sala iba a ocupar todo el tiempo de esta Comisión de Constitución y de todas las comisiones que sesionan a esta hora, hoy, a esta hora, somos la única sesión que se concentra aquí en la Cámara. Todas las demás sesiones —alrededor de ocho, más la del segundo turno después de las cinco— se suspendieron, porque todo el Congreso esperaba que la sesión de la acusación constitucional durara hasta alrededor de las seis de la tarde. Eso explica que, en todas las sesiones, los ministros y ministras se hayan excusado de asistir con el objeto de facilitar la acusación constitucional. Nosotros somos los únicos que, hoy, en la Cámara de Diputados, constatamos esta realidad: no acuden los ministros por la razón ya mencionada. Entonces, está bien cuestionar al Gobierno cuando no acude o cuando está comprometido.
O sean obligados a venir, pero no es este el caso, presidente. Nosotros estamos aquí sin tabla, sin ministro, pero con una tabla que nos permita desarrollarnos bien, ya que contamos con el apoyo del legislador por la razón que ya he mencionado y no por la maledicencia de algunos parlamentarios de oposición. Gracias, ministro. Gracias, diputado Soto. Además, estamos en vísperas de feriado, por lo que luché para mantener la citación, pues consideré que había que dar el ejemplo: los días se denominan hábiles o inhábiles, sin que existan días “más” o “menos” hábiles, y claro, son seis días al mes, al final, en los que acuden los ministros; no es todos los días, diputada Giles.
Gracias, presidente Alessandri. Me siento obligada, impelida, a entregarles cierta información a todos ustedes que no asisten a la reunión de Comité, a raíz de lo manifestado por el diputado Soto, en una clara muestra de desinformación por parte de su jefe de Comité. Desde hace dos sesiones de Comités, que se realizan, como saben, los días miércoles —siendo esta la última, hace una semana, presidente— se acordó que hoy no se suspenderían las Comisiones por ningún motivo, y se indicó además que el cálculo probable era que la acusación no excedería las 13 horas. Fue, en efecto, un cálculo muy exacto en esa oportunidad. Lamentablemente, el jefe de Comité del diputado Soto, por su intermedio, no informó de esto al propio diputado Soto. El hecho de que los demás diputados hayan resuelto por unanimidad en cada una de las Comisiones no es problema nuestro; pues mi argumento en esas reuniones fue que había que acudir a los territorios, ya que estaban en campaña. Por ello, y en tanto no hubo unanimidad, se acordó que hoy se celebrarían las Comisiones en primer y segundo bloque. Además, no estamos aquí contratados por el soberano —ninguno de nosotros para hacer campaña— sino para legislar y fiscalizar, función que debe ejercerse primordialmente en las Comisiones. Por esto, me parece que no hay motivo alguno para suspender las Comisiones, que son nuestro trabajo, el mandato que recibimos y por el cual se nos concede un oneroso sueldo y dieta; es precisamente lo que debemos cumplir rigurosamente.
Otra cuestión es que el ministro de Justicia, quien acaba de dar urgencia al proyecto, decida, por alguna razón que desconocemos, no asistir. En circunstancias en que se le ha insistido, en todos los tonos y desde todos los sectores políticos, que él es el colegislador y debe estar presente si tiene interés en que los proyectos a los que el Gobierno ha otorgado urgencia avancen. Tengo que concluir, por lo tanto, de forma lógica, que el ministro no tiene interés en que se desarrolle este proyecto. Asimismo, concluyo que tampoco le interesa avanzar en otro proyecto, pues resulta poco casual que haya anunciado su inasistencia después de las cuatro horas que, efectivamente, nos habrían permitido trabajar en otro proyecto. Esto no es fortuito, ya que el Ejecutivo sabe perfectamente que al emitir ese aviso, cuando quedan menos de cuatro horas, se inhabilita la posibilidad de abordar otro proyecto. Por ello, considero que, como Comisión, debemos manifestar nuestra molestia al Ejecutivo.
El ministro tenía que representar al Presidente de la República en una actividad; por supuesto, nos habría encantado contar con su presencia, pero la buena noticia es que hay personas del Ministerio Público y del Ministerio, que han sido invitadas formalmente a esta Comisión para exponer, y propongo que sigamos adelante con esa opinión informada, haciendo que no seamos la única Comisión sesionando en este momento.
Que sea una comisión provechosa. Y, respecto al mail de la diputada Giles, revisada la casilla de la comisión, no está. Entonces le pedimos si lo puede reenviar o, en su defecto, mandarlo a imprimir, para que lo traigan; lo discutiremos y haremos ahí lo que usted nos pide. ¿Les parece entonces que empezamos a legislar?
