Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 19 de mayo de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Las actas de las sesiones 200 especiales y 201 ordinarias se ponen a disposición de la señora diputada. Muy buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, presidente. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos: un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual se responde a un requerimiento de esta comisión en orden de informar sobre la situación de inseguridad que viven los vecinos del sector Lomas de Santa Montt, debido a la ocupación de departamentos abandonados. Luego, se presentan varios oficios del Secretario General de esta Corporación, en los que se comunica que la Sala accedió a la solicitud formulada por esta comisión para remitir, a efectos de estudio, votación e informe en calidad de Comisión Técnica, los siguientes proyectos de ley, todos ellos de origen en moción y que cumplen su primer trámite constitucional. En primer lugar, se encuentra el proyecto que modifica la Ley 18.971 para autorizar el recurso de amparo económico contra el comercio ilegal, actualmente radicado en la Comisión de Economía. El segundo se refiere al proyecto de ley que ordena la destrucción de mercaderías provenientes del comercio ilegal, radicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. El tercero es el proyecto que modifica la Ley 21.426 para autorizar el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución del comercio ilegal, también radicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y, finalmente, el cuarto proyecto modifica la Ley 19.913 para prevenir y sancionar con mayor severidad el lavado de activos asociados al comercio ilegal, igualmente radicado en la Comisión.

En sexto lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados, señores Bianchi, Araya, don Jaime, Soto, don Raúl, Tapia y Yuyoa, y de las diputadas, señoras González, doña Marta, Marzán, Molina y Muxante, que dispone la clausura de inmuebles o establecimientos comerciales que alberguen el funcionamiento de prostíbulos y el expendio ilegal de bebidas alcohólicas. En séptimo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena de don Alex Pedro Sarsuri Cortés. Luego, otro proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena de don Mauricio Lobo Fernández. En noveno lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados, señores Poqueño y Rosas, y de las diputadas, señoras Tagaldía y Veloso, que modifican la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para promover medidas de prevención y mitigación de incendios forestales. En décimo lugar, un proyecto de ley de origen y moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena de don Jorge Andrés Vergara Montero. En décimo primer lugar, un proyecto de ley de origen y moción de los diputados, señores Araya, don Jaime, Alí, Juan Camano, Juan Uchiri, Melo y Videla, y de las diputadas, señoras Arce, Marzán, Muzán, de la provincia de Ipérez, doña Joana, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar la implementación de crematorios de mascotas o animales de compañía. 12. Se recibió un correo electrónico del asistente de la presidencia del director de Metro S.A., quien, por especial encargo de su presidente, don Guillermo Muñoz, informa que en la fecha de realización de esta sesión – a la cual fue invitado don Guillermo Muñoz – se encontrará en comisión de servicio en el extranjero. Sin embargo, en su representación asistirán, si la comisión lo tiene bien, don Felipe Bravo, gerente general de Metro, y la señora María Ignacia Castro, gerente corporativa de Asuntos Legales. En el lugar número 13 de la cuenta, se recibió un correo electrónico de la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, señora Patricia Rojas, mediante el cual se solicita participar en una próxima asociación con el fin de exponer la visión de organizaciones formalmente constituidas de personas migrantes en Chile sobre el proyecto que modifica la Ley 21.025 de la Administración de Extranjería en materia de defendimiento y derechos extranjeros. Al respecto, se adjunta una minuta que contiene diversas consideraciones sobre el tema. Luego, se recibió un correo electrónico a la presidenta del consejo directivo de Terbel, mediante el cual se adjunta la invitación a la cuenta pública que rendirá ese servicio el día miércoles 28 de mayo a las once horas en el salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional en Santiago. Finalmente, presidente, se recibió un correo electrónico del gabinete del alcalde de la estación central, mediante el cual se excusa la inasistencia por razones de índole personal. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Palabra sobre varios. Diputado Berger tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo, por supuesto, a los demás colegas e invitados que tenemos para esta presente sesión. Señor presidente, quiero aprovechar para abordar un tema que preocupa a muchas personas que participaron en las últimas elecciones, tanto municipales como regionales. Esta preocupación se relaciona con la situación en las elecciones regionales y comunales 2024, particularmente en cuanto a la devolución de gastos por parte del servicio electoral CERVEL y la Tesorería General de la República. Hemos recibido información de diversos candidatos que indican que el CERVEL solicitó los datos bancarios necesarios para efectuar la devolución de gastos, fijando como fecha límite para entregar dicha información el día 7 de mayo. Sin embargo, a la fecha, la Tesorería General de la República no ha realizado estos pagos ni ha informado a los afectados sobre el estado o la fecha estimada en que se concretarán. Considero, señor presidente, que existe una clara falta de comunicación de parte de la Tesorería General de la República respecto a este procedimiento, así como una insuficiente atención del CERVEL hacia los candidatos para informar con claridad sobre los procesos y etapas de estas devoluciones. Además, algunos candidatos han reportado que vivieron grandes dificultades para que los proveedores aceptaran esperar por sus pagos en base a estas devoluciones, lo que ha generado problemas adicionales, específicamente relacionados con la pandemia.

