Senado - Salud - 14 de mayo de 2025

Muchas gracias, muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de la Comisión de Salud de hoy, miércoles 14 de mayo. Muchas gracias. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, han llegado los documentos. Una urgencia suma al proyecto de ley que establece el derecho a recibir asistencia médica de forma voluntaria, con objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad que así lo indique. Asimismo, se recibe un oficio de la Ministra de Salud con el que se responde a uno enviado por esta comisión, en el que se remite información acerca de los estudios de costo y productividad del programa de grupos relacionados con el diagnóstico de los hospitales del país. Eso es todo. Ofrezco la palabra, senador Castro. Ha quedado pendiente para la sesión postregional la discusión sobre licencias médicas, gracias. Como usted me señaló que había dos posibilidades, me comuniqué con la Contraloría para verificar la fecha; me indican que el lunes 26 está en condiciones en Santiago a las 14 horas. Así que, por lo menos por mi parte, está confirmado, considerando la temática y los invitados, ya que deben asistir al Ministerio de Salud y a otros actores, además de la Ministra. Efectivamente, lo habían confirmado para el 26 y, por lo tanto, siendo un entredicho que surge desde un informe de Contraloría en observación al Ministerio de Salud, son las dos partes, digamos, que hemos convidado para ello. Dicho sea de paso, tenemos también el programa de próximas sesiones, el cual informo a manera de aviso. Pero antes de eso, a raíz de lo sucedido esta semana, para irnos ordenando y para que todo fluya con facilidad, ya podemos tener, creo, una buena reacción a nuestra postura de mantener el aforo en la sala. En ese escenario, todo el mundo ya sabe que los colegas senadoras y senadores pueden traer un asesor, eventualmente un invitado, pero les pedimos que lo hagan primero, porque recordemos —y este es un tema reglamentario— que la Cámara tiene sesiones internas que, por norma y reglamento, son todas privadas. La excepción es permitir el ingreso de personas externas al rol parlamentario; esa es la excepción. Nosotros hemos actuado de esa manera, ya que la verdad es que no tenemos inconveniente y todas las comisiones hacen lo mismo: funcionan en base a la excepción y no a la norma. Reglamentariamente, todas las sesiones son de esa manera. Hay un tema respecto a las sesiones públicas. Lo que ocurre es que, como en toda institución, los espacios tienen un aforo, como los cines o los teatros. Aunque la sesión es pública y se transmite por televisión, es importante aclarar, como ya se discutió hace tiempo, que nadie se opondrá a recibir a personas que no sean parlamentarios o los invitados estrictamente. No tengo problema con ello, pero lo esencial es el aforo, que ha quedado bien entendido: ocuparemos siempre todas las sillas, siempre que haya interés por parte de los asesores. No se establecerán autorizaciones permanentes, es decir, no habrá personas invitadas de forma permanente a actuar aquí; los invitados serán designados sesión a sesión, de acuerdo al tema que se trate, sumados a los asesores legislativos. Despejemos así la cuestión reglamentaria. Por otro lado, y solo como sugerencia, lo pongo en el tapete: ayer gastamos de la hora y media 47 minutos entre puntos varios, lo cual nos dejó apenas un poco de tiempo para tratar otros asuntos.