Diputada Giles: En estricto apego al reglamento, usted necesita, entiendo yo, en primer lugar, pedir la unanimidad para que esas personas invitadas efectivamente se puedan sumar a la mesa.
Diputado Leiva, mientras consulta... Yo quisiera, para que justamente esto sea productivo y provechoso, recordar el artículo 209 de nuestro reglamento, que establece que la observancia del mismo y su interpretación corresponde al presidente de la comisión, y por consiguiente, quien interpreta el reglamento es el presidente de la comisión. Nadie más. Gracias, presidente.
¿Se refiere al tema del reemplazo de Araya? Es que ahora, como son parte de la invitación, nos requieren esa unanimidad, me informa el secretario, debido a que fueron invitados de forma nominativa, doña María Esther, los invitados habituales que nos han ayudado en esta discusión.
Y, en el punto 8 de la cuenta, le pido entonces el acuerdo a la comisión para hacer lo mismo que hizo la Comisión de Defensa, que es archivar el boletín 6734-02, el cual no ha tenido movimiento desde el año 2011. A favor, entonces, de archivar, se hace la votación mediante mano alzada: 4, 5, 6, 7, 8.
Le leo el punto 8, diputada Morales: Se ingresó a tramitación el 13 de octubre del 2009. ¿Título? Sí. Perdón, presidente. Lo que sucede es que la Comisión de Defensa acordó archivar un proyecto, y ese proyecto, que ingresó en el año 2009, fue objeto en el año 2011 de la formación de una unidad entre Defensa y la Comisión de Constitución, la cual nunca se llevó a efecto. Por ello, se nos solicita el consentimiento para archivar el proyecto. Aquí solamente se menciona que trata sobre delitos militares y sus penas. Boletín 6734-02.
Diputada Giles: Sí, presidente, esto me parece muy poco serio. Me parece que pedir archivar un proyecto sobre el que ni siquiera sabemos de qué se trata –es decir, que la Secretaría asume esa propuesta sin investigar y sin explicar claramente qué es lo que estamos archivando– resulta increíble. Aun más, me parece inconcebible aceptar una propuesta en la que se desconoce exactamente qué se está archivando en relación con una materia evidentemente delicadísima, según lo que sabemos. Lo dejamos pendiente entonces para la próxima sesión.
No puede votar el presidente Emilio. Yo lo que le planteo ya lo sometió a votación y, por consiguiente, debe sancionarse debidamente. El artículo 18 del reglamento establece que, una vez transcurrido el plazo de un año desde que la comisión respectiva se pronuncia, no se debaten los proyectos de ley, correspondiendo su archivo. En este caso han pasado, sin pronunciamiento, 15 años. Entonces, usted sometió a votación y se desaprobó al presidente. Entiendo que hay mayoría para archivarlo. Gracias, presidente.
En todo caso, tiene un punto la diputada y le solicitamos a la comisión que, si esto ocurre de nuevo, pueda enviar por correo electrónico a la comisión el tema y las ideas principales del proyecto que se está archivando. Yo lo verifiqué y se trata de un proyecto del diputado Roberto León, justamente sobre delitos militares y las penas asociadas a cada uno de ellos. Pueden revisarlo en la Biblioteca del Congreso Nacional, que contiene los fundamentos y un resumen en su página web.
Estuvo votado un anuncio, según usted contó. Gracias. ¿Pero con esta, qué quiere decir?
Como oyente online, Macarena Pino, del directorio de una de las asociaciones del Ministerio Público, pide conectarse por Zoom a la reunión como oyente. ¿Alguien también?
También puede hacerlo en Televisión de la Cámara, que es público, y en YouTube, que se publica al mismo tiempo y está siempre en línea en democraciaenvivo.cl. No sería necesaria la petición si lo puede hacer por Internet. No crea, porque no se sienta acá. Vamos a pedirle entonces que pasen a la mesa doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, acompañada de la abogada Paula Recavarren y de Rodrigo Hernández, ¿sí? Luego, también pedirle que puedan pasar a la mesa doña Mónica Naranjo y doña Ana María Morales del Ministerio Público. Muchas gracias por venir y, en ambos casos, háganle saber a los jefes del respectivo servicio que siempre son bienvenidos en la tramitación de estas leyes, tanto don Ángel Valencia como Jaime Gajardo.