Con el Servicio de Impuestos Internos se han generado situaciones de boletas a honorarios y facturas que quedaron pendientes de pago debido a estos retrasos, derivando en que personas que prestaron servicio no pagarán retenciones oportunamente y empresas no cumplieron con el pago del IVA correspondiente. Esto ha resultado en multas por parte del Servicio de Impuestos Internos, penalizando injustamente a quienes intentaron actuar de buena fe. En consecuencia, señor presidente, solicito formalmente que esta comisión oficie tanto al CERVEL como a la Tesorería General de la República para que informen detalladamente sobre el estado actual del proceso de devoluciones de los gastos electorales y expliquen cómo se está gestionando la trazabilidad y coordinación con el Servicio de Impuestos Internos para evitar multas injustificadas. Además, se exige aclarar cómo se garantizará que estas multas no se conviertan en una forma de enriquecimiento ilícito por parte del Estado, debido a mecanismos creados por sus propias instituciones autónomas. He dicho, señor presidente, y le solicito encarecidamente, con el apoyo de los colegas presentes, oficiar a los organismos que he solicitado. Muchas gracias. Diputado Berger: ¿Toma el acuerdo para enviar los oficios solicitados por el diputado? Presidente: ¿Toma el acuerdo? Se toma el acuerdo. Diputado Mesa: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes al resto de los colegas y a los invitados. Mi pregunta, señor presidente, es sobre justamente el objeto de esta sesión. ¿Cuál es la planificación que se tiene? Por lo menos uno de los invitados que yo había propuesto en su momento, procedente de la Secretaría, veo que todavía no ha sido citado, entiendo, obviamente, porque hay otras personas exponiendo. Además, el conocimiento público que ha generado esta sesión y la temática tratada en la comisión ha provocado que otros representantes de gremios del comercio en distintas zonas de Santiago se hayan manifestado e interesado en participar. Quizá sea bueno, señor presidente, que no ahora, pero sí durante la jornada o quizá mañana, nos proponga —incluso a través del grupo de WhatsApp— una planificación en la que podamos informar a los potenciales invitados con antelación, para que ellos también se puedan programar, ya que este tema ha despertado muchísimo interés. Muchas gracias. Presidente: Hola, diputado Mesa. Efectivamente, hay varias personas y organizaciones que quieren participar. Además, ya se han enviado a esta comisión proyectos de ley que van en la línea de combatir el comercio ilegal. Por ende, la planificación es la siguiente: luego de la sesión distrital, seguiremos recibiendo invitados en esta comisión los días lunes y pondremos en trámite los proyectos de ley que se enviaron a esta comisión para lograr un objetivo concreto. Se han comunicado personas, incluso de la Vega de su distrito y de MEI, que desean asistir, y algunos alcaldes han expresado su intención de participar, aunque por tope de horario u otras circunstancias han solicitado hacerlo la próxima semana. Hoy, por ejemplo, contamos con la presencia del presidente del Metro, gerente general del Metro, quien nos viene a exponer. Les enviaré una planificación, como están solicitando, ya que también tendremos a la persona del Ministerio de Salud y la Contralora, con lo cual realizaremos varias secciones al respecto. La idea es que, si tienen invitados, lo hagan llegar a Secretaría o al grupo de WhatsApp para gestionar las invitaciones. Diputada Claudia Mix: En realidad, es el punto, señor presidente. ¿Usted ha considerado cuántas sesiones se dedicarán a este tema los días lunes? Por lo menos dos sesiones más, además de las sesiones de tramitación de proyectos de ley. Nosotros continuaremos funcionando los lunes, abordando otros temas. Diputado Borges: (tiene la palabra)

