Un eclesiástica destinándose a la sepultación de cadáveres sin distinción de religión o secta, a la que los individuos hubieren pertenecido en vida, habrá en ellos un departamento para sepulturas de familia o de propiedad particular que se adquieran por compra, y otro destinado a sepultar en común a los pobres de solemnidad. Estos artículos delimitaron claramente el poder incontrarrestable que tenía la Iglesia, incluso dentro de sus propios cementerios. Además, el decreto autorizó la construcción de cementerios particulares por cuenta de corporaciones o sociedades, pero solo fuera de los límites urbanos de las poblaciones y previa licencia de la municipalidad respectiva, la cual calificará las ventajas de su situación local en relación a la salubridad pública. Hemos visto a través del presente capítulo de la Cámara de la Historia cómo evolucionó una costumbre colonial a través de diversas disposiciones, decretos, células reales y leyes, y se consagró legalmente la obligación de quitar todo tipo de separación, muros y rejas entre católicos y disidentes de los cementerios, prohibiéndose además el entierro en iglesias y parroquias. A esta ley de cementerios laicos se sumaron las de matrimonio civil y registro civil de 1884, ambas del presidente Domingo Santa María, que consagraron legalmente la separación entre la Iglesia y el Estado.
¿En qué nos ayudan los árboles? ¿Sabías que los árboles son fundamentales para disminuir los efectos del cambio climático y, además, entregan otros beneficios? La existencia de los árboles es fundamental para nuestro planeta y la vida en general, ya que generan diversos impactos positivos. Al consumir CO2 y liberar oxígeno, los árboles ayudan a mejorar la calidad del aire y reducen los efectos del cambio climático. Su sombra evita la pérdida de humedad del suelo, permitiendo temperaturas más frescas. En lugares con árboles se genera una gran biodiversidad, ya que estos se convierten en el hogar de animales y vegetación. Que existan lugares como estos también beneficia a las personas, ya que en ellos podemos realizar distintas actividades, como deporte, compartir con nuestra familia y amigos o simplemente disfrutar de la belleza de la naturaleza. Cuando nos preocupamos por los árboles y los protegemos, estamos cuidando al planeta. Si tienes un proyecto para proteger el bosque nativo, conoce cómo recibir apoyo en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Recuerda, una actitud preventiva es una actitud forestín.
CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En forma unánime, la Comisión de Economía de la Cámara aprobó una indicación sustitutiva al proyecto que modifica el Código Tributario para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. La propuesta fue aprobada en general por la Sala de la Cámara el 14 de abril pasado, ocasión en la que uno de sus autores, el diputado Jorge Guzmán, presentó la enmienda que fue aprobada por el Grupo Parlamentario. Las y los diputados debatieron sobre la admisibilidad de esta y otras indicaciones. La impugnación planteada por el diputado Boris Barrera cuestionaba generar obligaciones para el Servicio de Impuestos Internos, materia que solo puede proponer el Ejecutivo. Para subsanar el punto, el diputado Guzmán modificó el texto planteado, cambiando el deber de entregar información por parte del Servicio de Impuestos Internos a la posibilidad de que el Ministerio Público solicite antecedentes. Específicamente, el texto establece que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos o de oficio por el Ministerio Público, previa decisión fundada del Fiscal Nacional. Esta facultad aplicará para casos en que los montos superen las 600 unidades tributarias anuales, sin considerar intereses, reajustes y multas, es decir, casi 495 millones de pesos. En los casos en que el citado servicio haya llevado a cabo la recopilación de antecedentes, el Ministerio Público podrá solicitarla y será incorporada al emisorio.
Investigación, junto con la decisión del Comité Ejecutivo relativa a la presentación de una denuncia o querella, luego aclara que, de proceder por la vía penal —ya sea a través del Servicio de Impuestos Internos o de la Fiscalía— el juez tributario y aduanero se declarará incompetente para seguir conociendo del asunto cuando la investigación penal se inicie sin denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos y se hubiese prestado cooperación eficaz ante dicho servicio; ésta tendrá en el procedimiento penal el mismo efecto previsto. De igual forma, efectuada la autodenuncia del contribuyente y, mientras el Comité Ejecutivo no se pronuncie sobre su aprobación, se suspenderá la mencionada facultad.