Señor secretario, cuéntenos en qué parte estamos de la discusión. Cuéntenos también si hemos recibido alguna propuesta para ese artículo sobre eximir de las reglas de compras públicas. Recuerden ustedes que lo dejamos, de las compras públicas y otros temas, pendiente de votación, a fin de que podamos continuar. Gracias, señor presidente.
Señor presidente, en la sesión pasada, en el último punto que fue debatido, se trató del literal C que se encuentra en la página 8 del comparado, en la columna del medio, porque forma parte del proyecto aprobado por el Senado. Así, el numeral 3 del artículo único del proyecto introduce modificaciones en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y contempla un conjunto de facultades que corresponden al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público. Entre ellas se encuentra el literal D de ese artículo, en el que se establece que: “El Fiscal Nacional del Ministerio Público dictará los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiera la Constitución Política. El ejercicio de esta facultad determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente.”
En este literal, señor presidente, el proyecto aprobado por el Senado agrega, después de la palabra “correspondiente”, lo siguiente: “Asimismo, le corresponderá determinar los casos en que las adquisiciones de bienes y servicios estarán excluidas de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; dicha exclusión solo podrá referirse a aquellas necesarias para prevenir riesgos a la seguridad pública, garantizar el éxito de las investigaciones y la persecución penal, la seguridad de fiscales y funcionarios, o para la oportuna adopción de medidas destinadas a proteger a las víctimas y a los testigos, exclusiones que deberán establecerse por resolución fundada.”
Y, señor presidente, doña María Esther, le ofrecemos la palabra entonces sobre este punto y la propuesta que ya hemos recibido impresa. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar a todas las diputadas y diputados y a la secretaría, y por comentar que, junto con nuestros colegas del Ministerio Público, estuvimos conversando respecto a las necesidades que ellos plantean.
Y que tenían respecto de esto y también tratando de concordarlo con la nueva ley de compras públicas y con la normativa en general en esta materia. Llegamos a una propuesta de redacción que es la que le pasamos y que dice “relación”, es decir, en general, no regular esto como en las atribuciones del Fiscal Nacional, sino más bien disponer de un artículo diferenciado. En ese artículo se podría discutir dónde ubicarlo; nosotros creemos que debe incluirse en “normas varias”, de modo similar a como se regula en otros cuerpos normativos el tema del secreto en determinadas materias para que tenga efectos en la ley de compras públicas.
Nos parece que esta es la manera orgánica de proceder y, dado que el tema también se trata en otras normativas, resulta fundamental, ya que la Constitución establece en el artículo 8º una serie de reglas sobre reserva y secreto. Con esta propuesta cumplimos además con el artículo 8º de la Constitución, de modo que no queden resquemores respecto a si la otra propuesta cumple o no con dicha normativa. Creemos que las causales aquí señaladas, tanto de secreto como de reserva, son las correspondientes y útiles para que el Ministerio Público pueda cumplir con su labor, sin exceptuarse plenamente de la Ley de Compras, como venía regulado, sino regulando la publicidad de estos procesos en la ley de compras aplicable.
Si les parece, el secretario puede leer el texto mientras llega el documento a todos.
(Pausa. Se dirige una pregunta al secretario)
El último párrafo dice que el Fiscal Nacional deberá remitir, semestralmente, un informe de carácter reservado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados a que se refiere el artículo 37. ¿Qué comisión es esa? ¿No es la Comisión de Inteligencia? –Sí.
Asimismo, la propuesta se ubicaría en el artículo 85 bis de la Ley Orgánica del Ministerio, y dispone que los procedimientos de adquisición de bienes y servicios destinados a apoyar las actuaciones de la investigación de conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal, el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal, la seguridad de los fiscales y funcionarios o la oportuna adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, tendrán carácter de secreto y se entenderán como tales para efectos del artículo 20, inciso segundo, de la Ley Nº 19.886.
El Fiscal Nacional, a través de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, deberá supervisar que los procesos de adquisición y ejecución de los contratos que se hubieran exceptuado se desarrollen en forma ajustada al Decreto Ley Nº 1.263 de 1975 sobre Administración Financiera del Estado, a la Ley de Presupuestos del Sector Público y a la Ley Nº 19.886. Sin perjuicio de lo anterior, el Fiscal Nacional deberá remitir semestralmente un informe de carácter reservado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados a que se refiere el artículo 37 de la Ley Nº 19.974, la cual trata sobre el sistema de inteligencia del Estado, creando la Agencia Nacional de Inteligencia, y al Ministerio de Hacienda. Dicho informe deberá detallar todas las compras de bienes y servicios adquiridos en aplicación a lo dispuesto en este inciso, indicando los montos involucrados, los proveedores y la ejecución del respectivo contrato.