Presidente, en algún momento vimos el tema de la seguridad municipal y no sé si lo vamos a retomar en alguna oportunidad o si habrá algún misceláneo que pudiéramos presentar, ya que, según he visto en la prensa, se reportó un altercado entre motociclistas y un funcionario de seguridad municipal por el tema de las atribuciones y la posibilidad de uso de armamento. Me gustaría saber, presidente, si en algún momento retomaremos en esta comisión el proyecto relacionado con el caso que tenemos hoy, pues ya lo estuvimos revisando. Muchas gracias. Diputado Borges, muchas gracias. El proyecto de ley está saliendo del Senado; una vez que pase por tercer trámite, podremos tomar el acuerdo para verlo en esta comisión cuando llegue a sala, ya que lo más seguro es que pase a comisión mixta o tengamos que revisar algunos puntos de la modificación. Podemos solicitarlo en la sala, la cual es soberana. Por eso, solicito que tomemos el acuerdo de esta sala para que se someta a consideración del Gobierno Interior. ¿Tiene la palabra la diputada Muzante? Sí, por favor, diputado Mesa. Disculpe, diputada Muzante. A propósito, existe un antecedente reciente: la reforma de los notarios que volvió del Senado y se encuentra en la comisión mixta de ley y pendiente de análisis de los diputados. Muchas gracias. Ay, sí, gracias, presidente. En palabras anteriores, está la alta probabilidad de que el proyecto efectivamente se designe a comisión mixta, pero cuando han habido tramitaciones muy largas, como ocurrió con el proyecto de notarios mencionado por el diputado Mesa, se puede solicitar igualmente un paso por la comisión. Yo creo que podríamos acordarlo a priori, pues el proyecto salió hace ya dos años de esta comisión. Solicito, entonces, el acuerdo de seguridad municipal para que vuelva acá, y lo solicito por la sala. Perfecto, se toma el acuerdo. (Palabras de varios) Pasamos a la presente sección, cuyo objeto es continuar analizando las actuaciones de diversas reparticiones públicas, entre ellas el Ministerio de Salud, que están llevando a cabo junto con los municipios para controlar el comercio informal; así como conocer la realidad de los municipios que han sido afectados por este fenómeno, las estrategias que están adoptando en la materia, las falencias institucionales y las medidas necesarias para recuperar los espacios públicos. Para tal efecto, está invitada, en representación de la ministra de Salud, la Seremi de Valparaíso, la señora Lorena Cofré; y, de forma remota, la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, la señora Yasmina Viera. Además, contamos con la presencia del gerente general de Metro S.A., el señor Felipe Bravo, junto con la gerente corporativa de Asuntos Legales, la señora María Ignacio Castro. Muchas gracias, muy buenas tardes por estar acá. Le ofrezco la palabra a la Seremi de Valparaíso, en representación del Ministerio de Salud. Hola, buenas tardes. En primera instancia, me gustaría exponer un argumento jurídico respecto de las competencias y facultades que posee el Ministerio de Salud. Para ello, invito a que escuchemos a la jefa jurídica del Ministerio de Salud, quien se conecta de forma remota y nos expondrá, en síntesis, las competencias y facultades que tenemos ante el comercio ilegal de alimentos y también de medicamentos. Muchas gracias. A continuación, le entrego la palabra a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, la señora Yasmina Viera. Tiene la palabra, señora Yasmina. Gracias, señor presidente, por su intermedio.