¿Cómo están? Muy buenos días. Cinco minutos no se paran de las 10 de la mañana de este jueves 15 de mayo. Les hablamos aquí desde Valparaíso, la sede de la Cámara de Diputadas y Diputados, en una nueva jornada en sala que no es legislativa propiamente tal, ya que el objeto de esta jornada –como podrán ver en la tabla, que es bastante extensa– es abordar un oficio respecto a la macrozona sur y una serie de informes de comisiones investigadoras.
Ya están apareciendo los puntos. En primer término se abordará la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Bío Bío, que fue aprobada en horas de la tarde por el Senado ayer; y luego empiezan los informes de comisiones investigadoras. En primer término, se presenta el informe que abordó la implementación del sistema de educación pública desde 2002 a la fecha, el cual fue rendido hace bastantes meses. El tercer punto corresponde al informe que investigó la situación de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares.
Como se ha mencionado, no hay proyectos de ley en esta jornada; se trata únicamente de informes de comisiones investigadoras que se han ido acumulando a lo largo de diversas semanas y meses. Así, se encuentran los puntos 4, 5 y 6: el 4 indagó en las terapias y programas dirigidos a sujetos cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral; el 5 abordó los aumentos de caudal a asociaciones de canalistas en las regiones del Ñuble y del Bío Bío; y el 6 trató sobre el funcionamiento general de las universidades del país.
Cabe destacar que esta sesión es un poco más extensa, ya que está citada hasta las 14:00 horas, para avanzar lo más posible con estos informes. El punto 7 se refiere a la investigación sobre el funcionamiento de los servicios eléctricos durante los eventos climáticos de los años 2023 y 2024; el 8 analiza los convenios y programas ejecutados por la Fundación Procultura; y el 9 investiga los actos del Gobierno ante la denuncia presentada contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Asimismo, se informa que hoy, a partir de las 11:00 horas, funcionará una comisión que analizará la procedencia de la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, acusación que tentativamente se debatirá en sala de forma extensa el martes 20 de mayo a partir de las 10:00 horas.
Los invito ahora, como es habitual, a profundizar en los diversos puntos de la tabla, que comienzan con el oficio relativo al Estado de Excepción en la macrozona sur, ratificado ayer por el Senado con 27 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se ratificó esta nueva prórroga, la cual comenzaría a regir, de ser aprobada por la Cámara, a partir del próximo 29 de mayo, y se acordó que, por solicitud del Vicepresidente de la República y por acuerdo de los comités parlamentarios, dicho punto se vote sin discusión.
A continuación, se procederá al primer informe que integra la tabla de esta mañana, en el que se indaga en la fiscalización de los actos del Gobierno.
Del Ministerio de Educación en relación con la implementación del sistema de educación pública desde el año 2002 a la fecha y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año 2024. Las recomendaciones de esta instancia señalan que el Ministerio de Educación debe ajustar su actuación a la legalidad e implementar de forma urgente todas las medidas que resulten conducentes para asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que residen en nuestro país, evitando que en 2025 se produzca nuevamente una vulneración masiva de los derechos de los estudiantes respecto al proceso o al acceso a la educación, tal como ocurrió en 2024.
En ese sentido, se subraya la necesidad de introducir mejoras legislativas, reglamentarias e institucionales que incentiven la educación particular subvencionada —la principal oferta educativa del país—. Actualmente existen múltiples dificultades para la apertura de este tipo de establecimientos, los cuales han quedado fuera del foco de la reforma, al igual que ocurre con la ampliación de cupos y otras medidas asociadas. La Comisión solicita analizar y flexibilizar las atribuciones de la Superintendencia de Educación, que hoy se erige como un gran regulador del sistema educativo, incrementando los costos de cumplimiento para los sostenedores. Asimismo, pide flexibilizar los requisitos vigentes para acceder a la subvención escolar y facilitar el procedimiento de obtención del reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, transformando dicho proceso en uno progresivo que incluya una etapa de preadmisión y acompañamiento, de modo que se eviten los elevados costos de una solicitud completa que puede ser fácilmente rechazada. También se propone que el Ministerio de Educación suspenda la implementación de los servicios locales de educación pública con el fin de mejorar y corregir las deficiencias detectadas en la SEP (subvención escolar preferencial) y en los SLEP (servicios locales de educación pública) actualmente en funcionamiento.
