Un, dos, patria, se abre la sesión. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra.
Adelante.
Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos:
En primer lugar, un oficio del secretario general de la corporación, por el cual se comunica que en esta comisión el diputado señor Felipe Camaño reemplazará de manera permanente al diputado Patricio Rosas.
En segundo lugar, otro oficio, también del secretario general de la corporación, por medio del cual se informa que en la reunión de jefas y jefes de los comités parlamentarios, celebrada el 14 de mayo de 2025, se acordó autorizar a los integrantes de la Comisión de Agricultura –señora diputada Paula Labra, Emilia Nullado y Flor Weiss, y los diputados Benjamín Moreno y Jorge Ratgep– para integrar la Comisión Bicameral encargada de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación de avalúo fiscal de predios rurales, especialmente de aquellos destinados a la producción agrícola.
Luego, se recibió un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por medio del cual se informa sobre la posibilidad de patrocinar una iniciativa legal de similares características a la ley número 19.776, relativa a la regularización de la propiedad fiscal.
A continuación, un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual se informa sobre la situación de las salas de cosechas de miel, en relación con las actuaciones del SAC que podrían haber ocasionado dificultades a los exportadores de este producto.
Luego, un oficio del director del Servicio de Impuestos Internos, en el cual se informa sobre la solicitud de suspensión del revalúo de bienes raíces agrícolas y se señala que dicho proceso se realiza por disposición legal cada cuatro años, habiéndose efectuado el último en el año 2024 y estando previsto que el siguiente entre en vigencia en el año 2028. Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que la periodicidad de este proceso corresponde a un mandato legal, por lo que no está entre sus atribuciones disponer un lapso distinto.
También se recibieron correos del directorio nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del SAC-AFSAC y de los directores regionales de esa institución –de la Araucanía, Los Lagos, Valparaíso, Antofagasta y Los Ríos–, por medio de los cuales manifiestan su rechazo a lo sucedido en la sesión de la Comisión del día 13 de mayo recién pasado, cuando se dio lectura pública a una carta anónima que menoscaba la integridad de su presidente nacional y daña la imagen de su organización. Por lo anterior, solicitan antecedentes, medidas y ser invitados a la Comisión para formular sus descargos.
En séptimo lugar, se recibió una carta del Gremio de Agricultores Unidos de Chile, en la que se hace referencia a la influencia de la nueva ley de fertilizantes y bioestimulantes y se solicita ser invitados para tratar este tema.
Luego, se recibió una carta a la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Apurrán, en la que se informa sobre los permisos de edificación otorgados a la empresa Acero Corp S.P.A. para construcciones de gran envergadura en el sector de crucero de dicha comuna.
También se recibió un correo del gabinete del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, en el cual se excusa su asistencia a la sesión de hoy, al encontrarse en comisión de servicios en el extranjero. Dada la importancia de la invitación, se comunica que asiste don Rodrigo Sotomayor Cabrera, director nacional subrogante y jefe de la subdirección de gestión técnica; doña Bárbara Racabarán Vallejos, jefe del departamento de regulación y control de insumos y productos silvoagrícolas, división de protección agrícola, forestal y semillas; y doña Andrea Collao Belli, jefa de la división jurídica.
Por último, se recibió un correo enviado por el encargo de la subsecretaria de Agricultura, doña Ignacia Fernández Jatica, en el que se solicita informar a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural del lanzamiento del programa Chile Alimenta al Futuro, programa de innovación y fortalecimiento institucional para la seguridad alimentaria, organizado por el BID y el Ministerio de Agricultura. La actividad se realizará el día martes 3 de junio a las 11 horas en el Salón Montbalas del Palacio de La Moneda y se adjunta invitación, solicitándose que se extienda esta invitación al presidente de la comisión o a quien éste designe en caso de confirmar su participación.
Eso es todo, presidente.
Gracias, secretario.
Sobre la cuenta se ofrece la palabra. La diputada Ana Bellán tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Respecto de lo planteado en esta carta de los funcionarios de una asociación gremial del servicio SAC, no me voy a hacer cargo, puesto que mi labor como diputada es fiscalizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Y, para eso, tengo todo el derecho del mundo; es más, tengo el deber de fiscalizar tanto lo que hacen bien como lo que hacen mal. Además, dentro de esa fiscalización, corresponde revisar todo lo relacionado con este viaje a China. Por lo mismo, presidente, yo solicité a través del grupo de WhatsApp.