¿Están viendo en pantalla la presentación? Sí, perfecto. Sí, está… lo siento. ¿Lo están viendo en pantalla completa? Ahí estamos, no, se achicó. Ahí sí, ahí está perfecto. Muchas gracias. Bueno, como adelantó la Ceremi y, como también adelantamos la semana pasada, la idea de este primer punto es poder explicarles cómo la autoridad sanitaria, en verdad, interviene en el comercio informal. Yo creo que nos quedó claro la semana pasada que esto es un fenómeno que involucra a múltiples sectores y también al sector salud, en que particularmente nosotros nos centramos en dos aspectos: en la fiscalización de alimentos que se venden en la vía pública y en el comercio ilegal de medicamentos. Y esto es lo que principalmente capta la atención de la autoridad sanitaria cuando se habla del comercio informal. En materia de alimentos, la autoridad sanitaria fiscaliza en virtud del Código Sanitario. Dicho código indica que son las Ceremis las encargadas de autorizar y fiscalizar la instalación de locales destinados a la producción, elaboración, almacenamiento y venta de alimentos. Asimismo, el Código prohíbe la fabricación, tenencia, distribución y transferencia de productos alimenticios contaminados. Tanto en alimentos como en medicamentos, la autoridad interviene por el riesgo sanitario, no por motivos económicos; nuestra perspectiva es el riesgo sanitario. En materia de alimentos, el riesgo consiste en adquirir o que se vendan productos contaminados, desde la presencia de microorganismos hasta cualquier tipo de suciedad. El marco jurídico respecto de los alimentos se encuentra en el Reglamento Sanitario de Alimentos, que tiene por objeto proteger la salud y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos para las personas. No todos los alimentos que se venden en la calle o en la vía pública están prohibidos; existen ciertos alimentos que pueden venderse, siempre que sean los mínimos autorizados. Los productos permitidos son aquellos envasados, que provienen de una fábrica autorizada, es decir, que tienen un origen conocido y que, en general, no requieren elementos especiales como protección de frío o de calor. Así, se permiten frutas, verduras, frutos secos, entre otros. Todo lo demás, todo lo relacionado con la preparación de alimentos en la vía pública, está prohibido. Respecto de este tema, en el año 2022 se volvió a emitir un oficio, atendiendo a que habían cambiado varios Ceremis, en el que se indican las competencias de estas respecto de la fiscalización de alimentos, con la finalidad de que esto sea considerado dentro de sus fiscalizaciones habituales. Quiero recordar que los equipos de las Ceremis son escasos y, en general, fiscalizan de todo: desde cuestiones relacionadas con el medio ambiente, condiciones de seguridad del trabajo, alimentos, medicamentos, farmacias hasta la autorización sanitaria. En cuanto a la venta ilegal de medicamentos, la situación es algo más compleja, pues, además de que tanto en alimentos como en medicamentos ha habido un aumento, se ha detectado un vínculo entre la venta legal de medicamentos y grupos organizados, e incluso con el narcotráfico. Este problema, que ha ido en aumento, se presenta no solo en la venta de medicamentos en la vía pública, sino también en plataformas no autorizadas, especialmente las digitales, lo que ha obligado a que los esfuerzos en la materia se especialicen. En cuanto a lo permitido, de acuerdo al Reglamento de Farmacia, la venta de medicamentos solo puede realizarse en farmacias o en aquellas plataformas electrónicas autorizadas.

Y de esta forma todas las ventas realizadas fuera de los canales autorizados se presumen ilegales y los productos son considerados falsificados conforme a lo establecido en el Código Sanitario. ¿Por qué es importante en el fondo comprar los medicamentos en los lugares que son habilitados? Porque, fuera de estos lugares, no sabemos si los medicamentos cuentan con el registro necesario o, teniendo registro, si realmente contienen lo que afirman: si tienen la cantidad de excipientes, la dosis anunciada, los principios activos que indican o si han estado sujetos a la cadena de cuidado que deben mantener, ya sea en términos de temperatura, humedad, etc. Por ello constituyen un riesgo sanitario. Otro tema es el de los medicamentos controlados, que empiezan a venderse de forma más libre y sin la receta que estipula lo prescrito. Respecto a la autoridad sanitaria, es preciso hacer una prevención. En materia de medicamentos, a diferencia de lo que ocurre con los alimentos, el organismo competente es el ISP, el Instituto de Salud Pública. Este es, de acuerdo al Código Sanitario, el órgano encargado de controlar sanitariamente los productos farmacéuticos, lo que incluye desde su registro hasta la fiscalización posterior. No obstante, dado que el ISP no cuenta con una agencia territorial en todas las regiones del país, por medio de un convenio, desde el 2014 está ejerciendo la fiscalización a través de la Seremi de Salud. En este sentido, la Seremi se encarga de fiscalizar en terreno el comercio ilegal de medicamentos. El Instituto de Salud Pública, que en el fondo tiene el control de los medicamentos, registra y analiza todo el ciclo de vida del fármaco, desde su registro hasta la farmacovigilancia, que se aplica una vez que estos son expendidos, mientras que las Seremis asumen el control territorial –por ejemplo, en la Región Metropolitana–, y también autorizan a las farmacias. En cuanto a las competencias, ¿qué se hace cuando se detecta un incumplimiento? Las facultades son las mismas, independientemente de si actúa el ISP o la Seremi de Salud, ya que están establecidas en