El segundo punto respecto a las comisiones investigadoras y sus informes aborda la actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde 2018 a la fecha, en relación con el control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares.
En materia de recomendaciones y conclusiones, este informe pide legislar para avanzar en mayor transparencia, fiscalización y mecanismos de control que eviten cuestionamientos públicos y la comisión de posibles delitos en el funcionamiento de la citada asociación, surgida ante la limitada accesibilidad de la ciudadanía para adquirir medicamentos y sumos médicos a bajos precios. Bajo esa línea, es imposible soslayar que la génesis de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares responde a la necesidad de asegurar el derecho a la salud de las personas, evitando que el mercado continúe reproduciendo una discriminación monetaria para quienes requieran insumos médicos.
Se reconoce que Chile está muy lejos de contar con una institucionalidad pública que haga efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política, y la existencia de esta asociación, en tanto red y coordinación integrada de distintos municipios, es una expresión de que es posible desarrollar proyectos desde una perspectiva pública y de derechos. Pese a las observaciones críticas sobre su funcionamiento, la comisión concluye que no es admisible emitir formulaciones negativas sobre sus resultados, ya que se presenta como una alternativa al monopolio de farmacias en Chile y ha resuelto parcialmente las demandas de mayores insumos médicos por parte de un sector mayoritario de la población. Diversos testimonios de ciudadanas y ciudadanos resaltan el impacto positivo que ha tenido la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares en sus territorios.
Aun cuando, concluye la comisión, los parlamentarios tenemos la potestad de generar instancias de fiscalización, estas deben ceñirse siempre a las materias por las cuales se constituyen. Sin embargo, en algunos momentos del debate el foco se desvió y se realizaron críticas políticas que no guardaron concordancia con la materia a investigar.
...que además será remitido al Ministerio del Interior, de Salud, a la Contraloría General de la República, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, al ISP, al Fiscal Nacional, al Director de la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional y también, obviamente, al Presidente de la República, entre otras autoridades.
Como tercer informe se presenta esta mañana, de jueves 15, cuando ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Se presenta, decía, la investigación que buscó reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud —psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole— a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.
Las recomendaciones piden suspender inmediatamente la ejecución del programa denominado PAIC, Relativo a la Identidad de Género, y al Ministerio de Salud se le ordena, mediante una resolución exenta, que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género o de género no conforme. También se pide una revisión de antecedentes de todos los menores de edad que se encuentran actualmente bajo tratamiento hormonal y entregar un informe a las Comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara, al menos con los datos sobre su edad, sexo, tipo y duración del tratamiento, consentimiento de los padres, establecimiento de salud, entre otros, en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe final, algo que pudiese ocurrir esta mañana.
El Ministerio de Salud agrega que deberá reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal, abocándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de realizar este tipo de tratamientos, los cuales solo podrán realizarse a mayores de edad. Asimismo, el Ministerio deberá entregar la atención necesaria a los menores de edad que desistan o destransicionen.
También, como tercer punto, se enviarán los antecedentes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y servicios de salud, a fin de, primero, determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al programa de asignación de identidad de género, según edad, sexo, etc.; segundo, determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal —sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración y tipo de medicamentos—; y en tercer lugar, comprobar la existencia del consentimiento informado de los representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAIC, así como la realización de tratamientos hormonales.
Se busca, además, la identificación y determinación del gasto del arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales desde 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la Ley 21.120. Otro aspecto de esta investigación pide realizar una auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realizan acompañamientos con enfoque afirmativo.
En términos de modificaciones legislativas se pide enmendar y modificar la Ley de Identidad de Género y también el artículo 23 de dicha ley, en los siguientes elementos: garantizar el deber y el derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos en cuanto al ingreso y/o derivación de estos programas; además, la negativa de estos últimos no podrá ser considerada vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos. Se establece, asimismo, que sólo podrán ingresar a estos programas los menores de 14 años.
Bien, todos los detalles a continuación desde la sala de sesiones.
En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión.