Que se envíe un oficio, no sé si corresponde decirlo ahora o esperamos a varios, usted me indicará. Ok, yo pedí que se envíe un oficio, el cual le pediría al secretario que diera cuenta y, además, me gustaría agregar en ese mismo documento, ya que considero que esa parte no la incluí, que existe un convenio entre el BID y el SAC; por lo tanto, solicito que se me informe con detalle, a través de un oficio enviado por esta comisión, en qué consiste dicho convenio, qué permite, qué no permite y si se encuentra en calidad de préstamo o de qué tipo de convenio se trata. Le pediría, por su intermedio, Presidente, que el secretario de la comisión diera lectura al oficio que he solicitado a través del WhatsApp de la comisión.
Respecto de las notas que llegaron, como es habitual, no vamos a dar lectura al cuerpo de cada una; quien tenga interés podrá revisarlas en los términos indicados. Con relación al oficio solicitado por usted, diputada, no tengo ningún problema en solicitar el acuerdo, ya que la idea es que podamos conocer cuáles son los términos para que los diputados tomen una decisión fundamental respecto a lo que se solicita. Si puede dar lectura, por favor.
La diputada de Navillera, a través del chat interno de la comisión, había solicitado oficialmente al SAC que enviara a la comisión, antes de la sesión del día 4 de junio, el decreto de salida del personal a la capacitación en China, junto con la nómina de las personas que asistieron, sus cargos y las funciones objetivas de la misión, así como el detalle del gasto que implicó para el servicio. Este detalle incluye también el traslado de funcionarios de regiones al aeropuerto en Santiago, seguros, viáticos y cualquier otro gasto inherente a lo mencionado.
¿Habría acuerdo para enviar el oficio? Sí, pero es por mayoría, así que habría acuerdo para despacharlo. Que quede consignado el diputado y la diputada Anabellado, para el efecto de que se trata de información; por lo menos, de mi parte no habría inconveniente.
Sobre la cuenta, diputada Anabellado tiene la palabra. Yo únicamente señalo que, a raíz de la fiscalización que le correspondió a ella realizar, me gustaría consultarle a usted o al abogado don Carlos cuando sea posible, para revisar en el futuro si algún parlamentario presenta una denuncia sin la firma de las personas o si, en cambio, solo le llega al WhatsApp un documento en el que alguien indique “estamos por la transparencia, por la probidad”. Esto es importante, ya que también podría cuestionarse a la propia Presidencia de la comisión si efectivamente vamos a estar leyendo documentos de esa manera, quedándonos únicamente en un rol fiscalizador sin que nadie se haga cargo de lo denunciado.
Por ello, lo pregunto, presidente, como una consulta al secretario de la comisión. Si no lo puede contestar ahora, podría hacerlo en una sesión siguiente, ya que a cualquiera nos podría pasar. Además, desde mi punto de vista y en mi forma de fiscalizar, debiera haber recibido un documento firmado. Esto es relevante porque, además, lo planteado el día de hoy, y en el que apenas tuvimos tiempo para analizar la defensa o la exposición que realiza don Elías Araya, se basa en que él se siente afectado en su integridad como funcionario público, dado que se dijeron muchas otras cosas. En el fondo, lo que él relata y describe es cómo viajó a China y en qué calidad lo hizo. Digo esto por el respeto que tantas veces exigimos a los funcionarios públicos; sin embargo, también quiero evitar ser parte de una comisión que denigre la gestión y capacidad que él tiene como profesional, además de representante de una organización gremial. Por eso, lo consulto, para que no incurramos en errores, pues sé que todos queremos salir rápidamente haciendo denuncias, incluso de la manera más dura y complicada, con la intención de transparentar y hacer saber a todos quienes nos escuchan que aquí hay una institución que prácticamente no se ajusta a la probidad y cuyos funcionarios no actúan con la transparencia requerida.
¿Con qué recursos están viajando y a qué actividades están siendo invitadas? Entonces, yo creo que ante esa situación, a mí no me gustaría que, siendo parte de esta comisión, también yo pueda avalar situaciones de este tipo. Por eso se lo consulto al presidente, porque, si yo estuviera en esa presidencia, no me hubiese sentido cómodo si la diputada, desde esta instancia —o si usted me hubiese permitido leer lo que yo quisiera—, entendiendo que a usted le parece tratarse de una carta fiscalizadora. Se lo pregunto a usted, señor presidente, y al secretario, para que no tengamos dificultades, porque, de lo contrario, cada vez que actuemos de esa manera tendremos que estar dando explicaciones o solicitando oficios para aclarar.