el Código Sanitario. Esto implica realizar fiscalizaciones en terreno y, en efecto, la medida de control es el sumario sanitario, un proceso disciplinario y administrativo que, en el fondo, puede derivar en una sanción. Sin embargo, dada la naturaleza del riesgo sanitario, existe la posibilidad de utilizar medidas preventivas una vez detectado el incumplimiento, las cuales generalmente consisten en el decomiso, la destrucción y la desnaturalización de los productos, de manera que no puedan ser vendidos o redistribuidos nuevamente. En el caso de los medicamentos, además, se realiza una denuncia al Ministerio Público. En nota positiva, conviene mencionar que hay una falencia: el Ministerio Público y la investigación penal sólo aplican respecto de los fármacos controlados – es decir, los psicotrópicos o estupefacientes –, mientras que la mayoría de los medicamentos que se venden de manera ilícita no tienen una responsabilidad penal asociada. Igualmente, tanto el ISP como la Seremi de Salud coordinan con las municipalidades y las policías para el decomiso de los productos comercializados de forma informal. Recuerdo que la semana pasada se comentó que ningún sector puede operar solo. Esto también es lo que ocurre en el sector salud, donde la fiscalización es cada vez más compleja para los funcionarios, quienes no pueden ir solos. Estos pueden ser agredidos – han sido víctimas de golpes e incluso se les ha tirado aceite caliente en las mismas cocinas – y lo mismo ocurre con los medicamentos, especialmente cuando hay grupos organizados detrás, que son extremadamente violentos con los funcionarios y requieren del auxilio de la fuerza pública. Por lo mismo, me gustaría relevar la colaboración que tienen las municipalidades respecto del comercio informal y, en lo que a nosotros atañe, las fiscalizaciones de alimentos y medicamentos. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, hay municipalidades que deben desarrollar este trabajo de la misma manera.

Dictan ordenanzas municipales que regulan el espacio público y, en esto, también involucran lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Además, dichos organismos ayudan denunciando, ya sea a través del EMI o del ICP –que permite una fiscalización más focalizada respecto de los lugares donde se cometen estos ilícitos–, pudiendo coordinar con la policía municipal, ya que en ocasiones los carabineros no pueden acompañar por falta de capacidad en el fondo de número a las fiscalizaciones de alimentos. Los policías municipales han sido buenos colaboradores y han jugado un rol estratégico en las fiscalizaciones en terreno. Asimismo, algunas municipalidades han desarrollado campañas preventivas y de educación acerca de los riesgos de comprar alimentos o medicamentos en la vía pública. A continuación, se presentan datos proporcionados por el ISP respecto de los medicamentos más decomisados en la Región Metropolitana. Se encuentran productos de uso común, como el paracetamol, el ibuprofeno y vitaminas, además de algunos medicamentos de receta retenida, como la suficlona o la amoxicilina. Estos últimos no están relacionados con estupefacientes ni con psicotrópicos, sino con el uso racional de antibióticos, dada la generación de resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, se menciona también el omeprazol, que debe ser emitido con receta. En materia de comercio ilegal, que es especialmente complejo, se han implementado campañas de educación hacia la población. La semana pasada, la subsecretaria de Prevención de Seguridad impulsó una campaña similar. Además, el ICP ha dispuesto un formulario en línea para denunciar medicamentos sospechosamente falsificados y se han establecido coordinaciones con otras instituciones, en particular con las policías y algunas asociaciones profesionales de la salud. Dado que este problema no afecta únicamente a nuestro país, existe colaboración con grupos internacionales, tales como el Foro de Cooperación Económica hacia el Pacífico, el Grupo de Combate de Medicamentos Falsificados de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, la Red de Encuentro de Autoridades Competentes en Iberoamérica y el Grupo de Trabajo de Interpol para la Operación Pangea, que se centra en el abastecimiento legal de medicamentos. Asimismo, se encuentra en tramitación un proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en su primer trámite legislativo, que busca dotar al ISP de mayores facultades para una fiscalización más eficiente y eficaz en la venta legal de medicamentos. El objetivo es determinar en qué aspectos se puede contribuir para contar con organismos más robustos frente a esta problemática. Entre los aspectos que se espera regular se incluye la sanción a las farmacias que distribuyen medicamentos al por mayor, dado que esta distribución debe realizarse directamente desde los almacenes farmacéuticos, así como la implementación de medidas administrativas respecto de las personas previamente sancionadas mediante sumarios sanitarios por venta ilegal de medicamentos. También se pretende facilitar el acceso a información para focalizar la fiscalización y, sobre todo, reforzar la tipificación penal. Actualmente, solo se persigue penalmente la venta ilegal de estupefacientes y psicotrópicos, mientras que otros medicamentos no cuentan con persecución penal, y se busca abordar tanto la venta como la prescripción fraudulenta de medicamentos, debido al uso indebido de talonarios de medicamentos con receta retenida. Además, se pretende combatir la sustracción ilegal de medicamentos mediante robos a vehículos de carga pertenecientes a laboratorios farmacéuticos y droguerías.