Ofrezco la palabra sobre este tema. Se está cambiando de lugar y limitando, ¿cierto? Al Ministerio Público le interesaba especialmente el tema de las herramientas tecnológicas de análisis criminal, y lo vemos colocado al inicio de la lista; después se incluyen las seguridades para fiscales y funcionarios, argumentos que ya se han explicado, junto con la obligación de informar a la Cámara de Diputados de forma semestral.
Ofrezco, señor Ilavaca, la palabra. Sí, presidente.
Yo creo que en la última discusión respecto a esta propuesta quedó claro el punto que hacía el Ministerio Público respecto a qué acciones requerían ellos mayor agilidad para desarrollar las compras públicas y que, en definitiva, era necesario poder reforzar. La norma tal cual viene del Senado en su primer trámite es, absolutamente, amplia y general. Además, le entregaba al Fiscal Nacional, nada más y nada menos, que fijar y dictar los reglamentos que correspondan para poder llevar adelante los procesos de compra, saltándose normas de carácter general.
Dentro de la discusión que se dio en el interior de la comisión se estableció que existen acciones que requieren cierto nivel de rapidez, seguridad y secreto, pero que no son todas. Hoy, con la propuesta que nos trae el Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público, se acoge esta discusión rica que se dio la semana pasada, sacando de la esfera del Fiscal Nacional estas atribuciones, pero dándole la oportunidad a la Fiscalía de llevar adelante aquellas tres áreas que planteó el mismo Ministerio Público, que eran las sensibles, con un procedimiento especialísimo. Respecto al tema de la información, esta Comisión Especial —recordemos, colegas, que también es secreta— tiene el control y la reserva necesaria que el Ministerio Público requiere.
Gracias, presidente.
No debería ser informada la Contraloría también en forma secreta. No sé si la Contraloría tiene un procedimiento especial para estas compras sensibles, porque, si bien una comisión es autónoma, tal vez cuente con algún procedimiento especial. La Comisión de Inteligencia, por lo que me han comentado colegas, no siempre dispone de las herramientas para un chequeo y contrachequeo tan ágil como se requiere.
Diputado Leiva.
Gracias, presidente. A partir de lo primero que usted señala, me correspondió integrar esa comisión en el período anterior; de hecho, la presidí, y era muy ejecutiva, señor presidente. Todos los temas son reservados, siendo el más sensible de ellos el de los gastos reservados; en cuanto al análisis o fiscalización de estos gastos —que abarcan servicios, las Fuerzas Armadas, DIFROL, Relaciones Exteriores y todos aquellos que tengan gastos reservados—, se efectuó un análisis exhaustivo. Lo comprobé al presidir e integrar esa comisión en la legislatura anterior, y considero que es un muy buen mecanismo de control.
Volviendo a la indicación planteada, me parece muy bien, ya que, en caso alguno, se modifica la ley de compras públicas. Todos los procedimientos de adquisición establecidos en dicha ley incluyen ciertas formalidades —proveedor único, especialización, etc.—, por lo que no se altera el sistema de compras públicas actualmente vigente.
Recordemos que la Ley 21.634 incorpora al Ministerio Público dentro de los órganos obligados a regirse por la ley de compras públicas, y lo que establece el inciso segundo del artículo 20 es que, para exceptuar la transparencia o publicidad de la forma de adquisiciones, incluso de los requisitos o las bases de licitación, debe existir una norma que lo habilite; y es eso precisamente lo que hace esta propuesta.
Además, y en casos establecidos, considero un acierto fruto de la discusión de la sesión anterior, se parte con el artículo 182 del Código Social Penal respecto a todas las diligencias dentro de una investigación, en tanto que resguarda la seguridad y establece mecanismos de control e informáticos de análisis criminal. Esta norma es importante porque impide, por ejemplo, que un sistema muy complejo se transparente y se exponga al riesgo de facilitar la criminalidad organizada, al permitir que se conozcan las bases de licitación o las bases técnicas de una eventual adquisición; de esta forma, todo queda bien cubierto. Sin embargo, reitero, señor presidente, que no nos salimos del marco de la Ley 11.886 sobre compras públicas, lo cual es correcto.
Gracias, diputado.
Diputado Longton.