El acta de la sesión número 16 se declara aprobada. El acta de la sesión número 17 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Nuestro señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor Presidente, buenos días. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 26 para hoy, 15 de mayo. Se ha recibido oficio del Senado, por el cual se comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver la divergencia suscitada entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Se inició un mensaje que modifica cuerpos legales que indiquen materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Además, se ha recibido oficio del Senado, por el cual se informa que se ha dado el acuerdo a la solicitud del Vicepresidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, de la Región del Bío Bío, declarado por el Decreto Supremo número 189 de 16 de mayo de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y prorrogado la última vez por el Decreto Supremo número 142 de abril de 2025 del Ministerio del Interior por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el señalado decreto supremo.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Alex Sarsuri Cortés. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Mauricio Lobos Fernández. Proyecto en moción de los diputados señores Mesa, Cornejo y Rey, y de la diputada señora Concha, que modifica la ley número 21.368 para autorizar la entrega de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables. También se da cuenta de un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mesa, Carter y Arrasabal Romero, don Agustín y Chuber, que modifica la ley número 18.290 de Tránsito para calificar como vehículos de emergencia a los pertenecientes a Gendarmería de Chile, utilizados para el traslado de funcionarios y personas privadas de libertad. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bugueño y Rosas, y de las diputadas señoras Zagardia y Veloso, que modifica la ley 18.695, Orgánico-Constitucional de Municipalidades, para promover medidas de prevención y mitigación de incendios forestales. Proyecto de Iniciativa de Moción de la diputada señora Ñanco, que rehabilita la nacionalidad chilena a don Jorge Andrés Vergara Montero. Proyecto de Iniciativa de Moción de los diputados señores Araya, Don Jaime, Alinco, Camaño, Manucheri, Melo y Videla; y de las diputadas señoras Arce, Marzán, Musante y Pérez de Ollayuana, que modifica la Ley 18.695, Orgánico-Constitucional de Municipalidades, para la implementación de crematorios para mascotas o animales de compañía.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor Presidente. Muchas gracias, señor prosecretario.
Sobre la cuenta se ofrece la palabra el diputado Jaime Araya. Muchas gracias, Presidente. Presidente, quisiera solicitar que el proyecto que está en el número 9, el boletín 17.552, pasara de la Comisión de Gobierno Interior a la Comisión de Medio Ambiente. Se accede a la petición del diputado. No hay acuerdo. Vamos a votar. Denos unos segundos, por favor.
En votación.
¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Por última vez. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa: 30 votos, 29 en contra, 2 abstenciones. Rechazado.
Muy bien. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Guido Mazaor: “Yo tengo un punto de reglamento. Permítanme cerrar la cuenta, y sobre la cuenta se va a dar la vuelta.”
Gracias, Presidente. Sí, lo que pasa es que ahora, bueno...
Honorable Cámara, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde el año 2018 a la fecha, en relación al control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares, según la competencia asignada, planteando las conclusiones y recomendaciones que se consignan.
A continuación, sintetizaré las conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión, dejando constancia de que participaron en su discusión y aprobación la diputada Nathalie Castillo y los diputados Félix Bugueño, Tomás Lagomarsino, Enrique Lee, Daniel Lilayú, José Carlos Mesa y Quién Habla.
Conclusiones. La fiscalización y control de las farmacias populares es un componente esencial para garantizar la seguridad y calidad en la entrega de medicamentos. Los hallazgos actuales dejan entrever un sinnúmero de atribuciones con falta de control, de ahí que es fundamental adoptar medidas proactivas para prevenir problemas futuros, las cuales se pueden lograr con un gobierno presente a través de la capacitación, el monitoreo digital y la colaboración con la comunidad y otras instituciones, como el Instituto de Salud Pública, entidad limitada para fiscalizar y evitar que ocurran nuevamente hechos constitutivos de ilícitos, como los informados durante el año 2022 por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de investigar supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19, en donde figura el exalcalde, señor Daniel Jadue, imputado.
El modelo de abastecimiento de medicamentos a través de farmacias comunales permitió la instauración de un sistema de defraudación de las arcas comunales, lo que, sumado a la falta de control en el presupuesto, seguimiento y materialización, resalta la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades públicas y privadas en el sector farmacéutico. La exposición efectuada por la Contraloría General de la República puso de manifiesto serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, desde la falta de información y control interno hasta la existencia de convenios irregulares. La falta de transparencia y las irregularidades detectadas sugieren una necesidad urgente de reformar las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido.