Entonces, creo que hay una serie de otras cosas que hay que ir avanzando, que hay expositores e invitados que permanentemente quieren tener audiencia, pero también desean que contribuyamos en ello. Esa es mi inquietud.
—Dispara usted.
—Gracias, señor presidente.
Bueno, respecto a la consulta de la diputada Noyado, lo que puedo señalar es que los diputados y diputadas están sujetos a los deberes de probidad y transparencia. El deber de probidad implica actuar de acuerdo con su correcto saber y entender. Si bien existen exigencias acerca de que los fundamentos en que basen sus opiniones o apreciaciones deban estar firmados o no, ello es decisión de cada parlamentario. No puede establecerse una restricción en ese sentido respecto a lo que cada uno haga, y a la vez recae en cada uno el deber de hacerse cargo de las opiniones que funda y de las que emita en el desempeño de su labor. Si alguien estima que estos deberes han sido transgredidos, existe la posibilidad de realizar una apelación, por ejemplo, ante la Comisión de Ética de la Cámara, manifestando que entiende que la función parlamentaria no se ha cumplido de la manera adecuada y sustentando sus argumentos. Ni por secretaría ni por disposición del presidente me atrevería a decir que se puede coartar la opinión que cada parlamentario exprese durante esta intervención. Eso es lo que quiero señalar, señor presidente. Gracias, secretario.
Dando respuesta a su inquietud, diputada, cada uno de nosotros, y ya nos conocemos, tiene su estilo para fiscalizar. Uno puede eventualmente traer un tema acá porque le llegó información de algún lugar, y no es obligación entregar la fuente respecto de ese tema. Sin embargo, cuando la fuente no se entrega, se asume la responsabilidad de los dichos que se manifiestan. Tal como señaló el propio secretario y la diputada, no quiero juzgar el estilo de fiscalización de nadie: cada quien tiene su manera. Ella señaló la fuente, indicó cuál era el texto, aunque no precisó quién lo establecía; pero no es que la información llegara sin fundamento alguno. Ella y yo no vamos a exigir que se mencione el nombre de la persona, pero entiendo que la información que obtuvo tiene un origen que debería conocer, aunque probablemente no lo quiera revelar en esta mesa.
Tengo otro estilo de fiscalizar, pero respeto el estilo que pueda tener cada uno de los demás. Creo que la fiscalización que ejercemos en el Congreso, en ocasiones, se basa en cuestiones que luego resultan infundadas y terminan sin consecuencias, pero cada parlamentario tiene el derecho de fiscalizar los actos del gobierno, siempre con el entendido de que es para lograr un mejor funcionamiento y no para perjudicar a funcionarios en particular. Por lo menos, les aseguro que las veces que yo he fiscalizado lo he hecho con ese enfoque, presumiendo la buena fe.
A pesar de que estas situaciones pueden resultar claramente incómodas, en esta comisión se ha mantenido un muy buen trato, y agradezco el clima cordial entre todos los integrantes, a diferencia de otras comisiones donde el ambiente suele ser más tenso, pese a tratar temas bastante delicados y de interés para el agro. Muchas gracias.
¿Se ofrece la palabra para tratar otros temas de interés?
Diputada Navellán, tiene la palabra.
—Gracias, señor presidente. He recibido dos denuncias que quiero dar a conocer acá. No puedo revelar las fuentes, pues es necesario mantener la reserva en ciertos aspectos; no puedo poner en riesgo a las personas que me hacen llegar estas denuncias.
Y una de ellas me preocupa muchísimo, porque tiene que ver justamente con el proyecto de ley, presidente, respecto del robo de insumos. Y aprovechando que está la gente acá de, ¿cómo se llama el gremio? AFIPA, exactamente, que yo para las siglas soy nega. Es lo siguiente: me dicen que en la zona norte del país, en la zona de Arica específicamente, han existido tres distribuidores de insumos agrícolas – Norte Blanco, Sol del Valle y Agropuelma – que han sido amenazados en sus propios locales y extorsionados a pagar una colaboración a cambio de seguridad. Esto lo ha hecho una organización que se hace llamar Los Pulpos del Norte. Yo no la conocía, para serle bien sincera.