El asunto que habíamos convocado, habiendo venido gente de afuera, en fin, autoridades que se desplazan, invitados que se desplazan, es el siguiente: yo, independientemente del punto aéreo –el cual está en la contingencia–, trataría de apretarlo lo más que pueda o concentrarnos, tal como el día lunes, que empieza a ser un día para tratar todos estos temas: la coyuntura, los temas misceláneos, los temas de fácil despacho, o, en fin, lo que se quiera tratar. Propongo que en la sesión legislativa tratemos de sacarle el máximo provecho para que no se nos queden expositores colgando ni haya gente que venga de más, comprometiéndonos a dar a cada uno el tiempo que le corresponda. O la otra alternativa es hacerlo como en alguna comisión lo hicimos, dejando los puntos varios para el final; de ese modo, despachamos el punto principal y nos reservamos 10 minutos al final para tratar los diversos asuntos. No sé, conversemoslo. Lo dejo sobre el tapete. Informo entonces que ya tenemos la sesión del 26 de mayo, calendarizada con la Contralora, la Ministra y la Subsecretaria de Salud Pública, para tratar el problema público –que ha sido público– sobre las vacunas. El martes 27 de mayo, antes de la votación de la reapertura de los proyectos de ley del "vaso de agua" (recordemos que ayer se autorizó refundirlos, y tenemos que votarlo en paréntesis), debemos analizar la situación de seguridad de los centros de atención primaria de salud de más alto riesgo. Nos comprometimos con la Confusán a discutir ese asunto, por lo que se ha invitado a la Confusán, al subsecretario de Redes Asistenciales y al subsecretario de Seguridad Pública. Invitaremos a dichos subsecretarios, que son los operativos de ambos ministerios, para evaluar la seguridad en los consultorios, que suman 116, tal como informó el subsecretario de Redes. El lunes 2 de junio tendremos la exposición de expertos –tanto regionales como nacionales– sobre cáncer testicular. Se organizará en formato de exposición. Está invitada la Ministra de Salud, la Subsecretaria de Salud Pública, el subsecretario de Redes Asistenciales y FONASA, además de los dos expositores. En una segunda pata seguiremos con el proyecto que moderniza el sistema de salud. El martes 3 de junio se desarrollará dicho proyecto durante toda la sesión, contando con la presencia del presidente del Colegio Químico Farmacéutico, la Asociación de Farmacia de las Cadenas, la Cámara Nacional de Laboratorios, ProSalud Chile y la Asociación Gremial; en total, son cuatro invitados. Quiero pedirles, colegas, la voluntad de extender la sesión. Tal como planteó, ya sea la senadora Orden o el senador Castro –yo mismo lo propuse y asumo el mérito–, si ustedes están de acuerdo, podríamos alargar la sesión media hora más. En vez de escuchar a dos con ganas de ser tres o a la carrera, podríamos tener dos horas para escuchar a tres con ganas de ser cuatro. Contamos con 22 instituciones y expertos invitados (y, revisando, son como 28), por lo que, o hacemos un tamizaje para asegurar que todas las áreas estén cubiertas, o, si queremos escucharlos a todos, tendremos que apretar un poco el ritmo. Propongo una sesión de 9:30 a 11:30, agregando media hora para invitar a estos cuatro. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Senadora Orden: "Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo porque la idea es escuchar a todos aquellos que han solicitado audiencia en este espacio, pero también tratar de empezar a la hora las comisiones y, en general, prorrogar 15 minutos. En la práctica lo que nos faltan son 15 minutos. Si hacemos ese esfuerzo, en mi experiencia en otras comisiones logramos escuchar cuatro audiencias. Entonces, creo que nos falta ajustarnos internamente. Muchas gracias." Bueno, partamos con el acuerdo. Propongo que en la próxima sesión del 3 de junio hagamos el ejercicio de extender la sesión dos horas, es decir, media hora más de lo previsto. Necesitamos siempre tener coro en el momento de partida, y aunque entendemos que todos tenemos otras comisiones y reuniones –y a veces se retrasa la llegada–, tratemos de hacer el esfuerzo para avanzar en este proyecto de mejoramiento del sistema. Finalmente, el miércoles 4 de junio se abordará nuevamente el proyecto que moderniza el sistema de salud; tendremos tres sesiones seguidas para este proyecto y, en ese caso, habrá otros invitados. ¿Soplan, Secretaría, la última sesión? Especialista, general… Ok, ya estaríamos. Muy bien, se toma el acuerdo: todo lo que se ha expuesto queda acordado.

