Cámara de Diputados - Seguridad Ciudadana - 19 de mayo de 2025

Aprobada por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número 204 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta y aprovecho el envío de la diputada Navillán para que… Gracias, gracias señor presidente. Hemos recibido un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, comunicando que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de remitir a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regeneración, el proyecto de ley que ordena la destrucción de mercadería, proveniente del comercio ilegal, correspondiente al Boletín 16.806-25, actualmente radicado en esta Comisión. Oficio del Secretario General, comunicando que, a solicitud del diputado Cristian Araya, se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el ejercicio ilegal del oficio de acomodador o cuidador de vehículos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, comunicando que la Sala acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica la Ley 21.426 para autorizar el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución del comercio ilegal. En los mismos términos, oficio del Secretario General, comunicando a esta Comisión que la Sala accedió a la solicitud de remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley que modifica la Ley 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado activo, social y comercio ilegal, correspondiente al Boletín 16.808. Oficio 1743 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual se excusa su participación en la sesión de hoy por encontrarse fuera del país, participando en la reunión ministerial de la OCDE denominada "Fortalecimiento de la Política Regional para el Lugar Resiliente". Perdón, señor presidente. – Sí. Resilientes. Oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual se detalla información relativa a la Glosa 16, correspondiente al primer semestre del año 2025, según estableció en la Ley de Presupuestos 2025. Nota de la Casa Moneda de Chile, mediante la cual se realiza la invitación a la Presidenta de la Comisión para efectuar una visita protocolar a la Casa Moneda de Chile. Nota de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI), excusando la participación de su Presidente, Gobernador de la Región de O'Higgins, señor Pablo Silva Amaya, y en su representación participará vía remota el director ejecutivo de AGORECHI, señor Ricardo Godoy Soto. Correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional, mediante el cual se excusa su participación por tope de agenda. Me señala Claudia que usted se comunicó con el Fiscal Nacional y participará en esta sesión, Tania. Sí, por eso no está en su minuta, Tania, pero entiendo que usted conoce los detalles. Esa es toda la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario.

¿Palabras sobre la cuenta? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. A ver, esta sesión tiene por objeto, en primer término, de 3 a 3:30 (vamos a probablemente extenderlo un poquito más, porque estamos un poco atrasados), dar inicio al estudio en general del proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud, originado en moción de las diputadas y diputados: Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Henry Leal, Daniel Lilayu, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay. Para este efecto, se encuentra en nuestra comisión el miembro y autor de este proyecto, el señor Henry Leal, a quien ofrezco la palabra para que se refiera a este proyecto. Don Henry: Presidenta, este es un proyecto muy simple, pero de aplicación práctica, y yo espero que tenga acogida en esta comisión. Mire, tiene que ver simplemente, Presidenta, con que podamos, a través de la norma jurídica, facultar a los alcaldes o a los sostenedores de colegios particulares o particulares subvencionados, para que puedan instalar, al ingreso de los colegios, pórticos detectores de metal que prevengan el ingreso de armas de fuego o armas blancas; ello, previo acuerdo y protocolo con la comunidad educativa, profesores, alumnos, etc. Tiene una aplicación práctica. En la comuna de Temuco, el alcalde realizó esta medida; previo acuerdo con los apoderados, se efectuó una votación que contó con un 90% de apoyo y se instaló el pórtico para evitar el ingreso de armas de fuego, dado que se había detectado su ingreso junto con armas blancas. Sin embargo, la Superintendencia de Educación amenazó con sumar al alcalde, argumentando que no tenía facultades para hacerlo. El alcalde, actuando conforme a lo que pedían sus apoderados, ha venido implementando la medida en otros colegios, a riesgo de ser sometido a un sumario, pero resguardando la vida y la integridad de alumnos, profesores y de la comunidad educativa. Esto no afecta nuestro juicio ni derechos fundamentales, ya que todo quedará reglamentado en un protocolo, tal como lo establece el proyecto, que se realizará en conjunto con la