Cámara de Diputados - Personas Mayores - 19 de mayo de 2025

El acta de la sesión número 104 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 105 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Dando lectura a la cuenta, son cinco los documentos que han arribado. En primer lugar, oficio número 461 del Juzgado de Letras de Trabajo de Coyhaique, que nos solicita informar sobre una situación de la actual problemática y las eventuales resoluciones relacionadas con las jornadas extraordinarias de los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, en el marco de una causa y expediente judicial que se indica. En segundo lugar, nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la que se informa que en la sesión de hoy asistirán, en reemplazo del ministro, el subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz —quien ya está presente—, acompañado de su jefe de gabinete, Francisco Muñoz, y por el jefe de la división judicial, don Héctor Valladares, también presente. En tercer lugar, se presenta una nota de la bancada Unión Democrata Independiente, mediante la cual se comunica que el diputado Fernando Borges reemplazará, durante la sesión, al diputado don Gastón Font-Giuliano. En cuarto lugar, nota del Comité Republicano Independiente, por la que se informa que el diputado Harry Jürgens reemplazará durante la sesión a la diputada Catalina del Real. En quinto lugar, se tiene una solicitud de la diputada Carla Morales, mediante la cual, y con la presidencia de la comisión, se solicita coordinar una fecha para invitar a docentes de la Escuela Básica Reyes de España, establecimiento municipal de la ciudad de Chilla, a exponer en la comisión. ¿De qué se trata la exposición? Este colegio ha implementado, desde hace algún tiempo, cabinas sensoriales orientadas a estudiantes con condiciones especiales, construyendo una experiencia innovadora e inclusiva que la diputada considera valiosa para dar a conocer. Por ello, solicita que sean invitadas a esta comisión la señora Marisol Contreras, junto con una docente especialista en terapia educacional, un profesor del equipo docente y representantes del equipo creativo responsables del diseño e implementación de estas cabinas. Esa sería la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Se da entonces la palabra sobre la cuenta, diputada Morales. Saludo a los invitados y también a quienes hoy se encuentran de forma telemática. Presidenta, realicé esta solicitud a la comisión a raíz del proyecto de ley relativo a la ley 21.545, conocida como la ley TEA, y también a la iniciativa que estamos presentando sobre las aulas sensoriales. Considero importante conocer la experiencia de la comunidad educativa. Ellos se comunicaron conmigo a través de correo electrónico y cuentan con una línea muy innovadora respecto a las cabinas sensoriales, ya establecidas desde hace algún tiempo en el colegio. La idea es que puedan contarnos la experiencia y, además, cómo han percibido el cambio de los alumnos a raíz de estas cabinas, en línea con lo que estamos trabajando en el proyecto de ley. Efectivamente, coincidimos, por lo cual ya tenemos a varias personas convocadas. Debemos realizar una sesión especial, así como esta que era muy importante, ya que, debido a complicaciones en las sesiones de mañana, tuvimos que anticiparla por motivos de seguridad para evitar su suspensión a última hora. Por ello, debemos contar con una sesión especial para poder atender estos asuntos.

Tanto a su solicitud como a la de otras personas que están en lo pendiente. ¿Alguien más? Vamos a pasar a puntos varios. Quiero tomar la palabra por dos motivos. Primero, tenemos pendiente el acuerdo de lo que habíamos estado conversando respecto a la ley, en concreto los compromisos por la ley 21.500. Mirando a la diputada Santibáñez, debemos tomar el acuerdo para el día 10 de junio, martes 10, para poder citar a quien corresponde a fin de revisar los avances; es decir, se citará a la PDI, a la Fiscalía Nacional, a Carabineros y, por sobre todas las cosas, a la subsecretaria de la prevención del delito, Carolina Lintao. Tomamos el acuerdo para que aquello no se nos pierda. Además, contamos con cuatro diputados para formalizar estos acuerdos. En otro orden de ideas, en respuesta a una solicitud que también hago a la comisión, se gestionó que ésta pueda sesionar en Antofagasta. Recibimos a la escuela Raíces en su minuto, producto de algunas incongruencias relativas a los establecimientos de escuelas especiales o especializadas. Después de un trabajo realizado con el Ministerio, se logró modificar la situación a través de decreto, lo que permitió que esa escuela —que enfrentaba varias complicaciones— aceptara a sus alumnos y se mantuviera vigente. Esto no solo se aplicó para Antofagasta o para esa escuela en particular, sino que se extendió a nivel nacional, abarcando cuestiones relativas a discapacidad, el área TEA y, por otro lado, la atención a las personas mayores, especialmente en ELEAM. Hemos observado el cierre de varios centros, sumado a un aumento en la cantidad de personas en situación de calle y de mayores, por lo que se ha solicitado a la comisión que asista en Antofagasta, así como en otra región. Agradezco la intervención, diputado. Ahora, para retomar otros pendientes, en la primera semana en que vamos a escuchar a la escuela, citaremos a don Vicente Almolacín; le mando el tiro del número correspondiente. Se agradece y se toma el acuerdo. También se sumarán otros temas de acuerdo a los tiempos y, de ser necesario, se convocarán sesiones especiales para avanzar en la discusión de proyectos. Por último, en lo que a mí respecta, lamento no haber estado presente cuando se tomó el acuerdo, ya que pertenezco a la comisión de Medio Ambiente. De hecho, en 10 minutos inicia la sesión de Medio Ambiente y tendría que estar durante la primera media hora, lo que me complica un poco el día lunes. Agradezco a la diputada Santibáñez y se buscará otro horario, pues por el momento tenemos este lunes sin inconvenientes por parte de la secretaría, aunque a varios diputados les resulta complicado. Muchas gracias.