Bien, vamos entonces a la tabla del día de hoy para conocer las respuestas a las exposiciones que muy bien hicieron, en primer lugar, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la Superintendencia de Seguridad Social y también la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Ahora vamos a conocer la respuesta a las preguntas que les fueron hechas por parte de los colegas. Está invitada la Ministra de Salud, la Subsecretaria de Salud, doña Andrea Albagli, que está presente; la directora de la Comisión de Medicina Preventiva, doña Valeria Céspedes; la Superintendencia de Seguridad Social, que en esta oportunidad pidió abrir su participación por Zoom; y la presidenta del Colegio Médico, doña María Riegada, y además con su brazo derecho. No sé, está en el lado izquierdo y, a su derecha, está el senador Gabona. Muy bien, partimos entonces. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ahora, si recordamos las preguntas, porque estamos para las respuestas, el senador Cacho llenó el canasto con al menos 19 preguntas. Yo las tengo anotadas, pero lo dejo al tiro. Usted preguntó por las deudas de FONASA: ¿qué pasa con los traslados de los diálisis que no cubre FONASA? Preguntó también sobre los puntos débiles en las compras de FONASA y por el proyecto de ley que centraliza las compras de Cenabat, cuando en otras materias se intenta descentralizar. Sin embargo, esto es sobre licencias médicas. Si gusta, rebobino; permítame cambiar de sesión. Rebobine, por favor. De las licencias médicas, había una línea de preguntas dirigidas al Colegio Médico de Chile. En cuanto a lo que ellos declararon en su momento, el 24 de abril —hace tres semanas— se dijo que no existía un debido proceso para los médicos; eso no quedó meridianamente claro en la exposición del vicepresidente. Además, se declaró en esa época un plazo de una semana para adoptar medidas, se hizo un emplazamiento y se indicó en el penúltimo párrafo que, de no obtener respuesta en ese plazo, se iban a evaluar acciones gremiales de nivel nacional por medio de un referendo. Estoy leyendo la declaración oficial. Entonces, yo quiero entender, presidente, cuáles son esas faltas al debido proceso. Quisiera que se pregunte también a la Coordinadora Nacional de COMPIN si ello es efectivo o no, cuál es la magnitud del fenómeno, cómo se venía gestionando el proceso de fiscalización y, pensando en el futuro, qué correcciones o mejoras se habrían adoptado entre las partes, ya que imagino que han conversado de modo que los médicos no se nieguen a ser fiscalizados, pero que exista un proceso. Otra parte de la pregunta tiene que ver con lo que ocurre con las bandas internacionales de crimen organizado que están vendiendo licencias médicas en forma descarada. Pusimos el ejemplo colombiano y otros más. Hoy día salió otro caso de ciudadanos colombianos que suplantaban la identidad de médico; hubo un médico colombiano que suplanta a otros con delitos por más de 3.064 licencias médicas entre octubre pasado y febrero, es decir, en tres meses. Esto está a la vista y la paciencia se agota, y no sabemos qué ocurre con ello. Ya no estamos hablando del cuerpo médico, sino de crimen organizado que actúa por vía digital. Y, por último, a nivel hospitalario, el ausentismo laboral: caso emblemático del Hospital San José, del que el informe especial de TVN nos ilustró anoche de manera amplia y profusa cómo, en ese hospital, 400 funcionarios han hecho uso de miles de días de licencia, lo que representa un perjuicio fiscal de muchos millones de dólares. El director del establecimiento afirma, en sus propias palabras, tener "corazón de abuelita" y que no puede actuar para resarcir los montos perdidos, porque estas licencias están rechazadas o cuestionadas, y los funcionarios tampoco las devuelven. Este es un problema ya más estructural, de la red asistencial. Aquí está la subsecretaria Albagli: es un problema de la red asistencial que versa sobre el modo en que se gestiona el ausentismo laboral en hospitales, y me da la impresión de que no es solo el caso del Hospital San José, que puede ser, a la postre, uno de los peores. En definitiva, Colegio Médico, las bandas internacionales de tráfico de licencias médicas y el ausentismo en el sector público de la salud son problemas de extrema gravedad para el país, tanto en lo financiero como en lo asistencial. Presidente. Muy bien, están lanzadas las preguntas que usted quiere complementar. La senadora Ordenes complementa: "Gracias, presidente. Comenzando por el tema de hoy..."