comunidad educativa, los padres y los representantes legales de los niños. Créame que tendría aplicación práctica. Acá, en la región de Valparaíso, se presentó un caso similar que llegó a la Corte de Apelaciones, pues la Superintendencia cuestionó la medida. El alcalde recurrió mediante un recurso de reclamación y la Corte dejó sin efecto la multa que le habían impuesto. Entonces, queremos solventar esta situación por ley. Además, se puede extender la medida, si lo estiman a bien los alcaldes, a centros de salud y consultorios, dado que se han registrado casos en que ingresan personas con armas de fuego. El sentido y el objetivo es muy simple: evitar que se tenga en un colegio a un niño ingresando con un arma de fuego en su mochila. No se vulnerarán derechos, ya que la medida quedará reglamentada en un protocolo, acordado con la comunidad educativa. El objetivo es prevenir que ocurra una masacre en el interior de un colegio. Eso, Presidenta, es muy simple en nuestro proyecto y esperamos que se pueda dar una determinación. Y, desde ya, ofrezco invitar al alcalde de Temuco a exponer respecto de este proyecto de ley, ya que él conoce más detalles de lo que le han planteado. Gracias, Presidenta. Diputado Leyva: ¿Me pidió la palabra primero? Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que es bueno que discutamos esta materia. Es bueno abrir una discusión en torno al proyecto de ley que, por su intermedio, presenta el diputado Leal. Es cierto que existe un fallo de la Corte Suprema respecto a las facultades de la Superintendencia y podemos discutirlo. Ahora, ¿va a generar una percepción, o sea, va a cumplir el objetivo deseado? Porque un recinto, un establecimiento vocacional o de salud no solo tiene un acceso; no es una cárcel, ni un inmueble fortificado. Lo planteo porque en el caso de...

¿Puede ingresar algún tipo de armamento a alguien que tenga la intención de desarrollar algún acto delictivo dentro del establecimiento? Bueno, tiene todo un perímetro amplio como para poder hacerlo. ¿Puede constituir un avance? Por cierto, hay que discutirlo y resguardar también estas normas, teniendo en consideración que son menores. Es un tema que hay que debatir y, obviamente, estoy muy dispuesto a abrir el debate en general, sin perjuicio de que yo soy de aquellos que cree que estos proyectos de ley deben ser efectivos y no efectistas; no estoy diciendo que este lo sea, pero sí que efectivamente se pueda extraer a buen recaudo cuál es el objetivo que se quiere señalar. Por lo mismo, no me parece que una ley de dos artículos, sin inserción de vida en los propios estatutos que regulan este tipo de establecimientos, sea una técnica legislativa adecuada. Es decir, un proyecto de ley con dos artículos sin incorporación en la Ley General de Educación, en materias preventivas, en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los SLEP y en la educación pública; me parece que hay que discutirlo también en forma, vale decir, ¿dónde se inserta esta idea que se plantea en estos dos artículos? ¿Dentro del estatuto que regula o reglamenta establecimientos educacionales y establecimientos de salud? ¿Qué tipo de establecimientos? ¿Solo privados? ¿También públicos? Yo creo que hay que avanzar en eso. Estoy de acuerdo en que este tema debe ser discutido y, en mi opinión –y estoy seguro de que esa es la intención del diputado Leal– se busca recopilar una materia que ha sido compleja y controvertida. Creo que podemos buscar alternativas o escenarios más conducentes a que esta regulación tenga asidero dentro de la propia normativa de los establecimientos educacionales y de salud, y no solo restringir los establecimientos públicos, sino también eventualmente en estas facultades preventivas que podría tener un alcalde en tanto sostenedor. Ahora van a ser los SLEP los sostenedores, extendiéndose también a sostenedores particulares o privados. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Tiene la palabra la diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Yo, la verdad, estaba mirando rápidamente el proyecto que se presenta y creo que es una de las ideas que se ha estado debatiendo públicamente. Sin embargo, considero que carecemos todavía de antecedentes para ver si este proyecto, en su aplicación concreta, tiene sentido. Vengo del ámbito de la educación y creo que existen muchas iniciativas que, a partir del aumento de la violencia escolar, se han desarrollado como políticas públicas en el ámbito educativo, con los distintos establecimientos que existen en nuestro país y con diversos sostenedores. Se ha hecho un esfuerzo importante en esa línea. Sería bueno que esta comisión, que debate estos temas en general –es decir, cómo se fortalece a las comunidades escolares en temas de prevención, no solo en el ámbito de la violencia escolar, sino también en otros aspectos de riesgo, como el consumo problemático de alcohol y drogas, por ejemplo, que pueden