…farmacias y depósitos y almacenes, un delito que también se ha visto en aumento. En el fondo se roban de la cadena de distribución medicamentos que terminan siendo vendidos en la vía pública. Eso es, finalmente, manifestar el interés del sector salud en poder abordar de mejor manera y exponer también las necesidades que tenemos para hacer más eficiente nuestra labor de fiscalización. Muchas gracias, Yasmina Viera, la jefa de la División Jurídica del MINSAL. Pregunto a la comisión si escuchamos también al gerente general del Metro y, de ahí, hacemos ronda de preguntas a nuestros invitados. ¿Sí? Sí, bueno, gracias. Bueno, agradecerle a Yasmina la exposición respecto a nuestras facultades y también mencionar que, para nosotros como institución, es muy relevante el rol de la ciudadanía en cuanto a las denuncias oportunas cuando se visibilizan situaciones de riesgo de venta de medicamentos en algunos lugares y de venta de alimentos, para así poder hacer las coordinaciones necesarias. Porque hoy día, dada la situación de incertidumbre y de inseguridad que se genera en los espacios, y dada la masificación de los puestos de venta ilícita, tanto de alimentos como de medicamentos, nosotros desde la Seremia de Salud tenemos una estrategia intersectorial que se aborda con la Seremia de Seguridad en este minuto y también con las delegaciones presidenciales. Y por ello es relevante que Yasmina lo haya mencionado, pues, dado que también hemos sido víctimas de agresiones de diversa índole y de amenazas, en las ocasiones en que se nos han denunciado situaciones ilegales hemos acudido necesariamente con la fuerza pública. Eso quería mencionar. Muchas gracias. Gracias, Jeremie. Vamos a dar la palabra. Sí, el diputado Mesa tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo, por lo menos, tengo dos preguntas y prefiero hacerlas ahora para que no se pierdan, evitando cambiar de tema drásticamente, ya que el caso tanto del Ministerio de Salud como del ISP —ellos abordan una parte del comercio ilegal, especialmente—. Entonces, me queda la primera duda respecto del ISP, puesto que nos explicaba la directora jurídica del MINSAL que en algunas regiones no cuentan con una oficina o lugar para funcionar y, por lo tanto, tuvieron que, desde 2014 –es decir, hace 12 años– firmar un convenio para poder fiscalizar en dichas regiones. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la dotación de funcionarios que tiene el ISP? Porque, en gran medida, creo que una de las falencias de la fiscalización en nuestro país es la falta de recursos y de personal. Entonces, si nos dicen que el ISP, hace 11 años, firmó un convenio porque no tiene los recursos, no tiene personal o no tiene la autorización para abrir una oficina en una región determinada, creo que por ahí también se presenta el problema. Y, en segundo lugar, directamente a la – no sé si la directora jurídica o la Seremia de la región acá nos puede responder – pero hago esa advertencia porque lo que voy a preguntar tiene que ver con la experiencia en la Región Metropolitana. La semana pasada, el alcalde de Recoleta vino a exponer y uno de los temas abordados fue el caso de La Vega, que es un caso muy paradigmático. A pocas cuadras de La Vega, en Bellavista, con Recoleta, por ejemplo, hay una explanada enorme en la que, históricamente, se han instalado carritos de comida tradicionales. Además, al salir del Metro en la estación Einstein, sucede lo mismo: a la salida se observa un montón de carritos. Yo dudo, y planteo esta inquietud para formular mi pregunta, que ello no se deba a una desidia o a una falta de interés por fiscalizar, sino que me imagino que se debe a la carencia de recursos o a una insuficiente dotación del personal, lo que genera la imposibilidad de fiscalizar. Porque, evidentemente, cuando hay una denuncia se activan ciertos protocolos y procesos, pero estas son cuestiones que se perciben a simple vista. Muchas gracias, presidente.