La exposición del Servicio de Impuestos Internos reveló una serie de preocupaciones significativas sobre la gestión tributaria de las farmacias populares y de su asociación; de ahí que es fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que cumplan con sus obligaciones fiscales y promover la colaboración interinstitucional para abordar cualquier indicio de irregularidades y proteger los recursos públicos destinados a la salud.
Quizás la exposición más reveladora fue la del alcalde subrogante de Canela, Francisco Santibáñez Yañez, de la Región de Coquimbo, quien reconoció no haber recibido ninguna rendición de cuentas ni estado financiero por HIFAR, a pesar de haber realizado los aportes correspondientes como municipio.
Sobre la participación de las autoridades citadas, la Comisión dejó constancia de su preocupación por la parsimonia de autoridades convocadas mediante citación o invitación, una preocupación que no responde solo a consideraciones políticas, sino también institucionales, dado que la creación de la Comisión Investigadora se encuentra dentro de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, reconocida en la Constitución y en la legislación vigente. Así, el artículo 55 de la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, señala en su inciso sexto que las autoridades, los funcionarios y las personas citadas estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la Comisión, norma que solo fue cumplida por tres de las autoridades citadas.
La Directora Nacional del Instituto de Salud Pública, Caterina Ferrecio; el Director Nacional de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Jaime Espina; y el Director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. El resto de las autoridades citadas, o bien no concurrieron o lo hicieron representadas por otros funcionarios de menor rango, lo cual no es permitido de manera expresa por la mencionada norma.
Así, la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, pese a haber sido citada para la sesión del 29 de julio pasado, participó con posterioridad. El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, y la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, no concurrieron de manera personal, sino que fueron representados por otros funcionarios, lo que no está permitido en la ley. Especial mención merece la Ministra del Interior, Carolina Tohá, quien, pese a ser citada a la primera sesión, nunca asistió ni siquiera representada.
Dos, sobre la participación de las autoridades invitadas. Si bien solo ciertas autoridades se encuentran obligadas a asistir a las sesiones de la Comisión Especial Investigadora, lo cierto es que estas comisiones habitualmente convocan también a otros personeros del mundo público o privado para que aporten antecedentes que puedan ser relevantes para el desarrollo de la función fiscalizadora. Y, aunque no es posible realizar reproche a las entidades que se encuentran fuera del marco de funcionamiento de las comisiones, se debe tener presente que el deber de probidad obliga a las autoridades a ejercer su cargo de manera honesta y transparente. Bajo este concepto de probidad, se agradece la concurrencia de la Contralora Dorothy Pérez; del Director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos; del Contralor de la Universidad de Concepción, Francisco Santibáñez; del Alcalde Subrogante de la Comunidad de Canela, Sebastián Pizarro; y del ex concejal de la comuna de Recoleta, Mauricio Smock. Asimismo, se lamenta la inasistencia de representantes de la empresa Best Quality Products S.P.A., quienes pudieron haber entregado importantes antecedentes relativos a la situación de las farmacias populares en la comuna de Recoleta. Se reprocha, además, a los alcaldes invitados que no asistieron, pese al manto de dudas existente respecto de su gestión en una conducción indebida o ineficiente de los recursos y atribuciones municipales en las llamadas farmacias populares. Se trata de un contexto en que la fe pública está cuestionada, producto del caso Fundaciones, lo que exige que todas las autoridades den muestra de honestidad y transparencia en su comparecencia al llamado efectuado por la Comisión, siendo reprochable que autoridades tan involucradas no aportaran antecedentes para mayor claridad. En dicho reproche recaen el exalcalde de Valparaíso, Jorge Chart; el alcalde de Arica, Gerardo Expíndola; el alcalde de Serronavia, Mauro Tamayo; y los concejales de la comuna de Recoleta, Karen Garrido, Jocelyn Parra, Silvana Flores, Felipe Cruz y Cristian Weibel.