llevar a estudiantes a cometer delitos o hacerlos más vulnerables a ser parte de bandas criminales cuando no se toman los resguardos correspondientes–, tenga en cuenta que, en la escuela, no solo se aprende el currículum, sino que se aprende a convivir en sociedad, a relacionarse con gente distinta y a resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Por tanto, estas políticas, además de ser preventivas, deben corregir aquellos aspectos que puedan estar dañando esa convivencia. Para discutir este proyecto de ley, a mí me parece necesario que se traiga al Ministerio de Educación para saber qué es lo que se está haciendo y cuál es su opinión al respecto. Asimismo, considero que habría que incluir al Ministerio de Salud, ya que se han presentado situaciones de violencia en los centros de salud –principalmente en atención primaria–, donde se alcanzan acuerdos en mesas de trabajo que buscan medidas para resguardar la integridad tanto de quienes asisten a dichos centros como de los funcionarios, quienes en muchas ocasiones han demandado protección por verse agredidos y afectados. Además, en el caso de los profesores, nosotros legislamos en el caso de los profesores una ley…

Que justamente colabora en esta línea, pero digo que hay que mirarlo de manera un poquito más integral. Entonces, por eso, Presidenta, al menos que venga el Ministerio de Salud y que venga el Ministerio de Educación, para conocer el estado de cosas, el actual estado del arte. Muchas gracias, diputada Plasencia. Tiene la palabra la diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Yo quiero celebrar y felicitar que se presenten en esta Comisión proyectos que busquen prevenir la violencia y no solamente proyectos que busquen aumentar penas o agregar nuevos delitos, ya que creo que va por la línea correcta. Tengo algunas preocupaciones, sí, diputado Leal, por su intermedio, Presidenta, en dos aspectos en particular. Primero, me preocupa que se le entregue la facultad de crear los protocolos a cada uno de los establecimientos educacionales, ya que esto podría generar discriminaciones arbitrarias. Considero que sería mejor otorgar dicha facultad al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, estableciendo un reglamento común para todas las instituciones en lugar de que cada una tenga su protocolo distinto. También me preocupa, Presidenta, que sea importante establecer con claridad qué sucederá, por ejemplo, en el caso de que a un adolescente se le encuentre un arma de fuego. Se debe precisar cómo se efectúa la denuncia y de qué manera se resguardará ese arma, que podría presentar huellas de un homicida o municiones asociadas a algún delito, por lo que debe haber un procedimiento claro para la denuncia y el resguardo de la evidencia. Esos dos comentarios tengo para hacer respecto a su proyecto, y celebro que estemos nuevamente legislando para prevenir la violencia en lugar de reaccionar cuando ésta ya ocurra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Orsini. Tiene la palabra la diputada Fríes. Gracias, Presidenta. Quiero también felicitar la iniciativa, ya que hace pocos días, junto a mi colega Alejandra Plasencia, tuve reunión con funcionarios de la Salud de la Región Metropolitana y pude constatar lo alarmante de la situación en los hospitales de la región. Uno de ellos, el único –si no me equivoco, el Padre Gustavo, único blindado de América Latina– muestra, de forma clara, cómo en contextos en que la gente acude por cuestiones de salud se pueden desencadenar conflictos y problemas de inseguridad de gran gravedad. Lo que me preocupa, y sin que esto implique una negativa a discutirlo –ya que no tengo una opinión ni en contra ni a favor, y necesito contar con más elementos– es presentar esta iniciativa sin contar con una línea de seguridad definida que responda a un corte tanto regional como nacional. Lo expongo porque, en la tramitación del Ministerio de Seguridad, uno de nuestros esfuerzos fue coordinar con las gobernaciones en el marco de un plan nacional de seguridad; sin embargo, respecto de los municipios, las medidas adoptadas resultan insuficientes. Aunque las medidas preventivas son importantes, no queda claro dónde concentrar los esfuerzos y de qué tipo, especialmente considerando la Ley de Infraestructura Crítica, en la que, por ejemplo, los establecimientos de salud se consideran infra críticos y podrían servir para resolver ciertos temas de seguridad, incluso con el apoyo de medidas tecnológicas. En consecuencia, es imprescindible conversar a fondo con los Ministerios de Salud y de Educación, así como con el ámbito de la seguridad. Considero que dichos tres actores deberían estar presentes para iniciar una discusión detallada y, de ser necesario, solicitar a la Biblioteca un estudio comparado –puesto que en Estados Unidos se ha realizado algo similar– que analice los efectos de esta medida en otros países. Muchas gracias, Presidenta.