Entonces, me preocupa esto porque, además, me dicen que en el caso de Agropuelma fue un poco más violento, ya que a un encargado lo habrían amenazado. En el contexto del proyecto de ley del robo de insumos, que nosotros de alguna manera siempre pensamos que afecta más a la zona sur, esto sucede en Arica. Y aquí ya no se trata del robo de insumos que conocemos – en el que alguien roba para después revender – sino de una amenaza a cambio de seguridad, lo mismo que hemos escuchado de parte de estas verdaderas mafias en zonas centrales de Santiago, que también exigen plata a cambio de, eventualmente, seguridad. Recuerdo que en los años, no sé, treinta, en Estados Unidos, en Chicago se daba algo similar. En fin, presidente, me preocupa mucho esta situación, porque implica que ya no se trata solamente de robar insumos, sino de extorsionar, y lo encuentro gravísimo.
Y lo segundo, referente al SAC, es una denuncia de un agricultor de nuestra zona, presidente, que me dice que, normalmente, en el control de ganado vacuno, de brucelosis o de otros aspectos, el SAC brinda el servicio revisando a los animales – cuando llegan a las ferias ganaderas y pasan por el martillo – y, cada vez que se detecta un caso, hace un seguimiento hacia atrás, revisando de dónde provienen. Sin embargo, resulta que a partir de este año, personas del SAC de la zona de la Araucanía se presentaron ante este agricultor y le manifestaron que, producto de la baja de presupuesto, habían cambiado las reglas del juego para este año. Ahora es el agricultor, o sea, el ganadero, quien tiene que contratar a un veterinario de un listado proveído por el SAC, de veterinarios aprobados por el servicio, para que realice los muestreos y los haga llegar al SAC, asumiendo el costo que ello representa.
Me gustaría saber, de parte de las personas del SAC que están presentes en la comisión hoy, si efectivamente cambiaron las reglas del juego, pues el argumento del personal del SAC fue que, al bajar el presupuesto, ahora debían proceder de esta manera sin darse cuenta del daño que provoca al productor, quien ya enfrenta costos bastante ajustados. Planteo estas dos inquietudes que me hicieron llegar durante la semana.
Gracias, presidente.
Sí, a ver, respecto de ese tema, a lo mejor el director nos puede ilustrar un poco acá. Al menos, el tema de la brucelosis se detecta normalmente a través de los exámenes que se realizan en las ferias ganaderas; cada vez que un animal llega y pasa por el martillo, y cada vez que se detecta un caso, el SAC hace un seguimiento a ese animal, verificando de dónde proviene.
¿A cuántos animales se encuentran en contacto? A veces es necesario pesquisar en varios corrales o predios, porque hay animales que transitan de un lugar a otro en mediodía, ¿no es cierto? O también se presenta el caso de animales que, al contraer una enfermedad, son cubiertos por un toro de un vecino, y ese mismo toro, a su vez, cubre a otros. En realidad, el SAC normalmente realiza un testeo de toda la masa que eventualmente pudiera estar en contacto, con la finalidad de descartar los posibles contagios. Efectivamente, según la información de la que dispongo, dicho trabajo lo efectúa el SAC sin costo alguno para los involucrados o para los dueños de los animales. Yo no sé qué información tiene usted, director, respecto de este tema en particular.
Presidente, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas por su intermedio, solo para saludar. Respondiendo a lo puntual, es tal como usted señala: no contábamos con estos antecedentes. Por cierto, vamos a realizar una revisión, ya que nos parece un tema complejo. Todo lo que hemos hecho en el marco del control de estas enfermedades es una responsabilidad nuestra, y lo asumimos íntegramente. Las acciones de nuestros funcionarios se enmarcan en un sistema de vigilancia, y hoy día contamos con una estrategia particular para ir determinando, ante la ausencia de circulación del virus, el avance progresivo.
Lo que señala la diputada es muy afín al concepto de médico veterinario autorizado, un concepto que existe desde hace más de 30 años. No obstante, bajo ninguna circunstancia se ha establecido como obligatorio un cambio en las reglas del juego. Para aquellos planteles que presentan algunas condiciones –particularmente para la exportación o en situaciones especiales– se exige contar con un médico veterinario autorizado, sin que ello implique el traspaso de funciones; las funciones continúan siendo de nuestra competencia. En ese sentido, tengo el mismo antecedente que usted y, en lo relacionado con la Araucanía, lo averiguaremos con mayor detalle a su debido tiempo. No ha habido cambio formal en las reglas; no se ha generado ninguna situación en la que el gasto que asumíamos para nosotros se traslade a otros.