Instancias, ¿ya? Por el momento vamos a buscar para que así sea. Bueno, si no tenemos otros varios, vamos a dar inicio a esta sesión excepcional que tenemos el día de hoy, agradeciendo a quienes nos acompañan para abordar el paro indefinido que mantienen los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial FENADAJ, quienes denuncian el incumplimiento del protocolo firmado en agosto del año 2023 con el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y destacan la crítica sobrecarga laboral en la atención a personas mayores, con solo una dupla profesional por región para más de 3,5 millones de personas. Todo ello con el propósito de llegar a una solución. Hago el paréntesis de que esa es la idea y la disposición de esta comisión: escuchar a todos los involucrados y lograr acuerdos para el bien de todos y cada uno. Para este objeto se acordó, asimismo, invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Federación de Representantes de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ). Por parte del Ministerio de Justicia asisten el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; el jefe de gabinete, don Muñoz; y el jefe de la división judicial, Héctor Valladares. En representación del directorio asisten telemáticamente la vicepresidenta, Zulema Díaz Castro; la secretaria general, Jessica Valenzuela Moya; la secretaria, Mónica González Díaz; y la secretaria Bárbara Hermosilla Valdevenita. Damos entonces la palabra y partimos por los trabajadores. “Señora Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas presentes en la sala, y por supuesto al señor subsecretario de Justicia y su equipo. No estaba considerado, es lo que usted acaba de leer. Yo soy Marcelo Inostrosa, abogado, presidente de la FENADAJ, la federación que reúne a los ocho gremios de las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país. En mi carácter de presidente de este colectivo, quisiera agradecer la gentileza que ha tenido esta honorable comisión para recibirnos y escucharnos. Brevemente, la exposición técnica la hará la colega Bárbara Hermosilla, quien también se encuentra presente telemáticamente. Yo dispongo de un minuto para hacer una introducción, señalando el estado del arte en esta movilización que hoy se yergue en sus 46 días, desde que se inició el 2 de abril, una situación lamentable que ni los trabajadores ni sus representantes buscamos ni propiciamos.” “Esperamos llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Hemos mantenido, en particular con el Ministerio de Justicia, varias semanas de tratativas, conversaciones y negociaciones para encontrar una salida. Pero quisiera centrarme en lo que significa para el Estado la situación que denunciamos. Las denuncias de los trabajadores y trabajadoras de las corporaciones se pueden delinear en dos grandes veredas. Una tiene que ver con el ámbito funcionario, relacionado efectivamente con el protocolo que usted ha reseñado, y se vincula con una sentida demanda de los trabajadores: la homologación de remuneraciones. En términos simples, la misma pega, la misma paga. Tenemos una situación en la que una persona que realiza una labor en Punta Arenas y otra que realiza la misma labor en Santiago, teniendo la misma jornada y las mismas obligaciones, reciben remuneraciones distintas.” “En ese sentido, se avanzó en este gobierno durante el año 2024 con una primera etapa de la homologación que hacía referencia a los estamentos no profesionales, y este año debíamos iniciar la homologación de los profesionales. Lamentablemente, no se cumplieron los hitos señalados en ese protocolo y recién en marzo-abril, ya anunciada la administración, hemos estado negociando la cantidad a destinar para esta homologación. Y, claro, atendiendo la coyuntura económica, las expectativas son bastante reducidas. Lamentamos profundamente esta situación, ya que creemos que era una oportunidad para avanzar decididamente hacia una solución justa, que tiene reconocimiento en nuestra legislación vigente, en la Ley 18.575, artículos 50 y 52, que establece claramente que quienes realizan la misma función deben recibir la misma remuneración. Pero eso es lo que nos ocupa en esta comisión.”