Gracias, diputada Fríes. Justamente tenía anotado el acuerdo de la Comisión para pedirle a la biblioteca un informe donde, por un lado, nos relate, además, cómo se trató esta materia anteriormente y si se vio en el Proyecto Aula Segura, y, además, que sirva como comparación interna con, al menos, te diría yo, España, Estados Unidos, Alemania, dos o tres países. Es que de América Latina no creo que haya ninguno que cuente con protocolos para esto. Así que, bueno, la biblioteca tendrá que incluirlo dentro del informe que le estamos pidiendo. ¿Pido el acuerdo para solicitar ese informe? Hay acuerdo. Me gustaría, diputado Leal. Yo me reuní con la Asociación de Alcaldes de, al menos, mi región; todos están de acuerdo – salvo aquellos que no están, pues hay un SLEP que agrupa a cinco comunas – pero el resto, refiriéndome a los sostenedores, está complicado porque quieren implementar esto en todas las ciudades más grandes, ya que se está detectando el ingreso de armas a los colegios. Entonces, el problema es que terminan sumariados por la Superintendencia; ese es el tema. Este proyecto de ley nace de esa reunión con los alcaldes, y por eso ya pido que podamos invitar al alcalde de Temuco y, tal vez, a algún diputado adicional de algún gremio de alcaldes o asociación municipal para que presenten la propuesta correspondiente. Como propuesta, ya contamos con nombres de invitados que ha tomado en cuenta el señor secretario, pero vamos a solicitar que, por favor, a través de WhatsApp nos hagan llegar la propuesta específica de invitados del Ministerio de Educación, de Salud o del que corresponda, para poder considerarlos a partir de la sesión a la vuelta de la distrital, ya que el próximo miércoles no tendremos sesión, por ser 21 de mayo; por lo tanto, no podremos abordarlo hasta la vuelta de la distrital. Muchas gracias, diputado Leal, por presentarnos este proyecto. A continuación, teníamos como segundo punto de la tabla conocer la extensión de los efectos en proyectos, programas, planes y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, provocada por las rebajas presupuestarias a los gobiernos regionales ejercidas desde el Gobierno Central. Para estos efectos está invitado, vía remota, el señor director ejecutivo de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, señor Ricardo Godoy, quien se encuentra conectado, y la señora Tania Gajardo del Ministerio Público. ¿Alguna duda? ¿Qué duda tiene, diputado Leal? La duda es que, al tratarse de una comisión legislativa técnica y no fiscalizadora de los recursos, y habiendo proyectos de ley en tabla, creo – y puede ser que no haya estado presente cuando se adoptó el acuerdo – que las comisiones técnicas son de carácter legislativo y no fiscalizador. Asimismo, aunque estas materias, si bien son presupuestarias, se refieren a Hacienda, la posibilidad de destinar parte de una sesión importante, en mi juicio, es para evidenciar que existen proyectos de ley en tabla o mociones parlamentarias que pudieran ir mucho más allá de temas de fiscalización, lo cual, en mi opinión personal, no corresponde a esta comisión. La sesión que tenemos los lunes es extraordinaria. El objetivo de esta sesión extraordinaria es poder ver mociones parlamentarias y temas atinentes que no tenemos la posibilidad de discutir en los miércoles cuando tratamos proyectos de ley, especialmente aquellos que vienen del Ejecutivo con algún grado de urgencia. Dado que esto se refiere a planes, programas, planes y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, provocados por las rebajas presupuestarias y por la inquietud manifestada por los gobiernos regionales, es posible que durante la semana usted no haya estado presente, ya que, en la realidad, varios diputados suelen faltar a las sesiones. Por ello, este punto quedó en tabla para poder conocer la opinión del Ministerio Público.