Agradezco su respuesta, director, pero me gustaría que se enviara un oficio respecto de esta situación, para que formalmente se establezca. Sí, adelante.
Me parece, además, de mayor gravedad que, sin instrucciones claras, personal del SAC haya acudido al predio de una persona que posee vacunos y le haya manifestado que, dado que esta persona no se dedica a la exportación –sino que se realizan los controles normales que supuestamente ejecuta el SAC–, y en razón de la baja en presupuesto, de ahora en adelante debe contratar y pagar los servicios de un médico veterinario autorizado. Esto resulta aún más grave. Por lo tanto, presidente, le pido que oficie de manera que se investigue esta situación, ya que, con la explicación que me ha dado don Rodrigo, me lleva a pensar que quizá se trate de una decisión local. Es muy extraño, presidente, pero para descartar cualquier malentendido, ¿habría acuerdo para oficiar los términos?
Para que no ocurran este tipo de situaciones. Perdón. Bueno, sobre otros temas no habría.
La orden del día tiene por objeto tratar los problemas ocasionados en razón de la aplicación de la nueva ley de fertilizantes. No obstante, para tomar decisiones tendremos que esperar a que lleguen los demás asistentes.
Asiste, no es cierto, el director nacional subrogante y jefe de la Subdirección de Gestión Técnica, don Rodrigo Sotomayor Cabrera. Muchas gracias, don Rodrigo.
La jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Agropecuarios de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, señora Bárbara Recabarren Vallejos. La Bárbara, por allá. Bienvenida y muchas gracias por su presencia.
Y la jefa de la División Jurídica, señora Andrea Collao Vélez. Muchas gracias, señora Andrea.
La Gerenta General de IMPPA, señora Susana Albarracín. Para acá, perdón.
Y el director ejecutivo de IMPRA, don Carlos Sánchez. Bienvenidos.
Los directores de la Red de Bioinsumos, don Rodrigo Díaz, a quien damos la bienvenida, y la señora Romina Almacia, quien se encuentra ausente.
La directora ejecutiva de AFIPA, señora Patricia Villarreal. Bienvenida, Patricia.
Y de distribuidores ADIAC, don Rodrigo Labín. Bienvenido, don Rodrigo.
A ver, no tenemos un orden de exposición, pero entiendo que, antes de poner el SAC, se debe seguir el orden establecido. Respecto a IMPPA, señora Susana Albarracín (voy a tener que cambiar los lentes y aprender a leer de nuevo), agradezco la instancia. Muchas gracias.
Saludo al presidente Jorge Ratke, a nuestra diputada Nullado, a nuestro diputado Alinco y a todos los presentes. Agradezco el espacio y comento que, como gremio, hemos participado desde el comienzo de la ley de fertilizantes, cuando ésta se gestó en ODEPA hace muchos años. Reunimos, en lo que respecta a fitosanitarios, fertilizantes y estimulantes, a los fertilizantes foliares —aquellos que se aplican a las hojas—, lo que representa el dolor de nuestras empresas. Como mencionaba recientemente la diputada Ana Ebellán, el hecho ocurrido en el norte atañe a uno de nuestros socios.
Hoy en la mañana se evidencia una complejidad que se vincula con lo que exponemos, ya que, en el fondo, cuando las multas comienzan a afectar a las empresas y estas empiezan a salir del mercado —recordemos que ya perdimos un socio, Mabro, que ya no se encuentra en el mercado, simplemente por los problemas financieros derivados de las multas—, se abren espacios para el comercio ilegal, para empresas que no cumplen con la normativa, que no pagan los permisos, que carecen de cadena de calidad y que no satisfacen las distintas exigencias que requiere tener un negocio de fertilizantes foliares en Chile.
Esta ha sido una presentación muy acotada y breve, recordando lo que hemos revisado con anterioridad para que todos estemos en la misma página. Realizamos un comparativo de las multas aplicadas a los fertilizantes por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, organismo encargado de regular nuestro quehacer. En el ámbito agrícola, las multas oscilan entre 1 y 50 UTM, mientras que en el ámbito de la protección animal fluctúan entre 5 y 50 UTM.