Tres, sobre los antecedentes expuestos por la Contraloría General de la República. La exposición de la Contralora pone de manifiesto serias deficiencias en la gestión y control de recursos de la HIFAR. Las auditorías revelan la falta de transparencia, el incumplimiento de normativas y la inadecuada administración de fondos, lo que sugiere un riesgo significativo de malversación y otras irregularidades. La incapacidad de la Contraloría de obtener información para evaluar la situación financiera de HFAR es alarmante y resalta la urgencia de mejorar la rendición de cuentas dentro de la organización. La observación sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indica un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos.
Recomendaciones.
1. Capacitaciones y asesoramiento por parte del Gobierno para los directores y equipos ejecutivos de las farmacias comunales y a los funcionarios municipales sobre la ley de compras públicas y la correcta gestión de convenios.
2. Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de las farmacias comunales que
No olvidemos del señor Crispi que se excusó y se escudó en que él no era funcionario público, que no tenía que venir a las comisiones, y después venía a las comisiones sin tener que entregar información. Bueno, al final vamos a tener que esperar que la Fiscalía haga su trabajo para enterarnos de muchas de las preguntas que acá legítimamente se hacen. Es importante, por lo tanto, dentro de las conclusiones a las que se llega en este informe, que se avance en la legislación que ya aprobó la Comisión de Gobierno, la cual obliga y sanciona a los funcionarios públicos que no concurren a las comisiones investigadoras o que no responden los oficios en los plazos establecidos. El propio Presidente de la República ha sido oficiado de manera perentoria por esta Cámara, a través del artículo 52 de la Constitución, y nadie respeta los plazos porque no hay consecuencias; una norma jurídica sin una sanción es letra muerta.
Lamentablemente, hay muchas más respuestas aún, siguen habiendo muchas preguntas y no se han obtenido respuestas suficientes, porque quienes deben entregarlas se han escondido de la función fiscalizadora de este Congreso. Yo siempre he pensado que el que nada hace, nada teme; entonces, si alguien teme responder, es señal de que algo hizo.
Diputado Kaiser (Reglamento): Muchas gracias, señor Presidente. Solamente una consulta, porque estaba buscando los informes y no los encuentro en la plataforma.
Diputado Ramírez: Muchas gracias, Presidente. Yo creo que esta Comisión Especial Investigadora evidentemente tenía un sesgo que es brutal, brutal porque nunca hay que olvidar la génesis de cómo se empezó a aplicar lo que hoy conocemos como las farmacias populares en múltiples municipios de Chile. Fue precisamente durante el 2007-2008 cuando empezaron a salir las primeras noticias que daban cuenta de esta gran colusión en el mercado de las farmacias, de cómo tres grandes cadenas —Salcobran, Cruz Verde y Ahumada— se coordinaban para que los precios de los medicamentos, especialmente para los sectores más vulnerables y en particular para nuestras personas mayores, fueron ajustados de forma coordinada. Lo que hacían básicamente era fijar el precio y decretar que todo fuera al alza; por ejemplo, un medicamento que costaba 8.000 pesos lo vendían en 50.000. Esto dio lugar a un debate público interesante.
Mientras todas las autoridades miraban hacia abajo y nadie quería tomar medidas concretas para aliviar a las personas que sufrían el flagelo de las grandes cadenas de farmacia, desde un municipio pequeño nació una idea que hoy se ha extendido en gran parte de Chile. Fue liderada por un alcalde del Partido Comunista, quien impulsó lo que hoy se conoce como las farmacias populares. ¿Qué significó esto en la práctica? Significó que hoy más de 250 municipios de Chile cuentan con una farmacia municipal o comunal que vende remedios a casi un 80% más baratos que en las grandes cadenas; es decir, una solución directa para miles de chilenos y chilenas que tenían que sufrir el abuso de las grandes farmacéuticas.
Y ojo, no fue una batalla fácil. Primero se tuvo que discutir, incluso en este Congreso Nacional, una ley que permitía la adquisición de remedios a Cenabas. Yo no participé en ese proceso de discusión, pues estábamos alejados de esos espacios, pero costó. Cuando uno observa el debate parlamentario de aquella época, se notaba que un gran sector, particularmente la derecha, se negaba a la posibilidad de que existieran acuerdos directos entre Cenabas y los municipios para la adquisición de medicamentos a precio justo.