Tiene que ver con una cuestión que daña al Estado y con la necesidad de que el aparato público se haga cargo con propiedad de lo que significa la asesoría y atención de los adultos mayores en Chile. El público usuario al que potencialmente accedemos se ubica en torno a 3,5 a 4 millones de personas y, en ese contexto, la situación es absolutamente asfixiante e inviable. Las corporaciones deben asumir este mandato, pero la planta profesional que lo atiende es absolutamente insignificante. Hablamos de un trabajador o trabajadora social y un abogado o abogada por cada región del país, quienes deben atender múltiples materias —civil, familia y, eventualmente, penal— para proteger los derechos de los adultos mayores. Esto es parte del petitorio, porque creemos que el Estado debe asumir, con propiedad, esta labor imprescindible para que la justicia se haga carne en nuestra sociedad y en las comunidades en las que nos insertamos. Ese es el motivo de nuestra presencia hoy: llamar la atención sobre este tema e instar a que se elaboren políticas, acorde a la realidad y coyuntura actuales, que signifiquen que el Estado se haga cargo en propiedad de esta obligación ineludible. Sin más, quiero dejar con ustedes a Bárbara Armosilla, abogada y dirigente de la Federación, quien trabaja precisamente en esta línea y podrá ilustrarnos con mayor certeza respecto a la situación que viven los trabajadores de la CAJ en las áreas que atienden a los adultos mayores. Muchas gracias, señora Presidenta, y, por cierto, a los señores diputados y diputadas. Muchas gracias, don Marcelo. Tiene la palabra entonces la señorita Bárbara Armosilla. Señora Presidenta, diputados presentes, representantes del Ministerio de Justicia y queridos compañeros de FENADAC, muy buenas tardes. Agradezco el espacio y, a modo de contexto, recuerdo que en el año 2017 Chile ratificó la Convención Interamericana sobre Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dicha convención, en su artículo 31, señala el acceso a la justicia como un derecho protegido de la población adulta mayor. Este artículo establece que se deben tomar las medidas y ajustes de procedimiento necesarios para que la persona mayor pueda acceder a la justicia de manera efectiva y oportuna, precisando que la actuación judicial debe ser particularmente expedita en casos en los que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Una de las medidas adoptadas para cumplir este compromiso fue la creación de oficinas especializadas dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, para proporcionar una atención profesionalizada—exenta de calificación socioeconómica—para todas las personas mayores, sin restricción de materias. Esta oficina se conoce como Oficina de Defensa Jurídica Integral del Adulto Mayor. Aunque el nombre suena adecuado, los recursos asignados permitieron únicamente la contratación —como bien decía Marcelo— de una dupla sociojurídica por región, es decir, un abogado o abogada y un trabajador o trabajadora social, sumando 32 funcionarios a nivel nacional, especialistas en derechos de personas mayores para cubrir cada región. En los documentos del lanzamiento de esta línea, datados del año 2020, se prometió avanzar hacia la incorporación de una dupla por cada provincia o por cada comuna con alta población mayor, de modo que, según la información de la época, a la fecha deberían existir al menos 47 duplas en funcionamiento. Sin embargo, a cinco años de la creación de estas oficinas, el compromiso no se ha cumplido: seguimos contando únicamente con una dupla por región, salvo en la Corporación de la Región Metropolitana, que incorporó una profesional adicional en el año 2023; esta se encuentra actualmente con licencia médica de larga duración y su reemplazo aún no ha sido proveído por la institución. ¿Pensarán ustedes que contamos con secretaria? Lo cierto es que no. ¿Considerarán que, en esta oficina, los casos de alta vulnerabilidad son atendidos por psicólogos, dado que se trata de una defensa jurídica integral? La respuesta es que no contamos con psicólogos.