Más urbana de su distrito, también ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con las eremías de salud en cuanto a presupuesto, a funcionarios y a la función fiscalizadora que ejercen? Porque veo que también ahí hay una falencia. Y solo un dato respecto del tema de los medicamentos y el ISP: el principal lugar donde se venden medicamentos de forma legal en Chile son las ferias. Acabamos de tramitar una ley en la Comisión de Hacienda, la cual debería llegar pronto a la sala, en donde yo hice varias veces la prevención de que esta ley no incorporaba nada respecto a la fiscalización, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Entonces, esto es una cuestión que ocurre a la vista y con la paciencia de todos los ciudadanos de nuestro país y, como nadie fiscaliza, incluso puede que se esté generando la sensación de que es normal comprar medicamentos en las ferias. Entonces, ahí también hay una cuestión de responsabilidad, presidente. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados para que hagamos todas las preguntas sobre el tema de salud; ahora, y luego, escuchamos al gerente general del metro. Yo tengo un par de preguntas también. No sé si, diputado Amit, diputado O'Keefe, tengo algo tan simple como: ¿cuántas fiscalizaciones en ferias se han realizado en este mes, por ejemplo, en Valparaíso?, o en el caso de la directora jurídica, si es que tienen algún dato que nos puedan entregar o hacer llegar a la Comisión, se podría oficiar al respecto con estadísticas de fiscalizaciones realizadas, si el Ministerio de Salud informa a los municipios sobre estos riesgos y cuál es la coordinación que tiene el Ministerio de Salud con las municipalidades. Efectivamente, como mencionaba el diputado Mesa, me imagino que las capitales de las regiones son donde más operativos deberían ocurrir; me imagino que en Valparaíso, Concepción, Temuco, como lo escuchábamos la semana pasada con su alcalde, y, para qué hablar del tema en Santiago, en Santiago tenemos comunas gigantes, Maipú, Estación Central, Santiago, entonces me imagino que la capacidad y la cantidad de recursos no deben ser muy grandes. Y, en base a eso mismo, si es que tienen personal exclusivo para estas fiscalizaciones de feria y comercio ambulante. Esas son mis preguntas. Le doy la palabra a la Seremi de Valparaíso. ¿Se escucha? Mire, respecto a lo que consultaba el diputado Mesa por intermedio del presidente, en relación al rol del ISP: el ISP a nivel nacional es la instancia que valida, autoriza y evalúa todos los estudios científicos que tienen que ver con cualquier tipo de medicamento. Ese es el principal rol del Instituto de Salud Pública y, asimismo, lo que hace es fiscalizar todo lo relacionado a medicamentos a nivel de la Región Metropolitana. El hecho de que, desde el año 2014, exista un convenio con la Seremi de Salud, implica que nosotros hacemos un símil del ISP a nivel regional. Por lo tanto, la fiscalización se está realizando de igual manera. Sin duda, faltan recursos, no lo voy a negar, pero estamos mandatados a cumplir el mismo rol que el ISP en las regiones. Pero también me interesa que se sepa que el Instituto de Salud Pública tiene un rol respecto al análisis de los medicamentos, al tipo de medicamentos y al tipo de productos que están ingresando al país, toda vez que los validan o autorizan para ser expendidos. Lo que sucede después es donde intervenimos nosotros a fiscalizar; la Seremi de Salud ya no tiene la facultad de autorizar productos para el ingreso al país de ciertos productos, simplemente fiscalizamos lo que viene autorizado previamente y que está dentro de lo legal. Ahora, respecto a la fiscalización de medicamentos y lo que mencionaba también Yasmina, la Ley 20.000 hoy en día sanciona únicamente a las drogas de abuso o a las sustancias relacionadas con estupefacientes y psicotrópicos. Por eso es tan importante el impulso que le estamos dando, como Ministerio, al proyecto de ley que sanciona todo el comercio ilegal de todos los medicamentos, es decir, de todas las drogas –no necesariamente y exclusivamente las relacionadas con la Ley 20.000, que se refiere al abuso y tráfico de medicamentos–. Asimismo, también se está trabajando en poder robustecer las sanciones y también el levantamiento respecto de...