Y de la Asociación de Gobernadores, porque ellos nos han hecho llegar esta inquietud. Diputado Orsini me ha pedido la palabra. Sí, Presidenta, no sé si no escuché, pero en la citación de hoy se señala recibir al Fiscal Nacional del Ministerio Público. El Fiscal Nacional se excusó y, en su representación, tenemos a la señora Tania Gajardo, vía remota. Si usted no quiere escuchar a la señora Tania Gajardo, no hay ningún problema. ¿Pero habrá que pedir acuerdo entonces para escuchar a la señora Gajardo? No necesariamente, porque normalmente cuando hacemos las invitaciones –y esto lo voy a pedir al señor Secretario que lo ratifique– estas se formulan en términos de dirigirse al Fiscal Nacional o a quien él determine en su reemplazo. Señor Secretario. Así es, y en esos términos también se conversó con el señor Ignacio Castillo Val, el jueves de la semana pasada. Cabe señalar, Presidenta, que esto fue acordado en la sesión del lunes 12 de mayo, a solicitud de dos señores que estaban en el centro; uno de ellos fue el Diputado Genro y Leal, y además lo pidió la señora Lorena de Bellán, quien se encuentra presente. Procedemos, pues, a la bienvenida, en primer término, al señor Ricardo Godoy, para que, por favor, se refiera al tema de la extensión de los efectos en proyectos, programas, planes y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, que se provocan por las rebajas presupuestarias a los gobiernos regionales ejercidas desde el Gobierno Central. Don Ricardo, puede hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio, a toda la Comisión. Tenemos una presentación –no sé si estará en manos de la Comisión– que voy a exponer, pudiendo compartir pantalla sin inconveniente. En primer lugar, señalar que la presentación que ofreceremos en nombre de la Asociación de Gobernadores se realizó después de un catastro que efectuamos a nivel nacional. La inquietud era bastante compleja, por lo que tratamos de recopilar los datos más claros posibles. Durante la presentación, haré ver detalles que no se tratan tan directamente de problemas de ajustes presupuestarios o de recortes, sino de temas relacionados con el flujo de caja de los gobiernos regionales; es decir, no necesariamente los problemas que vamos a visualizar –que, la verdad, no son muchos– se deben a ello. Cabe, además, destacar que algunos gobiernos regionales pudieron haber decidido priorizar estos proyectos por sobre otros, de modo que en algunos casos, la falta de afectación en ciertos proyectos en una región no implica que en otra área en particular no se haya visto impacto. Dicho esto, comienzo: Los gobiernos regionales, como es sabido, han realizado y siguen realizando diversas inversiones en materia de seguridad. Esto se evidencia en proyectos como la instalación de cámaras de seguridad, pórticos, infraestructura, equipamiento de policía, renovación de flotas vehiculares y otros. La información que recabamos resultó de gran ayuda para el debate, en lo que respecta al rol de la seguridad, y también en las conversaciones que hemos sostenido con el Ministerio del Interior, especialmente durante los primeros años de los gobernadores electos. Como asociación de gobernadores, estimamos que la inversión en materia de seguridad en todos los elementos mencionados –entre otros– alcanza más de 500 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de no tener competencias exclusivas en seguridad, los gobiernos regionales son posiblemente uno de los actores que más recursos invierte en esta materia. En segundo lugar, se pueden citar algunos ejemplos: en materia de Carabineros y en la renovación de vehículos, las inversiones regionales han sido mayoritarias. Estos casos se han presentado en múltiples regiones y se pueden extrapolar a localidades como Arica o Punta Arenas; sin embargo, se muestran algunos casos específicos para visibilizar la situación. Por ejemplo, en Tarapacá se han adquirido vehículos tipo SUV con fondos del Nacional de Desarrollo Regional por 2.630 millones de pesos, y en Ñuble se realizó una inversión similar para la adquisición de vehículos. Además, en todo el país se han desarrollado otras iniciativas. Otro ejemplo relevante en materia de seguridad es la adquisición de helicópteros, con valores que oscilan entre 9.000 y 12.000 millones de pesos, a los que se suman otros tipos de herramientas.