Tampoco contamos con personal administrativo, ni con un chofer que pueda acompañar en las visitas domiciliarias. Cuando decimos “una dupla por región”, nos referimos a que esta oficina solo cuenta con dos profesionales para todo el trabajo: labores administrativas, representación en juicio, asistencia en audiencias y realización de visitas domiciliarias sin vehículo institucional. Además, se coordinan gestiones con la red de salud, la red municipal, las familias, los tribunales de justicia y SENAMA, con el propósito de promover derechos y prevenir conflictos, entre otras tareas. Solo en la Región Metropolitana, durante el año 2022, se tramitaron más de 1.300 causas, entre ellas varias causas civiles de personas mayores expuestas al desalojo de sus viviendas, demandas de alimentos mayores y querellas por delitos de los que fueron víctimas, si bien la mayoría correspondió a casos de violencia intrafamiliar. Se han visitado hogares de personas mayores que se encuentran en absoluto abandono familiar y social, con deterioro cognitivo, viviendo en condiciones insalubres a merced de la solidaridad de algún vecino, postradas, desnutridas, víctimas de abuso patrimonial y amenazas por parte de familiares o de terceros que han identificado su vulnerabilidad y soledad. Hace pocos días, un informe de CIPER Chile dio cuenta de más de 800 personas mayores que hoy se encuentran en lista de espera para ingresar a residencias de larga estadía. Un rol principal, cuando nuestras oficinas actúan como curadores, es verificar si la persona, como sujeto de derecho, manifiesta voluntad para el ingreso a un ELEAM. Ingresar a una persona en residencia, aun cuando esté lúcida y sea consciente de su entorno, sin una expresa manifestación de voluntad, supone un riesgo que a toda costa debemos evitar; ello resultaría violento y atentaría contra el derecho de autodeterminación. De esas más de 800 personas mayores en lista, más de 500 tienen una causa vigente en los tribunales por maltrato, y en su mayoría se encuentran en la tramitación de nuestras oficinas. En conjunto con la red, se deben buscar soluciones intermedias a la espera de un cupo, el cual se libera, según el mismo estudio, cuando fallece otra persona mayor institucionalizada. En casos críticos, la persona mayor permanece en residencias hospitalarias por largos periodos, a veces años; pese a estar dada de alta médicamente, se expone a un deterioro adicional de su salud, lo que vulnera claramente sus derechos. No obstante, esta alternativa muchas veces se visualiza como el mal menor, atendida la gravedad y el riesgo vital del caso. Como se puede apreciar, la contribución de las duplas de personas mayores de la Corporación de Asistencia Judicial es innegable. Sin embargo, ante la evidente sobrecarga que enfrenta una sola dupla, la solución actual no ha pasado por otorgar más recursos ni por cumplir la promesa de contar con una dupla por provincia o por comuna con alta población mayor. La respuesta, en esencia, ha sido reducir el ámbito de atención, dejando solo los casos de mayor complejidad social o jurídica y reduciendo, además, la cobertura territorial. Esto ha derivado en una discriminación por comuna: usuarios que residen en San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, Curicó, Gualañé, Licantén, Linares, Longaví, Parral, Las Cabras, Machalí, Mostazal, San Fernando, Santa Cruz, entre otras, no cuentan con una trabajadora social ni un abogado especializado de la corporación que los visite o represente en juicio. En sede penal, salvo en algunas regiones, solo las víctimas de violencia intrafamiliar pueden acceder a nuestras oficinas, mientras que las víctimas de estafa, amenaza o de otros delitos quedan desatendidas. El problema radica en que, al día de hoy, no existe otra oferta pública.