5 a 100 UTM y lo que nos complica, el dolor que expusimos la vez anterior e insistimos, aún habiendo participado en lo que es la ley de fertilizante aquí y en el Senado, es que el piso en la ley de fertilizante llegó a ser 100 UTM. Esto implica un 10.000% comparado con la protección agrícola, cuyo piso es de 1 a 100 UTM, y un 2.000% si comparamos el piso de protección agrícola a 50 UTM, frente a las 1000 UTM, que equivalen a casi 70 millones de pesos, muy alejados de lo que regula el sector que afecta todos los productos que comercializan nuestros representados.
En ese mismo ámbito, cabe acotar que el mercado de fertilizantes foliares se mueve alrededor de 160 millones de dólares; es un mercado pequeño, muy atomizado, en el que el 90% son empresas pymes y existen más de 60 empresas. Por ello, se trata de un mercado que funciona, pese a estar actualmente en conflicto. Insisto en que ya perdimos un socio, y estas multas pueden llegar a afectar más del 30% de los ingresos anuales y más del 60% del margen en un año. De llevarse el 60%, la empresa no tendría posibilidades de continuar en el mercado.
Recordemos que el espíritu inicial que nosotros cuidamos, promovemos y con el que estamos absolutamente de acuerdo es generar productos de calidad tanto para el agricultor como para el medio ambiente. Sin embargo, nos hemos visto conflictuados con el acápice del artículo 16 de la ley, que conduce, como bien se ha señalado, al cierre o quiebre de empresas y ha desencadenado, por ejemplo, la apertura de comercio legal en el norte, mediante la cual grupos están ingresando a nuestro quehacer y afectando la calidad de los alimentos.
Todos consumimos diariamente productos frescos, verduras y frutas, y este mercado se ve afectado por un comercio ilegal que irrumpe por distintos motivos. Entre ellos, cabe destacar que, a menor competencia, se generan mayores precios, menor disponibilidad de productos y la salida del parieto de empresas pequeñas, elemento fundamental en el desarrollo de este sector.
En relación con las multas, consideramos que son desproporcionadas al tipo de negocio que trabajamos, es decir, fertilizantes foliares, ya que la sanción no se corresponde con el dolo cometido. La consecuencia no guarda equivalencia con una sanción de 100 o 1000 UTM, tal como se revisó en la ocasión anterior, evidenciándose una desigualdad en las sanciones a nivel nacional. Hemos conversado con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en este ámbito, y, dada la complejidad que supone cuando una empresa que opera en todo Chile presenta comportamientos disímiles en distintas regiones —por ejemplo, en capacitaciones: en tres años el SAC ha capacitado apenas a 300 personas, mientras que en una temporada podrían atenderse hasta 5.000 funcionarios—, creemos que es necesario redoblar esfuerzos en este sentido.
Por ello, sugerimos disminuir el piso de la multa, acercándolo al aplicado en otros ámbitos agrícolas, es decir, en el artículo 16 donde se establece 100 UTM, reduciéndolo a 10 UTM. Asimismo, se propone que dicha sanción se regule mediante un reglamento que contemple si la empresa actuó con dolo o intención, si obtuvo un beneficio económico, si fue sancionada con anterioridad, si posee la capacidad económica para pagar y si colabora o no en el proceso. De este modo, la medida estaría adecuada al acto concreto de cada empresa.
Eso, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora Susana. Don Carlos tiene la palabra.
Sólo estaba tratando de aclarar lo que mencionó Susana respecto al mínimo de las multas, que fueran 10 UTM. Además, la sugerencia consiste en bajar el tope, que actualmente es de 1000 UTM, a 500 UTM. Quisiera agregar que, en el tema de las fiscalizaciones que se han trabajado con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), hemos tenido algunas coordinaciones. El servicio únicamente tiene la obligación de fiscalizar conforme a la ley, pero hemos solicitado establecer criterios comunes entre los fiscalizadores. En varias reuniones, el servicio se ha comprometido a impartir las capacitaciones mencionadas por Susana. Aunque a nivel interno se ha capacitado a cierto personal, observamos que, a nivel nacional, los criterios son disímiles y la misma infracción recibe tratamientos distintos, lo que impide la existencia de un criterio uniforme.