Gracias, presidente. Se notó el cambio. Presidente, a ver: con el afán de llegar a un acuerdo, me parece que está bien la norma, siempre que el ánimo sea aprobarla en comisión. Pero tengo una duda, respecto a —y quiero ver si el Ministerio Público me lo resuelve— la aplicación del inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Compras Públicas…
públicas, porque ahí se habla de los documentos y de los procedimientos que tienen carácter secreto, reservado o confidencial, y se alude únicamente a “secretos”. Cabe destacar que “secretos” y “secretos reservados” son conceptos distintos. El secreto absoluto, es decir, aquello que nadie puede ver, está aún más resguardado que lo reservado o lo confidencial. Entonces, quisiera saber por qué no se incorporó la categoría “reservado” o “confidencial”, entendiendo que algún documento puede tener un grado de protección mayor en relación a la investigación que se está llevando a cabo. Gracias, presidente.
Diputado Sánchez: Muchas gracias, presidente. Tengo una duda y me gustaría también que el Ejecutivo nos ayude a entenderlo, ya que me da la impresión de que hay un error de redacción en el primer párrafo. Si se fijan, dice “los procedimientos de adquisición de bienes y servicios destinados a apoyar las actuaciones de la investigación de conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal”, lo que vendría a ser el primer elemento incluido; seguidamente se menciona “el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal” y se utiliza una coma en lugar de un punto y coma. Luego dice “la seguridad de fiscales y funcionarios o para la oportuna adopción de medidas para proteger a las víctimas”. ¿En todo esto se está hablando del uso de herramientas tecnológicas? Porque, al menos en lo que respecta a la seguridad de fiscales, no se entiende; debiera decirse, por ejemplo, “el uso de herramientas tecnológicas de análisis criminal para garantizar la seguridad”, o algo por el estilo. La falta de un conector adecuado dificulta la comprensión, impidiendo saber si lo que se pretende es que la seguridad de fiscales esté considerada como secreto. Es un enunciado algo enredado y creo que podría aclararse un poco más, señor presidente.
Presidente: Tiene razón el diputado Sánchez en lo que respecta a la redacción. Si lo pudieran ver ustedes junto con María Esther, después de “criminal” se podría incluir, por ejemplo, la preposición “para”.
Diputado Sánchez: Gracias. Considero que debiese decir “el uso de herramientas tecnológicas”, y no estoy seguro de si ahí debiera especificarse “para el análisis criminal” o si resulta suficiente mencionarlo de ese modo, ya que podría tratarse del uso de estas herramientas para asegurar o para garantizar la seguridad de fiscales y funcionarios. Quisiera entender si se trata de aspectos distintos o de lo mismo, ya que el hecho de emplear una coma en lugar de un punto y coma me dificulta la comprensión. Vamos a mejorar la redacción, aunque se va evidenciando un mayor acuerdo en el fondo.
Diputada Frías: Quisiera intervenir. El Ministerio Público, le ofrecemos la palabra, y no sé cuál de los intervinientes tomará ese honor.
Ministro del Ministerio de Justicia: Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a toda la comisión y a la secretaría. Efectivamente, tal como comentaba el Ministerio de Justicia, esta es una norma que hemos acordado después de un par de conversaciones. Desde nuestro punto de vista, cumple con lo que solicitamos en la sesión pasada, es decir, mantener el carácter de secreto en el fondo respecto a ciertos tipos de compras que, de ser públicas, deben ser subidas al sistema de compras públicas que contempla la ley 19.886, pues podrían poner en riesgo la investigación, la persecución penal, y también las medidas de protección de víctimas o testigos, así como la seguridad de fiscales y funcionarios, abarcando básicamente todas las hipótesis contenidas en el primer inciso.
En relación a la pregunta del señor diputado Longton, entendemos que el concepto “secreto”, tal como se ha distinguido, mantiene en el fondo su carácter frente a cualquier circunstancia, a diferencia de la “reserva” y la “confidencialidad”, que se refieren a ciertas personas. En este caso se busca que el carácter de secreto se aplique a todas las personas, con excepción del último inciso, que establece la rendición de cuentas o el informe ante la Comisión del Sistema de Inteligencia –es decir, la Comisión Particular de Inteligencia–. Se han explorado otras alternativas, pero la idea es mantener el carácter de secreto en relación con todas las personas, sin que se aplique lo que se entiende por confidencialidad, el cual se refiere, insisto, a ciertos individuos.
Solo hago presente, señor presidente, que en el último inciso la remisión debe ser dispuesta en este artículo, no en este inciso. Es decir, en el artículo final y no en el inciso. Me pillaron volando porque estaba justo… ¿en qué parte era? En el inciso tercero, en vez de decir “adquiridos con aplicación a lo dispuesto en este inciso”, debiera decir “dispuesto en este artículo”.