¿A dónde derivar a estas víctimas de delitos? Aún así, con las reducciones de cobertura y de materias, el promedio de causas tramitadas al año supera las mil causas solo en la Región Metropolitana y, en promedio, las 500 causas en las demás regiones, cuyos nudos críticos también son una preocupación constante según su realidad. En Magallanes, por ejemplo, la cobertura es todavía regional, debiendo nuestras compañeras trasladarse aproximadamente seis horas en un solo día para realizar visitas domiciliarias. En la comuna de Valdivia, la cobertura sigue siendo regional y abarca variadas materias, tramitándose causas en 17 diferentes comunas. Las horas normalmente no son compensadas; se pagan con la sola vocación de nuestros compañeros y compañeras. Las trabajadoras sociales, que se exponen a los ofensores violentos en sus visitas domiciliarias y cumplen un rol fundamental en la línea, perciben una remuneración inferior a la de los abogados. No contamos con alumnos en práctica de Trabajo Social, y hemos tenido funcionarios afectados por enfermedades profesionales que nacen de la sobrecarga laboral, las cuales han sido reconocidas por la mutualidad. Sin embargo, la Corporación de Asistencia Judicial no ha tomado medidas para asegurar el mejoramiento en las condiciones laborales de nuestras compañeras y compañeros. No se provee de reemplazo en caso de licencias médicas, incluso de larga duración o feriados legales, entre otras circunstancias que deben abordarse y mejorarse para el futuro. Hemos sufrido multas por conectarnos a distintas audiencias que se generan al mismo tiempo y, al no existir cobertura de otros funcionarios, estamos obligados a cubrirlas los mismos profesionales, exponiendo incluso a eventuales faltas de servicio en caso de que no se logre abordar la situación con la empatía de los Tribunales de Justicia, quienes en general han reconocido la sobrecarga laboral que tenemos y tratan de apoyar nuestra labor. Hoy en día, los profesionales de ODAM hemos adherido íntegramente al paro indefinido de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial por convicción, por la injusticia que representan las condiciones actuales de trabajo de los 33 funcionarios a nivel nacional a cargo de esta oficina, y hemos adherido, además, porque la población mayor en Chile, que crece año a año y que en 2050 superará el 32% de la población nacional, no merece el trato que le está dando el Estado de Chile. Nuestro respetuoso llamado a esta comisión y a nuestros legisladores es que consideren estos elementos y la cruda realidad de la población adulta mayor, destinando recursos con responsabilidad y conocimiento de las necesidades de nuestras personas mayores, que, pese a existir una convención vinculante para Chile, fallecen día a día a la espera de justicia y de dignidad. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Bárbara, por su exposición. Vamos a escuchar la palabra, en este caso, al subsecretario de Justicia. Tiene la palabra don Ernesto Muñoz. Saludo a todos los integrantes de la comisión y también a los representantes de los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial a nivel nacional, con quienes tuve una reunión telemática esta mañana. Por su intermedio, señora Presidenta, comunico que estas seis semanas, que se han extendido muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros querría, han estado constantemente marcadas por el diálogo. Hemos trabajado de manera seria con los directivos de FENADAJ e incluso hemos avanzado en protocolos de acuerdo en al menos dos oportunidades, protocolos que, al momento de ser ratificados por las bases, no han podido dar una señal de salida a este conflicto. Esto lo digo solamente porque reconocemos la tremenda labor que realizan los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial en todo el país; sabemos que trabajan.

Condiciones que muchas veces no son óptimas y que el Estado de Chile no ha entregado todos los recursos requeridos para que esa labor pueda cumplirse en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo por generar mejores condiciones y aportar al cierre de una situación que el presidente de FENADAJ nos recordaba. Ocurre también porque, como usted sabe, hoy día tenemos una gobernanza de cuatro corporaciones de asistencia judicial, independientes y autónomas entre sí. Por lo tanto, en el caso de las decisiones, al no requerirse la coordinación con las otras corporaciones, se han establecido diferencias. La forma más permanente de encontrar esa solución es, a nuestro juicio como Ejecutivo, la aprobación del proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional para la creación de un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Este proyecto de ley implementará políticas de remuneración únicas, con procedimientos y protocolos, y contará con una planta a nivel nacional que, aunque se implementará de forma gradual, representa la solución estructural que los propios trabajadores han buscado durante décadas. Solamente indico, Presidenta, por su intermedio, que este es, entiendo, el sexto proyecto de ley en los últimos 30 años que ha tratado de superar la dispersión existente en las corporaciones de asistencia judicial, la cual produce, en parte, diferencias en remuneraciones, brechas y perfiles. Desde el Ejecutivo, estamos trabajando no solo para superar de manera efectiva las condiciones que hoy nos han llevado a este conflicto, condiciones que no solo están relacionadas con temas de remuneraciones, sino que también abarcan la jornada laboral, la situación de salud mental, el trato y el mejoramiento de la gestión. Dicho esto, por su intermedio también quisiera hacer un reconocimiento especial a la defensa jurídica integral de personas mayores que se ejecuta a través de este programa, iniciado en el año 2020 con 32 profesionales –actualmente son 36– y que contemplaba, tal como indicó la representante de los trabajadores, una proyección hacia una mayor cobertura en las capitales provinciales y otras comunas con alta concentración de adultos mayores. Lamentablemente, en los distintos procesos presupuestarios no hemos logrado obtener los recursos deseados para avanzar en la generación de esta cobertura. Sin embargo, aprovechando la experiencia y la expertise de estos profesionales, dedicados en cuerpo y alma a la defensa de los adultos mayores, se ha generado un modelo de atención y trabajo coordinado con SENAMA y el Ministerio de Salud, que permite mejorar la atención brindada. Para mencionar algunas estadísticas, el año pasado, solamente en la Región Metropolitana se atendieron 2.643 casos de adultos mayores con esta atención especializada, lo que no significa que sea la única atención brindada, ya que en las corporaciones de asistencia judicial genéricas se atendieron 61.015 casos, representando un 90% de las atenciones en ese ámbito. Hemos avanzado en la generación de modelos que recopilan buenas prácticas y reúnen todo lo necesario para ofrecer, o avanzar hacia ofrecer, una atención especializada. Para no extenderme más, le indico, Presidenta, que estamos trabajando de manera mancomunada para poner término a este conflicto que ya se ha extendido demasiado. Como le comentaba, tenemos aún esa mesa de trabajo y estamos a la espera de los comentarios de la próxima.