Fundamentalmente, la situación que afrontamos es la siguiente: a través del portal de transparencia, hemos solicitado información al Servicio Agrícola y Ganadero y encontramos que, en el año 2024, se realizaron 677 fiscalizaciones, de las cuales el 5% correspondieron a infracciones con multas establecidas entre 100 y 200 UTM. Esto confirma lo conversado respecto al alto monto, ya que las multas oscilan entre 7 y 14 millones de pesos. Además, considerando que en el área agrícola correspondiente a la venta de fertilizantes foliares las cifras de facturación de las empresas varían entre 20 millones de dólares y 200.000 dólares, y que el 90% de ellas son PYME, una venta de 200.000 dólares (alrededor de 200 millones de pesos) con una multa de 70 millones (equivalente a 1000 UTM) resultaría excluyente para las empresas. Por ello, esta situación nos genera inquietud y necesitamos un pronunciamiento que, mediante una nueva ley, modifique estas elevadas multas aplicadas a las empresas en general.
Muchas gracias, don Carlos. Dejo la palabra al señor Rodrigo Díaz, de la Red de Bioinsumos.
Buenas tardes a todos los señores diputados y muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, recibimos la invitación el día jueves, por lo que el tiempo fue muy corto. Permítanme explicar brevemente quiénes somos: la Red de Bioinsumos está compuesta por un grupo de profesionales, universidades, empresas y asesores que se dedican a la agricultura biológica y a la agricultura limpia, explorando nuevos productos que están ingresando al mercado mundial. Hoy en día, todas las grandes empresas químicas están adquiriendo compañías especializadas en productos biológicos. En Chile, contamos con la asociación de 63 empresas, de las cuales 31 son fabricantes —entre ellas se encuentran empresas internacionales como Bayer, además de relevantes empresas chilenas.
Esta situación nos preocupa, ya que en el mercado existen empresas pequeñas que, en su mayoría, se concentran en el mercado nacional, a diferencia de aquellas que exportan. Una multa de estas condiciones, como se ha expuesto, complicaría de forma gravísima a estas empresas, dejándolas fuera del mercado, pese a representar menos del 10% del total en el negocio de fertilizantes y bioinsumos. Por ello, es fundamental poder establecer un rango adecuado que no tenga un impacto excluyente sobre ellas.
Digamos que se habla acá de las multas. Nosotros habíamos conversado en el directorio que lo óptimo sería que fueran de, por ejemplo, 100 a 500 pesos, pero estoy pensando en las pequeñas empresas que trabajan con muy bajos montos de venta, de modo que una multa de esa magnitud las haría cerrar por completo, afectando también a la considerable mano de obra asociada, que se vería en condiciones de cesantía. Por otro lado, los pequeños agricultores quedarían restringidos a un grupo muy reducido, con muy pocas ofertas; en consecuencia, la demanda aumentaría, la oferta disminuiría y esto implicaría un alza generalizada en los precios y en los costos. En este tipo de productos —cuyos márgenes de contribución son muy bajos y no se pueden comparar con los de un plaguicida o insecticida— los bioinsumos tienen márgenes muy reducidos por la alta competitividad, al igual que ocurre con los fertilizantes. Este es nuestro parecer e inquietud: si se llegaran a aplicar estas multas, gran parte de las pequeñas empresas que operan en este ámbito, que son chilenas, desaparecerían. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Rodrigo. Dejaríamos a continuación a la señora Patricia Villarreal, de AFIPA, directora ejecutiva.
Muchas gracias, presidente, por la posibilidad de contar un poco quiénes somos y cuál es nuestra posición respecto a esta ley. También agradezco a los diputados presentes por recibirnos y saludar a nuestros colegas del SAC y de otros gremios que están reunidos hoy en este mismo tema.
Voy a realizar una presentación muy corta para que puedan conocer qué es AFIPA y por qué estamos aquí. Nosotros somos fabricantes e importadores de productos fitosanitarios para el agro, tales como fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros insumos destinados a la protección de los cultivos. Actualmente contamos con 15 empresas; aunque esta presentación con los 15 integrantes no está actualizada, ya que recientemente se sumó una más a AFIPA. Tenemos empresas de diversos rubros, incluyendo un alto porcentaje que comercializa productos del ámbito biológico. Entre estos se encuentran los fertilizantes foliares, los bioestimulantes, reguladores de crecimiento y otros productos, que representan aproximadamente el 30% de la oferta actual de la asociación. La mayoría de nuestras empresas son internacionales, sin embargo, también contamos con nacionales, especialmente en lo que se refiere a bioproductos, que es precisamente el tema que nos convoca hoy.