Hace no tantos años, en 2020, inclusive se logró condenar a estas farmacias en más de 1.100 millones de pesos, producto de la colusión que existió en el sector. Cuando se trató de avanzar aún más y se creó la Asociación de Farmacias Populares, …
Que buscaba llevar, por ejemplo, la óptica popular también a distintos espacios, evidentemente comenzó una operación política que es la que se conoce el día de hoy. Porque el loafer instalado respecto a la figura de Daniel Hathaway ha sido brutal. Fíjense que el hijo no le destruyó el teléfono a Daniel Jaue como a otros parlamentarios desaforados del día de hoy, de la bancada del Frente. No, él entregó todos sus celulares; no tuvo ni un inconveniente: levanten todos los secretos bancarios, entregó todas sus cuentas de correo electrónico, revisen lo que quieran, y fíjense que hasta el día de hoy no han encontrado nada.
Entonces, lo que hay detrás de esta persecución contra las farmacias populares es que se le acabó el negocio, se le acabó la fiesta a quienes hacían abuso con las personas mayores y a quienes, precisamente, también defendían ese abuso. Porque así como han defendido la AFP, así como han defendido la ISAPRE, también defendían, sin duda, a las farmacias que se coludieron durante años para aquello.
Diputado Ramírez, le pido volver al informe, por favor. Pero es parte del informe del Presidente. Por eso, yo creo, más allá de la barra brava de las farmacias que están, por ejemplo, defendiendo a Salcobrana, a Humada y Cruz Verde, no se preocupen: les va a llegar el diezmo después. Efectivamente, este informe tiene un sesgo, tiene un sesgo respecto a cómo se debió indagar una política –insisto– municipal que logró instalarse como política pública, y eso les duele y les va a seguir doliendo porque las farmacias populares van a seguir existiendo.
Muchas gracias, Presidente.
¿De reglamento, diputado Mesa?
Sí, Presidente, muchas gracias. El artículo 90, número 2, en primer lugar, y luego también el artículo 90.5. ¿Por qué el 90, número 2? Porque nada, absolutamente nada de lo que dijo el diputado Ramírez por su intermedio en este momento sale en el informe. Nada, ni una sola coma de lo que él se refirió aparece en el informe. Lo que uno ha aprendido cuando se dedica al mundo de la argumentación y el debate es que, cuando alguien no tiene razón sobre un punto de discusión –no se refiere al punto de discusión–, es porque, al no tener razón, habló cualquier cosa, menos lo que dice el informe, porque el informe es lapidario. El informe dice que aquí hay plata que se perdió, que se está investigando y que nunca ejercieron ninguna facultad fiscalizadora.
Y en segundo lugar, es muy penoso por su parte, porque, ya que justamente habló mucho del alcalde Jado, se le olvidó decir que el alcalde Jado pasó 90 días en prisión preventiva y todavía está recluido en su hogar, en La Reina. Lo que se le olvida mencionar lo hace después para manchar al resto, y ni siquiera es capaz de dar nombres o apellidos, sino que simplemente acusa a las bancadas del Frente, ¿cierto? Y dice, Presidente, de forma textual, que van a recibir el diezmo. Fíjese usted en la palabra que usa, una especie de pago por defender ciertas cosas o por tener ciertas actitudes; está literalmente imputando delitos.
Entonces, yo le pido al Presidente que, entiendo, mientras el diputado Ramírez estaba interviniendo, otros colegas estaban ahí conversando –práctica que también debiésemos empezar a erradicar para que la Presidencia preste atención a las palabras de los diputados y se sancione–. Primero, porque no dijo nada respecto al informe; y, en segundo lugar, porque lo único que hizo fue enlodar a los demás para que no se noten las gigantescas manchas de lodo que tiene el Partido Comunista. Bueno, eso tampoco estaba en el informe.
Diputada Pizarro, de Reglamento.
Sí, yo lo tengo. Pero ya hizo su punto de reglamento; ahora tiene el punto de reglamento la diputada Pizarro. Muchas gracias.
Pese al griterío del Frente –artículo 90, numeral 6–, Presidente, a mí me parece que la última palabra fue dicha por el diputado José Carlos Mesa. Aunque también se le conoce como José Mesa, creo que esa no es la discusión. Solo quiero decir que, al expresarlo por intermedio del diputado José Mesa en el último momento, se revela el descontrol que existe en torno a lo que acaba de exponerse.