Tú, de hecho, la Universidad Andrés Bello señala que el 57% de los encuestados considera que es fácil obtener una licencia médica a través de un médico conocido, mientras que un 62% cree que es común que existan empresas dedicadas a la venta de licencias falsas. Esto es una opinión pública, pero en el sentido de la Universidad Andrés Bello, ¿qué medidas se han adoptado para, sobre todo, evitar que se vendan licencias de muy fácil acceso? O sea, ustedes, ISAPRE, FONASA, tantos días y este es el tarifario. La verdad es que, de fácil acceso, claramente existe la posibilidad de obtener, al parecer, una licencia médica. Además, quisiera saber sobre las medidas específicas respecto a los más de 300 médicos que han emitido más de 2.500 licencias y, en algunos casos, más de 5.000; se trata de un caso muy acotado, pero, claramente —y como ya le consulté—, si se analiza de manera profesional el emisor de la licencia, representa menos del 1%. Mi pregunta se centra en el monto que, en definitiva, se estima le cuesta al Estado estas prácticas, ya que el año pasado se informó que se estaban adoptando ciertas medidas administrativas para hacer más eficaz la fiscalización, mencionándose la cifra de 300 mil millones de pesos, equivalente a 10 hospitales de baja complejidad. En definitiva, quisiera abordar más los montos asociados que el número de profesionales involucrados. Al menos, esa es mi inquietud. Esas serían mis preguntas, presidente. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Bien, la mayoría de las preguntas, entiendo, están dirigidas a la subsecretaría. Pueden contestar. Quien desee puede pedir la palabra. Adelante, subsecretaria. Muy buenas tardes, senador, presidente. Un gusto saludarlo. Por su intermedio, saludo también a los integrantes de esta comisión, senadores y senadoras. Me referiré a algunas de las preguntas. Las otras, por su intermedio, solicitaría se le dé la palabra a la directora nacional de COMPIN. Yo responderé la pregunta del senador Castro, respecto a la caracterización de los médicos que han mostrado un comportamiento de grandes emisores. La COMPIN realizó un estudio al respecto, que recopiló información tanto del sector público como del privado. Si lo desean, posteriormente podemos entregar formalmente lo que voy a comentar de manera verbal, el cual forma parte de un informe más detallado. Se efectuó un análisis (FOCUS) para caracterizar a todos los médicos que emitieron más de 1.600 licencias, lo que alcanza un total de 280 médicos que sobrepasan ese umbral. Al revisar la distribución según nacionalidad, se observa que de estos 280, 127 médicos —es decir, un 45,4%— son chilenos, y 153 —o el 54,6%— son extranjeros. Entre estos últimos, destacan principalmente las siguientes nacionalidades: 59 médicos (un 21% del total) provenientes de Colombia; 37 médicos (un 13,2%) provenientes de Ecuador; y 37 (un 13,2%) provenientes de Venezuela. Asimismo, en menor medida se registra la presencia de médicos provenientes de Cuba, de Perú y de Bolivia. En definitiva, un poco más de la mitad procede del extranjero, según la descripción que he entregado. En relación a las preguntas de la senadora Ordenes, me referiré a las denuncias y las medidas adoptadas, tema que fue parte de las consultas en la sesión anterior. Durante el año 2024 se presentaron 352 denuncias al Ministerio Público a través de las COMPIN regionales y de la COMPIN nacional. Es importante señalar que estas denuncias pueden involucrar a más de un emisor; por lo tanto, 352 denuncias no implican necesariamente 352 emisores denunciados.

Las denuncias al Ministerio Público de COMPIN Regionales son 294, que equivalen a 365 prestadores y usuarios denunciados; las denuncias al Ministerio Público de COMPIN Nacional son 5, que equivalen a 123 emisores y 89 usuarios; y las denuncias a suceso por falta de fundamento médico son 53. Esto da un total de 736, correspondiente al año 2024. A marzo del 2025, las denuncias al Ministerio Público de COMPIN Regionales se mantienen en 294, que equivalen a 365 prestadores y usuarios; las denuncias al Ministerio Público de COMPIN Nacional son 7, que equivalen a 14 emisores y 204 usuarios; y las denuncias a suceso por falta de fundamento médico son 5. Por ende, entre enero y marzo de este año, se registran 575 personas usuarias y prestadores en total, pensando en medidas de denuncia y las acciones tomadas. Los montos asociados los detalla la directora nacional de la COMPIN, así que, con su permiso, presidente. Buenas tardes, presidente y a todos los senadores y senadoras. Complementando lo que mencionaba la subsecretaria en relación a las preguntas de la sesión pasada, surgió una duda respecto a la línea específica de Salud Responde para atender la consulta de los prestadores fiscalizados. Cabe precisar que, tanto en la presentación como en la carta, se indicó que la implementación