Nuestro rol es promover la agricultura sostenible, basando nuestro trabajo en el manejo integrado de plagas como estrategia para abordar las diversas problemáticas del agro. Esta estrategia combina diversas técnicas, no solamente el uso de productos, sino también prácticas culturales, con las que se puede lograr un mejor aprovechamiento de los insumos. Además, es importante destacar que la mayoría de los productos de protección de cultivos tienen un alto costo para los agricultores y, por lo tanto, deben usarse de manera adecuada para maximizar los beneficios en cuanto a producción, calidad, inocuidad y seguridad de las personas.
En ese marco, actualmente trabajamos bajo la Iniciativa Agricultura Sostenible en Acción, cuyo objetivo es que actuemos de forma integrada como industria.
En conjunto, tanto con los entes regulatorios o con el Estado del país en sus distintos servicios, y con una mirada de sostenibilidad en el largo plazo, aplicamos estas estrategias de manejo y de buenas prácticas agrícolas en toda la cadena de valor de la agricultura. Bueno, en eso, como digo, estamos trabajando en estos tres ámbitos. Además, fomentamos la innovación en la industria, lo cual corresponde hoy día, como bien mencionaba el colega, a un alto incentivo para ocupar productos de menor toxicidad, es decir, de menores residuos, ya que esos son los que efectivamente encarnan el concepto correcto de productos con menor cantidad de residuos.
En esta iniciativa, nosotros la estamos llevando a cabo en la práctica en distintos campos demostrativos en Chile y, ahí, también quisiera comentar el problema que se ha tenido en Arica. Nosotros estamos trabajando en Arica en huertos demostrativos y nos preocupa mucho el tema del comercio ilegal en la zona. Hay un alto porcentaje de robos y de venta de insumos que vienen sin registro, o que no están registrados en Chile o que están prohibidos en Chile, lo que representa un alto riesgo de inocuidad, no solo para Arica, sino también para la zona central, donde se consumen principalmente estos productos en invierno. Nos sumamos a esta preocupación; a mí me llegó la información de esta situación y creemos que es muy preocupante en el sentido de poder avanzar hacia un mejor control del comercio ilegal en la zona, aprovechando el momento y la oportunidad.
Bueno, nosotros estamos trabajando y tratando de demostrar en la práctica que este concepto integrado del uso de los productos y, de manera preventiva, de técnicas de prevención, puede aumentar y ser útil para mejorar la productividad y la sostenibilidad del agro en el largo plazo. Esto quedará registrado para que ustedes luego lo puedan revisar y, si es necesario, podamos conversar sobre este tema, ya que nos interesa mucho poder ampliar nuestro alcance en todo el país.
Me voy a saltar esto y, para ir directamente a los puntos, me sumo a todo lo que ya se ha mencionado anteriormente. Tenemos problemas con las multas, que comienzan en 100 UTM; creemos que es un alto monto y que, al estar incluidas en la ley, hay muy poca flexibilidad para poder modificar ese monto, lo que representa un tema importante, sobre todo considerando que ya ha estado siendo aplicada desde hace un tiempo. También me sumo al tema de la disponibilidad de productos en el agro. La ley de fertilizantes, si bien es una buena herramienta, un buen instrumento que ha venido a formalizar una industria que no estaba formalizada mediante registro y ciertas exigencias al momento de su registro, aumenta bastante el costo. Si además sumamos el costo de los registros y de todos los análisis que deben realizarse para sostener estos registros ante el Servicio Agrícola y Ganadero, ese costo, sí o sí, siempre se traslada al usuario final. Sumado a ello, las multas han sido numerosas durante el año y el tiempo de implementación puede representar un problema.
Chile no es un mercado importante para este tipo de productos; hemos dicho muchas veces que Chile no es un mercado relevante para estos insumos, siendo mucho más importantes Perú, Argentina y otros mercados, los cuales no se pueden comparar en términos del nivel de superficies agrícolas que tienen. Por lo tanto, no resulta interesante para muchas de las empresas que hoy comercializan, incluso para las pequeñas, mirar al mercado nacional, cuando pueden ver en países vecinos un mejor mercado, lo que pone en riesgo la producción agrícola del país y la seguridad alimentaria.
Bueno, también, yendo hacia algunos puntos más específicos—que me imagino que Rodrigo los abordará—para nosotros también es problemático el tema de los criterios de fiscalización del SAC, ya que no existe homogeneidad en dichos criterios a pesar de los esfuerzos realizados.