La Federación, en su última propuesta respecto al tema del modelo, expresó que es fundamental la aprobación del proyecto de ley y esperan que así sea. Todas las luces que se han presentado indican que, ahora sí, efectivamente este proyecto, que se encuentra en la Comisión de Hacienda según el trámite constitucional del Senado, va a ser aprobado y también permitirá aportar, desde el reconocimiento que debe reflejarse, recursos y una mayor dotación para este programa en las conversaciones que se tendrán a propósito del presupuesto 2026. Muchas gracias, subsecretario. Antes de ceder la palabra, agradezco la exposición, pero considero que, al final, esos datos contrastan con lo que hoy día realmente se necesita: la atención que tiene que ver con la defensoría y el apoyo legal para nuestros adultos mayores. No nos sirven los últimos datos presentados. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuando se asumió este Gobierno se logró, efectivamente, hacer un catastro y un levantamiento de la realidad y las condiciones desde ese primer día –estoy hablando de marzo del año 2022– hasta el día de hoy? Porque actualmente se discute la Defensoría de las víctimas, tema que anteriormente no fue prioridad. De hecho, cuando se debatió en la propia Comisión Mejor Vejez o en el proyecto de Mejor Vejez se habló de la Defensoría de las Personas Mayores, algo que se solicitó oportunamente, así como la asignación de recursos destinados al Instituto de Derechos Humanos, generando un debate en la comisión. Por lo tanto, me voy a la otra pregunta, respecto a los recursos: aquellos que deben ser solicitados para poder realizar el debate presupuestario cada año. Creo que allí se debió haber puesto mayor énfasis. Pongo un símil: cuando lo discutimos por el royalty, todos los diputados presentes coincidimos en no aprobar los recursos si no se lograba llegar a un acuerdo. Estoy segura de que hubiésemos estado en la misma línea de no aprobar presupuestos si no se aseguraban los recursos para algo tan importante como es la defensa y el apoyo a quienes, hoy día, trabajan y defienden a nuestras personas mayores. Esto podría haber sido en los años 2022, 2023 y 2024. Así, dejo esas dudas e inquietudes y doy la palabra a mis colegas. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero: es una lástima tener que, después de seis semanas, discutir este tema acá, ya que se han realizado muchos esfuerzos, pero la verdad es que ni siquiera se ha establecido un plazo concreto. Esto demuestra la incapacidad para resolver el problema en tan corto tiempo. Existe una gravedad en tener que analizar este tema en una comisión del Congreso Nacional, dada la incapacidad del Ejecutivo para solucionarlo de la misma manera en que se han abordado otros asuntos en distintos ministerios, incluso cuando se cuentan con mayor número de funcionarios y recursos. Por lo tanto, espero que esta instancia propicie un mayor acercamiento. Y, obviamente, no solo se están afectando las personas mayores, que tienen una vinculación directa con esta comisión, sino que además se evidencia la compleja realidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes, en casos de violencia intrafamiliar y en la aplicación de medidas de protección. Es dramático ver cómo, en ocasiones, ni siquiera cuentan con los recursos para salir a protestar, ya que, con suerte, solo llegan a los consultorios por falta de medios cuando se les cita. Por tanto, me gustaría tener mayor certeza por parte del Ejecutivo. Creo que los esfuerzos siempre han estado, me imagino, en todos los gobiernos y en todos los ministerios.