se realizará durante el mes de mayo. Estamos en el proceso de elaborar un script con las preguntas frecuentes que realizan los fiscalizadores y, a lo largo del mes, quedará implementada esa línea. Respecto al tema de la venta ilegal por internet de licencias médicas, tema que también fue consultado por el senador Castro en la sesión pasada –donde su pregunta era qué hacíamos con ello–, se informa que denunciamos al Ministerio Público de manera regional y nacional todos esos avisos. Nos están llegando, al igual que a ustedes, diariamente capturas de pantalla de las redes sociales donde se ofrecen, y lo que hacemos es enviar todas esas denuncias, las cuales están incluidas en las que mencionaba la subsecretaria, al Ministerio Público. ¿Las denuncias son tomadas por el Ministerio Público? Sí, hemos tenido una serie de reuniones desde el año 2022, y coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado, que intermedia ante el Ministerio Público en las distintas causas. Recientemente, hemos solicitado un estado de esas denuncias, ya que la última información indicaba que el Ministerio Público estaba focalizado en los prestadores, pero que también continuaría con los trabajadores o usuarios y con la venta ilegal por internet. El Consejo de Defensa ha intermediado efectivamente y, hoy, tuvimos novedades sobre el tema de las suplantaciones, que fue muy fuerte el año pasado, alrededor de mediados de año, y sobre las cuales hicimos las denuncias correspondientes. Hoy se anunció que el Ministerio Público se ha pronunciado respecto a las suplantaciones de identidad de algunos de los casos presentados. Con relación a la información sobre emisiones o sanciones –también consultada para ver si podía ser entregada al Colegio Médico para su gestión interna–, actualmente no podemos hacerlo. Sin embargo, con la modificación de la Ley 20.585 se establece que en el sitio web correspondiente se tendrá un registro público de las sanciones aplicadas y del promedio de emisiones de todos los prestadores. Esto representa una oportunidad para tener acceso a información pública y posibilita gestionar el tema desde un enfoque distinto, que no sea necesariamente la fiscalización de los entes reguladores. Respecto a los 280 médicos que emiten más de 1.000 licencias médicas al año, solo se precisa que, en el informe de sucesos, son 309, ya que siempre existe una diferencia al hablar de licencias emitidas.

Nosotros hablamos de las licencias tramitadas en COMPIN, las cuales no necesariamente todas llegan a dicha entidad, ya que también intervienen las ISAPRE. Por ello, en ocasiones se generan diferencias con los prestadores en cuanto a la cantidad de licencias otorgadas. Tal como mencionó la Subsecretaria, es importante señalar que el 97% de esos prestadores ya han sido fiscalizados, y algunos han sido revisados hasta siete veces. Esto significa que, una vez que presentan los antecedentes, nosotros los volvemos a fiscalizar cuando vuelven a evidenciar riesgos, lo que nos lleva a solicitar nuevamente dichos antecedentes. Por otro lado, todos aquellos casos en los que se detecta una emisión de licencia cada cuatro o cinco segundos –o cuando, evidentemente, una persona no podría emitir esa cantidad en el período de tiempo establecido–, han sido denunciados. Dichas denuncias se canalizan tanto por la falta de fundamento médico como ante el Ministerio Público. De esa caracterización cabe complementar que la gran mayoría de las licencias, aproximadamente el 71%, son de causa de salud mental y de afecciones osteomusculares, es decir, patologías de difícil objetivación clínica. Además, se identificó que en el caso de 19 médicos el 80% de sus licencias son todas de 30 días. Estos son los focos que hemos ido fiscalizando. Respecto al gasto, el Estado actualmente destina alrededor de 2,8 a 2,9 billones de pesos al SIL, y las licencias emitidas en más de 1.600 casos anuales alcanzan prácticamente el 10% de ese monto, lo que equivale a alrededor de 280.000 millones de pesos en ese tramo. Si lo llevamos a dólares, ese 10% corresponde a casi 280 millones de dólares, considerando como referencia que el gasto total en SIL asciende a 3.000 millones de dólares –cifra que representa alrededor del 1% del PIB. Se asume que la emisión de más de 1.600 licencias implica tratarse de grandes emisores, un umbral que, si bien es arbitrario, permite tener claridad en la evaluación presupuestaria. Solo en esos casos se suman 280.000 millones de pesos, lo cual equivale a casi la mitad del presupuesto que tuvimos que reducir este año. Asimismo, en sesión se discutió el tema presupuestario en el marco de reuniones con el Consejo Fiscal Autónomo, donde se resaltó la necesidad de seguir reajustando, considerando que el 92% de los gastos son estructurales y, por lo tanto, el margen para mayores ajustes es limitado. Gracias, Presidenta.